{"id":102393,"date":"2026-07-01T22:43:35","date_gmt":"2026-07-01T22:43:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102393"},"modified":"2026-07-01T22:43:35","modified_gmt":"2026-07-01T22:43:35","slug":"stc16807-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16807-2018\/","title":{"rendered":"STC16807-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16807-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 19001-22-13-000-2018-00042-02
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho). <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante frente al fallo de 10 de octubre de 2018, proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Franco Antonio Narv\u00e1ez Mu\u00f1oz contra los Juzgados 2\u00ba Civil del Circuito y 2\u00ba Civil Municipal, ambos de Santander de Quilichao (Cauca), tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes e intervinientes del asunto en el que se origina la presente queja constitucional. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El \tconvocante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus \tderechos al \u00abpatrimonio \tecon\u00f3mico\u00bb \ty \ta la propiedad privada, \tsupuestamente \tdesconocidos por las autoridades jurisdiccionales encausadas.
\nSuplic\u00f3, en s\u00edntesis, dejar sin efecto las sentencias proferidas en primera y segunda instancia dentro del proceso reivindicatorio \u2013n.\u00ba 2015-00230-01\u2013, en el que fungi\u00f3 como demandado (folio 7, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tDe la solicitud y las probanzas obrantes en el expediente, se extractan los siguientes hechos (folios 1 a 68, cuaderno 1): <\/p>\n

2.1.\tAnte el Juzgado 2\u00ba Civil Municipal de Santander de Quilichao (Cauca), se surti\u00f3 en primera instancia la demanda reivindicatoria n.\u00ba 2015-00230 instaurada por Jos\u00e9 del Carmen Cristancho Ord\u00f3\u00f1ez en contra del accionante, de Inversiones Montoya Hnos. y C\u00eda. S. en C., Mar\u00eda M\u00e9lida Ramos de Zambrano, Jaime y Arist\u00f3bulo Valencia Zambrano; la cual concluy\u00f3 con sentencia el 8 de marzo de 2018, en la que se declar\u00f3 pr\u00f3spera la pretensi\u00f3n con relaci\u00f3n a \u00e9l y al \u00faltimo demandado, adem\u00e1s de desestimarla con respecto a los dem\u00e1s enjuiciados. <\/p>\n

2.2.\tDecisi\u00f3n que fue apelada por el promotor y por Arist\u00f3bulo Valencia Zambrano, de la que conoci\u00f3 el Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de esa municipalidad, quien el 29 de junio siguiente opt\u00f3 por confirmar el fallo recurrido, manteniendo as\u00ed la orden impartida al primero de restituir la franja comprendida entre los puntos 9 y 13 de distancia -2.927,50 mts2-, de lo que ten\u00eda como extensi\u00f3n de su predio rural conforme a las demarcaciones trazadas en proceso de deslinde y amojonamiento zanjado en 1992 en favor del demandante. <\/p>\n

2.3.\tEl gestor aleg\u00f3 el quebrantamiento de sus garant\u00edas esenciales, habida cuenta que las sentencias dictadas en el declarativo en referencia incurrieron en defectos, tales como, desestimar su excepci\u00f3n de \u00abinexistencia de causa petendi\u00bb por no haber propuesto en reconvenci\u00f3n la prescripci\u00f3n adquisitiva, dado que \u2013en contraste con lo imaginado por los juzgadores\u2013 su intenci\u00f3n no fue aducir la calidad de poseedor, sino demostrar la condici\u00f3n de propietario; adem\u00e1s de premiar la desidia del reivindicante, quien pese a obtener sentencia favorable en el juicio de deslinde de 1992, vino a demandar una supuesta apropiaci\u00f3n de parte del terreno all\u00ed delimitado despu\u00e9s de 23 a\u00f1os. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que, como fruto de lo anterior se vio obligado a perder 2.927,50 mts2 de su dominio, que adquiri\u00f3 de buena fe en el a\u00f1o 2007 por medio de la escritura p\u00fablica n.\u00ba 188 de la Notar\u00eda \u00danica del C\u00edrculo de Caloto (Cauca). <\/p>\n

