{"id":102396,"date":"2026-07-01T22:43:57","date_gmt":"2026-07-01T22:43:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102396"},"modified":"2026-07-01T22:43:57","modified_gmt":"2026-07-01T22:43:57","slug":"stc16810-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16810-2018\/","title":{"rendered":"STC16810-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16810-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2018-01600-02
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 1\u00ba de noviembre de 2018 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Hidroconsulta S.A.S. contra el Tribunal de Arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio de esta ciudad, integrado por el \u00e1rbitro \u00fanico H\u00e9ctor J. Romero D\u00edaz, para resolver el conflicto suscitado entre la peticionaria y Estudios T\u00e9cnicos y Construcciones S.A.S., a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del tr\u00e1mite objeto de queja constitucional. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La sociedad promotora reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por el accionado. <\/p>\n

En consecuencia, solicita se \u00abrevoque la decisi\u00f3n contenida en el auto No. 16 de fecha 29 de junio de 2018 proferida por el T. de A.\u00bb; se \u00abdetermine que se ha cumplido con la condici\u00f3n de pago de los honorarios y gastos establecidos por el Tribunal de A.\u00bb; y se \u00abordene al T. de A. iniciar el tr\u00e1mite arbitral que corresponde\u00bb (folios 56 y 57, cuaderno 1). <\/p>\n

2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n

2.1. Hidroconsulta S.A.S. convoc\u00f3 a proceso arbitral a Estudios T\u00e9cnicos y Construcciones S.A.S. pretendiendo se declarara que esa sociedad incumpli\u00f3 las obligaciones surgidas con la ejecuci\u00f3n del convenio consorcial celebrado entre esas sociedades. <\/p>\n

2.2. Mediante prove\u00eddo de 11 de mayo de 2018 el Tribunal de Arbitramento criticado fij\u00f3 como valor de los honorarios y gastos la suma de $83.217.500, la cual deber\u00eda ser consignada dentro de los t\u00e9rminos del art\u00edculo 27 de la Ley 1563 de 2012; y con auto de 22 de mayo de los corrientes advirti\u00f3 que se present\u00f3 un error aritm\u00e9tico en la sumatoria de la cuant\u00eda fijada, aclarando que la misma ascend\u00eda a $93.820.000. <\/p>\n

2.3. El 23 de mayo de 2018 la parte convocante le entreg\u00f3 al \u00c1rbitro \u00danico un cheque por $43.411.700 correspondientes al 50% de las sumas fijadas, y el 31 de mayo siguiente fue allegado otro por $43.702.445, remitido por Estudios T\u00e9cnicos y Construcciones S.A.S. Sin embargo, el primero fue devuelto por el Banco con anotaci\u00f3n de fondos insuficientes, por lo que en auto de 5 de junio de los corrientes, se concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de cinco d\u00edas para que la convocada pagara la proporci\u00f3n de honorarios y gastos faltantes, decisi\u00f3n que impugnada, se mantuvo el 19 de junio de 2018. <\/p>\n

2.4. En prove\u00eddo de 29 de junio de 2018 el Tribunal accionado declar\u00f3 concluidas sus funciones para dirimir la controversia y extinguidos los efectos del pacto arbitral, adem\u00e1s dispuso la devoluci\u00f3n de los dineros entregados por la convocada y un tercero que hab\u00eda consignado el 50% restante. <\/p>\n

2.5. Indic\u00f3 la accionante que como en el auto de 22 de mayo de 2018 se advirti\u00f3 un error aritm\u00e9tico, era a partir del d\u00eda siguiente que se deb\u00edan contar los 10 d\u00edas h\u00e1biles para efectuar el pago de honorarios y gastos, es decir, dicho t\u00e9rmino se venc\u00eda el 6 de junio de los corrientes, por lo que al ser devuelto el cheque por fondos insuficientes, alleg\u00f3 uno nuevo el 5 de junio, empero, el Tribunal consider\u00f3 que dicho lapso se hab\u00eda cumplido el 31 de mayo anterior, ordenando de \u00abmanera absurda y contraria a derecho que la sociedad convocada pagara dentro del t\u00e9rmino de 5 d\u00edas\u2026 dejando[la]\u2026 \u2018en manos\u2019 de la sociedad convocada\u00bb (folios 46 y 47, cuaderno 1). <\/p>\n

