{"id":102408,"date":"2026-07-01T22:45:53","date_gmt":"2026-07-01T22:45:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102408"},"modified":"2026-07-01T22:45:53","modified_gmt":"2026-07-01T22:45:53","slug":"stc16825-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16825-2018\/","title":{"rendered":"STC16825-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16825-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02277-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 29 de octubre de 2018, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la salvaguarda promovida por Jos\u00e9 Alberto Pardo Barrios y Mario Oswaldo Pito Gil contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del asunto penal seguido a los aqu\u00ed actores por los punibles de falsedad en documento privado y obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLos accionantes procuran la salvaguarda de las garant\u00edas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional querellada. <\/p>\n

Indican que en la audiencia respectiva impetraron el recurso de casaci\u00f3n; sin embargo, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes, tambi\u00e9n incoaron apelaci\u00f3n contra el fallo del ad quem, fundados en las sentencias C-742 de 2014 y SU-215 de 2016 y en el art\u00edculo 3\u00b0 del Acto Legislativo 01 de 2018, los cuales establecen la protecci\u00f3n del derecho a la doble \u201cinstancia\u201d en asuntos como el suyo. <\/p>\n

Anotan que a la fecha de formulaci\u00f3n de este amparo no existe pronunciamiento sobre el particular; no obstante, saben que no ser\u00e1 concedido el mecanismo vertical porque sus memoriales han sido interpretados como si se trataran del anotado remedio extraordinario (fls. 1 al 3, cdno. 1). <\/p>\n

3.\t Piden, por tanto, se conceda la apelaci\u00f3n rese\u00f1ada (fl. 1, cdno. 1). <\/p>\n

1. Respuesta \t\tdel \t\taccionado <\/p>\n

El tribunal indic\u00f3 no haber definido las peticiones de los gestores, por cuanto el asunto se encuentra en la secretar\u00eda surtiendo el plazo respectivo para la presentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que este \u00faltimo resulta ser el \u00fanico remedio procedente, conforme a la legislaci\u00f3n vigente y jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n especializada. <\/p>\n

2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

El a quo constitucional desestim\u00f3 el auxilio porque no hall\u00f3 arbitrariedad en la gesti\u00f3n del colegiado querellado, pues <\/p>\n

\u201c(\u2026) la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 concedi\u00f3 a los procesados el \u00fanico recurso que, de acuerdo con la legislaci\u00f3n procesal penal vigente procede contra las decisiones de segunda instancia proferidas por los Tribunales Superiores de Distrito, esto es, el de casaci\u00f3n. <\/p>\n

\u201cEl ejercicio de tal medio defensivo, frente a la primera condena proferida por el Tribunal, resulta suficiente para garantizar los derechos de los accionantes al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y, obviamente el de defensa, toda vez que le corresponder\u00e1 al superior jer\u00e1rquico y funcional del Tribunal accionado, conocer y eventualmente, resolver los cuestionamientos que mediante demanda de casaci\u00f3n se realicen en contra del fallo de segundo grado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Adicionalmente, resalt\u00f3 que el accionado no se ha pronunciado sobre la apelaci\u00f3n interpuesta respecto de su fallo, por cuanto se est\u00e1 surtiendo \u201c(\u2026) el traslado de que trata el art\u00edculo 183 de la Ley 906 de 2004, de modo que s\u00f3lo hasta cuando dicho t\u00e9rmino venza (\u2026), ser\u00e1 posible que exista una respuesta (\u2026)\u201d (fls. 69 al 71, cdno. 1). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

Los promotores impugnaron con argumentos similares a los expuestos en el libelo introductor. Adicionalmente, destacaron que el alcance y finalidad del recurso de casaci\u00f3n es distinto respecto de la apelaci\u00f3n (fls. 158 al 164, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tRevisados los documentos adosados, se encuentra que mediante prove\u00eddo de 20 de noviembre de 2018, el tribunal se abstuvo de conceder la apelaci\u00f3n propuesta por los tutelantes contra el fallo de segundo grado, decisi\u00f3n recurrida en sede de reposici\u00f3n y pendiente de definirse. <\/p>\n

Los querellantes cuestionan la gesti\u00f3n del accionado porque, en su sentir, debe tramitarse la alzada planteada respecto de la sentencia condenatoria dictada en segunda instancia, conforme lo prev\u00e9 la jurisprudencia de la Corte Constitucional. <\/p>\n

2.\tPara entrar en tono con la discusi\u00f3n planteada, debe se\u00f1alarse que la sentencia C-792 de 2014 declar\u00f3 \u201cinconstitucionales con efectos diferidos\u201d algunos art\u00edculos de la Ley 906 de 2004, por cuanto omit\u00edan \u201cla posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias\u201d; e igualmente, exhort\u00f3 <\/p>\n

\u201c(\u2026) al Congreso de la Rep\u00fablica para que, en el t\u00e9rmino de un a\u00f1o contado a partir de la notificaci\u00f3n por edicto de [esa providencia], regul[ara] integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias, (\u2026) [y] de no hacer[lo], a partir del vencimiento de [ese] t\u00e9rmino, se entender[\u00eda] que procede la impugnaci\u00f3n de todas las sentencias condenatorias ante el superior jer\u00e1rquico o funcional de quien impuso la condena (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Ya en la sentencia C-037 de 1996, con ocasi\u00f3n del an\u00e1lisis de constitucionalidad del numeral 6\u00ba del art\u00edculo 17 de la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia, que le atribu\u00eda a la Sala Plena de la Corte Suprema la posibilidad de resolver las impugnaciones y los recursos de apelaci\u00f3n contra las diferentes actuaciones procesales que realizaba la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en los casos de juzgamiento a funcionaros p\u00fablicos con fuero constitucional se aludi\u00f3 a la cuesti\u00f3n. <\/p>\n

Ahora, en el prove\u00eddo SU-215 de 28 de abril de 2016, el alto tribunal constitucional, con el objeto de determinar el alcance del citado fallo C-792 de 2014, precis\u00f3, entre otros aspectos, que (i) surt\u00eda efectos desde el 25 de abril de 2016; y (ii) \u201c\u00fanicamente opera respecto de las sentencias que para ese entonces a\u00fan estuvieran en el t\u00e9rmino de ejecutoria, o de las que se expidan despu\u00e9s de esa fecha (\u2026)\u201d. Dijo en efecto la Corte: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Al no tratarse de una disposici\u00f3n vinculante, sino de un acto de lenguaje sin fuerza normativa obligatoria para el Congreso, el exhorto puede interpretarse de modo amplio, de suerte que se entienda referido a la impugnaci\u00f3n de las condenas impuestas por primera vez en cualquier etapa del proceso penal ordinario. Si el Congreso ha omitido la oportunidad que se le reconoci\u00f3 en ese exhorto, desde luego que no por eso pierde su facultad de regular la materia. Pero en tal caso esta Corte debe velar por la supremac\u00eda e integridad del mandato constitucional de garantizar la impugnaci\u00f3n de las condenas impuestas por primera vez en el proceso penal (CP. arts 29, 31, 229 y 241). Lo cual le exige obrar de modo que asegure la adaptaci\u00f3n del ordenamiento y los procesos penales al orden superior (CP. art 4)\u201d (negrillas propias). <\/p>\n

Ahora bien, que en la actualidad no haya un reglamento jur\u00eddico sobre la forma como se debe tramitar la impugnaci\u00f3n de la \u201cprimera condena\u201d cuando aqu\u00e9lla es emitida en segunda instancia, no significa que hoy esa posibilidad est\u00e9 cercenada para el procesado, por cuanto al existir el \u00f3rgano jurisdiccional con competencia constitucional para conocer de ese espec\u00edfico asunto, es il\u00f3gico afirmar, que esa autoridad no pueda ejercer dicha funci\u00f3n por configurarse un vac\u00edo meramente formal, pues ante estos eventos, es indispensable aplicar directamente las normas integradoras del bloque de constitucionalidad, las cuales, sin duda alguna, permiten acceder a la \u201cdoble conformidad\u201d, como pasa a explicarse: <\/p>\n

