{"id":102425,"date":"2026-07-01T22:48:33","date_gmt":"2026-07-01T22:48:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102425"},"modified":"2026-07-01T22:48:33","modified_gmt":"2026-07-01T22:48:33","slug":"stc16866-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16866-2018\/","title":{"rendered":"STC16866-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC16866-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03805-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jes\u00fas Otavo Santa en frente de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta urbe. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- El promotor depreca la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, \u00abdefensa\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades encartadas dentro del juicio ejecutivo hipotecario que le formul\u00f3 Bancolombia S. A. <\/p>\n

2.- Arguy\u00f31 como base de su reproche, grosso modo, lo siguiente: <\/p>\n

2.1.- La entidad financiera Conavi -hoy Bancolombia S. A.- le otorg\u00f3, el 10 de septiembre de 1993, un mutuo para la compra de vivienda por la suma de $14\u2019000.000,oo M\/cte., representado en Unidades de Poder Adquisitivo Constante. <\/p>\n

2.2.- Sin que se hubiera reliquidado ni restructurado el pretenso cr\u00e9dito, se dict\u00f3 en su contra mandamiento de pago. <\/p>\n

2.3.- Adelantadas sendas actuaciones procedimentales al interior del sub judice, formul\u00f3 \u00absolicitud de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito el 06\/12\/07 [\u2026] fundamentado en el art\u00edculo 29 de la C. N. [\u2026], solicitud que fue rechazada de plano por el [a quo, por lo que] el 04\/02\/08 en t\u00e9rminos se interpuso reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, siendo negado, el 06\/08\/08\u00bb. <\/p>\n

2.4.- As\u00ed las cosas, \u00abel despacho convoca a diligencia de remate para el 20\/04\/09, a la almoneda no se presentaron postores, por lo que fue declarada desierta, a lo que el Banco Conavi – hoy Bancolombia pidi\u00f3 la adjudicaci\u00f3n del inmueble siendo concedida el 14 de julio del 2009\u00bb. Acota que tal inmueble fue vendido por Bancolombia a favor de \u00abun tercero[; a]parece inscrita en la anotaci\u00f3n del 12\/01\/16 [que] el predio est\u00e1 inscrito [a] favor de Progencol Ltda.\u00bb. <\/p>\n

2.5.- El 23 de abril de 2018, solicit\u00f3 ante la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n un concepto sobre el sub examine, siendo que \u00aben su respuesta [\u2026] a manera de conclusi\u00f3n [le manifest\u00f3] que no se encuentran satisfechas las exigencias legales y constitucionales sobre reliquidaci\u00f3n, terminaci\u00f3n autom\u00e1tica del proceso y de restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n

2.6.- Pregona que le han sido quebrantadas sus prerrogativas, por cuanto que en el sub lite se han \u00abnega[do] y no conced[ido] la reestructuraci\u00f3n, en legal forma, a\u00fan con las normas aducidas\u00bb ello era lo preceptivo. <\/p>\n

3.- Insta, conforme a lo relatado, \u00abse ordene la nulidad del proceso, [\u2026] por no aplicarse el alivio y restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, incluido el mandamiento de pago\u00bb. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

Guardaron silencio. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio ius fundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal se indique que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la decisi\u00f3n que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, en SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Observada la censura planteada resulta evidente que el reclamante, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defectos sustancial, f\u00e1ctico y desconocimiento del precedente, enfila su inconformismo contra las autoridades judiciales encartadas persiguiendo que \u00abse ordene la nulidad del proceso, [\u2026] por no aplicarse el alivio y restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, incluido el mandamiento de pago\u00bb. <\/p>\n

3.- Se evidencian, cardinalmente, las siguientes acreditaciones que ata\u00f1en con la discrepancia elevada: <\/p>\n

3.1.- Sentencia estimatoria dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el d\u00eda 21 de noviembre de 2005. <\/p>\n

3.2.- Fallo ratificatorio calendado 20 de septiembre de 2006, proferido por la colegiatura enjuiciada. <\/p>\n

3.3.- Folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria N\u00ba. 50C-987237, de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1, Zona Centro. <\/p>\n

4.- Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Sala al se\u00f1alar que la inmediatez y la subsidiariedad son principios esenciales que orientan la presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n

4.1.- En relaci\u00f3n a los presupuestos en menci\u00f3n, cuando se trata de procesos ejecutivos hipotecarios originados en cr\u00e9ditos para la adquisici\u00f3n de vivienda, como es el caso, la Sala, en plurales oportunidades, verbigracia, en CSJ STC945-2016, 4 feb. 2016, rad. 2015-02956-01, ha relevado que \u00abel Juez debe revisar para conceder la protecci\u00f3n que: (i) la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente y (ii) que se hayan ejercido los mecanismos de defensa con los que se cuenta dentro del proceso como una diligencia m\u00ednima\u00bb (se destaca). <\/p>\n