2.7. Adujo que el 26 de junio de 2018 un tercero pag\u00f3 al Tribunal de Arbitramento la suma faltante, sin embargo, el mismo fue rechazado tras considerarse que la \u00fanica que pod\u00eda hacer esa consignaci\u00f3n era la convocada, incurriendo as\u00ed en una v\u00eda de hecho, pues como era de esperarse su contraparte se neg\u00f3 a efectuar esa entrega; adem\u00e1s que dicho cheque fue rechazado con fundamento en que el plazo era hasta el 31 de mayo, data para la cual no conoc\u00edan que iba a ser devuelto por fondos insuficientes, pues fueron consignados el 1\u00ba de junio de los corrientes. <\/p>\n

2.8. Sostuvo que el Tribunal acusado restringi\u00f3 el alcance del concepto de pago por terceros previsto en el C\u00f3digo Civil; efectu\u00f3 una interpretaci\u00f3n errada y restrictiva de las normas procesales; no cuenta con otro mecanismo de defensa; y existe un perjuicio irremediable. <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1. H\u00e9ctor J. Romero D\u00edaz, en su calidad de Arbitro \u00danico, indic\u00f3 que el Tribunal acusado no menoscab\u00f3 prerrogativa esencial alguna; que las determinaciones emitidas se ajustaron a la legalidad; que se acataron los t\u00e9rminos judiciales; que las pretensiones de la accionante pueden ser resueltas ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria, por lo que cuenta con otro mecanismo para controvertir las diferencias con la demandada; que no se demostr\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable; que la promotora no interpuso recurso de reposici\u00f3n frente al auto que declar\u00f3 concluidas las funciones del Tribunal, extinguidos los efectos del pacto arbitral y dispuso la devoluci\u00f3n de los dineros consignados; que no cumple con los requisitos de procedencia del resguardo, ni se incurri\u00f3 defecto sustantivo; que la actora no s\u00f3lo entreg\u00f3 un cheque sin fondos, sino que el pago que intent\u00f3 hacer posteriormente fue tard\u00edo; que los t\u00e9rminos est\u00e1n previstos en el art\u00edculo 27 de la Ley 1563 de 2012, por lo que no puede ampliarlos; que le correspond\u00eda garantizar que el cheque contara con los fondos suficientes; que unicamente la convocada cancel\u00f3 lo que le correspond\u00eda; que las partes conocieron el valor de los honorarios y gastos fijados, sin que objetaran los mismos. <\/p>\n

2. Estudios T\u00e9cnicos y Construcciones S.A.S. se\u00f1al\u00f3 que lo resuelto por el Tribunal accionado correspond\u00eda a la consecuencia l\u00f3gica de la aplicaci\u00f3n de la normatividad y era ajustado a derecho; que sus actuaciones fueron ce\u00f1idas a los compromisos asumidos, girando el cheque respectivo para cubrir los honorarios y gastos que le correspond\u00edan, sin que fuera esa sociedad la que entreg\u00f3 uno sin fondos, hecho que fue el que produjo las consecuencias jur\u00eddicas; que la accionante no le puede atribuirle el no pago; que siempre ha manifestado su intenci\u00f3n de conciliaci\u00f3n pero no ha recibido respuesta seria, pues la convocante pretende un beneficio superior al acordado; que la peticionaria pretende trasladar al Tribunal las consecuencias adversas de su propia conducta para revivir los t\u00e9rminos legales; que el auto aclaratorio corrigi\u00f3 un error aritm\u00e9tico que ninguna de las partes advirti\u00f3 en la sumatoria total de los honorarios, sin que fuera recurrida la fijaci\u00f3n ni la decisi\u00f3n emitida cuando se advirti\u00f3 el error; que no se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho; que al d\u00eda siguiente de la correcci\u00f3n del auto, la promotora entreg\u00f3 al \u00e1rbitro el 50% de la suma de honorarios ya corregida, solo que los pretendi\u00f3 pagar con un cheque sin provisi\u00f3n de fondos; que no advert\u00eda un perjuicio irremediable; que lo que se pretend\u00eda era que esa sociedad cubriera la totalidad de los honorarios que le correspond\u00edan a ambas partes; que desconoc\u00eda el pago efectuado por un tercero, por lo que no se opuso al mismo. <\/p>\n