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y DE LOS VINCULADOS <\/p>\n

1. El \tJuzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Santander de Quilichao \tmanifest\u00f3 que confirm\u00f3 en su integridad el fallo del \tEstrado municipal al estimar que este emprendi\u00f3 el an\u00e1lisis \tprobatorio necesario y conducente en aras de resolver el fondo de la \tacci\u00f3n reivindicatoria, a lo que agreg\u00f3 ce\u00f1irse \ta los c\u00e1nones del art\u00edculo 327 del C\u00f3digo \tGeneral del Proceso en garant\u00eda de los derechos de las \tpartes. Rog\u00f3 denegar el resguardo (folio 273, cuaderno 2). <\/p>\n

2. El \tJuzgado 2\u00ba Civil Municipal de Santander de Quilichao, tras \tmemorar las actuaciones relevantes de la controversia declarativa, \tresalt\u00f3 que los demandados estuvieron asistidos por \tapoderados judiciales, los que ejercieron el derecho de \tcontradicci\u00f3n e invocaron excepciones que fueron materia de \testudio, en el respectivo fallo, de igual modo cobr\u00f3 fuerza \tdecisoria un proceso de deslinde y amojonamiento ventilado en 1992, \tel cual dej\u00f3 en firme los linderos sobre los que se vers\u00f3 \tla presunta ocupaci\u00f3n de terreno objeto de la litis \treivindicativa. Razones por las que sugiri\u00f3 la improcedencia \tde la s\u00faplica tutelar (folios 141 a 144, cuaderno 1). <\/p>\n

3. Jos\u00e9 \tdel Carmen Cristancho Ord\u00f3\u00f1ez enunci\u00f3 que el \tpeticionario pudo haber comprado legalmente como lo ha recalcado, \tpero que debi\u00f3 hacer un estudio de t\u00edtulos y en todo \tcaso denunciar el pleito a quien le vendi\u00f3 de mala fe, en la \tescritura de 2007, registrada solo hasta 2015 y donde no quedaron \testablecidos los l\u00edmites del fundo que adquiri\u00f3. <\/p>\n

Adicion\u00f3 que el actor tuvo la posibilidad de solicitar la pr\u00e1ctica de un peritaje agr\u00edcola si le generaban desconfianza los dict\u00e1menes rendidos en el proceso, y que en \u00faltimas le asiste el recurso extraordinario de revisi\u00f3n para elevar los reclamos vertidos en senda constitucional (folios 283 a 285, cuaderno 2). <\/p>\n

4. Flor \tElia Zambrano de Valencia expres\u00f3 que el plano topogr\u00e1fico \tdel expediente de deslinde y amojonamiento de 1992 no fue alterado y \tque corresponde a la realidad (folio 310, cuaderno 2). <\/p>\n

5. Arist\u00f3bulo \tValencia Zambrano, luego de hacer reminiscencia de su defensa en el \treivindicatorio n.\u00ba 2015-00230 se solidariz\u00f3 de los \tpedimentos del tutelante, al punto de coadyuvar su libelo \tdenunciando una violaci\u00f3n a sus derechos fundamentales al \tdebido proceso y a la propiedad, vulnerados al tener por no probada \tsu excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva (folios 333 a \t336, cuaderno 2). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n deneg\u00f3 la salvaguarda comoquiera que las decisiones de instancia, \u00abam\u00e9n de que se compartan o no\u00bb fueron el resultado de un raciocinio que no es arbitrario o caprichoso, pues, en contraste, obedecieron a los lineamientos sustantivos y procesales dispuestos para su resoluci\u00f3n (folios 353 a 363, cuaderno 2). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

Fue formulada por el convocante, quien cuestion\u00f3 que el a-quo constitucional no hubiera ajustado su determinaci\u00f3n a los hechos revelados en su escrito primigenio, a los derechos all\u00ed invocados, ni a las circunstancias de su problema, agravados por las irregularidades de las agencias judiciales acusadas (folios 409 a 411, cuaderno 2).
\nCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tConforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco a los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones y prove\u00eddos judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n

