{"id":102372,"date":"2026-07-01T22:40:18","date_gmt":"2026-07-01T22:40:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102372"},"modified":"2026-07-01T22:40:18","modified_gmt":"2026-07-01T22:40:18","slug":"stc16781-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16781-2018\/","title":{"rendered":"STC16781-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16781-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-01976-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 9 de octubre de 2018, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la salvaguarda promovida por Segundo Lope Chamorro Guzm\u00e1n contra el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad y la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n, con ocasi\u00f3n del asunto ordinario laboral iniciado por el aqu\u00ed actor frente al Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tMediante apoderado judicial, el accionante procura la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, salud y m\u00ednimo vital, entre otros, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas. <\/p>\n

2.\tPara sustentar su reparo, advierte que la Empresa Puertos de Colombia lo pension\u00f3 el 30 de mayo de 1986, con una mesada de $73.905,19, en la cual no se incluyeron los rubros por vacaciones y prima de antig\u00fcedad. <\/p>\n

Para conseguir el pago de aqu\u00e9llos, impuls\u00f3 un decurso contra el entonces Fondo de Pasivo Social de la citada entidad, obteniendo una sentencia favorable el 4 de abril de 1995, donde se dispuso el reajuste de la anotada prestaci\u00f3n en los t\u00e9rminos peticionados. <\/p>\n

Sostiene que comenz\u00f3 a recibir lo ordenado; empero, siete a\u00f1os despu\u00e9s se enter\u00f3 de la revocatoria del anotado fallo por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en sede de consulta, decisi\u00f3n proferida el 17 de octubre de 2002. <\/p>\n

El Grupo Interno de Trabajo para la Gesti\u00f3n del Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, designada por el Ministerio del ramo, dej\u00f3 sin efecto las resoluciones relativas al reconocimiento del reajuste pensional, le redujo el monto a recibir y le orden\u00f3 el reintegro \u201cpor cuotas\u201d de $2.300.000. <\/p>\n

Impuls\u00f3, entonces, el litigio materia de este resguardo para impedir la modificaci\u00f3n de su pensi\u00f3n ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa; empero, tras resolverse un conflicto de competencia entre \u00e9sta y la ordinaria, el conocimiento de su libelo se le asign\u00f3 al juez aqu\u00ed accionado. <\/p>\n

En primer grado se negaron sus pretensiones y si bien apel\u00f3, el tribunal querellado ratific\u00f3 ese pronunciamiento el 10 de noviembre de 2010. <\/p>\n

Concurri\u00f3 en casaci\u00f3n, pero la Sala especializada s\u00f3lo cas\u00f3 la decisi\u00f3n del ad quem para imponer la devoluci\u00f3n de los valores a \u00e9l descontados. <\/p>\n

Con el proceder descrito se quebrantaron sus garant\u00edas, por cuanto se desconoci\u00f3 su buena fe y la falta de enteramiento en torno al grado jurisdiccional de consulta, surtido respecto de la sentencia donde se dispuso el incremento de su mesada (fls. 1 al 9, cdno. 1). <\/p>\n

3.\tPide, en concreto, dejar sin efecto las determinaciones criticadas (fl. 9, cdno. 1).
\n1. Respuesta \t\tde \t\tlos accionados <\/p>\n

1.\tLa Sala de Descongesti\u00f3n especializada de esta Corte, se opuso a la prosperidad de la salvaguarda, por cuanto en su pronunciamiento no lesion\u00f3 los derechos del peticionario. <\/p>\n

2.\tLos dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n

2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

El a quo constitucional desestim\u00f3 el auxilio, por cuanto no hall\u00f3 arbitrariedad en la gesti\u00f3n de los falladores denunciados (fls. 90 al 101, cdno. 1). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

El gestor impugn\u00f3 con argumentos an\u00e1logos a los esgrimidos en el libelo introductor (fls. 103 al 107, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tDelanteramente, se resalta que en el marco de las atribuciones asignadas a las salas de descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, el par\u00e1grafo del art\u00edculo segundo de la Ley 1781 de 20161, precisa que si bien \u00e9stas actuar\u00e1n en forma independiente, en el evento en que la mayor\u00eda de sus integrantes considere procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, deber\u00e1n devolver el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral para que \u00e9sta decida. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, dado que aut\u00f3nomamente ninguna sala de descongesti\u00f3n puede variar la doctrina de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, si se presentara una circunstancia de tal naturaleza que implicara la modificaci\u00f3n del precedente o la necesidad de crear una nueva postura jur\u00eddica frente a una casu\u00edstica en particular, se impone la obligaci\u00f3n para aquellas, de remitir el asunto a \u00e9sta, para lo pertinente. <\/p>\n

2.\tEn primer t\u00e9rmino, se observa el fracaso de esta s\u00faplica por incumplir el requisito de inmediatez, pues aun cuando la sentencia emitida en sede de casaci\u00f3n se profiri\u00f3 el 7 de febrero de 2018, el querellante s\u00f3lo concurri\u00f3 a esta jurisdicci\u00f3n hasta el 12 de septiembre siguiente, esto es, luego de transcurrir m\u00e1s de 7 meses desde el presunto hecho vulnerador. <\/p>\n

