{"id":102366,"date":"2026-07-01T22:39:13","date_gmt":"2026-07-01T22:39:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102366"},"modified":"2026-07-01T22:39:13","modified_gmt":"2026-07-01T22:39:13","slug":"stc16774-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16774-2018\/","title":{"rendered":"STC16774-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC16774-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2018-00418-01 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 29 de octubre de 2018, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Sociedad Antioque\u00f1a de Transporte Limitada \u2013 Santra Ltda., contra los Juzgados Primero Promiscuo Municipal de Sabaneta y Segundo Civil del Circuito de Envigado, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el pleito ordinario n\u00ba 2013-00572. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas, al determinar el tr\u00e1mite procesal atendiendo que la cuant\u00eda de la pretensi\u00f3n era m\u00ednima cuando, en su criterio, tal fijaci\u00f3n es err\u00f3nea. <\/p>\n

2. En s\u00edntesis, seg\u00fan lo expuesto en el libelo y con vista en los documentos allegados, Jorge Alberto Ruiz interpuso demanda de responsabilidad civil contractual contra la empresa, la cual admiti\u00f3 el Juzgado Promiscuo Municipal de Sabaneta el 30 de octubre de 2013, se\u00f1alando que seguir\u00eda las reglas previstas para el proceso de \u00abmenor cuant\u00eda\u00bb, surti\u00e9ndose la notificaci\u00f3n personal al representante legal de la demandada el 8 de noviembre de la misma anualidad. <\/p>\n

El Juzgado Promiscuo Municipal de Descongesti\u00f3n de la localidad en menci\u00f3n, a quien se le remiti\u00f3 por competencia el asunto, mediante auto del 30 de mayo de 2014 \u00abCORRIGE el auto fechado octubre 30\/13, en el sentido que se trata de un proceso Ordinario de m\u00ednima cuant\u00eda (art. 25, Ley 1564\/12), que debe tramitarse conforme al contenido del Art. 435 del C.P.C.\u00bb. <\/p>\n

La audiencia prevista en el art\u00edculo 101 del estatuto procesal civil se llev\u00f3 a cabo el 15 de agosto de 2014, reiter\u00e1ndose all\u00ed que \u00abse est\u00e1 frente a un proceso de M\u00cdNIMA CUANT\u00cdA, y no de menor, como equivocadamente se dijo en el auto admisorio de la demanda fechado octubre 30\/13\u00bb, pues seg\u00fan el monto de las condenas pretendidas, \u00abal tenor de lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1564\/12, vigente desde octubre 1\/12 (Art. 627 ib\u00eddem) no supera los 40 S.M.L.M.V.\u00bb. Enseguida, al fijarse los hechos y pretensiones, la parte demandante \u00abse ratifica\u00bb en lo dicho en el libelo inicial y en la subsanaci\u00f3n, teniendo que en \u00e9sta \u00faltima indic\u00f3 que estimaba \u00abel lucro cesante, en su totalidad en la suma de $63.931.420 y el da\u00f1o emergente pasado en la suma de $7.644.600\u00bb, por lo que aclar\u00f3 \u00abque la cuant\u00eda era superior a la estimada por el Despacho\u00bb, acotando que su cuenta arroja \u00abunas pretensiones totales de $71.596.020, al momento de la presentaci\u00f3n de la demanda, m\u00e1s el lucro cesante que se est\u00e1 causando todav\u00eda\u00bb. <\/p>\n

