{"id":102345,"date":"2026-07-01T22:34:41","date_gmt":"2026-07-01T22:34:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102345"},"modified":"2026-07-01T22:34:41","modified_gmt":"2026-07-01T22:34:41","slug":"stc16629-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16629-2018\/","title":{"rendered":"STC16629-2018"},"content":{"rendered":"
Magistrado ponente <\/p>\n

STC16629-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03756-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte, la acci\u00f3n de tutela promovida por John Jairo Rodr\u00edguez Serrano contra el Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Sala Jurisdiccional Disciplinaria; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a todas las autoridades, partes e intervinientes en el proceso disciplinario adelantado contra el accionante. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso que considera vulnerado por la autoridad accionada al interior del proceso disciplinario adelantado en su contra, toda vez que se vulner\u00f3 el principio de la reformatio in peius al agregarse a su condena la inhabilidad cuando la primera instancia s\u00f3lo lo sancion\u00f3 en el ejercicio del cargo. <\/p>\n

Pretende, en consecuencia que se ordene al accionado dejar sin efecto la providencia del 30 de mayo de 2018 al contrariar lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 116 de la Ley 734 de 2002 y se proceda a cancelar la inscripci\u00f3n de la inhabilidad ante las autoridades respectivas. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. Alejandro Vivares Cruz present\u00f3 queja contra el accionante en su condici\u00f3n de Juez Doce Civil Municipal de Medell\u00edn al abstenerse de manera consciente y voluntaria a decidir de fondo la acci\u00f3n de tutela que interpuso por el posible incumplimiento a un acuerdo conciliatorio que convino con su ex esposa Natalia Andrea Mej\u00eda Hern\u00e1ndez en la Comisar\u00eda de Familia de Robledo \u2013 Antioquia con el fin de establecer la cuota alimentaria y visitas de su menor hija Mar\u00eda Jos\u00e9 Vivares Mej\u00eda. <\/p>\n

Lo anterior por cuanto el actor una vez que avoc\u00f3 la acci\u00f3n de tutela procedi\u00f3 a recepcionar una diligencia denominada \u00abde recepci\u00f3n de testimonio del accionante y la accionada\u00bb y una vez la concluy\u00f3, dio por terminada la tutela sin haber sido atendidas sus pretensiones, \u00abpues nunca se le resolvi\u00f3 nada\u00bb. <\/p>\n

2. El 17 de mayo de 2013, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia orden\u00f3 la apertura de la investigaci\u00f3n en contra del tutelante. <\/p>\n

3. Adelantada la etapa de indagaci\u00f3n preliminar y de investigaci\u00f3n disciplinaria prevista en el C\u00f3digo Disciplinario \u00danico \u2013 Ley 734 de 2002, el 29 de agosto de 2014, se elev\u00f3 pliegos contra el accionante por haber sido desatendido los deberes previstos en los numerales 1\u00ba del art\u00edculo 153 de la Ley 270 de 1996 y numeral 1\u00ba del art\u00edculo 34 de la Ley 734 de 2002 en relaci\u00f3n con las prohibiciones establecidas en el numeral 1\u00ba del canon 35 ib\u00eddem, la cual fue calificada como falta grave bajo la modalidad de culpa. <\/p>\n

4. El 30 de noviembre de 2015 y de acuerdo a las previsiones del art\u00edculo 165 de la Ley 734 de 2002, se vari\u00f3 el pliego de cargos en contra del actor, espec\u00edficamente en la modalidad de la forma de la culpabilidad de culposa a dolosa. <\/p>\n

5. Agotadas las etapas procesales, el 30 de mayo de 2017 se declar\u00f3 disciplinariamente responsable al tutelante y se le impuso suspensi\u00f3n en el cargo por un mes e inhabilidad especial por el mismo lapso, tras considerarse que el actor al no emitir la decisi\u00f3n que en derecho le correspond\u00eda al interior de la tutela que le correspondi\u00f3 tramitar, no permiti\u00f3 que el se\u00f1or Alejandro Vivares Cruz accediera a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n

6. En desacuerdo, el accionante interpuso recurso de apelaci\u00f3n al manifestar que su actuaci\u00f3n no fue grave por cuanto aparece probada la aceptaci\u00f3n expresa e inequ\u00edvoca del se\u00f1or Vivares Cruz de terminar la acci\u00f3n de tutela de forma anticipada con el \u00fanico fin de poder ver a su menor hija, por tanto no se cumplieron los presupuestos del art\u00edculo 5.44 y 48 de la Ley 734 de 2002. <\/p>\n

