{"id":102390,"date":"2026-07-01T22:43:08","date_gmt":"2026-07-01T22:43:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102390"},"modified":"2026-07-01T22:43:08","modified_gmt":"2026-07-01T22:43:08","slug":"stc16801-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16801-2018\/","title":{"rendered":"STC16801-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16801-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2018-00225-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Nilsen Pel\u00e1ez Mart\u00ednez frente al fallo de 31 de octubre de 2018, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Alberto Guzm\u00e1n Ante contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al impugnante como demandado, as\u00ed como a las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso en el cual se origina la queja constitucional. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad judicial accionada.
\nPor tanto, solicit\u00f3 dejar sin efecto lo actuado a partir del 14 de julio de 2017, en el proceso posesorio n.\u00ba 2010-00312 instaurado con Roelfi Guzm\u00e1n Ante contra Nilsen Pel\u00e1ez Mart\u00ednez, dado que el despacho criticado perdi\u00f3 competencia para continuar con el tr\u00e1mite del asunto en segunda instancia por expirar el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

2.\tSon hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n

2.1.\tAnte el Juzgado 16 Civil Municipal de Oralidad de Cali, Carlos Alberto y Roelfi Guzm\u00e1n Ante convocaron a Nilsen Pel\u00e1ez Mart\u00ednez a proceso posesorio, tr\u00e1mite en el que se dict\u00f3 sentencia desestimatoria el 15 de noviembre de 2016. <\/p>\n

2.2.\tLa parte actora apel\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, recurso recibido en la secretar\u00eda del Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de esa ciudad el 13 de enero de 2017, siendo admitido el d\u00eda 17 del mismo mes; y el 31 de marzo siguiente las partes fueron convocadas para realizar la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo el siguiente 8 de noviembre, a las 9:00 am. <\/p>\n

2.3.\tEn la \u00faltima data referida a espacio, el estrado acusado resolvi\u00f3 prorrogar el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, y ante la inasistencia de la parte convocante recurrente declar\u00f3 desierta la impugnaci\u00f3n vertical. <\/p>\n

2.4.\tEl mismo 8 de noviembre los demandantes solicitaron reponer la deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n y fijar nueva fecha para la audiencia, remedio rechazado por extempor\u00e1neo el d\u00eda 14 siguiente. <\/p>\n

2.5.\tLos demandantes formularon nulidad de pleno derecho alegando que para el 8 de noviembre de 2017 el ad-quem no era competente para declarar desierta la alzada, en la medida en que este hab\u00eda perdido la atribuci\u00f3n por virtud de la expiraci\u00f3n del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 121 \u00eddem -lo cual hab\u00eda ocurrido el 13 de julio anterior-, sin prorrogarse el t\u00e9rmino para resolver la instancia, luego, en ese momento ya no era dable prorrogarlo y menos declarar desierta la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

2.6.\tEl 22 de junio de 2018 el funcionario censurado rechaz\u00f3 la nulidad, determinaci\u00f3n reprochada en reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n; el 23 de julio posterior el juez querellado no repuso y neg\u00f3 por improcedente el recurso vertical. <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tEl Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali pidi\u00f3 negar el amparo porque no desconoci\u00f3 las garant\u00edas esenciales del quejoso, comoquiera que prorrog\u00f3 el t\u00e9rmino para desatar el remedio con apoyo en lo previsto en el art\u00edculo 121 del estatuto procesal vigente. Al efecto, precis\u00f3 que si bien el t\u00e9rmino inicial para fallar la apelaci\u00f3n expiraba el 13 de julio siguiente, el mismo se extendi\u00f3 hasta el 13 de enero de 2018, en aplicaci\u00f3n de la pr\u00f3rroga consagrada en el referido precepto, de manera que la declaratoria de desierto del medio de contradicci\u00f3n se produjo dentro de dicho lapso; y dijo que rechaz\u00f3 por improcedente la alzada interpuesta contra la decisi\u00f3n que rechaz\u00f3 la nulidad incoada por el reclamante (folio 28, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tEl Juzgado 16 Civil Municipal de la capital vallecaucana hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el posesorio n.\u00ba 2010-00312-00 e indic\u00f3 que las garant\u00edas superiores del accionante siempre fueron respetadas (folios 29 y 30, cuaderno 1). <\/p>\n

3.\tNo se tendr\u00e1 en cuenta el memorial aportado por quien dijo actuar como apoderado judicial de Nilsen Pel\u00e1ez Mart\u00ednez, dado que no aport\u00f3 el poder que lo facultara actuar en este tr\u00e1mite espec\u00edfico (folios 100 a 102, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a-quo constitucional accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n rogada, por virtud de lo cual orden\u00f3 dejar sin valor y efectos todo lo actuado con posterioridad al 14 de julio de 2017 y, en su lugar, dispuso dar cumplimiento a lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que devino desacertada la decisi\u00f3n del funcionario accionado de prorrogar el t\u00e9rmino para resolver la apelaci\u00f3n de la sentencia de primera instancia, toda vez que para el 8 de noviembre de 2017 ya no era competente para continuar conociendo el proceso, porque dicho plazo hab\u00eda fenecido el 13 de julio anterior sin que se hubiera empleado esa facultad. <\/p>\n