Ese lapso supera el de seis (6) meses estimado como razonable por esta Corte para acudir a este mecanismo tempestivamente. En torno a lo expuesto, esta Sala sostuvo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

Por tanto, si el accionante se demor\u00f3 en presentar esta demanda, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de una conducta irregular en las providencias criticadas, m\u00e1xime si no explicit\u00f3 las razones de su tardanza. <\/p>\n

3.\tAl margen de lo discurrido, no se constata arbitrariedad en el pronunciamiento de 7 de febrero de 2018, mediante el cual se puso fin al litigio cuestionado, cas\u00e1ndose el fallo del tribunal atacado, para ordenarle al Ministerio demandado devolverle al promotor la suma de $2.300.000 indexados, pues no se halla irregularidad susceptible de conjurarse por esta v\u00eda extraordinaria. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Cuando el censor procede a desarrollar el primer cargo orientado por aplicaci\u00f3n indebida y el segundo por infracci\u00f3n directa, plantea como eje central de su argumento para atacar la sentencia impugnada, que el Tribunal aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 37 de la Ley 1 de 1991, los art\u00edculos 1, 2, 12 y 16 del Decreto 036 de 1992 y 69 del C\u00f3digo Procesal de Trabajo, al considerar que el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, gozaba de las mismas garant\u00edas \u00abdadas a la Naci\u00f3n\u00bb, como es el grado jurisdiccional de consulta, por cuanto en criterio del censor, la Ley 1 de 1991 no hace referencia a este tema, toda vez que se limita al otorgamiento de unas facultades extraordinarias \u00abbajo algunas pautas\u00bb; y el Decreto 036 determina que ese establecimiento p\u00fablico gozar\u00e1 de los mismos privilegios y exenciones de grav\u00e1menes que se reconocen a la Naci\u00f3n, referidos al manejo de recursos, sin que tuviese relaci\u00f3n con el grado jurisdiccional de consulta (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cRespecto a la acusaci\u00f3n por violaci\u00f3n de la ley en el concepto de infracci\u00f3n directa, sostiene que el fallador de segundo grado no aplic\u00f3 el art\u00edculo 19 de la Ley 797 de 2003, cuya exequibilidad fue condicionada mediante la sentencia de constitucionalidad C 835 de 2003, con transcripci\u00f3n del siguiente aparte: \u201c(\u2026) en todo caso, la revocatoria directa de un acto administrativo que reconoce una pensi\u00f3n o prestaci\u00f3n econ\u00f3mica s\u00f3lo puede declararse cuando ha mediado un delito (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cAs\u00ed mismo, en la exposici\u00f3n de sus argumentos se\u00f1ala que Foncolpuertos es un establecimiento p\u00fablico sin la categor\u00eda especial asignada por el Tribunal con base en la sentencia proferida por la Corte, SL 19 de octubre de 1999, rad. 12158 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cAdvierte la Sala, que en la sentencia acusada, sostuvo el ad quem, que por regla general los actos administrativos que crean derechos no son susceptibles de ser revocados unilateralmente por la administraci\u00f3n, pero en el caso bajo examen, la entidad demandada s\u00ed estaba habilitada para dejar sin efectos la resoluci\u00f3n n\u00b0 000239 del 3 de abril de 2003, que expidi\u00f3 en cumplimiento de una acci\u00f3n judicial de manera equivocada, bajo la creencia de estar en firme la sentencia condenatoria de primera instancia, pero que posteriormente fue revocada al haberse surtido la consulta de la misma y \u00abpor ende perdi\u00f3 el fundamento que le sirvi\u00f3 de apoyo a la entidad para no continuar el pago de los reajustes de la pensi\u00f3n\u00bb (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cPara el fallador Colegiado, una sentencia respecto de la cual exista la obligaci\u00f3n de ser consultada por ser total o parcialmente adversa al trabajador, total o parcialmente desfavorable a la naci\u00f3n, departamentos o municipios de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 69 del CPTSS, \u00abjam\u00e1s adquiere firmeza y ejecutoria\u00bb, mientras no se haya surtido el grado jurisdiccional de consulta y en el caso en particular, era obligatorio el cumplimiento de la aludida consulta consagrada en la norma atr\u00e1s citada, por tratarse del Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, ente con categor\u00eda especial que gozaba de los mismos privilegios y prerrogativas consagrados a favor de la Naci\u00f3n por haber asumido el pasivo pensional, de conformidad con lo previsto en la Ley 1 de 1991 y el Decreto 36 de 1992, argumento que apoy\u00f3 con la pluricitada sentencia CSJ SL, 19 de oct. de 1999, rad. 12158 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cPrescribe el art\u00edculo 37 de la Ley 1 de 1991: (\u2026) ART\u00cdCULO 37\u00ba. Facultades extraordinarias. Rev\u00edstese de facultades extraordinarias al Presidente de la Rep\u00fablica por el t\u00e9rmino de un a\u00f1o contado a partir de la publicaci\u00f3n de la presente ley, para: 37.1. Crear un fondo, con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio propio, cuyo objeto consistir\u00e1 en atender, por cuenta de la Naci\u00f3n, los pasivos y obligaciones a los que se refieren los art\u00edculos 35 y 36 de esta ley. En uso de tales facultades el Presidente podr\u00e1 definir la naturaleza jur\u00eddica del Fondo; determinar su estructura, administraci\u00f3n y recursos; el r\u00e9gimen de sus actos y contratos; y sus relaciones laborales. Los recursos del fondo provendr\u00e1n de apropiaciones presupuestales, de la venta de las acciones a las que se refiere el inciso quinto del art\u00edculo 35, de la parte de las tarifas que cobren las sociedades portuarias oficiales con destino a este prop\u00f3sito, y de los dem\u00e1s recursos que reciba a cualquier t\u00edtulo (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEl art\u00edculo 35, de la misma ley, prev\u00e9: (\u2026) Art\u00edculo 35. Asunci\u00f3n de pasivos de Puertos de Colombia; aportes de Puertos de Colombia a las sociedades portuarias regionales. La Naci\u00f3n asumir\u00e1 el pago de las pensiones de jubilaci\u00f3n de cualquier naturaleza, de las dem\u00e1s prestaciones sociales y de las indemnizaciones y sentencias condenatorias ejecutoriadas o que se ejecutor\u00eden a cargo de Puertos de Colombia, as\u00ed como su deuda interna y externa. (\u2026). El producto de las ventas de las acciones en las sociedades portuarias que haga la Naci\u00f3n se destinar\u00e1 preferentemente al pago de los pasivos de Puertos de Colombia que ella asume en virtud de esta Ley (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEste art\u00edculo 35, fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-474 del 27 de octubre de 1994. Providencia ratificada mediante la Sentencia C-153 de 2002 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cDe otra parte, en el Decreto 36 de 1992, se estipula que el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia en Liquidaci\u00f3n, es establecimiento p\u00fablico, cuyo objeto, entre otros, \u00ab(\u2026) c) Recibir y administrar directamente o a trav\u00e9s de otra entidad los bienes que le transfiera la Empresa Puertos de Colombia, en liquidaci\u00f3n, o la Naci\u00f3n, en desarrollo de lo dispuesto en el art\u00edculo 33 de la Ley 01 de 1991\u00bb (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cDe lo anterior se desprende, que ciertamente, como lo dedujo el ad quem, al haber asumido la Naci\u00f3n el pasivo de las pensiones de jubilaci\u00f3n y prestaciones econ\u00f3micas de la Empresa Puertos de Colombia a trav\u00e9s del Fondo de Pasivo creado mediante la Ley 1 de 1991, \u00e9ste establecimiento p\u00fablico gozaba de las mismas prerrogativas y privilegios de la Naci\u00f3n, entre ellas las garant\u00edas procesales dentro de los juicios laborales, como el grado jurisdiccional de consulta de las sentencias que le resultaren desfavorables, el cual deb\u00eda surtirse obligatoriamente por ministerio de ley, como lo consagra el art\u00edculo 69 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Al margen de lo discurrido, la Corte estim\u00f3 la viabilidad de casar el fallo de segunda instancia porque los descuentos decretados respecto de la prestaci\u00f3n del solicitante no ten\u00edan respaldo legal, dado que as\u00ed no se orden\u00f3 al desatarse el grado jurisdiccional de consulta en el proceso primigenio. <\/p>\n

