{"id":102405,"date":"2026-07-01T22:45:10","date_gmt":"2026-07-01T22:45:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102405"},"modified":"2026-07-01T22:45:10","modified_gmt":"2026-07-01T22:45:10","slug":"stc16822-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16822-2018\/","title":{"rendered":"STC16822-2018"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16822-2018 <\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 23 de octubre de 2018 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, que neg\u00f3 la tutela de Mario Hernando Chaparro Avella contra el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad, extensiva a los part\u00edcipes en el ejecutivo de alimentos que Mar\u00eda Priscila Corredor Alonso sigue a favor de su menor hijo, rad. 2016-00507. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Mediante apoderado, el gestor exigi\u00f3 el respeto al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, ordenando que el acusado anule lo actuado en dicho juicio desde el 6 de junio de 2018, declare que perdi\u00f3 competencia y lo remita a quien le sigue en turno. <\/p>\n

2.\tEn suma, de cara a la anterior solicitud, manifest\u00f3 que el 5 de junio de 2017 se notific\u00f3 personalmente del mandamiento de pago, por lo que en la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento de 23 de julio de 2018 requiri\u00f3 decretar la nulidad de pleno derecho prevista en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que en la fase previa no hubo interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n, excepto los d\u00edas 6 y 7 de aquel mes que el ingreso al \u00abpalacio de justicia\u00bb estuvo bloqueado, pero en vez de atender su pedimento el acusado dispuso prorrogar por seis meses el t\u00e9rmino para fallar, como en efecto lo hizo el 2 de agosto, sin que posteriormente le concediera la apelaci\u00f3n fundada en el vicio indicado, adelant\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y provey\u00f3 sobre medidas cautelares. <\/p>\n

3.\tEl Juez se atuvo a lo que se defina, teniendo en cuenta los \u00faltimos precedentes, en particular la T-341 de 2018 de la Corte Constitucional (folio 17, cuaderno 1). <\/p>\n

Mediante abogada, Mar\u00eda Priscila Corredor Alfonso destac\u00f3 el car\u00e1cter taxativo de las \u00abnulidades\u00bb; que no las puede alegar quien haya obrado despu\u00e9s de ocurrida sin exponerla como ac\u00e1 sucedi\u00f3 con el quejoso el 23 de julio de 2018, pues all\u00ed \u00abpropuso\u2026fue la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C.G.G., que en la misma audiencia le fue negada, decisi\u00f3n contra la que\u2026no interpuso recurso alguno, ni propuso el incidente de nulidad\u00bb, como tampoco atac\u00f3 la determinaci\u00f3n de ampliar el plazo, sino que esper\u00f3 a la resoluci\u00f3n de fondo, que al no serle favorable \u00abapel\u00f3\u00bb, sin que recurriera en queja la no concesi\u00f3n. Adem\u00e1s, la tardanza obedeci\u00f3 a que la diligencia de 22 de enero de 2018 se posterg\u00f3 porque faltaba que el actual libelista tramitara una prueba (fls. 19 y 20 \u00eddem). <\/p>\n

La Procuradora 12 Judicial II de Familia de Yopal, tras un amplio recorrido por los antecedentes, sostuvo que aunque el tiempo para desatar la instancia venci\u00f3 el 5 de junio de 2018, el interesado reclam\u00f3 aplicar la norma en cita, no hubo \u00abinterrupci\u00f3n\u00bb o \u00absuspensi\u00f3n\u00bb, la extensi\u00f3n \u00abse hizo por fuera del t\u00e9rmino\u00bb y \u00abno se observa abuso dilatorio de las partes\u00bb, de todos modos \u00abaplicar la norma adjetiva del 121, en su sentido literal exclusivamente, sacrificar\u00eda derechos y normas de superior jerarqu\u00eda, como lo son los derechos de los ni\u00f1os a sus alimentos, ya que \u00abla nulidad y pasar el expediente a otro Despacho judicial, implicar\u00eda un nuevo conteo del t\u00e9rmino indicado en el art. 121 del C.G. del P. y mientras tanto los derechos del ni\u00f1o continuar\u00edan vulnerados\u00bb (fls. 21 al 31). <\/p>\n

Los dem\u00e1s llamados guardaron silencio. <\/p>\n

4.\tEl a quo no dispens\u00f3 el auxilio al estimar que \u00abla consecuencia prevista en el canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso no se aplica en forma objetiva, sino que atendiendo las circunstancias especiales de cada caso, se determinar\u00e1 con los criterios\u00bb sentados en la T-341 de 2018 \u00aby el ordenamiento superior, si oper\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia\u00bb, encontrando que en el sub lite \u00abdeben descontarse los d\u00edas 6 y 7 de junio de 2017 por cuenta del cese de actividades convocado por Asonal Judicial, y del 22 de enero al 23 de abril de 2018, dado que en ese interregno se reprogram\u00f3 la diligencia porque el hoy accionante no retir\u00f3 un oficio que el juzgado hab\u00eda librado con motivo de una petici\u00f3n que le hab\u00eda hecho para la consecuci\u00f3n de una prueba\u00bb, por lo que \u00abla p\u00e9rdida de competencia oper\u00f3 el 8 de septiembre de 2018, momento para el que ya se hab\u00eda dictado sentencia\u00bb (fls. 34 al 39). <\/p>\n

