{"id":102353,"date":"2026-07-01T22:36:17","date_gmt":"2026-07-01T22:36:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102353"},"modified":"2026-07-01T22:36:17","modified_gmt":"2026-07-01T22:36:17","slug":"stc16637-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16637-2018\/","title":{"rendered":"STC16637-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16637-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2018-00485-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el nueve de septiembre de dos mil dieciocho por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Laura Alejandra Hern\u00e1ndez Contreras contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura; tramite al que se vincul\u00f3 a CAMACOL, a la Universidad Cat\u00f3lica de Colombia, Facultad de Derecho y a la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1- Direcci\u00f3n Distrital de Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control de Personas Jur\u00eddicas sin Animo de Lucro. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

La accionante, solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, educaci\u00f3n, trabajo, a escoger una profesi\u00f3n y oficio y al debido proceso administrativo, que considera vulnerados por las autoridades accionadas, debido a que mediante resoluci\u00f3n Nro. 2083 del 18 de abril de 20128 confirmada por la resoluci\u00f3n Nro. 3610 del 13 de junio del mismo a\u00f1o la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior le neg\u00f3 el reconcomiendo de la pr\u00e1ctica jur\u00eddica que realiz\u00f3 en CAMACOL. <\/p>\n

En consecuencia, pretende, que se deje sin valor ni efecto las Resoluciones Nro. 2083 del 18 de abril de 2018 y 3610 del 13 de junio del mismo a\u00f1o proferidas por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. La accionante Laura Alejandra Hern\u00e1ndez Contreras finaliz\u00f3 el programa de derecho en la Universidad Cat\u00f3lica de Colombia el 11 de diciembre de 2016. <\/p>\n

2. El 10 de enero de 2017, inici\u00f3 la judicatura, como parte del cumplimiento de los requisitos para obtener el t\u00edtulo de abogada, en CAMACOL, entidad gremial sin \u00e1nimo de lucro, para lo cual fue nombrada judicante por el t\u00e9rmino de un a\u00f1o, al tratarse de una judicatura remunerada. <\/p>\n

Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior, a efectos de obtener el reconocimiento de la pr\u00e1ctica jur\u00eddica y por ende optar por el t\u00edtulo de abogada. <\/p>\n

4. El 20 de marzo del mismo a\u00f1o, la Unidad de Registro Nacional de Abogados la requiri\u00f3 con el objetivo de subsanar y allegar algunos documentos faltantes en la solicitud de registro de pr\u00e1ctica jur\u00eddica, los cuales fueron radicados por la tutelante el 18 de abril de 2018. <\/p>\n

5. A trav\u00e9s de resoluci\u00f3n Nro. 2083 de 18 de abril de 2018, la Unidad le neg\u00f3 el reconocimiento de la pr\u00e1ctica jur\u00eddica, con el fundamento de que en que CAMACOL es una empresa que no se encuentra bajo las funciones de inspecci\u00f3n, vigilancia y control de una de las Superintendencias del pa\u00eds y por tanto no era v\u00e1lida esa certificaci\u00f3n para acreditar la judicatura. [Folios 74, c.1] <\/p>\n

6. Inconforme con lo anterior, la accionante interpuso recurso de reposici\u00f3n el 30 de junio del a\u00f1o en curso. [Folio 76, c.1] <\/p>\n

7. El 30 de junio de 2018, a trav\u00e9s de resoluci\u00f3n Nro. 3610 la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior confirm\u00f3 la decisi\u00f3n recurrida. [Folios 107, c.1] <\/p>\n

8. En criterio de la peticionaria del amparo, se vulneraron sus garant\u00edas deprecadas, toda vez que la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior le neg\u00f3 el reconocimiento de su pr\u00e1ctica jur\u00eddica al considerar que CAMACOL es una empresa que no se encuentra bajo las funciones de inspecci\u00f3n, control y vigilancia de las Superintendencias y por tanto no era v\u00e1lida esa certificaci\u00f3n para acreditar la judicatura. <\/p>\n

Manifest\u00f3 que la negativa de reconocer su pr\u00e1ctica jur\u00eddica impide la obtenci\u00f3n del t\u00edtulo de abogada y en esa medida vulnera su derecho a la educaci\u00f3n, al trabajo y al m\u00ednimo vital, entre otros. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. El 28 de octubre de 2018 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n constitucional y, se orden\u00f3 comunicar a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 44, c.1] <\/p>\n

2. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior indic\u00f3 que el r\u00e9gimen legal de la judicatura de conformidad con el Decreto 1221 de 1990 y el Decreto 3200 de 1979, establecen los requisitos para obtener el t\u00edtulo de abogado, as\u00ed como tambi\u00e9n los cargos y entidades en lo que se puede realizar la pr\u00e1ctica jur\u00eddica de car\u00e1cter remunerado, resaltando que el art\u00edculo 23, numeral primero, literal h del Decreto 3200 del 79 dispone que las entidades deben ser sometidas a inspecci\u00f3n, vigilancia y control de cualquiera de las superintendencias del pa\u00eds. <\/p>\n

Por lo tanto reiter\u00f3 que la norma establece que \u00fanicamente ser\u00e1n v\u00e1lidas para las practicas con car\u00e1cter renumerado que se realicen por un a\u00f1o de manera continua o discontinua como abogado o asesor jur\u00eddico de las entidades que se encuentran sometidas, al control, inspecci\u00f3n y vigilancia de una superintendencia del pa\u00eds. Por consiguiente, en el caso, esa condici\u00f3n no se cumple pues CAMACOL est\u00e1 sujeta a la inspecci\u00f3n, vigilancia y control de la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1- Direcci\u00f3n Distrital de Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control de Personas Jur\u00eddicas sin Animo de Lucro, por lo que la practica realizada por la accionante no es v\u00e1lida para su reconocimiento. <\/p>\n

A su turno, el Decano de Facultad de Derecho de la Universidad Cat\u00f3lica de Colombia, se limit\u00f3 a afirmar que la accionante curs\u00f3 y aprob\u00f3 las materias correspondientes al plan de estudios del programa de derecho, el cual inici\u00f3 el 25 de julio de 2011 y finaliz\u00f3 el 11 de diciembre de 2016. <\/p>\n

Por su parte la Gerente de CAMACOL indic\u00f3 que seg\u00fan Decreto Distrital 530 de 2015, las entidades sin \u00e1nimo de lucro que tengan su domicilio en Bogot\u00e1, se encuentran sujetas a inspecci\u00f3n, control y vigilancia por parte del Alcalde Mayor de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s de secretarias del despacho, quien deleg\u00f3 esa funci\u00f3n en la Direcci\u00f3n Distrital de Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control de Personas Jur\u00eddicas sin Animo de Lucro. <\/p>\n

Al respecto se\u00f1al\u00f3 que el art\u00edculo 3 del Decreto referido asigna las funciones en cumplimento del ejercicio de inspecci\u00f3n, vigilancia y control sobre entidades sin \u00e1nimo de lucro domiciliadas en Bogot\u00e1 y por su parte, el C\u00f3digo de Comercio las define respecto a la superintendencia de sociedades por delegaci\u00f3n del Presidente, las que una vez comparadas se concluye que son equivalentes conceptual y sustancialmente. <\/p>\n

Asimismo, manifest\u00f3 que el gremio cuenta con todas las facultades, espacios y requisitos propios para el desarrollo integral de los futuros profesionales del derecho, en tanto que en su direcci\u00f3n de estudios jur\u00eddicos tiene a cargo el an\u00e1lisis de actos administrativos, conceptos, decisiones judiciales, normas y proyectos normativos proferidos por las autoridades del Distro Capital y del Departamento de Cundinamarca. <\/p>\n

Por su parte la Directora Distrital de Defensa Judicial y Prevenci\u00f3n Del Da\u00f1o Antijur\u00eddico de la Secretaria Jur\u00eddica Distrital de la Alcald\u00eda de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que, de conformidad con el art\u00edculo 13 del Decreto Distrital de 2016, la Direcci\u00f3n Nacional ejerce funciones de inspecci\u00f3n, vigilancia y control de personas jur\u00eddicas sin \u00e1nimo de lucro, entre las que se encuentran las asociaciones, fundaciones o corporaciones. Finalmente indic\u00f3 que CAMACOL es una entidad sin \u00e1nimo de lucro que tal y como lo manifest\u00f3 la accionante se encuentra sujeta a la inspecci\u00f3n, vigilancia y control de la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n Distrital de Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control de Personas Jur\u00eddicas sin Animo de Lucro de la Secretaria Jur\u00eddica Distrital. <\/p>\n