El art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica establece que el debido proceso \u201cse aplicar\u00e1 a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas\u201d, y contempla una serie de garant\u00edas que hacen parte de la esencia de ese derecho fundamental, tales como: i) \u201c[n]adie podr\u00e1 ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, ii) [e]n materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicar\u00e1 de preferencia a la restrictiva o desfavorable, iii) [t]oda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable, iv) [q]uien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por \u00e9l, o de oficio, durante la investigaci\u00f3n y el juzgamiento; a un debido proceso p\u00fablico sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho (\u2026)\u201d (negrillas de la Sala). <\/p>\n

El anterior precepto constituye un claro desarrollo del art\u00edculo 8 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, el cual prev\u00e9 un conjunto de garant\u00edas judiciales: <\/p>\n

\u201c1. Toda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.\u00a0 Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garant\u00edas m\u00ednimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o int\u00e9rprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicaci\u00f3n previa y detallada al inculpado de la acusaci\u00f3n formulada; c) concesi\u00f3n al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparaci\u00f3n de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elecci\u00f3n y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no seg\u00fan la legislaci\u00f3n interna, si el inculpado no se defendiere por s\u00ed mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra s\u00ed mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior (\u2026)\u201d (se resalta). <\/p>\n

Igualmente, el canon 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, estipula: <\/p>\n

\u201c1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendr\u00e1 derecho a ser o\u00edda p\u00fablicamente y con las debidas garant\u00edas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n de car\u00e1cter penal formulada contra ella o para la determinaci\u00f3n de sus derechos u obligaciones de car\u00e1cter civil. La prensa y el p\u00fablico podr\u00e1n ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden p\u00fablico o seguridad nacional en una sociedad democr\u00e1tica, o cuando lo exija el inter\u00e9s de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opini\u00f3n del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa ser\u00e1 p\u00fablica, excepto en los casos en que el inter\u00e9s de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores\u201d. <\/p>\n

\u201c2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley\u201d. <\/p>\n

\u201c3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendr\u00e1 derecho, en plena igualdad, a las siguientes garant\u00edas m\u00ednimas: a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusaci\u00f3n formulada contra ella; b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparaci\u00f3n de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elecci\u00f3n; c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elecci\u00f3n; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el inter\u00e9s de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo; e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que \u00e9stos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo; f) A ser asistida gratuitamente por un int\u00e9rprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal; g) A no ser obligada a declarar contra s\u00ed misma ni a confesarse culpable\u201d. <\/p>\n

\u201c4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendr\u00e1 en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptaci\u00f3n social\u201d. <\/p>\n

\u201c5. Toda persona declarada culpable de un delito tendr\u00e1 derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley\u201d. <\/p>\n

\u201c6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisi\u00f3n de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deber\u00e1 ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido\u201d. <\/p>\n

\u201c7. Nadie podr\u00e1 ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada pa\u00eds\u201d. <\/p>\n

Los ordenamientos modernos, en proyecci\u00f3n de la tendencia registrada supranacionalmente, establecen preceptos que consagran el postulado de la condena confirmatoria. <\/p>\n

As\u00ed, en la Constituci\u00f3n del Estado de Ecuador de 2008, se estatuye el derecho de todo ciudadano a \u201c[r]ecurrir el fallo o resoluci\u00f3n en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos\u201d (art. 76). <\/p>\n

En Argentina, su incorporaci\u00f3n se ha hecho por la v\u00eda jurisprudencial, tras los fallos Arce y Casal del a\u00f1o 2005, en los cuales se ratifica el juzgamiento penal en dos instancias, entendidas como la posibilidad de revisi\u00f3n integral de la resoluci\u00f3n condenatoria. <\/p>\n

El resto de pa\u00edses de Iberoam\u00e9rica no ha regulado positivamente el derecho al recurso en estos casos, ni consagrado preceptos superiores que lo positivicen, pese al paladino mandato impuesto por el citado canon 8 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. <\/p>\n

No puede perderse de vista, por disposici\u00f3n constitucional (art. 31), toda decisi\u00f3n judicial es susceptible de apelarse, salvando las excepciones legales. Tr\u00e1tese, en criterio de esta Sala, de una garant\u00eda que constituye baluarte y proyecci\u00f3n del debido proceso, y que, en tal virtud, asegura al afectado que la resoluci\u00f3n del juzgador, si\u00e9ndole adversa, pueda ser revisada por un funcionario de superior nivel \u201c(\u2026) a prop\u00f3sito de revocarla ante la eventualidad de engendrar vicios o desconocer alg\u00fan derecho protegido por la ley (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

Ahora, la \u201cdoble conformidad\u201d, seg\u00fan la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se caracteriza por \u201c(\u2026) brinda[r] mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado (\u2026)\u201d2, por medio de un \u201c(\u2026) recurso ordinario accesible y eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la correcci\u00f3n de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho (\u2026)\u201d3; sin embargo, esta garant\u00eda \u00fanicamente procede contra la primera sentencia condenatoria proferida en segunda instancia o si la sanci\u00f3n se emite en sede de casaci\u00f3n, pues el fallo de esa naturaleza emitido en primer grado es susceptible de apelaci\u00f3n, acorde al sentido positivo del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal4. <\/p>\n

La \u201cdoble conformidad\u201d debe asegurar que el condenado pueda acceder a una verdadera revisi\u00f3n de su sentencia, sin mediar formalidades de dif\u00edcil cumplimiento que impidan la materializaci\u00f3n de esa prerrogativa, pues de lo contrario \u201c(\u2026) supon[dr\u00eda] la negaci\u00f3n misma del derecho involucrado (\u2026)\u201d5, teniendo en cuenta que \u201c(\u2026) la inexistencia de recursos internos efectivos coloca a una persona en (\u2026) indefensi\u00f3n (\u2026)\u201d6 ante el poder punitivo del Estado. <\/p>\n

Por otro lado, es inocultable el limitado alcance que el legislador colombiano le dio al Acto Legislativo N\u00b0 01 del 18 de enero de 2018, en tanto que circunscribi\u00f3 la reforma all\u00ed introducida a los \u201caforados constitucionales\u201d, en relaci\u00f3n con quienes, en el art\u00edculo 2\u00ba, previ\u00f3 que \u201cla Sala de Casaci\u00f3n Penal y las Salas Especiales garantizar\u00e1n la separaci\u00f3n de la instrucci\u00f3n y el juzgamiento, la doble instancia de la sentencia y el derecho a la impugnaci\u00f3n de la primera condena\u201d (se subraya). <\/p>\n

Del mismo modo se constata que, debido a esa restricci\u00f3n, se gener\u00f3 un estado de trato desigual respecto de los dem\u00e1s procesados penales, condenados por primera vez en segunda instancia, como quiera que en cuanto a tales condenas, nada se consagr\u00f3 en procura de garantizar el derecho a impugnarlas. <\/p>\n

Con otras palabras, desde la vigencia del referido acto legislativo, los aforados constituciones que habiendo sido absueltos en primera instancia, resultan condenados en segunda, tienen garantizado su derecho a impugnar este \u00faltimo pronunciamiento, pues en la actualidad ya fueron creadas las Salas Especializadas al interior de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, logrando con ello, la materializaci\u00f3n de tal prerrogativa; sin embargo, las dem\u00e1s personas vinculadas a un proceso penal, no cuentan en su haber con el mismo mecanismo de protecci\u00f3n dado el vac\u00edo legislativo para otorgarles el goce de la acotada prerrogativa constitucional. <\/p>\n

Como nada justifica esa disparidad de trato, el estado de cosas que acaba de describirse es, sin duda, inconstitucional y, por lo mismo, habilita que la acci\u00f3n de tutela act\u00fae para proteger dicho derecho en casos concretos, toda vez que su vulneraci\u00f3n comporta el quebranto, en l\u00edneas generales, del debido proceso y, en forma espec\u00edfica, de las garant\u00edas que se adicionaron con el memorado acto legislativo. <\/p>\n

