{"id":102388,"date":"2026-07-01T22:42:54","date_gmt":"2026-07-01T22:42:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102388"},"modified":"2026-07-01T22:42:54","modified_gmt":"2026-07-01T22:42:54","slug":"stc16799-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16799-2018\/","title":{"rendered":"STC16799-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16799-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2018-00299-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por la accionante frente al fallo proferido el 13 de noviembre de 2018 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gladys Melba Galindo L\u00f3pez contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Honda, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n

Solicit\u00f3, entonces, que \u00abse reconozca el valor de [sus] mejoras, como consecuencia no permitir el remate hasta tanto se especifique solamente el valor del lote de terreno\u00bb; \u00abse revoque el auto que decret\u00f3 el embargo y secuestro del inmueble\u00bb; y \u00abse ordene por el Juzgado… el levantamiento de la medida cautelar sobre el bien inmueble identificado con el n\u00famero de matr\u00edcula 362-22397\u00bb (folio 6, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tSon relevantes para la definici\u00f3n de este asunto, los siguientes hechos: <\/p>\n

2.1.\tEn el proceso ejecutivo mixto que el Banco Popular S.A. inco\u00f3 contra la Junta de Vivienda Comunitaria La Habana y Mar\u00eda Elena Bustos, el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 dict\u00f3 sentencia de segunda instancia el 14 de diciembre de 2011 (adicionada el 13 de septiembre de 2012), disponiendo la subasta de varios predios, entre ellos, el identificado con folio inmobiliario Nro. 362-22397 (folios 21 a 47, cuaderno Corte); y el Juzgado encausado fij\u00f3 el 24 de octubre \u00faltimo para efectuar la almoneda respectiva. <\/p>\n

2.2.\tLa gestora cuestion\u00f3 la orden de remate del inmueble referido a espacio, pues aduce que no le han sido reconocidas las mejoras que implant\u00f3 en el mismo. <\/p>\n

Anot\u00f3 que el ad-quem en su sentencia sostuvo que las obligaciones fueron adquiridas por la junta ejecutada, \u00ab[p]or consiguiente las personas naturales demandadas no tienen comprometido su patrimonio personal, en tanto no se obligaron en los pagar\u00e9s. Y por tal raz\u00f3n contra ellos no existe t\u00edtulo ejecutivo quirografario que permita ejecutarlos\u00bb, por lo que el Banco lo que debe perseguir \u00abson los lotes; lo que es distinto a las mejoras \u00fatiles, la casa que constru[y\u00f3], sobre las cuales no adquirieron ninguna obligaci\u00f3n crediticia. Las personas naturales quedaron exentas de esa obligaci\u00f3n y debe respetarse su patrimonio\u00bb. <\/p>\n

Destac\u00f3 que, sin embargo, en ese juicio \u00abse present\u00f3 un aval\u00fao del total del… inmueble que pose[e], se especifica casa y el lote de terreno, y luego concluy\u00f3 en el aval\u00fao total del bien…, sumados lote y construcci\u00f3n\u00bb, omitiendo lo definido por el Tribunal y, por contera, desconociendo los derechos que le asisten como poseedora, desde hace m\u00e1s de 10 a\u00f1os, sobre tal heredad, irrog\u00e1ndole un perjuicio irremediable. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que a su caso es aplicable el precedente fijado por esta Corte en sentencia STC8203-2018, en la cual se accedi\u00f3 a la salvaguarda rogada por uno de los poseedores de otro de los predios inmiscuidos en el proceso fustigado (folios 1 a 6, cuaderno 1). <\/p>\n

3.\tLa demanda de amparo fue formulada el 26 de octubre de 2018 y admitida a tr\u00e1mite por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el d\u00eda 31 siguiente (folios 1 y 36, cuaderno 1). <\/p>\n

LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n

1.\tEl Juzgado Segundo Civil del Circuito de Honda pidi\u00f3 no acceder al resguardo porque \u00aben ning\u00fan momento se le ha vulnerado el debido proceso a los accionantes (sic), pues ha (sic) tenido las oportunidades para actuar en el proceso, seg\u00fan los tr\u00e1mites que se le ha (sic) imprimido\u00bb. <\/p>\n

