{"id":102432,"date":"2026-07-01T22:49:44","date_gmt":"2026-07-01T22:49:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102432"},"modified":"2026-07-01T22:49:44","modified_gmt":"2026-07-01T22:49:44","slug":"stc16889-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16889-2018\/","title":{"rendered":"STC16889-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC16889-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2018-00329-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 29 de noviembre de 2018, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por David Lara Pineda, en su calidad de Veedor Ciudadano, contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1, el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi y la Agencia Nacional de Tierras \u2013 ANT, tr\u00e1mite al cual fueron citadas las partes e intervinientes en el reivindicatorio n\u00ba 2013-00337. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Actuando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerado por las autoridades convocadas al adelantar el pleito antes referido pese a las \u00abirregularidades\u00bb que se han denunciado y que afectan a los poseedores del predio objeto de reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n

2. El tribunal a-quo resumi\u00f3 los hechos, as\u00ed: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) obrando en su condici\u00f3n de veedor ciudadano y atendiendo la petici\u00f3n que le hicieron los moradores del predio 'La Esperanza', quienes tienen su posesi\u00f3n desde 2001, le solicit\u00f3 al juzgado accionado que 'aportara' los documentos que sirvieron de base para la expedici\u00f3n de la matr\u00edcula inmobiliaria 157-58829 que obra dentro del proceso en cuesti\u00f3n, teniendo en cuenta que al adjudicarle ese bien como bald\u00edo en ese mismo a\u00f1o, 2001, a Norberto Casas S\u00e1nchez, quien a su vez lo vendi\u00f3 a Luis Eulogio y Jos\u00e9 Vicente Huertas G\u00f3mez, personas que nunca intentaron recuperarlo de manos de sus moradores, no se clarific\u00f3 si era \u00e9ste realmente bald\u00edo, cual se viene afirmando ante la Agencia Nacional de Tierras por los hermanos Huertas G\u00f3mez, algo necesario si la citada matricula indica todo lo contrario; situaci\u00f3n que impone acceder a la totalidad del proceso, pues de existir una "falsa motivaci\u00f3n" del Incoder, estar\u00edan las bases para impetrar una acci\u00f3n popular. <\/p>\n

As\u00ed, aunque el 14 de septiembre pasado obtuvo de la ANT copia aut\u00e9ntica de las resoluciones de 8 de noviembre de 2001 y 12 de noviembre de 2010 [\u00faltima de las cuales revoc\u00f3 el acto administrativo de adjudicaci\u00f3n], no le entregaron la documentaci\u00f3n completa para ejercer el correspondiente control, excus\u00e1ndose en que \u00e9sta "no aparece", situaci\u00f3n por la que el juzgado accionado debe aportar el expediente contentivo del proceso cuestionado en la tutela, que recae sobre el predio en menci\u00f3n [del que no le han permitido tener acceso], toda vez que nunca, durante los \u00faltimos 17 a\u00f1os, los demandantes han intentado recuperar el bien, am\u00e9n de que a\u00fan cuentan con la posibilidad de instaurar una demanda de reparaci\u00f3n directa por la 'expropiaci\u00f3n' de sus tierras, dado que all\u00ed existe una "ciudadela de inter\u00e9s social" en la que se autoriz\u00f3 el uso de algunas "unidades residenciales".
\nSa\u00fal Pi\u00f1a Pi\u00f1eros, demandado dentro del proceso reivindicatorio, se\u00f1al\u00f3 que desde 2006 es poseedor "de buena fe" del predio 'La Esperanza', raz\u00f3n por la que una de sus propietarias acord\u00f3 transferirles el dominio del 33.33% del bien a 90 personas que en ese momento ejerc\u00edan actos de se\u00f1or\u00edo [entre las que se encuentran ni\u00f1os, adultos mayores, v\u00edctimas del conflicto armado, entre otros sujetos en estado de vulnerabilidad], siendo demandados por alguien que nunca ha entrado al predio, calific\u00e1ndolos de "invasores y tierreros" con fundamento en la adjudicaci\u00f3n realizada por el INCODER por ser 'supuestamente' un terreno bald\u00edo, acto administrativo que fue revocado en 2010, sin que la oficina de instrumentos p\u00fablicos efectuara el correspondiente registro, problem\u00e1tica que no ha sido resuelta por la Agencia Nacional de Tierras, que con su "negligencia" vulnera sus derechos como "propietarios leg\u00edtimos" del bien, alegando que el expediente se encuentra 'perdido', por lo que no se dar\u00e1 tr\u00e1mite a sus pedimentos hasta que \u00e9ste sea reconstruido. <\/p>\n

