{"id":102440,"date":"2026-07-01T22:50:48","date_gmt":"2026-07-01T22:50:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102440"},"modified":"2026-07-01T22:50:48","modified_gmt":"2026-07-01T22:50:48","slug":"stc16919-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16919-2018\/","title":{"rendered":"STC16919-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16919-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-01658-02
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el seis de noviembre de dos mil dieciocho por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 dentro de la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Blanca Janeth Galindo Vega y Pedro Hern\u00e1n Ram\u00edrez Reina contra el Juzgado Once Civil del Circuito de esta ciudad; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a todas las partes e intervinientes en el proceso cuestionado. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

Los accionantes solicitaron el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y vivienda digna que consideran vulnerados con la decisi\u00f3n proferida el 12 de abril de 2018 que neg\u00f3 la nulidad por falta de la restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito por cuanto no se tuvo en cuenta que el pr\u00e9stamo otorgado por la entidad bancaria fue para construir su casa de habitaci\u00f3n, luego se realiz\u00f3 una falsa apreciaci\u00f3n de las pruebas toda vez que la deuda contra\u00edda s\u00ed fue para vivienda a largo plazo conforme qued\u00f3 estipulado en la carta de aprobaci\u00f3n de fecha 27 de mayo de 1996 del Banco Colmena. <\/p>\n

Pretenden, en consecuencia, se revoque la decisi\u00f3n del juzgado de segunda instancia y se confirme la nulidad decretada por el a quo, as\u00ed mismo, se ordene el desembargo del inmueble y el archivo de las diligencias. [Folio 73,c.1] <\/p>\n

B. Los hechos
\n1. El 26 de noviembre de 1992, los accionantes adquirieron mediante compraventa que hicieron a Jos\u00e9 Ricardo Pach\u00f3n Jim\u00e9nez, el predio identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 50N-20098449.
\n2. El 11 de junio de 1996 los actores suscribieron el pagar\u00e9 No. 72180-3 a favor de la Corporaci\u00f3n Social de Ahorro de Vivienda Colmena constituido y legalizado en unidades de poder adquisitivo constante "UPAC", para lo cual se confiri\u00f3 garant\u00eda hipotecaria respecto del citado inmueble a trav\u00e9s de la Escritura P\u00fablica No. 573. [Folios 107-109,c.1] <\/p>\n

4. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado 52 Civil Municipal de Bogot\u00e1, autoridad que el 21 de enero de 2005 libr\u00f3 mandamiento ejecutivo a favor de la entidad bancaria y en contra de los tutelantes. <\/p>\n

5. Agotadas las etapas pertinentes el 30 de marzo de 2006 se orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n

6. La entidad bancaria cedi\u00f3 los derechos del cr\u00e9dito a Pedro Julio Echavarr\u00eda Monroy y Oscar Mauricio Currea Chala. <\/p>\n

7. Embargado, secuestrado y avaluado el inmueble hipotecado, el 22 de agosto de 2011 se llev\u00f3 a cabo la diligencia de remate, diligencia donde se adjudic\u00f3 el bien a los cesionarios del cr\u00e9dito. [Folios 112-113, c.1] <\/p>\n

8. El 19 de diciembre de ese a\u00f1o se aprob\u00f3 en todas sus partes la diligencia de remate. [Folio 114,c.1] <\/p>\n

9. Posteriormente los actores solicitaron adelantar incidente de nulidad por cuanto el proceso ejecutivo se adelant\u00f3 sin realizar la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito conforme al art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999 dado que el mismo fue concedido en unidades de poder adquisitivo constante UPAC. <\/p>\n

10. El 1\u00ba de febrero de 2017 se rechaz\u00f3 el incidente tras considerar el despacho que la causal invocada no se encuentra enlistada dentro de las que prev\u00e9 el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. [Folio 6,c.1] <\/p>\n

11. En desacuerdo los actores interpusieron recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n tras indicar que es procedente declarar la nulidad de la actuaci\u00f3n por cuanto el despacho omiti\u00f3 analizar que el cr\u00e9dito concedido en UPAC no fue reestructurado, irregularidad que desconoce los precedentes de la Corte Constitucional. <\/p>\n

12. El 28 de marzo de ese a\u00f1o, se revoc\u00f3 la decisi\u00f3n censurada y se orden\u00f3 correr traslado del escrito de nulidad a la parte demandante. [Folios 10-11,c.1] <\/p>\n