3. En sentencia de 9 de octubre de 2018, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n concedi\u00f3 el amparo suplicado por considerar que la decisi\u00f3n emitida por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, al no reconocer la pr\u00e1ctica jur\u00eddica realizada por la accionante en CAMACOL, afecta los derechos fundamentales, en tanto que efectivamente \u00f1a entidad donde se efectu\u00f3 la judicatura se encuentra inspeccionada, vigilada y controlada por la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1, dentro de los par\u00e1metros legales y normativos para el correcto funcionamiento de las entidades sin \u00e1nimo de lucro domiciliadas en Bogot\u00e1. Asimismo de la certificaci\u00f3n allegada por CAMACOL se evidencia que realizo la practica remunerada durante un a\u00f1o, lo que lleva a concluir que la accionante cumpli\u00f3 con el requisito exigido para optar por el t\u00edtulo de abogada, por lo que no reconocerlo vulnerar\u00eda sus derechos fundamentales. <\/p>\n

4. Inconforme, la Directora de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, impugn\u00f3 la decisi\u00f3n.
\nII. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Esta Corporaci\u00f3n es competente para conocer la presente solicitud de amparo, atendiendo que: <\/p>\n

i) La atribuci\u00f3n de competencia en materia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra prevista en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, que la reglament\u00f3. Sin embargo, esa disposici\u00f3n s\u00f3lo se ocup\u00f3 de la competencia preventiva y territorial, de ah\u00ed que el Decreto 1382 de 2000 -dictado por el Presidente de la Rep\u00fablica en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 11 del art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica-, introdujo el factor funcional en dicha materia, criterio que ha sido ampliamente reiterado por esta Sala.
\nii) La precitada norma fue compilada en el Decreto 1069 de 2015, cuyo art\u00edculo 2.2.3.2.1 fij\u00f3 las reglas de competencia funcional aplicables a las solicitudes de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n

iii) El Decreto 1983 de 2017, que entr\u00f3 en vigencia el 30 de noviembre de esa anualidad, reform\u00f3 el indicado precepto. <\/p>\n

iv) En su numeral 11 determin\u00f3 que \u201cCuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo\u201d. <\/p>\n

vi) Entre las variaciones realizadas por el Decreto 1983 de 2017, se encuentra la consagrada en el numeral 8\u00b0, el cual modific\u00f3 la competencia para conocer las peticiones de amparo promovidas contra los Consejos Seccionales de la Judicatura y el Consejo Superior de la Judicatura, pues en vigencia del Decreto 1382 de 2000 y del Decreto 1069 de 2015, las acciones de tutela promovidas contra esos \u00f3rganos en su Sala Jurisdiccional Disciplinaria, deb\u00edan ser conocidas por \u00e9stas; y en la nueva normatividad, el conocimiento \u201cen primera instancia y a prevenci\u00f3n\u201d le corresponde a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado. <\/p>\n

En efecto, en el indicado numeral se estableci\u00f3: <\/p>\n

8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia y a prevenci\u00f3n, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. <\/p>\n

vii) En lo que ata\u00f1e a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, el art\u00edculo 257 de la Carta Pol\u00edtica, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015 estableci\u00f3 que dicho \u00f3rgano y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial \u201cno ser\u00e1n competentes para conocer de acciones de tutela\u201d. <\/p>\n

viii) La modificaci\u00f3n introducida en la regla de competencia contemplada en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017 tiene por objeto racionalizar o desconcentrar el conocimiento de las acciones de tutela \u201cpara mejorar la eficacia, cobertura y especialidad del mecanismo\u201d seg\u00fan se indic\u00f3 en los considerandos de dicha reglamentaci\u00f3n, lo cual no se advierte lesivo de los principios constitucionales, ni de los derechos fundamentales del accionado al debido proceso y a ser juzgado por su juez natural. <\/p>\n

ix) Por el contrario, constituye un desarrollo del principio superior de efectividad de los derechos fundamentales (art. 2 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica) y materializa el derecho a impugnar el fallo (art. 31 ib\u00eddem), prerrogativa que se erige en garant\u00eda esencial del debido proceso y de la defensa (art. 29 ib\u00eddem) en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela (art. 31 Decreto 2591 de 1991). <\/p>\n

Lo anterior por cuanto, como lo ha explicitado la jurisprudencia de la Corte Constitucional: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) a diferencia de \u201ca diferencia del resto de corporaciones judiciales como el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ejerce la mayor\u00eda de sus funciones en Sala Plena1 y tan s\u00f3lo para efectos de los procesos disciplinarios puede crear subgrupos, de acuerdo con la instancia en que la que se asume dicho tr\u00e1mite2. De ah\u00ed que, todo asunto distinto al citado proceso sancionatorio, incluyendo las acciones de tutela, son conocidas por el pleno de la Sala, lo que impide respecto de esta acci\u00f3n, la posibilidad de que se surta la segunda instancia al no existir salas o secciones que permitan rotar los asuntos\u2026\u00bb. <\/p>\n

