{"id":102361,"date":"2026-07-01T22:38:25","date_gmt":"2026-07-01T22:38:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102361"},"modified":"2026-07-01T22:38:25","modified_gmt":"2026-07-01T22:38:25","slug":"stc16768-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16768-2018\/","title":{"rendered":"STC16768-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC16768-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03875-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Sandra Suleima Rivas Hoyos contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, siendo vinculados al tr\u00e1mite el Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de esa ciudad, y las partes e intervinientes en el ejecutivo radicado n\u00ba 2013-00546. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. \tLa solicitante, a trav\u00e9s de apoderada, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, \u00abvaloraci\u00f3n general de la prueba, seguridad jur\u00eddica, derechos patrimoniales\u00bb, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial accionada. <\/p>\n

2.\tRelata que Juan Fernando Garc\u00eda S\u00e1nchez, su ex-c\u00f3nyuge, promovi\u00f3 en su contra proceso ejecutivo pretendiendo el cobro de una letra de cambio creada como garant\u00eda de un pr\u00e9stamo por $200\u2019000.000. <\/p>\n

Destaca que inicialmente la demanda fue rechazada por carecer el t\u00edtulo de la firma del creador, aspecto que corrigi\u00f3 y al presentarla nuevamente, correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medell\u00edn, que el 28 de agosto de 2015 \u00aborden\u00f3 cesar la ejecuci\u00f3n, declar[\u00f3] probada la falsedad del documento (\u2026), decret\u00f3 levantamiento de medidas, remit[i\u00f3] a Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y conden[\u00f3] en costas\u00bb. <\/p>\n

Resalt\u00f3 que el Tribunal Superior de Medell\u00edn, Sala Civil, el 17 de julio de 2018 revoc\u00f3 esa decisi\u00f3n y, en su lugar, orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n, con fundamento en los art\u00edculos 621 y 622 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n

Acusa esa determinaci\u00f3n de constituir v\u00eda de hecho por desconocer que existi\u00f3 alteraci\u00f3n del texto del instrumento cambiario y omitir que se configuraron los delitos de falsedad ideol\u00f3gica en documento privado y fraude procesal \u00abtoda vez que se est\u00e1 enga\u00f1ando al juez present\u00e1ndole una situaci\u00f3n de negocio con la que emite una orden de pago que no corresponde con la real\u00bb. <\/p>\n

Afirma que lo anterior se demostr\u00f3 no solo a partir del experticio grafol\u00f3gico, sino con la manifestaci\u00f3n del \u00absupuesto tenedor\u00bb, y que la \u00abtacha de falsedad\u00bb se prob\u00f3 ya que \u00e9ste \u00abimit\u00f3 la graf\u00eda de la suscriptora\u00bb, en suma, alega que \u00abno existi\u00f3 ni voluntad, ni conocimiento, ni carta de instrucciones verbal (sic) o escrita para el supuesto tenedor del documento\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, agrega que el tribunal incurri\u00f3 en defecto sustantivo \u00aben el sentido de interpretar equivocadamente o de manera distra\u00edda el texto que extrae del maestro Hernando Davis Echand\u00eda en su libro \u201cCompendio de Derecho Procesal, Tomo II (\u2026) se escap\u00f3 un estudio juicioso al contenido del texto del citado autor que obliga a la tutela por error o defecto f\u00e1ctico (sic)\u00bb; as\u00ed mismo, indic\u00f3 que se no se valor\u00f3 la totalidad de las pruebas arrimadas al proceso, entre las que se hallaba la denuncia por violencia intrafamiliar y la escritura aprobatoria del divorcio y liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal en \u00abceros\u00bb. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, pretende que se deje \u00ab(\u2026) sin efectos la providencia del 17 de julio de 2018 [Tribunal Superior de Medell\u00edn, Sala Civil] y emitir la nueva decisi\u00f3n conforme a los preceptos constitucionales y derecho sustantivo, de acuerdo a la normatividad desconocida por el juez ad-quem\u00bb (fls. 1 a 17). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

La magistrada del tribunal que actu\u00f3 como ponente de la decisi\u00f3n cuestionada alleg\u00f3 copia de la misma y defendi\u00f3 su proceder durante el tr\u00e1mite de la segunda instancia (f. 74). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas por revocar el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad que orden\u00f3 cesar la ejecuci\u00f3n en el compulsivo promovido por Juan Fernando Garc\u00eda S\u00e1nchez contra la aqu\u00ed accionante, para en su lugar disponer continuarla tras desestimar la excepci\u00f3n de \u00abtacha de falsedad\u00bb propuesta, e incurrir con ello, supuestamente, en v\u00eda de hecho por defecto sustantivo y f\u00e1ctico. <\/p>\n

