{"id":102434,"date":"2026-07-01T22:50:02","date_gmt":"2026-07-01T22:50:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102434"},"modified":"2026-07-01T22:50:02","modified_gmt":"2026-07-01T22:50:02","slug":"stc16893-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16893-2018\/","title":{"rendered":"STC16893-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC16893-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2018-00496-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 16 de noviembre de 2018, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la sociedad Julia Buitrago Inversiones & C\u00eda S. en C., – en Liquidaci\u00f3n \u2013 contra el Juzgado Doce Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fue vinculado el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la capital del Atl\u00e1ntico, as\u00ed como las partes e intervinientes en la ejecuci\u00f3n n\u00ba 2017-00369. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa sociedad demandante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00abrecta administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n

2.\tSe extrae del escrito inicial y los anexos, que la accionante constituy\u00f3 hipoteca abierta sin l\u00edmite de cuant\u00eda, en escritura p\u00fablica n\u00ba 305 de 15 de febrero de 2011 de la Notar\u00eda 16 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, a favor de Sain Aguirre, respecto al inmueble con matr\u00edculas inmobiliarias n\u00ba \u00ab040-391474; 040-391510 y 040-391511 ubicados en la calle 99\u00aa n\u00ba 52-160, apartamento 2102 y parqueaderos n\u00ba 6S1 y S1, Urbanizaci\u00f3n Balcones del Parque\u00bb de Barranquilla. <\/p>\n

Posteriormente, el mencionado acreedor y Julia Elena Buitrago de Mu\u00f1oz, suscribieron contrato de transacci\u00f3n, donde \u00e9sta \u00faltima se oblig\u00f3, como persona natural, a garantizar \u00abel pago de las obligaciones que contrajera Pablo Eduardo Castro L\u00f3pez\u00bb. <\/p>\n

Luego, Sain Aguirre promovi\u00f3 proceso ejecutivo con garant\u00eda real contra la citada sociedad y su representante legal. El Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla avoc\u00f3 el asunto y libr\u00f3 mandamiento de pago (auto de 17 de noviembre de 2017) contra los demandados \u00absin tener en cuenta que el contrato de transacci\u00f3n se suscribi\u00f3 por la se\u00f1ora Julia Elena Buitrago de Mu\u00f1oz como persona natural y no como representante legal de la sociedad Julia Buitrago Inversiones & C\u00eda S. en C\u00bb. <\/p>\n

Aleg\u00f3 la promotora del auxilio que en el referido contrato la obligaci\u00f3n que all\u00ed se plasma \u00abno est\u00e1 justificada en la hipoteca (\u2026) no existe ninguna referencia en el clausulado de la hipoteca que refiera al se\u00f1or Pablo Eduardo Castro L\u00f3pez o a que la sociedad Julia Buitrago Inversiones deba subrogarse en la deuda con el se\u00f1or Sain Aguirre (\u2026) a la fecha, no ha iniciado en contra de la sociedad ning\u00fan proceso jur\u00eddico o judicial en virtud de la hipoteca constituida a su favor\u00bb <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que el juez accionado \u00abconfundi\u00f3 las dos dimensiones de la se\u00f1ora Buitrago como representante legal de la sociedad (\u2026) y la de ella como persona natural\u00bb. <\/p>\n

Igualmente dijo que, de \u00ab(\u2026) la sociedad Julia Buitrago Inversiones & C\u00eda S. en C., (\u2026) no se puede ni siquiera inferir que ten\u00eda que fungir como parte pasiva [y] por cuenta de una errada determinaci\u00f3n [se pone] en grave riesgo el patrimonio de la sociedad, y por lo tanto de los socios que la componen, sin tener jur\u00eddicamente nada que ver con las obligaciones que a t\u00edtulo personal reali[z\u00f3] Julia Elena Buitrago de Mu\u00f1oz\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que, \u00abes evidente que para el juez no existe claridad en el t\u00edtulo presentado (\u2026) por lo tanto su decisi\u00f3n evidencia que no es clara (\u2026) debi\u00f3 rechazar la demanda, para que la parte demandante realizara las claridades del caso\u00bb. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, pretende que \u00abse revoque parcialmente el mandamiento de pago (\u2026) que en su lugar se declare que la se\u00f1ora Julia Elena Buitrago de Mu\u00f1oz se oblig\u00f3 a t\u00edtulo de persona natural, dentro del contrato de transacci\u00f3n suscrito por ella y se\u00f1or Sain Aguirre, tal como aparece di\u00e1fano en el mencionado contrato (\u2026) que por lo anterior solo se tenga como parte en el proceso a la se\u00f1ora Julia Elena Buitrago de Mu\u00f1oz, en nombre propio y como persona natural (\u2026) se cancelen las medidas cautelares que pesa sobre el inmueble objeto de proceso\u00bb (fls. 20 a 28, cd.1). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n

