{"id":102382,"date":"2026-07-01T22:41:57","date_gmt":"2026-07-01T22:41:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102382"},"modified":"2026-07-01T22:41:57","modified_gmt":"2026-07-01T22:41:57","slug":"stc16793-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16793-2018\/","title":{"rendered":"STC16793-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16793-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03854-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Comunicaci\u00f3n Celular S.A. COMCEL S.A. contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La sociedad promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y \u00abtutela judicial efectiva\u00bb, que dicen vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n

Solicit\u00f3, en consecuencia, dejar sin efectos los autos de 30 de octubre de 2017, 5 de febrero y 5 de junio de 2018, as\u00ed como las sentencias de 15 de junio y 10 de octubre de los corrientes. <\/p>\n

2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n

2.1. Cristina Mar\u00eda Lucas Hern\u00e1ndez promovi\u00f3 juicio ejecutivo a continuaci\u00f3n del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, contra Comunicaci\u00f3n Celular S.A. COMCEL S.A., cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla, que libr\u00f3 mandamiento el 11 de mayo de 2017. <\/p>\n

2.2. Mediante prove\u00eddo de 30 de octubre de 2017 el referido despacho rechaz\u00f3 las excepciones de cobro de lo no debido, abuso del derecho, inexistencia del derecho pretendido e inexigibilidad del t\u00edtulo ejecutivo por terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento, decisi\u00f3n que fue recurrida en reposici\u00f3n y subsidio apelaci\u00f3n, por lo que en auto de 5 de febrero de 2018 mantuvo la decisi\u00f3n y concedi\u00f3 la alzada. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, en providencia de 5 de junio de 2018 confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n

2.4. Indic\u00f3 la sociedad accionante que fue condenada sin ser escuchada respecto de la totalidad de las excepciones presentadas; se le negaron las diferentes oportunidades procesales; se le dio un alcance a la sentencia del proceso de restituci\u00f3n que no ten\u00eda; se dej\u00f3 de apreciar el contrato de compraventa que constitu\u00eda el t\u00edtulo ejecutivo, rechazando as\u00ed las defensas de m\u00e9rito formuladas. <\/p>\n

2.5. Se\u00f1al\u00f3 que existe en v\u00eda de hecho por defecto sustantivo, pues se aplic\u00f3 el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, pese a que ello no era procedente, en tanto que el t\u00edtulo ejecutivo era la sentencia, la que en su parte resolutiva no ten\u00eda condena o monto fijo por c\u00e1nones de arrendamiento; era viable interponer excepciones de m\u00e9rito diferentes a las contenidas en dicho canon; y no se observaron los requisitos del t\u00edtulo valor, pues no se fij\u00f3 una cuant\u00eda, la obligaci\u00f3n no estaba expresa en el documento, ni era exigible. <\/p>\n

2.6. Adujo que se incurri\u00f3 en una arbitrariedad por los juzgadores, toda vez que no es razonable que el fallo dictado en el proceso de restituci\u00f3n tenga una condena en costas por $2.700.000 y se disponga una ejecuci\u00f3n por $49.447.737; se present\u00f3 un defecto f\u00e1ctico, ya que la decisi\u00f3n se fund\u00f3 en la apreciaci\u00f3n err\u00f3nea de la prueba; y se cometi\u00f3 una violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n.
\n3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas dentro de los juicios de restituci\u00f3n de inmueble arrendado y ejecutivo e indic\u00f3 que ha salvaguardado los derechos de las partes; que en el ejecutivo seguido a continuaci\u00f3n del verbal se pretend\u00eda contestar la demanda presentando excepciones que atacan las pretensiones del proceso inicial; que con la petici\u00f3n de amparo se pretende revivir t\u00e9rminos vencidos; que esta no cumple con el requisito de la inmediatez, en tanto que los argumentos que se quieren hacer valer, atacan el fallo del primer litigio proferido el 26 de septiembre de 2016. <\/p>\n

2. Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Barros, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderado de Cristina Mar\u00eda Lucas Hern\u00e1ndez, alleg\u00f3 escrito, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que lo habilite para representar a dicha demandante en este tr\u00e1mite (folio 100, cuaderno. 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC 11 may. 2001, rad. n\u00ba 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2. De lo expuesto en la demanda de tutela, concluye la Corte que la sociedad accionante cuestiona (i) el prove\u00eddo de 5 de junio de 2018, mediante el cual el Tribunal acusado confirm\u00f3 el de 30 de octubre de 2017 que rechaz\u00f3 las excepciones de cobro de lo no debido, abuso del derecho, inexistencia del derecho pretendido e inexigibilidad del t\u00edtulo ejecutivo por terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento, proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla; y (ii) el fallo de 5 de junio de los corrientes, a trav\u00e9s del cual se ratific\u00f3 la sentencia de primera instancia, que declar\u00f3 probada parcialmente la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n. <\/p>\n