Explic\u00f3 que el funcionario debi\u00f3 emitir la referida extensi\u00f3n antes del vencimiento del lapso para fallar, pues de hacerlo con posterioridad a este, como ocurri\u00f3, era obvio que la decisi\u00f3n que se adoptara lo ser\u00eda sin atribuci\u00f3n, por lo que result\u00f3 arbitraria la \u00abparticular forma de contabilizar el t\u00e9rmino y obviar que la decisi\u00f3n proferida el 08 de noviembre de 2017 era nula de pleno derecho como lo previ\u00f3 la norma aludida, que seg\u00fan la Corte [Suprema de Justicia] \u201csurte efectos sin necesidad de reconocimiento, de suerte que no puede recobrar fuerza ni siquiera por el paso del tiempo o la inacci\u00f3n de las partes, de all\u00ed que se excluya la aplicaci\u00f3n del principio de invalidaci\u00f3n o saneamiento [STC8849-2018, 11 jul. 2018, rad. 2018-00070-01]\u00bb (folios 147 a 154, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

Nilsen Pel\u00e1ez Mart\u00ednez, demandado en el proceso en que se origin\u00f3 la presente acci\u00f3n tutelar, manifest\u00f3 su inconformidad con el fallo que viene de rese\u00f1arse y pidi\u00f3 revocarlo para, en su lugar, negar la salvaguarda superior. Expres\u00f3 que la pr\u00f3rroga del t\u00e9rmino para fallar fue dictada \u00abcon anterioridad\u00bb a la audiencia de 8 de noviembre de 2017, en la que se declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n, por lo que estim\u00f3 tal determinaci\u00f3n fue oportunamente emitida y no oper\u00f3 la nulidad de pleno derecho; dijo que si el quejoso consideraba que se hab\u00eda perdido la competencia debi\u00f3 formular la nulidad con anterioridad al pronunciamiento del prove\u00eddo cuestionado; record\u00f3 que para la prosperidad de la tutela era necesario superar el requisito de procedibilidad; y finaliz\u00f3 anotando que las pretensiones del actor en el posesorio no estaban llamadas a prosperar, comoquiera que estaban fundadas en un proceso de pertenencia que termin\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito (folios 163 a 165, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tConforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

De all\u00ed que, en trat\u00e1ndose de tutela contra decisiones judiciales, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n

\u2026 el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado… (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n

As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n

2.\tEn el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, de entrada, se advierte que el fallo del a-quo constitucional ser\u00e1 confirmado por las siguientes razones: <\/p>\n

2.1.\tEl funcionario acusado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, toda vez que para rechazar la nulidad formulada por el accionante con fundamento en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, respecto de la decisi\u00f3n de 8 de noviembre de 2017 que prorrog\u00f3 el t\u00e9rmino para desatar la alzada y seguidamente la declar\u00f3 desierta, desconoci\u00f3 dicho precepto que dispone, en punto a la segunda instancia, lo siguiente: <\/p>\n

\u2026[E]l plazo para resolver la segunda instancia, no podr\u00e1 ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepci\u00f3n del expediente en la secretar\u00eda del juzgado o tribunal. <\/p>\n

Vencido el respectivo t\u00e9rmino previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perder\u00e1 autom\u00e1ticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al d\u00eda siguiente, deber\u00e1 informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumir\u00e1 competencia y proferir\u00e1 la providencia dentro del t\u00e9rmino m\u00e1ximo de seis (6) meses\u2026 <\/p>\n

\u2026 <\/p>\n

Excepcionalmente el juez o magistrado podr\u00e1 prorrogar por una sola vez el t\u00e9rmino para resolver la instancia respectiva, hasta por seis (6) meses m\u00e1s, con explicaci\u00f3n de la necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite recurso. <\/p>\n

Ser\u00e1 nula de pleno derecho la actuaci\u00f3n posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia. (Negrillas ajenas al texto). <\/p>\n

Del contenido literal de la disposici\u00f3n transcrita, se concluye, de un lado, que el legislador instituy\u00f3 una causal de p\u00e9rdida de competencia, fundada en el trascurso del tiempo para decidir de fondo, es decir, que se le otorga al juzgador un plazo razonable para resolver la instancia so pena de que el asunto deba ser asumido por un nuevo funcionario judicial. <\/p>\n

Por otra parte, observa la Corporaci\u00f3n que el hito inicial para el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino de seis meses previsto para resolver la segunda instancia comienza a correr objetivamente a partir del recibo del expediente en la secretar\u00eda del despacho o corporaci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Luego, el entendimiento que acoge la Corte alude a que el anotado plazo para desatar la segunda instancia corre de forma objetiva, salvo interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del litigio; no obstante lo cual, dicha norma prev\u00e9 una excepci\u00f3n a la regla general del plazo estipulado para definir la instancia respectiva, que consiste en que por una sola vez el juez o magistrado podr\u00e1 prorrogar el t\u00e9rmino hasta por seis meses m\u00e1s, para lo cual debe explicar las razones por las cuales es necesario diferir el lapso legal para decidir. <\/p>\n

La pr\u00f3rroga debe disponerse antes de que fenezca el t\u00e9rmino legal, por cuanto el entendimiento objetivo que esta Corporaci\u00f3n ha dado del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso1 implica que la consecuencia de la extinci\u00f3n de tal plazo sin definirse la instancia es la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia y, por contera, la nulidad de pleno derecho de las actuaciones posteriores. <\/p>\n

