{"id":102431,"date":"2026-07-01T22:49:34","date_gmt":"2026-07-01T22:49:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102431"},"modified":"2026-07-01T22:49:34","modified_gmt":"2026-07-01T22:49:34","slug":"stc16887-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16887-2018\/","title":{"rendered":"STC16887-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16887-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2018-02751-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 27 de noviembre de 2018, que neg\u00f3 la tutela de Magdalena Llanos Ticora frente a los Juzgados Noveno Civil Municipal y D\u00e9cimo Civil del Circuito, ambos de \u00e9sta ciudad, y Banco Davivienda S.A.; fueron citados al tr\u00e1mite las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo hipotecario radicado n\u00ba 2006-00513. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa solicitante, a trav\u00e9s de apoderada, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y vivienda digna, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales acusadas.
\n2.\tRelata que en el a\u00f1o 1994 se subrog\u00f3 en un cr\u00e9dito hipotecario que adquiri\u00f3 Rodrigo Charry Tovar con el Banco Davivienda S.A., que pese a tener conocimiento de tal situaci\u00f3n, no la tuvo en cuenta para \u00abnotificarla los t\u00e9rminos de la reliquidaci\u00f3n presentada\u00bb. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que la citada entidad financiera omiti\u00f3 reestructurar la deuda, lo que era su obligaci\u00f3n legal seg\u00fan lo previsto \u00aben el art\u00edculo 39 de la Ley 546 de 1999\u00bb y conforme los precedentes jurisprudenciales al respecto, aunque segu\u00eda recibiendo los pagos que efectuaba y no tuvo en cuenta que realiz\u00f3 abonos hasta por $8\u2019000.000. <\/p>\n

Sostuvo que el citado banco, promovi\u00f3 contra el inicial titular de la deuda demanda ejecutiva que conoci\u00f3 el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bogot\u00e1, que el 4 de mayo de 2006 libr\u00f3 mandamiento de pago, \u00abaunque correspond\u00eda que se acreditara la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito para admitirla, lo omiti\u00f3\u00bb. <\/p>\n

Resalt\u00f3 que el juzgado, el 6 de julio de 2007 profiri\u00f3 sentencia ordenando continuar con la ejecuci\u00f3n \u00abhaciendo efectiva la cl\u00e1usula aceleratoria y ordenando la venta en p\u00fablica subasta del inmueble que como garant\u00eda soportaba la obligaci\u00f3n\u00bb, pero no la reconoci\u00f3 dentro del proceso ni se pronunci\u00f3 sobre la falta de reestructuraci\u00f3n. <\/p>\n

Manifest\u00f3 que el 13 de mayo de 2009, se opuso a la diligencia de secuestro y solicit\u00f3 \u00abse le reconozca como poseedora y tercera de buena fe y parte en el proceso a efectos de ser o\u00edda, controvertir y contradecir\u00bb, oposici\u00f3n que se resolvi\u00f3 en su favor el 16 de mayo de 2011, decisi\u00f3n que apelada, revoc\u00f3 el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de esta ciudad en providencia de 14 de febrero de 2012, desconociendo su se\u00f1or\u00edo y teni\u00e9ndola como simple tenedora pese a que \u00ablleva m\u00e1s de 19 a\u00f1os de ocupar el inmueble sin reconocer a persona alguna con igual o mejor derecho\u00bb. <\/p>\n

Destac\u00f3 que desde el a\u00f1o 2012 plante\u00f3 en varias oportunidades solicitudes de invalidez de la actuaci\u00f3n; la primera, fue rechazada mediante auto de 31 de mayo de 2013 con fundamento en que no \u00abera parte del proceso y quien estaba obligado como demandado era el deudor Rodrigo Charry Tovar\u00bb; el 2 de julio de 2014, la propuso por no haber sido notificada como \u00absubrogada\u00bb; el 8 de abril de 2015, contra el mandamiento de pago por \u00abindebida notificaci\u00f3n\u00bb, desestimada el 8 de mayo de 2015; las siguientes, el 9 de noviembre de 2015, 5 de mayo de 2017 y el 14 de junio de 2017, todas estas peticiones denegadas. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, pretende \u00ab(i) se deje sin valor ni efecto la sentencia de 6 de julio de 2007 y se ordene la terminaci\u00f3n del proceso por abierta violaci\u00f3n a la ley 546 de 1999 (\u2026) porque el proceso no solo pod\u00eda iniciarse en ausencia de la reestructuraci\u00f3n; (ii) se ordene a los juzgados [accionados] la cancelaci\u00f3n de las anotaciones realizadas de embargo (\u2026) (iii) se ordene a la comisionada Juez Treinta Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1 se abstenga de realizar cualquier diligencia de desalojo (\u2026)\u00bb (fls. 5 a 46, cd.1). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tEl Juez D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, dijo que ejerce como titular de ese despacho desde el 1\u00ba de agosto pasado, pero que verificados los archivos observa que en el asunto \u00abadmiti\u00f3 un recurso de apelaci\u00f3n el 18 de octubre de 2011, resuelto el 15 de febrero de 2012, y el expediente fue devuelto\u00bb (fl. 61, ib\u00eddem). <\/p>\n