No obstante lo arg\u00fcido, debe resaltarse que aun cuando la mencionada reforma se haya dirigido, en particular, a \u201clos aforados constitucionales\u201d, lo cierto es que atribuy\u00f3 a la Corte Suprema de Justicia competencia para conocer de la solicitud de \u201cdoble conformidad\u201d entablada frente a las sentencias condenatorias dictadas por los Tribunales Superiores. As\u00ed, el numeral 7\u00ba, del canon 3\u00ba del Acto Legislativo N\u00b0 01 de 18 de enero de 2018, establece: <\/p>\n

\u201c(\u2026) 7. Resolver, a trav\u00e9s de una Sala integrada por tres Magistrados de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y que no hayan participado en la decisi\u00f3n, conforme lo determine la ley, la solicitud de doble conformidad judicial de la primera condena de la sentencia proferida por los restantes Magistrados de dicha Sala en los asuntos a que se refieren los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del presente art\u00edculo, o de los fallos que en esas condiciones profieran los Tribunales Superiores o Militares (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n

En consecuencia, a la hora de ahora resulta incuestionable la procedibilidad de la doble conformidad de acuerdo con la doctrina constitucional de la sentencia C-792 de 2014 y la vigencia inmediata del Acto Legislativo 01 de 2018, cuyos art\u00edculos 2 y 3 autorizan expresamente \u201c(\u2026) el derecho a la impugnaci\u00f3n de la primera condena (\u2026)\u201d; o la solicitud \u201c(\u2026) de la doble conformidad judicial de la primera condena (\u2026) o de los fallos que en esas condiciones profieran los tribunales superiores o militares (\u2026)\u201d. <\/p>\n

De tal modo que por virtud del principio de la supremac\u00eda constitucional, se impone el gobierno inmediato de la dogm\u00e1tica constitucional para revocar en todas sus partes la decisi\u00f3n de primera instancia, accediendo a la s\u00faplica constitucional con el fin de proteger las garant\u00edas afectadas y defender la coherencia del sistema normativo y la democracia constitucional. <\/p>\n

3.\tEn este punto, surge necesario advertir que esta Sala antes de la expedici\u00f3n del mencionado Acto Legislativo 01 de 18 de enero de 2018, en varios casos estim\u00f3 la improcedencia del amparo peticionado por no hallarse establecida ni atribuida la competencia en torno al conocimiento de las solicitudes de impugnaci\u00f3n de la primera condena7; no obstante, ante la entrada en vigencia de aqu\u00e9l instrumento normativo, su postura tuvo ciertas variaciones. <\/p>\n

As\u00ed, en sentencia STC8851 de 11 de julio de 2018, aunque se desestim\u00f3 la protecci\u00f3n rogada porque el caso del aforado accionante se hallaba en la etapa de instrucci\u00f3n y aun no exist\u00eda sentencia, se destac\u00f3 el alcance y necesidad de garantizar la impugnaci\u00f3n para el fallo cuando este se emitiera, conforme a lo establecido el enunciado Acto Legislativo. <\/p>\n

Recientemente, en fallo STC12447 de 26 de septiembre de 2018, esta Sala accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n rogada por un exsenador de la Rep\u00fablica, por cuanto estim\u00f3 que a la luz de la enmienda constitucional rese\u00f1ada la Sala de Casaci\u00f3n Penal carec\u00eda de competencia para emitir el fallo all\u00ed dictado y deb\u00eda, en consecuencia, remitir el decurso a la Sala Especial de Primera Instancia, creada con ese prop\u00f3sito, y donde se le garantizar\u00eda al petente el derecho a controvertir la decisi\u00f3n final. <\/p>\n

En esta oportunidad, aunque las aristas del juicio estudiado no son id\u00e9nticas a las de los referenciados, la interpretaci\u00f3n efectuada sobre el vigor del Acto Legislativo 01 de 18 de enero de 2018, s\u00ed tiene plena correspondencia, pues no hay duda de su vigencia, de su finalidad, relativa a prohijar la prerrogativa a impugnar la primera condena, y de las dependencias creadas para conocer de los recursos erigidos respecto de tales decisiones (num. 6 y 7, art. 3\u00ba, Acto Legislativo 01 de 2018). <\/p>\n

4.\tDescendiendo al caso bajo estudio, el tribunal fustigado se abstuvo de aplicar la sentencia C-792 de 2014 y conceder la apelaci\u00f3n incoada por los petentes, por estimar que frente a su decisi\u00f3n s\u00f3lo proced\u00eda casaci\u00f3n. <\/p>\n

Tal afirmaci\u00f3n se fund\u00f3 en decisiones de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, quien ha sostenido que dicho mecanismo extraordinario <\/p>\n

\u201c(\u2026) ofrece, por su parte, a los sujetos procesales, la posibilidad de denunciar no s\u00f3lo errores de naturaleza jur\u00eddica como ocurre en buena parte de los reg\u00edmenes penales, sino tambi\u00e9n probatoria y procesales (\u2026) [pues], en el marco de la actividad jurisdiccional de [esa] Sala, como juez de casaci\u00f3n (\u2026) se la dot\u00f3 de la facultad de superar los defectos de la demanda cuando advierta que se hace necesario para la realizaci\u00f3n de los fines del recurso o la protecci\u00f3n de garant\u00edas y derechos fundamentales, lo que significa que la casaci\u00f3n (\u2026) ya no deb\u00eda ser interpretada solo desde, por y para las causales, sino tambi\u00e9n desde sus fines, con lo cual adquiere una axiolog\u00eda mayor vinculada con los prop\u00f3sitos del proceso penal y con el modelo de estado en el que se inscribe (\u2026)\u201d8. <\/p>\n

Aunque el anterior criterio intenta mostrar la casaci\u00f3n, como una herramienta eficaz para asegurar al condenado un estudio de su caso ante el m\u00e1ximo tribunal de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no puede creerse que ese mecanismo sea el id\u00f3neo para la protecci\u00f3n del derecho a la segunda instancia. Los fines, la naturaleza, las formalidades, la competencia funcional, la taxatividad de las causales de casaci\u00f3n, el rigor t\u00e9cnico, la excepcionalidad de la tarea nomofil\u00e1ctica, la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, y otras muchas particularidades que identifican en el derecho nacional y comparado al recurso de casaci\u00f3n, tornan inasimilable y deleznable la nivelaci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n con la apelaci\u00f3n. El primero es extremadamente formal y rigorista, apuntalado para dar unidad y coherencia l\u00f3gica al ordenamiento, mientras que el segundo es universal, no sujeto a causales, permite denunciar todo tipo de error y es garant\u00eda para todos los condenados de la tierra en lo criminal. <\/p>\n

Cortes de casaci\u00f3n no existen por doquier, pero los jueces de apelaci\u00f3n deben llenar los espacios del orbe para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos de los imputados. <\/p>\n

En el auto interlocutorio con radicado 47742, n\u00famero de providencia AP7365-2016, dictado en el tr\u00e1mite de un recurso de casaci\u00f3n, como en otro buen n\u00famero, la Sala de Casaci\u00f3n Penal del mismo modo hace una defensa conceptual del recurso de Casaci\u00f3n para demostrar la bondad y similitud de este medio extraordinario como instrumento para satisfacer el derecho fundamental del sentenciado a la doble conformidad, acudiendo para lo pertinente, entre otros varios argumentos la oficiosidad que se otorga a la Corte para estudiar el fondo del recurso de Casaci\u00f3n, cuando este no cumple los requisitos formales, teniendo en cuenta que el legislador autoriz\u00f3 seleccionar positivamente y casar asuntos que no cumplan el rigor t\u00e9cnico de la cuesti\u00f3n pero que afecten las garant\u00edas o los derechos fundamentales. <\/p>\n

Para esta Sala, el perfil extraordinario y los m\u00faltiples matices singulares que ostenta el recurso de casaci\u00f3n, a\u00fan universalizado para toda clase de causas, no cumple ni satisface la protecci\u00f3n de la garant\u00eda de la doble verificaci\u00f3n, por cuanto su car\u00e1cter especial, reglado y cerrado limita el estudio de los errores judiciales, circunscrito a causales precisas y a sus finalidades; su \u00e1mbito e historia desde el punto de vista epistemol\u00f3gico y ontol\u00f3gico impiden la realizaci\u00f3n del cometido amplio, informal y material de la impugnaci\u00f3n que ahora se reclama en esta acci\u00f3n. <\/p>\n