4.2.- Al efecto, la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-813 de 4 de octubre de 2007, estableci\u00f3 que \u00ab[l]os jueces que est\u00e9n conociendo de acciones de tutela relativas a la terminaci\u00f3n de procesos ejecutivos que se refieran a cr\u00e9ditos de vivienda iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deber\u00e1n seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificaci\u00f3n. Por lo tanto, a) deber\u00e1n conceder la acci\u00f3n de tutela cuando i) este haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia m\u00ednima dentro del mismo (v\u00e9ase). <\/p>\n

Asimismo, en el Fallo T-881 de 2013, determin\u00f3 que \u00ab[e]n trat\u00e1ndose de procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes de 1999, esta Corporaci\u00f3n ha especificado que el principio de inmediaci\u00f3n se cumple para efectos de proteger a terceros adquirientes de buena fe- si la acci\u00f3n de tutela ha sido instaurada antes de que el bien rematado en p\u00fablica subasta sea registrado\u00bb (sublineado propio). <\/p>\n

5.- Descendiendo al preciso asunto motivo de pronunciamiento, se advierte, con vista en los elementos de convicci\u00f3n recaudados, que el amparo rogado no puede otorgarse de acuerdo a las razones que pasan a explicarse. <\/p>\n

5.1.- Ata\u00f1edero con el lapso razonable dentro del cual se puede promover la acci\u00f3n de tutela en trat\u00e1ndose de juicios hipotecarios cuyo t\u00edtulo ejecutivo se rige bajo los par\u00e1metros de la Ley 546 de 1999, esta Corporaci\u00f3n puso de presente, entre otras providencias, en CSJ STC16247, 10 nov. 2016, rad. 2016-00845-01, que: <\/p>\n

En cuanto al primer presupuesto -el de la inmediatez-, esta Corporaci\u00f3n encuentra que el argumento central en el que ha soportado el alto Tribunal Constitucional, la tesis de que el punto l\u00edmite para la procedencia del amparo es el registro del remate o de la adjudicaci\u00f3n, es la necesidad de proteger los derechos e intereses de los terceros adquirentes de buena fe; as\u00ed lo ha sostenido esa Corporaci\u00f3n: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) para determinar si el actor ha cumplido o no con el requisito de inmediatez, deben tenerse en cuenta, en cada caso concreto2, aspectos tales como: (i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad del accionante, como la absoluta incapacidad para ejercer la defensa de sus derechos; (ii) si la procedencia de la acci\u00f3n, luego de la inactividad injustificada, podr\u00eda causar la lesi\u00f3n de derechos fundamentales de terceros o de bienes constitucionalmente protegidos y, (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos de esos terceros de buena fe o de los bienes que la Constituci\u00f3n ordena proteger. 3 <\/p>\n

En el caso concreto de los procesos ejecutivos hipotecarios, existe un t\u00e9rmino razonable dentro del cual la persona afectada debe defender sus derechos para evitar una lesi\u00f3n posterior de los derechos fundamentales de terceros o de intereses constitucionalmente protegidos. En este sentido, la Corte encuentra que la tutela s\u00f3lo puede proceder si se interpone en cualquier momento desde la decisi\u00f3n judicial de no dar por terminado el proceso hasta el registro del auto aprobatorio del remate, es decir, hasta que se perfecciona la tradici\u00f3n del dominio del bien en cabeza de un tercero cuyos derechos no pueden ser desconocidos por el juez constitucional. En efecto, una vez realizado el registro, la persona ha perdido su oportunidad de alegar en tutela pues ya existe un derecho consolidado en cabeza de terceros de buena fe, que el juez constitucional no puede desconocer. En estos casos no sobra mencionar que la Constituci\u00f3n ordena proteger, con la misma fuerza, el derecho a la vivienda digna de quien ha perdido su casa por violaci\u00f3n del debido proceso y aquel derecho que adquiere el tercero de buena fe que compra un inmueble para tales efectos. Por eso se exige, para que la acci\u00f3n pueda proceder, que se interponga antes de que se consolide el derecho de terceros a una vivienda digna, a trav\u00e9s del registro p\u00fablico del auto que aprueba el remate del bien.\u00bb (CC SU-813\/07). (Subrayado fuera del texto). <\/p>\n

5.2.- En el sub lite se observa, conforme a las anotaciones 12 y 13 del Folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria N\u00ba. 50C-987237, que en punto del predio materia de gravamen real en el sub examine se inscribi\u00f3, ante la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1, Zona Centro, la adjudicaci\u00f3n que devino realizada a la entidad bancaria acreedora el d\u00eda 12 de enero de 2016 (anotaci\u00f3n 12), la cual, a su turno, mediante Escritura P\u00fablica N\u00ba. 18873 le vendi\u00f3 tal bien a Progencol Limitada, de lo cual da cuenta la anotaci\u00f3n n\u00famero 13 registrada el 2 de noviembre de 2016; esto es, dicho inmueble ya pas\u00f3 a manos de un \u00abtercero\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, resulta improcedente el amparo instado por cuanto que estando el aludido bien ra\u00edz en poder jur\u00eddico de un tercero (que no es cesionario del cr\u00e9dito) que lo adquiri\u00f3 por compraventa, ello comporta que, en el particular y espec\u00edfico asunto, se verifique desatendido el presupuesto de la inmediatez que era menester observar, lo cual implica la mentada denegaci\u00f3n tutelar. <\/p>\n