13. El 3 de octubre siguiente se declar\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n a partir del auto admisorio de la demanda por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito. [Folios 13-17,c.1] <\/p>\n

14. Inconforme el extremo demandante interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n al expresar entre otros reparos que en cada etapa procesal se realiz\u00f3 control de legalidad para corregir o sanear vicios y s\u00f3lo despu\u00e9s de trece a\u00f1os se impetr\u00f3 un incidente de nulidad que deviene extempor\u00e1neo y se pretende desconocer obligaciones soportadas en t\u00edtulos valores so pretexto del derecho a la vivienda de los actores y en detrimento de su patrimonio. <\/p>\n

15. El 15 de diciembre de 2017, se mantuvo la decisi\u00f3n y se concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n. [Folios 34-36,c.1] <\/p>\n

16. El 12 de abril de 2018 el Juzgado Once Civil del Circuito de esta ciudad, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n impugnada tras considerar que valoradas las pruebas allegadas el cr\u00e9dito objeto de cobro compulsivo no se otorg\u00f3 para la adquisici\u00f3n de vivienda a largo plazo por tanto no le son aplicables las prerrogativas consagradas en la Ley 546 de 1999. [Folios 41-47, c.1] <\/p>\n

17. Contra esa determinaci\u00f3n los actores solicitaron la aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n por cuanto \u00absi es que en verdad el cr\u00e9dito otorgado a los demandados no se hizo para la adquisici\u00f3n de vivienda a largo plazo debi\u00f3 anularse todo el procedimiento acaecido dentro del presente proceso, pues, como consta en la prueba documental que conforma toda esta controversia sucedi\u00f3 todo lo contrario a lo que se afirma por el juzgado\u00bb. <\/p>\n

18. El 1\u00ba de junio siguiente el despacho no accedi\u00f3 a las solicitudes de los tutelantes tras considerarlas improcedentes por cuanto lo que se pretende es \u00abvolver sobre temas ya dirimidos y reabrir una nueva discusi\u00f3n en torno a lo decidido.\u00bb [Folios 16-19,c.1] <\/p>\n

19. En criterio de los peticionarios del amparo, se vulneraron sus garant\u00edas fundamentales por cuanto el juzgador de segunda instancia revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo que hab\u00eda decretado la nulidad de la actuaci\u00f3n por la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito para considerar en su lugar que \u00abel cr\u00e9dito objeto de cobro compulsivo no se otorg\u00f3 para la adquisici\u00f3n de vivienda a largo plazo por tanto no le son aplicables las prerrogativas consagradas en la Ley 546 de 1999\u00bb, determinaci\u00f3n que a su juicio es arbitraria por cuanto se desconoci\u00f3 que la deuda contra\u00edda s\u00ed fue para su casa.[Folios 70-85, c.1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El 28 de agosto de 2018 fue admitida la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 correr traslado a la autoridad accionada y dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso cuestionado para que ejercieran su derecho de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 87, c.1] <\/p>\n

2. El Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que le correspondi\u00f3 conocer del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra el prove\u00eddo fechado 3 de octubre de 2017 que hab\u00eda declarado la nulidad por falta de la restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, decisi\u00f3n que fue revocada por las razones indicadas en dicha determinaci\u00f3n. [Folio 93,c.1] <\/p>\n

Por su parte, el Juzgado Cincuenta y Dos Civil Municipal de esta ciudad, remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n para su inspecci\u00f3n. [Folios 153-154, c.1] <\/p>\n

3. Superada la irregularidad que dio lugar a que esta corporaci\u00f3n declarara la nulidad de la actuaci\u00f3n el pasado 10 de octubre de 2018, la Sala Civil del Tribunal Judicial de Bogot\u00e1 el 6 de noviembre siguiente, neg\u00f3 el amparo tras considerar que no se advierte arbitraria ni caprichosa la decisi\u00f3n adoptada por el accionado por cuanto qued\u00f3 demostrado que los accionantes adquirieron el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 50N-20098449 el 26 de noviembre de 1992 y despu\u00e9s el 11 de junio de 1996 se constituy\u00f3 la hipoteca a favor de Colmena, lo que permite inferir que los cr\u00e9ditos otorgados por el Banco no tuvieron por objeto financiar la compra del inmueble. [Folios 203-208,c.1] <\/p>\n

