{"id":102360,"date":"2026-07-01T22:38:20","date_gmt":"2026-07-01T22:38:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102360"},"modified":"2026-07-01T22:38:20","modified_gmt":"2026-07-01T22:38:20","slug":"stc16767-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16767-2018\/","title":{"rendered":"STC16767-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16767-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2018-03880-00
\n(Aprobado en Sala de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la sociedad Sucroagro S.A.S. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira; tr\u00e1mite al que fueron citados los intervinientes en el juicio reivindicatorio n\u00ba 2006-00071.
\nANTECEDENTES <\/p>\n

1. Obrando por intermedio de apoderado, la compa\u00f1\u00eda accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente vulnerados por las autoridades judiciales acusadas dentro de la acci\u00f3n de dominio que instaur\u00f3 la sociedad C\u00eda. Bueno S. en C.S. en su contra.
\n2. Expone, en s\u00edntesis, que compr\u00f3 los predios objeto del tr\u00e1mite por $880\u2019000.000 \u00aby le fue entregada tanto la titularidad como la posesi\u00f3n material de ellos a partir del 01 de abril de 2002, es decir, hace m\u00e1s de DIECIS\u00c9IS (16) A\u00d1OS\u00bb y desde esa \u00e9poca los ha explotado econ\u00f3micamente sin reconocer dominio ajeno. <\/p>\n

Se\u00f1ala que el 11 de agosto de 2010 el tribunal ratific\u00f3 el auto del a-quo que declar\u00f3 la nulidad por su indebida notificaci\u00f3n, al haber sido entregado el aviso en \u00abla caseta del VIGILANTE DE LA CALLE\u00bb. Agreg\u00f3 que efectuado en debida forma su enteramiento propuso excepciones previas, entre ellas la de \u00abprescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

3. Pide, en consecuencia, que se revoquen las determinaciones censuradas, \u00abdeclarando que la NULIDAD decretada tiene toda validez y en consecuencia se dio la figura de la PRESCRIPCI\u00d3N de la acci\u00f3n, al no haberse interrumpido, pues la notificaci\u00f3n por conducta concluyente a mi mandante, se realiz\u00f3 CUATRO (4) a\u00f1os despu\u00e9s de presentada la demanda\u00bb (f. 1 a 20). <\/p>\n

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1. El Juez Quinto Civil del Circuito de Palmira indic\u00f3 que su actuaci\u00f3n \u00abse ha atemperado a la norma procedimental, sin que se hayan vulnerado amenazado derechos fundamentales\u00bb (f. 82). <\/p>\n

2. La magistrada del tribunal que actu\u00f3 como ponente de la decisi\u00f3n cuestionada defendi\u00f3 su proceder y dijo que los cuestionamientos que se hacen \u00abson propios del debate procesal que a\u00fan no se ha zanjado en la instancia, en la medida en que dentro del presente asunto no se ha proferido sentencia de primer grado\u00bb (f. 84). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si las autoridades acusadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por negar la excepci\u00f3n previa de prescripci\u00f3n dentro del juicio reivindicatorio que adelanta la sociedad C\u00eda. Bueno S. en C.S. contra Sucroagro S.A.S. <\/p>\n

2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n

Si bien el reclamo se dirige contra las providencias de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a la proferida el 28 de agosto de 2018 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga, por cuanto fue la que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n

4. La decisi\u00f3n del tribunal. <\/p>\n

4.1. Efectuado el an\u00e1lisis pertinente a los argumentos de la queja constitucional y a las piezas procesales allegadas, la Sala establece que la decisi\u00f3n del ad-quem que por esta senda se cuestiona, no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla, comoquiera que obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable que impide la intervenci\u00f3n del juez excepcional. <\/p>\n

4.2. En relaci\u00f3n con la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, que es a lo que se contrae el reproche constitucional, el tribunal estim\u00f3 que con los elementos de convicci\u00f3n hasta ese momento recopilados no se establec\u00eda la posesi\u00f3n por un lapso superior al establecido en la ley para que saliera avante; en los siguientes t\u00e9rminos lo expuso: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) dicha excepci\u00f3n previa tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, en la medida que las pruebas obrantes dentro del tr\u00e1mite se circunscribieron \u00fanicamente a las documentales\u2026es decir, no se han recepcionado testimonios que depongan sobre el espacio temporal en el cual iniciaron posesi\u00f3n los demandados, tampoco la inspecci\u00f3n judicial prevista en el art. 375 del CGP a fin que el juez identifique plenamente el bien y tenga certeza de la extinci\u00f3n efectiva del derecho de los demandantes para reclamar el dominio de los fundos\u2026adicionalmente, habi\u00e9ndose iniciado este proceso en el a\u00f1o 2006, debe acreditar la pare demandada posesi\u00f3n por m\u00e1s de 20 a\u00f1os, es decir al menos desde 1986, empero los documentos anexados no dan cuenta de eso, pues se trata b\u00e1sicamente de la copia \u00edntegra del proceso de pertenencia iniciado en su momento por el se\u00f1or Carlos Bueno Delgado sobre los bienes objeto de debate, tr\u00e1mite en el que finalmente se negaron las pretensiones. Tambi\u00e9n se anexaron copias de un juicio de rendici\u00f3n de cuentas que propusieron los hoy demandantes contra la persona antes referida, es decir, la prescripci\u00f3n extintiva alegada se qued\u00f3 exclusivamente en el relato, sin que se depusieran ante el funcionario de primer grado medios probatorios que generaran convencimiento. Traduce lo anterior, como bien lo advirti\u00f3 el a-quo, que el debate en torno a la\u2026 prescripci\u00f3n alegada por los demandados podr\u00e1 valorarse en el tr\u00e1mite a las excepciones de m\u00e9rito que formul\u00f3 el extremo pasivo, y una vez se decreten y practiquen las pruebas pedidas por las partes\u00bb. <\/p>\n