Lo dicho no lo es todo. Un trabajo de campo desde el punto de vista estad\u00edstico en el derecho nacional y en el universal, en los sistemas que consignan la casaci\u00f3n, pondr\u00e1n al descubierto, el exiguo n\u00famero de sentencias que son casadas, pero la sorpresa ser\u00e1 mayor, cuando se analicen uno a uno los motivos, las razones y el n\u00famero de decisiones acusadas en casaci\u00f3n que son inadmitidas, no por arbitrariedad del juez de la casaci\u00f3n sino por la estructura y perspectiva misma del recurso, y que por tanto, elude o dificulta el tratamiento del fondo del debate incriminatorio, puesto que el juez de casaci\u00f3n desde la teor\u00eda del recurso, judicial y pol\u00edticamente, ostenta una naturaleza que difiere en la esencia de los otros remedios judiciales en general, ll\u00e1mense ordinario o extraordinarios, porque su tarea no es meramente jurisdiccional sino principalmente la de otorgar coherencia al sistema, antes que dispensar justicia. <\/p>\n

No es la apreciaci\u00f3n anterior una opini\u00f3n insular de la Sala. La Corte constitucional, analizando la naturaleza de la doble conformidad, en relaci\u00f3n con las dificultades de la casaci\u00f3n y su incapacidad para suplir la tarea de la doble verificaci\u00f3n expuso: <\/p>\n

\u201c(\u2026) el recurso de casaci\u00f3n no satisface los est\u00e1ndares del derecho a la impugnaci\u00f3n, por las siguientes razones: (i) no todas las sentencias condenatorias que se dictan por primera vez en la segunda instancia son susceptibles de ser impugnadas, porque el recurso no procede contra los fallos que juzgan contravenciones, porque el recurso puede ser inadmitido a discreci\u00f3n cuando se considere que la revisi\u00f3n judicial no es necesaria para los fines de la casaci\u00f3n, y porque cuando los cuestionamientos del recurrente versan sobre la orden de reparaci\u00f3n integral, son aplicables todas los condicionamientos de la legislaci\u00f3n com\u00fan; (ii) el tipo de examen que efect\u00faa el juez de casaci\u00f3n es distinto del que se efect\u00faa en el marco del derecho a la impugnaci\u00f3n, porque no recae sobre la controversia que da lugar al proceso judicial sino sobre la providencia recurrida, y porque el juez no tiene plenas potestades para efectuar revisar (sic) integralmente el fallo sino s\u00f3lo a partir de las causales establecidas de manera taxativa en el derecho positivo; (iii) por regla general, en sede de casaci\u00f3n no existe una revisi\u00f3n oficiosa del fallo recurrido, porque la valoraci\u00f3n de la sentencia se debe circunscribir a los cargos planteados por el casacionista (\u2026)\u201d9. <\/p>\n

La doble conformidad, tambi\u00e9n \u201cdoble verificaci\u00f3n\u201d, no es propiamente el derecho a la segunda instancia, sino la facultad a impugnar la primera sentencia condenatoria en el \u00e1mbito penal, por razones de justicia material; en consecuencia, se trata de una garant\u00eda de naturaleza convencional y constitucional10 al interior del proceso penal en procura de tornar eficaz el debido proceso para el imputado, inculpado o procesado a fin de que pueda recurrir y demandar la revisi\u00f3n amplia e integral o el control formal y material del primer fallo condenatorio, sea que se profiera en primera, segunda o \u00fanica instancia mediante un recurso ordinario, sencillo, eficaz y accesible que pueda ser decidido por un juez o tribunal de superior jerarqu\u00eda org\u00e1nica o funcional; en todo caso, diferente al que dict\u00f3 el fallo objeto del recurso, pero antes de que obtenga la decisi\u00f3n cuestionada, los efectos de cosa juzgada. <\/p>\n

En s\u00edntesis, ha de tenerse en cuenta que el sistema convencional, antes que apuntar a la doble instancia, procura garantizar la existencia de una sentencia doble conforme. Entre sus caracter\u00edsticas se halla: i) facultad para atacar el primer fallo condenatorio, y ejercer el derecho a la defensa y contradicci\u00f3n amplia frente a la condena, ii) obligaci\u00f3n de que los cuestionamientos del recurrente sean examinados por una instancia judicial distinta de quien impuso la condena impugnada, y iii) el recurso debe ser ordinario, sencillo y eficaz que permita un amplio control formal y material de la condena. <\/p>\n

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, declar\u00f3 que ese pa\u00eds \u201cviol\u00f3\u201d el derecho a las garant\u00edas judiciales del accionante, pues <\/p>\n

\u201c(\u2026) los recursos de casaci\u00f3n presentados contra la sentencia condenatoria de 12 de noviembre de 1999 no satisficieron el requisito de ser un recurso amplio de manera tal que permitiera que el tribunal superior realizara un an\u00e1lisis o examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior. Esta situaci\u00f3n conlleva a que los recursos de casaci\u00f3n interpuestos por los se\u00f1ores Fern\u00e1n Vargas Rohrmoser y Mauricio Herrera Ulloa, y por el defensor de \u00e9ste \u00faltimo y apoderado especial del peri\u00f3dico \u201cLa Naci\u00f3n\u201d, respectivamente (supra p\u00e1rr. 95. w), contra la sentencia condenatoria, no satisficieron los requisitos del art\u00edculo 8.2 h. de la Convenci\u00f3n Americana en cuanto no permitieron un examen integral sino limitado\u201d. <\/p>\n

Ahora, el Comit\u00e9 de Derechos Humanos, actuando en virtud del p\u00e1rrafo 4 del art\u00edculo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos11, sostuvo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) El p\u00e1rrafo 5 del art\u00edculo 14 del Pacto establece que una persona declarada culpable de un delito tiene derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. El Comit\u00e9 recuerda que la expresi\u00f3n conforme a lo prescrito por la ley" no tiene la intenci\u00f3n de dejar la existencia misma del derecho a la revisi\u00f3n a la discreci\u00f3n de los Estados Partes. Al contrario, lo que debe entenderse por "conforme a lo prescrito por la ley" son las modalidades de acuerdo con las cuales la revisi\u00f3n por un tribunal superior debe llevarse a cabo. El p\u00e1rrafo 5 del art\u00edculo 14 no s\u00f3lo garantiza que la sentencia sea sometida a un tribunal superior (\u2026), sino que la condena sea tambi\u00e9n sometida a una segunda instancia de revisi\u00f3n (\u2026). El hecho de que una persona absuelta en primera instancia sea condenada en apelaci\u00f3n por el tribunal de segunda instancia, no puede por s\u00ed sola menoscabar su derecho a la revisi\u00f3n de su sentencia y condena por un tribunal superior.12 Por consiguiente, el Comit\u00e9 concluye que se ha violado el art\u00edculo 14, p\u00e1rrafo 5, del Pacto con relaci\u00f3n a los hechos expuestos en la comunicaci\u00f3n\u201d13. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]l Estado Parte debe proporcionar al autor un recurso efectivo que permita la revisi\u00f3n del fallo condenatorio y la pena por un tribunal superior, [por tanto] tiene la obligaci\u00f3n de tomar las disposiciones necesarias para que en lo sucesivo no ocurran violaciones parecidas (\u2026)\u201d14. <\/p>\n

De la jurisprudencia citada fulge claro, el recurso de casaci\u00f3n no es id\u00f3neo para satisfacer la \u201cdoble conformidad judicial\u201d, por cuanto su tramitaci\u00f3n est\u00e1 supeditada a ciertos requisitos legales, los cuales de no cumplirse, tornan impr\u00f3spero el estudio de la providencia atacada, por tanto, es la impugnaci\u00f3n directa de la decisi\u00f3n, la herramienta eficaz, con la que cuenta el procesado para la revisi\u00f3n de su sentencia condenatoria, as\u00ed aqu\u00e9lla haya sido emitida por primera vez por un juez o tribunal en segunda instancia. <\/p>\n