En efecto, se observa que en auto de 5 de junio de 2018 se indic\u00f3 que: <\/p>\n

\u2026corresponde a esta Sala, determinar la aplicabilidad del articulo 442 C.G.P, al proceso ejecutivo de la referencia, como quiera que en la sentencia que sirve de t\u00edtulo ejecutivo no se orden\u00f3 expresamente el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento que se cobran por esta v\u00eda, a pesar que la mora no fue desvirtuada en el decurso del proceso de restituci\u00f3n de tenencia. <\/p>\n

Para empezar el estudio de los fundamentos de derecho, es preciso se\u00f1alar que conforme el numeral 3o del art\u00edculo 384 C.G.P., regulador del proceso de restituci\u00f3n de tenencia, el juez debe proferir sentencia ordenando dicha restituci\u00f3n, cuando el demandado no se opone en el t\u00e9rmino de traslado. <\/p>\n

As\u00ed mismo, el numeral 4\u00ba de la misma preceptiva consagra que si la demanda se fundamenta en falta de pago, el demandado no ser\u00e1 o\u00eddo sino hasta tanto demuestre que ha consignado a \u00f3rdenes del juzgado los conceptos adeudados o que ha cumplido con la obligaci\u00f3n, presentando los recibos de pago de los tres \u00faltimos periodos, de suerte que si no lo demuestra, se sigue la consecuencia establecida en el numeral que le precede, asimilando la prohibici\u00f3n de ser escuchado, a la falta de oposici\u00f3n. <\/p>\n

La ordenaci\u00f3n debe ser entonces la misma, restituci\u00f3n del inmueble, disponi\u00e9ndose por el legislador en el numeral 5\u00ba de la citada norma, la posibilidad de imposici\u00f3n de otra condena. <\/p>\n

En el caso bajo examen, la sociedad demandada Comcel S.A., no consign\u00f3 a \u00f3rdenes del despacho judicial los c\u00e1nones que se alegaban debidos, ni desvirtu\u00f3 la mora a fin de ser escuchado, motivo por el cual lo resuelto en la sentencia que le puso fin al tr\u00e1mite, fue la declaraci\u00f3n de incumplimiento y consecuente terminaci\u00f3n del contrato, la orden de restituci\u00f3n del bien y la condena en costas. <\/p>\n

Ello dar\u00eda lugar a afirmar que en efecto, la providencia no dispuso ordenaci\u00f3n diferente y que en consecuencia, le resulta inaplicable al proceso ejecutivo que la tiene como t\u00edtulo, el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 442 C.G.P. <\/p>\n

Sin embargo, si bien es cierto que en el fallo que constituye t\u00edtulo ejecutivo, no se ordena expresamente el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, tambi\u00e9n lo es que la mora en su cancelaci\u00f3n es la base argumentativa en que se erige su parte resolutiva, de manera que la obligaci\u00f3n del demandado relativa al pago de c\u00e1nones viene inserta, y en ese orden de ideas, permitir que se debata la orden de apremio del proceso ejecutivo con excepciones diferentes a las establecidas en el numeral 2\u00ba del articulo 242 C.G.P., ser\u00eda desconocer el fundamento toral de la decisi\u00f3n adiada septiembre 26 de 2016, que alcanz\u00f3 su ejecutoria y al mismo tiempo equivaldr\u00eda a permitir al demandado, abrir una discusi\u00f3n que bien debi\u00f3 generar en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble y que dej\u00f3 transcurrir en silencio. <\/p>\n

Pensar en contrario es interpretar de manera r\u00edgida y restrictiva la norma premiando, de una parte, la desidia de un demandado al permitirle debatir t\u00f3picos que bien debieron ser controvertidos en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble, y de otro lado, imponiendo en el proceso ejecutivo el estudio de una mora que ya qued\u00f3 debidamente determinada, y que se erigi\u00f3 como la justificaci\u00f3n de la sentencia que le fue favorable al actor. <\/p>\n