5.\tRefut\u00f3 el precursor, insistiendo en sus alegaciones iniciales (fl. 45). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El amparo es un instrumento preferente y sumario por el que todo individuo de la especie humana puede pedir que los jueces preserven sus garant\u00edas b\u00e1sicas conculcadas o amenazadas por los servidores p\u00fablicos, o por los particulares en los eventos contemplados en el art\u00edculo 86 de la Carta Magna, cuyos presupuestos generales son inmediatez, subsidiaridad, importancia iusfundamental del debate, adecuada identificaci\u00f3n de los sucesos que seg\u00fan el actor le causan menoscabo y de las prebendas comprometidas, car\u00e1cter trascendente del dislate y que no recaiga sobre lo definido en disputas de \u00edndole an\u00e1loga. <\/p>\n

A ello se suman los requisitos espec\u00edficos para pronunciamientos \u00abjudiciales\u00bb, cuyo venero radica en los defectos org\u00e1nico, procedimental absoluto, f\u00e1ctico y \u00absustantivo\u00bb, as\u00ed como en error inducido, falta de motivaci\u00f3n, desconocimiento del \u00abprecedente\u00bb o violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, seg\u00fan que, en su orden, el emisor carezca totalmente de competencia, obre radicalmente al margen del ritual previsto, no se apoye en las probanzas regularmente acopiadas, aplique las normas en forma completamente alejada de sus postulados, sea enga\u00f1ado por la actividad de terceros, omita analizar debidamente los hechos y disposiciones relevantes, ignore la doctrina que \u00e9l mismo, sus pares o superiores jer\u00e1rquicos han sentado en torno a lo debatido o contrar\u00ede frontalmente las previsiones de la regla fundante. <\/p>\n

De tal manera que exclusivamente se abre paso en los inusuales casos en que los falladores infrinjan protuberantemente la codificaci\u00f3n patria, es decir, \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado[s] en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure[n] \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb (entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada STC1842-2017), lo que de suyo descarta divergencias meramente hermen\u00e9uticas, m\u00e1xime si \u00e9stas ata\u00f1en a la apreciaci\u00f3n de los medios suasorios, escenario en el que con mayor fuerza campean la independencia y autonom\u00eda que los art\u00edculos 228 y 230 \u00eddem reconocen a la judicatura. <\/p>\n

2. El impugnante est\u00e1 en desacuerdo con la postura que desoy\u00f3 sus anhelos, porque el estamento replicado defini\u00f3 la contenci\u00f3n el 2 de agosto \u00faltimo, cuando ya no ten\u00eda \u00abcompetencia\u00bb por haberla perdido en virtud del canon 121 de la Ley 1564 de 2012, pese a que le fue puesto de presente en la audiencia celebrada el 23 de julio anterior.
\nEn concreto, su empe\u00f1o es que se invalide lo transitado despu\u00e9s de fenecido el t\u00e9rmino de que tratan las prescripciones reci\u00e9n aludidas y, en su lugar, se entregue el dossier al arbitrador que le \u00absigue\u00bb para que culmine con el tr\u00e1mite faltante. <\/p>\n

3. El C\u00f3digo General del Proceso, promulgado mediante la Ley 1564 de 2012, estableci\u00f3, en su art\u00edculo 2, que \u00abToda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela judicial jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, con sujeci\u00f3n a un debido proceso de duraci\u00f3n razonable\u00bb, y que \u00ablos t\u00e9rminos procesales se observar\u00e1n con diligencia y su incumplimiento ser\u00e1 sancionado\u00bb (se hace notar). <\/p>\n

En procura de efectivizar ese dictado se fij\u00f3 en el \u00abart\u00edculo 121\u00bb ib\u00eddem el \u00abplazo perentorio\u00bb de un (1) a\u00f1o para resolver los litigios en la primera instancia, el cual corre desde que se halle integrado el contradictorio; y en la segunda se previ\u00f3 uno de seis (6) meses contados desde el arribo del infolio a la secretar\u00eda del \u00f3rgano destinatario. <\/p>\n

En todo caso se consagr\u00f3 la posibilidad de extender ese l\u00edmite hasta por \u00abseis (6) meses\u00bb m\u00e1s, mediante una \u00abpr\u00f3rroga\u00bb hecha antes del vencimiento del respectivo t\u00e9rmino. Empero, tambi\u00e9n fue claro en decir que si no se hace uso de esa ampliaci\u00f3n y se deja precluir el espacio \u00abel juzgador perder\u00e1 autom\u00e1ticamente competencia y deber\u00e1 direccionar el negocio al despacho que le siga en turno\u00bb para que lo contin\u00fae sustanciando, porque si no lo hace lo desplegado con posterioridad ser\u00e1 \u00abnulo de pleno derecho\u00bb, sin perjuicio del deber de informar de esa situaci\u00f3n al \u00abConsejo Superior de la Judicatura\u00bb. <\/p>\n

Como se puede ver, ese mandato instituye, entre otras cosas, que: <\/p>\n

Salvo interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso por causa legal, no podr\u00e1 transcurrir un lapso superior a un (1) a\u00f1o para dictar sentencia de primera o \u00fanica instancia, contado a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podr\u00e1 ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepci\u00f3n del expediente en la secretar\u00eda del juzgado o tribunal. <\/p>\n

Vencido el respectivo t\u00e9rmino previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perder\u00e1 autom\u00e1ticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al d\u00eda siguiente, deber\u00e1 informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumir\u00e1 competencia y proferir\u00e1 la providencia dentro del t\u00e9rmino m\u00e1ximo de seis (6) meses\u2026 <\/p>\n

Ser\u00e1 nula de pleno derecho la actuaci\u00f3n posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n

En armon\u00eda con ello, esta Corte, entre otras en CSJ STC12644-2018, ha dilucidado que <\/p>\n