5.\tAclarado lo anterior, indiscutible es, i) el Acto Legislativo 01 de 2018, le otorg\u00f3 competencia a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para resolver la solicitud de \u201cdoble conformidad\u201d de la primera condena emitida por los tribunales superiores, y ii) el recurso de casaci\u00f3n no es el mecanismo id\u00f3neo para asegurar ese derecho. <\/p>\n

Por tanto, no existe ninguna raz\u00f3n justificada para impedirle a los tutelantes acceder a la citada garant\u00eda, pues de avalarse la determinaci\u00f3n aqu\u00ed confutada, se desconocer\u00eda la citada reforma constitucional, la cual tiene como finalidad esencial: <\/p>\n

\u201c(\u2026) adecuar las instituciones jur\u00eddicas de tal manera que se reconozca a los condenados en primera instancia, su derecho a la revisi\u00f3n de la sentencia por otro funcionario o corporaci\u00f3n dentro de la estructura de la administraci\u00f3n de justicia, tal como lo prev\u00e9n tratados internacionales ratificados por Colombia\u201d15. <\/p>\n

6.\tAdicionalmente, la sentencia C-792 de 2014, si bien efectu\u00f3 un minucioso examen de constitucionalidad de las normas acusadas, precisando el objeto y naturaleza jur\u00eddica del derecho a la impugnaci\u00f3n de fallos condenatorios, nada refiri\u00f3 acerca de la forma como debe materializarse, ni el tr\u00e1mite a aplicarse. <\/p>\n

Lo propio ocurre con relaci\u00f3n al mencionado Acto Legislativo, por el cual se modifican los art\u00edculos 186, 234 y 235 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y se consagra el derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria; empero, la corporaci\u00f3n tutelada debe asegurarle al actor su garant\u00eda a la \u201cdoble conformidad\u201d, aplicando por analog\u00eda el tr\u00e1mite dado al recurso ordinario de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

7. En consecuencia, se realizar\u00e1 el control constitucional inherente a la acci\u00f3n de resguardo, as\u00ed como tambi\u00e9n el de convencionalidad, dimanante del bloque de constitucionalidad, seg\u00fan lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos16, que exige a los pa\u00edses suscriptores procurar armonizar el ordenamiento interno al mismo, para evitar cualquier disonancia entre uno y otro. As\u00ed se consign\u00f3 en sus preceptos primero y segundo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Art\u00edculo 1. Obligaci\u00f3n de Respetar los Derechos: 1. Los Estados Partes en esta Convenci\u00f3n se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est\u00e9 sujeta a su jurisdicci\u00f3n, sin discriminaci\u00f3n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opiniones pol\u00edticas o de cualquier otra \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n social\u201d. <\/p>\n

\u201c2. Para los efectos de esta Convenci\u00f3n, persona es todo ser humano\u201d. <\/p>\n

\u201cArt\u00edculo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el art\u00edculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro car\u00e1cter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convenci\u00f3n, las medidas legislativas o de otro car\u00e1cter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (\u2026)\u201d. <\/p>\n

De esta manera, las reglas de aquella normatividad deben observarse en asuntos como \u00e9ste, so pena de incumplir deberes internacionales. Por tanto, es menester tener en consideraci\u00f3n las prerrogativas procesales y la \u201cprotecci\u00f3n judicial\u201d, seg\u00fan las cuales, una persona podr\u00e1 acudir ante las autoridades jurisdiccionales competentes para obtener la pronta y eficaz resoluci\u00f3n de sus litigios, como desarrollo de la tutela judicial efectiva. <\/p>\n

En el presente caso, como se dijo, la corporaci\u00f3n querellada, cercen\u00f3 la posibilidad del actor de impugnar la sentencia condenatoria emitida por primera vez en segunda instancia, quebrantando el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica en su expresi\u00f3n del derecho a la \u201cdoble conformidad\u201d, y rectamente infringi\u00f3 los c\u00e1nones 8.1 y 25 de aqu\u00e9l tratado interamericano: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Art. 8. Garant\u00edas Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Art. 25. Protecci\u00f3n Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r\u00e1pido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci\u00f3n, la ley o la presente Convenci\u00f3n, aun cuando tal violaci\u00f3n sea cometida por personas que act\u00faen en ejercicio de sus funciones oficiales\u201d. <\/p>\n

\u201c2. Los Estados Partes se comprometen: \u201ca) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidir\u00e1 sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; \u201cb) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y \u201cc) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisi\u00f3n en que se haya estimado procedente el recurso (\u2026)\u201d (Subrayas fuera de texto). <\/p>\n

El citado instrumento contempla as\u00ed una serie de \u201cgarant\u00edas m\u00ednimas\u201d, previstas a favor de toda persona \u201cinculpada de delito\u201d. En el \u00faltimo de sus literales, el signado con la letra h), protege \u201cel derecho [a] recurrir [el] fallo ante juez o tribunal superior\u201d. <\/p>\n

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia es gu\u00eda indiscutible para la interpretaci\u00f3n del Pacto, ha entendido que el citado precepto se refiere e irradia a todas las distintas etapas del proceso penal, abarcando la investigaci\u00f3n, acusaci\u00f3n, juzgamiento y condena. As\u00ed puede apreciarse en el caso Mohamed vs. Argentina, del 23 de noviembre de 2012. <\/p>\n

Asimismo, desde el ya citado y c\u00e9lebre caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica17, el \u00f3rgano jurisdiccional interamericano viene considerando que la prerrogativa de recurrir el fallo fulge como \u201cgarant\u00eda primordial\u201d o b\u00e1sica, debiendo respetarse en el marco del debido proceso legal, a fin de permitir la revisi\u00f3n por parte de un tribunal distinto y de superior jerarqu\u00eda, de la sentencia adversa. <\/p>\n

Ontol\u00f3gicamente, esa \u201cgarant\u00eda m\u00ednima\u201d no puede confundirse con el tambi\u00e9n principio constitucional de la \u201cdoble instancia\u201d, porque la \u201cdoble conformidad\u201d ata\u00f1e es a la posibilidad de la cual es titular el encausado para solicitar la revisi\u00f3n formal y material del fallo que le impone por primera vez la condena18. <\/p>\n

Por tal raz\u00f3n, para esta Sala, en consonancia con el r\u00e9gimen convencional, el derecho de interponer un recurso frente a dicho prove\u00eddo tiene que garantizarse antes de que \u00e9ste haga tr\u00e1nsito a cosa juzgada, por cuanto se busca proteger el derecho de defensa otorgando, durante el proceso, la posibilidad de controvertirlo, evitando que quede en firme una decisi\u00f3n adoptada con vicios y contentiva de errores capaces de ocasionar un perjuicio injusto a los intereses de una persona. <\/p>\n

La doble conformidad judicial ratifica el fundamento y brinda credibilidad al acto jurisdiccional del Estado, al paso que brinda mayor seguridad y salvaguarda a las garant\u00edas del condenado19. No se satisface con la sola existencia de un \u00f3rgano de grado superior, ante el que \u00e9ste pueda tener acceso. Se trata de un tribunal o juez, que re\u00fane caracter\u00edsticas jurisdiccionales que lo facultan y legitiman para conocer del caso concreto, en aras de cumplir con lo requerido por la Convenci\u00f3n Americana. <\/p>\n

Por supuesto, este derecho de revisi\u00f3n por v\u00eda de alzada del fallo condenatorio no es una mera facultad procesal susceptible de ser \u2013o no- reglamentada por el legislador dom\u00e9stico, sino una genuina garant\u00eda concedida al condenado, cuyo desconocimiento trae aparejada la responsabilidad del Estado colombiano. <\/p>\n

De all\u00ed que en el Estado Constitucional y Social de Derecho, ante la inercia o inactividad del Parlamento, sean los jueces los encargados de hacer cumplir el citado instrumento, pues <\/p>\n

