{"id":102404,"date":"2026-07-01T22:44:55","date_gmt":"2026-07-01T22:44:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102404"},"modified":"2026-07-01T22:44:55","modified_gmt":"2026-07-01T22:44:55","slug":"stc16821-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16821-2018\/","title":{"rendered":"STC16821-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16821-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2018-00313-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 16 de noviembre de 2018, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la tutela promovida por Reciclajes Excedentes e Incineraciones Industriales \u2013 REII S.A.S. frente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Soacha, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201crestituci\u00f3n de bienes objeto de leasing\u201d, impulsado por el Banco de Bogot\u00e1 a la aqu\u00ed quejosa. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La gestora implora el amparo de los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, entre otros, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n

2. Como sustento de su inconformidad sostiene, en s\u00edntesis, que ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soacha, fue demandada por el Banco de Bogot\u00e1 en juicio de restituci\u00f3n de los bienes objeto de los contratos de leasing 97121 y 63222. <\/p>\n

Esgrime que inco\u00f3 como excepciones de fondo las denominadas: \u201c(\u2026) cobro de no lo debido; inexistencia de la obligaci\u00f3n; reconocimiento de mejoras; e inoponibilidad del contrato (\u2026)\u201d, entre otras, desestimadas en sentencia 6 de marzo de 2018, decisi\u00f3n recurrida en apelaci\u00f3n; empero, ese remedio se declar\u00f3 improcedente, por tratarse de un asunto de \u00fanica instancia. <\/p>\n

Se\u00f1ala que el despacho convocado incurri\u00f3 en un \u201cdefecto f\u00e1ctico\u201d al no valorar la totalidad de las pruebas que demostraban el incumplimiento del negocio por parte del demandante, pues aqu\u00e9l no \u201c(\u2026) constituy\u00f3 la p\u00f3liza de buen manejo de anticipos (\u2026), conforme los porcentajes pactados en [esa] convenci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Esgrime que en el comentado subex\u00e1mine existi\u00f3 un \u201cdesconocimiento del precedente\u201d, por cuanto se neg\u00f3 la \u201cinoponibilidad del contrato\u201d aun cuando estaba plenamente demostrado que su representante legal se \u201cextralimit\u00f3\u201d en sus funciones al participar en un negocio, sin tener las facultades para ello. <\/p>\n

3. Exige, en concreto, \u201cdejar sin valor\u201d el fallo emitido en el pleito sublite. <\/p>\n

1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n

Remiti\u00f3 el expediente contentivo del asunto bajo estudio (fl. 285). <\/p>\n

2. La sentencia \t\timpugnada <\/p>\n

Concedi\u00f3 el ruego, tras avizorar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]xaminados los contornos del litigio, lo que se alcanza a filtrarse del an\u00e1lisis que hizo el juzgador accionado tratando de desatar sus extremos, es que no alcanz\u00f3 a cubrir el verdadero quid del asunto (\u2026)\u201d. Atinente a la inoponibilidad, advirti\u00f3 el juzgador accionado que estando en evidencia que la representante de la sociedad que obr\u00f3 con perfidia, debido a que probatoriamente qued\u00f3 al descubierto que las firmas impuestas en el acta por la cual se le confirieron facultades a la representante para la celebraci\u00f3n de los contratos materia del proceso fueron producto de imitaci\u00f3n, lo que se tiene de ah\u00ed es que los contratos est\u00e1n afectados de nulidad relativa, la cual, sin embargo, no puede ser declarada de oficio por el juez de instancia, de tal manera que brillando por su ausencia dicha petici\u00f3n en el plenario, no habr\u00eda de declararla, lo que tampoco har\u00eda relativamente a la inoponibilidad, aspecto decisorio que apuntal\u00f3 en la sentencia SC9184-2017 (\u2026)\u201d (fls. 82 a 89). <\/p>\n