De ah\u00ed que era improcedente la ampliaci\u00f3n del t\u00e9rmino realizada por el funcionario acusado el 8 de noviembre de 2017, comoquiera que el 14 de julio de esa calenda perdi\u00f3 por el mismo hecho la atribuci\u00f3n sobre el caso, en tanto el d\u00eda anterior -13 de julio- culmin\u00f3 el plazo legal para resolver la instancia sin que esto ocurriera ni lo extendiera. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se equivoc\u00f3 el funcionario accionado al extender el plazo despu\u00e9s de pasados los seis meses que ten\u00eda para desatar la alzada, lo que desemboc\u00f3 en la trasgresi\u00f3n del debido proceso del gestor del amparo, toda vez que, al tenor del art\u00edculo 13 del C\u00f3digo General del Proceso, las normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento y en ning\u00fan caso pod\u00edan ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, menos aun cuando \u00e9stas reglamentan uno de los factores de competencia que contempla el estatuto procesal vigente. <\/p>\n

En tal virtud, al haberse recibido el expediente en la secretar\u00eda del juzgado cuestionado el 13 de enero de 2017, la actuaci\u00f3n adelantada con posterioridad al 13 de julio de esa anualidad, sin que se hubiese resuelto la segunda instancia, era \u00abnula de pleno derecho\u00bb, sin importar la alegaci\u00f3n tard\u00eda de esa invalidez. <\/p>\n

2.2.\tEn adici\u00f3n, se reitera lo expresado por la Sala en un caso an\u00e1logo al de ahora, en el que dijo: <\/p>\n

\u2026[A] pesar de que el par\u00e1grafo del art\u00edculo 136 ib\u00eddem, consagra como insaneables \u00fanicamente los vicios provenientes de ir en contra de providencias del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir \u00edntegramente la respectiva instancia; la interpretaci\u00f3n que en esta ocasi\u00f3n acoge la Sala no desdice tal previsi\u00f3n legal, comoquiera que el empleo de la nulidad de pleno derecho, propia del derecho sustancial, traduce un vicio invalidatorio de orden procesal con entidad superior a las anomal\u00edas que otrora preve\u00eda este ordenamiento, de donde los c\u00e1nones 121 y 136 citados, guardan armon\u00eda. <\/p>\n

Por ende, a tal evento es inaplicable el inciso final del precepto 138 ejusdem, por cuanto re\u00f1ir\u00eda con la interpretaci\u00f3n final\u00edstica y literal que proh\u00edja la Corte, pues emplearlo ser\u00eda tanto como afirmar que a pesar de estar viciada de pleno derecho la actuaci\u00f3n del juzgador a quien le culmin\u00f3 el plazo plasmado en el art\u00edculo 121, se convalidar\u00e1 lo decidido, ya que esto equivaldr\u00eda a restar efectos al vicio que opera sin m\u00e1s. <\/p>\n

Cabe a\u00f1adir que la estipulaci\u00f3n de plazos perentorios para la resoluci\u00f3n de los litigios, deriva de la necesidad de dar cumplimiento a los diferentes tratados internacionales que ha suscrito Colombia, entre ellos el Pacto de Derechos Civiles y Pol\u00edticos del 16 de diciembre de 1966, ratificado con la ley 74 de 1968, que en su art\u00edculo 9\u00b0 (numeral 3\u00b0), dispone que \u00ab[t]oda persona detenida o presa a causa de una infracci\u00f3n penal ser\u00e1 llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendr\u00e1 derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad\u00bb, mandato que por su relevancia no s\u00f3lo debe restringirse a materia penal, sino tambi\u00e9n a asuntos de naturaleza civil (STC8849-2018, 11 jul. 2018, rad. 2018-00070-01). <\/p>\n

3.\tAs\u00ed las cosas, se impone confirmar el fallo impugnado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nAclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nSalvamento de voto <\/p>\n

Ausencia justificada
\nARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\nSALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n

STC 16801-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00famero 76001-22-03-000-2018-00225-01 <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

En la tutela que promovi\u00f3 el se\u00f1or CARLOS ALBERTO GUZM\u00c1N contra EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI, se dict\u00f3 sentencia concediendo la protecci\u00f3n invocada, decisi\u00f3n que fue recurrida por una de las intervinientes en el proceso en que se aduce la vulneraci\u00f3n, y la Sala Civil de la Corte defini\u00f3 en providencia del d\u00eda 19 de diciembre de 2018, en la cual se CONFIRM\u00d3 lo decidido por el Tribunal Superior de Cali que orden\u00f3 al Juzgado accionado aplicar el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso y en consecuencia dejar sin efecto todo lo actuado a partir del d\u00eda 14 de junio de 2017 en los t\u00e9rminos y forma indicados en esa sentencia. <\/p>\n

Aduce el actor que en un proceso posesorio adelantado por \u00e9l contra la impugnante Nilsen Pel\u00e1ez Mart\u00ednez, se ha demorado la decisi\u00f3n m\u00e1s del t\u00e9rmino se\u00f1alado en el art\u00edculo 121 del CGP para que se pierda competencia, por lo que ordena dar aplicaci\u00f3n a esa norma en el t\u00e9rmino indicado. <\/p>\n