\u201cCuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, tambi\u00e9n est\u00e1n sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convenci\u00f3n no se vean mermadas por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jur\u00eddicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de \u201ccontrol de convencionalidad\u201d entre las normas jur\u00eddicas internas que aplican en los casos concretos y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado sino tambi\u00e9n la interpretaci\u00f3n que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, int\u00e9rprete \u00faltima de la Convenci\u00f3n Americana\u201d20. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d.
\nComplementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196921, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d22, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

7.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio23. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

7.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-24, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales25; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas26. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

8.\tAunado a lo discurrido, si bien pudiera alegarse el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, por hallarse pendiente de definici\u00f3n la reposici\u00f3n entablada frente al prove\u00eddo de 20 de noviembre de 2018, donde el tribunal se abstuvo de conceder la apelaci\u00f3n rogada contra su fallo, la protecci\u00f3n sale avante porque tal remedio no luce id\u00f3neo ni efectivo. <\/p>\n

Lo acotado, por cuanto es improbable que el accionado var\u00ede postura sin la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, pues, de un lado manifest\u00f3 en esta sede su convicci\u00f3n en relaci\u00f3n con la improcedencia de la alzada discutida y, de otro, as\u00ed lo determin\u00f3 en la mencionada decisi\u00f3n de 20 de noviembre de 2018. <\/p>\n

9.\tPor lo expuesto, se conceder\u00e1 el amparo deprecado. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada para, en su lugar, CONCEDER el amparo reclamado. <\/p>\n

En consecuencia, se le ordena a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, deje sin efecto el prove\u00eddo de 20 de noviembre de 2018 y las decisiones que de \u00e9ste se desprendan y proceda a asegurar el derecho constitucional a la doble conformidad de los promotores respecto de la sentencia condenatoria, siguiendo los lineamientos expuestos en esta providencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon salvamento de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon salvamento de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nCon ausencia justificada <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

\u00a1SALVAMENTO DE VOTO
\nSTC16825-2018
\nCon pleno respeto por los integrantes de la Sala que conformaron mayor\u00eda para la adopci\u00f3n de la sentencia proferida en el asunto de la referencia, procedemos a exponer las razones de nuestro comedido disenso.
\nEn el presente caso, mayoritariamente se consider\u00f3 que, aunque en la actualidad no existe un reglamento jur\u00eddico sobre la forma como se debe tramitar la impugnaci\u00f3n de la \u00abprimera condena\u00bb penal, cuando aquella es emitida en segunda instancia, debe garantiz\u00e1rsele a todo implicado la posibilidad de acudir al \u00f3rgano jurisdiccional con competencia constitucional para conocer de ese espec\u00edfico asunto, ya que lo que se presenta es \u00abun vac\u00edo meramente formal\u00bb, y ante ello resultan aplicables \u00ab las normas integradoras del bloque de constitucionalidad\u00bb, las cuales, permiten acceder a la \u00abdoble conformidad\u00bb. <\/p>\n

2 <\/p>\n

Al respecto como soporte jurisprudencial se trajo a colaci\u00f3n lo precisado en la sentencia C-792 de 2014 de la Corte Constitucional y la vigencia inmediata del Acto
\nLegislativo 01 de 2018, \u00abcuyos art\u00edculos 2 y 3 autorizan
\nexpresamente "( el derecho a la impugnaci\u00f3n de la primera condena
\n.)"; o la solicitud "(. ..) de la doble conformidad judicial de la primera condena (…) o de los fallos que en esas condiciones profieran los tribunales superiores o militares (…)\u00bb.
\nDe otro lado, se indic\u00f3 que el referido Acto Legislativo, gener\u00f3 un estado de \u00abtrato desigual\u00bb respecto de los procesados no aforados, condenados por primera vez en segunda instancia, como quiera que en cuanto a tales condenas, \u00abnada
\nse consagr\u00f3 en procura de garantizar el derecho a impugnarlas\u00bb.
\nFinalmente, estim\u00f3 que el recurso de casaci\u00f3n no se ofrece como una herramienta eficaz para asegurar al condenado un estudio de su caso ante el m\u00e1ximo tribunal de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, ya que no es un \u00abmecanismo id\u00f3neo (…) para la protecci\u00f3n del derecho a la segunda instancia\u00bb, por cuanto se aduce \u00abes extremadamente formal y rigorista\u00bb, mientras que la \u00abimpugnaci\u00f3n (…) es universal, no sujeto a causales, permite denunciar todo tipo de error\u00bb.
\nTodo lo anterior, son aspectos de los cuales nos apartamos, dejando claro que nuestro desacuerdo no es frente al principio que aqu\u00ed se analiza – la doble conformidad – el que por dem\u00e1s estimamos plausible y de imperiosa aplicaci\u00f3n, sino porque creemos que no es la acci\u00f3n de tutela la v\u00eda jur\u00eddica para avocarlo y que debe ser la hom\u00f3loga penal <\/p>\n

la encargada de implementarla, as\u00ed sea de manera transitoria, hasta tanto se profiera la regulaci\u00f3n espec\u00edfica que fije un derrotero de ejecuci\u00f3n, los t\u00e9rminos y procedimientos, tal como lo disponen la sentencia C-792 de 2014 y la SU-215 de 2016 del m\u00e1ximo tribunal constitucional, pues mientras ello no suceda, seguir\u00e1 siendo el recurso de casaci\u00f3n el medio id\u00f3neo de revisi\u00f3n y control de los fallos dictados por el juez ad quem. Los criterios para apartarnos de la presente decisi\u00f3n son los siguientes:
\n1. La improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso.
\nJurisprudencialmente se tiene decantado que la acci\u00f3n de tutela, dado su car\u00e1cter eminentemente subsidiario y residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras se tenga al alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
\nAs\u00ed mismo, dicho presupuesto comprende que los reproches frente a cualquier presunta irregularidad de \u00edndole procesal endilgables al operador jur\u00eddico, deben y pueden seguir siendo propuestos a trav\u00e9s de los instrumentos previstos por el ordenamiento jur\u00eddico si la causa judicial cuestionada est\u00e1 cursando, a\u00fan si esa oportunidad se extiende hasta la sentencia que pone fin a lo actuado.
\nEn tal sentido, frente a concretos casos en los que el proceso penal se halla en tr\u00e1mite, la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sede constitucional ha precisado:
\n\u00ab (… ) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control
\nconstitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00).
\nEn todo caso, solo se admitir\u00eda la injerencia del juez de amparo en un tr\u00e1mite penal que a\u00fan transcurre, en el evento de probarse con suficiencia la existencia de un perjuicio irremediable, lo que aqu\u00ed no ocurre, pues, de no ser de esa manera, y de asumirse la acci\u00f3n de tutela como una v\u00eda jur\u00eddica de protecci\u00f3n alternativa, se correr\u00eda el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, propiciando un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima.
\nSobre el tema esta Sala tambi\u00e9n ha dicho:
\n\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo atando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, <\/p>\n

5 <\/p>\n

\u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017,
\n17 jul. 2017, rad. 00687-01).
\nAl margen del problema jur\u00eddico planteado, como se viene indicando, para nosotros la improcedencia de la protecci\u00f3n deriva del incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, dado que, mientras el proceso penal en cuesti\u00f3n est\u00e9 activo, no es viable la intromisi\u00f3n del juez de tutela.
\nAhora bien, conforme los antecedentes f\u00e1cticos y de la verificaci\u00f3n del historial del proceso, se observa que fueron interpuestos por la defensa de los procesados el recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, en escrito posterior, el de apelaci\u00f3n contra la sentencia del ad quem; frente a este \u00faltimo, a la fecha no se ha proferido decisi\u00f3n, dado que, seg\u00fan lo inform\u00f3 el magistrado ponente, sobre ese requerimiento \u00ab(…) no se ha hecho pronunciamiento a\u00fan, en atenci\u00f3n a que el proceso se encuentra, de conformidad con el art\u00edculo 183 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal y ante la interposici\u00f3n de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, contando t\u00e9rmino para la sustentaci\u00f3n respectiva (…)N.
\nLuego entonces, tal circunstancia convierte, como se viene destacando, en anticipada la salvaguarda; es decir, en un evento como el aludido, los interesados deb\u00edan esperar la conclusi\u00f3n del asunto, no solo frente a la definici\u00f3n de la <\/p>\n