Adem\u00e1s, la demanda de reivindicaci\u00f3n no deb\u00eda ser tramitada, como quiera que Jes\u00fas Antonio Benjumea Yepes solo era propietario del 50% del predio, situaci\u00f3n que fue puesta en conocimiento del juzgado accionado mediante solicitud de nulidad [dado que en el proceso tampoco se llev\u00f3 a cabo la respectiva inspecci\u00f3n judicial], la que fue rechazada de plano "sin fundamento jur\u00eddico", decisi\u00f3n que recurrieron en apelaci\u00f3n, frente a la cual no se ha efectuado pronunciamiento alguno\u00bb. <\/p>\n

3. Pretende se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1 que \u00absuspenda toda diligencia que pretenda llevar a cabo\u00bb dentro del reivindicatorio de Jes\u00fas Antonio Benjumea Yepes contra Ulpiano Monsalve Cort\u00e9s y otros, \u00abteniendo en cuenta que debe reposar la totalidad del expediente que se encuentra en manos de la Agencia Nacional de Tierras\u00bb, quien deber\u00e1 \u00abindicar el contenido de las notificaciones con la cual pretenden hacer valer sus derechos, toda vez que el acto administrativo del a\u00f1o 2.001 se encuentra en firme\u00bb (fls. 1 a 7, cd. 1).
\nRESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADO <\/p>\n

1. Sa\u00fal Pi\u00f1a, quien dice ser \u00abposeedor de buena fe del predio denominado LA ESPERANZA identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 157-58829\u00bb, refiere que \u00abnos encontramos frente a un da\u00f1o y un peligro inminente en raz\u00f3n a que nos quieren sacar del predio que leg\u00edtimamente compramos\u00bb, pues el demandante adujo \u00abuna supuesta adjudicaci\u00f3n\u00bb de un bien \u00absupuestamente bald\u00edo sin serlo\u00bb, pues corresponde a uno de naturaleza privada que ha sido objeto de posesi\u00f3n por un grupo de personas que lo habitan, sin que haya sido posible inscribir sus t\u00edtulos pues ni las pertinentes autoridades administrativas ni el juzgado han dado soluci\u00f3n (fls. 53 a 57, ib\u00eddem). <\/p>\n

2. La Agencia Nacional de Tierras \u2013 ANT, a trav\u00e9s del Jefe de la Oficina Jur\u00eddica, inform\u00f3 que las actuaciones en relaci\u00f3n al predio La Esperanza, ubicado en la vereda Casa de Lata de Fusagasug\u00e1, parten de la resoluci\u00f3n 1178 expedida por el extinto Incora el 8 de noviembre de 2001, consistente en la adjudicaci\u00f3n a favor de Norberto Casas S\u00e1nchez, y le siguen otras que dan cuenta de nulidad, aclaraci\u00f3n y revocatorias de actos administrativos referidos a dicho inmueble, acotando que se \u00abcontin\u00faa con la b\u00fasqueda de los documentos al interior de la entidad, con el fin de que de ser ubicados le sean remitidos al Despacho para lo respectivo\u00bb (fls. 136 y 137, ib\u00edd.). <\/p>\n

SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

Neg\u00f3 el amparo al considerar que el reclamante no est\u00e1 habilitado para promoverlo y menos para pedir la \u00absuspensi\u00f3n del proceso\u00bb reivindicatorio, pues ello incumbe a los directos afectados en dicho pleito; precis\u00f3 que en lo que al querellante concierne como veedor ciudadano, la queja estar\u00eda dirigida frente al derecho de petici\u00f3n porque \u00abno le han entregado las copias\u00bb requeridas \u00abpara una posible acci\u00f3n de grupo que promover\u00e1\u00bb, pero seg\u00fan lo observado, la Agencia Nacional de Tierras \u00able inform\u00f3 que no est\u00e1 en capacidad de expedirle copia completa del expediente aduciendo como raz\u00f3n para ello su extrav\u00edo\u00bb, por lo que si le asiste inter\u00e9s en obtenerlas, puede adelantar su \u00abreconstrucci\u00f3n\u00bb, y en lo atinente al juzgado, \u00abno se advierte que haya efectuado la correspondiente solicitud\u00bb (fls. 139 a 144, cd. 1) <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La present\u00f3 el gestor del resguardo para se\u00f1alar que pese al \u00abconflicto de inter\u00e9s\u00bb que existe respecto de un bien que no es bald\u00edo, para hacer efectivo el derecho de varias personas que ejercen posesi\u00f3n sobre el mismo, tal reclamo \u00abes procedente por v\u00eda de acci\u00f3n popular\u00bb, y para ello se requieren documentos \u00abque fueron solicitados oportunamente por la veedur\u00eda ciudadana\u00bb, acotando que esa actuaci\u00f3n tambi\u00e9n procede frente a autoridades administrativas (fls. 145 y 146, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si se produjo vulneraci\u00f3n a las prerrogativas invocadas por el demandante, porque: (i) el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1, no ha suspendido el proceso reivindicatorio n\u00ba 2013-00337, pese a que no ha incorporado al expediente la actuaci\u00f3n administrativa que se surti\u00f3 respecto del inmueble objeto de litigio, ni le ha proporcionado la informaci\u00f3n que requiere para asumir, como veedor ciudadano, la defensa judicial de los poseedores del mismo; y, (ii) la Agencia Nacional de Tierras \u2013 ANT, no le ha suministrado la documentaci\u00f3n contentiva de las actuaciones all\u00ed surtidas en relaci\u00f3n con dicho predio, ni ha determinado los efectos jur\u00eddicos de la resoluci\u00f3n mediante la cual se dispuso la nulidad de la adjudicaci\u00f3n realizada a favor del demandante en reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n

2. La legitimaci\u00f3n en la causa en la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n

Frente a este aspecto, se ha reiterado por la Sala que m\u00e1s all\u00e1 de la excepcional naturaleza de la tutela, a la misma no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, tal cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, respecto de lo cual el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n

Sobre el alcance jur\u00eddico de la disposici\u00f3n legal en cita, la jurisprudencia constitucional sostiene que: \u00ab[L]a legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (CC T-878\/07). <\/p>\n

3. Del Derecho de Petici\u00f3n <\/p>\n

En los t\u00e9rminos en que fue concebido en el art\u00edculo 23 Superior, el derecho de petici\u00f3n est\u00e1 ubicado en la categor\u00eda de fundamental, en la medida que se garantiza a toda persona para que se dirija ante las autoridades y, eventualmente, ante los particulares, para obtener una pronta y efectiva respuesta que resuelva el fondo de la cuesti\u00f3n que por ese medio se le plantea. <\/p>\n

Se destaca que la potestad con que cuentan todas las personas para elevar peticiones respetuosas, implica la necesidad de que a \u00e9stas se les brinde respuesta oportuna y de fondo, sin sujeci\u00f3n a su sentido, en tanto: \u00ab[E]l derecho de petici\u00f3n supone para el Estado la obligaci\u00f3n positiva de resolver con prontitud y de manera congruente acerca de la solicitud elevada, lo que no implica que ese pronunciamiento tenga que ser favorable, pues como bien se sabe la garant\u00eda constitucional mencionada tiende a asegurar respuestas oportunas y apropiadas en relaci\u00f3n con aquello que de las autoridades se pide, no a obtener de estas \u00faltimas una resoluci\u00f3n que indefectiblemente acceda a las pretensiones del solicitante\u00bb (CSJ STC, 10 dic. 2012, rad. 00120-01, reiterada entre otras en STC17108-2017, 19 oct. 2017, rad. 02250-01). <\/p>\n

En cuanto al derecho de petici\u00f3n dirigido en torno a una actuaci\u00f3n jurisdiccional, la jurisprudencia de esta Sala, a tono con la constitucional y especialmente la expresada a partir de la sentencia T-290 de 1993, ha sostenido que, en principio, el derecho de petici\u00f3n no puede emplearse para que un juez realice o deje de hacer determinada actuaci\u00f3n enmarcada dentro de su actividad jurisdiccional, comoquiera que las solicitudes encauzadas a impulsar el litigio y resolver el asunto bajo su conocimiento, deben obedecer a las oportunidades y formas previamente establecidas por el legislador en el ordenamiento procedimental, pues la tutela: <\/p>\n

