{"id":102369,"date":"2026-07-01T22:39:46","date_gmt":"2026-07-01T22:39:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102369"},"modified":"2026-07-01T22:39:46","modified_gmt":"2026-07-01T22:39:46","slug":"stc16778-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16778-2018\/","title":{"rendered":"STC16778-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC16778-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2018-00383-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 8 de agosto de 2018 dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Eduardo y Elizabeth Rinc\u00f3n \u00c1lvarez contra la Sala Civil del Tribunal Superior y el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito, ambos de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Laboral de esta Corporaci\u00f3n, el Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de esta ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el hipotecario n\u00ba 2002-00681 y en la acci\u00f3n constitucional n\u00ba 2017-02705. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Actuando a trav\u00e9s de su representante judicial, los solicitantes reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades al resolver la ejecuci\u00f3n antes referida. <\/p>\n

2. La Hom\u00f3loga Penal resumi\u00f3 los hechos, as\u00ed: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) LUIS EDUARDO y ELIZABETH RINC\u00d3N \u00c1LVAREZ adquirieron, a trav\u00e9s de la figura de la cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos, la obligaci\u00f3n hipotecaria que pesaba sobre un bien inmueble de propiedad de Florinda Camargo de Castillo, Luz Mariela Castillo Camargo y C\u00e9sar Eduardo Castillo Camargo (el cr\u00e9dito fue generado a favor del Banco Popular, quien lo cedi\u00f3 a Inversiones Estrat\u00e9gicas S.A.S. y \u00e9sta, a su vez, a los demandantes). <\/p>\n

El 27 de septiembre de 2016, los demandados en el tr\u00e1mite ejecutivo, formularon ante el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil de Bogot\u00e1, solicitud de nulidad del tr\u00e1mite, tras afirmar que la entidad acreedora (Banco Popular), no cumpli\u00f3 con la exigencia de llevar a cabo la reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n hipotecaria antes de ejecutar la deuda, acorde a lo establecido en la Ley 546 de 1999 y la sentencia SU-813\/07. <\/p>\n

En providencia del 16 de diciembre de ese a\u00f1o el Juzgado accedi\u00f3 a la petici\u00f3n. Advirti\u00f3 que no exist\u00eda prueba de que se hubiese reestructurado la deuda y, por consiguiente, dispuso la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo. <\/p>\n

El representante judicial de Camargo de Castillo y los dem\u00e1s demandados apel\u00f3 la decisi\u00f3n y la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en providencia del 6 de septiembre de 2017 la revoc\u00f3 y dispuso que se siguiera adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n

Esa decisi\u00f3n fue atacada por la v\u00eda de tutela. El asunto correspondi\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, que en fallo STC16987-2017 dej\u00f3 sin efectos el auto del ad quem y le orden\u00f3 resolver de fondo la apelaci\u00f3n, analizando lo relacionado con la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n

El apoderado judicial de LUIS EDUARDO RINC\u00d3N \u00c1LVAREZ impugn\u00f3 lo decidido, pero en providencia STL19862-2017, la Sala Laboral de esta Corporaci\u00f3n confirm\u00f3 integralmente el amparo. <\/p>\n

En cumplimiento de la orden que imparti\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Civil, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 resolvi\u00f3 nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n formulado y, en auto del 30 de octubre de 2017, confirm\u00f3 la providencia del Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil de esta ciudad que hab\u00eda decretado la terminaci\u00f3n del proceso \u201cpor falta del requisito de procedibilidad del t\u00edtulo ejecutivo que sirvi\u00f3 de base para la acci\u00f3n ejecutiva por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u201d. <\/p>\n