El conocimiento por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en primera instancia, de las acciones de tutela promovidas en su contra o frente a sus hom\u00f3logas de los Consejos Seccionales de la Judicatura \u00abacarrear\u00eda una imposibilidad jur\u00eddica para tramitar la segunda instancia, lo cual contraviene abiertamente la Constituci\u00f3n\u00bb (A-232A-2002, A-082-2003, A-084-2003, A-189-2008. A-205-2003, A-025-2016, A-209-2016, A-270-2018, A-290-2018, A-293-2018, A-656-2018, entre otros), criterio que acoge esta Sala. <\/p>\n

La divisi\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia en salas especializadas, en cambio, asegura que la solicitud de protecci\u00f3n constitucional sea conocida por una autoridad judicial diferente de aquellas que profirieron las decisiones cuestionadas ante esta sede residual (providencia de 31 de marzo de 2016 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y decisi\u00f3n de 2 de agosto de 2017 dictada por la Sala del mismo nombre del Consejo Superior de la Judicatura), y adem\u00e1s, garantiza el principio supralegal de la doble instancia. <\/p>\n

x) En ese sentido, la asignaci\u00f3n expresa de competencia, en primera instancia y a prevenci\u00f3n, a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado, no es contraria a la Carta Magna y en consecuencia, no puede fundamentar una excepci\u00f3n de inconstitucionalidad como la planteada por el Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que, en su intervenci\u00f3n en este tr\u00e1mite, reclam\u00f3 a favor de dicha autoridad la remisi\u00f3n del expediente para decidir la solicitud de amparo por ser el juez natural de los asuntos disciplinarios, objeci\u00f3n que esta Sala encuentra infundada. <\/p>\n

xi) De acuerdo con el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017, a ning\u00fan juzgador le est\u00e1 permitido invocar las reglas contenidas en esa norma \u201cpara rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia\u201d, previsi\u00f3n que tiene el prop\u00f3sito de eliminar las barreras en el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales por sus titulares, de ah\u00ed que recibida la queja constitucional por la Corte Suprema de Justicia, \u00e9sta no pod\u00eda desprenderse de ella, ni remitir el diligenciamiento a la autoridad accionada de mayor jerarqu\u00eda para su conocimiento interno; por tal raz\u00f3n, a la Sala de Casaci\u00f3n Civil no le est\u00e1 autorizado constitucionalmente anular el tr\u00e1mite de la primera instancia que v\u00e1lidamente se surti\u00f3 ante su hom\u00f3loga Penal de esta Corporaci\u00f3n y, en su lugar, declararse incompetente. <\/p>\n

xii) Una decisi\u00f3n de ese talante quebrantar\u00eda los principios de celeridad, sumariedad, econom\u00eda, eficacia, tutela jurisdiccional efectiva y salvaguarda cierta de los derechos fundamentales del reclamante, que gobiernan la acci\u00f3n de tutela, toda vez que conllevar\u00edan obstaculizar el acceso oportuno a la administraci\u00f3n de justicia y dilatar la adopci\u00f3n de una decisi\u00f3n de fondo frente a la denuncia de vulneraci\u00f3n de prerrogativas superiores que contiene la solicitud de amparo.
\n\u00a0
\n2. Aclarado el punto atinente a la competencia de la Corte para conocer la queja constitucional y de esta Sala en particular para decidir la impugnaci\u00f3n presentada por la accionante es preciso resaltar que tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

Los criterios que se han sostenido para identificar las causales de procedibilidad en esos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las garant\u00edas de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

Una de las causas que justifican la procedencia de la tutela contra actuaciones judiciales se da cuando en desarrollo de la actividad judicial el funcionario se aparta de manera evidente de las normas sustanciales o procesales o la jurisprudencia aplicable al caso, situaci\u00f3n que termina produciendo decisiones que vulneran derechos fundamentales. <\/p>\n

3. En el caso sub judice, a partir del examen de la actuaci\u00f3n acusada, se advierte la vulneraci\u00f3n al derecho fundamental a los derechos de la reclamante, pues la autoridad accionada, en las resoluciones atacadas, neg\u00f3 el reconocimiento de la judicatura realizada por la tutelante en CAMACOL por considerar que esta es una empresa que no se encuentra bajo las funciones de inspecci\u00f3n, control y vigilancia de las Superintendencias y por tanto no era v\u00e1lida esa certificaci\u00f3n para acreditar la judicatura. Cuando tal y como lo manifest\u00f3 la accionante, la Gerente de CAMACOL y la Directora Distrital de Defensa Judicial y Prevenci\u00f3n Del Da\u00f1o Antijur\u00eddico de la Secretaria Jur\u00eddica Distrital de la Alcald\u00eda de Bogot\u00e1, CAMACOL se encuentra sujeta a la inspecci\u00f3n, vigilancia y control de la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1- Direcci\u00f3n Distrital de Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control de Personas Jur\u00eddicas sin Animo de Lucro. <\/p>\n

