{"id":102436,"date":"2026-07-01T22:50:22","date_gmt":"2026-07-01T22:50:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102436"},"modified":"2026-07-01T22:50:22","modified_gmt":"2026-07-01T22:50:22","slug":"stc16908-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16908-2018\/","title":{"rendered":"STC16908-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC16908-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-00-2018-00298-011
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Gesti\u00f3n S.A.S. y el Centro de Investigaciones Oncol\u00f3gicas del Caribe Cl\u00ednica de la Mujer S.A.S., contra el Tribunal de Arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio de Cartagena, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a todos los intervinientes del proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

En los libelos que diera origen a las presentes acciones acumuladas, las sociedades accionantes, solicitaron el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado por el Tribunal Arbitral porque: (i) al proferir el laudo se extralimit\u00f3 en sus funciones, pues las conden\u00f3 a pagar sumas de dinero a favor de las demandas, las que no fueron pedidas por \u00e9stas que se limitaron a presentar excepciones y no demanda de reconvenci\u00f3n, dineros por los que le iniciaron un ejecutivo; y (ii) adem\u00e1s incurri\u00f3 en indebida valoraci\u00f3n probatoria y un defecto sustantivo, pues la concedi\u00f3 intereses moratorios y remuneratorios en un mismo periodo. <\/p>\n

Pretende, en consecuencia, en la primera tutela, se disponga como mecanismo transitorio la suspensi\u00f3n de los efectos del laudo arbitral y la acci\u00f3n de cobro iniciada por \u00e9ste, mientras se resuelve la anulaci\u00f3n; y en la segunda, se dejen sin efectos, determinaci\u00f3n y las decisiones que de ella dependan. [Folios 2, c.3 y folio 42, c.1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El 1\u00ba de noviembre de 2014, las accionantes celebraron con Lilia Mar\u00eda Ambrad Ghisays y Jos\u00e9 Alberto Soto, un contrato de compraventa de acciones de la sociedad \u00abCentro Radio Oncol\u00f3gico del Caribe S.A.S y su establecimiento de comercio\u00bb, cuyo precio se pact\u00f3 en 12.000\u2019000.000, de los cuales $2.000\u2019000.000, ser\u00edan destinados a la constituci\u00f3n de un encargo fiduciario, dentro de los seis meses posteriores a la suscripci\u00f3n del convenio, as\u00ed: (i) mil millones deb\u00edan permanecer en dicha figura por un a\u00f1o y (ii) los otros mil por dos a\u00f1os, ambos para asegurar el pago de posibles contingencias que surjan por hechos que ocurrieron anteriores a la firma del contrato y una vez vencido el t\u00e9rmino del fideicomiso, sin que se hubiesen presentado reclamaciones los dineros ser\u00edan entregados en su totalidad a los vendedores. <\/p>\n

2. El 4 de mayo de 2015, se suscribi\u00f3 un otros\u00ed, en el que las partes pactaron que los compradores depositar\u00edan los $2.000\u2019000.000, en dos cuentas ahorros rentapremium del Banco Colpatria Cartagena, as\u00ed como se estableci\u00f3 que dicha suma era garant\u00eda por las contingencias antes referidas, pero para generar cualquier pago se requer\u00eda el visto bueno de ambos extremos de la negociaci\u00f3n, sumas que se podr\u00edan retirar si no exist\u00edan eventualidades, seis meses despu\u00e9s respecto de los primeros mil millones y dieciocho meses, en relaci\u00f3n a los restantes. <\/p>\n

3. Sin embargo, los accionantes no hicieron el deposit\u00f3, porque los enajenantes ten\u00edan control sobre las mismas y lo razonable era que la entrega de tales sumas, se produjera luego del pago de todas las acreencias garantizadas, por lo que retuvieron los $2.000\u2019000.000 y resolvieron cancelar la suma de $9\u2019304.280 mensual como rendimiento a sus vendedores, valores que dejaron de cancelar en el mes de enero de 2017. <\/p>\n

4. En virtud de lo anterior, los vendedores llenaron un pagar\u00e9 entregado en blanco por las adquirentes, e iniciaron proceso ejecutivo por la suma antes citada, m\u00e1s la cl\u00e1usula penal y honorarios de abogados, para un total de $4.000\u2019000.000. <\/p>\n

5. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito, que profiri\u00f3 sentencia, en la que dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n, \u00fanicamente por los $2.000\u2019000.000, neg\u00f3 la penalidad y dem\u00e1s. Decisi\u00f3n que est\u00e1 pendiente de resolverse apelaci\u00f3n. <\/p>\n

