{"id":102438,"date":"2026-07-01T22:50:33","date_gmt":"2026-07-01T22:50:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102438"},"modified":"2026-07-01T22:50:33","modified_gmt":"2026-07-01T22:50:33","slug":"stc16915-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16915-2018\/","title":{"rendered":"STC16915-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16915-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02258-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veintitr\u00e9s de octubre de dos mil dieciocho por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Alfonso de Jes\u00fas L\u00f3pez Hern\u00e1ndez contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de descongesti\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n, el Tribunal Superior de Medell\u00edn y el Juzgado Octavo Laboral del Circuito Adjunto de esa ciudad. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, seguridad social, igualdad, favorabilidad, m\u00ednimo vital y debido proceso que considera vulnerados por los accionados por cuanto le dieron un sentido al texto convencional que no le correspond\u00eda, es decir, contrariaron los postulados m\u00ednimos de razonabilidad jur\u00eddica, exigiendo requisitos no contemplados en el acuerdo, circunstancia que conllev\u00f3 a que se desconocieran precedentes jurisprudenciales, que han se\u00f1alado que para la configuraci\u00f3n del derecho a la pensi\u00f3n convencional, no es necesario cumplir la edad en vigencia de la relaci\u00f3n laboral. <\/p>\n

Por tal motivo, pretende que se dejen sin efectos las sentencias proferidas por las autoridades demandadas y en su lugar se profiera una nueva decisi\u00f3n acorde a los precedentes que rigen la materia y se le reconozca la pensi\u00f3n convencional a partir de la fecha que cumpli\u00f3 los 50 a\u00f1os de edad, de conformidad con la cl\u00e1usula 12 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo firmada el 9 de diciembre de 1970. [Folios 15-16, c.1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El accionante llam\u00f3 a juicio al Departamento de Antioquia, con el fin de que fuera condenado a reconocer y pagarle la pensi\u00f3n vitalicia de jubilaci\u00f3n convencional, equivalente al 80% del promedio mensual de los salarios devengados durante el \u00faltimo a\u00f1o de servicios, concepto que se integrar\u00e1 con el salario ordinario, extraordinario, prima de navidad, de vida cara, de vacaciones, vi\u00e1ticos, horas extras, recargos por trabajo nocturno, dominicales, festivos, subsidio familiar y subsidio de transporte, pago que deber\u00e1 efectuarse a partir del 11 de noviembre de 2002, fecha en que cumpli\u00f3 50 a\u00f1os de edad.
\nPrecis\u00f3 que la pensi\u00f3n demandada sustituye la pensi\u00f3n especial que, en forma anticipada y a partir del 17 de febrero de 1997, le concedi\u00f3 la entidad demandada y que a la fecha continuaba disfrutando. <\/p>\n

1.1 Igualmente solicit\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la \u201cprima de marcha\u201d consagrada en la convenci\u00f3n colectiva; los reajustes que se han causado sobre la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n y sus mesadas adicionales para cada a\u00f1o; los beneficios econ\u00f3micos asistenciales que tienen los dem\u00e1s jubilados departamentales, los intereses moratorios o en subsidio la indexaci\u00f3n junto con las costas del proceso. <\/p>\n

2. Como fundamento de sus peticiones, expres\u00f3 que labor\u00f3 para el Departamento de Antioquia, como \u00aboperador de maquinaria\u00bb adscrito al servicio de la Secretar\u00eda de Infraestructura F\u00edsica, desde el 27 de julio de 1976 hasta el 17 de febrero de 1997, fecha de su desvinculaci\u00f3n como trabajador oficial. <\/p>\n

2.1. Que estuvo afiliado al sindicato de trabajadores del ente territorial al cual cotizaba y naci\u00f3 el 11 de noviembre de 1952, por lo que cumpli\u00f3 50 a\u00f1os de edad el mismo d\u00eda y mes del a\u00f1o 2002. <\/p>\n

2.2. Que la convenci\u00f3n colectiva de trabajo suscrita el 9 de diciembre de 1970, de la cual se beneficiaba, consagr\u00f3 el derecho al reconocimiento de la pensi\u00f3n al cumplir 20 a\u00f1os de servicios y 50 de edad, con el 80% del promedio mensual de los salarios devengados en el \u00faltimo a\u00f1o de labores.
\n2.3. Que la entidad territorial en desarrollo de \u00abun plan o propuesta de retiro voluntario\u00bb le concedi\u00f3 una \u00abpensi\u00f3n anticipada de jubilaci\u00f3n\u00bb, la cual le fue concedida a partir del 18 de febrero de 1997 y que para ese entonces, aunque hab\u00eda cumplido los 20 a\u00f1os de servicios exigidos por la cl\u00e1usula convencional en cita, no ten\u00eda la edad necesaria para acceder a la pensi\u00f3n extralegal, la cual la cumpli\u00f3 el 11 de noviembre de 2002, por tanto, a partir de esta fecha tiene derecho a la pensi\u00f3n extralegal por \u00e9l reclamada. <\/p>\n