Acude ahora a la v\u00eda de tutela el apoderado judicial de LUIS EDUARDO y ELIZABETH RINC\u00d3N \u00c1LVAREZ, tras se\u00f1alar que los derechos fundamentales de sus prohijados fueron lesionados porque: <\/p>\n

i) El Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bogot\u00e1 incurri\u00f3 en v\u00edas de hecho al emitir la decisi\u00f3n del 16 de diciembre de 2016 y afirmar, equivocadamente, que no se hab\u00eda llevado a cabo la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, en raz\u00f3n a que no analiz\u00f3 el pagar\u00e9 090-1500035-0 suscrito por los demandados y que \u201cimplica un cr\u00e9dito reestructurado\u201d, por lo cual lo decidido \u201cno consulta la realidad del proceso\u201d y hace \u201carbitrada\u201d la providencia. Agrega, que como los demandados en el proceso ejecutivo solicitaron la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, \u201chan mantenido en enga\u00f1o y han inducido en error al Juzgado\u201d, lo que deriva en la materializaci\u00f3n de defectos que vulneran las garant\u00edas del debido proceso, defensa y acceso a la justicia. <\/p>\n

ii) El enga\u00f1o en que, seg\u00fan el accionante, hicieron incurrir Florinda Camargo de Castillo y los dem\u00e1s accionados en el proceso a los jueces ordinarios, se reflej\u00f3 tambi\u00e9n en la decisi\u00f3n que adopt\u00f3, en sede de tutela, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, con lo que se logr\u00f3 \u00abla terminaci\u00f3n del proceso\u00bb que fue equivocadamente validada por el fallo de la hom\u00f3loga Colegiatura. <\/p>\n

Allega, para sustentar su dicho, los documentos que materializaron el proceso de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario y con los que, en su criterio, se acredita el fraude pero adem\u00e1s los yerros en que incurri\u00f3 el Juzgado al afirmar que ese tr\u00e1mite no se hab\u00eda surtido. <\/p>\n

En su criterio, como tales actuaciones se materializaron a trav\u00e9s de \u201cenga\u00f1o\u201d, no es posible que adquieran firmeza cuando el proceso ejecutivo es \u201clegalmente v\u00e1lido y fundamentado\u201d\u00bb. <\/p>\n

3. Pretende \u00abse declare nula la providencia proferida por el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito (\u2026), el 16 de diciembre de 2016, que resuelve dar por terminado el proceso ejecutivo\u00bb, as\u00ed como la dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 30 de octubre de 2017, \u00abque confirma la decisi\u00f3n apelada (\u2026), en acatamiento del fallo de tutela de la Sala de Casaci\u00f3n Civil (\u2026), mediante sentencia STC16987-2017\u00bb, y con ello se permita \u00abla continuidad\u00bb del hipotecario (fls. 2 a 11, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCUADO <\/p>\n

2. Luz Mariela y C\u00e9sar Eduardo Castillo Camargo, en su condici\u00f3n de \u00abdemandados\u00bb dentro del hipotecario n\u00ba 2002-00681, dijeron que \u00ablo que se efectu\u00f3 dentro del proceso fue la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y el alivio en su momento\u00bb, pero no la \u00abreestructuraci\u00f3n\u00bb, rechazando que se les endilgara un supuesto enga\u00f1o a las autoridades judiciales (fl. 152, ib\u00edd.). <\/p>\n

3. El Presidente de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, aport\u00f3 copia de la sentencia STC16987-2017 del 19 de octubre de 2017, mediante la cual se decidi\u00f3 en primer grado la acci\u00f3n de tutela n\u00ba 2017-02705 (fl. 154, \u00eddem). <\/p>\n

4. El Banco Popular solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite tutelar, aduciendo que \u00abno es demandante\u00bb en relaci\u00f3n con el cobro judicial all\u00ed aludido, pues \u00abse establece que el Banco como CEDENTE no se hace responsable ante el CESIONARIO ni frente a terceros, por las eventualidades que puedan presentarse dentro del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario\u00bb (fls. 170 y 171, ib.). <\/p>\n

SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

Neg\u00f3 la tutela al estimar que \u00e9sta se dirigi\u00f3 contra el fallo proferido por esta Corporaci\u00f3n en sede de tutela, dejando sin efectos la orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n y para que el ad quem resolviera de fondo \u00absobre la exigencia de reestructurar el cr\u00e9dito hipotecario\u00bb, y frente a la providencia dictada por el tribunal que en cumplimiento a ello declar\u00f3 terminado el proceso, la acci\u00f3n se tornaba improcedente porque \u00abse edifica bajo la misma premisa, esto es, el supuesto fraude en que hicieron incurrir\u00bb los ejecutados \u00aba los jueces que conocieron de aqu\u00e9l tr\u00e1mite\u00bb, pues de tales determinaciones no pod\u00eda predicarse \u00abenga\u00f1o\u00bb y \u00abde ah\u00ed que no se materialice alguno de los defectos espec\u00edficos que habiliten la procedencia de la tutela contra providencias judiciales\u00bb, aunado a que los mismos argumentos esbozados ya fueron definidos en sede constitucional sin observarse ahora posibilidad para \u00abdesvirtuar la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad que tiene la decisi\u00f3n\u00bb (fls. 172 a 184, cd. 1). <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La present\u00f3 el apoderado judicial del promotor del resguardo para insistir en las razones expuestas en el libelo genitor, que b\u00e1sicamente refieren a que no proced\u00eda la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo en tanto, contrario a lo resuelto por el fallador del amparo, el cr\u00e9dito hipotecario hab\u00eda sido objeto de reestructuraci\u00f3n (fls. 205 a 207, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Sala establecer si se vulneraron las prerrogativas superiores de los accionantes, porque: (i) esta Sala y su hom\u00f3loga Laboral, en sede de tutela dejaron sin efectos la providencia que ordenaba seguir adelante la ejecuci\u00f3n promovida a su favor como cesionarios, y en su lugar ordenaron al tribunal revisar lo atinente a la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario; y, (ii) la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, fungiendo como fallador ad quem, confirm\u00f3 el prove\u00eddo que declar\u00f3 terminado el ejecutivo al observar que no se hab\u00eda cumplido con el procedimiento aludido por el juzgador excepcional. <\/p>\n

2. Improcedencia de tutela contra tutela. <\/p>\n

La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n la Corte Constitucional, cuya postura reiterada, unificada, constante y vigente, se\u00f1ala que dicha improcedencia, \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n

En ese mismo sentido esa Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo que: <\/p>\n

\u00abresulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00 (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01, reiterada entre otras en STC4241-2016, 7 abr. 2016, rad. 00031-01). <\/p>\n

Por ello se ha enfatizado que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta especial jurisdicci\u00f3n, no se resuelven con una nueva demanda de id\u00e9ntico linaje, porque de hacerlo \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, reiterada en STC111-2018, 18 ene. 2018, rad. 00260-02, entre otras). <\/p>\n

3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

Con sustento en lo antes esbozado, de la revisi\u00f3n que la Sala efect\u00faa a la queja constitucional y con observancia en la informaci\u00f3n proporcionada mediante las piezas procesales allegadas al expediente, sin que deje de prohijarse el an\u00e1lisis y conclusi\u00f3n a que lleg\u00f3 el a-quo, se establece que la desestimaci\u00f3n del amparo habr\u00e1 de confirmarse, fundamentalmente porque deviene improcedente, habida cuenta que desatiende una de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad, consistente en que la providencia contra la que se encamina, no debe ser una sentencia proferida dentro de una acci\u00f3n de similar raigambre constitucional. <\/p>\n

3.1. En efecto, se hace necesario precisar que al pretenderse invalidar la decisi\u00f3n proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 30 de octubre de 2017 (fls. 61 a 63, cd. 2), mediante la cual se confirm\u00f3 el auto dictado por el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de esta capital el 16 de diciembre de 2016, y con ello dejar vigente la ejecuci\u00f3n hipotecaria adelantada por los ac\u00e1 accionantes en su condici\u00f3n de cesionarios del cr\u00e9dito, tambi\u00e9n se ataca lo resuelto en primera instancia por esta Sala y en segunda por la hom\u00f3loga Laboral, dentro de la tutela n\u00ba 2017-02705. <\/p>\n

