{"id":102355,"date":"2026-07-01T22:36:45","date_gmt":"2026-07-01T22:36:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102355"},"modified":"2026-07-01T22:36:45","modified_gmt":"2026-07-01T22:36:45","slug":"stc16690-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16690-2018\/","title":{"rendered":"STC16690-2018"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16690-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2018-00485-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n del Juzgado Cuarto de Familia Oral de Barranquilla al fallo de 13 de noviembre de 2018, emanado de la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la tutela instaurada por Gabriel Alarc\u00f3n French en contra de aqu\u00e9l; extensiva a los intervinientes en el consecutivo 2017-00111. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El precursor, a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n a las prerrogativas contenidas en los art\u00edculos 29 y 229 de la Carta Magna, y por ende pidi\u00f3 que se ordene al enjuiciado remitir el referido expediente al Juzgado Quinto de Familia de Barranquilla por fenecimiento del t\u00e9rmino de que trata el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, con sustento en los hechos que compendi\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n

En calidad de legatario y ejecutor de la voluntad de Marina Alarc\u00f3n de Franco demand\u00f3 la apertura de la sucesi\u00f3n ante el fustigado (5 jul. 2017), quien despu\u00e9s de casi siete meses profiri\u00f3 auto admisorio (1 feb. 2018). <\/p>\n

Con posterioridad, formul\u00f3 dos solicitudes ante dicho estrado, una para el reconocimiento de otros sujetos procesales, y la otra, para que se autorizara al albacea a proceder de conformidad con lo dispuesto en el testamento, las que a la hora actual no se han resuelto. <\/p>\n

Igual suerte corrieron otras peticiones elevadas con el fin que se atendieran las pautas regladas en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, en virtud del cual, todo lo que hubiese tenido lugar con posterioridad al 14 de agosto de 2018 es nulo de pleno derecho. <\/p>\n

La mora en disipar el asunto genera perjuicios econ\u00f3micos y morales a los interesados, ya que los bienes inmersos en la lid, implican cuantiosos gastos, que pueden cubrirse con el dinero depositado en las distintas entidades financieras, que se niegan a desembolsarlo hasta que se apruebe la respectiva partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que como en el prenotado tr\u00e1mite \u00abno hay parte demandada o ejecutada\u00bb, el a\u00f1o contemplado en el canon en comento, comenz\u00f3 a partir del d\u00eda siguiente a la radicaci\u00f3n del pliego introductorio.
\n2.- El Juzgado Cuarto de Familia Oral de Barranquilla dijo que \u00abla presente acci\u00f3n es a todas luces improcedente\u00bb, porque por id\u00e9nticos supuestos f\u00e1cticos se inici\u00f3 una vigilancia administrativa pendiente por dirimir y que los requerimientos que con ocasi\u00f3n de aqu\u00e9lla y del amparo se efectuaron, han impedido ocuparse de los aludidos memoriales. <\/p>\n

El Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado Cuarto de Familia por escrito de 9 de noviembre de 2018 inform\u00f3 que no hab\u00eda dado respuesta a lo pedido por Alarc\u00f3n French el 14 de agosto anterior, en tanto que el expediente fue enviado al Tribunal para desatar la guarda. <\/p>\n

3.- El a quo accedi\u00f3 al auxilio tras comprobar que \u00abtranscurri\u00f3 un t\u00e9rmino de m\u00e1s de dos meses sin que la Juez accionada realizara un pronunciamiento acerca de la solicitud de p\u00e9rdida de competencia, presentada el 14 de agosto de 2018, reiterada el 13 de septiembre de 2018, no alegando justificaci\u00f3n v\u00e1lida para dejar de decidir las peticiones presentadas por el demandante, m\u00e1xime cuando tienen que ver con la p\u00e9rdida de competencia\u00bb. <\/p>\n