4. En desacuerdo, los accionantes la impugnaron para cuyo efecto se\u00f1alaron que el A Quo observ\u00f3 la actuaci\u00f3n de \u00abmanera inadecuada\u00bb por cuanto el cr\u00e9dito otorgado fue para construir su casa en el lote que era de su propiedad, situaci\u00f3n que era de conocimiento de la parte demandante, la cual fue informada en la demanda y siempre lo refiri\u00f3 a lo largo de la actuaci\u00f3n, por tanto no se pueden desconocer los derechos invocados. [Folios 221-225, c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.<\/p>\n

\tLos criterios que se han sostenido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las garant\u00edas de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n

\t2. De la rese\u00f1a procesal se extrae que los actores fundamentan su reclamo en la inaplicaci\u00f3n, por parte del juzgador accionado y la entidad ejecutante, de lo dispuesto en la Ley 546 de 1999 y en los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la materia, en la providencia por medio de la cual resolvi\u00f3 adversamente su solicitud de nulidad de la actuaci\u00f3n, la cual ten\u00eda como fundamento la falta de la reestructuraci\u00f3n de los cr\u00e9ditos que adquiri\u00f3 para realizar mejoras a su vivienda, antes del a\u00f1o en que fue expedida aquella norma. <\/p>\n

Independientemente de que la Sala comparta o no los argumentos expuestos por el juez de la causa en la providencia por medio de la cual deneg\u00f3 la nulidad invocada por los tutelantes, es claro que en este asunto no resulta viable la aplicaci\u00f3n de la figura jur\u00eddica a que se hizo alusi\u00f3n por parte de los reclamantes, en la medida en que de un minucioso an\u00e1lisis a la Escritura P\u00fablica No. 573 del 11 de junio de 1996, de la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Ch\u00eda, a trav\u00e9s de la cual se constituy\u00f3 hipoteca sobre el lote de terreno junto con la construcci\u00f3n en \u00e9l levantada identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 50N-20098449, a favor de la Corporaci\u00f3n Social de Ahorro y Vivienda Colmena, para garantizar el pago de las obligaciones contenidas en los pagar\u00e9s cuyo recaudo se persegu\u00eda en la actuaci\u00f3n objeto de la queja, puede concluirse que tales cr\u00e9ditos, no fueron destinados a la adquisici\u00f3n de vivienda. <\/p>\n

En efecto, es evidente que los actores adquirieron el citado predio mediante Escritura P\u00fablica No. 1464 del 26 de noviembre de 1992 de la Notar\u00eda \u00danica de Ch\u00eda por compra que le hicieran a Jos\u00e9 Ricardo Pach\u00f3n Jim\u00e9nez y s\u00f3lo el 11 de junio de 1996, esto es, cuatro a\u00f1os despu\u00e9s, hipotecaron el inmueble para garantizar el mutuo a favor de Colmena. <\/p>\n

Lo anterior, deja en evidencia que no fue para compra de vivienda que los tutelantes solicitaron el mutuo por el que se le ejecut\u00f3, y por ende, inviable se torna, se insiste, la aplicaci\u00f3n de la normatividad y jurisprudencia que invocan. <\/p>\n

