{"id":102371,"date":"2026-07-01T22:40:07","date_gmt":"2026-07-01T22:40:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102371"},"modified":"2026-07-01T22:40:07","modified_gmt":"2026-07-01T22:40:07","slug":"stc16780-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16780-2018\/","title":{"rendered":"STC16780-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16780-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2018-00633-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2018, por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la salvaguarda promovida por Erick Andr\u00e9s P\u00e9rez \u00c1lvarez contra el Juzgado Quinto de Familia de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del asunto de impugnaci\u00f3n de la paternidad instaurado por Nelly P\u00e9rez Ulloa, en calidad de heredera de Erick Armando P\u00e9rez Acosta, frente al aqu\u00ed actor. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl accionante procura la protecci\u00f3n de las garant\u00edas al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, filiaci\u00f3n e identidad, entre otras, presuntamente conculcadas por la autoridad jurisdiccional atacada. <\/p>\n

2.\tPara sustentar su reparo, afirma que contest\u00f3 el libelo en el caso reprochado, alegando \u201c(\u2026) como excepci\u00f3n previa (\u2026) [la] cesaci\u00f3n del derecho a impugnar la paternidad de conformidad a (sic) lo dispuesto en el art\u00edculo 7 de la Ley 1060 de 2006 (\u2026)\u201d, dado que su progenitor, Erick Armando P\u00e9rez Acosta (q.e.p.d.), lo reconoci\u00f3 mediante testamento. <\/p>\n

Indica que el 14 de marzo de 2017, se dispuso el recaudo de un segundo dictamen, sin definirse la enunciada defensa. <\/p>\n

Recurri\u00f3 esa determinaci\u00f3n, por cuanto el anotado elemento demostrativo resulta \u201cinoficioso\u201d, pues el decurso no debe continuar por estar comprobado el reconocimiento de la paternidad efectuado por P\u00e9rez Acosta respecto de \u00e9l en tres testamentos abiertos, los cuales ados\u00f3 en copia, junto con otros documentos, el 22 de octubre de 2018. <\/p>\n

Advierte que el juzgado atacado ha incurrido en una tardanza excesiva, pues no se ha manifestado sobre sus manifestaciones y lleva m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os desde la interposici\u00f3n de la demanda sin definir el caso, pese a sus reclamaciones para obtener celeridad (fls. 86 al 90, cdno. 1). <\/p>\n

3.\tPide, por tanto, (i) correr traslado de sus recursos; (ii) tramitar las excepciones previas; (iii) y \u201c(\u2026) declarar que no se puede realizar investigaci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de paternidad por parte de los herederos cuando el padre reconoce al hijo (\u2026)\u201d (fl. 90, cdno. 1). <\/p>\n

1. Respuesta \t\tdel \t\taccionado <\/p>\n

Guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

El a quo constitucional desestim\u00f3 el auxilio por incumplir el presupuesto de subsidiariedad, pues el tutelante present\u00f3 esta salvaguarda sin darle tiempo a la juez accionada para pronunciarse en torno a los memoriales por \u00e9l allegados el 22 y 29 de octubre de 2018, con los cuales aport\u00f3 pruebas de sus alegaciones y deprec\u00f3 la resoluci\u00f3n pronta de las defensas previas (fls. 129 al 131, cdno. 1). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

El gestor impugn\u00f3 con argumentos an\u00e1logos a los esgrimidos en el libelo introductor. Insisti\u00f3 en la demora de la falladora enjuiciada, pues, seg\u00fan indic\u00f3, contin\u00faa sin resolver sus pedimentos y frente a esas omisiones no tiene recursos (fls. 145 al 149, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tEl querellante reprocha, particularmente, la tardanza en la cual ha incurrido la funcionaria accionada para definir las excepciones previas propuestas y concluir el litigio. <\/p>\n

2.\t Revisadas las copias adosadas, se encuentra una mora excesiva en la definici\u00f3n del asunto refutado, la cual contrar\u00eda el alcance y finalidad de la vigente Codificaci\u00f3n Procesal Civil, concretamente, lo reglado en el canon 121, el cual dispone: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Duraci\u00f3n del Proceso. Salvo interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso por causa legal, no podr\u00e1 transcurrir un lapso superior a un (1) a\u00f1o para dictar sentencia de primera o \u00fanica instancia, contado a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podr\u00e1 ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepci\u00f3n del expediente en la secretar\u00eda del juzgado o tribunal\u201d. <\/p>\n

\u201cVencido el respectivo t\u00e9rmino previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perder\u00e1 autom\u00e1ticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al d\u00eda siguiente, deber\u00e1 informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumir\u00e1 competencia y proferir\u00e1 la providencia dentro del t\u00e9rmino m\u00e1ximo de seis (6) meses. La remisi\u00f3n del expediente se har\u00e1 directamente, sin necesidad de reparto ni participaci\u00f3n de las oficinas de apoyo judicial. El juez o magistrado que recibe el proceso deber\u00e1 informar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sobre la recepci\u00f3n del expediente y la emisi\u00f3n de la sentencia\u201d. <\/p>\n