4.- Refut\u00f3 el querellado, pues aunque al contestar el libelo expres\u00f3 las razones por las cuales no solucion\u00f3 en tiempo lo deprecado por Alarc\u00f3n French en el mentado pleito, el \u00aba quo constitucional\u00bb no las tuvo en cuenta, entre ellas, que \u00abcuando el actor interpuso la acci\u00f3n de tutela estaba en curso una vigilancia judicial administrativa de la cual hab\u00eda sido notificado este juzgado el 18 de octubre de 2018 y al rendir el informe de dicha vigilancia el d\u00eda 23 de octubre de 2018 se hizo la manifestaci\u00f3n que se proceder\u00eda a pronunciar este Despacho a m\u00e1s tardar el 7 de noviembre de 2018, siendo notificados de la presente acci\u00f3n de tutela el 25 de octubre de 2018 remiti\u00e9ndose el expediente para la pr\u00e1ctica de inspecci\u00f3n judicial solicitada el 29 de octubre de 2018, lo que imposibilit\u00f3 que este Despacho emitiera el respectivo pronunciamiento\u00bb y el ingreso a la \u00aboralidad\u00bb como \u00fanico juzgado en reparto. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- La herramienta consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no fue destinada a controvertir las \u00abdecisiones\u00bb judiciales, ya que permitirlo ser\u00eda desconocer la libertad y autonom\u00eda de los administradores de justicia; empero, resulta adecuada, de manera excepcional, cuando se evidencie un yerro may\u00fasculo, ostensible, arbitrario y grosero que hiera intereses esenciales de los asociados. <\/p>\n

2.- El impulsor lamenta que el confutado no atendiera la \u00abpetici\u00f3n\u00bb elevada el 14 de agosto de los corrientes, reiterada el 13 de septiembre siguiente, concerniente a su p\u00e9rdida de competencia para adelantar la causa mortuoria de Alarc\u00f3n de Franco, por expiraci\u00f3n del plazo contemplado en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

La colegiatura de primera instancia concedi\u00f3 el resguardo porque hall\u00f3 probada la \u00abmora\u00bb sin un motivo capaz de justificarla. Por consiguiente, el Juzgado Cuarto de Familia centr\u00f3 su impugnaci\u00f3n en las \u00abrazones\u00bb de su retraso, b\u00e1sicamente lo atribuy\u00f3 a que debi\u00f3 concentrarse en la \u00abvigilancia administrativa\u00bb que le fue iniciada por argumentos an\u00e1logos a los ventilados por esta senda, am\u00e9n de la remesa del expediente en calidad de pr\u00e9stamo para solventar el rito superlativo y finalmente, a la cantidad de acciones recibidas por la conversi\u00f3n del estrado al sistema \u00aboral\u00bb. <\/p>\n

Sobre el incumplimiento de los falladores en su deber de dictar oportunamente las providencias a su cargo existen abundantes pronunciamientos de esta Corporaci\u00f3n, en los que ha sostenido que <\/p>\n

[u]no de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales\u2026 (CSJ STC 15 feb. 1995, rad. 1937, reiterada entre otras en STC598-2015, 3, feb. 2015, rad. 02398-01, entre otras). <\/p>\n

En ese orden habr\u00e1 de estimarse el ruego tuitivo por transgresi\u00f3n al debido proceso en aqu\u00e9llos eventos en los que la dilaci\u00f3n denunciada carece de una explicaci\u00f3n \u00abv\u00e1lida\u00bb, esto es \u00ab(\u2026) que sean el indisimulado producto de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n

3.- Precisado ello, se divisa la necesidad de confirmar el veredicto opugnado por no atisbarse que las circunstancias aducidas por la c\u00e9lula criticada sean suficientes para enervar las pretensiones. <\/p>\n

Ello, porque el requerimiento cuya respuesta se exige en sede supralegal se radic\u00f3 el 14 de agosto de 2018, mientras que la \u00abvigilancia administrativa\u00bb se inst\u00f3 el 13 de septiembre de esa anualidad, esto es, un mes despu\u00e9s. Ahora, mal puede sugerirse que un medio que se promueve en aras de superar el retraso es \u00fatil para respaldarlo. <\/p>\n