2. Del \texamen de la demanda de amparo se establece que el libelista \tcuestiona las \tsentencias de primera y segunda instancia de 8 de marzo y 29 de \tjunio de 2018, respectivamente, dictadas dentro del proceso \treivindicatorio n.\u00ba 2015-00230 (en el que fungi\u00f3 como \tdemandado), en tanto que las mismas incurrieron en yerro al \tdesestimar su excepci\u00f3n de \u00abinexistencia \tde causa petendi\u00bb \tpor no haber propuesto la de prescripci\u00f3n adquisitiva en \tdemanda de reconvenci\u00f3n, adem\u00e1s de premiar la desidia \tdel reivindicante, quien pese a obtener sentencia favorable en el \tjuicio de deslinde de 1992, vino a demandar una supuesta apropiaci\u00f3n \tde parte del predio que le pertenece despu\u00e9s de 23 a\u00f1os. <\/p>\n

2. Al \trespecto, se anticipa que el an\u00e1lisis de esta Sala versar\u00e1 \tsobre la decisi\u00f3n del Estrado del Circuito denunciado, pues \tfue esa la autoridad judicial que, tras conocer y decidir la \tapelaci\u00f3n propuesta por el quejoso y Arist\u00f3bulo \tValencia Zambrano contra la sentencia del despacho municipal tambi\u00e9n \trequerido, zanj\u00f3 ordinariamente el litigio materia de \tinconformidad constitucional. <\/p>\n

En efecto, el ad-quem criticado al desatar el pronunciamiento definitivo de la referida alzada, consign\u00f3 en relaci\u00f3n a los reparos concretos del ac\u00e1 promotor, lo siguiente: <\/p>\n

\u2026[E]n lo que corresponde a la inconformidad\u2026 frente a la no prosperidad de la prescripci\u00f3n este despacho considera que, con base a lo ya expresado\u2026 el apoderado del se\u00f1or Franco Narv\u00e1ez, afectado con la decisi\u00f3n de la a-quo, pretende equivocadamente que esta instancia se pronuncie sobre un medio defensivo que en ning\u00fan momento fue alegado en su parte en la contestaci\u00f3n de la demanda, obrante a folios 71 a 74 del expediente, pues exclusivamente propuso la denominada \u201cinexistencia de la causa petendi\u201d, y mucho menos las pruebas apuntaron a desvirtuar en este aspecto el derecho pretendido del demandante. Por consiguiente, es inocuo pronunciarse en este punto, tal como erradamente lo pretende\u2026 (1:20:30 a 1:21:11, CD n.\u00ba 2, cuaderno Corte). <\/p>\n

Y tras auscultar los medios suasorios aportados al dossier \u2013frente a los restantes ataques, en lo concerniente al estudio de t\u00edtulos, las aproximaciones detectadas en los mismos, a m\u00e1s de las distancias arrojadas en el a\u00f1ejo proceso de deslinde y amojonamiento\u2013, concluy\u00f3 que: <\/p>\n

[E]ste despacho debe recordar a los apelantes que, existiendo previamente una sentencia de deslinde y amojonamiento debidamente ejecutoriada, corresponde a la funcionaria judicial, en virtud de que la misma hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, hacerla valer frente a las partes dentro de las especificaciones se\u00f1aladas en el mismo fallo, es decir, mal habr\u00eda hecho la a-quo en desconocer el contenido de las medidas all\u00ed consignadas o, por el contrario, incluir longitudes que no fueron previstas. <\/p>\n

Es as\u00ed como verificados los documentos obrantes en el expediente se encuentra que de una manera detallada, concienzuda y anal\u00edtica por parte de la a-quo, con apego del perito designaron las \u00e1reas que perteneciendo al demandante hab\u00edan sido ocupadas por los demandados afectados con el fallo. <\/p>\n