3. Ana Liliana Granados refiri\u00f3 que de acuerdo con una orden de su jefe inmediata consign\u00f3 un cheque a un abogado que adelantaba un proceso de la empresa Hidroconsulta, de la que es contadora su jefe; y que no ten\u00eda conocimiento del proceso censurado ni tampoco inter\u00e9s alguno, pues solo acat\u00f3 la orden. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que el auto de 5 de junio de 2018 con el que se cerr\u00f3 el t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 27 del estatuto arbitral para la consignaci\u00f3n de honorarios y gastos, no constitu\u00eda una v\u00eda de hecho; que si bien durante el t\u00e9rmino previsto para el pago de gastos, se expidi\u00f3 un auto que corrigi\u00f3 un yerro num\u00e9rico relativo al total de la sumatoria de los factores que compon\u00edan la liquidaci\u00f3n efectuada, su naturaleza no permit\u00eda inferir la suspensi\u00f3n del lapso para el pago de dicha expensa, pues ni la norma especial ni los art\u00edculos 118 y 287 del C\u00f3digo General del Proceso disponen que el prove\u00eddo que efect\u00fae una correcci\u00f3n netamente num\u00e9rica tenga el efecto de suspender el t\u00e9rmino legal, lo que \u00fanicamente se predica con el recurso interpuesto frente a la determinaci\u00f3n que conceda dicho lapso.
\nAgreg\u00f3 que el prove\u00eddo de 29 de junio de 2018 con el que se rechaz\u00f3 el pago del tercero y se dispuso la conclusi\u00f3n de las funciones del Tribunal, no fue recurrido en reposici\u00f3n, por lo que no es factible que el interesado reviva una etapa procesal que dej\u00f3 pasar por su propia negligencia. <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que el Tribunal Constitucional pas\u00f3 por alto que interpuso oportunamente el recurso de reposici\u00f3n frente al auto de 5 de junio de 2018; que existe un vac\u00edo legal, pues el error en la fijaci\u00f3n de honorarios, implicaba que las partes consiguieran 10 millones adicionales; que el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo General del Proceso solo es aplicable para los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n; y el juez arbitral no aclar\u00f3 los d\u00edas con los que contaban para realizar la consignaci\u00f3n, dejando as\u00ed \u00abuna duda razonable sobre los t\u00e9rminos a tener en cuenta, que debe ser interpretada a favor de las partes procesales por garant\u00edas procesales\u00bb (folio 231, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n

2. Con base en tales premisas, descendiendo al caso en estudio, concluye la Corte que el amparo carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que no luce arbitraria la determinaci\u00f3n ahora cuestionada. <\/p>\n

En efecto, se advierte que con providencia de 19 de junio de 2018 el Tribunal acusado mantuvo la determinaci\u00f3n del 5 de junio anterior, que tuvo por cerrado el t\u00e9rmino para la consignaci\u00f3n del monto de honorarios y gastos de arbitraje para la convocante, tras considerar que: <\/p>\n

…en la oportunidad legal el Tribunal fij\u00f3 en providencia notificada en estrados (Auto No. 12), los costos del mismo, sin que sobre este aspecto haya surgido o se haya planteado desacuerdo o debate alguno. Para esto se sigui\u00f3, como corresponde, la preceptiva legal que regula la materia, esto es, los art\u00edculos 24, 25 de la Ley 1563 de 2012 y las dem\u00e1s normas que la han desarrollado. Las sumas fijadas no fueron objetadas ni la providencia que las se\u00f1al\u00f3 fue objeto de recurso alguno por ninguna de las partes. Coherentemente, lo resuelto en cuanto a honorarios y gastos qued\u00f3 en firme [art. 27 Ley 1563 de 2012] el 11 de mayo de 2018 [arts. 294 y 302 CGP]. <\/p>\n

