{"id":102420,"date":"2026-07-01T22:47:43","date_gmt":"2026-07-01T22:47:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102420"},"modified":"2026-07-01T22:47:43","modified_gmt":"2026-07-01T22:47:43","slug":"stc16852-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16852-2018\/","title":{"rendered":"STC16852-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16852-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02396-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 13 de noviembre de 2018, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Pedro Nel C\u00f3rdoba Pinto, Ginna Karol C\u00f3rdoba Salvador y Pedro Nel C\u00f3rdoba Salvador contra la Sala Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, las Fiscal\u00edas 16 y 34 Especializadas de la Unidad de Extinci\u00f3n de Dominio Delegadas ante Tribunal, fueron vinculadas al tr\u00e1mite las partes e intervinientes dentro del proceso que se adelant\u00f3 en contra de los bienes del aqu\u00ed accionante, radicado 2007-00005. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLos solicitantes, a trav\u00e9s de apoderado, invocaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n y propiedad privada, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas quienes decretaron la extinci\u00f3n del dominio de un bien inmueble que les pertenec\u00eda. <\/p>\n

2.\tRelataron que el 29 de junio de 1999, la Fiscal\u00eda 16 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinci\u00f3n de Dominio, dio inicio al tr\u00e1mite de extinci\u00f3n sobre los bienes a nombre de Mike Tsalilckis Kotis. <\/p>\n

Refirieron que en el a\u00f1o 2000, la citada Fiscal\u00eda profiri\u00f3 la correspondiente resoluci\u00f3n de inicio y decret\u00f3 las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo respecto de los inmuebles perseguidos. <\/p>\n

Destacaron que, tras el concepto positivo por parte del ente persecutor para dar inicio al tr\u00e1mite, le correspondi\u00f3 resolverlo al Juzgado Catorce Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1, que el 29 de julio de 2011 profiri\u00f3 sentencia afectando el dominio de los bienes en cuesti\u00f3n. <\/p>\n

Se\u00f1alaron que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 de Extinci\u00f3n de Dominio, luego de transcurridos m\u00e1s de siete a\u00f1os de la providencia de primer grado, el 22 de agosto de 2018 desat\u00f3 la apelaci\u00f3n y confirm\u00f3 la expropiaci\u00f3n de los predios propiedad de los aqu\u00ed actores.
\nCuestionaron las consideraciones vertidas en \u00e9sa \u00faltima providencia, concretamente la valoraci\u00f3n probatoria, por desconocer \u00abel justo t\u00edtulo\u00bb que ten\u00edan respecto al inmueble, ya que lo adquirieron \u00abde buena fe al se\u00f1or Miguel Padilla Acosta\u00bb. <\/p>\n

Asimismo manifestaron que, pese a que Mike Tsalickis, el comprometido penalmente, es \u00abcu\u00f1ado\u00bb de Ginna C\u00f3rdoba Salvador, \u00abno por ello debe soportar situaciones ajenas a su voluntad como es ser privados del goce de los bienes cuya propiedad ostentan\u00bb. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, se infiere que pretenden se revoque la sentencia de 22 de agosto de 2018 dictada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro del proceso de extinci\u00f3n de dominio del inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 400-1019 (fls. 1 a 6, cd.1). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tEl Gerente de Asuntos Legales de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., manifest\u00f3 que, en este caso la sentencia atacada hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, \u00abpor lo que el tr\u00e1mite de amparo no se encuentra instituido para suplir las instancias judiciales\u00bb (fls. 52 y 53, ib\u00eddem). <\/p>\n

2.\tEl Procurador 364 Judicial II Penal, manifest\u00f3 que no se evidencia la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales en el juicio cuestionado pues las versiones de los aqu\u00ed actores, con las que pretenden \u00abexplicar el origen de sus negocios con su familiar, amigo y mandante Mike Tsalickis Kotis (\u2026) no tuvieron eco, no pudieron acreditarse y fueron derrotadas judicialmente (\u2026)\u00bb, agreg\u00f3 que sobre la decisi\u00f3n \u00abexiste una doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad (\u2026) y no han demostrado la existencia de una v\u00eda de hecho que sustente la prosperidad\u00bb (fls. 56 y 57, ib.). <\/p>\n