El 25 de octubre de 2017, el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Sabaneta, dict\u00f3 sentencia \u00abde \u00daNICA INSTANCIA por tratarse de un proceso tramitado como de M\u00cdNIMA CUANT\u00cdA, providencia que fue notificada el d\u00eda 31 de octubre de 2017\u00bb, y tras declarar la responsabilidad deprecada, conden\u00f3 a la demandada a pagar \u00abda\u00f1os patrimoniales en la modalidad de LUCRO CESANTE (\u2026), los cuales se liquidar\u00e1n, teniendo en cuenta el dictamen pericial, con relaci\u00f3n al da\u00f1o emergente y lucro cesante, rendido por el perito (\u2026), sumas que se deber\u00e1n actualizar a la fecha\u00bb, advirtiendo el accionante que el monto de la condena corresponder\u00eda a $119.231.970, y que como a la fecha no se ha liquidado, \u00abel proceso no ha terminado\u00bb. <\/p>\n

Contra la referida providencia la ahora demandante interpuso recurso de apelaci\u00f3n y aleg\u00f3 la nulidad \u00abINSUBSANABLE por carencia de competencia de un Juzgado PROMISCUO con categor\u00eda MUNICIPAL para fallar en una cuant\u00eda que lo exced\u00eda\u00bb, pero dicho accionado \u00abniega de tajo (\u2026) impidiendo que sea el superior quien determine tal situaci\u00f3n\u00bb, y al recurrir en queja \u00abel Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado, en auto interlocutorio 0669 del 11 de Julio de 2018, determin\u00f3 que en efecto se hab\u00eda presentado el yerro\u00bb, no obstante estim\u00f3 que \u00abtal situaci\u00f3n debi\u00f3 alegarse dentro del tr\u00e1mite\u00bb, desconociendo que \u00absi se hubiera permitido la doble instancia (\u2026), la oportunidad procesal para alegar la nulidad se encontrar\u00eda en t\u00e9rmino oportuno\u00bb, y que trat\u00e1ndose de una nulidad por \u00abPRETERMITIR \u00cdNTEGRAMENTE UNA INSTANCIA\u00bb, no pod\u00eda quedar saneada y debi\u00f3 declararse de oficio. <\/p>\n

3. Pretende \u00abse DEJE SIN EFECTO TODAS LAS ACTUACIONES JUDICIALES REALIZADAS\u00bb en el pleito ordinario n\u00ba 2013-00572, y se ordene al Juzgado Promiscuo Municipal de Sabaneta que proceda a rehacerlo, \u00abADECUANDO LA CUANT\u00cdA Y TR\u00c1MITE\u00bb para que se adelante \u00abcomo proceso declarativo con doble instancia\u00bb (fls. 1 a 13, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADO <\/p>\n

1. La Juez Segunda Civil del Circuito de Envigado, inform\u00f3 que no era la titular de ese despacho para cuando se desat\u00f3 el recurso de queja a que alude la tutela (fl. 74, ib\u00eddem). <\/p>\n

2. La Juez Tercero Promiscuo Municipal de Oralidad y Control de Garant\u00edas de Sabaneta, quien asumi\u00f3 la competencia de los asuntos que tramitaba como Juez de Descongesti\u00f3n de dicho municipio, se opuso a lo pretendido refiriendo que la actuaci\u00f3n procesal no caus\u00f3 vulneraci\u00f3n a los derechos invocados por la empresa demandante. Destac\u00f3 que contra el auto del 30 de mayo de 2014 que \u00abcorrigi\u00f3 el auto admisorio de la demanda\u00bb en relaci\u00f3n con la cuant\u00eda, la demandada \u00abno emiti\u00f3 pronunciamiento alguno\u00bb, y que a la audiencia donde en su etapa de saneamiento se ratific\u00f3 tal situaci\u00f3n, dicha parte \u00abno ASISTI\u00d3\u00bb y por no justificar esa carga procesal fue multada; que el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso contra el fallo del 25 de octubre de 2017, su concesi\u00f3n inicial fue reconsiderada el 23 de noviembre del mismo a\u00f1o para negarla ya que no resultaba procedente frente a \u00abun proceso de m\u00ednima cuant\u00eda\u00bb, y que \u00abresolvi\u00f3 no aceptar la aclaraci\u00f3n de la sentencia, no reponer el auto y orden\u00f3 copias para surtir el recurso de queja\u00bb, siendo definida de manera desfavorable por su superior jer\u00e1rquico (fls. 75 a 77, ib\u00edd.). <\/p>\n