Debo advertir que comparto la decisi\u00f3n de la sala en cuanto afirma que la intenci\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso es la celeridad y que la justicia sea pronta y cumplida, y en tal sentido es obligatorio el cumplimiento de los t\u00e9rminos procesales, en particular los establecidos en el art\u00edculo 121 de dicha normatividad, as\u00ed como tambi\u00e9n que si no se fallan los procesos en los mencionados t\u00e9rminos lo procedente es que sea nula toda actuaci\u00f3n posterior a los vencimientos, como clara y expresamente lo se\u00f1ala el canon, lo que no comparto es la motivaci\u00f3n expuesta por los Magistrados que consideran dicho t\u00e9rmino como plenamente objetivo y la nulidad que se establece para las actuaciones posteriores al vencimiento de dicho plazo como totalmente insubsanable. Incluso considero que muchas veces el t\u00e9rmino debe contarse de manera diferente o desde distinta \u00e9poca, como cuando se presenta la muerte del juez o cuando se traslada y al despacho llega un nuevo funcionario al cual no se le pueden contar los t\u00e9rminos del anterior. <\/p>\n

De la misma manera, el verdadero entendimiento de la terminolog\u00eda usada para calificar la nulidad que se aplica para las actuaciones posteriores es inadecuado en la providencia, pues considero que al usar la expresi\u00f3n \u201cde pleno derecho\u201d la ley de ninguna manera quiso hablar de insubsanabilidad sino de una nulidad diferente a las ya mencionadas en el c\u00f3digo y de otra manera diferente de entender esa nulidad sin la posibilidad de anteponer excusas por parte del juez, salvo para efectos de oponerse a alguna posible sanci\u00f3n cuando la mora no sea por culpa de su parte. Tampoco se podr\u00e1 considerarse que se refiere a que la nulidad no requiera declaraci\u00f3n judicial como algunos lo propugnan porque resultar\u00eda un imposible l\u00f3gico dentro del proceso que las nulidades aparecieran y se dieran sin que el director del proceso tuviera actuaci\u00f3n concreta frente a ellas. Tampoco a que los t\u00e9rminos sean objetivos puros, pues es claro que hay ocasiones en que deben suspenderse por orden de la ley o por imposibilidad absoluta de contarse, advirtiendo que a lo imposible nadie est\u00e1 obligado y que hay ocasiones en que la inactividad e incluso la inoportuna intervenci\u00f3n de ellas en el proceso, es la culpable del vencimiento de los t\u00e9rminos. Por eso como dicen los que conforman la mayor\u00eda de la sala afirmando que los t\u00e9rminos son objetivos y que se cuentan para el proceso y no para el juez. <\/p>\n

En tal sentido, dejando en claro que soy partidario de la eficacia y celeridad de los procesos y que de ninguna manera puede dejarse de cumplir los t\u00e9rminos que ordena la ley, considero que debe adelantarse una mejor sustentaci\u00f3n te\u00f3rica para el caso, advirtiendo que tampoco comparto la otra posici\u00f3n que pregona la subsanaci\u00f3n de los actos por el hecho de haber cumplido sus fines, pues ella es \u00fatil para un caso particular pero desestimula el cumplimiento en general. Por eso debe analizarse cada caso en concreto para dar la mejor interpretaci\u00f3n posible. <\/p>\n

Es cierto que nada se gana para el caso cuando se anula un acto para que vuelva a dictarse el mismo con posterioridad, pero si el juez es consciente de que una vez vencido el t\u00e9rmino ya no puede actuar, no puede animarse a proferir esos actos cuando ya no tiene competencia porque de todas formas su actuar a nada conducir\u00eda y solo causar\u00eda confusi\u00f3n y estorbo en el proceso, estando seguro que ning\u00fan juez querr\u00eda eso. <\/p>\n

Por tal motivo, aunque apoyo la decisi\u00f3n de la sala, considero que es necesario llegar a acuerdos que unifiquen la valoraci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de la ley para mejor entendimiento de los funcionarios y de las partes en b\u00fasqueda de un fin com\u00fan que es la mejor y m\u00e1s cumplida justicia. <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMAGISTRADO <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nSTC16801-2018
\n.
\nCon pleno respeto por los integrantes de la Sala que conformaron mayor\u00eda para la adopci\u00f3n de la sentencia proferida en el asunto de la referencia, procedo a exponer las razones de mi comedido aunque total disenso.
\nEn el presente caso, mayoritariamente se confirm\u00f3 lo resuelto por el tribunal constitucional en primera instancia que estim\u00f3 procedente el amparo contra la providencia que no acogi\u00f3 la solicitud de p\u00e9rdida de competencia por superarse el plazo previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso para resolver la apelaci\u00f3n de la sentencia y, en su lugar, dej\u00f3 sin efecto todo lo actuado a partir del 14 de julio de 2017.
\nLa Sala expuso dentro de su argumentaci\u00f3n que \u00abal
\nhaberse recibido el expediente en la secretar\u00eda del juzgado cuestionado el 13 de enero de 2017, la actuaci\u00f3n adelantada con posterioridad al 13 de julio de esa anualidad, sin que se hubiese resuelto la segunda instancia, es "nula de pleno derecho", sin importar la alegaci\u00f3n tard\u00eda <\/p>\n