De esas l\u00edneas fluye claro, entonces, que la primera instancia debe agotarse necesariamente a m\u00e1s tardar dentro del a\u00f1o siguiente a la integraci\u00f3n del contradictorio, y la segunda en seis meses despu\u00e9s de la recepci\u00f3n del paginario, salvo que antes del vencimiento de esas oportunidades se utilice la ampliaci\u00f3n all\u00ed autorizada. El desacato de esa previsi\u00f3n impone, seg\u00fan el caso concreto, de un lado, la \u00abp\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia\u00bb y, de otro, la \u00abnulidad de pleno derecho\u00bb de las actuaciones desplegadas con posterioridad a la expiraci\u00f3n del referido \u00abplazo\u00bb. <\/p>\n

Luego, puede ocurrir que solamente se provoque la \u00abp\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia\u00bb si vencido el t\u00e9rmino legal el juez o magistrado, de oficio o a petici\u00f3n de parte, advierte tal circunstancia y remite el infolio a quien le sigue en turno; en cambio, si en lugar de obrar de esa manera contin\u00faa como director de la disputa, adem\u00e1s de lo anterior deber\u00e1 declarar (o reconocer) la invalidez de lo discurrido desde que el iudex debi\u00f3 desprenderse de la lid y no lo hizo. En esta hip\u00f3tesis, debe resaltarse que la sanci\u00f3n contemplada es de car\u00e1cter insalvable, es decir, no admite convalidaci\u00f3n ni saneamiento por ninguna causa, dado el calificativo de \u00abpleno derecho\u00bb que le endilg\u00f3 el legislador y lo que ello significa en el tr\u00e1fico \u00abjur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n

4. Lo expresado revela, sin duda, que el querellado cometi\u00f3 un desfase reprensible, toda vez que pas\u00f3 por alto la regla de \u00abduraci\u00f3n razonable del proceso\u00bb, as\u00ed como la jurisprudencia que sobre ella ha edificado esta Corporaci\u00f3n, debido a que avanz\u00f3 en el estudio de la pol\u00e9mica sin tener en cuenta que desde el 6 de junio de 2018 qued\u00f3 impedido para proseguir con su desarrollo. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, para el 23 de julio de 2018, cuando dijo hacer uso de la dilataci\u00f3n consagrada en la codificaci\u00f3n civil (art. 121), y extendi\u00f3 durante seis (6) meses la posibilidad para finiquitar el caso, ese acto no produjo efectos, simplemente porque para ese instante carec\u00eda de atribuci\u00f3n para impulsar la faena, comoquiera que ya la hab\u00eda perdido de forma definitiva y concluyente. <\/p>\n

5. Ahora bien, tampoco puede aceptarse, cual lo hizo el a quo, que el \u00abplazo\u00bb contemplado en el precepto 121 ejusdem tiene un car\u00e1cter relativo, y que por ello se le deben restar el tiempo de inactividad supuestamente achacable al demandado, pues esa dial\u00e9ctica no concuerda con el fin que fij\u00f3 el legislador en la norma en que ciment\u00f3 el \u00abprincipio de la duraci\u00f3n razonable\u00bb a que est\u00e1n sometidos las \u00abcontroversias judiciales\u00bb a la luz del actual sistema de \u00abenjuiciamiento civil\u00bb, que es predominantemente oral y por audiencias, m\u00e1xime que el juez tiene la facultad deber de activar el proceso e impedir su paralizaci\u00f3n, de tal suerte que mal puede abandonarla a las partes y luego excusarse en la presunta dejadez de \u00e9stas. <\/p>\n

Como se exterioriz\u00f3 en CSJ STC 12644-2018, recientemente citada, ese \u00abentendimiento no armoniza con la filosof\u00eda y contenido del citado precepto, de donde brota la objetividad del t\u00e9rmino all\u00ed regulado; por ende, es palmaria la incursi\u00f3n en una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb de envergadura suficiente para captar la atenci\u00f3n superlativa\u00bb. <\/p>\n

Igualmente, en STC14308-2018, se predic\u00f3 que <\/p>\n

(\u2026) la determinaci\u00f3n memorada no se encontraba sujeta a la revisi\u00f3n de lo ocurrido en el proceso para establecer una posible justificaci\u00f3n de la tardanza, pues, se insiste, la nulidad por la finalizaci\u00f3n de los plazos contemplados en el memorado canon, ocurre \u201cde pleno derecho\u201d. <\/p>\n

Con esa orientaci\u00f3n, que es diamantina, debe entenderse que los \u00abt\u00e9rminos legales para decidir en primera, \u00fanica o segunda instancia\u00bb ostentan un \u00abcar\u00e1cter objetivo\u00bb y, por ello, su contabilizaci\u00f3n no puede ceder y detenerse ante cualquier demora, siendo que precisamente la anualidad es un tiempo m\u00e1s que \u00abrazonable\u00bb para superar las vicisitudes que toda tramitaci\u00f3n puede tener. <\/p>\n

Sobre el car\u00e1cter \u00abobjetivo\u00bb de la mentada instituci\u00f3n, se ha destacado que: <\/p>\n

(\u2026) el hito inicial para el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino de un a\u00f1o que establece dicho canon para proferir el fallo de primera instancia, comienza a correr objetivamente desde la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda al enjuiciado, sin que consagre salvedad alguna en caso de reforma o sustituci\u00f3n del libelo (\u2026) Entonces, la hermen\u00e9utica que en esta oportunidad acoge la Corte, alude a que el anotado plazo para dictar sentencia corre de forma objetiva, salvo interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del litigio, contrario a lo que sostuvo el juez ad quem criticado, que incluy\u00f3 una modificaci\u00f3n para el c\u00f3mputo del referido lapso, no contemplado en la norma bajo an\u00e1lisis, conforme se extracta de su redacci\u00f3n, en armon\u00eda con las garant\u00edas de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que traduce la necesidad de definici\u00f3n de la litis sin dilaciones indebidas (negrillas y resalto propias) (STC8849-2018). <\/p>\n