2.4. Que por tanto se debe entrar a sustituir la anticipada de jubilaci\u00f3n concedida a partir de 1997, no obstante al solicitarle al departamento el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n convencional a la cual tiene derecho, la misma le fue negada mediante resoluci\u00f3n N\u00b0 18187. <\/p>\n

3. La demanda le correspondi\u00f3 al Juzgado Octavo del Circuito de Medell\u00edn, autoridad que la admiti\u00f3 y dispuso correr traslado de la misma a la parte demandada. <\/p>\n

4. Una vez notificado el Departamento de Antioquia, al dar contestaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que eran ciertos los hechos referidos a los extremos de la relaci\u00f3n laboral para el actor, la que finaliz\u00f3 mediante acta de conciliaci\u00f3n celebrada el 17 de febrero de 1997, el cargo por \u00e9l desempe\u00f1ado, la calidad de trabajador oficial, la fecha de nacimiento, la afiliaci\u00f3n al sindicato y el otorgamiento de la pensi\u00f3n anticipada de jubilaci\u00f3n, la cual dijo, conforme qued\u00f3 establecido claramente en la conciliaci\u00f3n, se concedi\u00f3 hasta el momento en que el actor le sea reconocida la pensi\u00f3n legal bien por el departamento o por la entidad de seguridad social correspondiente. <\/p>\n

4.1. De igual modo, refiri\u00f3 que no era cierto el hecho referido a que el demandante tiene derecho a la pensi\u00f3n prevista por la cl\u00e1usula duod\u00e9cima de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo suscrita el 9 de diciembre de 1970, en armon\u00eda con el 7\u00ba del acuerdo convencional suscrito en 1978, en raz\u00f3n a que su desvinculaci\u00f3n se dio antes de cumplir con el requisito de los 50 a\u00f1os de edad exigidos por dicha estipulaci\u00f3n. <\/p>\n

4.2. Se opuso a todas y cada una de las pretensiones formuladas en su contra, reiterando que la pensi\u00f3n por \u00e9l reclamada se convert\u00eda en una simple expectativa, pues si bien es cierto para la fecha en que se retir\u00f3, 17 de febrero de 1997, ten\u00eda m\u00e1s de 20 a\u00f1os de servicios, no contaba con los 50 a\u00f1os de edad exigidos por la norma convencional, lo cual impide aplicar el acuerdo convencional a quien no es trabajador. En su defensa formul\u00f3 las excepciones \u00abde pago, falta de causa para pedir, inexistencia de la obligaci\u00f3n, compensaci\u00f3n, prescripci\u00f3n y la gen\u00e9rica\u00bb. <\/p>\n

5. Agotadas las etapas pertinentes, el 19 de abril de 2010 se imit\u00f3 sentencia en la que se absolvi\u00f3 a la parte demandada de las pretensiones de la demanda. [Folios 22-31,c.1] <\/p>\n

6. En desacuerdo el tutelante interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

7. El 13 de julio de 2011, el Tribunal Superior de esa ciudad confirm\u00f3 el fallo del a quo tras considerar que \u00ablas partes de un lado, no previeron que el demandante pudiera adquirir el derecho la pensi\u00f3n convencional de jubilaci\u00f3n en la forma deprecada en la demanda, pues la cl\u00e1usula 3\u00aa es reiterativa en se\u00f1alar que la pensi\u00f3n all\u00ed reconocida se mira como un anticipo a la futura pensi\u00f3n que de acuerdo con la ley le corresponde asumir bien al Departamento o bien a la entidad de seguridad social que corresponda, repitiendo que ello suceder\u00eda \u201c\u2026de acuerdo con las disposiciones legales existentes para cuando el trabajador cumpla la edad legal de pensi\u00f3n\u201d. <\/p>\n

Luego entonces, la cuesti\u00f3n se resuelve en el mismo acuerdo conciliatorio cuando en la cl\u00e1usula 10\u00aa igualmente transcrita, se dej\u00f3 constancia en el sentido de que con dicho acto se entend\u00edan transadas y conciliadas las diferencias del contrato de trabajo y lo relacionado \u201ccon salarios, prestaciones sociales legales y extralegales\u2026\u201d concepto \u00e9ste \u00faltimo que comprende la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n que como prestaci\u00f3n de car\u00e1cter convencional o extralegal se regula en la entidad demandada\u00bb [Folios 32-48,c.1] <\/p>\n