6 <\/p>\n

viabilidad de la \u00abalzada\u00bb formulada, determinaci\u00f3n contra la cual cabe la reposici\u00f3n y la queja, sino adem\u00e1s, en lo atinente al tr\u00e1mite del art\u00edculo 183 de la Ley 906 de 2004 que actualmente se surte.
\n2. Idoneidad del recurso de casaci\u00f3n en materia penal.
\nEn precedencia se ha destacado el alcance y finalidad del examen que en dicha sede se ejecuta, an\u00e1lisis que implica tambi\u00e9n un escrutinio del cumplimiento de garant\u00edas procesales y derechos fundamentales al interior de la causa, lo cual constituye un estudio exhaustivo e integral de lo sometido a revisi\u00f3n. Sobre este medio de control, en materia penal, la Sala Especializada de esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado:
\n\u00abY respecto al recurso de casaci\u00f3n, recu\u00e9rdese que la ley adjetiva penal le tiene asignada como finalidad la efectividad del derecho material, entre otras, el respeto de las garant\u00edas de los intervinientes y la reparaci\u00f3n de los agravios inferidos a estos\u00bb
\n(CSJ, STP17202-2014, 16 dic. 2014, rad. 77387).
\nY en otro pronunciamiento, \u00e9sa Sala al resolver una demanda de tutela en la que se discut\u00eda la eficacia del recurso como mecanismo de defensa de los derechos fundamentales resalt\u00f3:
\n\u00abTal realidad descarta por completo la acci\u00f3n constitucional, toda vez que la Corte al resolver el recurso podr\u00e1 estudiar, si existe o no violaci\u00f3n a sus derechos fundamentales, siendo \u00e9ste el mecanismo id\u00f3neo de defensa judicial, e impide que la Sala emita cualquier pronunciamiento sobre la legalidad de las decisiones <\/p>\n

7 <\/p>\n

adoptadas en dicho fallo, so pena de incurrir en manifestaciones de prejuzgamiento, que m\u00e1s adelante podr\u00edan constituir motivos de recusaci\u00f3n o impedimento.
\nEllo, por cuanto de conformidad con el art\u00edculo 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, la casaci\u00f3n tiene por fines "la efectividad del derecho material, el respeto de las garant\u00edas de los intervinientes, la reparaci\u00f3n de los agravios inferidos a estos y la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia".
\nSi lo anterior es as\u00ed, surge clara la improcedencia del amparo en<\/p>\n

las partes puedan acudir el ejercicio de sus derechos. ( …)\u00bb (CSJ.
\nSentencia 4 may. 2010, Rad. T-47710).
\nY recientemente, en una salvaguarda donde se suscit\u00f3 similar debate en torno a la procedencia del recurso de apelaci\u00f3n contra la \u00abprimera condena\u00bb y la idoneidad de la casaci\u00f3n, dijo:
\n\u00ab(…) En s\u00edntesis, puede afirmarse que la idoneidad o inidoneidad de un recurso para garantizar el derecho a la doble impugnaci\u00f3n, no deriva de su denominaci\u00f3n, sino de la posibilidad de que un juez o tribunal superior pueda revisar la decisi\u00f3n, y que pueda hacerlo de manera integral, entendida por tal la que permite su auscultaci\u00f3n f\u00e1ctica, probatoria y jur\u00eddica.
\nDescendiendo al \u00e1mbito nacional, encontramos que el nuevo r\u00e9gimen de casaci\u00f3n penal implementado por la Ley 906 de 2004, actualmente vigente, constituye un notorio avance en materia de protecci\u00f3n de derechos fundamentales, como quiera que se concibi\u00f3 como un control constitucional y legal de los fallos judiciales de segunda instancia.
\nEsto implic\u00f3 la ampliaci\u00f3n de su alcance como mecanismo de control, al quedar regulado no solo como un juicio de legalidad, como se hallaba regulada en los ordenamientos procesales precedentes, sino tambi\u00e9n como un juicio de constitucionalidad, de protecci\u00f3n de la indemnidad de la normativa constitucional, con el inequ\u00edvoco prop\u00f3sito de hacer prevalecer los fines sobre las formas. <\/p>\n

8 <\/p>\n

Tambi\u00e9n implic\u00f3 mutaciones en los fines de la casaci\u00f3n, pues la finalidad nomofil\u00e1ctica, que en sus or\u00edgenes se consideraba un simple ejercicio de defensa de la ley, termin\u00f3 fundi\u00e9ndose con la noci\u00f3n misma de justicia (funci\u00f3n dikel\u00f3gica), y con la defensa de principios y valores (funci\u00f3n axiol\u00f3gica), en el prop\u00f3sito de que la efectividad del derecho material, como fin de la casaci\u00f3n, se acoplara con un concepto d\u00factil de ley. I
\nLos motivos de casaci\u00f3n ofrecen, por su parte, a los sujetos procesales, la posibilidad de denunciar no solo errores de naturaleza jur\u00eddica como ocurre en buena parte de los reg\u00edmenes penales, sino tambi\u00e9n probatoria y procesales, y por supuesto, garant\u00edas fundamentales. La causal primera recoge los errores de naturaleza jur\u00eddica, la segunda los errores de estructura procesal y de garant\u00eda, y la tercera los errores probatorios.
\nEn el marco de la actividad jurisdiccional de la Sala, como juez de casaci\u00f3n, tambi\u00e9n se introdujeron avances importantes, por cuanto se la dot\u00f3 de la facultad de superar los defectos de la demanda cuando advierta que se hace necesario para la realizaci\u00f3n de los fines del recurso o la protecci\u00f3n de las garant\u00edas y derechos fundamentales, lo que significa que la casaci\u00f3n, como lo destac\u00f3 la Sala en decisi\u00f3n AP de 20 de octubre de 2005, ya no deb\u00eda ser interpretada solo desde, por y para las causales, sino tambi\u00e9n desde sus fines, "con lo cual adquiere una axiolog\u00eda mayor vinculada con los prop\u00f3sitos del proceso penal y con el modelo de Estado en el que se inscribe".
\nEsta atribuci\u00f3n le permite a la Sala revisar lo revisable, afirmaci\u00f3n con la cual se busca significar que puede cumplir sin limitaciones la funci\u00f3n de constataci\u00f3n y de correcci\u00f3n de la decisi\u00f3n, seg\u00fan las posibilidades y particularidades de cada caso, agotando el escrutinio de aquellos aspectos que generan inconformidad en el recurrente, sin importar de qu\u00e9 parte procesal se trate, erigi\u00e9ndose, de esta manera, en custodio de los intereses de la justicia y de la correcta aplicaci\u00f3n del derecho al caso que se le presenta.
\nEl nuevo modelo casacional est\u00e1 tambi\u00e9n signado por una abierta desformalizaci\u00f3n. Las actas redactoras del c\u00f3digo muestran el indeclinable prop\u00f3sito del legislador de hacer m\u00e1s flexible el recurso y de asegurar en el acceso al mismo, pretensi\u00f3n que se revela en la eliminaci\u00f3n del listado de requisitos formales de la demanda, que tra\u00eda el anterior estatuto, y su reemplazo por
\n1\tAP, casaci\u00f3n 24193, auto de 12 de diciembre de 2005. <\/p>\n