En tal sentido, no obstante lo loables que puedan parecer los esfuerzos por dejar vigente una sentencia porque ella ser\u00eda beneficiosa a los intereses de un menor, mal puede la Sala avalar ese criterio siendo que fue emitida por un funcionario que para el caso concreto carec\u00eda de facultades y, por tanto, est\u00e1 viciada de ra\u00edz, pese a que el interesado advirti\u00f3 la anomal\u00eda. <\/p>\n

Igualmente, se recuerda que \u00abSe trata, pues, de reglas particulares que, por su especialidad, se sobreponen o prevalecen a las generales de las nulidades procesales, especialmente, a las de los preceptos 136 y 138 ib\u00eddem\u00bb (CSJ, STC14308-2018). <\/p>\n

As\u00ed, correcto es entender que la circunstancia de no sentenciarse en el momento fijada por la ley, trae consigo la inmediata p\u00e9rdida de la competencia del juez, quien, por ende, no puede, a partir de la extinci\u00f3n del plazo para ello, adelantar ninguna actividad procesal, al punto que si la realiza, \u00e9sta es nula, de pleno derecho. <\/p>\n

6. Sobreviene, por fuerza de lo expresado, la revocatoria del veredicto fustigado para, en su lugar, dispensar el resguardo porque est\u00e1 visto que el enjuiciado incurri\u00f3 en un desafuero que debe ser conjurado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, REVOCA la providencia opugnada y, en su lugar, AMPARA a Mario Hernando Chaparro Avella dentro del plenario referido y, en consecuencia, deja sin efecto todo lo actuado por el Juzgado Primero de Familia de Yopal a partir del 6 de junio de 2018, rad. 2016-00507 y le ORDENA que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente directriz, decrete la \u00abp\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia\u00bb, remita el pleito al hom\u00f3logo que le sigue en turno e informe de ello a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo dispuesto en el \u00abart\u00edculo 121\u00bb ib\u00eddem. <\/p>\n

TERCERO: COMUN\u00cdQUESE telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\nSALA DE CASACI\u00d3N CIVIL
\nSTC 16822-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00famero 85001-22-08-002-2018-00118-01
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aduce el actor que en un proceso ejecutivo de alimentos adelantado en su contra en favor de su menor hijo por Mar\u00eda Priscila Corredor Alonso, se ha demorado la decisi\u00f3n m\u00e1s de los t\u00e9rminos indicados por el art\u00edculo 121 del c\u00f3digo general del proceso, por lo que ordena dar aplicaci\u00f3n a esa norma en el t\u00e9rmino indicado.
\nDebo advertir que comparto la decisi\u00f3n de la sala en cuanto afirma que la intenci\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso es la celeridad y que la justicia sea pronta y cumplida, y en tal sentido es obligatorio el <\/p>\n

cumplimiento de los t\u00e9rminos procesales, en particular los establecidos en el art\u00edculo 121 de dicha normatividad, as\u00ed como tambi\u00e9n que si no se fallan los procesos en los mencionados t\u00e9rminos lo procedente es que sea nula toda actuaci\u00f3n posterior a los vencimientos, como clara y expresamente lo se\u00f1ala el canon, lo que no comparto es la motivaci\u00f3n expuesta por los Magistrados que consideran dicho t\u00e9rmino como plenamente objetivo y la nulidad que se establece para las actuaciones posteriores al vencimiento de dicho plazo como totalmente insubsanable. Incluso considero que muchas veces el t\u00e9rmino debe contarse de manera diferente o desde distinta \u00e9poca, como cuando se presenta la muerte del juez o cuando se traslada y al despacho llega un nuevo funcionario al cual no se le pueden contar los t\u00e9rminos del anterior.
\nDe la misma manera, el verdadero entendimiento de la terminolog\u00eda usada para calificar la nulidad que se aplica para las actuaciones posteriores es inadecuado en la providencia, pues considero que al usar la expresi\u00f3n "de pleno derecho" la ley de ninguna manera quiso hablar de insubsanabilidad sino de una nulidad diferente a las ya mencionadas en el c\u00f3digo y de otra manera diferente de entender esa nulidad sin la posibilidad de anteponer excusas por parte del juez, salvo para efectos de oponerse a alguna posible sanci\u00f3n cuando la mora no sea por culpa de su parte. Tampoco se podr\u00e1 considerarse que se refiere a que la nulidad no requiera declaraci\u00f3n judicial como algunos lo propugnan porque resultar\u00eda un imposible l\u00f3gico dentro del proceso que las nulidades aparecieran y se dieran sin que el director del proceso tuviera actuaci\u00f3n concreta frente a ellas. Tampoco a que los t\u00e9rminos sean objetivos puros, pues es claro que hay ocasiones en que deben suspenderse por orden de la ley o por imposibilidad absoluta de contarse, advirtiendo que a lo imposible nadie est\u00e1 obligado y que hay ocasiones en que la inactividad e incluso la inoportuna intervenci\u00f3n de ellas en el proceso, es la culpable del <\/p>\n

