{"id":102362,"date":"2026-07-01T22:38:39","date_gmt":"2026-07-01T22:38:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102362"},"modified":"2026-07-01T22:38:39","modified_gmt":"2026-07-01T22:38:39","slug":"stc16769-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16769-2018\/","title":{"rendered":"STC16769-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16769-2018 <\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Diomedes P\u00e1ez Ortega contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona y el Juzgado Penal del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. \tEl solicitante, actuando en su propio nombre, solicita la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, libertad, trabajo, dignidad humana, m\u00ednimo vital, buen nombre y honra, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n

2.\tRelat\u00f3 que fue elegido como alcalde del municipio de Cucutilla (Norte de Santander), para el periodo 2001-2003. <\/p>\n

Se\u00f1ala que durante su mandato, suscribi\u00f3 el 30 de diciembre de 2002, un contrato estatal de obra vial con el ingeniero Carlos Arturo Mogoll\u00f3n Plaza \u00abpara la construcci\u00f3n de un carreteable que conduce del casco urbano hasta la escuela de Caracol\u00ed\u00bb, refiere que, pese a estar todo dispuesto para su ejecuci\u00f3n, este se suspendi\u00f3 por no contar con la licencia ambiental que expide CORPONOR (Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma de la Frontera Nororiental), la que solo fue proferida hasta el 30 de diciembre de 2003. <\/p>\n

Indica que Ildefonso Albarrac\u00edn Barrera instaur\u00f3 denuncia penal en su contra por la presunta comisi\u00f3n de los punibles de \u00abpeculado por apropiaci\u00f3n y contrato sin cumplimiento de requisitos legales (\u2026) cimentada espec\u00edficamente en la suscripci\u00f3n de los contratos antes referenciados (\u2026) por no contar con la licencia ambiental en ese momento\u00bb. <\/p>\n

La Fiscal\u00eda 1\u00aa Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Pamplona, abri\u00f3 investigaci\u00f3n y posteriormente dict\u00f3 resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n por los delitos mencionados, y el conocimiento del proceso lo asumi\u00f3 el Juzgado \u00danico Penal del Circuito que en sentencia de 17 de marzo de 2017 lo conden\u00f3 a 72 meses prisi\u00f3n, \u00abmulta de $21\u2019000.000 y 84 meses de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derecho y funciones p\u00fablicas\u00bb. <\/p>\n

En segunda instancia, el Tribunal Superior de Pamplona en decisi\u00f3n de 21 de junio de \u00e9se mismo a\u00f1o, lo absolvi\u00f3 del delito de peculado por apropiaci\u00f3n y confirm\u00f3 la condena por la conducta de celebraci\u00f3n de contrato sin requisitos legales, lo que supuso la modificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n a 48 meses de prisi\u00f3n, 60 meses de inhabilitaci\u00f3n, 50 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes y le fue concedida la sustituci\u00f3n de la prisi\u00f3n intramural por la domiciliaria. <\/p>\n

Se\u00f1ala que su defensor interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, sin embargo, dicho medio de impugnaci\u00f3n fue inadmitido por esta Corte mediante auto de 25 de abril pasado al indicar que \u00abno se evidencia una clara presentaci\u00f3n de los argumentos propuestos, ni el adecuado soporte o sustentaci\u00f3n de sus peticiones\u00bb. <\/p>\n

Expuso que solicit\u00f3 al Ministerio P\u00fablico que evaluara la posibilidad de impetrar el \u00abmecanismo de insistencia\u00bb, pero no obtuvo respuesta de tal requerimiento, empero, lo hizo directamente ante la Sala acusada que con prove\u00eddo de 16 de mayo, \u00abla rechaz\u00f3 de plano por improcedente, por haberse tramitado el proceso en vigencia de la Ley 600 de 2000\u00bb. <\/p>\n

Sostiene que tales determinaciones afectan sus derechos, pues debi\u00f3 finalizar una relaci\u00f3n laboral con la gobernaci\u00f3n del departamento iniciada en mayo de 2018, por otro lado, los antecedentes penales que se rese\u00f1an en las bases de datos de la Procuradur\u00eda y Registradur\u00eda atentan contra su buen nombre y honra, adem\u00e1s de impedirle continuar ejerciendo cargos p\u00fablicos.
\nAlega que dichos fallos \u00abson adversos a derecho, son arbitrarios e injustos (\u2026) aunque aparentemente estas decisiones de fondo est\u00e1n debidamente sustentadas (\u2026) en realidad no son m\u00e1s que un manto de legalidad, en el fondo no son otra cosa que la expresi\u00f3n ilegal de la administraci\u00f3n de justicia (\u2026)\u00bb, pues aduce que se aplic\u00f3 indebidamente los \u00abart\u00edculos 49 y 50 de la Ley 99 de 1993, art\u00edculo 410 del C\u00f3digo Penal, art\u00edculos 25-12 (sic) de la Ley 80 de 1993 (\u2026) entre otras (\u2026) que no prev\u00e9n el requisito de licencia ambiental para la ejecuci\u00f3n de la obra que se contrat\u00f3\u00bb. <\/p>\n