Tampoco debi\u00f3 escudarse en la intervenci\u00f3n forzosa para no solventar lo relativo al canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso, menos con p\u00e1bulo en la remisi\u00f3n del dossier a la Magistratura de \u00abprimera instancia constitucional\u00bb, pues el precepto 124 ejusdem es claro al indicar que \u00abmientras est\u00e9 en tr\u00e1mite el proceso el expediente no podr\u00e1 ser retirado del juzgado. El informe requerido por autoridad competente sobre una actuaci\u00f3n judicial, no podr\u00e1 sustituirse por la remisi\u00f3n del expediente\u00bb.
\nFinalmente, quiso la accionada demostrar que su atraso ten\u00eda por pilar el c\u00famulo de trabajo asignado, el que seg\u00fan dijo, prioriz\u00f3 para dar paso a las contiendas m\u00e1s delicadas, sin embargo, ni siquiera al \u00abimpugnar\u00bb esboz\u00f3 que hubiese emitido el interlocutorio que zanjara lo atinente a la \u00abp\u00e9rdida de su competencia\u00bb, mucho menos lo prob\u00f3, pese a que fue noticiada de esta \u00abacci\u00f3n\u00bb y de la resoluci\u00f3n en contra que obtuvo en \u00abprimera instancia\u00bb. <\/p>\n

4.- Por consiguiente, no se revocar\u00e1 la sentencia apelada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

Rep\u00fablica de Colombia
\nCorte Suprema de Justicia
\nSala de Casaci\u00f3n Civil
\nSALVAMENTO DE VOTO
\nSTC16690-2018
\n85-01.
\nCon pleno respeto por los integrantes de la Sala que conformaron mayor\u00eda para la adopci\u00f3n de la sentencia proferida en el asunto de la referencia, procedo a exponer las razones de mi disenso.
\nEn el presente caso, mayoritariamente se consider\u00f3 que hab\u00eda lugar a confirmar el fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal de Barranquilla que otorg\u00f3 el amparo interpuesto contra el Juzgado Cuarto de Familia de esa ciudad por mora judicial, \u00abtras comprobar que "transcurri\u00f3 un t\u00e9rmino de m\u00e1s de dos meses sin que la Juez accionada realizara un
\npronunciamiento acerca de la solicitud de p\u00e9rdida de competencia, presentada el 14 de agosto de 2018…"\u00bb; no obstante, no se hizo menci\u00f3n al car\u00e1cter saneable de la nulidad derivada del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, aspecto que resulta en un todo relevante, con base en la siguiente argt tmentaci\u00f3n. <\/p>\n

Del car\u00e1cter saneable de la nulidad invocada.
\n1. En reiteraci\u00f3n y desarrollo de las consideraciones que con ponencia del suscrito, la Sala mayoritariamente hizo suyas en la sentencia STC21350-2017, 14 dic., rad. 2017-02836-00, es preciso reconocer la contundencia del inciso 6\u00b0 del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso en
\nse\u00f1alar: \u00abSer\u00e1 nula de pleno derecho la actuaci\u00f3n posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia.\u00bb.
\nDe esta forma, el legislador dio continuidad a la pol\u00edtica procesal inicialmente vertida en el canon 9\u00b0 de la Ley 1395 de 2010 -modificatorio del precepto 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, reiterando el establecimiento de un referente preciso para la duraci\u00f3n de las instancias ante cuya superaci\u00f3n acaece la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia.
\nSumado a ello, la versi\u00f3n m\u00e1s reciente y actualmente vigente de la regla, fue reforzada en el C\u00f3digo General del Proceso con el establecimiento de un efecto invalidante que opera de pleno derecho respecto de la actuaci\u00f3n posterior a la cesaci\u00f3n de la aptitud legal.
\nAs\u00ed las cosas, conviene recalcar que al margen del debate que podr\u00eda suscitarse en punto de la completa configuraci\u00f3n de un aut\u00e9ntico factor temporal de atribuci\u00f3n de la funci\u00f3n jurisdiccional, resulta indiscutible la vigencia de una preceptiva cuyo alcance prescribe la terminaci\u00f3n a de <\/p>\n