\u201cLa Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por razones de congesti\u00f3n, podr\u00e1 previamente indicar a los jueces de determinados municipios o circuitos judiciales que la remisi\u00f3n de expedientes deba efectuarse al propio Consejo Superior de la Judicatura, o a un juez determinado\u201d. <\/p>\n

\u201cCuando en el lugar no haya otro juez de la misma categor\u00eda y especialidad, el proceso pasar\u00e1 al juez que designe la sala de gobierno del tribunal superior respectivo\u201d. <\/p>\n

\u201cExcepcionalmente el juez o magistrado podr\u00e1 prorrogar por una sola vez el t\u00e9rmino para resolver la instancia respectiva, hasta por seis (6) meses m\u00e1s, con explicaci\u00f3n de la necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite recurso\u201d. <\/p>\n

\u201cSer\u00e1 nula de pleno derecho la actuaci\u00f3n posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia\u201d. <\/p>\n

\u201cPara la observancia de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en el presente art\u00edculo, el juez o magistrado ejercer\u00e1 los poderes de ordenaci\u00f3n e instrucci\u00f3n, disciplinarios y correccionales establecidos en la ley\u201d. <\/p>\n

\u201cEl vencimiento de los t\u00e9rminos a que se refiere este art\u00edculo, deber\u00e1 ser tenido en cuenta como criterio obligatorio de calificaci\u00f3n de desempe\u00f1o de los distintos funcionarios judiciales\u201d. <\/p>\n

\u201cPAR\u00c1GRAFO. Lo previsto en este art\u00edculo tambi\u00e9n se aplicar\u00e1 a las autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales. Cuando la autoridad administrativa pierda competencia, deber\u00e1 remitirlo inmediatamente a la autoridad judicial desplazada (\u2026)\u201d. <\/p>\n

La preceptiva anotada resulta aplicable en el presente caso, por cuanto, como lo expres\u00f3 el tutelante, el litigio inici\u00f3 en marzo de 2016, siendo notificado el demandado, ac\u00e1 petente, el 31 de mayo siguiente; sin embargo, a la fecha, no obra decisi\u00f3n con la cual se concluya el asunto. <\/p>\n

Se relieva que las desavenencias ocurridas con ocasi\u00f3n de la prueba de ADN, puesta en conocimiento de los intervinientes el 1\u00b0 de noviembre de 2016 y sobre la cual se dispuso nuevamente su recaudo el 14 de marzo de 2017, no ten\u00eda la virtud de paralizar el juicio y menos los t\u00e9rminos del citado precepto 121, pues nada le imped\u00eda a la juzgadora atacada resolver las excepciones previas y -de ser procedente la continuaci\u00f3n del decurso- fijar fecha para la audiencia inicial, comenzar la instrucci\u00f3n y exigir celeridad en la consecuci\u00f3n de la experticia referida, todo en aras de dictar el fallo correspondiente. <\/p>\n

3.\tEsta Sala, en pasada oportunidad y sobre el t\u00f3pico acotado1, asegur\u00f3 que el vencimiento de los t\u00e9rminos contemplados en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso para el proferimiento de la sentencia, acarrea que el funcionario respectivo pierda \u201cautom\u00e1ticamente la competencia para conocer del proceso\u201d, por lo que debe \u201c(\u2026) remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumir\u00e1 competencia y proferir\u00e1 la providencia dentro del t\u00e9rmino m\u00e1ximo de seis (6) meses\u201d (inciso 2\u00ba). <\/p>\n

En armon\u00eda con ese canon, el inciso 6\u00ba de tal norma, dispone que \u201c[s]er\u00e1 nula de pleno derecho la actuaci\u00f3n posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia\u201d. <\/p>\n

Se trata, pues, de reglas particulares que, por su especialidad, se sobreponen o prevalecen a las generales de las nulidades procesales, especialmente, a las de los preceptos 136 y 138 ib\u00eddem. <\/p>\n

As\u00ed, correcto es entender que la circunstancia de no dictarse el respectivo fallo en la oportunidad fijada por el legislador, trae consigo la inmediata p\u00e9rdida de la competencia del juez, quien, por ende, no puede, a partir de la extinci\u00f3n del plazo para ello, adelantar ninguna actividad procesal, al punto que si la realiza, \u00e9sta es nula, de pleno derecho. <\/p>\n

Significa lo anterior, que las actuaciones extempor\u00e1neas del funcionario son nulas por s\u00ed mismas y no porque se decreten. La nulidad deriva del mandato del legislador y no de su reconocimiento judicial. Por ello, no hay lugar al saneamiento del vicio, ni a la convalidaci\u00f3n de los actos afectados con \u00e9l. La invalidaci\u00f3n se impone y, consiguientemente, siempre debe ser declarada, incluso en los casos en que ninguna de las partes la reclame. <\/p>\n