vencimiento de los t\u00e9rminos. Por eso como dicen los que conforman la mayor\u00eda de la sala afirmando que los t\u00e9rminos son objetivos y que se cuentan para el proceso y no para el juez.
\nEn tal sentido, dejando en claro que soy partidario de la eficacia y celeridad de los procesos y que de ninguna manera puede dejarse de cumplir los t\u00e9rminos que ordena la ley, considero que debe adelantarse una mejor sustentaci\u00f3n te\u00f3rica para el caso, advirtiendo que tampoco comparto la otra posici\u00f3n que pregona la subsanaci\u00f3n de los actos por el hecho de haber cumplido sus fines, pues ella es \u00fatil para un caso particular pero desestimula el cumplimiento en general. Por eso debe analizarse cada caso en concreto para dar la mejor interpretaci\u00f3n posible.
\nEs cierto que nada se gana para el caso cuando se anula un acto para que vuelva a dictarse el mismo con posterioridad, pero si el juez es consciente de que una vez vencido el t\u00e9rmino ya no puede actuar, no puede animarse a proferir esos actos cuando ya no tiene competencia porque de todas formas su actuar a nada conducir\u00eda y solo causar\u00eda confusi\u00f3n y estorbo en el proceso, estando seguro que ning\u00fan juez querr\u00eda eso.
\nPor tal motivo, aunque apoyo la decisi\u00f3n de la sala, considero que es necesario llegar a acuerdos que unifiquen la valoraci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de la ley para mejor entendimiento de los funcionarios y de las partes en b\u00fasqueda de un fin com\u00fan que es la mejor y m\u00e1s cumplida justicia. <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nSTC16822-2018
\nCon pleno respeto por los integrantes de la Sala que conformaron mayor\u00eda para la adopci\u00f3n de la sentencia proferida en el asunto de la referencia, procedo a exponer las razones de mi comedido aunque total disenso.
\nEn el presente caso, mayoritariamente se consider\u00f3 procedente el amparo contra la providencia que no acogi\u00f3 la solicitud de p\u00e9rdida de competencia por superarse el plazo previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso y, en su lugar, dej\u00f3 sin efecto todo lo actuado a partir del 6 de junio de 2018, incluida la sentencia de primera instancia de 2 de agosto de ese a\u00f1o.
\nLa Sala cit\u00f3 dentro de su argumentaci\u00f3n el precedente STC12644-2018 del cual trascribi\u00f3 el siguiente aparte, \u00abla
\nsanci\u00f3n contemplada es de car\u00e1cter insalvable, es decir, no admite
\nconvalidaci\u00f3n ni saneamiento por ninguna causa, dado el calificativo de
\n"pleno derecho" que le endilg\u00f3 el legislador\u00bb (f. 15 v.), aspecto del cual me aparto, con base en la siguiente argumentaci\u00f3n. <\/p>\n

Del car\u00e1cter saneable de la nulidad invocada.
\n1. En reiteraci\u00f3n y desarrollo de las consideraciones que con ponencia del suscrito, la Sala mayoritariamente hizo suyas en la sentencia STC21350-2017, 14 dic., rad. 2017-02836-00, es preciso reconocer la contundencia del inciso 6\u00b0 del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso en
\nse\u00f1alar: \u00abSer\u00e1 nula de pleno derecho la actuaci\u00f3n posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia.\u00bb.
\nDe esta forma, el legislador dio continuidad a la pol\u00edtica procesal inicialmente vertida en el canon 9\u00b0 de la Ley 1395 de 2010 -modificatorio del precepto 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, reiterando el establecimiento de un referente preciso para la duraci\u00f3n de las instancias ante cuya superaci\u00f3n acaece la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia.
\nSumado a ello, la versi\u00f3n m\u00e1s reciente y actualmente vigente de la regla, fue reforzada en el C\u00f3digo General del Proceso con el establecimiento de un efecto invalidante que opera de pleno derecho respecto de la actuaci\u00f3n posterior a la cesaci\u00f3n de la aptitud legal.
\nAs\u00ed las cosas, conviene recalcar que al margen del debate que podr\u00eda suscitarse en punto de la completa configuraci\u00f3n de un aut\u00e9ntico factor temporal de atribuci\u00f3n de la funci\u00f3n jurisdiccional, resulta indiscutible la vigencia de una preceptiva cuyo alcance prescribe la terminaci\u00f3n de <\/p>\n

la aptitud del funcionario cognoscente por la superaci\u00f3n de los t\u00e9rminos respectivos, que se insiste, en el panorama vigente encuentra como sanci\u00f3n una particular ineficacia que aunque desarticulada del r\u00e9gimen de nulidades de la codificaci\u00f3n procesal, resulta expresa y aplicable.
\n2. No obstante, con prescindencia de lo anterior, lo cierto es que dada la falta de norma en contrario, la naturaleza del vicio y la necesidad de vincular el evento invalidante especial con los lineamientos generales del Cap\u00edtulo de nulidades procesales, en todo caso la irregularidad derivada de la superaci\u00f3n del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la instancia ser\u00eda saneable, o cuando menos, no puede tildarse de arbitrario un criterio en tal sentido.
\nSobre el particular corresponde precisar que aunque la disposici\u00f3n en cita refiere que la nulidad que afecta \u00abla actuaci\u00f3n posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia\u00bb, opera de pleno derecho, ello no supone que la misma se torne insubsanable.
\nCiertamente, la expresi\u00f3n de pleno derecho, en este contexto y acorde con el significado jur\u00eddico de los vocablos, tan s\u00f3lo supondr\u00eda, en principio, que los efectos de la nulidad se producir\u00edan autom\u00e1ticamente, sin necesidad de reconocimiento o decreto judicial, esto es, por el simple ministerio de la Ley (ope legis), pero no necesariamente la calidad de insaneable del vicio procesal. <\/p>\n