Asimismo, frente a la inadmisi\u00f3n del recurso extraordinario manifest\u00f3 que \u00abno es justo que se me castigue al no conocimiento de la demanda por unos errores de transcripci\u00f3n del apoderado al citar la norma y se me prive del derecho a la justicia real y material, cuando tales errores en realidad eran superables\u00bb; adicionalmente, sostuvo que la casaci\u00f3n \u00abno prev\u00e9 unos requisitos legales sino formales por los que (\u2026) fue inadmitida, evento que la Corte Constitucional flexibiliza la subsidiariedad y la da por superada, m\u00e1xime cuando se constituye una latente vulneraci\u00f3n de mi derecho fundamental a la libertad, que me hace sujeto de especial protecci\u00f3n del Estado\u00bb. <\/p>\n

Adicionalmente, acusa la determinaci\u00f3n del tribunal de incurrir igualmente en \u00abdefecto f\u00e1ctico (\u2026) porque se efectu\u00f3 una valoraci\u00f3n arbitraria del material probatorio en lo que toca con el dolo que se me atribuy\u00f3 (\u2026) se dan por acreditados hechos sin que exista prueba de los mismos, como fue que al momento de iniciar la obra el contratista no contaba con la maquinaria y se me atribuye esta responsabilidad, cuando debido a la suspensi\u00f3n de la obra este hecho se present\u00f3 un a\u00f1o despu\u00e9s, cuando ya no ejerc\u00eda como Alcalde Municipal\u00bb. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, pretende \u00abdejar sin efecto el auto de 25 de abril de 2018, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal (\u2026) que inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n, y las sentencias calendadas 17 de marzo de 2017 emitida por el Juzgado \u00danico Penal del Circuito de Pamplona, y de 21 de junio de 2017 proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Pamplona (\u2026) y en su lugar absolverme de dichas condenas (\u2026) por no haber cometido esta conducta y ser inocente (\u2026)\u00bb <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

1. El Juez Penal del Circuito de Pamplona inform\u00f3 que dict\u00f3 sentencia condenatoria contra el actor \u00abrespetando ante todo las garant\u00edas fundamentales al debido proceso y el derecho a la defensa\u00bb (f. 459). <\/p>\n

2. Un magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Penal expuso que en el auto que inadmiti\u00f3 la casaci\u00f3n se dejaron consignadas \u00ablas razones por las cuales la demanda examinada no cumpl\u00eda los requerimientos de orden formal y sustancial requeridos para su estudio de fondo, siendo explicita en precisar que las afirmaciones que sustentaban el recurso extraordinario y el cargo formulado contra la decisi\u00f3n del tribunal, no consultaba los presupuestos de procedencia, ni la objetividad que la actuaci\u00f3n procesal revela\u00bb (ff. 467 a 470). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales accionadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por condenar al aqu\u00ed quejoso a la pena de 48 meses de prisi\u00f3n, 60 meses de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas, y 50 salarios m\u00ednimos legales mensuales de multa, por el delito de celebraci\u00f3n de contrato sin los requisitos legales por, supuestamente, incurrir en v\u00edas de hecho por defectos sustantivo (aplicaci\u00f3n indebida de la normativa espec\u00edfica) y f\u00e1ctico (por omitir valorar parte del material probatorio o hacerlo incorrectamente). <\/p>\n

2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n

3.\tSoluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

De la acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional. <\/p>\n

Las cr\u00edticas elevadas contra los pronunciamientos de primera y segunda instancia dictados en el juicio de penal que se le adelant\u00f3 al quejoso, as\u00ed como frente al prove\u00eddo que inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n impetrada contra el fallo del ad quem, se circunscriben a endilgar lo que califica el accionante como \u00abv\u00edas de hecho por defectos sustantivo y f\u00e1ctico\u00bb por presunta indebida aplicaci\u00f3n de las normas consideradas y error en la valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n

En concordancia con dicha censura, sostuvo que el tribunal de pamplona \u00ab(\u2026) incurri\u00f3 en un yerro producto de la irregular interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas en que se ciment\u00f3 el delito penal en blanco de celebraci\u00f3n de contratos sin cumplimiento de requisitos legales que se me atribuy\u00f3, al igual que la aplicaci\u00f3n de la jurisprudencia no existente a la \u00e9poca en que presuntamente ocurrieron los hechos (\u2026) que en aras del principio de favorabilidad y debido proceso no deb\u00eda aplic\u00e1rseme su contenido (\u2026) interpretando que la licencia ambiental, contrario a lo que dice la norma, se requer\u00eda para la suscripci\u00f3n del contrato y no su ejecuci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