2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio.
\n3.\tLa providencia cuestionada. <\/p>\n

Al revisar el asunto sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, se advierte la improcedencia del resguardo, dado que la decisi\u00f3n del tribunal, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una adecuada y razonada hermen\u00e9utica del contexto procesal analizado, de la normativa espec\u00edfica aplicable y de los medios probatorios allegados a la actuaci\u00f3n. <\/p>\n

De esta forma, al momento de verificar las condiciones del t\u00edtulo valor cuestionado precis\u00f3: <\/p>\n

\u00abRevisado con detenimiento el documento cartular allegado como soporte de las pretensiones del ejecutante se advierten, en principio, acreditados cada uno de los requisitos exigidos en la ley comercial para pregonar la existencia y validez a la luz de los art\u00edculos 621 y 671 del C de Co; pues, aparece clara la menci\u00f3n del derecho que en el t\u00edtulo se incorpora; esto es, la suma de dinero, valor o guarismo cierto y determinado que se adeuda; la firma de quien lo crea en su calidad de girador – creador del instrumento – y girado -destinatario de la orden de pago-; con la correspondiente orden de pagar una suma l\u00edquida de dinero a favor del beneficiario y tenedor leg\u00edtimo de la letra de cambio Juan Fernando Garc\u00eda S\u00e1nchez – quien puede hacer valer el derecho incorporado en el t\u00edtulo valor-; y con fecha de vencimiento el d\u00eda 20 de marzo de 2013, lo cual constituye la forma de vencimiento a d\u00eda cierto y determinado; adem\u00e1s, es un t\u00edtulo valor amparado por la presunci\u00f3n de autenticidad de que trata el articulo 793 ib\u00eddem, y por lo anterior resulta apto para reclamar por esta v\u00eda seg\u00fan lo predica el art\u00edculo 488 del C.P.C. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, sabiendo que el documento presentado para su cobro por la v\u00eda ejecutiva, cumple con todas las caracter\u00edsticas que debe tener por ley para que se predique su autenticidad como t\u00edtulo valor – letra de cambio -, y que adem\u00e1s su calidad corno tal no fue objeto de controversia en el proceso, es pertinente centrarse a analizar de fondo el punto de inconformidad de la parte apelante respecto de la sentencia del A-quo, por haberse declarado configurada la falsedad del documento base de recaudo\u00bb. <\/p>\n

Seguidamente, al abordar la excepci\u00f3n que dio por demostrada el a quo indic\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) teniendo en cuenta que la excepci\u00f3n cuya prosperidad se declar\u00f3 fue denominada por la demandada como falsedad ideol\u00f3gica, pero de su contenido se evidencia que realmente refiere a una supuesta falsedad material, resulta necesario estudiar previamente qu\u00e9 es la falsedad en documento privado, del cual se desprende la falsedad material y falsedad ideol\u00f3gica. Para lo anterior resulta ilustrativo lo expuesto por la Corte Constitucional en su sentencia C-637\/09, donde refiriendo a la Corte Suprema de Justicia, ense\u00f1a la diferencia entre falsedad material y falsedad ideol\u00f3gica, as\u00ed: <\/p>\n

Decantado lo anterior, explicit\u00f3 que: <\/p>\n

\u00abLa tacha de falsedad material tiene cabida tanto en los procesos contenciosos como en los de jurisdicci\u00f3n voluntaria. La falsedad material refiere a la firma o al texto del documento; en el segundo caso, se trata de falsedad material por alteraci\u00f3n del contenido mediante lavado, borraduras, supresiones, cambios o adiciones de su texto; en el primero de suplantaci\u00f3n de firma. Pero es improcedente la tacha si se trata de documento que no est\u00e1 firmado ni manuscrito por la parte contra quien se aduce como prueba o por su causante (C. de P. C, art. 289, inc. final), porque carece de m\u00e9rito probatorio si no es reconocido por \u00e9sta. <\/p>\n

(\u2026) [d]e lo anterior, se tiene que, si la falsedad ideol\u00f3gica refiere a faltar a la verdad en lo plasmado en el documento, no es acertado en el presente caso predicar la configuraci\u00f3n de tal excepci\u00f3n as\u00ed denominada, pues lo que la parte demandada pretendi\u00f3 al formularla fue acreditar que efectivamente no era la letra de su pu\u00f1o la incorporada en la fecha de vencimiento de la letra de cambio "20 de marzo de 2013", lo que realmente se asimila con una falsedad material\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed, al puntualizar el alcance de la excepci\u00f3n planteada aclar\u00f3:
\n\u00ab(\u2026) con el dictamen pericial se acredit\u00f3 efectivamente que la fecha de vencimiento de la letra de cambio no fue llenada por la demandada-deudora y, con sustento en ello, la juez de primera instancia, acogi\u00f3 la excepci\u00f3n, decisi\u00f3n que se considera desacertada, en tanto, los t\u00edtulos valores pueden diligenciarse con espacios en blanco para ser llenados posteriormente por cualquier tenedor leg\u00edtimo, tal y como lo permite el art\u00edculo 622 del Co de Comercio, bajo el siguiente tenor: <\/p>\n