Resalt\u00f3 que \u00abse presentaron los aval\u00faos de los inmuebles hipotecados, habi\u00e9ndose corrido traslado a las partes demandadas, quienes guardaron silencio\u00bb, por lo que \u00abse procedi\u00f3 a fijar fecha para el remate, fij\u00e1ndose el 24 de octubre del 2018 a las 9 A.M., por auto de septiembre 4 del presente a\u00f1o, sin ser objeto de ning\u00fan recurso\u00bb (folio 46, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tEl Banco Popular S.A., tras historiar la actuaci\u00f3n surtida en el juicio criticado, solicit\u00f3 declarar improcedente el ruego constitucional porque se \u00abha garantizado el debido proceso, agotado sus respectivas instancias, cumplido con rigurosidad la ley y garantizado los derechos fundamentales\u00bb; aunado a que \u00ablos argumentos planteados por el (sic) accionante, no revisten relevancia constitucional[,] pues simplemente persiguen dilatar la ejecuci\u00f3n de la acci\u00f3n jur\u00eddica, ya que los mismos estuvieron debidamente notificados desde el inicio del proceso y conocieron paso a paso el desarrollo del mismo\u00bb (folios 48 y 49, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a-quo constitucional neg\u00f3 el amparo por no satisfacer los requisitos de inmediatez y de subsidiariedad frente al prove\u00eddo de 19 de junio de 2000, mediante el cual se decret\u00f3 la cautela sobre el predio referido por la censora, lo primero, porque la tutela \u00abtan s\u00f3lo se formul\u00f3 hasta el 26 de octubre de 2018\u00bb, es decir, despu\u00e9s de casi 18 a\u00f1os; mientras que lo segundo, porque como \u00abla tutelante no es parte en el proceso, pod\u00eda acudir a otros medios de defensa en esa oportunidad, como lo era… solicitar… el levantamiento de la… medida cautelar…, sin que se advierta que… hubiera hecho uso de este mecanismo por medio del cual hubiera conseguido los mismos resultados que a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n de tutela persigue, omisi\u00f3n que conllev\u00f3 [a] que… perdiera esta oportunidad de defensa\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00aben la diligencia de secuestro… llevada a cabo el 28 de septiembre de 2000 tampoco se hizo reparo alguno (oposici\u00f3n) por parte de la accionante\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que la salvaguarda tambi\u00e9n era inviable \u00aben relaci\u00f3n con la pretensi\u00f3n encaminada al reconocimiento de las mejoras construidas por la tutelante\u00bb, \u00aben tanto que para tal prop\u00f3sito igualmente… contaba y cuenta a\u00fan con otros medios diferentes a la acci\u00f3n de tutela[,] a trav\u00e9s de los cuales puede hacer valer sus derechos\u00bb, en raz\u00f3n que \u00abel 28 de septiembre de 2000, fecha para la cual se llev\u00f3 a cabo la diligencia de secuestro…, no se aleg\u00f3 derecho alguno… por parte de la tutelante o de alguna otra persona, siendo esta una primera oportunidad con la que contaba… para reclamar su derecho, sin hacer uso de ella, pretendiendo…, luego de… (18) a\u00f1os y a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n constitucional, acceder a lo que en esa oportunidad no reclam\u00f3…, teniendo incluso la accionante a\u00fan a trav\u00e9s de otras v\u00edas lograr el reconocimiento de tales mejoras o hacer valer su derechos frente a las mismas, ya sea acudiendo directamente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria para ello, o en \u00faltimas, ante el mismo juzgado accionado o en la diligencia de entrega en caso de ser rematado el… inmueble… sobre el cual fueron construidas las mejoras\u00bb (folios 56 a 63, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 la actora insistiendo en los planteamientos tra\u00eddos en el libelo introductor (folios 74 a 77, cuaderno 1). <\/p>\n

1.\tConforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2.\tDe entrada, siguiendo lo recientemente expuesto por la Sala en casos an\u00e1logos al de ahora, en los que se confirm\u00f3 la negativa frente a la salvaguarda rogada por otros de los ciudadanos que afirman haber efectuado mejoras y poseer algunos de los predios involucrados en el juicio fustigado (STC16411-2018, STC16410-2018, STC16425-2018, STC16426-2018 y STC16428-2018, todas del 13 dic., rads., en su orden, 2018-00273-01, 2018-00278-01, 2018-00279-01, 2018-00280-01 y 2018-00290-01), se advierte la improcedencia del presente resguardo por no satisfacer el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n

En efecto, para el buen suceso de su reclamo la actora cont\u00f3 con la oportunidad de oponerse a la diligencia de secuestro efectuada sobre el predio identificado con folio inmobiliario Nro. 362-22397 o de pedir el levantamiento de esa cautela, reclamando all\u00ed mismo las mejoras cuyo reconocimiento rog\u00f3 en el presente tr\u00e1mite constitucional, pero omiti\u00f3 hacer uso de tales herramientas, por lo que no puede pretender subsanar su incuria a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n. <\/p>\n

Frente al particular, as\u00ed lo dej\u00f3 dicho esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n

…la concesi\u00f3n de la salvaguarda deprecada… resulta improcedente, toda vez que no se cumpli\u00f3 con el requisito general de procedencia de la subsidiariedad, teniendo en cuenta que el querellante cont\u00f3 con la oportunidad de exponerle a la autoridad querellada las razones de su inconformidad y reclamar en pro de sus intereses, empero dej\u00f3 fenecer el tiempo procesal para que le fuera revisado su descontento, comoquiera que, desperdici\u00f3 los medios de protecci\u00f3n judicial que tuvo a su alcance, conforme a la ley civil adjetiva, para que transitaran los motivos en que apoya su queja constitucional, concretamente, la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro e incluso el incidente de levantamiento de la medida cautelar (art\u00edculos 686 y 687 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), comoquiera que [como] no compareci\u00f3… en el momento en el que se materializ\u00f3 la cautela[,] contaba con 20 d\u00edas para instar ante el juez lo pertinente, lo que en efecto no realiz\u00f3. <\/p>\n

