{"id":102411,"date":"2026-07-01T22:46:22","date_gmt":"2026-07-01T22:46:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102411"},"modified":"2026-07-01T22:46:22","modified_gmt":"2026-07-01T22:46:22","slug":"stc16829-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16829-2018\/","title":{"rendered":"STC16829-2018"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16829-2018 <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2018-03936-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se resuelve la tutela instaurada por Autot\u00e9cnica Colombiana S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y la Superintendencia de Industria y Comercio, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el decurso a revisar. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Con vista en el libelo incoatorio y las piezas que lo acompa\u00f1an, es posible compendiar el contexto factual de esta manera: <\/p>\n

La sociedad Autot\u00e9cnica Colombiana S.A.S. (en lo sucesivo Auteco S.A.S.) demand\u00f3 a Carlos Arturo Henao M\u00fanera ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declarara que su conducta relacionada con la materializaci\u00f3n de productos con etiqueta amarilla a trav\u00e9s de la red consolidada de distribuidores de \u00abAuteco\u00bb constituye: i) actos de competencia desleal por ser contraria a la buena fe comercial y a las sanas costumbres mercantiles, con asidero en el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 256 de 1996; ii) \u00abactos\u00bb de explotaci\u00f3n de la reputaci\u00f3n ajena seg\u00fan el \u00abart\u00edculo\u00bb 15 ib\u00eddem; iii) \u00abactos de desviaci\u00f3n de la clientela conforme al art\u00edculo 8 ej\u00fasdem\u00bb; y iv) \u00abactos de enga\u00f1o conforme al art\u00edculo 11 id.\u00bb. En consecuencia, solicit\u00f3 que se le ordene \u00ababstenerse de ofrecer para la venta repuestos bajo la marca BAJAJ a trav\u00e9s de la red de distribuidores de Auteco, que ostentan etiqueta amarilla y que no son importados por Auteco\u00bb y pagarle la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios causados, calculados en trescientos sesenta millones novecientos veinticinco mil novecientos sesenta y dos pesos ($360\u00b4925.962). <\/p>\n

Para sustentar tales s\u00faplicas, sostuvo que \u00abparticipa, entre otros, en el mercado de los repuestos para moticicletas en Colombia a trav\u00e9s de la importaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de esos repuestos para motocicletas identificadas con la marca BAJAJ\u00bb y cuenta con una \u00abred conformada por m\u00e1s de mil (1.000) distribuidores a nivel nacional\u00bb; es el \u00abensamblador de motocicletas exclusivo para Colombia de la marca BAJAJ de Bajaj Auto Limited y como tal, el distribuidor exclusivo de los repuestos para las mismas, amparada bajo los registros marcarios n\u00fameros 283604 y 458428\u00bb; sus \u00abrepuestos hacen uso de una etiqueta rosada que garantiza el origen desde la f\u00e1brica en India\u00bb. Por su parte, el opositor \u00abimporta y comercializa repuestos para moticicletas BAJAJ identificadas con etiqueta amarilla de venta autorizada solo en la Rep\u00fablica de la India\u00bb, pese a lo cual est\u00e1 \u00abparticipando en el mercado de esos repuestos en Colombia\u00bb. En definitiva, \u00abCarlos Arturo Henao M\u00fanera pretende apropiarse de la especial relaci\u00f3n de Auteco y sus distribuidores\u00bb, puesto que los bienes que \u00abimporta y comercializa no tienen el respaldo ni la garant\u00eda de Auteco\u00bb, lo que constituye \u00abactos de competencia desleal\u00bb. <\/p>\n

Admitido el pliego se enter\u00f3 al convocado, quien guard\u00f3 silencio. Ulteriormente, se practic\u00f3 la audiencia inicial a la que s\u00f3lo compareci\u00f3 la actora y luego en la sesi\u00f3n de instrucci\u00f3n y juzgamiento se recaudaron las probanzas decretadas y se profiri\u00f3 sentencia desestimatoria de las pretensiones (30 may. 2018). La precursora apel\u00f3, pero la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 ratific\u00f3 ese pronunciamiento basada, en lo medular, en que \u00abno hay una prueba espec\u00edfica que permita decir que los comercializadores de Auteco al comprarle productos etiqueta amarilla al demandado realmente han sido inducidos o enga\u00f1ados, o que el se\u00f1or ha ejercido una actividad espec\u00edfica encaminada a enga\u00f1ar a ese comercializador que forma parte de la red de Auteco\u00bb (20 sep. 2018). <\/p>\n