2.\tLa Juez Novena Civil Municipal de esta ciudad, relacion\u00f3 lo acontecido en el compulsivo en cuesti\u00f3n, resaltando que en decisi\u00f3n de 27 de septiembre de 2012 \u00abse neg\u00f3 la solicitud de intervenci\u00f3n ad excludendum de la se\u00f1ora Magdalena Llanos Ticora por improcedente, en raz\u00f3n a que dentro del presente asunto ya se emiti\u00f3 sentencia\u00bb; as\u00ed mismo, indic\u00f3 que el 5 de junio de 2017 \u00abaprob\u00f3 en todas sus partes la diligencia de remate llevada a cabo el 3 de mayo de 2017, decretando la cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares, de los grav\u00e1menes que pesan sobre el inmueble rematado, se orden\u00f3 expedir copias aut\u00e9nticas del acta de remate y se orden\u00f3 al secuestre hacer la entrega del bien (\u2026)\u00bb; adujo tambi\u00e9n que con auto de 5 de junio de 2017 \u00abrechaz\u00f3 de plano el incidente de nulidad propuesto por la apoderada de Magdalena Llano Ticora de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 455 del C\u00f3digo General del Proceso, aunado a lo anterior que por los mismos hechos ya se hab\u00eda iniciado tr\u00e1mite incidental, fall\u00e1ndose el mismo a trav\u00e9s de providencia de fecha 11 de mayo de 2015\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, inform\u00f3 que para la diligencia de entrega se comision\u00f3 a los jueces civiles municipales de competencia m\u00faltiple \u00ab(\u2026) despacho comisorio que fue retirado por la parte interesada el 12 de junio de 2018 sin conocer las resultas del mismo, en raz\u00f3n a que no ha regresado\u00bb (fls. 62 a 66, ib.).
\n3.\tEl Banco Davivienda S.A., aclar\u00f3 que el 25 de noviembre de 2013 cedi\u00f3 los derechos litigiosos del proceso y que \u00abel cesionario fue reconocido mediante auto de 14 de febrero de 2014 (\u2026)\u00bb, por lo tanto, aduce carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva para responder por las reclamaciones de la actora (fls. 80 y 81, \u00eddem). <\/p>\n

4.\tEl apoderado de Omar Le\u00f3n Venavides, adjudicatario del inmueble se opuso a la tutela por cuanto la accionante \u00abno prob\u00f3 la calidad de subrogataria y no puede argumentarse una vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales cuando la afectaci\u00f3n no se aleg\u00f3 en la oportunidad procesal correspondiente\u00bb (fls. 88 a 91, \u00edd.). <\/p>\n

FALLO DEL TRIBUNAL <\/p>\n

Neg\u00f3 la salvaguarda al concluir que las determinaciones que denegaron las nulidades impetradas por la quejosa no son \u00abproducto del capricho o la arbitrariedad (\u2026) como tampoco lo es de una irrazonable aplicaci\u00f3n de las normas que gobiernan esa clase de asuntos (\u2026)\u00bb y resalt\u00f3, \u00ab(\u2026) que lo decidido es el reflejo de los argumentos presentados en las m\u00faltiples solicitudes de nulidad, que a m\u00e1s de ser reiterativos se fundan en la misma circunstancia, los derechos de posesi\u00f3n que dice le asisten sobre el inmueble objeto de garant\u00eda\u00bb. <\/p>\n