Los t\u00e9rminos previstos en el C. G. del P. no constituyen una formalidad. Se trata de una b\u00fasqueda de la justicia material para los administrados y justiciables en el Estado Constitucional de Derecho, de modo que los juicios no se deben someter a plazos interminables, de nunca acabar. El remedio no puede ser peor que la enfermedad. S\u00f3lo hay justicia si los pleitos se resuelven r\u00e1pida y cumplidamente, en lapsos razonables, de manera que la ciudadan\u00eda, crea en sus jueces y en el Estado, porque sus litigios se decidir\u00e1n prontamente y sin dilaciones. El juez del Estado contempor\u00e1neo comprende las necesidades de la ciudadan\u00eda y acata responsablemente sus deberes cuando dispensa justicia a tiempo y en forma transparente. El verdadero juzgador es adalid de la confianza leg\u00edtima, de la seguridad jur\u00eddica y de la inclusi\u00f3n y reconocimiento de derechos. Esta tarea la verifica al sentenciar con celeridad, comprometido con pol\u00edticas p\u00fablicas de soluci\u00f3n \u00e1gil de las controversias a su cargo. <\/p>\n

4.\tA la luz de lo discurrido, se evidencia la irregularidad denunciada, pues debi\u00f3 aplicarse, a\u00fan de oficio, el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, dado que el aqu\u00ed accionante, Erick Andr\u00e9s P\u00e9rez \u00c1lvarez, quien figura como \u00fanico demandado, fue enterado de la admisi\u00f3n del libelo desde el 31 de mayo de 2016; no obstante, a la fecha, no se ha puesto fin a la instancia. <\/p>\n

Ciertamente, si dentro del a\u00f1o siguiente al enteramiento de dicho sujeto no se profiri\u00f3 sentencia, como lo impone el canon mencionado, la funcionaria enjuiciada perdi\u00f3 competencia y las actuaciones surtidas luego de ese lapso, resultan nulas \u201cde pleno derecho\u201d. <\/p>\n

5.\tDeviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada por virtud del control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19692, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d3, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio4. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-5, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales6; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas7. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

6.\tAs\u00ed las cosas, se revocar\u00e1 la providencia examinada para conceder la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,
\nRESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada para CONCEDER la salvaguarda peticionada. <\/p>\n

En consecuencia, se le ordena a la titular del Juzgado Quinto de Familia de Bogot\u00e1 que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, se pronuncie sobre la aplicaci\u00f3n del canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso, atendiendo a lo consignado en este prove\u00eddo. Por secretar\u00eda, env\u00edese copia de este pronunciamiento. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon salvamento de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon salvamento de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nCon ausencia justificada <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\nSALA DE CASACI\u00d3N CIVIL
\nSTC 16780-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00famero 11001-22-10-000-2018-00633-01 <\/p>\n

En la tutela que promovi\u00f3 el se\u00f1or ERIK ANDR\u00c9S P\u00c9REZ \u00c1LVAREZ contra EL JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE BOGOT\u00c1, se dict\u00f3 sentencia negando la protecci\u00f3n invocada , decisi\u00f3n que fue recurrida por el actor y la Sala Civil de la Corte defini\u00f3 en providencia del d\u00eda 19 de diciembre de 2018, en la cual se revoc\u00f3 lo decidido por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y en su lugar CONCEDI\u00d3 EL AMPARO ordenando al Juzgado accionado aplicar el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso en los t\u00e9rminos y forma indicados en esa sentencia.
\nAduce el actor que en un proceso de impugnaci\u00f3n de la paternidad se ha demorado la decisi\u00f3n m\u00e1s de dos a\u00f1os incurriendo en los hechos sancionados por el art\u00edculo 121 del c\u00f3digo general del proceso 'por lo que ordena dar aplicaci\u00f3n a esa norma en el t\u00e9rmino indicado.
\nDebo advertir que comparto la decisi\u00f3n de la sala en cuanto afirma que la intenci\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso es la celeridad y que la justicia sea pronta y cumplida, y en tal sentido es obligatorio el cumplimiento de los t\u00e9rminos procesales, en particular los establecidos en el art\u00edculo 121 de dicha normatividad, as\u00ed como tambi\u00e9n que si no se fallan
\nlos procesos en los mencionados t\u00e9rminos lo procedente es que sea nula toda actuaci\u00f3n posterior a los vencimientos, como clara y expresamente lo se\u00f1ala el canon, lo que no comparto es la motivaci\u00f3n expuesta por los Magistrados que consideran dicho t\u00e9rmino como plenamente objetivo y la nulidad que se establece para las actuaciones posteriores al vencimiento de dicho plazo como totalmente insubsanable. Incluso considero que muchas veces el t\u00e9rmino debe contarse de manera diferente o desde distinta \u00e9poca, como cuando se presenta la muerte del juez o cuando se traslada y al despacho llega un nuevo funcionario al cual no se le pueden contar los t\u00e9rminos del anterior.
\nDe la misma manera, el verdadero entendimiento de la terminolog\u00eda usada para calificar la nulidad que se aplica para las actuaciones posteriores es inadecuado en la providencia, pues considero que al usar la expresi\u00f3n "de pleno derecho" la ley de ninguna manera quiso hablar de insubsanabilidad sino de una nulidad diferente a las ya mencionadas en el c\u00f3digo y de otra manera diferente de entender esa nulidad sin la posibilidad de anteponer excusas por parte del juez, salvo para efectos de oponerse a alguna posible sanci\u00f3n cuando la mora no sea por culpa de su parte. Tampoco se podr\u00e1 considerarse que se refiere a que la nulidad no requiera declaraci\u00f3n judicial como algunos lo propugnan porque resultar\u00eda un imposible l\u00f3gico dentro del proceso que las nulidades aparecieran y se dieran sin que el director del proceso tuviera actuaci\u00f3n concreta frente a ellas. Tampoco a que los t\u00e9rminos sean objetivos puros, pues es claro que hay ocasiones en que deben suspenderse por orden de la ley o por imposibilidad absoluta de contarse, advirtiendo que a lo imposible nadie est\u00e1 obligado y que hay ocasiones en que la inactividad e incluso la inoportuna intervenci\u00f3n de ellas en el proceso, es la culpable del vencimiento de los t\u00e9rminos. Por eso como dicen los que conforman la
\nmayor\u00eda de la sala afirmando que los t\u00e9rminos son objetivos y que se cuentan para el proceso y no para el juez.
\nEn tal sentido, dejando en claro que soy partidario de la eficacia y celeridad de los procesos y que de ninguna manera puede dejarse de cumplir los t\u00e9rminos que ordena la ley, considero que debe adelantarse una mejor sustentaci\u00f3n te\u00f3rica para el caso, advirtiendo que tampoco comparto la otra posici\u00f3n que pregona la subsanaci\u00f3n de los actos por el hecho de haber cumplido sus fines, pues ella es \u00fatil para un caso particular pero desestimula el cumplimiento en general. Por eso debe analizarse cada caso en concreto para dar la mejor interpretaci\u00f3n posible.
\nEs cierto que nada se gana para el caso cuando se anula un acto para que vuelva a dictarse el mismo con posterioridad, pero si el juez es consciente de que una vez vencido el t\u00e9rmino ya no puede actuar, no puede animarse a proferir esos actos cuando ya no tiene competencia porque de todas formas su actuar a nada conducir\u00eda y solo causar\u00eda confusi\u00f3n y estorbo en el proceso, estando seguro que ning\u00fan juez querr\u00eda eso.
\nPor tal motivo, aunque apoyo la decisi\u00f3n de la sala, considero que es necesario llegar a acuerdos que unifiquen la valoraci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de la ley para mejor entendimiento de los funcionarios y de las partes en b\u00fasqueda de un fin com\u00fan que es la mejor y m\u00e1s cumplida justicia.
\nALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMAGISTRADO <\/p>\n