3.\tLa Fiscal 34 adscrita a la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio, inform\u00f3 que el inmueble identificado con folio de matr\u00edcula n\u00ba.400-1019 \u00abse encuentra mencionado en el radicado 240 E.D. el cual fue remitido en su totalidad mediante oficio Nro. 670 de 22 de enero de 2007 a los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de esta ciudad, correspondi\u00e9ndole la causa Nro. 2007-005-5\u00bb, seg\u00fan registra el sistema de informaci\u00f3n de la unidad (fl. 61, \u00eddem). <\/p>\n

4.\tLa Directora de la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos de esta ciudad, dijo que las pretensiones de la demanda hacen relaci\u00f3n a aspectos extintivos del dominio, los que escapan a su competencia (fl. 63, \u00edd.). <\/p>\n

5.\tLa Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por intermedio de uno de sus magistrados, defendi\u00f3 el fallo criticado del cual afirma \u00abse ajust\u00f3 al principio de legalidad y con observancia de las garant\u00edas inherentes al debido proceso\u00bb, y agreg\u00f3 que es evidente que la tutela en este caso est\u00e1 siendo utilizada como una tercera instancia, lo que la hace improcedente (fls. 65 y 66, cit.). <\/p>\n

6.\tEl magistrado ponente de la determinaci\u00f3n discutida, se\u00f1al\u00f3 que \u00e9sta respondi\u00f3 a la realidad procesal y probatoria advertida. En relaci\u00f3n con la mora para dictar el fallo, explic\u00f3 que se justifica en el nivel de \u00abcongesti\u00f3n de la dependencia\u00bb, dado por el exceso en la carga laboral y porque los procesos en materia de lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito y todos los dem\u00e1s delitos que confluyen en los tr\u00e1mites de extinci\u00f3n de dominio se caracterizan por ser voluminosos y complejos, situaciones sobre las que tiene pleno conocimiento el Consejo Superior de la Judicatura (fls. 68 a 70, cd.1). <\/p>\n

7.\tLa Procuradora 181 Judicial II Penal, solicit\u00f3 decretar improcedente la presente acci\u00f3n en tanto no cumple con los requisitos espec\u00edficos o especiales consolidados por v\u00eda jurisprudencial para tal efecto (fl. 72 a 74, ib\u00eddem). <\/p>\n

FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n

Neg\u00f3 la salvaguarda al concluir que los pronunciamientos reprochados fueron razonables y se ajustaron al contenido de las normas aplicables al caso concreto, en tal sentido indic\u00f3 \u00abno advierte la Sala la supuesta arbitrariedad de la decisi\u00f3n judicial que cuestiona, pues de la lectura del fallo se puede colegir que no solo se aplic\u00f3 la normatividad y la jurisprudencia relativa a casos como el que se debati\u00f3, sino que se analizaron adecuadamente las pruebas allegadas al plenario\u00bb (fls. 76 a 88, cd. 1.). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La interpuso el apoderado de los querellantes, reiterando los argumentos del escrito inicial, insistiendo en que el tribunal acusado no efectu\u00f3 \u00abun an\u00e1lisis juicioso del material probatorio y los documentos que fueron aportados en su oportunidad\u00bb y por tanto omiti\u00f3 que se acredit\u00f3 en el juicio \u00abla buena fe exenta de culpa\u00bb (fls. 120 a 122, ib\u00eddem).
\nCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si el tribunal accionado dentro del juicio en cuesti\u00f3n, vulner\u00f3 los derechos fundamentales de los aqu\u00ed actores al decretar, en decisi\u00f3n de 22 de agosto de 2018, la extinci\u00f3n del derecho de dominio sobre el inmueble que les pertenec\u00eda, por, supuestamente, incurrir en v\u00eda de hecho al omitir valorar elementos materiales probatorios arrimados a la actuaci\u00f3n que daban cuenta de \u00absu buena fe exenta de culpa y justo t\u00edtulo\u00bb al momento de adquirir el bien involucrado. <\/p>\n