6. El 16 de mayo de 2017, las compradoras, ac\u00e1 accionantes, convocaron a arbitraje a sus enajenantes a fin de que se declarara que \u00e9stos incumplieron el contrato por cuanto no cancelaron todas las contingencias surgidas por hechos anteriores a la celebraci\u00f3n del negocio y en consecuencia, se dispusiera que ellas no estaban en la obligaci\u00f3n de consignar los $2.000\u2019000.000, pues los utilizaron para cancelar tales eventualidades, por el contrario, se condenara a la pasiva a reembolsarles $2.397\u2019059.776, por gastos efectuados y sumas dejadas de percibir en virtud de la insuficiencia de la garant\u00eda, m\u00e1s los intereses moratorios que se causaran. <\/p>\n

7. Notificados los convocados, se opusieron a la totalidad de las pretensiones a trav\u00e9s de las excepciones de \u00absustracci\u00f3n al cumplimiento de las obligaciones contractuales\u00bb, \u00abincumplimiento de la obligaci\u00f3n de pago de $2.000\u2019000.000\u00bb, \u00abincumplimiento de la obligaci\u00f3n de pago de $60\u2019000.000 mensuales\u00bb \u00abincumplimiento de obligaciones de liberar garant\u00edas\u00bb, e \u00abincumplimiento a la obligaci\u00f3n contenida en el par\u00e1grafo segundo del otros\u00ed\u00bb, todas fundadas en que las convocantes nunca consignaron los dineros de garant\u00edas y el valor de los intereses pactados, menos a\u00fan liberaron las sumas culminado el t\u00e9rmino acordado. Sumado a que hab\u00edan realizado unos presuntos pagos de contingencias sin su aprobaci\u00f3n y sin verificar si exist\u00eda obligaci\u00f3n. <\/p>\n

8. En laudo de 26 de julio de 2018, el Tribunal declar\u00f3 probadas las excepciones y neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, as\u00ed como conden\u00f3 a las convocantes a depositar a las demandas la suma de $2.000\u2019000.000, junto con los intereses a la tasa del 0,465%, m\u00e1s $60\u2019000.000 mensuales causados desde el mes de mayo de 2015 y hasta que se verificara el pago total de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n

Dicha determinaci\u00f3n se sustent\u00f3, en que las accionantes no cumplieron a cabalidad su obligaci\u00f3n de consignar los $2.000\u2019000.000 de garant\u00eda y liberar dicha suma vencido el plazo establecido por las partes, as\u00ed como no dieron continuidad a los pagos de $60\u2019000.000 correspondientes a los intereses. Adem\u00e1s que para descontar las contingencias de la mencionada suma no solicitaron el consentimiento de las vendedoras, por lo que no estaban autorizadas para deducirlas y menos cancelar otras sumas sin presentarlas a la pasiva. <\/p>\n

9. Inconforme las convocantes, interpusieron el recurso extraordinario de anulaci\u00f3n, en virtud de la causal 9\u00ba del art\u00edculo 41 de la Ley 1563 de 2012, esto es \u00abhaber reca\u00eddo el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisi\u00f3n de los \u00e1rbitros, haber concedido m\u00e1s de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas a arbitramento\u00bb, pues orden\u00f3 un pago a favor de las convocadas, que \u00e9stas no hab\u00edan reclamado, como quiera que s\u00f3lo propusieron excepciones y no contrademandaron para que se les reconocieran pretensiones o valores, en especial, cuando por dicho valores tal extremo hab\u00eda iniciado proceso ejecutivo. <\/p>\n

10. Los vendedores iniciaron acci\u00f3n ejecutiva para lograr las sumas ordenadas en el laudo, el que est\u00e1 en tr\u00e1mite. <\/p>\n

11. En criterio de las sociedades peticionarias del amparo, la autoridad arbitral vulner\u00f3 sus derechos invocados, con la anterior determinaci\u00f3n, pues se extralimit\u00f3 en sus funciones al condenarlas a pagar sumas de dinero a favor de las demandadas, cuando \u00e9stas se limitaron a presentar excepciones y no demanda de reconvenci\u00f3n. Dineros por los que les iniciaron proceso ejecutivo. <\/p>\n