t <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nSTC16780-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2018-00633-01.
\nCon pleno respeto por los integrantes de la Sala que conformaron mayor\u00eda para la adopci\u00f3n de la sentencia proferida en el asunto de la referencia, procedo a exponer las razones de mi comedido aunque total disenso.
\nEn el presente caso, mayoritariamente se consider\u00f3 como una v\u00eda de hecho la omisi\u00f3n del Juzgado Quinto de Familia de Bogot\u00e1 de pronunciarse sobre la p\u00e9rdida de competencia por superarse el plazo previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso para dictar sentencia.
\nLa Sala expuso dentro de su argumentaci\u00f3n que \u00ablas
\nactuaciones extempor\u00e1neas del funcionario son nulas por s\u00ed mismas y no porque se decreten. La nulidad deriva del mandato del legislador y no de su reconocimiento judicial. Por ello, no hay lugar al saneamiento del vicio, ni a la convalidaci\u00f3n de los actos afectados con \u00e9l\u00bb (f. 13),
\naspecto del cual me aparto, con base en la siguiente argumentaci\u00f3n.
\nDel car\u00e1cter saneable de la nulidad invocada.
\n1. En reiteraci\u00f3n y desarrollo de las consideraciones que con ponencia del suscrito, la Sala mayoritariamente hizo suyas en la sentencia STC21350-2017, 14 dic., rad. 2017-02836-00, es preciso reconocer la contundencia del inciso 6\u00b0 del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso en
\nse\u00f1alar: \u00abSer\u00e1 nula de pleno derecho la actuaci\u00f3n posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia.\u00bb.
\nDe esta forma, el legislador dio continuidad a la pol\u00edtica procesal inicialmente vertida en el canon 9\u00b0 de la Ley 1395 de 2010 -modificatorio del precepto 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, reiterando el establecimiento de un referente preciso para la duraci\u00f3n de las instancias ante cuya superaci\u00f3n acaece la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia.
\nSumado a ello, la versi\u00f3n m\u00e1s reciente y actualmente vigente de la regla, fue reforzada en el C\u00f3digo General del Proceso con el establecimiento de un efecto invalidante que opera de pleno derecho respecto de la actuaci\u00f3n posterior a la cesaci\u00f3n de la aptitud legal.
\nAs\u00ed las cosas, conviene recalcar que al margen del debate que podr\u00eda suscitarse en punto de la completa configuraci\u00f3n de un aut\u00e9ntico factor temporal de atribuci\u00f3n de la funci\u00f3n jurisdiccional, resulta indiscutible la vigencia de una preceptiva cuyo alcance prescribe la terminaci\u00f3n de
\nla aptitud del funcionario cognoscente por la superaci\u00f3n de los t\u00e9rminos respectivos, que se insiste, en el panorama vigente encuentra como sanci\u00f3n una particular ineficacia que aunque desarticulada del r\u00e9gimen de nulidades de la codificaci\u00f3n procesal, resulta expresa y aplicable.
\n2. No obstante, con prescindencia de lo anterior, lo cierto es que dada la falta de norma en contrario, la naturaleza del vicio y la necesidad de vincular el evento invalidante especial con los lineamientos generales del Capitulo de nulidades procesales, en todo caso la irregularidad derivada de la superaci\u00f3n del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la instancia ser\u00eda saneable, o cuando menos, no puede tildarse de arbitrario un criterio en tal sentido.
\nSobre el particular corresponde precisar que aunque la disposici\u00f3n en cita refiere que la nulidad que afecta \u00abla actuaci\u00f3n posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia\u00bb, opera de pleno derecho, ello no supone que la misma se torne insubsanable.
\nCiertamente, la expresi\u00f3n de pleno derecho, en este contexto y acorde con el significado jur\u00eddico de los vocablos, tan s\u00f3lo supondr\u00eda, en principio, que los efectos de la nulidad se producir\u00edan autom\u00e1ticamente, sin necesidad de reconocimiento o decreto judicial, esto es, por el simple ministerio de la Ley (ope legis), pero no necesariamente la calidad de insaneable del vicio procesal.
\nEn este orden, la previsi\u00f3n dar\u00eda cuenta, a lo sumo, de una discutible', diferenciada y excepcional regla en punto de la necesidad del decreto judicial de la nulidad procesal (principio de declaraci\u00f3n judicial), la cual no constituye por s\u00ed sola incompatibilidad alguna con los dem\u00e1s principios que informan la materia en el \u00e1mbito procesal civil, a saber: taxatividad, trascendencia, protecci\u00f3n, legitimaci\u00f3n y convalidaci\u00f3n.
\nPor lo anterior, nada obsta para que en la hip\u00f3tesis de transgresi\u00f3n de los t\u00e9rminos de duraci\u00f3n de la instancia, deban estudiarse los condicionamientos de alegaci\u00f3n del vicio, y muy especialmente, los eventos de saneamiento contemplados actualmente en el canon 136 ejusdem.
\nAl respecto, es determinante se\u00f1alar que los \u00fanicos criterios de competencia que resultan improrrogables son el subjetivo y funcionar, los cuales no se corresponden con el supuesto de p\u00e9rdida de la competencia por vencimiento de los t\u00e9rminos de resoluci\u00f3n de la instancia, pues tal hip\u00f3tesis no supone reproche por ausencia de la aptitud legal que debe establecerse desde dichos factores privilegiados, sino al contrario, una secuela encaminada a finiquitar la atribuci\u00f3n que ven\u00eda regularmente dada, como mecanismo de coerci\u00f3n y sanci\u00f3n para que el funcionario dotado de la potestad, cumpla oportunamente con su deber <\/p>\n