4.\tPor tanto, no se constata desafuero en las consideraciones rese\u00f1adas, por cuanto la Sala de Descongesti\u00f3n especializada, efectu\u00f3 un an\u00e1lisis ponderado de lo ocurrido en el decurso, las alegaciones de los intervinientes y la normatividad aplicable, de todo lo cual extrajo que la liquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n del querellante deb\u00eda ajustarse a lo resuelto en el pasado litigio en sede de consulta, sin realiz\u00e1rsele retenciones a su mesada. <\/p>\n

Aunque no se acogiera \u00edntegramente el discernimiento comentado, esa circunstancia no permite predicar las anomal\u00edas alegadas, por cuanto \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

5.\tSiguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d.
\nComplementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

6.\tSe ratificar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

Con ausencia justificada <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb11, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb12; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nCon mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tPor \tla cual se modifican los art\u00edculos\u00a015\u00a0y\u00a016\u00a0de \tla Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administraci\u00f3n de \tJusticia, creando con car\u00e1cter transitorio las salas de \tdescongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la \tCorte Suprema de Justicia.
\n2 \tCSJ. Civil. Sentencia \tde \ttutela \t2 \tde agosto de 2007, exp. 2007-00188-01; reiterada, entre otros \tpronunciamientos, 16 de mayo de 2013, exp. 00103-01.
\n3 \tCSJ. STC de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n4 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n5 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n

7 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n8 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n9 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, \tExcepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n10 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares Vs. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n11 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n12 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC16781-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-01976-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 9 de octubre de 2018, por la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102372","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102372","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102372"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102372\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102372"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102372"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102372"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}