"Si en el t\u00edtulo se dejan espacios en blanco cualquier tenedor leg\u00edtimo podr\u00e1 llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado, antes de presentar el t\u00edtulo para el ejercicio del derecho que en \u00e9l se incorpora. <\/p>\n

Una firma puesta sobre un papel en blanco, entregado por el firmante para convertirlo en t\u00edtulo valor, dar\u00e1 al tenedor el derecho de llenarlo. Para que el t\u00edtulo, una vez completado, pueda hacerse valer contra cualquiera de los que en \u00e9l han intervenido antes de completarse, deber\u00e1 ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorizaci\u00f3n dada para ello. <\/p>\n

Si un t\u00edtulo de esta clase es negociado, despu\u00e9s de llenado, a favor de un tenedor de buena fe exenta de culpa, ser\u00e1 v\u00e1lido y efectivo para dicho tenedor y \u00e9ste podr\u00e1 hacerlo valer como si se hubiera llenado de acuerdo con las autorizaciones dadas." <\/p>\n

Como se desprende de la normatividad en cita, cuando un t\u00edtulo es suscrito dejando espacios en blanco, estos deben ser llenados conforme las instrucciones dadas por el suscriptor, ejercicio que debe cumplirse antes de ser presentado para su cobro, por el tenedor leg\u00edtimo, lo que quiere decir que un t\u00edtulo no puede ser presentado con espacios en blanco para ejercer los derechos que en \u00e9l se incorporan; por consiguiente, es plenamente valido que cualquier tenedor legitimo llene los espacios en blanco del t\u00edtulo valor de acuerdo a las instrucciones dadas por el suscriptor, es decir, de la se\u00f1ora Sandra Suleima Rivas Hoyos, sin que el hecho de que el llenado por persona diferente al deudor constituya falsedad del documento. <\/p>\n

Los anteriores argumentos son suficientes para revocar la sentencia de primer grado que desacertadamente concluy\u00f3 la falsedad del t\u00edtulo valor (\u2026), siendo del caso entonces, proceder con el an\u00e1lisis de las dem\u00e1s excepciones formuladas por la parte demandada\u00bb. <\/p>\n

Luego, al auscultar la normativa aplicable, destac\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) En efecto, el art\u00edculo 177 referido establece que: "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen". Es decir, a las partes no les basta con afirmar o negar los hechos que sirven de fundamento material a la tutela jur\u00eddica reclamada, sino que tienen tambi\u00e9n la obligaci\u00f3n de participar de manera activa, seria, din\u00e1mica y eficaz en el proceso productivo de la prueba conducente, pertinente y relevante para el tema en cuesti\u00f3n. <\/p>\n

Conforme lo anterior, le correspond\u00eda a la demandada demostrar la configuraci\u00f3n de las excepciones alegadas, lo que no hizo, pues revisado el expediente se evidencia que no aport\u00f3 medio de convicci\u00f3n alguno que permitiera acreditar la inexistencia del negocio causal, ni el indebido llenado aducido, mucho menos el cobro de lo no debido, como se pasa a detallar. <\/p>\n

\u00ab(\u2026) para demostrar las excepciones la demandada arrim\u00f3 al contestar la demanda copia del certificado de tradici\u00f3n y libertad del inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 01N-5205987, copia de la escritura p\u00fablica N\u00b0 1676 del 17 de julio de 2002 que contiene el acto de capitulaciones matrimoniales celebrado entre el demandante y la demandada, escritura N\u00b0 2670 del 25 de junio de 2013 que contiene el tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal de los referidos y copia de la escritura p\u00fablica N\u00b0 1909 del 30 de octubre de 2010 mediante la cual la demandada vendi\u00f3 el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 001N-5205987, documentos que sirven para acreditar \u00fanicamente la propiedad que en alg\u00fan momento la demandada tuvo sobre el inmueble mentado, la venta que realiz\u00f3 del mismo y la relaci\u00f3n que ten\u00eda con el demandante, pero no dan cuenta de la falta de negocio causal o que la letra base de recaudo se haya suscrito para que supuestamente el demandante reclamara el mentado inmueble una vez la demandada falleciera, pues en dichos documentos no se plasm\u00f3 acuerdo en tal sentido, el que tampoco se puede desprender del contenido de los mismos. Es m\u00e1s, la documentaci\u00f3n por el contrario permite inferir que la suscripci\u00f3n de la letra de cambio no ten\u00eda la intenci\u00f3n indicada por la demandada, pues si la letra supuestamente fue creada para que el demandante reclamara el referido bien una vez la demandada falleciera, no tiene l\u00f3gica que s\u00f3lo tres meses despu\u00e9s a la creaci\u00f3n del t\u00edtulo -fecha que no ha sido discutida-, \u00e9sta vendiera el bien como se evidencia en la copia de la escritura p\u00fablica N\u00b0 1909 del 30 de octubre de 2010 y el certificado de tradici\u00f3n arrimado.
\nY frente a los testimonios escuchados en juicio adujo: <\/p>\n