\u201cMas, aun cuando el Tribunal comprende que esa forma de expresar su opini\u00f3n relativamente al caso, puede responder en alguna medida a la problem\u00e1tica que se presenta en eventualidades donde existen esos terceros, no encuentra c\u00f3mo aquello cuadra con la situaci\u00f3n que deb\u00eda despejar en la litigiosidad, naturalmente que si en medio del problema de los terceros relativos est\u00e1 eso tocante con la perfidia del representante legal que se excede en el ejercicio de sus facultades, una hip\u00f3tesis a la larga dis\u00edmil a la que se analiza en el fallo que cit\u00f3 el juzgador accionado, lo propio ser\u00eda, siguiendo la l\u00f3gica del pronunciamiento, que \u00e9ste dijera por qu\u00e9 en este caso en particular a la sociedad no puede ten\u00e9rsela como tercero y, por consiguiente, que los actos de esa representante legal la atan a los contratos como si nada de lo evidenciado en el proceso hubiera ocurrido\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [Ahora], el tema concerniente al incumplimiento alegado por v\u00eda exceptiva tambi\u00e9n se antoja incompleto, pues (\u2026) si para discernir la cuesti\u00f3n era menester fijar la vista en [un] contrato de obra, pues los insumos necesarios para verificar a qu\u00e9 punto ese incumplimiento que le imputa la demandada al banco tiene alg\u00fan grado de fundamento, est\u00e1n precisamente en aqu\u00e9l contrato (\u2026). Parece que la manera en que el juzgador desat\u00f3 este punto neur\u00e1lgico de la contienda tampoco se atempera a las necesidades argumentativas que \u00e9ste reclama, cual, a la postre, se denuncia en la tutela, por supuesto que s\u00f3lo despu\u00e9s de adelantar una pesquisa sobre el particular, puede tenerse una idea acabada de a qu\u00e9 punto ese incumplimiento se dio y, evidentemente, si aqu\u00e9l basta para que la excepci\u00f3n tenga posibilidades frente a la pretensi\u00f3n deducida en la demanda (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En consecuencia, orden\u00f3: <\/p>\n

\u201c[D]ecl\u00e1rase sin valor ni efecto el fallo proferido el 6 de marzo de 2018, inclusive, por el cual el juzgado accionado accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda, para que, en el t\u00e9rmino de los diez (10) d\u00edas h\u00e1biles siguientes contados a partir de la recepci\u00f3n del expediente, provea nuevamente sobre el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, aunque s\u00f3lo respecto de los temas anunciados en la parte motiva de esta decisi\u00f3n y conforme a los argumentos all\u00ed expuestos\u201d. <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 el Banco de Bogot\u00e1 sin argumentar su inconformidad (fl. 341). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Circunscrita la impugnaci\u00f3n, esta Sala estudiar\u00e1 \u00fanicamente los temas abordados por el tribunal a quo para conceder el auxilio, pues Excedentes e Incineraciones Industriales \u2013 REII S.A.S, no present\u00f3 ning\u00fan reparo con lo resuelto en primera instancia. <\/p>\n

2. Revisada la queja y las pruebas adosadas, se colige la viabilidad de esta salvaguarda por encontrarse quebrantadas las prerrogativas aqu\u00ed invocadas, pues el juzgado querellado no realiz\u00f3 un adecuado razonamiento, frente al tema de la inoponibilidad de los contratos celebrados por un representante que excede sus facultades o labores encomendadas. <\/p>\n

En efecto en la sentencia confutada, el despacho acusado adujo: <\/p>\n

\u201cSe advierte que en este caso concreto es indudable que la demandada no es un tercero, ni absoluto ni relativo respecto de los contratos de leasing como quiera que es la persona jur\u00eddica que, precisamente, suscribi\u00f3 los acuerdos bilaterales o contratos por intermedio de su representante legal, quien no ten\u00eda la facultad para la suscripci\u00f3n de los mismos por la cuant\u00eda del contrato conforme a los estatutos (…), por tal motivo no hay duda que los demandados no son terceros relativos que se hayan visto afectados con el negocio y que por tanto puedan invocar a su favor la inoponibilidad. En consecuencia, la inoponibilidad alegada no puede ser aplicada en este caso, puesto que la problem\u00e1tica jur\u00eddica del asunto se suscita entre las partes del mismo, (…) m\u00e1xime cuando ellas involucran el negocio preparativo o el contrato atinente a la compraventa del inmueble que fue transferido a la sociedad de leasing, que no es objeto de este proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Como as\u00ed lo asever\u00f3 el fallador, en el sublite qued\u00f3 demostrado que el representante de la aqu\u00ed actora \u201cno ten\u00eda la facultad para la suscripci\u00f3n\u201d de los contratos dada la cuant\u00eda de los mismos; de consiguiente, lo hizo en nombre propio, y por ende deb\u00eda dilucidarse si la sociedad ratific\u00f3 los actos reprobados para ubicar el comportamiento como acto propio de la demandada seg\u00fan el art\u00edculo 844 del C\u00f3digo de Comercio3, y as\u00ed descartar la calidad de tercero. <\/p>\n