3. Jorge Alberto Ru\u00edz Jaramillo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, pidi\u00f3 se desestimara el amparo, aduciendo que adem\u00e1s de que la actora no present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra el auto que se\u00f1al\u00f3 la cuant\u00eda y con ello el tr\u00e1mite del proceso, en su criterio no se configura defecto procedimental para derruir la actuaci\u00f3n, en tanto fue acertada la determinaci\u00f3n de m\u00ednima cuant\u00eda y con ello el curso del proceso en \u00fanica instancia (fls. 80 a 87, \u00eddem). <\/p>\n

SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

Concedi\u00f3 el resguardo tras observar que pese a los recursos interpuestos por la accionante a partir de la sentencia citada el 25 de octubre de 2017, para insistir en que el proceso admit\u00eda ser revisado en segundo grado en virtud a que hubo una equivocada calificaci\u00f3n de su cuant\u00eda, y deprecar la nulidad procesal, los despachos accionados mantuvieron su postura y con ello el \u00abcoruscante\u00bb defecto procedimental que se concreta en colegir \u00abque la nulidad originada por un tr\u00e1mite inadecuado, pod\u00eda considerarse convalidada y saneada por el silencio de las partes en el proceso\u00bb, pese a que era evidente \u00abla configuraci\u00f3n de la causal de nulidad de pretermisi\u00f3n de instancia, la cual tampoco es saneable desde la perspectiva del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, estatuto procesal aplicable en el proceso\u00bb. <\/p>\n

Precis\u00f3 que de acuerdo a la demanda, los perjuicios en cuanto al lucro cesante fueron estimados bajo juramento en \u00ab$71\u00b4596.020\u00bb, y por corresponder a m\u00ednima cuant\u00eda, seg\u00fan el canon 25 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abvigente desde el 1\u00ba de octubre de 2012 conforme al literal b del art\u00edculo 626 (\u2026), las pretensiones que no superen los 40 SMLMV, de menor, cuando superen los 40 SMLMV (\u2026), y de mayor cuando superen 150 SMLMV (\u2026) el proceso era incuestionablemente de menor cuant\u00eda\u00bb, pese a ello, critic\u00f3 que \u00absin explicaci\u00f3n alguna o motivaci\u00f3n plausible\u00bb se hubiera realizado la \u00abcorrecci\u00f3n\u00bb de la correcta indicaci\u00f3n dada en el auto admisorio, y que en adelante no se variara tal posici\u00f3n ni a\u00fan por v\u00eda de la nulidad, inobservando con ello que \u00aben el inciso final del art\u00edculo 144 del C.P.C.: No podr\u00e1n sanearse las nulidades de que tratan las nulidades 3 y 4 del art\u00edculo 140\u00bb. <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La interpuso el mandatario judicial del vinculado Jorge Alberto Ruiz Jaramillo, demandante en el litigio ordinario cuya actuaci\u00f3n se censura, reiterando los argumentos de su intervenci\u00f3n inicial que, en suma, refieren a la improcedencia de la protecci\u00f3n constitucional por no cumplirse los requisitos gen\u00e9ricos, en particular la inmediatez y la subsidiariedad, ni el defecto procedimental declarado por el tribunal (fls. 104 a 107, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. \tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas fundamentales invocadas por el accionante, al incurrir en defecto procedimental absoluto por determinar como de m\u00ednima cuant\u00eda las pretensiones de la demanda incoada en su contra y, consecuencialmente, tramitar el juicio en \u00fanica instancia, desatendiendo las reclamaciones elevadas y omitiendo adoptar oficiosamente las medidas pertinentes para ajustar el curso procesal. <\/p>\n