As\u00ed las cosas correspond\u00eda a las partes consignar los honorarios y gastos dentro de los diez d\u00edas siguientes como se indic\u00f3 en el auto respectivo, en cumplimiento del art\u00edculo 27 de la citada Ley y del art\u00edculo 2.38 del Reglamento de Arbitraje Nacional del Centro de Arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1. Y, como lo estipula el mismo precepto, si una de las partes no consigna lo que corresponde, quien haya consignado lo suyo podr\u00e1 igualmente consignar lo de quien no lo hizo dentro de los cinco d\u00edas siguientes. Vencidos los t\u00e9rminos aludidos sin que se hubieren hecho las consignaciones, deber\u00e1 el Tribunal declarar concluidas sus funciones y extinguidos los efectos del pacto arbitral [art. 27 inc. 4 ib\u00eddem]. <\/p>\n

Es preciso dejar claro que de los cinco d\u00edas adicionales que la ley otorga para consignar solo puede hacer uso quien consign\u00f3 la parte que le correspond\u00eda, a quien no lo hizo dentro de los 10 d\u00edas primeros le precluy\u00f3 la oportunidad. <\/p>\n

Trazadas las anteriores l\u00edneas de pensamiento desciende el Tribunal a ocuparse de la situaci\u00f3n concreta que se ha presentado, concretamente, en cuanto tiene que ver con los t\u00e9rminos en que se realizaron las consignaciones en este proceso arbitral y, espec\u00edficamente, a verificar si la parte convocante pag\u00f3 los honorarios y gastos que le correspond\u00edan oportunamente, caso en el cual habr\u00e1 de reponerse el auto impugnado, pero si dicho pago fue extempor\u00e1neo habr\u00e1 de mantenerse la providencia impugnada, sin que le sea dado al Tribunal otorgar plazo adicional alguno, en raz\u00f3n de que por tratarse de un t\u00e9rmino legal le est\u00e1 prohibido hacerlo, lo que no ocurrir\u00eda si se tratara de un t\u00e9rmino judicial. <\/p>\n

Como ya se expuso los costos del Tribunal fueron fijados en providencia del 11 de mayo de 2018 (Auto No. 12), la cual qued\u00f3 en firme en esa misma fecha. Posteriormente mediante auto de c\u00famplase del 22 de mayo de 2018, el Tribunal corrigi\u00f3 un error aritm\u00e9tico contenido en la cifra consignada en los numerales primero y segundo del Auto No. 12 correspondiente a la sumatoria de los honorarios y gastos del Tribunal, y en este sentido aclar\u00f3 la cifra de dicha sumatoria. <\/p>\n

De conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 286 del CGP, el cual establece que "toda providencia en que se hay incurrido en error puramente aritm\u00e9tico puede ser corregida por el juez que la dict\u00f3 en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto", como lo hizo este Tribunal de Arbitramento en providencia del 22 de mayo de 2018. <\/p>\n

Ahora bien, la correcci\u00f3n del error aritm\u00e9tico contenido en la providencia del 11 de mayo de 2018, se limit\u00f3 a la precisi\u00f3n del valor de la sumatoria. Las sumas fijadas por concepto de los honorarios del \u00e1rbitro, secretaria y Centro de Arbitraje equivalentes a $39.000.000 para el \u00e1rbitro. $19.500.000 para la Secretaria y $19.500.000 para el Centro de Arbitraje, no fueron objeto de modificaci\u00f3n, correcci\u00f3n o precisi\u00f3n alguna. En este orden de ideas es claro que se trat\u00f3 de la correcci\u00f3n de un error puramente aritm\u00e9tico contenido en la cifra de la sumatoria del Auto No. 12, lo cual no implic\u00f3 correcci\u00f3n o modificaci\u00f3n alguna de las sumas fijadas por concepto de honorarios y gastos del Tribunal.
\nAdicionalmente observa el Tribunal que la ley procesal no establece precepto alguno que permita concluir que la firmeza de una providencia se pierde cuando \u00e9sta es objeto de una correcci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 286 del CGP. As\u00ed las cosas, el Auto No. 12 que fij\u00f3 los honorarios y gastos del Tribunal qued\u00f3 en firme el 11 de mayo de 2018, y as\u00ed lo entendi\u00f3 la parte convocante quien el 23 de mayo de 2018 procedi\u00f3 a entregar un cheque, que posteriormente fue devuelto por falta de fondos, y quien no realiz\u00f3 manifestaci\u00f3n alguna en relaci\u00f3n con la providencia del 22 de mayo de 2018. <\/p>\n