2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n

3.\tLa providencia cuestionada. <\/p>\n

Los presupuestos referidos para habilitar la excepcional procedencia del auxilio contra actos jurisdiccionales, no se re\u00fanen en el presente caso, tal como lo concluy\u00f3 la hom\u00f3loga Penal. <\/p>\n

Ciertamente, la resoluci\u00f3n acusada, es decir, la dictada por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior Bogot\u00e1, se erige en un pronunciamiento ajustado a los preceptos legales y a la valoraci\u00f3n probatoria pertinente sobre el asunto. <\/p>\n

Al revisarla, en primer lugar precis\u00f3 los alcances de la investigaci\u00f3n que conllevan este tipo de asuntos y su diferenciaci\u00f3n con el proceso penal para lo cual subray\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) se colige que la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio no resulta de la \u201chibridaci\u00f3n\u201d entre el proceso penal y otro tipo de c\u00f3digo sancionatorio, sino que es un instrumento jur\u00eddico real y aut\u00f3nomo, que tiene raigambre en la Carta, con el objeto de restarle protecci\u00f3n y reconocimiento a la propiedad privada fundada en el il\u00edcito\u00bb. <\/p>\n

(\u2026) tampoco tiene eco en esta decisi\u00f3n la solicitud de aplicaci\u00f3n de la presunci\u00f3n de inocencia, porque (i) este no es un proceso penal; (ii) el proceso de extinci\u00f3n de dominio es atemporal y por tanto, no se predica sobre este el principio de favorabilidad. Debido a ello, si la Ley 793 de 2002, ontol\u00f3gicamente es intemporal, no puede contraponerse a ella postulaci\u00f3n que porf\u00ede en la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n respecto de los bienes, pues la fortuna mal habida jam\u00e1s se legaliza (\u2026) lo injusto no produce derechos, ni mucho menos el reconocimiento de la propiedad adquirida mediando el mismo derrotero, y que el caudal generado de forma espuria, no es purificable por ning\u00fan medio. <\/p>\n

(\u2026) luego, la ley 793 de 2002 se aplica cualquiera fuere el tiempo de adquisici\u00f3n del patrimonio, no tiene ninguna relevancia que el delito hubiere sido en este a\u00f1o o aquel, porque lo frutos del il\u00edcito seguir\u00e1n contaminados en todo momento, por eso, tampoco tiene importancia que Tsalickis hubiese o no cometido los delitos, en primer lugar porque aqu\u00ed no es est\u00e1 juzgando una conducta sino la consecuencia en el patrimonio de una persona que fue tachada como un actor contrario a la ley y no logr\u00f3 justificar el origen il\u00edcito de la fuente de sus propiedades\u00bb. <\/p>\n

Seguidamente, al analizar el t\u00f3pico de la buena fe exenta de culpa alegada por los impugnantes titulares del bien objeto de la medida, apunt\u00f3. <\/p>\n

\u00abEn punto de una de las quejas planteadas por los impugnantes es el perjuicio ocasionado a sus defendidos, de quienes aseguran son terceros de buena fe, que adquirieron predios de manera legal de acuerdo con la buena fe y el justo t\u00edtulo algunas precisiones a la calidad de tercero de buena fe creadora de derechos dentro del proceso de extinci\u00f3n de dominio. <\/p>\n

Entonces, es necesario insistir que el presente estudio tiene como partida el umbral del origen de los recursos ron los que se adquirieron los bienes y las condiciones a trav\u00e9s de las cuales se produjo la tradici\u00f3n, escenarios por lo que se requiere hacer algunas precisiones a la calidad de tercero de buena fe creadora de derechos dentro del proceso de extinci\u00f3n de dominio. <\/p>\n