2.\tDe la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar lo all\u00ed determinado ni para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario, al proferir una decisi\u00f3n trascendental en el proceso, ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico, conjurando o previniendo el perjuicio causado a una de las partes o intervinientes. <\/p>\n

3. \tSoluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

De la revisi\u00f3n que la Corte realiza a los argumentos de la queja constitucional, con vista en las copias de las piezas procesales pertinentes, verificadas mediante la inspecci\u00f3n judicial realizada por el a-quo, se establece que deber\u00e1 respaldarse la concesi\u00f3n del auxilio, comoquiera que al tramitar el pleito ordinario n\u00ba 2013-00572, el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Sabaneta, determin\u00f3 que el proceso era de \u00abm\u00ednima cuant\u00eda\u00bb y con ello que se tramitaba en \u00ab\u00fanica instancia\u00bb, incurriendo as\u00ed en defectos espec\u00edficos de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantar lo que en tal sentido fue decidido.
\n3.1. Para ello, preliminarmente se precisa que si bien el amparo podr\u00eda tornarse improcedente por no satisfacer el presupuesto de la subsidiariedad, en el entendido de que previo a su invocaci\u00f3n ha debido agotarse los mecanismos de defensa establecidos en la ley, en esta oportunidad se prescindir\u00e1 de tal exigencia porque existen relevantes circunstancias que justifican una postura m\u00e1s flexible para abordar su procedibilidad. <\/p>\n

Sobre el tema, en otros casos de similares contornos jur\u00eddicos al presente, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: \u00abexisten circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u00abpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u00bb, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00, reiterada en STC9525-2018, 26 jul. 2018, rad. 00070-01, entre otras). <\/p>\n

Esto porque m\u00e1s all\u00e1 de la discusi\u00f3n de que tal comportamiento pueda derivarse de quien ejerc\u00eda la representaci\u00f3n judicial de la afectada, la determinaci\u00f3n de la cuant\u00eda siguiendo un par\u00e1metro que como adelante se ver\u00e1, resulta alejado de la realidad y del derecho, conlleva una flagrante falencia atribuible al director del proceso que inobserv\u00f3 la normativa aplicable al caso, causando con ello directo agravio a las prerrogativas fundamentales derivadas del debido proceso, lo cual no puede pasarse inadvertido por el funcionario encargado de velar por la protecci\u00f3n de tales garant\u00edas de orden superior. <\/p>\n

Entonces, la no utilizaci\u00f3n de los recursos contra los autos en menci\u00f3n (aunque si se impetraron con posterioridad frente a la sentencia), no implica, de manera absoluta, el cierre de la administraci\u00f3n de justicia para corregir la actuaci\u00f3n, cuando \u00e9sta afecta gravemente derechos amparados prevalentemente por la Carta Pol\u00edtica, en la medida que el indebido tr\u00e1mite dado por la autoridad accionada al asunto bajo su conocimiento, dio al traste con las posibilidades de ejercer el derecho de contradicci\u00f3n y concretamente la pretermisi\u00f3n de la segunda instancia, lo cual en momento alguno puede sanearse por el silencio que en su momento guard\u00f3 la all\u00ed demandada y ac\u00e1 accionante.
\n3.2. Dilucidado lo anterior, la Sala encuentra que en el asunto ordinario bajo examen, a partir del auto que dictara el otrora Juzgado Promiscuo Municipal de Descongesti\u00f3n de Sabaneta el 30 de mayo de 2014 (fl. 22, ib.), para variar a \u00abm\u00ednima\u00bb cuant\u00eda el valor de las pretensiones patrimoniales determinantes del tr\u00e1mite procesal, la de \u00abmenor\u00bb que acertadamente hab\u00eda se\u00f1alado el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de esa ciudad al admitir la demanda el 30 de octubre de 2013 (fl. 21, cit.), su actuar configur\u00f3 lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb, que, por las connotaciones sustanciales que de all\u00ed se derivaron, deriv\u00f3 en el yerro de \u00abviolaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Esto, porque prohijando integralmente la motivaci\u00f3n y conclusi\u00f3n a que lleg\u00f3 el tribunal de primer grado para conceder el resguardo, las cuant\u00edas de los procesos, para la \u00e9poca en se present\u00f3 la demanda (octubre de 2013), efectivamente ya eran determinadas por el art\u00edculo 25 del C\u00f3digo General del Proceso, pues tal precepto, conforme a lo previsto en el art\u00edculo 627-4 de dicho estatuto, empez\u00f3 a regir a partir del 1\u00ba de octubre de 2012. <\/p>\n