la aptitud del funcionario \tcognoscente por la superaci\u00f3n de los \tt\u00e9rminos respectivos, que se insiste, en el panorama vigente \tencuentra como sanci\u00f3n una particular ineficacia que aunque \tdesarticulada del r\u00e9gimen de nulidades de la codificaci\u00f3n \tprocesal, resulta expresa y aplicable.
\n2. \tNo obstante, con prescindencia de lo anterior, lo cierto \tes que dada la falta de norma en contrario, la naturaleza \tdel vicio y la necesidad de vincular el evento invalidante \tespecial con los lineamientos generales del Cap\u00edtulo \tde nulidades procesales, en todo caso la irregularidad \tderivada de la superaci\u00f3n del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n \tde la instancia ser\u00eda saneable, o cuando menos, no \tpuede tildarse de arbitrario un criterio en tal sentido.
\nSobre \tel particular corresponde precisar que aunque la disposici\u00f3n \ten cita refiere que la nulidad que afecta \u00abla \tacta, \t:aci\u00f3n posterior que realice el juez que haya perdido \tcompetencia para \temitir la respectiva providencia\u00bb, opera \tde pleno derecho, ello \tno supone que la misma se torne insubsanable.
\nCiertamente, la expresi\u00f3n de \tpleno derecho, en \teste contexto y acorde con el significado \tjur\u00eddico de los vocablos, tan s\u00f3lo \tsupondr\u00eda, en principio, que los efectos de la nulidad \tse producir\u00edan autom\u00e1ticamente, sin necesidad de \treconocimiento o decreto judicial, esto \tes, por el simple ministerio de la Ley \t(ope legis), pero \tno necesariamente la calidad de insaneable \tdel vicio procesal.
\nEn este orden, la previsi\u00f3n dar\u00eda cuenta, a lo sumo, de una discutible', diferenciada y excepcional regla en punto de la necesidad del decreto judicial de la nulidad procesal (principio de declaraci\u00f3n judicial), la cual no constituye por s\u00ed sola incompatibilidad alguna con los dem\u00e1s princ', pios que informan la materia en el \u00e1mbito procesal civil, a sl,ber: taxatividad, trascendencia, protecci\u00f3n, legitimaci\u00f3n y convalidaci\u00f3n.
\nPor lo anterior, nada obsta para que en la hip\u00f3tesis de transgresi\u00f3n de los t\u00e9rminos de duraci\u00f3n de la instancia, deban estudiarse los condicionamientos de alegaci\u00f3n del vicio, y muy especialmente, los eventos de saneamiento contemplados actualmente en el canon 136 ejusdem.
\nAl respecto, es determinante se\u00f1alar que los \u00fanicos criterios de competencia que resultan improrrogables son el subjetivo y funcional2, los cuales no se corresponden con el supuesto de p\u00e9rdida de la competencia por vencimiento de los t\u00e9rminos de resoluci\u00f3n de la instancia, pues tal hip\u00f3tesis no supone reproche por ausencia de la aptitud legal que debe establecerse desde dichos factores privilegiados, sino al contrario, una secuela encaminada a finiquitar la atribuci\u00f3n que ven\u00eda regularmente dada, c orno mecanismo de coerci\u00f3n y sanci\u00f3n para que el funcior ario dotado de la potestad, cumpla oportunamente con su d eber
\n1 En tanto que en los \u00e1mbitos sustantivo y procesal, la nulidad s\u00f3lo se concibe mediante su reconocimiento por v\u00eda de pronunciamiento judicial, tal cual se extrae de los art\u00edculos 1742, 1746 y 1748, entre otros, del C\u00f3digo Civil y las precepti\\ as del cap\u00edtulo de nulidades procesales del C\u00f3digo General del Proceso (c\u00e1nones 132 a 138), en especial el inciso \u00faltimo del art\u00edculo 138 ib\u00eddem.
\n2 Art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, acorde con el cual se han previsto pautas diferenciadas para el caso de su desatenci\u00f3n en el canon 138. <\/p>\n

de c ecisi\u00f3n.
\nDe igual manera, las \u00fanicas causales de anulabilidad insubsanables -sin desconocer el especial tratamiento de la falta de competencia funcional y subjetiva- son las detolladas en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 136, es decir: \u00abLas
\nnulici ades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, <\/p>\n

