{"id":102397,"date":"2026-07-01T22:44:09","date_gmt":"2026-07-01T22:44:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102397"},"modified":"2026-07-01T22:44:09","modified_gmt":"2026-07-01T22:44:09","slug":"stc16811-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16811-2018\/","title":{"rendered":"STC16811-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC16811-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02297-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 31 de octubre de 2018 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Euladislao Vidal Miranda contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de las misma ciudad, el Ministerio de la Protecci\u00f3n Social y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social UGPP. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl accionante reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con la expedici\u00f3n del prove\u00eddo de 21 de marzo del a\u00f1o en curso. <\/p>\n

Solicit\u00f3, en consecuencia, se efect\u00fae una revisi\u00f3n a la documentaci\u00f3n y actuaciones procesales, porque \u00ab\u2026contradice a ciencia cierta la decisi\u00f3n correcta que debe proferirse a favor de quien tenga la raz\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

2. El promotor sustenta su queja constitucional, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n

2.1.\tEl Grupo Interno de Trabajo para la Gesti\u00f3n del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protecci\u00f3n Social, mediante resoluci\u00f3n 000765 de 18 de septiembre de 2002, revoc\u00f3 parcialmente la resoluci\u00f3n 000712 de 31 de agosto de 2001 que hab\u00eda reconocido la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n al actor de conformidad con la Ley 33 de 1985 en cuant\u00eda de $286.800,65 para el a\u00f1o 2001 y le neg\u00f3 la pensi\u00f3n convencional solicitada. En su lugar, le reconoci\u00f3 la prestaci\u00f3n convencional deprecada en virtud de los servicios prestados a la Empresa Puertos de Colombia, conforme al art\u00edculo 127 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo suscrita entre la organizaci\u00f3n sindical y la Empresa Puertos de Colombia Terminal Mar\u00edtimo de Buenaventura de Puertos de Colombia en los a\u00f1os 1983 \u2013 1984, en cuant\u00eda de $692.798,48 a partir del mes de octubre de 2002. <\/p>\n

Frente a dicha determinaci\u00f3n el accionante inco\u00f3 juicio ordinario laboral ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, el que mediante sentencia del 22 de septiembre de 2004 declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n y absolvi\u00f3 a la entidad demandada, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1 con sentencia del 28 de enero de 2005, que a su vez no fue casada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, seg\u00fan prove\u00eddo de 7 de noviembre de 2006. <\/p>\n

2.2. Contra esos fallos el demandante promovi\u00f3 dos acciones de tutelas, declaradas impr\u00f3speras mediante decisiones de 29 de julio de 2009 y 25 de febrero de 2016. <\/p>\n

2.3. El 6 de febrero del a\u00f1o en curso, el reclamante instaur\u00f3 recurso extraordinario de revisi\u00f3n ante la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, pero esta nueva impugnaci\u00f3n fue rechazada con auto de 21 de marzo siguiente, en tanto el demandante lo fund\u00f3 en las causales 1\u00aa, 2\u00aa y 6\u00aa del art\u00edculo 250 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no en los motivos de revisi\u00f3n regulados en el C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; adem\u00e1s, porque no se design\u00f3 el proceso en el cual fue dictada la sentencia atacada, con indicaci\u00f3n de las fechas de tal providencia, su ejecutoria ni el estrado judicial donde se halla el expediente; porque los hechos alegados tampoco se enmarcan dentro de alguna de las causales previstas en el ordenamiento jur\u00eddico aplicable al caso, pues se limitan a exponer una divergencia en la valoraci\u00f3n probatoria que realizaron los juzgadores de conocimiento; porque a pesar de afirmarse que se inici\u00f3 una investigaci\u00f3n penal no se aport\u00f3 la sentencia que la haya decidido; y porque caduc\u00f3 la acci\u00f3n de revisi\u00f3n intentada al estar superado el lapso de 5 a\u00f1os previsto para su iniciaci\u00f3n. <\/p>\n

A pesar que el promotor interpuso recurso de \u00abapelaci\u00f3n\u00bb frente al rechazo de su demanda, este fue declarado extempor\u00e1neo en tanto qued\u00f3 radicado por fuera del t\u00e9rmino de ejecutoria de la decisi\u00f3n fustigada -previa interpretaci\u00f3n acerca de que lo deseado era incoar reposici\u00f3n por ser el medio de impugnaci\u00f3n procedente-. <\/p>\n