Aunado a que su determinaci\u00f3n, incurri\u00f3 en indebida valoraci\u00f3n probatoria, en tanto que no tuvo en cuenta que las partes hab\u00edan modificado el contrato en relaci\u00f3n a la disposici\u00f3n de la consignaci\u00f3n del dinero y acordado que se pagar\u00edan s\u00f3lo los intereses, como varios medios de convicci\u00f3n daban cuenta; as\u00ed como cometi\u00f3 un defecto sustantivo, pues concedi\u00f3 el pago de intereses moratorios y remuneratorios en un mismo periodo. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. Por auto de 19 de octubre de 2018, fue admitida la acci\u00f3n de tutela y se dispuso correr traslado a todos los involucrados, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 3, c.1] <\/p>\n

2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena, indic\u00f3 que ante dicho despacho cursa proceso ejecutivo iniciado por las convocadas contra las tutelantes por el incumplimiento en el pago de la suma de $2.000\u2019000.000, en la que el 10 de agosto de 2018, profiri\u00f3 sentencia que fue apelada por la parte ejecutada, recurso que se encuentra pendiente de resolver y las decisiones emitidas en tal litigio se ajustan a derecho. [Folios 17 y 18, c.3] <\/p>\n

El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la citada ciudad, luego de hacer referencia a que en esa oficina judicial se inici\u00f3 juicio de cobro de las sumas ordenadas en la determinaci\u00f3n emitida por el juez arbitral accionado, en el cual a\u00fan no se hab\u00eda resuelto sobre la viabilidad o no del mandamiento de pago. <\/p>\n

El Tribunal de Arbitramento, pidi\u00f3 que se declarara la improcedencia de la protecci\u00f3n, porque las tutelantes tienen otros mecanismos para discutir la providencia que considera lesiva y tambi\u00e9n puede defenderse en la ejecuci\u00f3n de la misma. As\u00ed como expone que su decisi\u00f3n obedece a una legitima interpretaci\u00f3n de las normas aplicables al caso y una cuidadosa valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n

3. En sentencia de 31 de octubre de 2018, el Tribunal Superior de Cartagena, neg\u00f3 el amparo tras considerar que no se cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad, porque estaba pendiente de resolverse el recurso de anulaci\u00f3n interpuesto contra el laudo arbitral y la suspensi\u00f3n de su ejecuci\u00f3n deb\u00eda solicitarla en dicho tr\u00e1mite. De igual forma, indic\u00f3 que en relaci\u00f3n a los procesos ejecutivos deb\u00eda ejercer la defensa dentro de dichos litigios, adem\u00e1s que en el \u00faltimo ni siquiera se ha librado mandamiento de pago. <\/p>\n

4. Inconformes las accionantes impugnaron la anterior determinaci\u00f3n, con sustent\u00f3 en que si bien est\u00e1 pendiente la anulaci\u00f3n, lo cierto es que \u00e9ste no era un mecanismo eficaz para controvertir la valoraci\u00f3n probatoria o defectos sustantivos, pues por su naturaleza \u00abno permite cuestionar de fondo el laudo arbitral\u00bb. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos. <\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n

2. La solicitud de amparo, en el presente caso, es improcedente, pues no atiende el comentado principio de subsidiariedad, lo anterior, toda vez que la parte actora acudi\u00f3 directamente a la acci\u00f3n de tutela sin aguardar a que la autoridad competente para resolver sobre el recurso de anulaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n que dirimi\u00f3 el conflicto presentado entre las partes, se haya pronunciado de fondo sobre dicho asunto. <\/p>\n

En efecto, tal y como se refiri\u00f3 en el escrito de tutela, la controversia existente entre las partes fue definido mediante el laudo proferido el 26 de julio de 2018, decisi\u00f3n contra la que la tutelantes interpusieron el recurso extraordinario de anulaci\u00f3n, medio de impugnaci\u00f3n que, en la actualidad, est\u00e1 siendo tramitado. <\/p>\n

Sin embargo, la parte actora, sin esperar que dicha censura fuera resuelta, procedi\u00f3 a interponer la acci\u00f3n de tutela, lo que permite vislumbrar un comportamiento presuroso, que desconoce el car\u00e1cter residual de este mecanismo especial. <\/p>\n

Y es que si bien las accionantes afirman que es factible promover de manera simult\u00e1nea ambas herramientas, porque la anulaci\u00f3n, por su naturaleza formal no es id\u00f3nea para la defensa de los derechos fundamentales, al punto que a trav\u00e9s de ella no pueden cuestionarse ciertas irregularidades como la valoraci\u00f3n probatoria y los defectos sustantivos, es lo cierto que la decisi\u00f3n del Tribunal Superior acerca de aquel medio defensivo, una vez emitida, formar\u00e1 una unidad inescindible con el laudo. <\/p>\n