5.3.- Relativamente a un asunto de similar tesitura, la Sala puso de presente, en CSJ STC6443-2017, 10 may. 2017, rad. 2017-01020-00, lo siguiente: <\/p>\n

Con todo, sea del caso precisar que el asunto de marras, de una parte, el inmueble hipotecado no solo fue adjudicado al banco acreedor sino que, este a su vez, trasfiri\u00f3 el dominio a una tercera persona, situaciones que fueren inscritas en el folio de matr\u00edcula No. 350-86097 el 24 de noviembre de 2011 y 20 de abril de 2012, respectivamente y, de otra, que el expediente se encuentra archivado desde el 19 de junio de 2013 oportunidad en la que el litigio finaliz\u00f3 por pago de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n

Respecto la adjudicaci\u00f3n de inmueble a un tercero de buena fe en trat\u00e1ndose de casos regidos por la Ley 546 de 1999, la Sala ha dicho que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) La especificidad de materia, en lo que se refiere a los procesos hipotecarios de cr\u00e9ditos de vivienda que inicialmente hab\u00edan sido concedidos en UPAC, requiere de un an\u00e1lisis particular en la medida que la Sentencia SU-813 de 2007 enantes referida, autoriz\u00f3 la presentaci\u00f3n del resguardo mientras no se haya registrado el auto aprobatorio del remate. Sobre el aludido \u00edtem la Corte Constitucional precis\u00f3 que \u00ab[l]os jueces que est\u00e9n conociendo de acciones de tutela relativas a la terminaci\u00f3n de procesos ejecutivos que se refieran a cr\u00e9ditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deber\u00e1n seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificaci\u00f3n. Por lo tanto, (a) deber\u00e1n conceder la acci\u00f3n de tutela cuando i) esta haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia m\u00ednima dentro del mismo; (b) La acci\u00f3n de tutela se considerar\u00e1 improcedente cuando se hubiere interpuesto con posterioridad del registro del auto de aprobaci\u00f3n del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble\u00bb (se resalta). <\/p>\n

Ello lo reiter\u00f3 dicha Corporaci\u00f3n Nacional en el fallo T-881 de 2013, afirmando que en los \u00abprocesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes de 1999, esta Corporaci\u00f3n ha especificado que el principio de inmediaci\u00f3n se cumple -para efectos de proteger a terceros adquirientes de buena fe- si la acci\u00f3n de tutela ha sido instaurada antes de que el bien rematado en p\u00fablica subasta sea registrado [\u2026]\u00bb (destacado propio). <\/p>\n

En el sub lite, se insiste, emerge inviable otorgar la salvaguardia pedida, en tanto que, seg\u00fan as\u00ed puso de presente el promotor en el libelo genitor que origina este pronunciamiento, aspecto que \u00e9l tambi\u00e9n adujo obra en el proceso ejecutivo hipotecario materia de pronunciamiento, a las presentes cotas y desde el d\u00eda 14 de octubre de 2005, ya aconteci\u00f3 la inscripci\u00f3n en el respectivo folio de matr\u00edcula inmobiliaria de la providencia de \u00abadjudicaci\u00f3n\u00bb del inmueble involucrado en la litis a favor del extremo all\u00ed ejecutante, a m\u00e1s que tal predio fue vendido, por el referido banco, a la Fundaci\u00f3n Social, mediante contrato que igualmente se anot\u00f3 en el correspondiente certificado de tradici\u00f3n el 21 de junio de 2007, seg\u00fan ello lo refleja, precisamente, el Folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria N\u00ba. 370-38462, rese\u00f1ado en las acreditaciones compiladas, particularmente en sus anotaciones 20 y 21, respectivamente (fls. 95 a 97), de donde emerge que hay de por medio intereses de terceras personas ajenas a la relaci\u00f3n sustancial debatida que no pueden ser soslayados, tanto m\u00e1s por cuanto no intervinieron en el sub judice\u2026\u00bb (CSJ STC2923-2017, 2 Mar. 2017, rad. 00383-00) (se reliev\u00f3). <\/p>\n

6.- De conformidad con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el amparo rogado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \tMediante \tel libelo genitor formulado y su complementario.
\n2 \tSentencia T-684 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y T-123 de \t2007, M.P. \u00c1lvaro Tafur Galvis.
\n3 \tSentencia T-1086 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. \u201cEl \tdesconocimiento del concepto de plazo razonable por parte del actor \ten sede de tutela, en atenci\u00f3n a los hechos relevantes de \tcada caso, implica a saber: i) que la inactividad del peticionario \tno se encuentre v\u00e1lidamente justificada; ii) que se vulneren \tderechos de terceros o se desnaturalice el amparo solicitado; y iii) \tque se configure un nexo causal suficiente entre los dos requisitos \tanteriores.\u201d (Sentencia T-108 de 2006, M.P. Jaime Ara\u00fajo \tRenter\u00eda).<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC16866-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03805-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jes\u00fas Otavo Santa en frente de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102425","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102425","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102425"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102425\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102425"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102425"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102425"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}