Adicionalmente, precis\u00f3 que \u00abla calidad que corresponde a la gestora del amparo para actuar en el proceso ejecutivo al de una opositora en el tr\u00e1mite incidental, impone limitaciones a su intervenci\u00f3n (\u2026) de all\u00ed que no pueda ser atendida la alegaci\u00f3n de la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito (\u2026) en todo caso debi\u00f3 ser invocada por la parte demandada\u00bb.
\nAsimismo, consider\u00f3 que frente a la determinaci\u00f3n que cuestiona del Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito, que al resolver la apelaci\u00f3n formulada en el tr\u00e1mite de incidente de oposici\u00f3n presentado en el diligencia de secuestro, no se cumple el requisito de la inmediatez puesto que dicho proferimiento data del 14 de febrero de 2012 (fl. 143 a 148, cd.1). <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La interpuso la apoderada de la quejosa, reiterando los argumentos del escrito inicial; adem\u00e1s, indic\u00f3 que la Juez Treinta Civil Municipal de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, insiste en llevar a cabo la diligencia de desalojo pese a que los juzgados no se encuentran prestando servicio y no se puede tener acceso al expediente (fls. 157 a 166, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bogot\u00e1, dentro del compulsivo discutido, vulner\u00f3 las prerrogativas alegadas por, (i) no dar por terminado oficiosamente el proceso, ya que proced\u00eda la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito cobrado; (ii) no reconocer a la peticionaria como subrogataria de la deuda; y, (iii) respecto del Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito, por denegar la oposici\u00f3n formulada en la diligencia de secuestro del inmueble hipotecado y descartarla como poseedora mismo. <\/p>\n

2.\tLa falta de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n

Precisados los puntos de debate, conviene antes se\u00f1alar que, frente a las decisiones proferidas dentro de un litigio, exclusivamente pueden movilizar esta salvaguarda quienes en \u00e9l tengan intereses involucrados, ya sea por ser parte o al menos terceros debidamente reconocidos, \u00abestos \u00faltimos limitados a los temas en que intervienen\u00bb (STC10311-2015, 6 ago., 2015, rad00141-01). <\/p>\n

En efecto, la Sala ha indicado que \u00ab[n]o es dable a quien no integra ninguno de los extremos en un determinado pleito, impetrar la acci\u00f3n de tutela para obtener la revocatoria, modificaci\u00f3n o suspensi\u00f3n de las decisiones adoptadas por el juzgador\u00bb (CSJ, STC5548, 7 may.2014), y en otra oportunidad expres\u00f3 que: <\/p>\n

\u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9l tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal\u00bb (CSJ STC9309-2014; CSJ STC9724-2014; CSJ STC-10770-2014; CSJ STC-10491-2014; STC2987-2016). <\/p>\n

\u00ab(\u2026) al ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u00bb (CSJ STC, 26 nov. 2010, Rad. 01168-01; reiterada STC2987-2016). <\/p>\n

Quiere esto decir, que a la recurrente no le asiste legitimaci\u00f3n para solicitar por esta senda excepcional la terminaci\u00f3n del coercitivo por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, ya que no comporta la condici\u00f3n de \u00abparte\u00bb en dicho juicio pues no fue considerada en aqu\u00e9l en las calidades que alega tener, esto es, por un lado, como subrogataria de la deuda, y por el otro, poseedora del inmueble objeto de gravamen. <\/p>\n

En el primer caso, seg\u00fan lo verificado en la actuaci\u00f3n, la tutelante no acredit\u00f3 que la obligaci\u00f3n haya sido subrogada, al margen de que allega a esta actuaci\u00f3n un contrato de promesa de compraventa, donde se plasma lo aducido, tal situaci\u00f3n no la consolid\u00f3 en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 39, par\u00e1grafo 2\u00b0, de la ley 546 de 1999, ante la entidad bancaria ni ante el despacho judicial. Y en el segundo aspecto, qued\u00f3 claro que tras oponerse al secuestro del inmueble no fue reconocida como poseedora del mismo, solo como tenedora, luego, en consonancia con el a quo, conforme al art\u00edculo 69 del C\u00f3digo General del Proceso, su intervenci\u00f3n se halla limitada al tr\u00e1mite incidental que propuso, no encontr\u00e1ndose facultada, se itera, para cuestionar la supuesta falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n

3.\tEl requisito de la inmediatez. <\/p>\n

Esta Sala ha sostenido que se desconoce el principio de la inmediatez, vista como la urgencia de la protecci\u00f3n, cuando desde la providencia a la que se le atribuye el perjuicio hasta cuando se implora el auxilio, se supera el t\u00e9rmino prudencial para acudir a dicho remedio, frente al cual ha dicho que: <\/p>\n

\u00absi bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ. STC 2 de agosto de 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada STC4650-2016, 15 abr. 2016, rad. 00857-00 y STC12287-2016, 1\u00ba sep. 2016, rad. 00537-01, entre otras). <\/p>\n

