{"id":102419,"date":"2026-07-01T22:47:34","date_gmt":"2026-07-01T22:47:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102419"},"modified":"2026-07-01T22:47:34","modified_gmt":"2026-07-01T22:47:34","slug":"stc16851-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16851-2018\/","title":{"rendered":"STC16851-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16851-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2018-00174-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2018, por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ra\u00fal D\u00edaz Torres, contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa urbe, con ocasi\u00f3n del declarativo de responsabilidad civil extracontractual radicado bajo el n\u00ba 2011-0031, impulsado por el quejoso respecto de Coomotorflorencia Ltda. y otros. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El promotor del auxilio demanda la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, dignidad humana, \u201cvida en condiciones dignas\u201d y \u201ctutela jurisdiccional efectiva\u201d, presuntamente vulneradas por la autoridad accionada. <\/p>\n

2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden como hechos que soportan la presente salvaguarda los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n

En el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva curs\u00f3 el juicio de responsabilidad civil 2011-0031, emprendido por el aqu\u00ed gestor a Coomotorflorencia Ltda., entre otros, en raz\u00f3n al accidente de tr\u00e1nsito acaecido el 10 de junio de 2009, el cual finaliz\u00f3 con sentencia de segunda instancia favorable a los pedimentos del demandante. Inconforme con la determinaci\u00f3n del ad quem la rese\u00f1ada sociedad formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n

El 4 de octubre de 2017, estimando que el fallo atacado conten\u00eda mandatos ejecutables, esta Sala remiti\u00f3 copias del expediente al a quo para adelantar su cumplimiento. <\/p>\n

En auto de 1 de agosto de 2018, el juzgador de primera instancia decret\u00f3 el levantamiento de las cautelas dispuestas en ese tr\u00e1mite, alegando la expiraci\u00f3n del plazo para reclamar el acatamiento forzado ante el mismo despacho, invocando el numeral 6\u00ba de la regla 597 del C\u00f3digo General del Proceso (fls. 1-9, cdno.1). <\/p>\n

Para rebatir tales determinaciones, el aqu\u00ed censor present\u00f3 reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. El primero de esos mecanismos no logr\u00f3 derruir el auto atacado y el segundo fue concedido ante el superior. <\/p>\n

El 8 de agosto del a\u00f1o en curso, el all\u00ed demandante elev\u00f3 coercitivo ante el sentenciador del circuito citado, siendo rechazado el 4 de septiembre de 2018, por falta de competencia aduciendo el funcionario haber fenecido el lapso comentado en p\u00e1rrafos precedentes; en consecuencia, orden\u00f3 enviar \u201c(\u2026) la citada demanda ejecutiva, (\u2026) a la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral [del Tribunal Superior de Neiva], para [que] la misma sea conocid[a] por el magistrado sustanciador que dict\u00f3 la sentencia de segundo grado, o en su defecto, la misma sea sometida a reparto (\u2026)\u201d (fl. 84, cdno.1). <\/p>\n

El tutelante alega que el despacho atacado err\u00f3 al contabilizar el tiempo de 30 d\u00edas referido en el citado canon, porque \u00e9ste parte de la firmeza de la sentencia, la cual se adquiere una vez resuelto el recurso extraordinario de casaci\u00f3n1 y no de la providencia remisoria de las copias por parte de esta Corporaci\u00f3n, como lo entendi\u00f3 el querellado (fl. 2, cdno.1). <\/p>\n

3. En concreto, solicita la invalidez de los autos mediante los cuales se levant\u00f3 el memorado embargo y se neg\u00f3 la orden de pago, para que en su lugar, se dicte una decisi\u00f3n acorde con las reglas procedimentales pertinentes (fl. 5, cdno.1). <\/p>\n

1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n

El titular del despacho querellado describi\u00f3 el decurso procesal y manifest\u00f3 estarse a las reflexiones plasmadas en el prove\u00eddo auscultado (fls.133-134, cdno. 1). <\/p>\n

1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n

El tribunal a quo concedi\u00f3 el auxilio estimando: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [que] las providencias que se cuestionan en esta acci\u00f3n tuitiva, vulneran los derechos fundamentales del actor, como quiera que al levantarse las medidas cautelares permanece[n] sin garant\u00edas [el] cumplimiento de lo ordenado en las sentencias que fue[ron] favorable[s] a sus pretensiones, por lo tanto, se deber\u00e1 dejar sin efectos lo proferido por el Juzgado accionado (\u2026)\u201d (fls. 214-221, cdno.1). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La incoaron Ra\u00fal P\u00e9rez Torres y la vinculada Coomotorflorencia Ltda. <\/p>\n

El primero insisti\u00f3 en sus argumentos de defensa primigenios (fl. 259, cdno.1). <\/p>\n

El ente social recalc\u00f3 la falta de los requisitos formales para la procedencia del amparo porque no se ha decidido el recurso vertical concedido el 4 de septiembre hoga\u00f1o. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tEl quejoso requiere invalidar las decisiones del 1 de agosto y 4 de septiembre de 2018, con las cuales, en su orden, se dispuso levantar las medidas preventivas decretadas en el comentado juicio de responsabilidad civil extracontractual, y se neg\u00f3 el mandamiento de pago solicitado en relaci\u00f3n con la condena pecuniaria decretada en ese asunto. <\/p>\n

2. Respecto al reparo contra la cancelaci\u00f3n de los embargos practicados, sin dificultad se advierte el fracaso del amparo por carecer del requisito de subsidiariedad, pues no se ha desatado la apelaci\u00f3n del auto de 4 de septiembre pasado donde se adopt\u00f3 esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n

3. En estas condiciones, la salvaguarda desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia contenida en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, por cuanto el interesado anhela un pronunciamiento de esta especial jurisdicci\u00f3n, frente a particularidades que deben ser conocidas y solucionadas por el funcionario competente; las cuales no hallan asidero en esta v\u00eda residual y extraordinaria. <\/p>\n

Este mecanismo impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los afectados, dado su car\u00e1cter eminentemente supletivo, de otra manera se convertir\u00eda en un medio para obviar las herramientas previstas en los ordenamientos ordinarios y ante los jueces naturales, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta v\u00eda constitucional. <\/p>\n

Al respecto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

4. En punto del rechazo por competencia de la demanda ejecutiva, fulgura el fracaso del amparo por desatender el mismo presupuesto comentado con antelaci\u00f3n. <\/p>\n

Lo discurrido por cuanto la colegiatura a la cual se remitieron las diligencias no se ha pronunciado frente a la manifestaci\u00f3n del juzgador tutelado, que le instaba a tramitar ese coercitivo por ser quien \u201c(\u2026) dict\u00f3 la sentencia en segundo grado (\u2026)\u201d3 o en su defecto, someterlo a reparto entre los jueces respectivos, debi\u00e9ndose esperar tal veredicto a efectos de dilucidar qu\u00e9 autoridad debe avocar su conocimiento. <\/p>\n

5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

6.\tPor las razones mencionadas, se impone infirmar la providencia impugnada y denegar el auxilio invocado. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotada y, en su lugar, NEGAR por improcedente el amparo. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nCon ausencia justificada <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb11, lo cual acontecer\u00e1 cen los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb12; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tArt\u00edculos \t305 y 306 del C.G.P
\n2 \tCSJ. Civil. Sentencia de 22 \tde febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, \texp, 00051-01; \ty el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre \totras.
\n3 \tFl. \t84, cdno.1
\n4 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, \tCosta Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la \tLey 16 de 1972.
\n5 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n6 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n7 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n8 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a \t290, criterio reiterado Caso Masacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n

10 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares c. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n11 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n12 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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