de esa invalidez\u00bb (f. 8 v.), con lo que se le dio un car\u00e1cter insaneable, aspecto del cual me aparto, con base en la siguiente argumentaci\u00f3n.
\nDel car\u00e1cter saneable de la nulidad invocada.
\n1. En reiteraci\u00f3n y desarrollo de las consideraciones que con ponencia del suscrito, la Sala mayoritariamente hizo suyas en la sentencia STC21350-2017, 14 dic., rad. 2017-02836-00, es preciso reconocer la contundencia del inciso 6\u00b0 del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso en
\nse\u00f1alar: \u00abSer\u00e1 nula de pleno derecho la actuaci\u00f3n posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia.\u00bb.
\nDe esta forma, el legislador dio continuidad a la pol\u00edtica procesal inicialmente vertida en el canon 9\u00b0 de la Ley 1395 de 2010 -modificatorio del precepto 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, reiterando el establecimiento de un referente preciso para la duraci\u00f3n de las instancias ante cuya superaci\u00f3n acaece la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia.
\nSumado a ello, la versi\u00f3n m\u00e1s reciente y actualmente vigente de la regla, fue reforzada en el C\u00f3digo General del Proceso con el establecimiento de un efecto invalidante que opera de pleno derecho respecto de la actuaci\u00f3n posterior a la cesaci\u00f3n de la aptitud legal. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, conviene recalcar que al margen del debate que podr\u00eda suscitarse en punto de la completa configuraci\u00f3n de un aut\u00e9ntico factor temporal de atribuci\u00f3n de la funci\u00f3n jurisdiccional, resulta indiscutible la vigencia de una preceptiva cuyo alcance prescribe la terminaci\u00f3n de la aptitud del funcionario cognoscente por la superaci\u00f3n de los t\u00e9rminos respectivos, que se insiste, en el panorama vigente encuentra como sanci\u00f3n una particular ineficacia que aunque desarticulada del r\u00e9gimen de nulidades de la codificaci\u00f3n procesal, resulta expresa y aplicable.
\n2. No obstante, con prescindencia de lo anterior, lo cierto es que dada la falta de norma en contrario, la naturaleza del vicio y la necesidad de vincular el evento invalidante especial con los lineamientos generales del Cap\u00edtulo de nulidades procesales, en todo caso la irregularidad derivada de la superaci\u00f3n del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la instancia ser\u00eda saneable, o cuando menos, no puede tildarse de arbitrario un criterio en tal sentido.
\nSobre el particular corresponde precisar que aunque la disposici\u00f3n en cita refiere que la nulidad que afecta \u00abla
\nactuaci\u00f3n posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia\u00bb, opera de pleno derecho, ello no supone que la misma se torne insubsanable.
\nCiertamente, la expresi\u00f3n de pleno derecho, en este contexto y acorde con el significado jur\u00eddico de los vocablos, tan s\u00f3lo supondr\u00eda, en principio, que los efectos de la nulidad se producir\u00edan autom\u00e1ticamente, sin necesidad de <\/p>\n

reconocimiento o decreto judicial, esto es, por el simple ministerio de la Ley (ope legis), pero no necesariamente la calidad de insaneable del vicio procesal.
\nEn este orden, la previsi\u00f3n dar\u00eda cuenta, a lo sumo, de una discutible', diferenciada y excepcional regla en punto de la necesidad del decreto judicial de la nulidad procesal (principio de declaraci\u00f3n judicial), la cual no constituye por s\u00ed sola incompatibilidad alguna con los dem\u00e1s principios que informan la materia en el \u00e1mbito procesal civil, a saber: taxatividad, trascendencia, protecci\u00f3n, legitimaci\u00f3n y convalidaci\u00f3n.
\nPor lo anterior, nada obsta para que en la hip\u00f3tesis de transgresi\u00f3n de los t\u00e9rminos de duraci\u00f3n de la instancia, deban estudiarse los condicionamientos de alegaci\u00f3n del vicio, y muy especialmente, los eventos de saneamiento contemplados actualmente en el canon 136 ejusdem.
\nAl respecto, es determinante se\u00f1alar que los \u00fanicos criterios de competencia que resultan improrrogables son el subjetivo y funcional2, los cuales no se corresponden con el supuesto de p\u00e9rdida de la competencia por vencimiento de los t\u00e9rminos de resoluci\u00f3n de la instancia, pues tal hip\u00f3tesis no supone reproche por ausencia de la aptitud legal que debe establecerse desde dichos factores
\n1 En tanto que en los \u00e1mbitos sustantivo y procesal, la nulidad s\u00f3lo se concibe mediante su reconocimiento por v\u00eda de pronunciamiento judicial, tal cual se extrae de los art\u00edculos 1742, 1746 y 1748, entre otros, del C\u00f3digo Civil y las preceptivas del cap\u00edtulo de nulidades procesales del C\u00f3digo General del Proceso (c\u00e1nones 132 a 138), en especial el inciso \u00faltimo del art\u00edculo 138 ib\u00eddem.
\n2 Art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, acorde con el cual se han previsto pautas diferenciadas para el caso de su desatenci\u00f3n en el canon 138. <\/p>\n