Asimismo, la sentencia de 10 de octubre siguiente de 2018, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, tras considerar que: <\/p>\n

\u2026En la sentencia objeto de alzada, el juez A-quo no encontr\u00f3 m\u00e9rito para estudiar las excepciones de inexistencia del derecho pretendido e inexigibilidad del t\u00edtulo ejecutivo por terminaci\u00f3n unilateral del contrato de arrendamiento, cobro de lo no debido y abuso del derecho, propuestas por el apoderado de la parte demandada, en consideraci\u00f3n a su rechazo previo adentr\u00e1ndose en el estudio exclusivo de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n. <\/p>\n

Al respecto acot\u00f3 que en principio no estaba llamada a prosperar en consideraci\u00f3n al inciso 2\u00ba del art\u00edculo 442 que limita las excepciones a hechos proferidos despu\u00e9s de la sentencia que sirve de base de recaudo, no obstante, no desconoce el juzgador que a la fecha de la presentaci\u00f3n de la demanda de restituci\u00f3n del bien inmueble arrendado ya se encontraban prescritos los c\u00e1nones causados antes del mes de octubre de 2010, de manera que no pod\u00edan estar incluidos en el mandamiento ejecutivo, por lo que declar\u00f3 parcialmente probado el medio exceptivo. <\/p>\n

A pesar de las aclaraciones con relaci\u00f3n a las dem\u00e1s excepciones de m\u00e9rito, el representante judicial de Comcel S.A., continu\u00f3 iterando los mismos argumentos atacando no s\u00f3lo la decisi\u00f3n del A-quo sino tambi\u00e9n el aval que esta sustanciadora le impuso. <\/p>\n

As\u00ed, aleg\u00f3 la presunta omisi\u00f3n al momento de valorar los medios exceptivos propuestos y atribuy\u00f3 una confusi\u00f3n de los funcionarios judiciales respecto de los alcances de la sentencia del proceso de restituci\u00f3n de bien inmueble, como quiera que alega que se entendi\u00f3 que el proceso ejecutivo era la continuaci\u00f3n del mismo, cuando en el proceso anterior lo que se busc\u00f3 fue la terminaci\u00f3n de un contrato y la posterior restituci\u00f3n del bien inmueble. <\/p>\n

Sin embargo, de manera delantera se advierte al inconforme, que le est\u00e1 vedado volver a plantear en sede de apelaci\u00f3n de sentencia los mismos t\u00f3picos que ya vienen decantados en el decurso procesal tanto por el titular del despacho de origen como por esta colegiatura, resultando abiertamente improcedente que mediante esta recurso vertical ataque una determinaci\u00f3n en firme de esta corporaci\u00f3n pretendiendo as\u00ed revivir t\u00e9rminos de ejecutoria, am\u00e9n de transgredir el derecho de defensa de la parte demandante que en raz\u00f3n del rechazo los medios exceptivos no los embati\u00f3 en primera instancia. <\/p>\n

T\u00e9ngase presente que las excepciones de cobro de lo no debido, abuso del derecho, inexistencia el derecho pretendido e inexigibilidad del t\u00edtulo ejecutivo por terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento, fueron rechazadas por el A-quo en octubre 30 de 2017, en raz\u00f3n de no encontrarse enlistadas en el art\u00edculo 442 del C\u00f3digo General del Proceso y apelada esta determinaci\u00f3n fue confirmada por esta misma sala civil, en junio 5 de esta anualidad, en prove\u00eddo que cobij\u00f3 los alcances de la sentencia dictada en el proceso de restituci\u00f3n de bien inmueble. <\/p>\n

As\u00ed lo dispuso esta Colegiatura en la referencia interna 41293\u2026 se dijo entonces: "si bien es cierto que en el fallo que constituye t\u00edtulo ejecutivo no se ordena expresamente el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, tambi\u00e9n lo es que la mora en su cancelaci\u00f3n es la base argumentativa en que se erige su parte resolutiva -usted lo acaba de leer aqu\u00ed en los argumentos-, de manera que la obligaci\u00f3n del demandado relativa al pago de c\u00e1nones viene inserta y en ese orden de ideas permitir que se debata la orden de apremio del proceso ejecutivo con excepciones diferentes a las establecidas en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 242 del C\u00f3digo General del Proceso, ser\u00eda desconocer el fundamento toral de la decisi\u00f3n adiada septiembre 26 de 2016, que alcanz\u00f3 su ejecutoria y al mismo tiempo equivaldr\u00eda a permitir al demandado abrir una discusi\u00f3n que bien debi\u00f3 generar en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble y que dej\u00f3 transcurrir en silencio." <\/p>\n