En efecto, el art\u00edculo 13 del Decreto Distrital de 2016, la Direcci\u00f3n Nacional ejerce funciones de inspecci\u00f3n, vigilancia y control de personas jur\u00eddicas sin \u00e1nimo de lucro, entre las que se encuentran las asociaciones, fundaciones o corporaciones, lo cual tiene consonancia inescindible con las funciones establecidas para la Superintendencia en los art\u00edculos 83 a 85 del C\u00f3digo de Comercio, es decir que si bien no se encuentra sometido al control de una de las superintendencia del pa\u00eds, de manera equivalente se encuentra bajo la inspecci\u00f3n, vigilancia y control por una entidad como lo es la Alcald\u00eda de Bogot\u00e1, que tiene la facultad de velar por el cumplimiento de las norma de funcionamiento de conformidad con el mencionado Decreto y adicionalmente con el Decreto 1074 de 2015 059 de 1991 y 323 de 2016. <\/p>\n

4. En el presente asunto se tiene que la accionante realizo la judicatura remunerada por el t\u00e9rmino de un a\u00f1o en CAMACOL, ejerciendo diversas funciones entre ellas, la creaci\u00f3n de proyectos, conceptos o estudios jur\u00eddicos, elaboraci\u00f3n de proyectos de respuesta a derechos de petici\u00f3n y consultas, se desempe\u00f1\u00f3 como auxiliar en el estudio legal de \u00e1rea jur\u00eddica, entre otros. Una vez finalizada la practica alleg\u00f3 los documentos exigidos a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior, a efectos de obtener el reconocimiento de la pr\u00e1ctica jur\u00eddica y por ende optar por el t\u00edtulo de abogada. <\/p>\n

Sin embargo, el 18 de abril de 2018, a trav\u00e9s de resoluci\u00f3n Nro. 2083 del misma fecha, la Unidad le neg\u00f3 el reconocimiento de la pr\u00e1ctica jur\u00eddica, con el fundamento de que en que CAMACOL es una empresa que no se encuentra bajo las funciones de inspecci\u00f3n, vigilancia y control de una de las Superintendencias del pa\u00eds y por tanto no era v\u00e1lida esa certificaci\u00f3n para acreditar la judicatura. <\/p>\n

Determinaci\u00f3n que, sin duda, torna evidente la transgresi\u00f3n de los derechos fundamentales de la accionante, por los motivos anteriormente expuestos. <\/p>\n

5. En consecuencia, era imperativa la intervenci\u00f3n del juez de tutela en este asunto, ya que el ente acusado vulner\u00f3 los derechos fundamentales de la tutelante, por lo que, contrario a lo pretendido por el impugnante, debe concederse la protecci\u00f3n constitucional, tal como lo dispuso el a quo constitucional en el fallo impugnado, al dejar sin efecto las Resoluciones Nro. 2083 del 18 de abril de 2018 y 3610 del 13 de junio del mismo a\u00f1o proferidas por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n

6. En ese orden, la protecci\u00f3n invocada estaba destinada a ser concedida, por tanto, resulta necesario confirmar la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tEl art\u00edculo 1 del Reglamento de la Sala Jurisdiccional \tDisciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (Acuerdo 12 del \t31 de mayo de 1994) establece que \u201c[l]a \treuni\u00f3n de los Magistrados de la Sala Jurisdiccional \tDisciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conformar\u00e1 \tdicha Sala, y ejercer\u00e1 sus funciones en Sala Plena (…)\u201d.
\n2\u0002 \tAl hacer referencia al reparto de los procesos que le corresponde \tconocer en Sala Plena, el art\u00edculo 17 del Reglamento dispone \tque: \u201c(\u2026) \tEntre los procesos \tdisciplinarios \tse crear\u00e1n subgrupos, atendiendo la instancia en que se \tconocen: de \u00fanica instancia, por apelaci\u00f3n o en \tconsulta. El presidente podr\u00e1 crear otros subgrupos, para \tclasificar en ellos procesos especiales que lleguen a la \tCorporaci\u00f3n.\u201d<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC16637-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2018-00485-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el nueve de septiembre de dos mil dieciocho por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102353","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102353","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102353"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102353\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102353"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102353"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102353"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}