1.\tEl Juez Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla, inform\u00f3 que en el asunto una vez dictada la providencia que orden\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta de los inmuebles hipotecados, comision\u00f3 al Alcalde Distrital de Barranquilla para llevar a cabo la diligencia de secuestro y \u00abse resolvi\u00f3 agregar al expediente el despacho comisorio diligenciado, abstenerse de impartir tr\u00e1mite al aval\u00fao presentado, e impartir tr\u00e1mite a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aportada(25 de octubre de 2018)\u00bb (fl. 47, ib\u00eddem). <\/p>\n

2.\tEl Juez Doce Civil del Circuito de esa ciudad, manifest\u00f3 que el cuaderno del proceso fue remitido a los juzgados de ejecuci\u00f3n de sentencias desde el 19 de junio de 2018, por lo tanto, \u00abse me hace imposible rendir un informe detallado acerca de los hechos planteados por el accionante\u00bb (fl. 50, ib). <\/p>\n

Concedi\u00f3 la protecci\u00f3n al sostener que la juez acusada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por vulnerar el debido proceso de la compa\u00f1\u00eda querellante al vincularla al juicio coercitivo sin encontrarse obligada en el contrato que funge como t\u00edtulo ejecutivo, en tal sentido precis\u00f3: \u00abpor tanto de dicho documento no se desprende obligaci\u00f3n alguna a cargo de la sociedad en menci\u00f3n, y a pesar de lo anterior, la juez accionada en la providencia de octubre 14 de 2017, no tuvo en cuenta las exigencias del art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que en forma por dem\u00e1s err\u00f3nea, profiri\u00f3 mandamiento de pago e n contra de la sociedad Julia Buitrago & C\u00eda. S. en C., y en forma m\u00e1s grave a\u00fan orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n sin hacer la revisi\u00f3n pertinente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Sostuvo adicionalmente que, \u00aba pesar de no cumplirse con el presupuesto de la subsidiariedad, al no interponerse el recurso de reposici\u00f3n contra la providencia de noviembre 14 de 2017, que profiri\u00f3 mandamiento de pago a favor del se\u00f1or Sain Aguire y contra la sociedad Julia Buitrago Inversiones & C\u00eda S. en C., en nombre propio, as\u00ed como no se hizo uso del mecanismo de presentar excepciones de m\u00e9rito contra dicha orden de pago (\u2026) es evidente que la jueza accionada incurri\u00f3 en un defecto sustancial que habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional (\u2026) al no existir ninguna raz\u00f3n jur\u00eddicamente v\u00e1lida para que se profiera mandamiento de pago en contra de la sociedad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Por lo anterior resolvi\u00f3: \u00ab(\u2026) En consecuencia, se ordena al Juez Doce Civil del Circuito de Barranquilla (\u2026) deje sin efectos todo lo actuado en el proceso a que se contrae la acci\u00f3n, a partir del auto de fecha mayo 5 de 2018, y en su lugar se profiera la decisi\u00f3n que en derecho corresponda (\u2026)\u00bb (fls. 66 a 75 cd.1). <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La interpuso el vinculado, Sain Aguirre, a trav\u00e9s de su mandataria judicial, quien adujo que la tutela no satisface el requisito de la subsidiariedad, porque la querellante \u00abno quiso hacer uso de los recursos que establece la ley\u00bb, y adem\u00e1s, el asunto se encuentra en tr\u00e1mite y \u00ab(\u2026) a\u00fan le quedan medios de defensa dentro del proceso ordinario y es all\u00ed donde se deben dirimir y no por fuera del mismo\u00bb (fls. 89 a 109, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Sala establecer si el Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de la accionante, al librar orden de apremio vincul\u00e1ndola al ejecutivo n\u00ba 2017-00369, pese a que, supuestamente, no se encuentra obligada frente a la deuda que all\u00ed se persigue. <\/p>\n