4.3. Respecto de la no interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n aducida por la accionante, pese a la nulidad del enteramiento que se le hiciera, el ad-quem se\u00f1al\u00f3 \u00ab(\u2026) aunque el art. 91 num. 3 del CPC adujo que cuando la declaratoria de nulidad abarcara la notificaci\u00f3n su interrupci\u00f3n era ineficaz, la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia ha abordado el estudio de dicho articulado concluyendo entre otras cosas que (\u2026) aquella norma no puede ser aplicada mec\u00e1nicamente porque en tal caso ha perdido la funcionalidad para la que fue creada y no podr\u00eda sin m\u00e1s caer con todo su pero encima de quien no tiene mayor injerencia en lo sucedido (CSJ. Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, Sentencia del 23 de febrero de 2006 Exp. 1998-00013-01) Esta posici\u00f3n fue reafirmada por la Corte Constitucional que clarific\u00f3 que el canon que declara ineficaz la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n cuando ha sido invalidada la notificaci\u00f3n de auto admisorio de la demanda, s\u00f3lo aplica cuando la nulidad se produce por culpa del demandante (Corte Constitucional, Sentencia C-227 de 2009)\u00bb. <\/p>\n

De manera que, conforme a la actuaci\u00f3n surtida, la corporaci\u00f3n cuestionada indic\u00f3 \u00ab(\u2026) la demanda fue presentada el 09 de junio de 2006, y se admiti\u00f3 el 17 de julio de 2006 notific\u00e1ndose al extremo demandado por aviso el 12 de junio de 2007, es decir antes del a\u00f1o previsto en el art. 90 ib\u00eddem, distinto es que el enteramiento se haya nulitado al verificarse que para la \u00e9poca en la cual se recibi\u00f3 el aviso la sociedad demandada hab\u00eda variado su domicilio, en lo cual no tiene responsabilidad el demandante, en la medida que aqu\u00e9l fue remitido al mismo lugar donde se recibi\u00f3 el citatorio a diligencia de notificaci\u00f3n personal y que concordaba con el certificado de existencia anexo a la demanda\u00bb. <\/p>\n

M\u00e1s adelante agreg\u00f3: \u00ab(\u2026) con lo anterior, queda decantado que efectivamente dentro del tr\u00e1mite de la excepci\u00f3n previa no se prob\u00f3 la extinci\u00f3n del derecho del demandante para solicitar la reivindicaci\u00f3n de los inmuebles\u2026y tampoco se presentaron los supuestos en los cuales se hace ineficaz la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n cuando se ha declarado nula la notificaci\u00f3n del demandado, lo que conduce a confirmar en su integridad la providencia apelada\u00bb <\/p>\n

Conforme a lo que acaba de verse, la anterior motivaci\u00f3n no determina una v\u00eda de hecho susceptible de enmendarse por esta senda, en tanto el tribunal realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n que lo llev\u00f3 a la determinaci\u00f3n atacada, lo que descarta defecto sustantivo, f\u00e1ctico o de otra \u00edndole que amerite la intervenci\u00f3n del juez excepcional. <\/p>\n

En tales condiciones, se ha dicho que mientras las providencias cuestionadas no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder la tutela, pues la sola divergencia conceptual no es fuente de la demanda de amparo, porque aunque se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador: \u00ab(\u2026) ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada entre otras en STC2293-2018, 22 feb. 2018, rad. 2017-00427-01). <\/p>\n

5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n

Se negar\u00e1 la salvaguarda porque las providencias cuestionadas no constituyen desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda y lo pretendido por la querellante es anteponer su propio criterio al de la corporaci\u00f3n censurada, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n(Hoja de firmas corresponde al asunto n\u00ba 11001-02-03-000-2018-03880-00)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16767-2018 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2018-03880-00 (Aprobado en Sala de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la sociedad Sucroagro S.A.S. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102360","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102360","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102360"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102360\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102360"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102360"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102360"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}