Respecto de la calidad de tercero de buena fe, hay que decir que desde el estudio de exequibilidad realizado en la sentencia C-740 de 2003, el Alto Tribunal Constitucional, aclar\u00f3 que la extinci\u00f3n del derecho del dominio sobre los bienes procede, sin perjuicio de los derechos del tercero de buena fe exento de culpa, en el entendido que quien ha adquirido un bien y, pese a la prudencia de su obrar, desconoce su ilegitima procedencia, no puede ser afectado con la extinci\u00f3n del dominio as\u00ed adquirido. <\/p>\n

De lo anterior se concluye que la buena fe simple se refleja en la conciencia exigida que acoge conceptos de honestidad; mientras que la buena fe cualificada o creadora de derecho integra aspectos inescindibles de orden objetivo y subjetivo, que se traduce de una parte en la conciencia de obrar con lealtad y de otro lado, realizar el an\u00e1lisis necesario para determinar que el vendedor del predio ostenta tal calidad\u00bb. <\/p>\n

Y continu\u00f3 indicando: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) la figura del tercero de buena fe es correlativa al acto a trav\u00e9s del cual se adquiere el t\u00edtulo de propiedad, es decir, se circunscribe a la adquisici\u00f3n o fuente creadora de derecho. Aunado a lo anterior debe decirse que, para satisfacer las exigencias de buena fe, se requiere el cumplimiento de los siguientes elementos: <\/p>\n

b. Que \tla adquisici\u00f3n del derecho se verifique normalmente dentro de \tlas condiciones exigidas por la ley: y,
\nc) Finalmente, se exige la concurrencia de la buena fe en el adquirente, es decir, la creencia sincera y leal de adquirir el derecho de quien es leg\u00edtimo due\u00f1o"\u00bb. <\/p>\n

Al abordar el an\u00e1lisis sobre la extensi\u00f3n de las consecuencias por el ilegal comportamiento perpetrado por el primer propietario del bien, se precis\u00f3:
\n\u00ab(\u2026)el sustento probatorio tra\u00eddo a colaci\u00f3n, en especial aquel relacionado con los informes de las entidades gubernamentales y decisiones judiciales de car\u00e1cter penal del Alto Tribunal de Florida, reflej\u00f3 la forma como Mike Tsalickis Kotis, accedi\u00f3 a los bienes aqu\u00ed cuestionados, en aprovechamiento del producto generado por las actividades del tr\u00e1fico de estupefacientes y consecuentemente de tas negociaciones de inmuebles y creaci\u00f3n de sociedades. <\/p>\n

Mike Tsalickis Kotis, se vio inmerso en claras actividades il\u00edcitas por la evidente participaci\u00f3n y compromiso directo, como parte de una organizaci\u00f3n dedicada al tr\u00e1fico y comercializaci\u00f3n de estupefacientes conocido por sus m\u00e9todos particulares para transportar el alijo de propiedad del conocido Cartel del Valle, as\u00ed se reflej\u00f3 en p\u00e1rrafos precedentes donde se se\u00f1alaron sus antecedentes, que ratificaron la estrecha relaci\u00f3n y v\u00ednculos con cabezas visibles del narcotr\u00e1fico, como Vicente Rivera Ramos, propietario de la sociedad Madesa Ltda., que proporcionaba los haces de madera en los que se ocultaban los narc\u00f3ticos, siendo condenado por delitos de tr\u00e1fico de estupefacientes\u00bb. <\/p>\n

