{"id":102416,"date":"2026-07-01T22:47:13","date_gmt":"2026-07-01T22:47:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102416"},"modified":"2026-07-01T22:47:13","modified_gmt":"2026-07-01T22:47:13","slug":"stc16841-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16841-2018\/","title":{"rendered":"STC16841-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16841-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2018-00160-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 1 de noviembre de 2018, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, en la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00d3scar Edmundo Antol\u00ednez Dur\u00e1n, contra el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Los Patios, con ocasi\u00f3n del juicio de sucesi\u00f3n n\u00ba 2014-319, de los causantes \u00d3scar Alfonso Antol\u00ednez Ant\u00fanez (q.e.p.d.) y Ana Mercedes Dur\u00e1n Blanco (q.e.p.d.). <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl promotor reclama la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente vulnerada por la autoridad acusada. <\/p>\n

2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las probanzas adosadas al plenario, se desprenden como hechos base de la presente salvaguarda los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n

Ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Los Patios cursa la sucesi\u00f3n de los fallecidos \u00d3scar Alfonso Antol\u00ednez Ant\u00fanez y Ana Mercedes Dur\u00e1n Blanco, progenitores del aqu\u00ed gestor, seguida bajo el radicado n\u00b0 2014-319, cuyo \u00fanico activo social es el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 260-42386. <\/p>\n

Materializado el embargo y secuestro de ese bien, la se\u00f1ora Gladys Matilde Alba Villamizar present\u00f3 incidente aduciendo ser poseedora del predio desde el 2 de julio de 1998, cuando se disolvi\u00f3 la sociedad de hecho que ten\u00eda con el difunto Antol\u00ednez Ant\u00fanez. <\/p>\n

En primera instancia el juzgador cognoscente desestim\u00f3 la calidad alegada por Alba Villamizar. Desatada la apelaci\u00f3n deprecada frente a esa determinaci\u00f3n, el fallador aqu\u00ed fustigado la revoc\u00f3 y en su lugar accedi\u00f3 al reconocimiento pretendido por aquella ciudadana. <\/p>\n

3. En concreto pretende se invalide la decisi\u00f3n del ad quem y en su lugar se le conmine a \u201cvolver al estado anterior a la violaci\u00f3n\u201d (sic) (fl. 4, cdno. 1). <\/p>\n

1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n

El titular del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Los Patios guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n

El tribunal neg\u00f3 la salvaguarda al no evidenciar irregularidad en la posici\u00f3n auscultada. En ese sentido adujo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) entiende esta Sala que la decisi\u00f3n adoptada por el Juez de Familia de Los Patios, al momento de acceder al levantamiento de la medida cautelar a favor de la se\u00f1ora Alba Villamizar, no fue caprichosa y se fund\u00f3 en el material probatorio arrimado al proceso, [evalu\u00e1ndolo] de manera objetiva y racional, es decir, en uso de su autonom\u00eda judicial form\u00f3 libremente su convencimiento para [resolver] la cuesti\u00f3n litigiosa de la manera en que lo hizo (\u2026)\u201d (fl. 43, cdno.1). <\/p>\n

Bajo las anteriores reflexiones, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) al no haber demostrado el actor que existi\u00f3 una acci\u00f3n u omisi\u00f3n por parte del [sentenciador] que vulnere sus derechos fundamentales, ni tampoco haberse configurado un defecto f\u00e1ctico ni material ni sustantivo, sobre las actuaciones desplegadas al interior del tr\u00e1mite de incidente de desembargo dentro de la sucesi\u00f3n en comento, ha de declararse improcedente el amparo deprecado (\u2026)\u201d (fl. 43, cdno.1). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La inco\u00f3 el gestor sin exponer su desavenencia (fl. 51, cdno. 1). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El tutelante censura el prove\u00eddo concedente del memorado levantamiento de las cautelas ordenadas dentro de la comentada sucesi\u00f3n respecto del inmueble con matr\u00edcula 260-42386, porque en su criterio, no est\u00e1 acorde con los elementos demostrativos obrantes en el dossier. <\/p>\n

2. En la decisi\u00f3n objetada se abord\u00f3 el estudio del asunto precisando que la opositora, para obtener la desafectaci\u00f3n de tal predio, deb\u00eda probar los presupuestos de la posesi\u00f3n, trayendo a colaci\u00f3n los art\u00edculos 762 y 775 del C\u00f3digo Civil reguladores de la materia, as\u00ed como algunos precedentes jurisprudenciales relativos al problema jur\u00eddico a absolver. <\/p>\n

El juzgador analiz\u00f3 cada una de las evidencias recaudadas, explicitando el grado de convicci\u00f3n brindado y los supuestos f\u00e1cticos respaldados con ellas. En tal sentido se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [el] iter probatorio (\u2026) nos lleva a la certeza que para el d\u00eda [de] la diligencia de secuestro la posesi\u00f3n material la ostentaba, sin duda alguna, la se\u00f1ora Gladys Matilde Alba Villamizar. La primera [testigo Beatriz Elena Abad Romero] la conoce desde el a\u00f1o 2000 y, la segunda [declarante Alba Cristina Dur\u00e1n Dur\u00e1n], desde hace m\u00e1s de 35 a\u00f1os, viviendo en el [bien] objeto de la cautela y, por ende, de este tr\u00e1mite incidental. La raz\u00f3n de su dicho lo cimientan en el hecho de ser vecinas del mismo sector, de verla continuamente viviendo en el inmueble junto con sus dos hijos y, ejecutando actos a que s\u00f3lo da derecho considerarse due\u00f1o de la cosa, como pagar impuestos, realizar mejoras (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Esas declaraciones de terceras personas son coincidentes con el interrogatorio rendido por la accionante \u2013 incidentante, as\u00ed como con los testimonios rendidos por sus descendientes \u00d3scar Fabi\u00e1n Antol\u00ednez Alba y Gerson Javier Antol\u00ednez Alba, que valga la pena acotar, no fueron tachad[o]s (\u2026)\u201d (fl. 23, cdno.1). <\/p>\n

Todo lo cual lo llev\u00f3 a concluir: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Del estudio de la prueba debidamente aportada, decretada y practicada, se infiere, sin mayor hesitaci\u00f3n, que los actos ejecutados por la incidentalista (sic) tienen la naturaleza de posesorios, dada su trascendencia, importancia y permanencia (\u2026)\u201d (fl. 23, cdno.1). <\/p>\n

En punto de los argumentos nugatorios de la calidad de poseedora de Alba Villamizar por parte del a quo, critic\u00f3 haber tildado de mera tolerancia las conductas propias de un poseedor pues, en su criterio, tal \u201c(\u2026) figura no emerge de ning\u00fan[a] de las piezas (\u2026) que conforman la foliatura (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3. La tesis adoptada es l\u00f3gica, de su lectura, prima facie, no refulge anomal\u00eda; el fallador efectu\u00f3 una disertaci\u00f3n adecuada de los elementos probatorios y los supuestos normativos pertinentes que lo condujeron a la determinaci\u00f3n reprochada. <\/p>\n

Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa incoherente al punto de permitir la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos2 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19693, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

4.1.\t Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

5.\tDe acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nCon ausencia justificada <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \tCSJ. \tCivil. Sentencia de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n2 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n3 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n4 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n5 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n6 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n7 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n8 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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