Encontr\u00e1ndose en firme la providencia del 11 de mayo de 2018, a partir de la cual empez\u00f3 a correr el t\u00e9rmino legal de 10 d\u00edas para el pago de los honorarios y gastos del Tribunal, corresponde dar aplicaci\u00f3n a lo dispuesto en el art\u00edculo 118 del CGP para el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino otorgado a las partes para el pago de los honorarios y gastos del Tribunal conforme al art\u00edculo 27 de la Ley 1563 de 2012\u2026 <\/p>\n

Advierte el Tribunal que la norma en menci\u00f3n establece de forma clara que s\u00f3lo cuando se presente recurso contra una providencia que conceda un t\u00e9rmino \u00e9ste se interrumpir\u00e1, situaci\u00f3n procesal que no se ha producido en este tr\u00e1mite, pues se reitera el Auto No. 12 no fue objeto de recurso alguno. <\/p>\n

Adicionalmente la norma dispone que cuando est\u00e9 corriendo un t\u00e9rmino y se profiera una providencia de c\u00famplase, como sucedi\u00f3 en este tr\u00e1mite, el t\u00e9rmino se reanudar\u00e1 a partir del tercer d\u00eda siguiente al de su fecha. Por lo anterior es claro que el t\u00e9rmino para el pago de los honorarios y gastos del Tribunal, en aplicaci\u00f3n de la normatividad procesal y lo dispuesto en el art\u00edculo 27 de la Ley 1563 de 2012, venci\u00f3 el 31 de mayo de 2018, el cual es perentorio e improrrogable. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, no le asiste raz\u00f3n al recurrente cuando sostiene que el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 27 de la Ley 1563 de 2012 s\u00f3lo comenz\u00f3 a correr a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n del Auto No 13 que corrigi\u00f3 el error aritm\u00e9tico. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, esta Sala advierte que la determinaci\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta o no, circunstancia que descarta la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la sociedad peticionaria no encuentra recibo en esta sede excepcional, ya que, en rigor, lo que plantea es una diferencia de criterio frente a la valoraci\u00f3n efectuada respecto del t\u00e9rmino para la consignaci\u00f3n del monto de honorarios y gastos de arbitraje, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451). <\/p>\n

3. De otro lado, se observa que la sociedad accionante no hizo uso de los mecanismos de defensa con los que contaba para manifestar sus inconformidades que ahora plantea. <\/p>\n

En efecto, la gestora no recurri\u00f3 en reposici\u00f3n el prove\u00eddo de 29 de junio de 2018, a trav\u00e9s del cual se rechaz\u00f3 la solicitud de pago del tercero y se dio por concluidas las funciones del Tribunal criticado, desperdici\u00e1ndose as\u00ed el escenario id\u00f3neo para exponer sus reclamos, lo cual torna inviable la protecci\u00f3n solicitada, debido a su car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n

Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n ha mencionado en varias oportunidades que: <\/p>\n

\u2026no basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (CSJ STC, 25 ag. 2008, rad. 01343-00; reiterada en STC5331-2014; STC14062-2015; STC612-2016; y STC12335-2017, 16 ag. 2017, rad. 2017-00338-01). <\/p>\n

Sabido es que el cuestionamiento constitucional no se abre paso cuando la parte interesada no hizo uso de los medios de regular procedencia que ten\u00eda a su alcance para controvertir las determinaciones que dice le afectan; de suerte que si omiti\u00f3 activarlos, no puede ahora revivir esa posibilidad a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n excepcional, la cual \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01). <\/p>\n

4. Las anteriores razones se consideran suficientes para confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16810-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2018-01600-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 1\u00ba de noviembre de 2018 por la Sala Civil del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102396","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102396","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102396"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102396\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102396"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102396"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102396"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}