8. Inconforme el accionante interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n al se\u00f1alar que el ad quem incurri\u00f3 en varios errores al \u00abdar por demostrado, sin estarlo, que la pensi\u00f3n acordada mediante la conciliaci\u00f3n extrajudicial se hizo de acuerdo a la ley en sentido formal; Dar por demostrado, sin estarlo, que en virtud el reconocimiento de la pensi\u00f3n especial mediante la conciliaci\u00f3n extrajudicial, celebrada entre las partes se concili\u00f3 la pensi\u00f3n convencional de jubilaci\u00f3n y No dar por demostrado, est\u00e1ndolo que al actor le asiste el derecho a la pensi\u00f3n convencional de jubilaci\u00f3n conforme a la ley en sentido material\u00bb. <\/p>\n

9. El 1\u00ba de noviembre de 2017 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en descongesti\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n, no cas\u00f3 la sentencia proferida por el Tribunal tras considerar que no incurri\u00f3 en los errores endilgados, como quiera que, la pensi\u00f3n pactada en la convenci\u00f3n es procedente siempre y cuando se cumplan los requisitos de 50 a\u00f1os de edad en vigencia de la relaci\u00f3n laboral, lo que no ocurri\u00f3 en el presente caso, pues qued\u00f3 demostrado en el proceso ordinario laboral, que el actor s\u00f3lo vino a cumplir la edad requerida el 11 de noviembre de 2002, con posterioridad al retiro de la entidad y de la celebraci\u00f3n del acuerdo conciliatorio de 21 de febrero de 2007. [Folios 49-57,c.1] <\/p>\n

10. En criterio del reclamante con las sentencias adoptadas por los accionados se vulneraron los derechos deprecados por cuanto a su juicio dichas decisiones constituyeron una v\u00eda de hecho, pues interpretaron equivocadamente el contenido de los art\u00edculos 3, 10 y 12 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo de 1970 por cuanto all\u00ed no obra la exigencia de ser trabajador activo para el momento de cumplir los 50 a\u00f1os para adquirir el derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, as\u00ed como tampoco nunca concili\u00f3 que deb\u00eda recibir la pensi\u00f3n legal. [Folios 1-17,c.1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El 16 de octubre de 2018 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folios 61-63 c.1] <\/p>\n

2. El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medell\u00edn, realiz\u00f3 una rese\u00f1a de las actuaciones adelantadas al interior del proceso cuestionado y se\u00f1al\u00f3 que no se vulneraron los derechos que le asiste al accionante. [Folio 74,c.1] <\/p>\n

El Magistrado Ponente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de descongesti\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n manifest\u00f3 que la sentencia cuestionada por v\u00eda de tutela, no es arbitraria ni caprichosa, como quiera que es el resultado de la aplicaci\u00f3n de las normas que rigen el caso y jurisprudencia vigente de esa Sala. [Folios 87-88,c.1] <\/p>\n

Por su parte, la Gerente de Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva al no tener responsabilidad en la transgresi\u00f3n de los derechos fundamentales alegados por el actor. [Folios 99-100,c.1] <\/p>\n

3. En sentencia de 23 de octubre de 2018, la Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el amparo tras considerar que no se evidencia en la decisi\u00f3n censurada que la accionada hubiere incurrido en alguna v\u00eda de hecho que habilite la procedencia del amparo, pues se encuentra ajustada a los par\u00e1metros legales y constitucionales que regulan la materia. [Folios 102-118,c.1] <\/p>\n

4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el accionante la impugn\u00f3 tras considerar que no fue acertado el an\u00e1lisis del a quo al no tener en cuenta los precedentes que defini\u00f3 los criterios para conciliar un derecho pensional y se ignoraron sus alegaciones respecto a que la convenci\u00f3n colectiva de 1970 permite que la edad pueda cumplirse con posterioridad al retiro. [Folios 138-139, c.1] <\/p>\n

1. La jurisprudencia de la Corte ha sido invariable al se\u00f1alar que uno de los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es la inmediatez. <\/p>\n

Vista desde la perspectiva de la finalidad del amparo, la inmediatez impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n

Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n

(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01) <\/p>\n

M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 2009-00624-00) <\/p>\n

As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues la acci\u00f3n de tutela no se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros. <\/p>\n

2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la tutela, se concluye que el amparo solicitado resulta improcedente, porque no atiende el postulado que vienen de comentarse. <\/p>\n