1 En tanto que en los \u00e1mbitos sustantivo y procesal, la nulidad s\u00f3lo se concibe mediante su reconocimiento por v\u00eda de pronunciamiento judicial, tal cual se extrae de los art\u00edculos 1742, 1746 y 1748, entre otros, del C\u00f3digo Civil y las preceptivas del cap\u00edtulo de nulidades procesales del C\u00f3digo General del Proceso (c\u00e1nones 132 a 138), en especial el inciso \u00faltimo del art\u00edculo 138 ib\u00eddem.
\n2 Art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, acorde con el cual se han previsto pautas diferenciadas para el caso de su desatenci\u00f3n en el canon 138.
\nde decisi\u00f3n.
\nDe igual manera, las \u00fanicas causales de anulabilidad insubsanables -sin desconocer el especial tratamiento de la falta de competencia funcional y subjetiva- son las detalladas en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 136, es decir: \u00abLas
\nnulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior,
\nrevivir un proceso legalmente concluido o pretermitir \u00edntegramente la respectiva instancia\u00bb, ninguna de las cuales se aviene al evento de la p\u00e9rdida de competencia por vencimiento del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la instancia.
\nPor tal raz\u00f3n, se insiste, tienen plena aplicaci\u00f3n los condicionamientos de alegaci\u00f3n del vicio (legitimaci\u00f3n, no haber dado lugar al vicio, oportuna alegaci\u00f3n y no convalidaci\u00f3n expresa o t\u00e1cita -art. 135), as\u00ed como muy especialmente los eventos de saneamiento contemplados actualmente en el canon 136 ejusdem, acordes con los anteriores presupuestos.
\nDe esta forma, la deficiencia podr\u00e1 ser saneada y por lo mismo, conservada la validez de la actuaci\u00f3n, dada la inoportuna alegaci\u00f3n o convalidaci\u00f3n, y muy puntualmente,
\n\u00abCuando a pesar del vicio el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no se viol\u00f3 el derecho de defensa\u00bb.
\n3. Conviene destacar que en esta clase de hip\u00f3tesis, no puede pasarse por alto el criterio hermen\u00e9utico de prevalencia del derecho sustancial consagrado en el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, replicado en el canon 11 del
\nC\u00f3digo General del Proceso, conforme al cual \u00abel objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb.
\nEn relaci\u00f3n con lo anterior esta Corporaci\u00f3n ha ilustrado:
\n\u00ab(…) el derecho procesal es medio y no fin, [y] (…) la finalidad de los procedimientos es la efectividad de los derechos sustanciales ( …). Al interpretar la ley procesal, el juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto y el fin de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial (…)".
\n"( …) [L]a relaci\u00f3n de medio a fin es ostensible, lo que hace ver que la rigurosidad con la que actuaron los jueces de instancia, desconoci\u00f3] principios generales del derecho procesal, los cuales deben estar para cumplir la garant\u00eda constitucional del debido proceso, a cuyo respecto se ha referido esta Sala en pret\u00e9ritas oportunidades como cuando dijo: 'No en vano el legislador ha previsto que 'las dudas que surjan de la interpretaci\u00f3n de las normas del presente C\u00f3digo, deber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garant\u00eda constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes" (art. 4\u00b0, C. de P. C.)\u00bb (SC 27 abr. 2006, 2006-00480-01; reiterada recientemente en STC8971 -2017, 22 jun. 2017, rad. 2017-01237-01).
\nEn la misma l\u00ednea, la Corte Constitucional ha condensado su precedente sobre la materia en los siguientes t\u00e9rminos:
\n\u00ab38. Del anterior recuento la Corte concluye que el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas refiere a que (i) la norma adjetiva debe buscar la garant\u00eda del derecho sustancial y, por ende, no se puede convertir en una barrera de efectividad de \u00e9ste; (i9 la regulaci\u00f3n procesal debe propender por la realizaci\u00f3n de los derechos sustanciales al suministrar una v\u00eda para la soluci\u00f3n de controversias sobre los mismos; y, (iii) el <\/p>\n

