{"id":102413,"date":"2026-07-01T22:46:46","date_gmt":"2026-07-01T22:46:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102413"},"modified":"2026-07-01T22:46:46","modified_gmt":"2026-07-01T22:46:46","slug":"stc16835-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16835-2018\/","title":{"rendered":"STC16835-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16835-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2018-00286-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 31 de octubre de 2018, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la salvaguarda promovida por Bol\u00edvar Guzm\u00e1n Rivera contra los Juzgados Quinto Civil del Circuito de esa capital y Promiscuo Municipal del Valle de San Juan, con ocasi\u00f3n del proceso de simulaci\u00f3n con radicaci\u00f3n 2016-003, adelantado por Mar\u00eda Antonia Guzm\u00e1n Vera y el aqu\u00ed quejoso a Ana Mar\u00eda Vera de Guzm\u00e1n y Concepci\u00f3n Guzm\u00e1n Vera.
\n1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl accionante exige la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso e igualdad, presuntamente conculcadas por los convocados. <\/p>\n

2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden como hechos base de la presente salvaguarda los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n

Ante el juzgado municipal atacado curs\u00f3 el juicio de simulaci\u00f3n formulado por Bol\u00edvar Guzm\u00e1n Vera, tachando de ficticia la compraventa del 50% del predio rural identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 350-95002, celebrada entre Ana Mar\u00eda Vera de Guzm\u00e1n y Concepci\u00f3n Guzm\u00e1n Vera, madre y hermana del quejoso, en su orden. <\/p>\n

El 15 de diciembre de 2017 se profiri\u00f3 sentencia desestimatoria de las pretensiones, confirmada en segunda instancia por el despacho del circuito citado. <\/p>\n

Atesta el tutelante que el contrato suscrito por Vera de Guzm\u00e1n y Guzm\u00e1n Vera es espurio porque, i) aparentemente, \u00e9sta \u00faltima se aprovech\u00f3 del d\u00e9bil estado mental de aqu\u00e9lla para hacerse a la titularidad del inmueble rese\u00f1ado, ii) se pagaron $11.440.000, suma irrisoria que no atiende el verdadero valor del fundo, iii) el rubro pactado no fue realmente entregado a la vendedora y, iv) la adquirente no contaba con la capacidad econ\u00f3mica para sufragar ese qu\u00e1ntum (fls. 2-15, cdno. 1). <\/p>\n

3.\tPide, en concreto, invalidar los fallos emitidos y en su lugar acceder a sus pedimentos (fls. 13 y 14, cdno. 1). <\/p>\n

1. Respuesta \t\tde \t\tlos accionados <\/p>\n

1. El \ttitular \tdel Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, se opuso a \tla prosperidad del amparo hallando injustificados los reparos a su \tdecisi\u00f3n, pues i) ella obedeci\u00f3 al derecho de Ana \tMar\u00eda Vera de Guzm\u00e1n de disponer libremente de sus \tbienes, ii) el importe acordado equival\u00eda al 50% del aval\u00fao \tcatastral de la heredad y, iii) las demandadas fueron coincidentes \tal explicar la destinaci\u00f3n dada al dinero producto de la \tventa (fls. \t25-28, cdno.1). <\/p>\n

2. El \ta \tquo \tjustific\u00f3 la tesis adoptada en la providencia confutada \talegando una carencia probatoria que permitiera desdibujar el \tnegocio auscultado y, por el contrario, estim\u00f3 que las \tevidencias recaudadas daban cuenta de un ejercicio leg\u00edtimo \tde la autonom\u00eda de la voluntad por parte de Ana Mar\u00eda \tVera de Guzm\u00e1n (fls.42-43, \tcdno.1). <\/p>\n

2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

El tribunal no accedi\u00f3 a la salvaguarda al estimar razonadas las decisiones adoptadas por los jueces atacados (fls. 45-52, cdno. 1). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

La inco\u00f3 el actor reiterando los argumentos del libelo introductor (fls. 59-64, cdno.1). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tEl gestor reprocha que los juzgadores atacados desestimaran sus pretensiones tendientes a declarar la simulaci\u00f3n de la compraventa del predio rural identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 350-95002, pactada entre Ana Mar\u00eda Vera de Guzm\u00e1n y Concepci\u00f3n Guzm\u00e1n Vera. <\/p>\n

2. Delanteramente, ha de precisarse que el estudio de la presente salvaguarda se circunscribir\u00e1 a la decisi\u00f3n del fallador del circuito porque con ella se zanj\u00f3 la controversia y, en \u00faltimas ese es el criterio que se impone en el mundo jur\u00eddico mientras no sea invalidado. <\/p>\n

3. El ruego fracasa por cuanto ninguna irregularidad se desprende de la determinaci\u00f3n antes citada, pues en contradicci\u00f3n a lo aseverado por el quejoso, el juzgador analiz\u00f3 suficientemente los presupuestos normativos y las probanzas adosadas al plenario. <\/p>\n

En efecto, el prove\u00eddo criticado empez\u00f3 remembrando los principios de la carga de la prueba acorde con el canon 167 del C\u00f3digo General del Proceso y, aplicando tal postulado, precis\u00f3 que correspond\u00eda a la parte demandante demostrar los supuestos axiol\u00f3gicos de la simulaci\u00f3n. <\/p>\n

Seguidamente, se pronunci\u00f3 respecto de cada una de las manifestaciones de los intervinientes, as\u00ed: <\/p>\n