Y lo anterior es as\u00ed, de atender que en el presente caso las decisiones que cuestiona el accionante, son aquellas a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medell\u00edn, el Tribunal Superior de esa ciudad y la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en descongesti\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n negaron las pretensiones de la demanda ordinaria laboral interpuesta por el accionante contra el Departamento de Antioquia, providencias que datan del 19 de abril de 2010, 13 de julio de 2011 y 1\u00ba de noviembre de 2017 y, el amparo constitucional s\u00f3lo fue representado hasta el 12 de octubre de 2018. <\/p>\n

Lo anterior deja en evidencia que el tutelante, para acudir al amparo constitucional dej\u00f3 trascurrir casi once meses despu\u00e9s de emitida la \u00faltima decisi\u00f3n atacada, siendo palpable que dicho t\u00e9rmino supera el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales. <\/p>\n

3. Sin perjuicio de lo anterior, se observa que la decisi\u00f3n emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en descongesti\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n que no cas\u00f3 la sentencia del Tribunal Superior de Medell\u00edn, no se advierte arbitraria o manifiestamente contraria a la ley, de ah\u00ed que no se autoriza, en el caso, la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n

En efecto, para fundamentar su decisi\u00f3n la accionada se\u00f1al\u00f3 que el ad quem no incurri\u00f3 en los errores f\u00e1cticos se\u00f1alados por el accionante, por el contrario, luce razonable y acorde con lo que las mismas partes consignaron en el acta de conciliaci\u00f3n celebrada el 17 de febrero de 1997 y con lo pactado en la convenci\u00f3n colectiva de trabajo de 1970. <\/p>\n

Lo anterior por cuanto en la cl\u00e1usula tercera del acta de conciliaci\u00f3n, las partes estipularon lo siguiente: <\/p>\n

\u00abEl Departamento conviene con el trabajador en reconocerle una pensi\u00f3n mensual de jubilaci\u00f3n o vejez de car\u00e1cter especial ya que es un anticipo a la futura pensi\u00f3n que de acuerdo con la ley le corresponde asumir bien al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, o en su reemplazo a la Seguridad Social en pensiones (Instituto de Seguros Sociales o entidad que pueda llegar a sustituirlo) de acuerdo con las disposiciones existentes para cuando el trabajador cumpla la edad legal de pensi\u00f3n [\u2026] \u00bb <\/p>\n

Que de una lectura objetiva de la referida cl\u00e1usula se extracta con claridad que dicha pensi\u00f3n anticipada se concede hasta cuando el Departamento de Antioquia o la entidad de seguridad social, le reconozca al demandante la pensi\u00f3n que de conformidad con la Ley corresponda, nunca hasta la fecha en que re\u00fana los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional como lo pretende el quejoso. <\/p>\n

En ese orden de ideas advirti\u00f3 que \u00aben aparte alguno de dicha cl\u00e1usula del acuerdo conciliatorio, menos en otro segmento de la conciliaci\u00f3n se hace alusi\u00f3n a que tal pensi\u00f3n se otorga hasta que la entidad demandada le conceda la pensi\u00f3n extralegal prevista en la cl\u00e1usula duod\u00e9cima de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo de 1970, como equivocadamente lo pretende hacer ver la censura, pues lo que las partes pactaron en el a\u00f1o 1997, fue que la pensi\u00f3n se le concede al actor hasta que re\u00fana los requisitos para pensionarse conforme a las exigencias previstas en la ley, tanto as\u00ed que en las cl\u00e1usulas cuarta y quinta de dicha conciliaci\u00f3n, el departamento se oblig\u00f3 a mantenerlo afiliado al sistema de seguridad social en pensiones, hasta tanto se le conceda la pensi\u00f3n de vejez, fecha a partir de la cual, si a ello hubiera lugar, le continuar\u00e1 pagando el mayor valor de la pensi\u00f3n concedida a partir de 1997 y la que por ley le corresponda\u00bb. <\/p>\n

De igual modo, se\u00f1al\u00f3 que \u00aben raz\u00f3n a que la cl\u00e1usula duod\u00e9cima de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo suscrita el 9 de diciembre de 1970, en armon\u00eda con la s\u00e9ptima de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, adiada el 30 de noviembre de 1978, exigen que, para tener derecho a la pensi\u00f3n all\u00ed contemplada, se requiere haber cumplido los 20 a\u00f1os de trabajo, as\u00ed como los 50 a\u00f1os de edad, requisitos estos que deben cumplirse en vigencia de la relaci\u00f3n laboral, no con posterioridad al retiro. <\/p>\n