Pensar en contrario, es interpretar de manera r\u00edgida y restrictiva la norma, premiando de una parte, la desidia de un demandado al permitirle debatir t\u00f3picos que bien debieron ser controvertidos en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble y de otro lado, imponiendo en el proceso ejecutivo el estudio de una mora que ya qued\u00f3 debidamente determinada y que se erigi\u00f3 como la justificaci\u00f3n de la sentencia favorable al actor. <\/p>\n

Esta decisi\u00f3n, fue notificada por estado n\u00famero 096 de junio 6 de 2018\u2026 y alcanz\u00f3 su firmeza el d\u00eda 12 de aquella mensualidad, de manera que zanjada la discusi\u00f3n a partir de tal data, nada debi\u00f3 discutirse en relaci\u00f3n a tal t\u00f3pico por el apoderado de la parte demandada, porque tanto para la administraci\u00f3n de justicia, como para las partes, resultaba un tema superado, al punto que se itera no se les corri\u00f3 traslado ni se les atac\u00f3 por la parte contraria. <\/p>\n

De all\u00ed, que en aplicaci\u00f3n de los principios de cosa juzgada y seguridad jur\u00eddica, que deben ser protegidos por el aparato judicial, debe esta Sala abstenerse en esta audiencia de continuar el debate de los ataques enfilados contra la validez del documento contentivo de la obligaci\u00f3n, pues es evidente el fracaso de la pretensi\u00f3n impugnatoria. <\/p>\n

Ahora bien, en cuanto al punto de censura elevado frente a la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, el recurrente adujo que se debe contar desde el momento en que la parte demandante instaur\u00f3 la presente acci\u00f3n ejecutiva, no la de restituci\u00f3n, porque el objeto de las mismas es considerablemente diferente. <\/p>\n

De esta manera, busca que todos los c\u00e1nones se declaren prescritos, sin embargo, se itera al apelante que, contrario a su dicho, el debate siempre ha versado sobre la mora de los c\u00e1nones, como que fue la causal de terminaci\u00f3n del contrato y la raz\u00f3n por la que el demandado no fue escuchado en el proceso, de suerte que, tal como lo precisa el juzgador de primera instancia, los t\u00e9rminos se entendieron interrumpidos a partir de la primigenia demanda, que no de la ejecutiva. <\/p>\n

Puestas as\u00ed las cosas, presentada la demanda de restituci\u00f3n el 13 de octubre de 2015 y notificado el demandado dentro del a\u00f1o siguiente, se entendi\u00f3 interrumpido el t\u00e9rmino prescriptivo respecto de los c\u00e1nones sobre los cuales a\u00fan no hab\u00eda operado el fen\u00f3meno extintivo, conforme el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso, es decir, los contados a partir de octubre de 2015 encontr\u00e1ndose prescritos los vencidos con anterioridad a esta fecha. <\/p>\n

De esta manera, el t\u00e9rmino sobre aquellos c\u00e1nones no prescritos, que son los que se debaten en esta instancia comenz\u00f3 a correr nuevamente a partir de la ejecutoria de la providencia que puso fin al proceso de restituci\u00f3n del bien inmueble, de suerte que presentada la demanda ejecutiva, 9 meses despu\u00e9s, no puede hablarse de la prescripci\u00f3n que habla el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil, que pregona que la acci\u00f3n ejecutiva que se deriva de una sentencia judicial prescribe en 5 a\u00f1os contados a partir de la ejecutoria de la misma. <\/p>\n

En atenci\u00f3n a lo anterior, se precisa aclarar que en el asunto bajo examen no se incurri\u00f3 por el A-quo en yerro ni en la ratio decidendi de la sentencia recurrida, ni mucho menos en su resolutiva\u2026 <\/p>\n

Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la sociedad tutelante es una diferencia de criterio frente a la desestimaci\u00f3n las excepciones que formul\u00f3 frente al mandamiento de pago dictado en el proceso seguido a continuaci\u00f3n del de restituci\u00f3n de inmueble arrendado. <\/p>\n

En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n

Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n

4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n

Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

Ausencia justificada
\nARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16793-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03854-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Comunicaci\u00f3n Celular S.A. COMCEL S.A. contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102382","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102382","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102382"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102382\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102382"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102382"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102382"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}