De igual forma, arguy\u00f3 que se aplic\u00f3 la pena de multa actualmente vigente en el art\u00edculo 410 del C\u00f3digo Penal que refiere a la tipificaci\u00f3n de la conducta por la cual fue condenado, lo cual desconoce el \u00abprincipio de favorabilidad\u00bb, ya que para el momento de los hechos dicho canon no hab\u00eda sufrido las modificaciones en su quantum punitivo. <\/p>\n

Luego, sobre la inadmisi\u00f3n de la casaci\u00f3n dice que la Corte interpret\u00f3 \u00aberr\u00f3neamente\u00bb los art\u00edculos 212 y 213 de la Ley 600 de 2000 que regulan dicho tr\u00e1mite, pues asegura que los cargos fueron correctamente formulados y los requisitos formales de la demanda \u00abcumplidos a cabalidad\u00bb, y que el \u00aberror\u00bb en la citaci\u00f3n del C\u00f3digo Penal se trat\u00f3 de un \u00ablapsus (\u2026) que no puede tener la trascendencia y envergadura de ser el sustento de la inadmisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Y frente al defecto f\u00e1ctico, adujo que las providencias que lo sancionaron se apoyaron en situaciones no probadas y que omitieron tener en cuenta, por ejemplo, su declaraci\u00f3n frente al contexto en que se suscribi\u00f3 la negociaci\u00f3n, as\u00ed como la indagatoria del contratista \u00abquien relata que cumpli\u00f3 con la pactado, que no hubo detrimento al bien jur\u00eddico tutelado\u00bb, es decir, \u00abque se analiz\u00f3 solo lo desfavorable (\u2026) m\u00e1s no se analiz\u00f3 lo favorable\u00bb (fls. 11 a 22, ib.). <\/p>\n

Sin embargo, n\u00f3tese, esos alegatos as\u00ed formulados son incompatibles con este auxilio, pues son clara evidencia que el actor pretende anteponer su propia comprensi\u00f3n a la de los funcionarios accionados y atacar, por esta senda, decisiones que le fueron desfavorables, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que, dada su naturaleza excepcional no fue establecido para erigirse como una instancia m\u00e1s o paralela del juicio ordinario o especial como es el caso. <\/p>\n

Adem\u00e1s, incumbe a quien ejercite la acci\u00f3n de amparo contra una decisi\u00f3n judicial no s\u00f3lo con realizar exposiciones argumentales que cuestionen su validez por no compartir la valoraci\u00f3n probatoria o aplicaci\u00f3n de una normativa determinada, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando el labor\u00edo del fallador, debe detallar las razones por las cuales el asunto planteado involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n

Ahora, si bien el actor se esfuerza en se\u00f1alar los \u00abyerros\u00bb que en su sentir cometieron los falladores al momento del ejercicio deductivo y de hermen\u00e9utica legal dentro del contexto procesal cuestionado y los \u00abdefectos\u00bb que enrostra a cada una de las decisiones adoptadas en el juicio, observa la Corte que en realidad lo que hace es insistir en puntos que fueron agotados y resueltos de fondo por los jueces de la causa en virtud de sus espec\u00edficas competencias, es decir, lo que contienen sus alegaciones es un recurso m\u00e1s, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

En suma, en este evento, la intenci\u00f3n del querellante es que se le otorgue un determinado valor a su testimonio y al del contratista, as\u00ed como a sus inferencias particulares sobre la \u00abcorrecta\u00bb aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de las preceptivas regulatorias de los tr\u00e1mites de contrataci\u00f3n estatal y de la tipificaci\u00f3n de la conducta endilgada, todo lo cual implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una nueva revisi\u00f3n de instancia, en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con lo anterior, de manera uniforme la Corte ha sostenido que, <\/p>\n

\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n

Al respecto, la Sala ha indicado en precedencia que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n

Finalmente, huelga se\u00f1alar que con suficiencia la Corte ha dicho que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n

4.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

La pretensi\u00f3n del gestor del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que las autoridades accionadas se basaron para resolver el asunto e imponerle la condena de la que se duele, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis reprochada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

Presidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

(Hoja de firmas correspondiente al fallo de tutela de radicado n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03902-00)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16769-2018 (Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Diomedes P\u00e1ez Ortega contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la Sala \u00danica del Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102362","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102362","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102362"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102362\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102362"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102362"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102362"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}