En efecto, dicha cl\u00e1usula dice: <\/p>\n

DUODECIMA. – El Gobierno Departamental continuar\u00e1 reconociendo la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a todos sus trabajadores, al cumplir veinte (20) a\u00f1os de trabajo y cincuenta (50) a\u00f1os de edad. (f.\u00b0 78 a 83)\u00bb <\/p>\n

En efecto, advirti\u00f3 la accionada que del anterior contenido se conclu\u00eda que la intensi\u00f3n de las partes all\u00ed contratantes (sindicato y entidad demandada) fue pactar que los 50 a\u00f1os de edad se cumplan en vigencia de la relaci\u00f3n laboral; ello es as\u00ed en raz\u00f3n a que la convenci\u00f3n colectiva solo produce efectos jur\u00eddicos entre las partes mientras la relaci\u00f3n laboral se encuentre vigente, no para cuando estas ya hubiesen finalizado, esto es, la convenci\u00f3n colectiva no se aplica a los extrabajadores. No obstante lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que dichos efectos puedan extenderse m\u00e1s all\u00e1 de dicha temporalidad, pero ello s\u00f3lo ocurre si las partes dentro de su libertad y autonom\u00eda de contrataci\u00f3n as\u00ed lo determinen expresamente en su clausulado, lo cual tampoco ocurri\u00f3 en el presente caso. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, manifest\u00f3 que, si las partes no establecieron expresamente que la prestaci\u00f3n pensional de origen convencional pod\u00eda causarse con posterioridad a la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo, como lo quiere hacer ver el actor, f\u00e1cil era concluir que dicha expectativa pensional qued\u00f3 conciliada el 17 de febrero de 1997, pues, no era un derecho cierto e indiscutible <\/p>\n

De otra parte, indic\u00f3 que era pertinente recordar que \u00abel principio de favorabilidad no opera frente a la valoraci\u00f3n de las pruebas que hagan los jueces, hecho que por s\u00ed solo descarta la aplicaci\u00f3n de dicho principio frente a la valoraci\u00f3n que hizo el Tribunal respecto de la conciliaci\u00f3n celebrada el 17 de febrero de 1997, la cual por dem\u00e1s encontr\u00f3 apoyo en la sentencia CSJ SL, 6 may. 2009, rad. 34644, que hoy se reitera. <\/p>\n

Ahora bien, de entenderse que dicho principio debe aplicarse de cara a la convenci\u00f3n colectiva de trabajo como fuente formal del derecho, dicho postulado o el del in dubio pro operario operar\u00eda bajo el supuesto de existir dos o m\u00e1s interpretaciones s\u00f3lidas contrapuestas. Significa esto que no es cualquier choque interpretativo el que da lugar a aplicar la favorabilidad, sino aquel originado a partir de dos o m\u00e1s interpretaciones firmes y bien fundamentadas o estructuradas, tal como lo ha dicho la Sala, entre otras en sentencia SL18110-2016, cuando al efecto precis\u00f3: <\/p>\n

\u201cPor \u00faltimo, es de anotar que el sentido atribuido por el Tribunal a esas disposiciones convencionales no desconoce el principio favorabilidad en la interpretaci\u00f3n de las fuentes formales del derecho \u2013art\u00edculo 53 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica-, ya que este postulado parte del supuesto de la existencia de dos o m\u00e1s interpretaciones s\u00f3lidas contrapuestas. Significa esto que no es cualquier colisi\u00f3n interpretativa la que da lugar a aplicar la favorabilidad, sino aquella originada a partir de dos o m\u00e1s interpretaciones firmes y bien fundamentadas o estructuradas\u201d.\u00bb <\/p>\n

Y concluy\u00f3 que el Tribunal no incurri\u00f3 en los yerros f\u00e1cticos que se le critica por cuanto \u00abla \u00fanica apreciaci\u00f3n correcta de cara a la intenci\u00f3n de las partes contratantes (sindicato y entidad) es que los 50 a\u00f1os de edad se cumplan en vigencia de la relaci\u00f3n laboral\u00bb. <\/p>\n

4. De lo anterior, surge palpable que la pretensi\u00f3n del gestor del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha. <\/p>\n

Lo antepuesto, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Por ello, el accionante no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera lo desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.), <\/p>\n

5. En ese orden, no hab\u00eda lugar a conceder el amparo, por tanto se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.
\nIII. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC16915-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02258-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veintitr\u00e9s de octubre de dos mil dieciocho por la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102438","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102438","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102438"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102438\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102438"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102438"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102438"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}