En este asunto, discute la accionante el prove\u00eddo del Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, que al resolver la apelaci\u00f3n del auto que declar\u00f3 pr\u00f3spera la oposici\u00f3n formulada en la diligencia de secuestro, la revoc\u00f3 al advertir que la interesada no reun\u00eda los requisitos que la avalaran como poseedora del inmueble, determinaci\u00f3n que data del 14 de febrero de 2012, mientras que la interposici\u00f3n de este amparo acaeci\u00f3 el pasado 14 de noviembre. <\/p>\n

Lo anterior da cuenta de que es evidente la desatenci\u00f3n de este presupuesto, comoquiera que si la tutelante consideraba que esa decisi\u00f3n vulneraba sus prerrogativas o constitu\u00eda una v\u00eda de hecho y ya hab\u00eda agotado los medios ordinarios al interior del proceso respecto a ese prove\u00eddo, al mantenerse la afectaci\u00f3n, debi\u00f3 acudir al remedio excepcional que brinda el resguardo de manera tempestiva, pero no lo hizo. <\/p>\n

Ahora, si bien la tutelante invoc\u00f3 posteriormente y de manera reiterada peticiones de ilegalidad, ello no altera el an\u00e1lisis sobre la \u00abinmediatez\u00bb, ya que, tal como lo indic\u00f3 la juez accionada, en dichos asuntos trat\u00f3 de volver sobre puntos ya definidos. <\/p>\n

En casos similares donde se pretendi\u00f3 desvirtuar el principio enunciado insistiendo con solicitudes que redundaban finalmente en el mismo prop\u00f3sito y tema ya decantado, esta Corporaci\u00f3n expuso \u00aba diferencia de lo manifestado en el escrito de impugnaci\u00f3n, la solicitud resuelta\u2026retom\u00f3 la situaci\u00f3n definida en pret\u00e9rita oportunidad \u2026que se encuentra en firme, sin que el haber reiterado sobre el tema, aunque con distinta argumentaci\u00f3n, tenga la virtud de desconfigurar el principio\u00bb (CSJ, STC 27 de mayo de 2011, exp, 00096-01, reiterada en STC11067 de 21 de agosto de 2015). <\/p>\n

4.\tConsideraci\u00f3n final. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con lo afirmado por la querellante referente a que la \u00abdiligencia de desalojo\u00bb se ha intentado por el juez comisionado en m\u00e1s de una oportunidad pese a que los despachos judiciales se hallan en cese de actividades, insinuando que dicha actuaci\u00f3n tendr\u00eda que suspenderse hasta tanto tal situaci\u00f3n no se supere, es de anotar que, si lo que pretende impedirse es la entrega del bien rematado y adjudicado, no es posible por esta v\u00eda ya que esa es la consecuencia natural de la decisi\u00f3n adoptada en el proceso censurado luego de agotadas las etapas pertinentes, por ende, esa diligencia no puede considerarse conculcadora de derechos fundamentales. <\/p>\n

En ese sentido, ha sostenido esta Corte que la acci\u00f3n de tutela, \u00ab(\u2026) no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2009, rad. 01496-01; reiterada en STC, 6 feb. 2013, rad. 2012-01950-01). <\/p>\n

Por los mismos motivos, es evidente que el amparo tampoco se abre paso como mecanismo transitorio, pues como ya lo ha dicho la Sala: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) tampoco es posible acceder al resguardo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, como quiera que seg\u00fan ha advertido esta Corte, \u2018en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia de entrega no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019 (sentencia de tutela de 29 de noviembre de 2006, Exp. No. 8001-2213-000-2006-00079-01)\u00bb. (CSJ STC, 13 may. 2011, rad. 00119-01). <\/p>\n

5.\tConclusiones. <\/p>\n

Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la negativa del amparo porque: <\/p>\n

5.1.\tMagdalena Llanos Ticora, carece de legitimaci\u00f3n en la causa para reclamar la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito dentro del compulsivo en cuesti\u00f3n, dado que no es la ejecutada y no demostr\u00f3 la subrogaci\u00f3n de la deuda. <\/p>\n

5.2.\tLa actora tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple claramente el requisito de la inmediatez respecto del prove\u00eddo que deneg\u00f3 la oposici\u00f3n al secuestro, as\u00ed mismo, no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y al a-quo por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

(Hoja de firmas correspondiente al fallo de tutela de radicado n\u00b0 11001-22-03-000-2018-02751-01)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16887-2018 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2018-02751-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102431","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102431","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102431"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102431\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102431"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102431"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102431"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}