2. Del requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n

Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no puede ser utilizado a efecto de suplantar los mecanismos de defensa judicial establecidos para tal prop\u00f3sito en el ordenamiento jur\u00eddico, como tampoco para sustituir al juez ni para subsanar las consecuencias derivadas de no haber actuado en la instancia apropiada, lo que hace inadecuada la acci\u00f3n invocada, toda vez que, como lo ha venido sosteniendo esta Corporaci\u00f3n, en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por tanto, nadie puede alegar que careci\u00f3 de dichas posibilidades, si goz\u00f3 de la oportunidad para ejercerla y no lo hizo; por lo dem\u00e1s, es evidente que la tutela no es una acci\u00f3n que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado. <\/p>\n

Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n

\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n

Cabe acotar que para conceder la salvaguarda en las condiciones \u00faltimamente descritas, se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 2011-00194-01, reiterada, entre otras, en STC11415-2017, 3 ago. 2017, rad. 00294-01), aunado a que cuando la actuaci\u00f3n criticada se subordina al ejercicio de otro medio de defensa judicial, esta acci\u00f3n \u00abno podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n

3.\tSoluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

Efectuado el an\u00e1lisis pertinente a los argumentos de la queja constitucional y a las piezas procesales allegadas, se advierte que, contrario a lo sostenido en la sentencia del tribunal a quo, no es viable juzgar la razonabilidad de la actuaci\u00f3n censurada, en tanto, para tal cometido es necesario primero superar el an\u00e1lisis del cumplimiento de los requisitos derivados del presupuesto antedicho, que en el presente caso, para la Corte no puede entenderse allanado, aspecto que emerge como criterio de suficiente entidad para descartar la procedencia del amparo e impone la revocatoria de su concesi\u00f3n por las razones que pasan a explicarse. <\/p>\n

En este evento, el impedimento de procedibilidad en menci\u00f3n surge bajo la modalidad de incuria, porque para intentar que la autoridad judicial convocada reconsiderara su posici\u00f3n acerca de la vinculaci\u00f3n de la sociedad aqu\u00ed accionante, se vislumbran por lo menos los siguientes escenarios que aqu\u00e9lla dej\u00f3 pasar para plantear la presunta irregularidad que aqu\u00ed alega: (i) el recurso de reposici\u00f3n contra el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago; (ii) la contestaci\u00f3n de la demanda proponiendo excepciones de fondo donde pudo alegar falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva; e (iii) interponer incidente de nulidad.. <\/p>\n

Significa lo anterior, que por la compa\u00f1\u00eda querellante hubo desperdicio de las v\u00edas ordinarias que legalmente tuvo a su alcance para lograr el prop\u00f3sito que ahora persigue a trav\u00e9s de esta excepcional v\u00eda, y mal hace quien luego de desatender las oportunidades que el ordenamiento jur\u00eddico le ofrece para remediar sus inconformidades, busca enmendar su desidia fuera del juicio donde las perdi\u00f3, pues se itera, la presente acci\u00f3n no est\u00e1 prevista para rectificar fallas de gesti\u00f3n procedimental ni para revivir recursos fenecidos o precluidos. <\/p>\n

Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n

\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (STC9485-2014; STC10792-2014; STC10786-2014; STC11394-2015; entre otras). <\/p>\n

\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014). <\/p>\n

De modo que, si la empresa interesada prescindi\u00f3 de hacer uso de los mecanismos de defensa legalmente previstos, cuya idoneidad no puede ponerse en entredicho, deviene inadmisible que por este residual tr\u00e1mite constitucional se provea el an\u00e1lisis y posible soluci\u00f3n a una cuesti\u00f3n que corresponde al juez competente a trav\u00e9s de los medios que se dejaron de formular. <\/p>\n

4.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

Conforme a lo anteriormente explicado, se revocar\u00e1 el fallo estimatorio de primer grado, por cuanto la actuaci\u00f3n criticada no supera el presupuesto de la subsidiariedad en raz\u00f3n a la incuria en que incurri\u00f3 la sociedad querellante, sin que para tal proceder se avizore una v\u00e1lida justificaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, REVOCA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

En su lugar, conforme a los razonamientos que anteceden, se NIEGA la tutela impetrada por la sociedad Julia Buitrago Inversiones & C\u00eda S. en C., y por tanto se deja sin efecto la actuaci\u00f3n que se hubiera desplegado en cumplimiento de la sentencia de primera instancia. <\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

(Hoja de firmas correspondiente al fallo de tutela de radicado n\u00b0 08001-22-13-000-2018-00496-01)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16893-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2018-00496-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102434","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102434","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102434"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102434\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102434"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102434"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102434"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}