Conforme a la resaltada norma, los procesos \u00abson de m\u00ednima cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv)\u00bb, mientras que \u00abson de menor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos mensuales vigentes (150 smlmv)\u00bb, pues en este \u00faltimo evento ser\u00edan de \u00abmayor cuant\u00eda\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed, como para el 2013 el salario m\u00ednimo mensual era de $589.500, la m\u00ednima cuant\u00eda se establec\u00eda en valor inferior a $23\u00b4580.000; la menor entre la cifra antes indicada y $88\u00b4425.000, y la mayor en suma superior a la precedente, no queda duda que para calificar el proceso ordinario seguido por Jorge Alberto Ruiz contra la hoy tutelante, como de m\u00ednima cuant\u00eda, las pretensiones de su demanda no pod\u00edan superar $23\u00b4580.000, empero, ello no era as\u00ed. <\/p>\n

En efecto, partiendo de la demanda y su subsanaci\u00f3n, en la audiencia de tr\u00e1mite el apoderado judicial del demandante, al fijar los hechos y pretensiones dijo que \u00abel lucro cesante, en su totalidad [lo estim\u00f3] en la suma de $63.931.420 y el da\u00f1o emergente pasado en la suma de $7.644.600\u00bb, ratificando seguidamente que contrario a lo aseverado por el juzgado, la suma total de las pretensiones ascend\u00eda a \u00ab$71.596.020, al momento de la presentaci\u00f3n de la demanda, m\u00e1s el lucro cesante que se est\u00e1 causando todav\u00eda\u00bb (fls. 23 a 25, cd. 1), lo que significa que se est\u00e9 frente a un litigio de menor cuant\u00eda. Subraya la Sala. <\/p>\n

Es m\u00e1s, si la cuenta se hiciera solo atendiendo lo esbozado por el funcionario encartado al momento de reiterar la \u00abcorrecci\u00f3n\u00bb del auto admisorio de la demanda, tampoco dar\u00eda para establecer la m\u00ednima cuant\u00eda por \u00e9l defendida, ya que en la etapa de \u00absaneamiento\u00bb dentro de la audiencia que consagraba el canon 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dijo que las condenas eran \u00abpor las sumas de $4.566.530, $320.000 y $478.900 para un subtotal de $5.365.430 (producci\u00f3n mensual con ajustes) y un gran total de $19.494.396 por el periodo comprendido entre agosto 10\/12 y noviembre 28\/12; e igualmente por la suma de $5.045.430 mensual, a partir de noviembre 28\/12\u00bb. <\/p>\n

Ello, porque para establecer la cuant\u00eda del proceso, contrario a lo aseverado por el demandante y ahora impugnante, en el sentido de que \u00e9sta se determinaba por la pretensi\u00f3n mayor, el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 20 de la anterior codificaci\u00f3n procedimental civil consagraba que tal fijaci\u00f3n se hac\u00eda luego de \u00abla suma de todas\u00bb las all\u00ed acumuladas; en similares t\u00e9rminos el numeral 1\u00ba del precepto 26 del C\u00f3digo General del Proceso, prev\u00e9 que \u00abla cuant\u00eda se determinar\u00e1 (\u2026) 1. Por el valor de todas las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios como accesorios que se causen con posterioridad a su presentaci\u00f3n\u00bb. Resaltado y subrayado fuera del texto legal. <\/p>\n