Y agreg\u00f3: \u00abDe lo acotado (\u2026) se deduce que [los apelantes] delimitaron una obvia postura, ante la presente acci\u00f3n de extinci\u00f3n, al punto de mostrar a Mike Tsalickis Kotis, ajeno a cualquier actividad relacionada con el narcotr\u00e1fico, planteando actuares disimiles, o haber sido v\u00edctima de un complot por parte de los carteles, sin duda para generar dimensiones diversas a los evidentes se\u00f1alamientos il\u00edcitos que lo conllevaron hacia la citada condena en los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica y lo involucraron con los grandes capos del tr\u00e1fico de estupefacientes, como Vicente Wilson Rivera Gonz\u00e1lez, los hermanos Rodr\u00edguez Orejuela, Villarreal Diago y Pacho Herrera, entre otros, que han sido condenados por las autoridades de Norteamericanas por el delito de Tr\u00e1fico de Estupefacientes, seg\u00fan informaciones suministradas por el Tribunal de Justicia del Estado de Americano\u00bb. <\/p>\n

Frente a la relaci\u00f3n de los aqu\u00ed quejosos con el mencionado extranjero se dijo: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) se tejieron estrategias claramente encaminadas a desviar la atenci\u00f3n de la investigaci\u00f3n, m\u00e1s a\u00fan cuando fueron evidentes los se\u00f1alamientos en contra de Mike Tsalickis Kotis, como para pretender alejar cuestionamientos sobre el origen de los bienes habilidosamente depositados en cabeza de personas jur\u00eddicas como la sociedad Cecilia Tsalickis y C\u00eda. S.C.A., o de sus familiares m\u00e1s cercanos, como su c\u00f3nyuge Cecilia, su hermano George, hijos y cu\u00f1ados. <\/p>\n

Es claro, que alrededor del \u00e1mbito familiar de Mike Tsalickis Kotis, se conform\u00f3 todo un engranaje, con participaci\u00f3n de sus integrantes, caracter\u00edstica propia de quienes se dedican al narcotr\u00e1fico, con el prop\u00f3sito de evadir se\u00f1alamientos concernientes al origen del capital relacionado con los bienes aqu\u00ed cuestionados, que, por cierto, denotan particularidades como la de ser el socio gestor de la sociedad, pues, llama la atenci\u00f3n que ninguno de los bienes se encuentra bajo su titularidad\u00bb. <\/p>\n

Y en concreto, sobre Pedro Nel C\u00f3rdoba Pinto, se acot\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) Ahora, de acuerdo a lo plasmado en la Ley 793 de 2002 y riada la naturaleza de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n, que protege los intereses superiores del Estado y se encuentra \u00edntimamente relacionada con el derecho constitucional de la propiedad, las personas que directamente no ejercieron la actividad il\u00edcita, pero que tambi\u00e9n figuran como titulares del bien, no s\u00f3lo deben demostrar que sus propios recursos tuvieron un origen licito, sino que tambi\u00e9n desconoc\u00edan o ignoraban la fuente de los ingresos de quienes si perpetraron la ilicitud, correspondi\u00e9ndole en este caso y en virtud del principio de la carga din\u00e1mica de prueba, demostrar la licitud de sus actividades, situaci\u00f3n que en el sub lite, no fue demostrada con prueba documentar\u00eda que corrobore el ejercicio de una actividad y la consecuci\u00f3n del patrimonio; razones por las que la Sala confirmar\u00e1 la sentencia del 29 de julio de 2\u00dc11. respecto de la sociedad Cecilia Tsalickis e Hijos y C\u00eda. S. en C, los bienes de propiedad de Asteropi Tsalickis C\u00f3rdoba y su grupo familiar sobre los que se declar\u00f3 la extinci\u00f3n del derecho de dominio. <\/p>\n

De ah\u00ed que para esta Sala, no se encuentra dificultad alguna pues abundan en el proceso evidencias materiales de los incrementos econ\u00f3micos percibidos por parte de Pedro Nel C\u00f3rdoba Pinto, desde los a\u00f1os 80's periodo materia de investigaci\u00f3n, mismos que efectivamente se encuentran soportados a trav\u00e9s de incontables pruebas documentales que a su vez fue objeto de an\u00e1lisis y ponderaci\u00f3n por parte del Juez de primera instancia, provienen de manera directa o indirecta de la actividad il\u00edcita desarrollada por Mike Tsalickis Kotis\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, concluy\u00f3: <\/p>\n

