{"id":102346,"date":"2026-07-01T22:34:46","date_gmt":"2026-07-01T22:34:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102346"},"modified":"2026-07-01T22:34:46","modified_gmt":"2026-07-01T22:34:46","slug":"stc16630-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16630-2018\/","title":{"rendered":"STC16630-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16630-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-02823-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela que Xiomara Hern\u00e1ndez Pe\u00f1a promovi\u00f3 contra el Tribunal Superior de Barranquilla \u2013 Sala Civil Familia. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

La accionante solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, los cuales estima vulnerados por el Tribunal accionado, quien, como juez de segunda instancia, deneg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional que solicit\u00f3 a efectos de que se invalidara el tr\u00e1mite adelantado en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que se promovi\u00f3 en contra de su progenitor. <\/p>\n

Pretende, en consecuencia, que se deje sin efecto la providencia que en el referido tr\u00e1mite constitucional se emiti\u00f3 el 18 de julio pasado, y en su lugar, se conceda la protecci\u00f3n constitucional invocada. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. Solicitando la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso y defensa, la accionante formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra del Juzgado Veintitr\u00e9s Civil Municipal de Barranquilla, autoridad que, seg\u00fan su afirmaci\u00f3n, dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que Sergio Antonio Pe\u00f1aranda Velilla promovi\u00f3 contra su padre, emiti\u00f3 sentencia sin esperar que la etapa probatoria concluyera. <\/p>\n

2. El conociendo de la referida actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado Quince Civil del Circuito de Barranquilla, quien en providencia de 17 de mayo de 2018 deneg\u00f3 el amparo implorado por la promotora, pues del expediente contentivo del proceso cuestionado, pudo establecer que si bien se hab\u00eda decretado una prueba grafol\u00f3gica para establecer la idoneidad del contrato de arrendamiento, lo cierto es que fue imposible su pr\u00e1ctica por cuanto el mencionado documento no obraba en original. <\/p>\n

3. Impugnada la anterior decisi\u00f3n, el 18 de julio siguiente la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla la confirm\u00f3. Advirti\u00f3 que la falta de pr\u00e1ctica de la prueba grafol\u00f3gica, obedeci\u00f3 a que la misma se tuvo por desistida ante la falta de compromiso de las partes en allegar el contrato original. <\/p>\n

4. La accionante acude nuevamente al amparo constitucional, por estimar que la referida determinaci\u00f3n vulnera gravemente sus derechos. Advierte que ante la falta del dictamen pericial que estableciera la idoneidad del contrato de arrendamiento que origin\u00f3 dicha actuaci\u00f3n, imposible se tornaba para el juez emitir la sentencia, por lo cual, concluye, que el Tribunal debi\u00f3 conceder la protecci\u00f3n que en ese entonces pidi\u00f3. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. El 29 de noviembre de 2018 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados en la misma para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n

2. El Juzgado Quince Civil del Circuito de Barranquilla manifest\u00f3 no haber incurrido en la vulneraci\u00f3n endilgada, pues la negativa en la protecci\u00f3n constitucional que aquella solicit\u00f3, obedeci\u00f3 a que no encontr\u00f3 probada la trasgresi\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Como ha sido sostenido por la jurisprudencia, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

De igual modo, ha reiterado esta Sala la impertinencia del amparo para atacar sentencias de tutela, pues para cuestionar las determinaciones adoptadas en dicha sede, el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 como mecanismos de control la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, de modo que no es la acci\u00f3n de amparo el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan, o incluso para reprochar las situaciones que sean consideradas como constitutivas de v\u00eda de hecho en dichas actuaciones, pues de permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una tramitaci\u00f3n de la misma naturaleza, adem\u00e1s de hacer interminable el tr\u00e1mite, se atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales. <\/p>\n

Sin embargo, se ha aceptado por esta Corporaci\u00f3n la procedencia de la herramienta constitucional \u00fanicamente cuando, en el procedimiento seguido por el juez de tutela, se desconoce de manera flagrante la garant\u00eda al debido proceso de los intervinientes. Al respecto se ha dicho que \u00aben casos excepcionales, espec\u00edficamente cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir, por lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a restablecer el status quo lesivo del derecho fundamental al debido proceso\u00bb.1 <\/p>\n

2. En el asunto que es objeto de estudio, el accionante pretende controvertir la decisi\u00f3n a trav\u00e9s de la cual el Tribunal Superior de Barranquilla, en sede constitucional, confirm\u00f3 la negativa frente a la protecci\u00f3n constitucional que solicit\u00f3 con anterioridad, situaci\u00f3n que hace evidente la improcedencia de esta acci\u00f3n. <\/p>\n

Como se mencion\u00f3, aunque se ha admitido la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra tr\u00e1mites de similares caracter\u00edsticas, en el presente caso no se cumplen los criterios que para el efecto ha establecido esta Corporaci\u00f3n, toda vez que lo que aqu\u00ed se cuestiona no es el ejercicio adecuado del derecho de defensa, sino las consecuencias de la providencia que defini\u00f3 el asunto que all\u00ed se estudi\u00f3. <\/p>\n