2. Cont\u00f3 la accionante que con tal proceder las autoridades involucradas le transgredieron el \u00abdebido proceso\u00bb porque no \u00abvaloraron ni tuvieron en cuenta la consecuencia legal de presumir ciertos los hechos susceptibles de confesi\u00f3n, teniendo en cuenta que el demandado no contest\u00f3 la demanda a pesar de haber sido notificado adecuadamente, ni asisti\u00f3 a la audiencia inicial a rendir interrogatorio\u00bb; a\u00f1adi\u00f3 que s\u00ed \u00abprob\u00f3 que Carlos Arturo Henao M\u00fanera incurri\u00f3 en actos de competencia desleal\u00bb.
\nPor ello, clam\u00f3 \u00abdejar sin efecto lo actuado a partir de la sentencia de segunda instancia del 20 de septiembre de 2018 y, en consecuencia, ordenar a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que profiera decisi\u00f3n de fondo dando aplicaci\u00f3n a las normas inaplicadas\u00bb. <\/p>\n

3. El extremo pasivo fue debidamente enterado de este tr\u00e1mite, pero no respondi\u00f3. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El instrumento consagrado en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica no fue destinado a refutar los interlocutorios jurisdiccionales, ya que permitirlo ser\u00eda desconocer la autonom\u00eda de quienes cumplen esa funci\u00f3n; empero, resulta id\u00f3neo, de manera excepcional, para garantizar prerrogativas fundamentales y convencionales afectadas por una equivocaci\u00f3n may\u00fascula, ostensible y grosera por parte de aquellos servidores. <\/p>\n

En esa direcci\u00f3n, la injerencia de esta peculiar justicia en los pleitos ordinarios solamente est\u00e1 autorizada cuando se avista una actuaci\u00f3n absurda y caprichosa; en oposici\u00f3n, no cualquier descontento de los ciudadanos con las manifestaciones de los jueces hace triunfar esta herramienta, entre otras razones, porque <\/p>\n

el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia (\u2026) la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural. (CSJ STC4673-2018). <\/p>\n

2. En el presente asunto, los presupuestos gen\u00e9ricos de viabilidad del mecanismo extraordinario no merecen reparo de ninguna clase, pues la subsidiariedad e inmediatez se encuentran satisfechos; sin embargo, tal como se ver\u00e1 enseguida, no se vislumbra por lo menos uno de los vicios que estructuran las llamadas v\u00edas de hecho. <\/p>\n

3. La censura de Auteco S.A.S. se enfila contra los veredictos que, en ambas instancias, desecharon su \u00abdemanda de competencia desleal\u00bb porque, de un lado, insiste en que los querellados desatendieron las \u00abconsecuencias procesales derivadas de la falta de contestaci\u00f3n de la demanda e insistencia a la audiencia inicial\u00bb, y de otro, porque en su criterio s\u00ed aparec\u00edan acreditadas las \u00abconductas\u00bb prohibidas por la Ley 256 de 1996, por lo que debi\u00f3 sancionarse al infractor. <\/p>\n

A pesar de que la cr\u00edtica cobija las determinaciones de los dos niveles cognoscentes, solamente se pasar\u00e1 revista a la definitiva, esto es, la emanada del ad-quem, ya que, como en otras ocasiones se ha dicho: <\/p>\n

aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada) (CSJ STC613-2017). <\/p>\n

Aclarado ese punto, es preciso se\u00f1alar que en opini\u00f3n de la Corte, las reflexiones que expuso la Magistratura para prohijar el prove\u00eddo que descart\u00f3 los comportamientos empresariales abusivos de Carlos Arturo Henao M\u00fanera lucen ponderadas y razonables, ya que al margen que se compartan o no, se enmarcan dentro de los l\u00edmites de discreci\u00f3n y libertad con que cuentan, dentro de la \u00f3rbita constitucional, los administradores de \u00abjusticia\u00bb. <\/p>\n