I
\n9 <\/p>\n

un cat\u00e1logo de exigencias m\u00ednimas, comunes a las de otros recursos de \u00edndole ordinaria, como la revisi\u00f3n y la apelaci\u00f3n, y en la implementaci\u00f3n de la insistencia como mecanismo de control.
\nLo anterior, para reiterar una vez m\u00e1s, que el modelo casacional acogido en el sistema procesal penal colombiano, es un mecanismo id\u00f3neo y eficaz para garantizar el derecho a la impugnaci\u00f3n cuando la primera condena ha sido proferida en segunda instancia por un Tribunal Superior o el Tribunal Militar, porque (i) permite controvertir los aspectos f\u00e1cticos, probatorios y jur\u00eddicos de la decisi\u00f3n, (ii) es de f\u00e1cil interposici\u00f3n y fundamentaci\u00f3n, y (iii) la sala puede superar los defectos de la demanda cuando advierta que se hace necesario para la realizaci\u00f3n de los fines del recurso.
\nEn conclusi\u00f3n, mientras la ley reglamenta el procedimiento y las condiciones dentro de las cuales debe interponerse y ejercitarse el derecho a la impugnaci\u00f3n, la Sala considera que puede hacerse efectivo a trav\u00e9s del recurso de casaci\u00f3n, por las razones que dejan expuestas, y porque el de apelaci\u00f3n, que el accionante demanda, resulta improcedente, por tratarse de un recurso de naturaleza distinta, previsto para garantizar el ejercicio de la doble instancia\u00bb (CSJ STP13406-2018, 10 oct. 2018,
\nrad. 100470) Negrillas fuera de texto.
\nAs\u00ed las cosas, y seg\u00fan lo decantado, se itera, resulta precipitado no solo intervenir como juez de tutela en la resoluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que le ata\u00f1e dirimir exclusivamente al ordinario y frente a la cual no ha tenido la oportunidad de pronunciarse, sino tambi\u00e9n descartar de plano el recurso extraordinario de casaci\u00f3n como mecanismo de defensa eficaz y suficiente de cara a los reproches planteados por los inconformes contra la providencia que los conden\u00f3, puesto que ser\u00e1 la Sala hom\u00f3loga la que en dicho escenario le corresponder\u00e1 establecer la procedencia de lo pedido. <\/p>\n

1
\n10 <\/p>\n

E
\n n los anteriores t\u00e9rminos, dejamos fundamentado el salvamento de voto, con reiteraci\u00f3n de nuestro irrestricto respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nComparto el criterio expuesto por la Sala en la sentencia emitida en el asunto objeto de estudio, en cuanto a la procedencia de la concesi\u00f3n del amparo invocado, dada la efectiva vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso del accionante, al negarle la posibilidad de recurrir la primera sentencia condenatoria dictada en el prdceso penal que se le adelanta, con desconocimiento de lo previsto en las sentencias C-792 de 2014 y SU-215 de 2016, emanadas de la Corte Constitucional.
\nSin embargo, considero necesario aclarar que las personas condenadas por primera vez en cualquier etapa del juicio penal, tienen derecho a que se les respete su derecho a la doble conformidad, no solo en la "actualidad" por haber sido creadas ya \u00ab…las Salas Especializadas al interior de la Sala de Casaci\u00f3n Penal…\u00bb,como se dijo en la providencia, porque !esa es una garant\u00eda iusfundamental que no pod\u00eda estar sometida a situaciones administrativas y\/o log\u00edsticas que en manera alguna pueden sobreponerse a garant\u00edas constitucionales. <\/p>\n

En los t\u00e9rminos que preceden, aclaro mi voto. <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ SC del 15 de enero de 2010 (M.P. Pedro O. M\u00fanar). Ver \ttambi\u00e9n, en similar sentido: CSJ SSC del 8 de junio de 1999 \t(Carlos E. Jaramillo); del 8 de junio de 2004 (M.P. Edgardo Villamil \tPortilla); 15 de diciembre de 2006 (M.P. Pedro O. M\u00fanar); 9 \tde julio de 2009 (M.P. William Nam\u00e9n Vargas); 8 de septiembre \tde 2009 (M.P. Edgardo Villamil Portilla).
\n2 \tCaso Barreto \tLeiva c. Venezuela, \tsentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, p\u00e1rr. \t89.
\n3 \tCaso Herrera \tUlloa c. Costa Rica, \tsentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, p\u00e1rrs. 161 \ty 164.
\n4 \t\u201c(\u2026) La \tapelaci\u00f3n procede, salvo los casos previstos en este c\u00f3digo, \tcontra los autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias, \ty contra la sentencia condenatoria o absolutoria (\u2026)\u201d.
\n5 \tCaso Baena \tRicardo y otros c. Panam\u00e1, \tsentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104, p\u00e1rr. \t82.
\n6 \tCaso del Tribunal \tConstitucional c. Per\u00fa, \tsentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71. p\u00e1rr. 89.
\n7 \tCSJ. \tSTC de 15 de \tfebrero de 2011, \texp. \t2010-01404-01; reiterada en STC1558-2015; \ten STC598-2016 de 28 de enero de 2016, exp. 2016-00038-00; en \tSTC10277-2015 \tde 6 de \tagosto de \t2015, exp. \t2015-01711-00 \ty STC11417-2016 \tde 17 de agosto de 2016, exp. \t11001-02-03-000-2016-02208-00, \tentre otras.
\n8 \tC.S.J. STP 13406 de 10 de abril de 2018.
\n9 \tCorte Constitucional. Sentencia C-792 de 2014.
\n10 \tPor cuanto emana de los principios, valores y derechos insertos en \tlos sistemas regionales de protecci\u00f3n de derechos humanos, \tpor ejemplo, el sistema interamericano del Pacto de San Jos\u00e9 \tde Costa \tRica, \tpero tambi\u00e9n previsto en la dogm\u00e1tica de las cartas \tconstitucionales de los Estados constitucionales y sociales de \tderecho, por cuanto representa in m\u00ednimum de garant\u00edas \tpara la protecci\u00f3n de las garant\u00edas y de la libertad \tpersonal contra los enjuiciamientos arbitrarios, para obtener la \tcerteza o justicia f\u00e1ctica, jur\u00eddica y probatoria del \tfallo condenatorio, no como doble instancia, sino como derecho a la \trevisi\u00f3n del fallo que condena por primera vez a una persona.
\n11 \tEL \tart\u00edculo 1 del citado Protocolo establece: \u201cTodo \tEstado Parte en el Pacto que llegue a ser parte en el presente \tProtocolo reconoce la competencia del Comit\u00e9 para recibir y \tconsiderar comunicaciones de individuos que se hallen bajo la \tjurisdicci\u00f3n de ese Estado y que aleguen ser v\u00edctimas \tde una violaci\u00f3n, por ese Estado Parte, de cualquiera de los \tderechos enunciados en el Pacto. El Comit\u00e9 no recibir\u00e1 \tninguna comunicaci\u00f3n que concierna a un Estado Parte en el \tPacto que no sea parte en el presente Protocolo\u201d. <\/p>\n

13 \tComunicaci\u00f3n N\u00ba 1332\/2004, Juan \tGarc\u00eda S\u00e1nchez y Bienvenida Gonz\u00e1lez Clares vs. \tEspa\u00f1a, dictamen \tdel 4 de noviembre de 2002, p\u00e1rrafo 7.2.
\n14 \tComunicaci\u00f3n \tNo. 1381\/2005, Jaques \tHachuel Moreno vs. Espa\u00f1a, \tdictamen del 25 de julio de 2007, p\u00e1rrafo 9.
\n15 \tGaceta 167 de 2017.
\n16 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n17 \tFallado el 2 de julio de 2004.
\n18 \tEn este sentido: MAIER, Julio. Derecho \tProcesal Penal. Tomo I. Fundamentos. \tEditores del Puerto. Buenos Aires. 2004. P\u00e1g. 707; tambi\u00e9n: \tSALAZAR GIRALDO, Gabriel Jaime. La \tDoble Conformidad como Garant\u00eda M\u00ednima del Debido en \tMateria Penal. En: \tRevista Ratio Juris Vol. 10 N.\u00ba 21 (julio-diciembre 2015). P\u00e1g. \t151.
\n19 \tCaso Barreto \tLeiva c. Venezuela, \tfallado el 17 de nov. de 2009.
\n20 \tCaso Almonacid \tArellano y otros c. Chile. \t26 de sept. de 2006.
\n21 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n22 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n23 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n24 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n25 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, \tExcepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n26 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares Vs. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC16825-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02277-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 29 de octubre de 2018, por la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102408","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102408","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102408"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102408\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102408"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102408"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102408"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}