5.1. Por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche expresado, dado el car\u00e1cter residual de este resguardo, que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite; de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para remover sin m\u00e1s las presunciones de legalidad y acierto de que se revisten las providencias judiciales, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n

5.2. Frente al tema de la \u00absubsidiariedad\u00bb la Corte ha dicho que: <\/p>\n

(\u2026) la justicia constitucional no es remedio de \u00faltima hora para buscar el rescate de oportunidades defensivas dilapidadas, ya que la tutela es eminentemente subsidiaria, esto es, procedente cuando no se tiene o no se ha tenido otra posibilidad judicial de resguardo, y como se ha reiterado por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00eda el fruto de su propia incuria (CSJ STC, rad. 2007-00379-01, reiterada, entre otros, STC5371-2015, 5 may, 2015 rad. 00003-02). <\/p>\n

6. Con todo, cumple relevar que en relaci\u00f3n con la providencia de 4 de septiembre de 2018 mediante la cual se dispuso la realizaci\u00f3n de la diligencia de remate, la misma, no denota connotaci\u00f3n arbitraria o caprichosa, sino que m\u00e1s bien es la raz\u00f3n de ser de que la litis llegara a dicho estadio, circunstancia que s\u00f3lo corresponde a las formas propias del tr\u00e1mite judicial, es decir, constituye la subsecuente secuela procedimental que es menester adelantar en aras de que prevalezca el derecho sustancial reconocido en el proceso ejecutivo objeto de la queja, m\u00e1xime que tal labor\u00edo s\u00f3lo es la materializaci\u00f3n del imperativo legal que regula el punto en comento; por ende, por sustracci\u00f3n de materia, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el resguardo instado am\u00e9n que la almoneda a la fecha no se ha realizado debiendo exponer sus inconformidades ante el juez natural. <\/p>\n

6.1. De ah\u00ed que, seg\u00fan acot\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en un asunto que guarda simetr\u00eda con el aqu\u00ed abordado: <\/p>\n

la tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales (Sentencia de 28 de octubre de 2009, exp. T-2009-1496-01, citada el 29 de agosto de 2012, exp. 2012-01295-01)\u201d\u00bb (CSJ STC4108-2015, 13 abr. 2015, rad. 00382-01 reiterada en CSJ STC12720-2017 ago. 23 de 2017, rad. 2017-00271-01) (STC16410-2018, 13 dic., rad. 2018-00278-01). <\/p>\n

3.\tEn adici\u00f3n, en cuanto a la alegaci\u00f3n de la gestora seg\u00fan la cual deb\u00eda darse aplicaci\u00f3n al precedente de tutela invocado (STC8203-2018), se le recuerda que, como en otras ocasiones se ha sostenido, a m\u00e1s de que aqu\u00e9l no guarda simetr\u00eda con el asunto aqu\u00ed propuesto, pues en esa oportunidad el an\u00e1lisis de la Corte se concentr\u00f3 en la decisi\u00f3n adoptada por el juzgador ordinario de cara al incidente de levantamiento de medida cautelar que propuso el all\u00ed reclamante, el que, se itera, no ejerci\u00f3 la aqu\u00ed accionante; lo cierto es que la providencia citada es \u00abinter partes [y]\u2026 no [tiene] la virtualidad de extender sus efectos a la situaci\u00f3n que plantea en relaci\u00f3n con [la interesado] en este tr\u00e1mite\u00bb (CSJ STC, 22 may. 2009, rad. 00124-01; reiterada, entre muchas otras, en STC9046-2018, 16 jul. 2018, rad. 2018-00112-01). <\/p>\n

Respecto a ello, en el asunto ya citado, se consign\u00f3 que: <\/p>\n

…Finalmente, advierte la Sala que si bien en oportunidad anterior, en sentencia CSJ STC8203-2018 de 27 de junio de 2018 se accedi\u00f3 a la salvaguarda constitucional all\u00ed implorada, los fundamentos f\u00e1cticos del caso estudiado difieren de los ahora invocados, puesto que en aquella oportunidad se estudi\u00f3 la razonabilidad de la decisi\u00f3n que neg\u00f3 el incidente de levantamiento de la medida cautelar, por lo que dicha decisi\u00f3n no resulta aplicable al sub lite (STC16410-2018, 13 dic., rad. 2018-00278-01). <\/p>\n

4.\tLo dicho impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado, pero por las razones aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

Ausencia justificada
\nARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16799-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2018-00299-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por la accionante frente al fallo proferido el 13 de noviembre de 2018 por la Sala Civil-Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102388","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102388","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102388"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102388\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102388"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102388"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102388"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}