La extralimitaci\u00f3n en la actuaci\u00f3n del procurador tiene lugar cuando existiendo mandato, el representante no respeta los l\u00edmites fijados, realizando actos a los que no se extienden los poderes; o bien, asimismo, cuando carece, en absoluto, de t\u00edtulo para representar (falsa procuraci\u00f3n, falsus procurator). <\/p>\n

Esta Corte desde pret\u00e9rita oportunidad, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) La doctrina seg\u00fan la cual la extralimitaci\u00f3n de poderes del mandatario vicia los actos respectivos de nulidad relativa, saneables por la ratificaci\u00f3n expresa o t\u00e1cita del mandante o por la prescripci\u00f3n de cuatro a\u00f1os, debe ser rectificada porque se basa en una interpretaci\u00f3n dislocada del art\u00edculo 2186 del C.C. Lo que hay en caso de extralimitaci\u00f3n de las funciones del mandatario, no ratificadas por el mandante, es una mera agencia oficiosa, que obliga al interesado ante terceros cuando la gesti\u00f3n redunda en provecho de \u00e9ste, o ha sido ratificada. En los dem\u00e1s casos tr\u00e1tese de actos inoponibles al due\u00f1o (o mandante): es decir de actos que en relaci\u00f3n con \u00e9l son ineficaces e inexistentes. En manera alguna nulos, comoquiera que la nulidad, a\u00fan la radical, exige siquiera un principio de existencia del acto jur\u00eddico. El mandante no est\u00e1 obligado a demandar en ese caso la nulidad absoluta, mucho menos la relativa, de los negocios llevados a cabo por el mandatario fuera de las pautas del respectivo poder (\u2026)\u201d4 (Resaltados fuera del original). <\/p>\n

La doctrina de la inoponibilidad hoy no es insular, ha sido refrendada en las siguientes sentencias, todas dictadas en sede de casaci\u00f3n: SSC CSJ del 6 de octubre de 1952; del 24 de junio de 1954; del 21 de noviembre de 1962; del 13 de diciembre de 1968; del 30 de noviembre de 1994, exp. 4025; del 26 de abril de 1995; y del 15 de agosto de 2006. <\/p>\n

As\u00ed, los actos que el procurador est\u00e1 llamado a ejecutar deben cumplir los requisitos establecidos por la ley para su eficacia, de tal modo, que en cuanto no hubiere estado autorizado, al actuar por fuera de los poderes conferidos para ejecutarlos, son inoponibles para quien representa. <\/p>\n