Por tal raz\u00f3n, se insiste, tienen plena aplicaci\u00f3n los condicionamientos de alegaci\u00f3n del vicio (legitimaci\u00f3n, no hab r dado lugar al vicio, oportuna alegaci\u00f3n y no convalidaci\u00f3n expresa o t\u00e1cita -art. 135), as\u00ed como muy especialmente los eventos de saneamiento contemplados actv almente en el canon 136 ejusdem, acordes con los anteriores presupuestos.
\nDe esta forma, la deficiencia podr\u00e1 ser saneada y por lo mismo, conservada la validez de la actuaci\u00f3n, dada la inoportuna alegaci\u00f3n o convalidaci\u00f3n, y muy puntualmente,
\n\u00abCua -Ido a pesar del vicio el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no se viol\u00f3 el derecho de defensa\u00bb.
\n3. Conviene destacar que en esta clase de hip\u00f3tesis, no puede pasarse por alto el criterio hermen\u00e9utico de prevalencia del derecho sustancial consagrado en el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, replicado en el canon 11 del <\/p>\n

S5-01
\nC\u00f3digo General del Proceso, conforme al cual \u00abel objeto c\u00ede los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por ta ley sustancial\u00bb.
\nEn relaci\u00f3n con lo anterior esta Corporaci\u00f3n ha ilustrado:
\n\u00ab(…) el derecho procesal es medio y no fin, [y] (…) la finalidad de los procedimientos es la efectividad de los derechos sustanciales (…). Al interpretar la ley procesal, el juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto y el fin de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial (…)".
\n"(…) [La relaci\u00f3n de medio a fin es ostensible, lo que hace ve – que la rigurosidad con la que actuaron los jueces de instancia, desconoci\u00f3] principios generales del derecho procesal, los cuales deben estar para cumplir la garant\u00eda constitucional del debido proceso, a cuyo respecto se ha referido esta Sala en previstas oportunidades como cuando dijo: 'No en vano el legislador ha previsto que 'las dudas que surjan de la interpretaci\u00f3n \u00e1 las normas del presente C\u00f3digo, deber\u00e1n aclararse median ce la aplicaci\u00f3n de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garant\u00eda constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes" (art. 4\u00b0, C. de P. C.)\u00bb (SC 27 abr. 2006, 2006-00480-01; reiterada recientemente en STC8971-201-, 22 jun. 2017, rad. 2017-01237-01).
\nEn la misma l\u00ednea, la Corte Constitucional ha condensado su precedente sobre la materia en los siguientes t\u00e9rminos:
\n\u00ab38. Del anterior recuento la Corte concluye que el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas refiere -t que (i) la norma adjetiva debe buscar la garant\u00eda del derecho sustancial y, por ende, no se puede convertir en una barre -a de efectividad de \u00e9ste; (ii) la regulaci\u00f3n procesal debe propender por la realizaci\u00f3n de los derechos sustanciales al suministrar una v\u00eda para la soluci\u00f3n de controversias sobre los mismos; y, ( ii) el <\/p>\n

derecho adjetivo al cumplir una funci\u00f3n instrumental que no es un fin en s\u00ed mismo, debe ce\u00f1irse y estar al servicio del derecho sustancial el cual se debe privilegiar para proteger las garant\u00edas fundamentales.\u00bb (C-193\/16).
\n4. As\u00ed las cosas, no pareciera viable calificar de arbitraria, caprichosa y desprovista de fundamento jur\u00eddico, una postura que en supuestos como los relacionados con el desbordamiento del t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, reclame por la permanencia de los efectos de una actuaci\u00f3n consumada, m\u00e1xime cuando las causas de la extensi\u00f3n en los t\u00e9rminos puedan obedecer a una tolerancia de las partes (t\u00e1cita o expl\u00edcita) o a\u00fan m\u00e1s, al cumplimiento de otro deber de similar o mayor val\u00eda, cual es obtener la debida pr\u00e1ctica de una prueba para la definici\u00f3n de la litis.
\nSe acota que en estos eventos, las actuaciones perfeccionadas con posterioridad al t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la instancia, en especial la decisi\u00f3n definitiva, y sin que medie alegaci\u00f3n oportuna del vicio saneable, no es en principio razonable retrotraerlas por la aplicaci\u00f3n de una pauta que justamente busca la obtenci\u00f3n de la decisi\u00f3n de m\u00e9rito, pues los fines pr\u00e1cticos de la administraci\u00f3n judicial ya estar\u00edan satisfechos.
\nAs\u00ed, sin duda, cumplido un acto sin violaci\u00f3n del derecho de defensa, es m\u00e1s grande el favor que se le presta a los derechos de los justiciables, avalando actuaciones que aunque retardadas, tiendan o definan la contienda, antes que superponer una invalidaci\u00f3n que justamente busca la <\/p>\n