privilegiados, sino al contrario, una secuela encaminada a finiquitar la atribuci\u00f3n que ven\u00eda regularmente dada, como mecanismo de coerci\u00f3n y sanci\u00f3n para que el funcionario dotado de la potestad, cumpla oportunamente con su deber de decisi\u00f3n.
\nDe igual manera, las \u00fanicas causales de anulabilidad insubsanables -sin desconocer el especial tratamiento de la falta de competencia funcional y subjetiva- son las detalladas en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 136, es decir: \u00abLas nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior,
\nrevivir un proceso legalmente concluido o pretermitir \u00edntegramente la respectiva instancia\u00bb, ninguna de las cuales se aviene al evento de la p\u00e9rdida de competencia por vencimiento del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la instancia.
\nPor tal raz\u00f3n, se insiste, tienen plena aplicaci\u00f3n los condicionamientos de alegaci\u00f3n del vicio (legitimaci\u00f3n, no haber dado lugar al vicio, oportuna alegaci\u00f3n y no convalidaci\u00f3n expresa o t\u00e1cita -art. 135), as\u00ed como muy especialmente los eventos de saneamiento contemplados actualmente en el canon 136 ejusdem, acordes con los anteriores presupuestos.
\nDe esta forma, la deficiencia podr\u00e1 ser saneada y por lo mismo, conservada la validez de la actuaci\u00f3n, dada la inoportuna alegaci\u00f3n o convalidaci\u00f3n, y muy puntualmente,
\n\u00abCuando a pesar del vicio el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no se viol\u00f3 el derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n

3. Conviene destacar que en esta clase de hip\u00f3tesis, no puede pasarse por alto el criterio hermen\u00e9utico de
\nprevalencia del derecho sustancial consagrado en el art\u00edculo
\n228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, replicado en el canon 11 del
\nC\u00f3digo General del Proceso, conforme al cual \u00abel objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb.
\nEn relaci\u00f3n con lo anterior esta Corporaci\u00f3n ha ilustrado:
\n\u00ab(…) el derecho procesal es medio y no fin, [y] ( ..) la finalidad de los procedimientos es la efectividad de los derechos sustanciales ( ..). Al interpretar la ley procesal, el juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto y el fin de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial (..)".
\n"(…) [11a relaci\u00f3n de medio a .fin es ostensible, lo que hace ver que la rigurosidad con la que actuaron los jueces de instancia, desconoci\u00f3] principios generales del derecho procesal, los cuales deben estar para cumplir la garant\u00eda constitucional del debido proceso, a cuyo respecto se ha referido esta Sala en pret\u00e9ritas oportunidades como cuando dijo: 'No en vano el legislador ha previsto que 'las dudas que surjan de la interpretaci\u00f3n de las normas del presente C\u00f3digo, deber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garant\u00eda constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes" (art. 4\u00b0, C. de P. C.)\u00bb (SC 27 abr. 2006, 2006-00480-01; reiterada recientemente en STC8971-2017, 22 jun. 2017, rad. 2017-01237-01).
\nEn la misma l\u00ednea, la Corte Constitucional ha condensado su precedente sobre la materia en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

\u00ab38. Del anterior recuento la Corte concluye que el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas refiere a que (i) la norma adjetiva debe buscar la garant\u00eda del derecho sustancial y, por ende, no se puede convertir en una barrera de efectividad de \u00e9ste; (ii) la regulaci\u00f3n procesal debe propender por la realizaci\u00f3n de los derechos sustanciales al suministrar una v\u00eda para la soluci\u00f3n de controversias sobre los mismos; y, (iii) el derecho adjetivo al cumplir una funci\u00f3n instrumental que no es un fin en s\u00ed mismo, debe ce\u00f1irse y estar al servicio del derecho sustancial el cual se debe privilegiar para proteger las garant\u00edas fundamentales.\u00bb (C-193\/ 16).
\n4. As\u00ed las cosas, no pareciera viable calificar de arbitraria, caprichosa y desprovista de fundamento jur\u00eddico, una postura que en supuestos como los relacionados con el desbordamiento del t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, reclame por la permanencia de los efectos de una actuaci\u00f3n consumada, m\u00e1xime cuando las causas de la extensi\u00f3n en los t\u00e9rminos puedan obedecer a una tolerancia de las partes (t\u00e1cita o expl\u00edcita) o a\u00fan m\u00e1s, al cumplimiento de otro deber de similar o mayor val\u00eda, cual es obtener la debida pr\u00e1ctica de una prueba para la definici\u00f3n de la litis.
\nSe acota que en estos eventos, las actuaciones perfeccionadas con posterioridad al t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la instancia, en especial la decisi\u00f3n definitiva, y sin que medie alegaci\u00f3n oportuna del vicio saneable, no es en principio razonable retrotraerlas por la aplicaci\u00f3n de una pauta que justamente busca la obtenci\u00f3n de la decisi\u00f3n de m\u00e9rito, pues los fines pr\u00e1cticos de la administraci\u00f3n judicial ya estar\u00edan satisfechos. <\/p>\n