En efecto, ese \u00f3rgano al desatar la opugnaci\u00f3n vertical se ci\u00f1\u00f3 a los t\u00f3picos que fueron materia de alzamiento y se ocup\u00f3 de cada uno de ellos, tanto que, contrario a lo arg\u00fcido por la compa\u00f1\u00eda suplicante, explic\u00f3 en detalle porqu\u00e9 no hab\u00eda m\u00e9rito para infirmar la resoluci\u00f3n \u00abapelada\u00bb. <\/p>\n

No puede sostenerse cosa distinta siendo que esto cavil\u00f3 sobre dichas inconformidades: <\/p>\n

\u00abEl primer reparo que ha planteado [el apelante] b\u00e1sicamente es de orden procesal y es acusando la sentencia de no haber hecho las calificaciones que deber\u00eda haber hecho (sic) en virtud de la no contestaci\u00f3n de la demanda y la no asistencia a la audiencia del [art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso] para efectos de absolver el interrogatorio, no haber colaborado con la pr\u00e1ctica de alguna de las pruebas, no haber calificado el interrogatorio escrito que se hab\u00eda presentado para efecto del tema del interrogatorio al demandado; y es cierto, podemos decirlo, que esas consecuencias tienen que derivarse de la conducta que ha asumido la parte en el proceso, pero no podemos revivir un tema que ya fue resuelto y es si la notificaci\u00f3n se hizo bien o se hizo mal, porque para eso hubo un incidente que se tramit\u00f3, que se decidi\u00f3 y ese tema est\u00e1 zanjado en el proceso, y ese alegato no se puede utilizar para inhibir algunas consecuencias de las normas que el abogado aqu\u00ed ha manifestado de que consider\u00f3 que no se hab\u00edan aplicado adecuadamente como inferir indicios en contra de la parte derivados de la conducta que asumi\u00f3 en el proceso como el art\u00edculo 241; la falta de la asistencia a la audiencia prevista en el 372; la no contestaci\u00f3n del interrogatorio prevista en el art\u00edculo 205, a pesar de que despu\u00e9s se evacu\u00f3 un interrogatorio oficioso cuando el demandado compareci\u00f3 al proceso; obstruir u obstaculizar la pr\u00e1ctica de algunas de las pruebas que se hab\u00edan pedido. Sobre \u00e9sa particularmente quiere advertir la Sala que no estaba encaminada a demostrar la conducta de competencia desleal, sino a demostrar los perjuicios que se ven\u00eda reclamando en el proceso; de modo que ese punto no tiene la trascendencia que quiere d\u00e1rsele o reflejar aqu\u00ed\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed prosigui\u00f3: <\/p>\n

\u00abpero si nosotros aplic\u00e1ramos en el tema de fondo las consecuencias por ejemplo de no haber contestado la demanda y tener por cierto varios de los hechos que se plantearon en ella, tenemos claro que el juez de primera instancia s\u00ed parti\u00f3 de esos hechos, pues no desconoci\u00f3 que a partir de esa demanda se puede tener por cierto que el demandante importa productos de la India, que son productos que se distinguen con la etiqueta amarilla, que finalmente terminan siendo vendidos en establecimientos que hacen parte de una red que aleg\u00f3 la demandante tener en relaci\u00f3n con esos mismos establecimientos y que de alguna manera all\u00ed los venden a un precio menor al que los puede vender Auteco o que autoriza Auteco vender a sus comercializadores; incluso nosotros podemos decir que parte de esa estructuraci\u00f3n de la red de Auteco queda acreditada con algunos de los testimonios rendidos en el proceso donde se dijo que esa red se conformaba por un grupo de socios comerciales con los que se ten\u00eda un contrato de agenciamiento, que los otros eran centros de servicios autorizados con exclusividad para Auteco (\u2026) pero de all\u00ed no se puede derivar que el comportamiento del demandado realmente constituya un acto de competencia desleal. Si nosotros queremos centrarnos en el consumidor como usted [el apelante] lo indic\u00f3 el d\u00eda de hoy, pues el punto de vista consiste en establecer si el consumidor entra a comprar los repuestos de Auteco en un almac\u00e9n que presenta el logo de Auteco y lo que busca necesariamente es el respaldo de la garant\u00eda que presta Auteco a los productos que \u00e9l va a comprar que no son de Auteco, sino Bajaj. Bajo ese supuesto ninguna prueba en el expediente nos indica que ese sea verdaderamente el sentir del consumidor que entra al establecimiento movido por esta atracci\u00f3n que genera que genera la marca; aqu\u00ed realmente no est\u00e1 en discusi\u00f3n la marca de Auteco ni su reconocimiento en el mercado, ni su posicionamiento, lo que viene cuestionado por la demanda frente al demandado es el hecho espec\u00edfico de comercializar los productos etiqueta amarilla en los almacenes de Auteco (\u2026) no hay una prueba espec\u00edfica que nos permita decir que los comercializadores de Auteco al comprarle productos etiqueta amarilla al demandado realmente han sido inducidos o enga\u00f1ados, [ya que no se evidencia] que el se\u00f1or Henao ha ejercido una actividad espec\u00edfica encaminada a enga\u00f1ar a ese comercializador que forma parte de la red de Auteco que vamos a tener por sentada, para que compre esos productos y despu\u00e9s los venda indic\u00e1ndole de alguna manera, o no indic\u00e1ndole o no explic\u00e1ndole al consumidor que tienen un origen empresarial diferente al de Auteco\u00bb. <\/p>\n