En este orden, la previsi\u00f3n dar\u00eda cuenta, a lo sumo, de una discutible', diferenciada y excepcional regla en punto de la necesidad del decreto judicial de la nulidad procesal (principio de declaraci\u00f3n judicial), la cual no constituye por s\u00ed sola incompatibilidad alguna con los dem\u00e1s principios que informan la materia en el \u00e1mbito procesal civil, a saber: taxatividad, trascendencia, protecci\u00f3n, legitimaci\u00f3n y convalidaci\u00f3n.
\nPor lo anterior, nada obsta para que en la hip\u00f3tesis de transgresi\u00f3n de los t\u00e9rminos de duraci\u00f3n de la instancia, deban estudiarse los condicionamientos de alegaci\u00f3n del vicio, y muy especialmente, los eventos de saneamiento contemplados actualmente en el canon 136 ejusdem.
\nAl respecto, es determinante se\u00f1alar que los \u00fanicos criterios de competencia que resultan improrrogables son el subjetivo y funcional2, los cuales no se corresponden con el supuesto de p\u00e9rdida de la competencia por vencimiento de los t\u00e9rminos de resoluci\u00f3n de la instancia, pues tal hip\u00f3tesis no supone reproche por ausencia de la aptitud legal que debe establecerse desde dichos factores privilegiados, sino al contrario, una secuela encaminada a finiquitar la atribuci\u00f3n que ven\u00eda regularmente dada, como mecanismo de coerci\u00f3n y sanci\u00f3n para que el funcionario dotado de la potestad, cumpla oportunamente con su deber
\n1 <\/p>\n

En tanto que en los \u00e1mbitos sustantivo y procesal, la nulidad s\u00f3lo se concibe mediante su reconocimiento por v\u00eda de pronunciamiento judicial, tal cual se extrae de los art\u00edculos 1742, 1746 y 1748, entre otros, del C\u00f3digo Civil y las preceptivas del cap\u00edtulo de nulidades procesales del C\u00f3digo General del Proceso (c\u00e1nones 132 a 138), en especial el inciso \u00faltimo del art\u00edculo 138 ib\u00eddem.
\n2 Art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, acorde con el cual se han previsto pautas diferenciadas para el caso de su desatenci\u00f3n en el canon 138. <\/p>\n

de decisi\u00f3n.
\nDe igual manera, las \u00fanicas causales de anulabilidad insubsanables -sin desconocer el especial tratamiento de la falta de competencia funcional y subjetiva- son las detalladas en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 136, es decir: \u00abLas
\nnulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior,
\nrevivir un proceso legalmente concluido o pretermitir \u00edntegramente la respectiva instancia\u00bb, ninguna de las cuales se aviene al evento de la p\u00e9rdida de competencia por vencimiento del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la instancia.
\nPor tal raz\u00f3n, se insiste, tienen plena aplicaci\u00f3n los condicionamientos de alegaci\u00f3n del vicio (legitimaci\u00f3n, no haber dado lugar al vicio, oportuna alegaci\u00f3n y no convalidaci\u00f3n expresa o t\u00e1cita -art. 135), as\u00ed como muy especialmente los eventos de saneamiento contemplados actualmente en el canon 136 ejusdem, acordes con los anteriores presupuestos.
\nDe esta forma, la deficiencia podr\u00e1 ser saneada y por lo mismo, conservada la validez de la actuaci\u00f3n, dada la inoportuna alegaci\u00f3n o convalidaci\u00f3n, y muy puntualmente,
\n\u00abCuando a pesar del vicio el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no se viol\u00f3 el derecho de defensa\u00bb.
\n3. Conviene destacar que en esta clase de hip\u00f3tesis, no puede pasarse por alto el criterio hermen\u00e9utico de prevalencia del derecho sustancial consagrado en el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, replicado en el canon 11 del <\/p>\n

C\u00f3digo General del Proceso, conforme al cual \u00abel objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb.
\nEn relaci\u00f3n con lo anterior esta Corporaci\u00f3n ha ilustrado:
\n\u00ab(…) el derecho procesal es medio y no fin, [y] (…) la finalidad de los procedimientos es la efectividad de los derechos sustanciales (…). Al interpretar la ley procesal, el juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto y el fin de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial (…)".
\n"(…) [L]a relaci\u00f3n de medio a fin es ostensible, lo que hace ver que la rigurosidad con la que actuaron los jueces de instancia, desconoci\u00f3] principios generales del derecho procesal, los cuales deben estar para cumplir la garant\u00eda constitucional del debido proceso, a cuyo respecto se ha referido esta Sala en pret\u00e9ritas oportunidades como cuando dijo: 'No en vano el legislador ha previsto que 'las dudas que surjan de la interpretaci\u00f3n de las normas del presente C\u00f3digo, deber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garant\u00eda constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes" (art. 4\u00b0, C. de P. C.)\u00bb (SC 27 abr. 2006, 2006-00480-01; reiterada recientemente en STC8971-2017, 22 jun. 2017, rad. 2017-01237-01).
\nEn la misma l\u00ednea, la Corte Constitucional ha condensado su precedente sobre la materia en los siguientes t\u00e9rminos:
\n\u00ab38. Del anterior recuento la Corte concluye que el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas refiere a que (i) la norma adjetiva debe buscar la garant\u00eda del derecho sustancial y, por ende, no se puede convertir en una barrera de efectividad de \u00e9ste; (ii) la regulaci\u00f3n procesal debe propender por la realizaci\u00f3n de los derechos sustanciales al suministrar una v\u00eda para la soluci\u00f3n de controversias sobre los mismos; y, (iii) el <\/p>\n

derecho adjetivo al cumplir una funci\u00f3n instrumental que no es un fin en s\u00ed mismo, debe ce\u00f1irse y estar al servicio del derecho sustancial el cual se debe privilegiar para proteger las garant\u00edas fundamentales.\u00bb (C-193 \/ 16).
\n4. As\u00ed las cosas, no pareciera viable calificar de arbitraria, caprichosa y desprovista de fundamento jur\u00eddico, una postura que en supuestos como los relacionados con el desbordamiento del t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, reclame por la permanencia de los efectos de una actuaci\u00f3n consumada, m\u00e1xime cuando las causas de la extensi\u00f3n en los t\u00e9rminos puedan obedecer a una tolerancia de las partes (t\u00e1cita o expl\u00edcita) o a\u00fan m\u00e1s, al cumplimiento de otro deber de similar o mayor val\u00eda, cual es obtener la debida pr\u00e1ctica de una prueba para la definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n