3. Ahora bien, frente al tema del \u201cincumplimiento del contrato\u201d por no constituirse una \u201cp\u00f3liza de buen manejo de anticipos, conforme los porcentajes pactados\u201d, el estrado tutelado esgrimi\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) los argumentos de este medio exceptivo no est\u00e1n llamados a prosperar, toda vez que el Banco de Bogot\u00e1, con la respuesta al oficio que fue decretado dentro de este proceso, aport\u00f3 las copias de las p\u00f3lizas, siendo tomador y afianzado Jos\u00e9 Mario Rodr\u00edguez Mazo de las que se lee en el ac\u00e1pite denominado textos y aclaraciones anexas, lo siguiente: objeto del contrato, construcci\u00f3n de obras civiles, garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de obra civil a todo costo n\u00famero 02 referente a construcci\u00f3n de la planta horno t\u00e9rmico incineradora para desechos industriales y hospitalarios, vereda Chacua municipio de Sibat\u00e9 – Cundinamarca. Es decir, que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de obra civil n\u00famero 02 se constituyeron efectivamente las p\u00f3lizas que obran [en el plenario], documentos que echo de menos la parte demandada para el cobro de intereses sobre el anticipo, siendo procedente el pago de los mismos y consecuentemente el cobro de intereses pactados por las partes (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Lo anterior demuestra que el juzgador no atendi\u00f3 debidamente los argumentos de defensa de la tutelante, pues nada mencion\u00f3 respecto de los porcentajes por los cuales se expidi\u00f3 la p\u00f3liza reprochada, simplemente adujo la existencia de la misma, sin hacer un estudio de fondo frente a los reparos elevados contra \u00e9sta. Es patente, existe una falta de motivaci\u00f3n sobre ese espec\u00edfico punto, evidenci\u00e1ndose as\u00ed el quebranto del derecho fundamental previsto por el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.
\nBrota palmario, la obligaci\u00f3n del juez de sustentar debidamente sus decisiones tiene una relaci\u00f3n intr\u00ednseca con lo consagrado en el art\u00edculo 8.1 del acotado tratado5. Al respecto la Corte Interamericana aludiendo a dicho postulado, expres\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]as decisiones que adopten los \u00f3rganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario ser\u00edan decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentaci\u00f3n de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivaci\u00f3n demuestra a las partes que \u00e9stas han sido o\u00eddas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resoluci\u00f3n y lograr un nuevo examen de la cuesti\u00f3n ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivaci\u00f3n es una de las \u201cdebidas garant\u00edas\u201d incluidas en el art\u00edculo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso. (\u2026)\u201d6. <\/p>\n

Frente a la tem\u00e1tica planteada, memor\u00f3 esta Sala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [Es] menester dejar sentado que la motivaci\u00f3n de las [providencias] constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir \u201cla funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n

\u201c(\u2026) La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo (\u2026)\u201d7. <\/p>\n

4. As\u00ed, el deber de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso. <\/p>\n

5. En consecuencia, la Corte har\u00e1 el control constitucional inherente a la acci\u00f3n de resguardo, as\u00ed como tambi\u00e9n el de convencionalidad, dimanante del bloque de constitucionalidad, seg\u00fan lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos8, que exige a los pa\u00edses suscriptores procurar armonizar el ordenamiento interno al mismo, para evitar cualquier disonancia entre uno y otro. As\u00ed se consign\u00f3 en sus preceptos primero y segundo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Art\u00edculo 1. Obligaci\u00f3n de Respetar los Derechos: 1. Los Estados Partes en esta Convenci\u00f3n se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est\u00e9 sujeta a su jurisdicci\u00f3n, sin discriminaci\u00f3n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opiniones pol\u00edticas o de cualquier otra \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n social\u201d. <\/p>\n

\u201c2. Para los efectos de esta Convenci\u00f3n, persona es todo ser humano\u201d. <\/p>\n

\u201cArt\u00edculo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el art\u00edculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro car\u00e1cter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convenci\u00f3n, las medidas legislativas o de otro car\u00e1cter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El instrumento citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19699, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d10. <\/p>\n

5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio11. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia12, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales13; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas14. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

6. Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia impugnada. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nCon ausencia justificada <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \tInmueble identificado con el folio de matr\u00edcula 051-112440.
\n2 \tIncinerador CV 3 100 a Gas y el correspondiente equipo de operario.
\n3 \t\u201cLa \tratificaci\u00f3n del interesado, si se hace con las mismas \tformalidades que la ley exige para el negocio jur\u00eddico \tratificado, tendr\u00e1 efecto retroactivo, salvo en cuanto \tlesione derechos de terceros\u201d.
\n4 \tSentencia de agosto 24 de 1938.
\n5 \tConvenci\u00f3n Americana Sobre Derechos Humanos. Art\u00edculo \t8. Numeral 1. \u201cToda \tpersona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas \ty dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, \tindependiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, \t(\u2026) \tpara la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden \tcivil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter\u201d.
\n6 \tCorte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Apitz Barbera y \totros vs. Venezuela. Sentencia 5 de agosto de 2008. Excepciones \tPreliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. P\u00e1rrafo 78.
\n7 \tCSJ. Civil. 22 de mayo de 2003, Rad. 00526-01, invocada el 10 de \tagosto de 2011, Rad. 00168-02.
\n8 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n9 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n10 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n11 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n12 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n13 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC16821-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2018-00313-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 16 de noviembre de 2018, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102404","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102404","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102404"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102404\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102404"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102404"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102404"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}