Con asidero en ello, remat\u00f3: <\/p>\n

\u00abEn ese transcurrir de las cosas, no se establece ninguna conducta directa del se\u00f1or Henao que busque generar ese explotamiento (sic) de la reputaci\u00f3n ajena de Auteco; si algunos establecimientos de comercio que forman parte de la red que hemos reconocido que puede tener Auteco, adquieren los productos que les propone el se\u00f1or Henao, no se ha demostrado que en ese comportamiento \u00e9l haya utilizado una conducta tendiente a inducir o tratar de conseguir la venta de ese producto por ese comercializador por un tipo de comportamiento que implique aprovechamiento de la reputaci\u00f3n de Auteco. Tampoco hay prueba que nos indique el consumidor salga enga\u00f1ado del establecimiento donde ha comprado el repuesto etiqueta amarilla pensando que tiene el respaldo y que ha sido importado espec\u00edficamente por Auteco\u00bb. <\/p>\n

4. Puestas las cosas en ese plano, aflora n\u00edtido que el enjuiciador plural hall\u00f3 impr\u00f3spera \u00abla acci\u00f3n de competencia desleal\u00bb luego de confrontar los supuestos en que ven\u00eda estructurada con los elementos persuasivos allegados, de donde infiri\u00f3 que las \u00abconductas\u00bb comerciales de Henao M\u00fanera no atentan contra la \u00abmala fe, sanas costumbres mercantiles\u00bb, ni revelan \u00abexplotaci\u00f3n de la reputaci\u00f3n ajena de Auteco\u00bb, \u00abdesviaci\u00f3n de la clientela\u00bb ni mucho menos \u00abenga\u00f1o a los comercializadores ni consumidores de los repuestos de esa empresa\u00bb; en otras palabras, su actuar no encaja en ninguna de las hip\u00f3tesis que tipifica y reprueba la Ley 256 de 1996, por medio de la cual \u00abse dictan normas sobre competencia desleal\u00bb. <\/p>\n

Y es que, de cara al reclamo basilar de la impulsora, debe destacarse que auncuando algunas disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso (arts. 97, 205, 241, 372, etc.) imponen deducir efectos nocivos desde el espectro \u00abprobatorio\u00bb para el contendiente que, por ejemplo, no \u00abcontesta la demanda\u00bb o lo hace por fuera de la oportunidad legal, el que no concurre a la \u00abaudiencia inicial\u00bb o a la de \u00abinterrogatorio de parte, ello no significa que los indicios o confesi\u00f3n ficta que de all\u00ed puedan derivarse conduzcan forzosa e impajaritablemente a \u00abfallar\u00bb a favor del contrincante, pues de todos modos es indispensable apreciar el resto del material \u00abdemostrativo\u00bb y nada impide que con base en \u00e9l resulten desvirtuados los \u00abindicios\u00bb o infirmada la \u00abconfesi\u00f3n\u00bb presunta. <\/p>\n