As\u00ed, sin duda, cumplido un acto sin violaci\u00f3n del derecho de defensa, es m\u00e1s grande el favor que se le presta a los derechos de los justiciables, avalando actuaciones que aunque retardadas, tiendan o definan la contienda, antes que superponer una invalidaci\u00f3n que justamente busca la <\/p>\n

obtenci\u00f3n del fallo de fondo en el grado de conocimiento respectivo.
\nPor todo lo anterior, la hip\u00f3tesis de invalidaci\u00f3n no puede ser analizada al margen de la doctrina que aboga por la conservaci\u00f3n de los actos procesales y reclama por la sanci\u00f3n cuando las partes la aleguen en su debida oportunidad, o se advierta un supuesto de insalvable transgresi\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso.
\nEsta Corte ha tenido la oportunidad de recabar en la relevancia de los mentados axiomas al momento de decidir en materia de nulidades procesales y considerar su naturaleza restringida, residual y necesariamente fundada, para estructurar criterio orientador conforme al cual \u00abLa regla, pues, es la eficacia y prevalencia del procedimiento; la excepci\u00f3n, en cambio, la posibilidad de su invalidaci\u00f3n\u00bb. En sustento de lo anterior se ilustr\u00f3:
\n\u00abNada es m\u00e1s nocivo que declarar una nulidad procesal, cuando no existe la inequ\u00edvoca certidumbre de la presencia real de un vicio que, por sus connotaciones, impide definitiva e irremediablemente que la litis siga su curso, con las secuelas negativas que ello acarrea. Actitudes como \u00e9sta, taladran el oficio judicial y comprometen la etic\u00eddad del director del proceso, a la par que oscurecen su labor\u00edo, en el que siempre debe imperar la b\u00fasqueda se\u00f1era de la justicia, en concreto, la efectividad de los derechos, la cual no puede quedar en letra muerta, por un exacerbado 'formalismo, `literalisino' o (procesalismo, refractarios a los tiempos que corren, signados por el respeto de los derechos ciudadanos, entre ellos, el aquilatado `debido proceso'. Anular por anular, o hacerlo sin un acerado y pot\u00edsimo fundamento, es pues una deleznable pr\u00e1ctica que, de plano, vulnera los postulados del moderno derecho procesal, por lo que requiere actuar siempre con <\/p>\n

mesura y extrema prudencia el juzgador, como quiera que su rol,
\npor excelencia, es el de administrar justicia, con todo lo loable y
\nnoble que ello implica, y no convertirse en una especie de
\nenterrador de las causas sometidas a su enjuiciamiento\u00bb (CSJ
\nSC, 5 jul. 2007, rad 1989-09134-01).
\n5. De otra parte, la invalidaci\u00f3n enunciada, es precisamente la ant\u00edtesis de la eficacia del proceso y la resoluci\u00f3n de la litis, a la cual debe acudirse como \u00faltimo remedio para superar graves e insuperables trasgresiones al debido proceso y no para extender a\u00fan m\u00e1s en el tiempo la materializaci\u00f3n del derecho de los asociados a una pronta y cumplida administraci\u00f3n de justicia.
\nEn este panorama, no pareciera procedente, so pretexto del derecho a obtener una decisi\u00f3n de fondo en un t\u00e9rmino razonable, aniquilar la actuaci\u00f3n que ya se verific\u00f3 sin afrenta al debido proceso y con anuencia de la partes, en raz\u00f3n de su no alegaci\u00f3n oportuna, quienes sin perjuicio del inter\u00e9s de toda la comunidad en el desenvolvimiento de la serie, son los directos afectados con la definici\u00f3n respectiva.
\nPor lo anterior y sin perjuicio del cumplimiento que indefectiblemente debe procurarse al t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la instancia, es claro que la justificada extensi\u00f3n del plazo, tolerada por los intervinientes, impide refutar la aptitud legal del juez que ha decidido dar continuidad al conocimiento del asunto en orden a la definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n

Un entendimiento contrario sit\u00faa en vilo la garant\u00eda de acceso ante los jueces, en lo concerniente a la eficacia de la tutela jurisdiccional, m\u00e1xime cuando la cl\u00e1usula legal pertinente no brinda seguridad alguna sobre la expedita y plenaria resoluci\u00f3n de la controversia, en tanto no prev\u00e9 sanci\u00f3n o remedio para el desbordamiento temporal en que puede incurrir \u00abel juez o magistrado que le sigue en turno\u00bb, supuesto para nada distante de la realidad y evidenciable con notas may\u00fasculas cuando la causa de la prolongaci\u00f3n no es exclusiva de la gesti\u00f3n de un despacho en concreto, sino com\u00fan a los dem\u00e1s de su misma categor\u00eda, especialidad y territorialidad.
\n6. El compromiso del Estado en materia de las garant\u00edas relacionadas no puede entenderse allanado exclusivamente con medidas como la condensada en el estudiado art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, y menos con la interpretaci\u00f3n que hoy defiende mayoritariamente la Sala, pues sumada a la absoluta y necesaria disposici\u00f3n en el desempe\u00f1o de las labores que se espera de un funcionario investido de jurisdicci\u00f3n, conforme al precedente jurisprudencial, se exige la satisfacci\u00f3n de un m\u00ednimo conjunto de condiciones que no son de su competencia directa, y en gran medida, recaen sobre los poderes legislativo, ejecutivo y en la administraci\u00f3n judicial, a saber:
\n\u00abEl derecho a la administraci\u00f3n de justicia ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, <\/p>\n