\u00abA instancia de la parte demandada tambi\u00e9n se recibieron las declaraciones de las se\u00f1oras Gilma Hoyos de Rivas y Yamile Astrid Rivas Hoyos, testimonios que adem\u00e1s de que deben ser valorados con prevenci\u00f3n debido a la relaci\u00f3n familiar de \u00e9stas con la demandada -progenitora y hermana-, lo cierto es, que ninguna ten\u00eda conocimiento claro del negocio que dio lugar a la letra de cambio\u00bb. <\/p>\n

De esta forma, coligi\u00f3 que la ac\u00e1 accionante no solo no demostr\u00f3 que el negocio no haya existido, sino que tampoco prob\u00f3 la condici\u00f3n de espurio que denunci\u00f3 del t\u00edtulo valor, en ese sentido concluy\u00f3: <\/p>\n

\u00abAs\u00ed las cosas, la existencia del negocio causal que dio vida a la letra de cambio que por esta v\u00eda se cobra y la intenci\u00f3n de hacerla negociable se presume de la tenencia que de la misma ostenta el ejecutante, al constar en \u00e9sta la firma de la ejecutada como muestra clara de su declaraci\u00f3n de voluntad de obligarse cambiariamente; presunci\u00f3n que ciertamente no fue desvirtuada por la ejecutada Sandra Suleima Rivas Hoyos y, por lo tanto deja sin piso todas y cada una de las excepciones que se propusieron con sustento en lo contrario\u00bb (fls. 28 a 36). <\/p>\n

Visto lo anterior, emerge di\u00e1fana la inviabilidad de la protecci\u00f3n extraordinaria exigida, en la medida en que, no est\u00e1n demostradas las causales de procedibilidad de la tutela enrostradas por la quejosa; en primer lugar, porque el defecto material o sustantivo no deviene del desconocimiento de la doctrina como lo aleg\u00f3 la quejosa, ya que \u00e9ste se configura eventualmente si la decisi\u00f3n cuestionada se funda en una norma inaplicable al caso concreto o porque se interpret\u00f3 err\u00f3neamente, y por omitir verificar la jurisprudencia con efectos erga omnes que incumban al debate propuesto; as\u00ed mismo, tampoco se observa la incursi\u00f3n en defecto f\u00e1ctico, pues, contrario a lo recriminado, las pruebas auscultadas fueron puntual y arm\u00f3nicamente apreciadas, emergiendo de dicho an\u00e1lisis la inexistencia de la falsedad predicada del documento base de recaudo, lo que deriv\u00f3 en la desestimaci\u00f3n de la excepci\u00f3n formulada. <\/p>\n

En todo caso, m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no la determinaci\u00f3n a la que lleg\u00f3 la magistratura acusada, como aquella, en principio se observa razonable, carente de arbitrariedad, resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador una espec\u00edfica interpretaci\u00f3n o enfoque del contexto f\u00e1ctico puesto en conocimiento o de la normativa aplicable, de ser el caso, que coincida plenamente con el de los interesados, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n

En ese sentido, se ha indicado: \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n (\u2026) m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016). <\/p>\n

Y el que la querellante disienta de la postura que ataca, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional; no es suficiente una decisi\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sublite. <\/p>\n

Frente a este particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n

Ahora, sobre la pretensi\u00f3n de imponer al juzgador un determinado raciocinio probatorio, a efectos de que coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n

\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n

De manera que, esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en \u00e9sa esfera, cuando, eventualmente, el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n

4.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

Se negar\u00e1 el auxilio porque la decisi\u00f3n atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s, porque lo pretendido por la querellante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

(Hoja de firmas correspondiente al fallo de tutela de radicado n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03875-00)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16768-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03875-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Sandra Suleima Rivas Hoyos contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, siendo vinculados al tr\u00e1mite el Juzgado Primero Civil del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102361","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102361","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102361"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102361\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102361"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102361"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102361"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}