4. As\u00ed las cosas, no pareciera viable calificar de arbitraria, caprichosa y desprovista de fundamento jur\u00eddico, una postura que en supuestos como los relacionados con el desbordamiento del t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, reclame por la permanencia de los efectos de una actuaci\u00f3n consumada, m\u00e1xime cuando las causas de la extensi\u00f3n en los t\u00e9rminos puedan obedecer a una tolerancia de las partes (t\u00e1cita o expl\u00edcita) o a\u00fan m\u00e1s, al cumplimiento de otro deber de similar o mayor val\u00eda, cual es obtener la debida pr\u00e1ctica de una prueba para la definici\u00f3n de la litis.
\nSe acota que en estos eventos, las actuaciones perfeccionadas con posterioridad al t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la instancia, en especial la decisi\u00f3n definitiva, y sin que medie alegaci\u00f3n oportuna del vicio saneable, no es en principio razonable retrotraerlas por la aplicaci\u00f3n de una pauta que justamente busca la obtenci\u00f3n de la decisi\u00f3n de m\u00e9rito, pues los fines pr\u00e1cticos de la administraci\u00f3n judicial ya estar\u00edan satisfechos.
\nAs\u00ed, sin duda, cumplido un acto sin violaci\u00f3n del derecho de defensa, es m\u00e1s grande el favor que se le presta a los derechos de los justiciables, avalando actuaciones que aunque retardadas, tiendan o definan la contienda, antes que superponer una invalidaci\u00f3n que justamente busca la
\nobtenci\u00f3n del fallo de fondo en el grado de conocimiento \u2022 respectivo.
\nPor todo lo anterior, la hip\u00f3tesis de invalidaci\u00f3n no puede ser analizada al margen de la doctrina que aboga por la conservaci\u00f3n de los actos procesales y reclama por la sanci\u00f3n cuando las partes la aleguen en su debida oportunidad, o se advierta un supuesto de insalvable transgresi\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso.
\nEsta Corte ha tenido la oportunidad de recabar en la relevancia de los mentados axiomas al momento de decidir en materia de nulidades procesales y considerar su naturaleza restringida, residual y necesariamente fundada, para estructurar criterio orientador conforme al cual \u00abLa regla, pues, es la eficacia y prevalencia del procedimiento; la excepci\u00f3n, en cambio, la posibilidad de su invalidaci\u00f3n\u00bb. En sustento de lo anterior se ilustr\u00f3:
\n\u00abNada es m\u00e1s nocivo que declarar una nulidad procesal, cuando no existe la inequ\u00edvoca certidumbre de la presencia real de un vicio que, por sus connotaciones, impide definitiva e irremediablemente que la litis siga su curso, con las secuelas negativas que ello acarrea. Actitudes como \u00e9sta, taladran el oficio judicial y comprometen la eticidad del director del proceso, a la par que oscurecen su labor\u00edo, en el que siempre debe imperar la b\u00fasqueda se\u00f1era de la justicia, en concreto, la efectividad de los derechos, la cual no puede quedar en letra muerta, por un exacerbado 'formalismo, `literalismo' o Procesalismo', refractarios a los tiempos que corren, signados por el respeto de los derechos ciudadanos, entre ellos, el aquilatado `debido proceso'. Anular por anular, o hacerlo sin un acerado y pot\u00edsimo fundamento, es pues una deleznable pr\u00e1ctica que, de plano, vulnera los postulados del moderno derecho procesal, por lo que requiere actuar siempre con
\nmesura y extrema prudencia el juzgador, como quiera que su rol,
\npor excelencia, es el de administrar justicia, con todo lo loable y
\nnoble que ello implica, y no convertirse en una especie de
\nenterrador de las causas sometidas a su enjuiciamiento\u00bb (CSJ
\nSC, 5 jul. 2007, rad 1989-09134-01).
\n5. De otra parte, la invalidaci\u00f3n enunciada, es precisamente la ant\u00edtesis de la eficacia del proceso y la resoluci\u00f3n de la litis, a la cual debe acudirse como \u00faltimo remedio para superar graves e insuperables trasgresiones al debido proceso y no para extender a\u00fan m\u00e1s en el tiempo la materializaci\u00f3n del derecho de los asociados a una pronta y cumplida administraci\u00f3n de justicia.
\nEn este panorama, no pareciera procedente, so pretexto del derecho a obtener una decisi\u00f3n de fondo en un t\u00e9rmino razonable, aniquilar la actuaci\u00f3n que ya se verific\u00f3 sin afrenta al debido proceso y con anuencia de la partes, en raz\u00f3n de su no alegaci\u00f3n oportuna, quienes sin perjuicio del inter\u00e9s de toda la comunidad en el desenvolvimiento de la serie, son los directos afectados con la definici\u00f3n respectiva.
\nPor lo anterior y sin perjuicio del cumplimiento que indefectiblemente debe procurarse al t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la instancia, es claro que la justificada extensi\u00f3n del plazo, tolerada por los intervinientes, impide refutar la aptitud legal del juez que ha decidido dar continuidad al conocimiento del asunto en orden a la definici\u00f3n de la litis.
\nUn entendimiento contrario sit\u00faa en vilo la garant\u00eda de acceso ante los jueces, en lo concerniente a la eficacia de la tutela jurisdiccional, m\u00e1xime cuando la cl\u00e1usula legal pertinente no brinda seguridad alguna sobre la expedita y plenaria resoluci\u00f3n de la controversia, en tanto no prev\u00e9 sanci\u00f3n o remedio para el desbordamiento temporal en que puede incurrir \u00abel juez o magistrado que le sigue en turno\u00bb, supuesto para nada distante de la realidad y evidenciable con notas may\u00fasculas cuando la causa de la prolongaci\u00f3n no es exclusiva de la gesti\u00f3n de un despacho en concreto, sino com\u00fan a los dem\u00e1s de su misma categor\u00eda, especialidad y territorialidad.