Quiere decir lo anterior, que emitir un pronunciamiento en sede constitucional cuando la autoridad competente para desatar el recurso interpuesto, no lo ha hecho, implica una decisi\u00f3n prematura frente a una eventual anulaci\u00f3n del laudo por cualquiera de las causales consagradas en la normatividad que regula la materia, anticipaci\u00f3n que no le est\u00e1 permitida al Juez de tutela. <\/p>\n

Vale resaltar, que en relaci\u00f3n con el agotamiento de los mecanismos judiciales contra laudos arbitrales, previo a acudir a esta v\u00eda, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n

(\u2026) As\u00ed las cosas, nada congruente ser\u00eda que la justicia constitucional resuelva desfavorablemente la acci\u00f3n de tutela y el Juez ordinario al desatar el recurso extraordinario de anulaci\u00f3n concluya que la causal alegada sale avante por haberse demostrado cualquiera de los razonamientos alegados [o viceversa]. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que una vez se ha resuelto el recurso de anulaci\u00f3n de un laudo arbitral, el laudo adquiere firmeza y puede ser ejecutable como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 43, inciso 5\u00ba de la Ley 1563 de 2012. Por ello, en estricto sentido, la acci\u00f3n de tutela se dirige contra el laudo arbitral y la sentencia de anulaci\u00f3n como unidad inescindible. (\u2026)
\n\u00a0
\nEn caso de que la sentencia de anulaci\u00f3n convalide el laudo arbitral pese a constituir \u00e9ste una v\u00eda de hecho violatoria de los derechos fundamentales, el vicio de inconstitucionalidad se comunica a la sentencia de anulaci\u00f3n. Esto porque la justicia civil habr\u00eda errado gravemente en el control que sobre el laudo hab\u00eda debido realizar, lo cual trae como consecuencia el que derechos fundamentales resulten vulnerados por el laudo en virtud de su exequibilidad declarada por la sentencia de anulaci\u00f3n. <\/p>\n

En dicho evento, la sentencia de anulaci\u00f3n que omiti\u00f3 proteger los derechos constitucionales fundamentales desconocidos, por los \u00e1rbitros o el laudo, es inv\u00e1lida por consecuencia. En esas circunstancias, la acci\u00f3n de tutela debe dirigirse contra ambas decisiones y debe demostrarse que ambas, por razones semejantes o diferentes, constituyen v\u00edas de hecho que vulneran derechos fundamentales.
\n\u00a0
\nPor \u00faltimo, se podr\u00eda presentar la hip\u00f3tesis extrema e inusual en la cual el laudo arbitral sea plenamente conforme con la Constituci\u00f3n, pero la sentencia de anulaci\u00f3n constituya una causal de procedencia del amparo. En este evento, la protecci\u00f3n se dirigir\u00eda exclusivamente contra la providencia que anul\u00f3 el laudo, y no contra el laudo mismo. (CSJ STC, 9 abr. 2015, rad. 2015-00416-01). <\/p>\n

De modo que, esta Sala no puede anticipar una decisi\u00f3n como la que aqu\u00ed se invoca, pues la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar o sustituir los procedimientos legales. <\/p>\n

3. Por otra parte, aun cuando, de manera excepcional la acci\u00f3n de tutela procede incluso ante la existencia de otros medios de defensa judicial, cuando tiene por fin evitar un perjuicio irremediable, el tutelante no demostr\u00f3 un da\u00f1o \u00abgrave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb2, pues lo alegado no cumple con las se\u00f1aladas caracter\u00edsticas, y que la sociedad deba pagar una sanci\u00f3n, no basta por s\u00ed sola para autorizar la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n

4. Las anteriores razones se estiman suficientes para confirmar el fallo proferido en primera instancia. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \tAcumulada la acci\u00f3n 13001-22-13-000-2018-00306-00
\n2 \tSentencias de -01; 18 de octubre de 2012, exp. 2012-00213-01 y 7 de \tmarzo de 2013, exp. 2012-00581-01.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado Ponente STC16908-2018 Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-00-2018-00298-011 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Gesti\u00f3n S.A.S. y el Centro de Investigaciones Oncol\u00f3gicas del Caribe Cl\u00ednica de la Mujer S.A.S., […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102436","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102436","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102436"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102436\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102436"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102436"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102436"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}