7. El 28 de febrero de 2018 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de la primera instancia mediante la cual se impuso sanci\u00f3n con suspensi\u00f3n en el ejercicio del cargo por el t\u00e9rmino de un mes al actor. <\/p>\n

8. El 30 de mayo siguiente, la segunda instancia corrigi\u00f3 la sentencia en el sentido que al accionante corresponde no solamente la suspensi\u00f3n en el ejercicio del cargo por el t\u00e9rmino de un mes, sino tambi\u00e9n a la inhabilidad especial por el mismo lapso al advertirse que por error involuntario en el fallo se omiti\u00f3 se\u00f1alar que la sanci\u00f3n impuesta al actor era tambi\u00e9n en la inhabilidad especial por el mismo lapso. <\/p>\n

9. En criterio del promotor del amparo se vulneraron sus derechos con la \u00faltima decisi\u00f3n emitida por cuanto \u00ab[adicion\u00f3] su propia sentencia, lo cual est\u00e1 proscrito por la ley procesal, primero porque la decisi\u00f3n del 28 de febrero de 2018 ya se encontraba en firme y seg\u00fan el art\u00edculo 287 del C.G.P., esta s\u00f3lo procede dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria; y segundo porque se me est\u00e1 sancionando dos (2) veces por el mismo hecho, pues el fallo de primera instancia nada se dijo sobre tal inhabilidad\u00bb. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El 29 de noviembre de 2018 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y se orden\u00f3 el traslado a todos los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n

2. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, los vinculados no realizaron manifestaci\u00f3n alguna frente a la salvaguarda peticionada. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

En efecto, para adoptar su determinaci\u00f3n la Sala accionada manifest\u00f3 que se hac\u00eda necesario corregir la sentencia que desat\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n impetrado contra el fallo de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, por medio de la cual sancion\u00f3 al accionante en calidad de Juez Doce Civil Municipal de Medell\u00edn, \u00abcon suspensi\u00f3n en el ejercicio del cargo por el t\u00e9rmino de un mes e inhabilidad especial por el mismo lapso, tras hallarlo responsable de los deberes previstos en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 153 de la Ley 270 de 1996 y numeral 1 del art\u00edculo 34 de la Ley 734 de 2002 en relaci\u00f3n con la prohibiciones establecidas en el numeral 1 del art\u00edculo 35 ib\u00eddem, concordante con el numeral 18 del art\u00edculo 154 de la Ley 270 de 1996, el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 29 del Decreto 2591 de 1991, y el art\u00edculo 196 de la Ley 734 de 2002, calificada como falta grave bajo la modalidad de dolosa\u00bb. tras comprobarse que el quejoso de manera consciente y voluntaria se neg\u00f3 a decidir de fondo la acci\u00f3n de tutela que le fue puesta en su conocimiento, vulnerando con ello el deber funcional de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n

Lo anterior, debido a que por error involuntario en la trascripci\u00f3n omiti\u00f3 se\u00f1alar que la sanci\u00f3n impuesta al actor en calidad de funcionario judicial se ciment\u00f3 no s\u00f3lo en la suspensi\u00f3n en el ejercicio del cargo por el t\u00e9rmino de un mes, sino tambi\u00e9n en la inhabilidad especial por el mismo lapso. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, invocando los art\u00edculos 286 del C\u00f3digo General del Proceso y 121 del Ordenamiento \u00danico Disciplinario que se\u00f1alan que toda providencia es susceptible de ser corregida por el juez que la dict\u00f3, en cualquier tiempo, bien sea de oficio o a petici\u00f3n de parte, procedi\u00f3 a realizar la correcci\u00f3n respectiva. <\/p>\n

3. De lo anterior, surge palpable que la pretensi\u00f3n del gestor del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha. <\/p>\n

Lo antepuesto, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Por ello, el accionante no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera lo desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.), <\/p>\n

4. No existe duda, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, procedimental, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que la Sala accionada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del accionante. <\/p>\n

5. Bastan los precedentes razonamientos para negar la tutela deprecada. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Magistrado ponente STC16629-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03756-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte, la acci\u00f3n de tutela promovida por John Jairo Rodr\u00edguez Serrano contra el Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Sala Jurisdiccional Disciplinaria; tr\u00e1mite al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102345","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102345","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102345"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102345\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102345"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102345"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102345"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}