Acogiendo el mandato 669 del C\u00f3digo Civil relativo al derecho de dominio, memor\u00f3 que la vendedora y madre del all\u00e1 actor, ac\u00e1 petente, se encontraba con vida y, por tanto, ten\u00eda la libre disposici\u00f3n de sus bienes, no pudi\u00e9ndose alegar que ello afectaba a sus futuros herederos, pues \u00e9stos solo adquirir\u00edan prerrogativas sucesorales al fallecimiento de aqu\u00e9lla. <\/p>\n

Sobre el particular indic\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Ana Mar\u00eda Vera de Guzm\u00e1n en su calidad de propietaria del inmueble objeto de esta causa (\u2026) pod\u00eda disponer libremente del mismo, contrario a lo afirmado por los demandantes, que alegan que con dicho acto pretendi\u00f3 arrebatarles la posibilidad de heredarlo de la demandada cuando esta fallezca (\u2026) no entiende esta sede judicial c\u00f3mo los demandantes alegan un detrimento a sus posibles derechos herenciales cuando su madre, a\u00fan con vida, decide vender su derecho de dominio (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En cuanto al precio de la venta tasado en $11.440.000 y calificado de irrisorio por el recurrente, aclar\u00f3 que el mismo correspond\u00eda al 50% del aval\u00fao catastral de la heredad, sin que de ello pudiera desprenderse un \u00e1nimo defraudatorio, pues era optativo para las contratantes acoger ese valor o la val\u00eda comercial. <\/p>\n

En punto de la no materializaci\u00f3n del pago, se\u00f1al\u00f3 el ad quem: <\/p>\n

\u201c(\u2026) tal manifestaci\u00f3n no cont\u00f3 con la fuerza [probatoria] suficiente (\u2026) toda vez que de los interrogatorios de parte (\u2026) se desprende que efectivamente el [desembolso] del precio del contrato se efectu\u00f3 el d\u00eda de la celebraci\u00f3n del mismo, tal como consta en el instrumento p\u00fablico, cosa distinta es que Ana Mar\u00eda Vera de Guzm\u00e1n hubiere encargado a su compradora, Concepci\u00f3n Guzm\u00e1n Vera, prestar ese dinero para que con los intereses de tal suma velara por su salud y [sufragara] las necesidades propias de su edad (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Entonces, efectivamente el precio fue pagado por la compradora a su vendedora, no s\u00f3lo por el dicho de estas sino por el testimonio que fuere rendido por Gerardo Mu\u00f1oz Rodr\u00edguez, quien fue la persona que celebr\u00f3 el contrato de mutuo con el dinero producto del contrato de compraventa quien [acredit\u00f3] que paga intereses a Ana Mar\u00eda Vera (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En lo concerniente a la supuesta incapacidad econ\u00f3mica de Concepci\u00f3n Guzm\u00e1n Vera, hall\u00f3 desvirtuado tal alegato, porque \u00e9sta se desempe\u00f1aba para entonces como auxiliar de enfermer\u00eda, siendo plausible afirmar que pose\u00eda los medios para atender el rubro acordado el cual, por dem\u00e1s, no era exorbitante. <\/p>\n

Finaliz\u00f3 su intervenci\u00f3n, reflexionando sobre el estado mental de Vera de Guzm\u00e1n, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

\u201c(\u2026) La afirmaci\u00f3n sobre la incapacidad de Ana Mar\u00eda Vera [de Guzm\u00e1n] carece de sustento pues \u00fanicamente se bas\u00f3 en la edad de aquella pero no se [aporta] prueba de la cual pudiera servirse esta sede judicial [para] tener certeza de tal hecho (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Para complementar, invoc\u00f3 la conclusi\u00f3n del concepto rendido por el perito psic\u00f3logo que daba cuenta de la lucidez de la citada se\u00f1ora. Literalmente anunci\u00f3 el fallador: <\/p>\n

\u201c(\u2026) las condiciones mentales y psicol\u00f3gicas propias de la edad octogenaria de Ana Mar\u00eda Vera se relacionan con una condici\u00f3n saludable libre de afecciones que dificulten su desempe\u00f1o personal en las situaciones que deba tomar decisiones (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Todo lo cual, le permiti\u00f3 concluir que no se reun\u00edan los presupuestos necesarios para derruir la presunci\u00f3n de validez del contrato de compraventa fustigado y siendo ello carga del demandante, imperaba desestimar la petici\u00f3n de simulaci\u00f3n. <\/p>\n

4. Aunque el actor no comparta los anteriores planteamientos, ello no convierte la conclusi\u00f3n atacada en caprichosa o antojadiza con entidad suficiente como para permitir el paso de esta particular justicia, pues dicho pronunciamiento fue debidamente examinado bajo los mandatos jur\u00eddicos respectivos y, soport\u00e1ndose en las evidencia militantes en la foliatura. <\/p>\n

5. La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n

Atinente a ello, esta Sala ha afirmado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, (\u2026) [y] aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u201d 1. <\/p>\n

Esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha indicado: <\/p>\n

6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

6.1.\t Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

7.\tDe acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nCon ausencia justificada <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n} <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb10, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb11; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. STC 18 \tde marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, \texp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012.
\n2 \tCSJ. STC 1\u00b0 \tde septiembre de 2010, exp. 01377-00, reiterada el 16 de diciembre \tde 2011, exp. 02663-00.
\n3 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n4 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n6 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n7 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n8 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n9 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n10 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n11 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC16835-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2018-00286-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 31 de octubre de 2018, por la Sala Civil Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102413","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102413","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102413"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102413\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102413"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102413"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102413"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}