Ciertamente, en virtud del auxilio invocado por Florinda, Luz Mariela y C\u00e9sar Eduardo Castillo Camargo, demandados dentro del hipotecario n\u00ba 2002-00681, contra el juzgador ad quem que con providencia del 6 de diciembre de 2017 hab\u00eda revocado la terminaci\u00f3n del proceso por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito ejecutado, esta Sala, mediante sentencia STC16987-2017 del 19 de octubre de 2017, concedi\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional, y tras dejar sin efecto lo resuelto por el tribunal acusado, le orden\u00f3 al Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bogot\u00e1, resolver nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n \u00abteniendo en cuenta los par\u00e1metros consignados en este fallo\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed, al revisar la motivaci\u00f3n de dicho fallo de tutela, se evidencia que el amparo tuvo lugar al encontrar que la argumentaci\u00f3n del accionado \u00abno se ajusta a la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso, pues no se estim\u00f3 que por ser un proceso ejecutivo hipotecario no termina con la ejecutoria de la sentencia, ya que despu\u00e9s del fallo siguen cursando actuaciones en cumplimiento del objeto del juicio\u00bb, a lo que advirti\u00f3 que \u00abdicha autoridad omiti\u00f3 injustificadamente el an\u00e1lisis de lo referente a la reestructuraci\u00f3n\u00bb, acotando que por referir a \u00abcr\u00e9ditos de vivienda a largo plazo, como exigencia esencial para promover un cobro coercitivo, luego de haberse reliquidado una obligaci\u00f3n en virtud de lo previsto en el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, esta Corte ha definido como obligatorio el cumplimiento de dicho presupuesto\u00bb. <\/p>\n

Seguidamente, cit\u00f3 algunas sentencias en las que se concede o ratifica, seg\u00fan el caso, el resguardo implorado por ejecutados a quienes los jueces de instancia no hab\u00edan dado preliminar curso al procedimiento en comento, concluyendo que en el caso examinado, \u00abel Tribunal accionado desconoci\u00f3 los diferentes pronunciamientos que han emitido la Corte Constitucional, as\u00ed como esta Corporaci\u00f3n frente a la obligaci\u00f3n que tiene el juzgador de verificar la exigencia de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n

Ahora, en sede de impugnaci\u00f3n de dicho fallo de tutela, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, con sentencia STL19862-2017 del 21 de noviembre de 2017, prohij\u00f3 los argumentos antes esbozados y por ello confirm\u00f3 dicha determinaci\u00f3n, y concluidas las instancias se remiti\u00f3 el expediente para su eventual revisi\u00f3n ante el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n

Fue por ello que la Sala Civil del Tribunal querellado, al revisar el asunto para desatar el grado de conocimiento a su cargo con auto del 30 de octubre de 2017, advirti\u00f3 \u00abque si bien el litigio se promovi\u00f3 luego de haberse realizado la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, sin embargo, no ocurri\u00f3 lo mismo con el procedimiento de reestructuraci\u00f3n, paso obligado para este tipo de procesos\u00bb, y apoy\u00e1ndose en la jurisprudencia especializada y pertinente sobre esa tem\u00e1tica, confirm\u00f3 el prove\u00eddo dictado por el a-quo el 16 de diciembre de 2016, en el que se dispon\u00eda \u00abla terminaci\u00f3n del proceso\u00bb por ausencia del referido requisito para la viabilidad de la ejecuci\u00f3n (fls. 61 a 63, cd. 2). <\/p>\n