\u00abno procede para proteger el derecho de petici\u00f3n cuando invoc\u00e1ndolo se formulan solicitudes para ser resueltas dentro de los procesos judiciales, teniendo en cuenta que la iniciaci\u00f3n, impulso y definici\u00f3n de las controversias sometidas a composici\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n se rigen por principios, reglas y normas determinadas previamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, leyes y c\u00f3digos, seg\u00fan la jurisdicci\u00f3n, especialidad y procedimiento a las cuales deba sujetarse el conflicto, los cuales deben ser acatados por el juez y los intervinientes (CSJ STC 22 jun. 2004, rad. 00012-01, reiterada, entre otras en STC6751-2018, 24 may. 2018, rad. 00069-01). <\/p>\n

Del mismo modo se ha dicho que \u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (Sentencias de 20 y 31 de marzo de 2000, expedientes T-4822 y T-4867, respectivamente)\u201d\u00bb (sentencia de 3 de octubre de 2012, rad. 01784-01, reiterada en STC17108-2017, 19 oct. 2017, rad. 02250-01, entre otras). <\/p>\n

4. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

De la revisi\u00f3n que la Sala efect\u00faa a la queja constitucional y con observancia en la informaci\u00f3n allegada al expediente, se establece que el fallo de primer grado habr\u00e1 de ser ratificado, porque el solicitante: (i) carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa para cuestionar lo actuado en un proceso judicial, en la medida en que no funge como parte o tercero interesado reconocido dentro del mismo; y, (ii) no acredit\u00f3 haber formulado las peticiones cuya respuesta echa de menos para invocar la salvaguarda a ese derecho fundamental. <\/p>\n

4.1. En cuanto al primer tema, basta se\u00f1alar que en trat\u00e1ndose de un juicio que encierra un conflicto patrimonial entre particulares, habida cuenta el derecho real de dominio inscrito de una de las partes, mientras la otra antepone las prerrogativas derivadas de la posesi\u00f3n, cuestion\u00e1ndose la validez e idoneidad de los t\u00edtulos que dieron lugar a que se habilitara el rol del demandante en reivindicaci\u00f3n, son los all\u00ed interesados quienes est\u00e1n legitimados en la causa para propender por la cr\u00edtica a las providencias judiciales, sin perjuicio de los terceros que puedan verse afectados con lo que all\u00ed se decida. <\/p>\n

De ah\u00ed que al se\u00f1or Lara Pineda, en su condici\u00f3n de veedor ciudadano, no le es dable, asumir las veces de alguno de los contendientes en el pleito, como tampoco de los posibles afectados con la diligencia de la eventual entrega que llegue a practicarse como consecuencia de las resultas del proceso, a menos que lo haga como apoderado judicial o como agente oficioso, sin embargo, ninguna de tales calidades fue siquiera invocada en esta oportunidad. <\/p>\n

Como se esboz\u00f3 en precedencia, para que la tutela pueda abrirse paso es menester la demostraci\u00f3n de la legitimaci\u00f3n en la causa como supuesto b\u00e1sico del acto procesal, y mientras ello no ocurra, la salvaguarda deprecada para cuestionar las actuaciones u omisiones del juez que conoce de una causa ajena, se torna improcedente. <\/p>\n

Sobre el particular la Corte Constitucional, reiterando lo dicho en pronunciamientos anteriores, en la sentencia de unificaci\u00f3n SU-173\/15, dijo que con observancia en el canon 86 de la Carta Pol\u00edtica: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) un primer requisito de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela es la exigencia de que quien solicite el amparo, se encuentre \u201clegitimado en la causa\u201d para presentar la solicitud de protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales. La legitimaci\u00f3n \u201cpor activa\u201d exige que el derecho cuya protecci\u00f3n se invoca, sea un derecho fundamental radicado en cabeza del demandante y no, en principio, de otra persona\u00bb. <\/p>\n

La relevancia constitucional de la legitimaci\u00f3n por activa, no puede considerarse una exigencia nimia sino por el contrario necesaria en la protecci\u00f3n y garant\u00eda adecuada de los derechos fundamentales en t\u00e9rminos de la sentencia T-899 de 2001, al indicarse que obedece al verdadero significado que la Constituci\u00f3n de 1991 le ha dado al reconocimiento de la dignidad humana, en el sentido de que, no obstante las buenas intenciones de terceros, quien decide si pone en marcha los mecanismos para la defensa de sus propios intereses, es s\u00f3lo la persona capaz para hacerlo\u00bb. <\/p>\n