As\u00ed, sin duda, cumplido un acto sin violaci\u00f3n del derecho de defensa, es m\u00e1s grande el favor que se le presta a los derechos de los justiciables, avalando actuaciones que aunque retardadas, tiendan o definan la contienda, antes que superponer una invalidaci\u00f3n que justamente busca la obtenci\u00f3n del fallo de fondo en el grado de conocimiento respectivo.
\nPor todo lo anterior, la hip\u00f3tesis de invalidaci\u00f3n no puede ser analizada al margen de la doctrina que aboga por la conservaci\u00f3n de los actos procesales y reclama por la sanci\u00f3n cuando las partes la aleguen en su debida oportunidad, o se advierta un supuesto de insalvable transgresi\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso.
\nEsta Corte ha tenido la oportunidad de recabar en la relevancia de los mentados axiomas al momento de decidir en materia de nulidades procesales y considerar su naturaleza restringida, residual y necesariamente fundada, para estructurar criterio orientador conforme al cual \u00abLa regla, pues, es la eficacia y prevalencia del procedimiento; la excepci\u00f3n, en cambio, la posibilidad de su invalidaci\u00f3n\u00bb. En sustento de lo anterior se ilustr\u00f3:
\n\u00abNada es m\u00e1s nocivo que declarar una nulidad procesal, cuando no existe la inequ\u00edvoca certidumbre de la presencia real de un vicio que, por sus connotaciones, impide definitiva e irremediablemente que la litis siga su curso, con las secuelas negativas que ello acarrea. Actitudes como \u00e9sta, taladran el oficio judicial y comprometen la eticidad del director del proceso, a la par que oscurecen su labor\u00edo, en el que siempre debe imperar la b\u00fasqueda se\u00f1era de la justicia, en concreto, la efectividad de los derechos, la cual no puede quedar <\/p>\n

en letra muerta, por un exacerbado formalismo, cliteralismo' o `procesalismo, refractarios a los tiempos que corren, signados por el respeto de los derechos ciudadanos, entre ellos, el aquilatado `debido proceso'. Anular por anular, o hacerlo sin un acerado y pot\u00edsimo fundamento, es pues una deleznable pr\u00e1ctica que, de plano, vulnera los postulados del moderno derecho procesal, por lo que requiere actuar siempre con mesura y extrema prudencia el juzgador, como quiera que su rol, por excelencia, es el de administrar justicia, con todo lo loable y noble que ello implica, y no convertirse en una especie de
\nenterrador de las causas sometidas a su enjuiciamiento\u00bb (CSJ
\nSC, 5 jul. 2007, rad 1989-09134-01).
\n5. De otra parte, la invalidaci\u00f3n enunciada, es precisamente la ant\u00edtesis de la eficacia del proceso y la resoluci\u00f3n de la litis, a la cual debe acudirse como \u00faltimo remedio para superar graves e insuperables trasgresiones al debido proceso y no para extender a\u00fan m\u00e1s en el tiempo la materializaci\u00f3n del derecho de los asociados a una pronta y cumplida administraci\u00f3n de justicia.
\nEn este panorama, no pareciera procedente, so pretexto del derecho a obtener una decisi\u00f3n de fondo en un t\u00e9rmino razonable, aniquilar la actuaci\u00f3n que ya se verific\u00f3 sin afrenta al debido proceso y con anuencia de la partes, en raz\u00f3n de su no alegaci\u00f3n oportuna, quienes sin perjuicio del inter\u00e9s de toda la comunidad en el desenvolvimiento de la serie, son los directos afectados con la definici\u00f3n respectiva.
\nPor lo anterior y sin perjuicio del cumplimiento que indefectiblemente debe procurarse al t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la instancia, es claro que la justificada extensi\u00f3n del plazo, tolerada por los intervinientes, impide refutar la <\/p>\n

aptitud legal del juez que ha decidido dar continuidad al conocimiento del asunto en orden a la definici\u00f3n de la litis.
\nUn entendimiento contrario sit\u00faa en vilo la garant\u00eda de acceso ante los jueces, en lo concerniente a la eficacia de la tutela jurisdiccional, m\u00e1xime cuando la cl\u00e1usula legal pertinente no brinda seguridad alguna sobre la expedita y plenaria resoluci\u00f3n de la controversia, en tanto no prev\u00e9 sanci\u00f3n o remedio para el desbordamiento temporal en que puede incurrir \u00abel juez o magistrado que le sigue en turno\u00bb, supuesto para nada distante de la realidad y evidenciable con notas may\u00fasculas cuando la causa de la prolongaci\u00f3n no es exclusiva de la gesti\u00f3n de un despacho en concreto, sino com\u00fan a los dem\u00e1s de su misma categor\u00eda, especialidad y territorialidad.
\n6. El compromiso del Estado en materia de las garant\u00edas relacionadas no puede entenderse allanado exclusivamente con medidas como la condensada en el estudiado art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, y menos con la interpretaci\u00f3n que hoy defiende mayoritariamente la Sala, pues sumada a la absoluta y necesaria disposici\u00f3n en el desempe\u00f1o de las labores que se espera de un funcionario investido de jurisdicci\u00f3n, conforme al precedente jurisprudencial, se exige la satisfacci\u00f3n de un m\u00ednimo conjunto de condiciones que no son de su competencia directa, y en gran medida, recaen sobre los poderes legislativo, ejecutivo y en la administraci\u00f3n judicial, a saber: <\/p>\n