\n6. El compromiso del Estado en materia de las garant\u00edas relacionadas no puede entenderse allanado exclusivamente con medidas como la condensada en el estudiado art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, y menos con la interpretaci\u00f3n que hoy defiende mayoritariamente la Sala, pues sumada a la absoluta y necesaria disposici\u00f3n en el desempe\u00f1o de las labores que se espera de un funcionario investido de jurisdicci\u00f3n, conforme al precedente jurisprudencial, se exige la satisfacci\u00f3n de un m\u00ednimo conjunto de condiciones que no son de su competencia directa, y en gran medida, recaen sobre los poderes legislativo, ejecutivo y en la administraci\u00f3n judicial, a saber:
\n\u00abEl derecho a la administraci\u00f3n de justicia ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia,
\npara propugnar por la integridad del orden jur\u00eddico y por la debida protecci\u00f3n o el restablecimiento de sus derechos e intereses leg\u00edtimos, con estricta sujeci\u00f3n a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garant\u00edas sustanciales y procedimentales previstas en las leyes .1361
\nAquella prerrogativa de la que gozan las personas, naturales o jur\u00eddicas, de exigir justicia, impone a las autoridades p\u00fablicas, como titulares del poder coercitivo del Estado y garantes de todos los derechos ciudadanos, distintas obligaciones para que dicho servicio p\u00fablico y derecho sea real y efectivo.
\nEn general, las obligaciones que los estados tienen respecto de sus habitantes pueden dividirse en tres categor\u00edas, a saber: las obligaciones de respetar, de proteger y de realizar los derechos humanos. Con base en esta clasificaci\u00f3n, a continuaci\u00f3n se determinar\u00e1 el contenido del derecho fundamental a la administraci\u00f3n de justicia.
\nEn primer lugar, la obligaci\u00f3n de respetar el derecho a la administraci\u00f3n de justicia implica el compromiso del Estado de abstenerse de adoptar medidas que tengan por resultado impedir o dificultar el acceso a la justicia o su realizaci\u00f3n. Asimismo, conlleva el deber de inhibirse de tomar medidas discriminatorias, basadas en criterios tales como el g\u00e9nero, la nacionalidad y la casta.
\nEn segundo lugar, la obligaci\u00f3n de proteger requiere que el Estado adopte medidas para impedir que terceros interfieran u obstaculicen el acceso a la administraci\u00f3n de justicia del titular del derecho.
\nEn tercer lugar, la obligaci\u00f3n de realizar implica el deber del Estado de (i) facilitar las condiciones para el disfrute del derecho y, (ii) hacer efectivo el goce del derecho.
\nFacilitar el derecho a la administraci\u00f3n de justicia conlleva la adopci\u00f3n de normas y medidas que garanticen que todas las personas, sin distinci\u00f3n, tengan la posibilidad de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que la normativa proporciona para formular sus pretensiones.
\nEn cumplimiento del deber de regular, la Ley 270 de 1996
\nestablece que, dentro de los principios que informan la
\nadministraci\u00f3n de justicia, se encuentran el acceso a la justicia (art\u00edculo 2\u00b0), la celeridad (art\u00edculo 4\u00b0), la eficiencia (art\u00edculo 7\u00b0) y el respeto de los derechos (art\u00edculo 9\u00b0), los cuales se constituyen en mandatos que deben ser observados por quienes administran justicia en cada caso particular.
\nTambi\u00e9n se facilita la administraci\u00f3n de justicia cuando se adoptan normas que garanticen (i) la existencia de procedimientos adecuados, id\u00f3neos y efectivos para la definici\u00f3n de las pretensiones y excepciones debatidas; (ii) que los procesos se desarrollen en un t\u00e9rmino razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garant\u00edas propias del debido proceso; y (iii) que las decisiones que se adopten protejan los derechos conforme a la Constituci\u00f3n y dem\u00e1s normativa vigente.
\nAsimismo, el deber de tomar medidas implica la obligaci\u00f3n de remover los obst\u00e1culos econ\u00f3micos para acceder a la justicia, crear la infraestructura necesaria para administrarla y asegurar la asequibilidad de los servicios del sistema de justicia a aquellos grupos de poblaci\u00f3n en condiciones de vulnerabilidad.
\nPor otra parte, hacer efectivo el derecho a la administraci\u00f3n de justicia conlleva garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende: (i) la posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, (ii) que \u00e9ste sea resuelto y, (iii) que se cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador jur\u00eddico y se restablezcan los derechos lesionados.\u00bb (CC. T-443\/ 13).
\nAcorde con lo anterior, la consagraci\u00f3n de una causal insaneable de nulidad por el vencimiento de los t\u00e9rminos de duraci\u00f3n de la instancia que pudiera llegar a concebir el legislador en su amplio \u00e1mbito de configuraci\u00f3n, exigir\u00eda que la normativa, adem\u00e1s de congruente con la taxatividad de la causal y los fen\u00f3menos de pr\u00f3rroga y subsanaci\u00f3n, brindara satisfacci\u00f3n a los condicionamientos constitucionales y estatutarios de estar aparejada o acompa\u00f1ada de mecanismos que garanticen el establecimiento -igualmente forzoso y dotado de
\nconsecuencias- de cargas razonables para cada despacho judicial3
\nDe lo contrario, la aplicaci\u00f3n de la figura con el entendimiento mayoritariamente adoptado, esto es, favorable a la existencia de una causal de anulaci\u00f3n insaneable, supondr\u00eda retrotraer la eficacia de la actuaci\u00f3n consumada, cuando lo pretendido es justamente su realizaci\u00f3n; hermen\u00e9utica que as\u00ed vista, deriva en irrazonable y desprovista de efecto positivo en las garant\u00edas de los justiciables.
\nEn los anteriores t\u00e9rminos, dejo fundamentado el
\nSalvamento de voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respetopor los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