Discute la accionante que la providencia emitida por el Tribunal en sede constitucional, se incurri\u00f3 en una indebida valoraci\u00f3n probatoria, pues al encontrarse acreditado que dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, entonces cuestionado, se cerr\u00f3 la etapa probatoria sin que se practicaran todas las pruebas, necesario era conceder la protecci\u00f3n reclamada, e invalidar la orden de restituci\u00f3n que se profiri\u00f3 en su contra. <\/p>\n

Sucede, sin embargo, que tales argumentos fueron los mismos que se expusieron en la acci\u00f3n de tutela anterior, y cuyo amparo estim\u00f3 improcedente el Tribunal de Barranquilla, al advertir que la falta de la pr\u00e1ctica de la prueba a la que hac\u00eda referencia la promotora – dictamen pericial-, no se practic\u00f3 por el desinter\u00e9s y falta de colaboraci\u00f3n de las partes en allegar los documentos que deb\u00edan ser cotejados. <\/p>\n

Pese a lo anterior, en el presente tr\u00e1mite la accionante insiste en su inconformidad frente a los motivos que dieron lugar al cierre de la etapa probatoria, pero ninguna justificaci\u00f3n expone en torno a su falta de colaboraci\u00f3n en la evacuaci\u00f3n del dictamen pericial, situaci\u00f3n que fue la que motiv\u00f3 la negativa del Tribunal para conceder la protecci\u00f3n constitucional por ella reclamada. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, f\u00e1cil es establecer que no es la indebida notificaci\u00f3n en el tr\u00e1mite constitucional lo que genera esta acci\u00f3n, sino la falencia argumentativa en la que estima la promotora del amparo incurri\u00f3 el Tribunal, inconformidad que de acuerdo a los precedentes anteriormente citados se escapa de la competencia del juez constitucional. <\/p>\n

Claro es que la disidencia de la quejosa se reduce a una mera discrepancia entre la valoraci\u00f3n efectuada por el juzgador constitucional y el criterio que al respecto sostiene la hoy accionante, quien estima que es la acci\u00f3n de tutela el medio adecuado para invalidar el tr\u00e1mite de la restituci\u00f3n, siendo inadmisible que se acuda a una nueva acci\u00f3n constitucional a efectos de imponer su criterio sobre el del juez. <\/p>\n

En esa l\u00ednea de pensamiento, se ha expresado en precedencia, que: <\/p>\n

\u00ab[D]entro de las directrices constitucionales, el mismo art\u00edculo 86 de la Carta, en el numeral 2\u00b0, dispone que el fallo de tutela, que ser\u00e1 de inmediato cumplimiento, podr\u00e1 impugnarse ante el juez competente y en todo caso \u00e9ste lo remitir\u00e1 a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.\u2026Es inadmisible tolerar que los fallos de tutela sean cuestionados mediante recurso de id\u00e9ntica naturaleza, porque ello desquicia la posibilidad de clausurar el debate y reproduce indefinidamente la incertidumbre que la decisi\u00f3n jur\u00eddica est\u00e1 llamada a disipar. <\/p>\n

\u00abLa seguridad jur\u00eddica es el desider\u00e1tum del Derecho y todo cuanto conspire contra ella niega al Derecho mismo. S\u00f3lo al legislador compete la consagraci\u00f3n de los casos y las formalidades bajo las cuales es posible desquiciar los efectos de la cosa juzgada, pues si se permitiera reciclar ab aeternum la misma controversia el derecho dejar\u00eda de ser lo que es. Los fallos de tutela pueden ser objeto de revisi\u00f3n porque as\u00ed lo tiene previsto el ordenamiento, pero con ello se clausura el debate. De esta manera, estando pendiente la revisi\u00f3n, as\u00ed sea eventual, no hay lugar a reanudar la controversia\u00bb.2 <\/p>\n

Adicionalmente, t\u00e9ngase en cuenta, que incluso puede el actor intervenir ante la Corte Constitucional a efectos de procurar la revisi\u00f3n de la sentencia y del tr\u00e1mite de tutela3; mecanismo este \u00faltimo respecto del cual, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n

\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb4. <\/p>\n

3. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se denegar\u00e1 el amparo solicitado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional reclamada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente. En oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIDO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \tSentencia de tutela de 16 de noviembre de 2011, \texp. 2011-01315-01. El mismo criterio se expres\u00f3, entre otros \tfallos en los de 14 de octubre de 2008, exp. 2008-01646-00; 16 de \tfebrero de 2009, exp. 2009-00193-00; 21 de enero de 2010, exp. \t2009-02355-00.
\n2 \tSentencias de tutela de 2 de septiembre de 2003, exp. 2003-0561-01; \t10 de noviembre de 2003 exp. 2003-0747-01; 23 de agosto de 2004, \texp. 2004-0840-00; 14 de octubre de 2004, exp. 2004-1120; 8 de marzo \tde 2006 y exp. 2006-0263-00, reiterada el 7 de marzo de 2013, exp. \t2013-00122-01.
\n3 \tEl mismo criterio se expuso en sentencia de 14 de febrero de 2013, \texp. No. 2013-00247-00.
\n4 \tSentencia 7 de noviembre de 2012, exp. \t2012-2041-01.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC16630-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-02823-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela que Xiomara Hern\u00e1ndez Pe\u00f1a promovi\u00f3 contra el Tribunal Superior de Barranquilla \u2013 Sala Civil Familia. I. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102346","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102346","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102346"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102346\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102346"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102346"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102346"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}