Sobre el tema, la Corte Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse, especificando: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) Este mismo Tribunal ha enfatizado, en las sentencias T-105 y T-1225 de 2005 y SU-813 de 2007, que acciones de tutela presentadas por la negativa de los jueces civiles a suspender y dar por terminados los procesos ejecutivos hipotecarios que persegu\u00edan el pago de obligaciones distintas a las originadas en cr\u00e9ditos de vivienda a largo plazo pactadas en UPAC resultan improcedentes por carecer del criterio general de relevancia constitucional. En efecto, en dichas providencias la Corte concluy\u00f3 que aquellas hip\u00f3tesis, a diferencia de las relacionadas con cr\u00e9ditos de vivienda, \u201cno re\u00fanen las condiciones que la Ley 546 de 1999 exig\u00eda para su terminaci\u00f3n\u201d y en consecuencia, la decisi\u00f3n de continuar la ejecuci\u00f3n forzada no vulnera el derecho al debido proceso. En estos espec\u00edficos casos constituye un requisito indispensable para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela que la controversia gire en torno a cr\u00e9ditos destinados a la financiaci\u00f3n de vivienda, porque es en aquellos en donde la falta de aplicaci\u00f3n de la Ley 546 de 1999 puede comprometer intereses de rango constitucional de los peticionarios. Lo anterior no implica, de manera alguna, que los procesos ejecutivos hipotecarios adelantados para el cobro de obligaciones diferentes a las adquiridas en virtud de cr\u00e9ditos de vivienda, o incluso disputas de car\u00e1cter netamente patrimonial est\u00e9n, per se, desprovistas de relevancia constitucional y, en consecuencia, fuera de la \u00f3rbita de control del juez de tutela. La regla jur\u00eddica reproducida por la sentencia antes citada est\u00e1 circunscrita exclusivamente a las solicitudes de la tutela que busquen el amparo del derecho al debido proceso por la falta de aplicaci\u00f3n de la Ley 546 de 1999 que ordena, previo el lleno de los requisitos se\u00f1alados por la jurisprudencia constitucional y reiterados en la parte motiva de esta sentencia, la suspensi\u00f3n y terminaci\u00f3n de los procesos ejecutivos hipotecarios relacionados con cr\u00e9ditos de vivienda. As\u00ed, por ejemplo, tendr\u00eda relevancia constitucional una solicitud de tutela elevada por la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso cuando se dicta sentencia ordenando seguir adelante la ejecuci\u00f3n sin conceder oportunidad alguna para formular excepciones al mandamiento de pago. Para la Corte, las consideraciones dejan sin piso alguno la procedencia de la acci\u00f3n de tutela ejercida por la peticionaria, pues su precisa solicitud, con fundamento en el par\u00e1grafo 3\u00b0 de la Ley 546 de 1999, de suspender y declarar nulo el proceso ejecutivo hipotecario en el cual fue demandada para el cobro de las obligaciones derivadas del cr\u00e9dito de construcci\u00f3n que adquiri\u00f3, no tiene relevancia constitucional desde esta espec\u00edfica \u00f3rbita\u2026\u00bb (Corte Constitucional, T-328 de 2010) <\/p>\n

\u00abDe conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 51 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, todas las personas tienen derecho a una vivienda digna, para lo cual el Estado fijar\u00e1 las condiciones necesarias con el fin de hacerlo efectivo y promover\u00e1 planes de vivienda de inter\u00e9s social, sistemas adecuados de financiaci\u00f3n a largo plazo y formas asociativas de ejecuci\u00f3n de estos programas de vivienda. Este derecho fundamental se encuentra enmarcado por los\u00a0principios\u00a0de interpretaci\u00f3n favorable de las normas, buena fe, confianza leg\u00edtima y prevalencia del derecho sustancial y, dentro del mismo, dar prioridad al sector poblacional que se encuentra en estado de debilidad manifiesta.\u00a0Ahora bien, respecto de las normas que regularon la adquisici\u00f3n de vivienda, la Corte Constitucional en las sentencias C-383 de 1999, C-700 de 1999 y C-747 de 1999,\u00a0expuso la necesidad de que existiera una regulaci\u00f3n del sistema de financiaci\u00f3n de vivienda que respetara los lineamientos de la doctrina constitucional, fue entonces promulgada la Ley 546 de 1999. La Ley 546 de 1999 incluy\u00f3 expresamente normas relativas al per\u00edodo de transici\u00f3n para el paso del antiguo sistema de financiaci\u00f3n en UPAC al nuevo sistema de UVR. Con esta normativa, no solo se permite la adquisici\u00f3n de vivienda a nuevas personas, sino que, adem\u00e1s, se pretende que quienes vieron afectados su patrimonio por el inminente peligro de perder su vivienda adquirida bajo el antiguo sistema de financiaci\u00f3n -declarado inconstitucional-, pudieran conservarla.\u00bb (Corte Constitucional, T-753 de 2014) <\/p>\n

En ese orden de ideas, no es viable resolver este asunto con base en la normativa y jurisprudencia que los promotores del amparo aluden, pues aquellas \u00fanicamente benefician a los titulares de cr\u00e9ditos para \u201cfinanciaci\u00f3n de vivienda individual a largo plazo\u201d, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 546 de 1999. <\/p>\n

3. As\u00ed las cosas, no hab\u00eda lugar a la concesi\u00f3n del amparo invocado y por ello se confirmar\u00e1 la sentencia que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado, con base en los argumentos que se acaban de exponer. <\/p>\n

I. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC16919-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-01658-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el seis de noviembre de dos mil dieciocho por la Sala Civil del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102440","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102440","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102440"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102440\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102440"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102440"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102440"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}