\u00abEl derecho a la administraci\u00f3n de justicia ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jur\u00eddico y por la debida protecci\u00f3n o el restablecimiento de sus derechos e intereses leg\u00edtimos, con estricta sujeci\u00f3n a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garant\u00edas sustanciales y procedimentales previstas en las leyes. [36]
\nAquella prerrogativa de la que gozan las personas, naturales o jur\u00eddicas, de exigir justicia, impone a las autoridades p\u00fablicas, como titulares del poder coercitivo del Estado y garantes de todos los derechos ciudadanos, distintas obligaciones para que dicho servicio p\u00fablico y derecho sea real y efectivo.
\nEn general, las obligaciones que los estados tienen respecto de sus habitantes pueden dividirse en tres categor\u00edas, a saber: las obligaciones de respetar, de proteger y de realizar los derechos humanos. Con base en esta clasificaci\u00f3n, a continuaci\u00f3n se determinar\u00e1 el contenido del derecho fundamental a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n

En segundo lugar, la obligaci\u00f3n de proteger requiere que el Estado adopte medidas para impedir que terceros interfieran u obstaculicen el acceso a la administraci\u00f3n de justicia del titular del derecho.
\nEn tercer lugar, la obligaci\u00f3n de realizar implica el deber del Estado de (i) facilitar las condiciones para el disfrute del derecho y, (ii) hacer efectivo el goce del derecho.
\nFacilitar el derecho a la administraci\u00f3n de justicia conlleva la adopci\u00f3n de normas y medidas que garanticen que todas las personas, sin distinci\u00f3n, tengan la posibilidad de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que la normativa <\/p>\n

proporciona para formular sus pretensiones.
\nEn cumplimiento del deber de regular, la Ley 270 de 1996 establece que, dentro de los principios que informan la administraci\u00f3n de justicia, se encuentran el acceso a la justicia (art\u00edculo 2\u00b0), la celeridad (art\u00edculo 4\u00b0), la eficiencia (art\u00edculo 7\u00b0) y el respeto de los derechos (art\u00edculo 9\u00b0), los cuales se constituyen en mandatos que deben ser observados por quienes administran justicia en cada caso particular.
\nTambi\u00e9n se facilita la administraci\u00f3n de justicia cuando se adoptan normas que garanticen (i) la existencia de procedimientos adecuados, id\u00f3neos y efectivos para la definici\u00f3n de las pretensiones y excepciones debatidas; (ii) que los procesos se desarrollen en un t\u00e9rmino razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garant\u00edas propias del debido proceso; y (iii) que las decisiones que se adopten protejan los derechos conforme a la Constituci\u00f3n y dem\u00e1s normativa vigente.
\nAsimismo, el deber de tomar medidas implica la obligaci\u00f3n de remover los obst\u00e1culos econ\u00f3micos para acceder a la justicia, crear la infraestructura necesaria para administrarla y asegurar la asequibilidad de los servicios del sistema de justicia a aquellos grupos de poblaci\u00f3n en condiciones de vulnerabilidad.
\nPor otra parte, hacer efectivo el derecho a la administraci\u00f3n de justicia conlleva garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende: (i) la posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, (ii) que \u00e9ste sea resuelto y, (iii) que se cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador jur\u00eddico y se restablezcan los derechos lesionados.\u00bb (CC. T-443\/ 13).
\nAcorde con lo anterior, la consagraci\u00f3n de una causal insaneable de nulidad por el vencimiento de los t\u00e9rminos de duraci\u00f3n de la instancia que pudiera llegar a concebir el legislador en su amplio \u00e1mbito de configuraci\u00f3n, exigir\u00eda que la normativa, adem\u00e1s de congruente con la taxatividad de la causal y los fen\u00f3menos de pr\u00f3rroga y subsanaci\u00f3n, brindara satisfacci\u00f3n a los condicionamientos <\/p>\n

constitucionales y estatutarios de estar aparejada o acompa\u00f1ada de mecanismos que garanticen el establecimiento -igualmente forzoso y dotado de consecuencias- de cargas razonables para cada despacho judicial3
\nDe lo contrario, la aplicaci\u00f3n de la figura con el entendimiento mayoritariamente adoptado, esto es, favorable a la existencia de una causal de anulaci\u00f3n insaneable, supondr\u00eda retrotraer la eficacia de la actuaci\u00f3n consumada, cuando lo pretendido es justamente su realizaci\u00f3n; hermen\u00e9utica que as\u00ed vista, deriva en irrazonable y desprovista de efecto positivo en las garant\u00edas de los justiciables.
\nEn los anteriores t\u00e9rminos, dejo fundamentado el salvamento de voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casac\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMAGISTRADO <\/p>\n

3 Conviene rese\u00f1ar que en el Plano reglamentario se ha edificado el concepto de \u00abCAPACIDAD M\u00c1XIMA DE RESPUESTA\u00bb, el cual tiene incidencia exclusiva en los par\u00e1metros de la calificaci\u00f3n de servicios, m\u00e1s no repercusi\u00f3n procesal directa y autom\u00e1tica frente a la carga de un despacho judicial en particular (Acuerdos PSAA16-10618 y PCSJA18-10883 del Consejo Superior de la Judicatura). <\/p>\n

1\u0002 \tCSJ, \tSTC8849-2018, 11 jul. 2018, rad. 2018-00070-01.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16801-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2018-00225-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Nilsen Pel\u00e1ez Mart\u00ednez frente al fallo de 31 de octubre de 2018, proferido por la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102390","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102390","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102390"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102390\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102390"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102390"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102390"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}