3.2. Como acaba de verse, el ataque que los querellantes realizan a trav\u00e9s de este residual instrumento jur\u00eddico, est\u00e1 dirigido a que se vuelva a debatir una situaci\u00f3n f\u00e1ctica y de derecho que ya qued\u00f3 zanjada mediante id\u00e9ntico mecanismo al que ahora se invoca, es decir, los promotores del amparo pretende quebrantar un fallo proferido en virtud a una acci\u00f3n de similar talante, lo que significa desatender la anunciada causal gen\u00e9rica de procedibilidad. <\/p>\n

En este orden, se insiste en que la inconformidad que se suscite frente al fallo de tutela, no puede encontrar respuesta a trav\u00e9s de una nueva invocaci\u00f3n de dicha herramienta jur\u00eddica, pues para ese efecto el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n

Significa lo anterior que el mecanismo de resguardo tambi\u00e9n debe cumplir con el requisito de subsidiariedad, el cual es inherente a dicha acci\u00f3n constitucional, por cuanto:
\n\u00abno es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ SC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, reiterada entre otras en STC4047-2018, 22 mar. 2018, rad. 00009-01). <\/p>\n

3.3. Es m\u00e1s, no siendo posible acudir al resguardo luego de conocer el resultado desfavorable de uno precedente, menos lo es cuando quedando agotadas las dos instancias que la ley prev\u00e9 para este tipo de asuntos, el referido caso, radicado en la Corte Constitucional con el n\u00ba T6611716 del 14 de febrero de 2018, por auto del 27 de febrero, notificado por estado el 13 de marzo de la misma anualidad, fue excluido de revisi\u00f3n, pues actuar en contrario implicar\u00eda poner en entredicho el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la cosa juzgada, cuya funci\u00f3n \u00abes otorgar a ciertas providencias el car\u00e1cter de inmutables, definitivas, vinculantes y coercitivas, al punto que las partes no pueden ventilar de nuevo el asunto que fue objeto de resoluci\u00f3n judicial\u00bb (CC T-185\/13). <\/p>\n

Al respecto la jurisprudencia del citado \u00f3rgano de cierre de esta especial jurisdicci\u00f3n ha dicho que: <\/p>\n

\u00abAdmitir que los fallos de tutela definitivamente decididos o excluidos para revisi\u00f3n sean luego objeto de una nueva acci\u00f3n de tutela, ser\u00eda como instituir un recurso adicional ante la Corte Constitucional para la insistencia en la revisi\u00f3n de un proceso de tutela ya concluido, lo cual es contrario a la Constituci\u00f3n (art. 86 C.P.), a la ley (art. 33 del Decreto 2591 de 1991) y a las normas reglamentarias en la materia (arts. 49 a 52 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional). Las Salas de Selecci\u00f3n de la Corte Constitucional, salvo sus facultades legales y reglamentarias, no tienen la facultad de seleccionar lo que ya ha sido excluido de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n ni una acci\u00f3n de tutela contra uno de sus fallos de tutela. Esto por una poderosa raz\u00f3n. Decidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n y precluido el lapso establecido para insistir en la selecci\u00f3n de un proceso de tutela para revisi\u00f3n (art. 33 del Decreto 2591 de 1991 y art. 49 a 52 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional, opera el fen\u00f3meno de la\u00a0cosa juzgada constitucional\u00a0(art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisi\u00f3n judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido\u00bb (CC SU-1219\/01). <\/p>\n

4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n

Corolario de lo discurrido en precedencia, se respaldar\u00e1 el fallo de primer grado, precisando que lo ser\u00e1 por su improcedencia, dado que con el amparo deprecado se pretend\u00eda remover lo resuelto en tutela precedente, y con ello revivir un asunto que, debatido y definido por esta Corporaci\u00f3n en las dos instancias, ya hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, con las precisiones realizadas en esta instancia. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

(Hoja de firmas correspondiente al fallo de tutela n\u00ba 11001-02-30-000-2018-00383-01)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16778-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2018-00383-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 8 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102369","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102369","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102369"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102369\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102369"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102369"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102369"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}