\u00abAs\u00ed las cosas, los bienes por los cuales se emprendi\u00f3 la presente acci\u00f3n extintiva, se hallan inmersos en la causal 2a del art\u00edculo 2 de la ley 793 de 2002, pues los mismos no pueden desligarse del il\u00edcito incremento patrimonial, producto de los beneficios del tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos, actividad que pudo comprobarse a partir de los medios de prueba articulados a la actuaci\u00f3n, de los que se estableci\u00f3 que entre los aqu\u00ed afectados y Mike Tsalickis Kotis, existi\u00f3 una relaci\u00f3n de afinidad y comercial que tuvo origen desde antes del a\u00f1o 80, que desde dicha \u00e9poca Pedro Nel C\u00f3rdoba Pinto, registr\u00f3 incrementos significativos en su patrimonio, de los cuales no justific\u00f3 satisfactoriamente su procedencia, y como quiera que el origen de otros devienen de una sociedad, cuyo propietario y socio gestor, fue condenado por la comisi\u00f3n de conductas punibles derivadas del tr\u00e1fico de estupefacientes, deber\u00e1 confirmarse en los puntos objeto de apelaci\u00f3n la decisi\u00f3n del juez de primera instancia\u00bb (Disco compacto \u2013 decisi\u00f3n de segunda instancia \u2013 fl. 71, ib.) Resalta la Sala. <\/p>\n

Conforme lo transcrito, no se advierte que la argumentaci\u00f3n de la corporaci\u00f3n denunciada enfrente una lesividad a derechos o garant\u00edas de los accionantes, pues no solo se efectu\u00f3 una valoraci\u00f3n pertinente y coherente seg\u00fan las resultas del proceso, sino que se verific\u00f3 el cumplimiento del presupuesto subjetivo de la conducta del propietario inicial con relaci\u00f3n al inmueble aqu\u00ed reclamado, as\u00ed mismo, explicit\u00f3 con claridad por qu\u00e9 no se demostr\u00f3 la buena fe exenta de culpa, que en estos asuntos corresponde acreditarse suficientemente, bajo el entendido que la carga de la prueba en dicho aspecto se traslada a quien la alega. <\/p>\n

En ese sentido, las posturas ahora asumidas no pueden ser atendidas, pues se itera, el tribunal consider\u00f3 que las tesis arg\u00fcidas por los quejosos en la instancia no alcanzaron para desvirtuar la implicaci\u00f3n objetiva del bien y desligarlas de las actividades criminales reprochadas a Mike Tsalickis quien lo adquiri\u00f3 en principio, derivando todo en la consecuente extinci\u00f3n del derecho sobre \u00e9ste. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, no encuentra la Sala configurada la v\u00eda de hecho que se refiere en la demanda, ya que lo expuesto en esa determinaci\u00f3n al advertirse razonable impide la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, y no corresponder\u00eda que por esta v\u00eda subsidiaria se efect\u00fae un pronunciamiento paralelo a las conclusiones all\u00ed proferidas. <\/p>\n

Ahora, repetidamente la Corte ha explicado que la sola divergencia conceptual no habilita el amparo constitucional, porque esta acci\u00f3n no fue concebida como instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las deducciones valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta. En tal sentido, se ha dicho: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado, STC6924-2017, 18 may. 2017, rad. 2017-00443-01). <\/p>\n

Al respecto, tambi\u00e9n se ha indicado de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n

4.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

Se ratificar\u00e1 la negativa del auxilio porque la decisi\u00f3n atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s, porque lo pretendido por los querellantes es anteponer su propio criterio al de la colegiatura accionada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

(Hoja de firmas corresponde al asunto n\u00ba 11001-02-04-000-2018-02396-01)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16852-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02396-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 13 de noviembre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102420","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102420","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102420"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102420\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102420"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102420"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102420"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}