Para decirlo m\u00e1s claro, la \u00abfalta de contestaci\u00f3n de la demanda o la incomparecencia injustificada al interrogatorio\u00bb no obligan, per se, a \u00absentenciar\u00bb en un determinado sentido, toda vez que, aunque s\u00ed producen ciertas \u00abconsecuencias\u00bb adversas para el desidioso, lo cierto es que de todos modos le incumbe al iudex sopesarlas con los otros medios de convicci\u00f3n y, a partir de un \u00abrazonamiento\u00bb individual y en conjunto, extraer las conclusiones que lo llevan a definir la causa en \u00abx\u00bb o \u00aby\u00bb orientaci\u00f3n. Lo que significa que el abandono de los deberes \u00abprocesales\u00bb de una de las \u00abpartes\u00bb no implica necesariamente el triunfo de la otra, como aqu\u00ed lo plantea la gestora. <\/p>\n

La discrepancia analizada deja entrever que la intenci\u00f3n de \u00abAuteco S.A.S\u00bb se dirige a imponer su propia visi\u00f3n sobre la manera como debi\u00f3 dilucidarse la controversia, pero no muestra, en verdad, un desafuero susceptible de amparo superlativo, pues qued\u00f3 visto en las l\u00edneas precedentes que la tesitura del Tribunal es coherente y se corresponde con un estudio juicioso de las \u00abprobanzas\u00bb recaudadas en dicha causa. <\/p>\n

As\u00ed, con independencia que esta Colegiatura tenga el mismo pensamiento sobre el caso concreto, lo cierto es que la discusi\u00f3n esbozada por este camino no logra derruir la solidez de los argumentos que escoltan la providencia atacada, pues lejos de mostrarse descabellados, son serios; y el reparo se cimenta supuestamente en una \u00abindebida valoraci\u00f3n probatoria\u00bb, ya que en opini\u00f3n del petente, el alcance y comprensi\u00f3n de los \u00abelementos de convicci\u00f3n\u00bb debieron arrojar una soluci\u00f3n diferente, esto es, en su beneficio; empero, debe recordarse que: <\/p>\n

[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n. (STC147-2017). <\/p>\n

Bajo esa \u00f3ptica, refulge palmario que las deducciones confutadas por esta v\u00eda son plausibles y no exhiben arbitrariedad ni, por tanto, violaci\u00f3n de los atributos esenciales de la libelista. Es que, si este sendero no es una \u00abinstancia\u00bb adicional para retomar debates v\u00e1lidamente clausurados, el solo descontento del litigante vencido no lo faculta a acudir a esta selecta \u00abjurisdicci\u00f3n\u00bb invocando transgresi\u00f3n \u00abius-fundamental\u00bb para exigir el triunfo de sus aspiraciones. Admitirlo as\u00ed, sin m\u00e1s, ser\u00eda tanto como prolongar indefinidamente las contiendas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, si los funcionarios naturales definieron la pugna con apego en las normas aplicables y las \u00abprobanzas recopiladas\u00bb, no es atendible, en principio, persistir en la lid traslad\u00e1ndola a este especial escenario como si se tratara de una \u00abinstancia adicional\u00bb, pues ello gira en sentido adverso a la teleolog\u00eda de esta protecci\u00f3n tuitiva. Al respecto, conviene evocar que: <\/p>\n

la circunstancia de que el resultado de la providencia censurada no se avenga a los intereses de una de las partes del proceso, es cuesti\u00f3n que en s\u00ed misma considerada escapa al \u00e1mbito del juzgador constitucional, ya que este \u00abno puede entrar a descalificar la gesti\u00f3n del juzgador, ni a imponerle una determinada hermen\u00e9utica, m\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses (STC11849-2017). <\/p>\n

5. En consecuencia, no se otorgar\u00e1 la salvaguarda. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n resuelve: NEGAR el ruego.
\nInf\u00f3rmese a los intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC16829-2018 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2018-03936-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se resuelve la tutela instaurada por Autot\u00e9cnica Colombiana S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y la Superintendencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102411","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102411","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102411"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102411\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102411"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102411"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102411"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}