obtenci\u00f3n del fallo de fondo en el grado de conocimiento respectivo.
\nPor todo lo anterior, la hip\u00f3tesis de invalidaci\u00f3n, no puede ser analizada al margen de la doctrina que aboga por la conservaci\u00f3n de los actos procesales y reclama per la sanci\u00f3n cuando las partes la aleguen en su de toda oportunidad, o se advierta un supuesto de insanable transgresi\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso.
\nEsta Corte ha tenido la oportunidad de recabar en la relevancia de los mentados axiomas al momento de en materia de nulidades procesales y considerar su naturaleza restringida, residual y necesariamente fundada para estructurar criterio orientador conforme al cual \u00abLa regla, pues, es la eficacia y prevalencia del procedimiento; la excepci\u00f3n, en cambio, la posibilidad de su invalidaci\u00f3n\u00bb. En sustento de lo anterior se ilustr\u00f3:
\n\u00abNada es m\u00e1s nocivo que declarar una nulidad procesal, cuando no existe la inequ\u00edvoca certidumbre de la presencia real de un vicio que, por sus connotaciones, impide definitiva e irremediablemente que la litis siga su curso, con las secuelas negativas que ello acarrea. Actitudes como \u00e9sta, taladran el oficio judicial y comprometen la eticidacl del director del proceso, a la par que oscurecen su labor\u00edo, en el que siempre debe imperar la b\u00fasqueda se\u00f1era de la justicia, en concreto, la efectividad de los derechos, la cual no puede quedar en letra muerta, por un exacerbado 'formalismo', `literalismo ' o procesalismo, refractarios a los tiempos que corren, signados por el respeto de los derechos ciudadanos, entre ellos, el aquilado `debido proceso'. Anular por anular, o hacerlo sir un acerado y pot\u00edsimo fundamento, es pues una deleznable pr\u00e1ctica que, de plano, vulnera los postulados del moderno derecho procesal, por lo que requiere actuar siempre con <\/p>\n

mesura y extrema prudencia el juzgador, como quiera que su rol,
\npor excelencia, es el de administrar justicia, con todo lo loable y
\nnoble que ello implica, y no convertirse en una especie de
\nenterrador de las causas sometidas a su enjuiciamiento\u00bb (CSJ
\nSC, 5 jul. 2007, rad 1989-09134-01).
\n5. De otra parte, la invalidaci\u00f3n enunciada, es precisamente la ant\u00edtesis de la eficacia del proceso y la resoluci\u00f3n de la litis, a la cual debe acudirse como \u00faltimo remedio para superar graves e insuperables trasgresiones al debido proceso y no para extender a\u00fan m\u00e1s en el tiempo la materializaci\u00f3n del derecho de los asociados a una pronta y cumplida administraci\u00f3n de justicia.
\nEn este panorama, no pareciera procedente, so pretexto del derecho a obtener una decisi\u00f3n de fondo en un t\u00e9rmino razonable, aniquilar la actuaci\u00f3n que ya se verific\u00f3 sin afrenta al debido proceso y con anuencia de la partes, en raz\u00f3n de su no alegaci\u00f3n oportuna, quienes sin perjuicio del inter\u00e9s de toda la comunidad en el desenvolvimiento de la serie, son los directos afectados con la definici\u00f3n respectiva. <\/p>\n