Magistrado 3 Conviene rese\u00f1ar que en el plano reglamentario se ha edificado el concepto de \u00abCAPACIDAD M\u00c1XIMA DE RESPUESTA\u00bb, el cual tiene incidencia exclusiva en los par\u00e1metros de la calificaci\u00f3n de servicios, m\u00e1s no repercusi\u00f3n procesal directa y autom\u00e1tica frente a la carga de un despacho judicial en particular (Acuerdos PSAA16-10618 y PCSJA18-10883 del Consejo Superior de la Judicatura). <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nCon todo respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito expresar mi disenso frente a las consideraciones all\u00ed consignadas.
\nLa sentencia impugnada, a mi juicio, debi\u00f3 confirmarse por la desatenci\u00f3n del requisito de residualidad de la acci\u00f3n, dado que el accionante hizo uso de los medios ordinarios de defensa que estaban a su disposici\u00f3n dentro del proceso, lo que le impon\u00eda aguardar la decisi\u00f3n de \u00e9stos por el juez del conocimiento.
\nDe otra parte, como la Sala fund\u00f3 su determinaci\u00f3n en razonamientos muy similares a los expuestos en el fallo STC8849-2018, proferido por esta sede el 11 de julio de 2018, cuyas motivaciones acerca de la nulidad consagrada en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, no comparto tal como lo expres\u00e9 en el salvamento de voto que me permit\u00ed hacer en esa oportunidad, me remito a tales argumentos a fin de no incurrir en repeticiones innecesarias.
\nFinalmente y en lo concerniente a las aseveraciones realizadas respecto de haberse realizado un "control de convencionalidad", a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas.
\nLa figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que
\ninvolucren prerrogativas fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos.
\nConsideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema\u201e pues las aseveraciones que se consignaron al respecto corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo.
\nEn los t\u00e9rminos que preceden, dejo consignados los motivos de mi desacuerdo con lo decidido.
\nDe los se\u00f1ores integrantes de la Sala, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAMIREZ
\nMAGISTRADO <\/p>\n

1 \tCSJ. \tSTC aprobada en Sala de 10 de octubre de 2018, exp. \t11001-02-03-000-2018-02863-00
\n2 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n3 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n4 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n5 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n6 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, \tExcepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n7 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares Vs. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC16780-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2018-00633-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2018, por la Sala de Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102371","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102371","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102371"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102371\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102371"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102371"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102371"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}