para propugnar por la integridad del orden jur\u00eddico y por la debida protecci\u00f3n o el restablecimiento de sus derechos e intereses leg\u00edtimos, con estricta sujeci\u00f3n a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garant\u00edas sustanciales y procedimentales previstas en las leyes.[361
\nAquella prerrogativa de la que gozan las personas, naturales o jur\u00eddicas, de exigir justicia, impone a las autoridades p\u00fablicas, como titulares del poder coercitivo del Estado y garantes de todos los derechos ciudadanos, distintas obligaciones para que dicho servicio p\u00fablico y derecho sea real y efectivo.
\nEn general, las obligaciones que los estados tienen respecto de sus habitantes pueden dividirse en tres categor\u00edas, a saber: las obligaciones de respetar, de proteger y de realizar los derechos humanos. Con base en esta clasificaci\u00f3n, a continuaci\u00f3n se determinar\u00e1 el contenido del derecho fundamental a la administraci\u00f3n de justicia.
\nEn primer lugar, la obligaci\u00f3n de respetar el derecho a la administraci\u00f3n de justicia implica el compromiso del Estado de abstenerse de adoptar medidas que tengan por resultado impedir o dificultar el acceso a la justicia o su realizaci\u00f3n. Asimismo, conlleva el deber de inhibirse de tomar medidas discriminatorias, basadas en criterios tales como el g\u00e9nero, la nacionalidad y la casta.
\nEn segundo lugar, la obligaci\u00f3n de proteger requiere que el Estado adopte medidas para impedir que terceros interfieran u obstaculicen el acceso a la administraci\u00f3n de justicia del titular del derecho.
\nEn tercer lugar, la obligaci\u00f3n de realizar implica el deber del Estado de (i) facilitar las condiciones para el disfrute del derecho y, (ii) hacer efectivo el goce del derecho.
\nFacilitar el derecho a la administraci\u00f3n de justicia conlleva la adopci\u00f3n de normas y medidas que garanticen que todas las personas, sin distinci\u00f3n, tengan la posibilidad de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que la normativa proporciona para formular sus pretensiones.
\nEn cumplimiento del deber de regular, la Ley 270 de 1996
\nestablece que, dentro de los principios que informan la <\/p>\n

administraci\u00f3n de justicia, se encuentran el acceso a la justicia (art\u00edculo 2\u00b0), la celeridad (art\u00edculo 4\u00b0), la eficiencia (art\u00edculo 7\u00b0) y el respeto de los derechos (art\u00edculo 9\u00b0), los cuales se constituyen en mandatos que deben ser observados por quienes administran justicia en cada caso particular.
\nTambi\u00e9n se facilita la administraci\u00f3n de justicia cuando se adoptan normas que garanticen (i) la existencia de procedimientos adecuados, id\u00f3neos y efectivos para la definici\u00f3n de las pretensiones y excepciones debatidas; (ii) que los procesos se desarrollen en un t\u00e9rmino razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garant\u00edas propias del debido proceso; y (iii) que las decisiones que se adopten protejan los derechos conforme a la Constituci\u00f3n y dem\u00e1s normativa vigente.
\nAsimismo, el deber de tomar medidas implica la obligaci\u00f3n de remover los obst\u00e1culos econ\u00f3micos para acceder a la justicia, crear la infraestructura necesaria para administrarla y asegurar la asequibilidad de los servicios del sistema de justicia a aquellos grupos de poblaci\u00f3n en condiciones de vulnerabilidad.
\nPor otra parte, hacer efectivo el derecho a la administraci\u00f3n de justicia conlleva garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende: (i) la posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, (i9 que \u00e9ste sea resuelto y, (iii) que se cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador jur\u00eddico y se restablezcan los derechos lesionados.\u00bb (CC. T-443\/ 13).
\nAcorde con lo anterior, la consagraci\u00f3n de una causal insaneable de nulidad por el vencimiento de los t\u00e9rminos de duraci\u00f3n de la instancia que pudiera llegar a concebir el legislador en su amplio \u00e1mbito de configuraci\u00f3n, exigir\u00eda que la normativa, adem\u00e1s de congruente con la taxatividad de la causal y los fen\u00f3menos de pr\u00f3rroga y subsanaci\u00f3n, brindara satisfacci\u00f3n a los condicionamientos constitucionales y estatutarios de estar aparejada o acompa\u00f1ada de mecanismos que garanticen el establecimiento -igualmente forzoso y dotado de <\/p>\n

consecuencias- de cargas razonables para cada despacho judicial3 <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos, dejo fundamentado el salvamento de voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

3 Conviene rese\u00f1ar que en el plano reglamentario se ha edificado el concepto de \u00bbCAPACIDAD M\u00c1XIMA DE RESPUESTA\u00bb, el cual tiene incidencia exclusiva en los par\u00e1metros de la calificaci\u00f3n de servicios, m\u00e1s no repercusi\u00f3n procesal directa y autom\u00e1tica frente a la carga de un despacho judicial en particular (Acuerdos PSAA16-10618 y PCSJA18-10883 del Consejo Superior de la Judicatura).<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC16822-2018 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 23 de octubre de 2018 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102405","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102405","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102405"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102405\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102405"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102405"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102405"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}