Un entendimiento contrario sit\u00faa en vilo la garante a de acceso ante los jueces, en lo concerniente a la eficacia de la tutela jurisdiccional, m\u00e1xime cuando la cl\u00e1usula "_legal pertinente no brinda seguridad alguna sobre la expedita y plenaria resoluci\u00f3n de la controversia, en tanto no prev\u00e9 sanci\u00f3n o remedio para el desbordamiento temporal en que puede incurrir \u00abel juez o magistrado que le sigue en turno\u00bb,
\nsupuesto para nada distante de la realidad y evidenciable con notas may\u00fasculas cuando la causa de la prolongaci\u00f3n no es exclusiva de la gesti\u00f3n de un despacho en concreto, sino com\u00fan a los dem\u00e1s de su misma categor\u00eda, especialidad y territorialidad.
\n6. El compromiso del Estado en materia de las garant\u00edas relacionadas no puede entenderse allanado exclusivamente con medidas como la condensada en el estudiado art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proseo, y menos con la interpretaci\u00f3n que hoy defiende mayoritariamente la Sala, pues sumada a la absoluta y necesaria disposici\u00f3n en el desempe\u00f1o de las labores que se espera de un funcionario investido de jurisdicci\u00f3n, conforme al precedente jurisprudencial, se exige la satisfacci\u00f3n de un m\u00ednimo conjunto de condiciones que.- no son de su competencia directa, y en gran medida, recaen sobre los poderes legislativo, ejecutivo y en la administraci\u00f3n judicial, a saber:
\n\u00abEl derecho a la administraci\u00f3n de justicia ha sido definido j or la jurisprudencia constitucional como la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, <\/p>\n

para propugnar por la integridad del orden jur\u00eddico y por la debida protecci\u00f3n o el restablecimiento de sus derechos e intereses leg\u00edtimos, con estricta sujeci\u00f3n a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garant\u00edas sustanciales y procedimentales previstas en las leyes. [36]
\nAquella prerrogativa de la que gozan las personas, naturales o jur\u00eddicas, de exigir justicia, impone a las autoridades p\u00fablicas, como titulares del poder coercitivo del Estado y garantes de todos los derechos ciudadanos, distintas obligaciones para que dicho servicio p\u00fablico y derecho sea real y efectivo.
\nEn general, las obligaciones que los estados tienen respecto de sus habitantes pueden dividirse en tres categor\u00edas, a saber: las obligaciones de respetar, de proteger y de realizar los derechos humanos. Con base en esta clasificaci\u00f3n, a continuaci\u00f3n se determinar\u00e1 el contenido del derecho fundamental a la administraci\u00f3n de justicia.
\nEn primer lugar, la obligaci\u00f3n de respetar el derecho a la administraci\u00f3n de justicia implica el compromiso del Estado de abstenerse de adoptar medidas que tengan por resultado impedir o dificultar el acceso a la justicia o su realizaci\u00f3n. Asimismo, conlleva el deber de inhibirse de tomar medidas discriminatorias, basadas en criterios tales como el g\u00e9nero, la nacionalidad y la casta.
\nEn segundo lugar, la obligaci\u00f3n de proteger requiere que el Estado adopte medidas para impedir que terceros interfieran u obstaculicen el acceso a la administraci\u00f3n de justicia del titular del derecho.
\nEn tercer lugar, la obligaci\u00f3n de realizar implica el deber del Estado de (i) facilitar las condiciones para el disfrute del derecho y, (ii) hacer efectivo el goce del derecho.
\nFacilitar el derecho a la administraci\u00f3n de justicia conlleva la adopci\u00f3n de normas y medidas que garanticen que todas las personas, sin distinci\u00f3n, tengan la posibilidad de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que la normativa proporciona para formular sus pretensiones.
\nEn cumplimiento del deber de regular, la Ley 270 de 1996
\nestablece que, dentro de los principios que informan la <\/p>\n