2.4. Por v\u00eda de esta nueva petici\u00f3n de amparo, el accionante censura el prove\u00eddo de 21 de marzo pr\u00f3ximo pasado, tras aducir que para sustentar la causal invocada alleg\u00f3 copia del proceso ordinario laboral y la denuncia que promovi\u00f3 contra la Naci\u00f3n Ministerio de la Protecci\u00f3n Social – Grupo Interno de Trabajo para la Gesti\u00f3n del Pasivo Social de Puertos de Colombia, actualmente Unidad Administrativo Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social UGPP, por la presunta comisi\u00f3n de los delitos de fraude a resoluci\u00f3n judicial y prevaricato; que la Fiscal\u00eda hizo ver la existencia de diversas irregularidades y as\u00ed dispuso la expedici\u00f3n de copia ante la Unidad de Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica y la Fiscal\u00eda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, a fin de que se investigara el delito de prevaricato en el que pudo incurrir la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 al dictar el fallo de segunda instancia en el proceso laboral; que el t\u00e9rmino de caducidad de 5 a\u00f1os que fue aplicado era inviable en raz\u00f3n a que en su caso deb\u00eda emplearse el que estaba vigente al momento del reconocimiento de su pensi\u00f3n contenido en la Ley 397 de 1997; y que debe existir un pronunciamiento de fondo acerca del juicio criticado, lo que omiti\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, como tambi\u00e9n pretermiti\u00f3 el decreto, la pr\u00e1ctica de pruebas y la valoraci\u00f3n de las aportadas. <\/p>\n

Finalmente, el accionante manifest\u00f3 ser persona de la tercera edad, con afecciones en su salud, por lo que requiere una nueva decisi\u00f3n sobre el monto de su mesada pensional, m\u00e1xime cuando su c\u00f3nyuge tampoco se encuentra habilitada f\u00edsicamente para laborar. <\/p>\n

LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n

1. el Juzgado 2\u00ba Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 estarse a lo consignado en el proceso laboral mencionado. <\/p>\n

3. La UGPP deprec\u00f3 la negaci\u00f3n de la tutela, aseverando que no puede convertirse en una instancia adicional de los juicios ordinarios, a m\u00e1s que es improcedente para deprecar prestaciones de tipo econ\u00f3mico; as\u00ed mismo, porque la decisi\u00f3n adoptada en el proceso ordinario mencionado guarda correspondencia con la ley que lo regula, de donde no hubo quebrantamiento de las garant\u00edas fundamentales del peticionario, menos un perjuicio causado a este con el car\u00e1cter de irremediable. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo al concluir que el prove\u00eddo de 21 de marzo del a\u00f1o en curso no se muestra antojadizo, en tanto las causales invocadas no se ajustaban a las previstas en el C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; fue instaurada vencido el lapso de caducidad de 5 a\u00f1os previsto en esta compilaci\u00f3n legal; y la supuesta investigaci\u00f3n penal arg\u00fcida por el recurrente tampoco se fund\u00f3 en una sentencia de dicha naturaleza. <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El promotor censur\u00f3 el fallo reiterando los planteamientos expuestos en su libelo. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC de 11 may. 2001, rad. 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2. En el caso bajo estudio de entrada colige la Sala que la pretensi\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que entre la fecha de expedici\u00f3n de la providencia censurada, 21 de marzo de 2018, por medio de la cual fue rechazado su recurso extraordinario de revisi\u00f3n, y la de interposici\u00f3n de la tutela, 17 de octubre de 2018, transcurri\u00f3 un lapso que supera el de seis (6) meses fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n constitucional; sin que la parte accionante hubiera demostrado motivo alguno que justifique tan notoria tardanza. <\/p>\n

En la materia, se ha sostenido que <\/p>\n

si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC de 2 de agosto de 2007, rad. No. 2007-00188-01, reiterada en sentencia 10 de mayo de 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n

Total, como la solicitud de resguardo no cumpli\u00f3 con el presupuesto de la inmediatez que rige en tal materia, menester es desestimarla. <\/p>\n

4. Basta lo dicho en precedencia para confirmar la providencia impugnada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

Ausencia justificada
\nARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado Ponente STC16811-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02297-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 31 de octubre de 2018 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102397","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102397","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102397"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102397\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102397"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102397"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102397"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}