De lo anterior dimana que al haberse tenido como v\u00e1lido que la cuant\u00eda del proceso era \u00abm\u00ednima\u00bb, y con ello la premisa de que se tramitaba en \u00fanica instancia, por auto del 4 de diciembre de 2017 el acusado deneg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia estimatoria (fls. 53 a 55, ib\u00eddem), cercenando la posibilidad de debatir el caso ante el superior jer\u00e1rquico; tampoco tuvo \u00e9xito la solicitud de nulidad, pues, inclusive la rechaz\u00f3 sin realizar un razonado estudio, y por consiguiente desech\u00f3 por \u00abimprocedentes\u00bb los recursos que enseguida plante\u00f3 para debatir el punto. <\/p>\n

Tambi\u00e9n llama la atenci\u00f3n de la Corte el hecho de que el juzgado de circuito, con ocasi\u00f3n del recurso de queja resuelto para declarar \u00abBIEN DENEGADO\u00bb del de apelaci\u00f3n interpuesto por la demandada frente a la sentencia del 25 de octubre de 2017 (fls. 59 a 63, ib\u00edd.), omitiera pronunciarse sobre la nulidad, no s\u00f3lo porque el asunto se tramit\u00f3 \u00abpor proceso diferente al que corresponde\u00bb (vigente como causal para cuando ello se produjo seg\u00fan el art\u00edculo 140-4 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), sino porque seg\u00fan la parte final del numeral 2\u00ba del precepto 133 del actual estatuto general, se estaba ante la pretermisi\u00f3n de la segunda instancia, desconociendo as\u00ed lo prevenido en el par\u00e1grafo del canon 136 de la misma normativa, que la define como una de aquellas nulidades \u00abinsaneables\u00bb, y con ello su declaraci\u00f3n oficiosa conforme al art\u00edculo 137 ib\u00eddem. <\/p>\n

Acerca del defecto procedimental ac\u00e1 observado, el precedente constitucional se\u00f1ala que tiene lugar cuando el juez \u00ab(i) aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-637\/10 y T-031\/16), y en suma cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). Por ello, si bien en cualquier actuaci\u00f3n prevalece el derecho sustancial sobre las formas, \u00abtambi\u00e9n se ha afirmado que el procedimiento es una garant\u00eda de la homogeneidad de las actuaciones en el marco de un proceso, bajo supuestos f\u00e1cticos similares con el fin de impedir la arbitrariedad y que se adopten decisiones subjetivas que desconozcan los derechos fundamentales de los sujetos procesales\u00bb (CC T-676\/06). <\/p>\n

Cabe recordar que frente a la interpretaci\u00f3n de la ley procesal, el canon 11 de la codificaci\u00f3n en comento prev\u00e9 que el juzgador \u00abdeber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n

En este orden, con la actuaci\u00f3n censurada los accionados, en especial el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Sabaneta, incurrieron en \u00abv\u00eda de hecho\u00bb por defectos procedimental absoluto y por violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, en tanto, (i) se actu\u00f3 al margen del procedimiento establecido para determinar la cuant\u00eda del pleito y con ello el tr\u00e1mite que debe seguir; y, (ii) como acaba de verse, afectaron las prerrogativas fundamentales invocadas por la accionante. <\/p>\n

4. \tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

Corolario de lo antes discurrido, se impone avalar el amparo de los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de la demandante, as\u00ed como las \u00f3rdenes y advertencias pertinentes impartidas al despacho que en primera instancia habr\u00e1 de renovar lo actuado, corrigiendo los desafueros que motivaron esta intervenci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

(Hoja de firmas correspondiente al fallo de tutela n\u00ba 05001-22-03-000-2018-00418-01)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16774-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2018-00418-01 Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 29 de octubre de 2018, dentro de la acci\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102366","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102366","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102366"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102366\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102366"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102366"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102366"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}