En ese mismo sentido, esta Sala al resolver la impugnaci\u00f3n a fallo desestimatorio de la tutela implorada por quien, sin ser parte ni tercero dentro del pleito, pretend\u00eda la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega del bien, confirm\u00f3 dicha desestimaci\u00f3n precisando que \u00abuno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela tiene que ver con la titularidad para su ejercicio, legitimaci\u00f3n que corresponde a la persona cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados, por lo que ser\u00e1 ella quien podr\u00e1 solicitar el amparo de manera directa o a trav\u00e9s de representante\u00bb (CSJ STC 30 abr. 2008, rad. 00325-01). <\/p>\n

En tales condiciones, se proh\u00edja la motivaci\u00f3n y resultado adverso a lo pretendido por el querellante, al que llegara el fallador de primera instancia, pues m\u00e1s all\u00e1 de que tenga inter\u00e9s en contribuir al esclarecimiento de la situaci\u00f3n en que se hallan los ocupantes del inmueble, y que las autoridades judiciales resuelvan las eventuales irregularidades que existen sobre titulaci\u00f3n del predio, en primer lugar debe estar legitimado para actuar y en segundo, emplear las acciones pertinentes para dicho prop\u00f3sito. <\/p>\n

4.2. En cuanto al derecho de petici\u00f3n, bajo las premisas que en el respectivo ac\u00e1pite se expresaron, encuentra la Sala que la protecci\u00f3n as\u00ed deprecada est\u00e1 destinado al fracaso, en la medida en que no acredit\u00f3 haber presentado solicitud alguna a las entidades convocadas, sino que \u00e9stas fueron formuladas directamente por algunos de los afectados, de lo cual dan cuenta las respuestas dadas en octubre de 2017 y mayo de 2018 a Sa\u00fal Pi\u00f1a, Jos\u00e9 Ramiro Gamboa y Jose Alfredo D\u00edaz (fls. 29 a 32, 51 y 52, ib\u00edd.). <\/p>\n

Entonces, al no haber desplegado actividad probatoria tendiente a demostrar que remiti\u00f3 o radic\u00f3 petici\u00f3n ante las autoridades judiciales y administrativas convocadas, el auxilio a ese derecho tampoco tiene asidero, no siendo factible requerirlas para que emitan respuesta en sede de tutela. <\/p>\n

Al respecto, en casos de similares contornos jur\u00eddicos la Corte ha dicho que\u00ab no se discute que la prerrogativa consagrada en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica es fundamental e implica la facultad de obtener respuesta pronta en condiciones id\u00f3neas por parte del destinatario de la reclamaci\u00f3n, empero, (\u2026) no demostr\u00f3 haber dirigido ninguna solicitud a los Ministerios vinculados (\u2026) la jurisprudencia ha manifestado que es preciso demostrar que la instituci\u00f3n accionada efectivamente recibi\u00f3 la solicitud del actor y su contenido, pues es claro que si no lleg\u00f3 a su conocimiento no pudo ser constre\u00f1ida para responderla y, por consiguiente, no tuvo siquiera la posibilidad de quebrantar o amenazar las garant\u00edas superiores invocadas\u00bb (CSJ STC, 16 mar. 2012, rad. 00003-01, reiterada en STC2936-2014 y STC21552-2017, 15 dic. 2017, rad. 00343-01). <\/p>\n

Conforme a lo antedicho, al no haberse establecido la efectiva formulaci\u00f3n de la reclamaci\u00f3n, no cabe reprochar la falta de contestaci\u00f3n, por lo cual deviene improcedente pretender que se conceda el resguardo deprecado por evidente ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n

5.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

En consecuencia, con lo antes precisado se impone respaldar la resoluci\u00f3n desestimatoria de primer grado, habida cuenta la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa respecto de la pretensi\u00f3n para que se suspenda el proceso judicial, y la no demostraci\u00f3n de los supuestos necesarios para definir lo atinente al derecho de petici\u00f3n dirigido contra las accionadas, seg\u00fan lo que acaba de verse. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, con las precisiones dadas en esta instancia. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

(Hoja de firmas corresponde al fallo n\u00ba n\u00b0 25000-22-13-000-2018-00329-01)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16889-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2018-00329-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102432","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102432","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102432"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102432\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102432"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102432"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102432"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}