administraci\u00f3n de justicia, se encuentran el acceso a la ju (art\u00edculo 2\u00b0), la celeridad (art\u00edculo 4\u00b0), la eficiencia (art\u00edculo 7\u00b0) y el respeto de los derechos (art\u00edculo 9\u00b0), los cuales se constituyen en mandatos que deben ser observados por quienes administran justicia en cada caso particular.
\nTambi\u00e9n se facilita la administraci\u00f3n de justicia cuando se adoptan normas que garanticen (i) la existencia de procedimientos adecuados, id\u00f3neos y efectivos para la definici\u00f3n de las pretensiones y excepciones debatidas; (ii) que los procesos se desarrollen en un t\u00e9rmino razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garant\u00edas propia 3 del debido proceso; y (iii) que las decisiones que se adopten protejan los derechos conforme a la Constituci\u00f3n y dem\u00e1s normativa vigente.
\nAsimismo, el deber de tomar medidas implica la obligaci\u00f3n de remover los obst\u00e1culos econ\u00f3micos para acceder a la justicia, crear la infraestructura necesaria para administrarla y ase3urar la asequibilidad de los servicios del sistema de justicia a aquellos grupos de poblaci\u00f3n en condiciones de vulnerabilidad.
\nPor otra parte, hacer efectivo el derecho a la administraci\u00f3n de justicia conlleva garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende: (i) la posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, (ii) que \u00e9ste sea resuelto y, (iii) que se cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador jur\u00eddico y se restablezcan los derechos lesionados.\u00bb (CC. T-443\/ 13).
\nAcorde con lo anterior, la consagraci\u00f3n de una causal insaneable de nulidad por el vencimiento de los t\u00e9rmino s de duraci\u00f3n de la instancia que pudiera llegar a concebir el legislador en su amplio \u00e1mbito de configuraci\u00f3n, exigir\u00eda que la normativa, adem\u00e1s de congruente con la taxativa n dad de la causal y los fen\u00f3menos de pr\u00f3rroga y subsanaci\u00f3n, brindara satisfacci\u00f3n a los condicionamientos constitucionales y estatutarios de estar aparejada o acompa\u00f1ada de mecanismos que garanticen el establecimiento -igualmente forzoso y dotado de <\/p>\n

Consecuencias de cargas razonables para cada despacho judioial3
\nDe lo contrario, la aplicaci\u00f3n de la figura con el entendimiento mayoritariamente adoptado, esto es, favorable a la existencia de una causal de anulaci\u00f3n insaneable, supondr\u00eda retrotraer la eficacia de la actuaci\u00f3n consumada, cuando lo pretendido es justamente su realizaci\u00f3n; hermen\u00e9utica que as\u00ed vista, deriva en irrazonable y desprovista de efecto positivo en las garant\u00edas de 1os justiciables.
\nEn los anteriores t\u00e9rminos, dejo fundamentado el salvamento de voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

3 Conviene rese\u00f1ar que en el plano reglamentario se ha edificado el concepto de \u00abCAPP CIDAD M\u00c1XIMA DE RESPUESTA\u00bb, el cual tiene incidencia exclusiva en los par\u00e1metros de la calificaci\u00f3n de servicios, m\u00e1s no repercusi\u00f3n procesal directa y autocr\u00e1tica frente a la carga de un despacho judicial en particular (Acuerdos PSAA 1.6-10618 y PCSJA18-10883 del Consejo Superior de la Judicatura). <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nSTC16690-2018
\n(Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2018-00485-01)
\nCon todo respeto, me permito expresar mi disenso frente a la decisi\u00f3n adoptada por esta Corte en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, pues considero que no hab\u00eda lugar a conceder el amparo invocado, pues ning\u00fan derecho fundamental se le viol\u00f3 a la parte accionante; tal como lo he venido sosteniendo en todas las controversias relacionadas con la nulidad consagrada en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso.
\nCon el fin de no incurrir en repeticiones innecesarias, me permito hacer remisi\u00f3n al salvamento de voto que pronunci\u00e9 frente al fallo STC8849-2018, proferido por esta sede el 11 de julio de 2018, cuyas razones reitero en esta oportunidad.
\nDe los se\u00f1ores magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC16690-2018 Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2018-00485-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n del Juzgado Cuarto de Familia Oral de Barranquilla al fallo de 13 de noviembre de 2018, emanado de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102355","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102355","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102355"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102355\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102355"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102355"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102355"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}