Contrario a lo sostenido por el se\u00f1or Franco Narv\u00e1ez quien refiri\u00f3 en su recurso una serie de situaciones aparentemente ocurridas dentro de la inspecci\u00f3n judicial, que en momento alguno aparecen consignadas en la respectiva acta obrante a folios 493 a 496 del expediente, pues all\u00ed fue precisamente la juez a cargo, quien ante la duda respecto a las medidas y linderos reconoci\u00f3 la necesidad de acudir al plano expedido por el Juzgado Civil del Circuito de este municipio en el proceso de deslinde y amojonamiento. <\/p>\n

S\u00famese a ello que adem\u00e1s del plano del que ya se ha hecho referencia, la funcionaria en primera instancia tambi\u00e9n analiz\u00f3 las diferentes escrituras p\u00fablicas aportadas al expediente, certificados de tradici\u00f3n y dem\u00e1s documentos que permitieron ilustrarse sobre lo realmente ocurrido con el predio del demandante y finalmente arribar a la conclusi\u00f3n que lleg\u00f3. Esto no desconoce de manera alguna la buena fe con la que se presume han actuado los demandados al momento de adquirir los inmuebles respecto de los cuales, en \u00faltimas, salieron parcialmente afectados, ello por cuanto la buena fe es un principio constitucional consagrado en el art\u00edculo 83 de nuestra Carta Pol\u00edtica, pero deber\u00e1 hacerse valer dentro de los respectivos negocios jur\u00eddicos y\/o las acciones jur\u00eddicas pertinentes ya que al encontrarnos frente a la validez de una sentencia judicial debidamente ejecutoriada, como es la de deslinde y amojonamiento proferida el 21 de junio de 1989 por el Juzgado Civil del Circuito de este municipio y obrante a folios 130 a 134 del expediente, ante la presente acci\u00f3n reivindicatoria no era operante. <\/p>\n

Bajo ese contexto, se concluye que el fallo de 29 de junio de 2018 denota un sustento normativo y probatorio, de manera que las objeciones del opugnante no hallan recibo en esta sede excepcional, con mayor asidero si qued\u00f3 claro que este ocupaba una porci\u00f3n de tierra que forma parte de las medidas arrojadas en favor del reivindicante en el proceso de deslinde y amojonamiento, motivo por el que se le orden\u00f3 a aqu\u00e9l restituirlo una vez vencido en la litis reivindicatoria, am\u00e9n de que desaprovech\u00f3 la oportunidad de alegar en la contestaci\u00f3n de la demanda la acci\u00f3n prescriptiva sobre dicha franja de terreno \u2013que adujo en los reparos concretos de la sentencia de primera instancia1\u2013, tal y como lo concluy\u00f3 el juzgador de la apelaci\u00f3n, fuese por v\u00eda de reconvenci\u00f3n o de excepci\u00f3n de m\u00e9rito, acota esta Sala. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se vislumbra que el fundamento de la decisi\u00f3n disentida no luce arbitrario, caprichoso o subjetivo, pues se supedit\u00f3 a una respetable hermen\u00e9utica del ordenamiento legal y jurisprudencial, al igual que a la apreciaci\u00f3n razonada de las probanzas adosadas al plenario, lo que con independencia de que se comparta o no, descarta la v\u00eda de hecho pregonada y, por ende, it\u00e9rase, la viabilidad del amparo de marras. <\/p>\n

No en vano la Corte ha sentado que discrepar del fundamento de una resoluci\u00f3n judicial o administrativa, de por s\u00ed no desemboca en una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; CSJ STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y CSJ STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01; reiterada el 10 nov. 2017, rad. STC18711). <\/p>\n

4.\tPor lo dicho en precedencia, se respaldar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados. Rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

Ausencia justificada
\nARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tAudiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento de 8 de marzo de 2018 \t\u2013 Lectura del fallo (1:14:11 a 1:14:52, Audio 1 del CD n.\u00ba \t1, cuaderno Corte).<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16807-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 19001-22-13-000-2018-00042-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho). Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante frente al fallo de 10 de octubre de 2018, proferido por la Sala Civil-Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102393","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102393","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102393"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102393\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102393"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102393"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102393"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}