{"id":102442,"date":"2026-07-01T22:51:03","date_gmt":"2026-07-01T22:51:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102442"},"modified":"2026-07-01T22:51:03","modified_gmt":"2026-07-01T22:51:03","slug":"stc16921-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16921-2018\/","title":{"rendered":"STC16921-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16921-2018
\nRadicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2018-03863-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Eduardo Mu\u00f1oz Urue\u00f1a contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante, solicit\u00f3 el amparo del derecho fundamental al debido proceso que considera vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, al acceder al recurso interpuesto por la parte demandada contra el auto de mandamiento de pago y rechazar su demanda ejecutiva por falta de competencia, denegar la reposici\u00f3n contra dicho prove\u00eddo e inadmitir la apelaci\u00f3n, con una indebida motivaci\u00f3n. <\/p>\n

Pretende, en consecuencia, se dejen sin efectos todas las anteriores determinaciones y se resuelvan sus recursos de manera adecuada y con la motivaci\u00f3n pertinente. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El promotor del amparo present\u00f3 demanda ejecutiva contra Jairo Antonio Soler Ni\u00f1o y otros, a fin de que \u00e9stos le cancelaran las sumas contenidas en unos contratos de mutuo. Libelo, en el que se se\u00f1al\u00f3 que la competencia se radicaba en virtud del lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n

2. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, quien mediante auto de 29 de noviembre de 2016. <\/p>\n

3. Notificado el extremo pasivo de la litis, interpuso recurso de reposici\u00f3n contra la orden de apremio, con sustento en que el despacho carec\u00eda de competencia, por cuanto el domicilio de los accionados correspond\u00eda a otro sitio y la satisfacci\u00f3n de las prestaciones adeudadas no se hab\u00eda acordado realizarla en tal localidad. <\/p>\n

4. El 8 de mayo de 2018, el ejecutante reform\u00f3 la demanda, que se admiti\u00f3 en determinaci\u00f3n de 8 de mayo de 2018. <\/p>\n

5. Contra dicha decisi\u00f3n la parte ejecutada interpuso de igual forma, reposici\u00f3n con los mismos argumentos que el interpuesto con el mandamiento de pago inicial. <\/p>\n

6. En auto de 26 de julio de 2018, se repuso la orden de apremio y en consecuencia, se rechaz\u00f3 la demanda y se dispuso su remisi\u00f3n a los jueces competentes. <\/p>\n

7. Inconforme el ejecutante present\u00f3 reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, con sustento en que no pod\u00eda darse aplicaci\u00f3n a la regla general contenida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, pues trat\u00e1ndose del cobro de una obligaci\u00f3n comercial era necesario acudir a los establecido en el numeral 3\u00ba de dicha norma en concordancia con art\u00edculo 876 del C\u00f3digo de Comercio que indica que \u00abla obligaci\u00f3n que tenga por objeto una suma de dinero, deber\u00e1 cumplirse en el lugar de domicilio que tenga el acreedor al tiempo del vencimiento\u00bb, el cual era Ibagu\u00e9. <\/p>\n

8. En providencia de 11 de septiembre de 2018, se mantuvo inc\u00f3lume la decisi\u00f3n y se concedi\u00f3 la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

9. En prove\u00eddo de 19 de octubre de 2018, el Tribunal Superior de la citada ciudad, inadmiti\u00f3 la apelaci\u00f3n tras advertir, que \u00abel auto que declara la falta de competencia, a tenor del art\u00edculo 139 del C.G.P. no admite recurso alguno\u00bb. <\/p>\n

10. En criterio del promotor del amparo, las anteriores determinaciones vulneraron su derecho invocado, pues no las motivaron suficientemente y teniendo en cuenta sus argumentos. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. Por auto del 5 de diciembre de 2018, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se dispuso la vinculaci\u00f3n de los intervinientes en el litigio y se orden\u00f3 correrles traslado para que ejercieran su derecho de defensa. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos. <\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n

2. En el caso que es objeto de estudio, en punto de los argumentos expuestos en la demanda de tutela, de entrada se advierte la improcedencia de la solicitud de amparo, pues el accionante pretende desconocer el presupuesto de procedibilidad que viene de comentarse. <\/p>\n

En efecto, es claro que la queja del actor se suscita en el rechazo del proceso ejecutivo que formul\u00f3 contra Jairo Antonio Soler, y la remisi\u00f3n que por competencia territorial se orden\u00f3 de las respectivas diligencias a los Juzgados Civiles de Bogot\u00e1; y lo realmente pretendido por el actor, es que este tr\u00e1mite excepcional sea empleado para lograr que el despacho convocado a este juicio avoque el conocimiento de dicho litigio por \u00e9l formulado, lo que claramente escapa de la competencia de esta Sala, m\u00e1xime cuando a\u00fan no est\u00e1 definido cu\u00e1l es el funcionario encargado de asumir el conocimiento de la mencionada demanda. <\/p>\n

Lo anterior de atender que ante la remisi\u00f3n efectuada en auto de 25 de mayo de 2018, necesario es esperar la manifestaci\u00f3n que realice el juez receptor en Medell\u00edn, y en caso de que este no acoja el criterio del remitente, deber\u00e1n entonces darse aplicaci\u00f3n al tr\u00e1mite establecido en el art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso, que dispone: <\/p>\n

\u00ab\u2026 Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenar\u00e1 remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitar\u00e1 que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional com\u00fan a ambos, al que enviar\u00e1 la actuaci\u00f3n. Estas decisiones no admiten recurso. <\/p>\n

El juez que reciba el expediente no podr\u00e1 declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales. <\/p>\n

El juez o tribunal al que corresponda, resolver\u00e1 de plano el conflicto y en el mismo auto ordenar\u00e1 remitir el expediente al juez que deba tramitar el proceso. Dicho auto no admite recursos. <\/p>\n

Significa lo anterior, que al sentenciador de tutela tampoco le corresponde definir el funcionario judicial al cu\u00e1l le compete conocer la litis, porque con ese proceder se estar\u00eda usurpando la atribuci\u00f3n constitucional y legalmente asignada a esta Corporaci\u00f3n en el respectivo tr\u00e1mite legal, en caso de suscitarse el conflicto negativo de competencia entre autoridades de diferente distrito judicial. <\/p>\n

En ese orden de ideas, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea anticipadamente la soluci\u00f3n de cuestiones que corresponde dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se ha suscitado, pues el amparo no se ha concebido como un instrumento sustitutivo de los medios de oposici\u00f3n establecidos por la ley. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes los ordenamientos constitucional y legal, les ha asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

3. Finalmente, respecto a las providencias mediante las cuales se deneg\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n y se inadmiti\u00f3 la apelaci\u00f3n contra el auto que rechaz\u00f3 la demanda por falta de competencia, no es posible advertir la vulneraci\u00f3n que se alga, toda vez que la negativa en el tr\u00e1mite de la inconformidad expuesta por el actor, obedece al contenido del art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual las decisiones emitidas por un juez para declarar su incompetencia en el conocimiento de determinado asunto, no son susceptibles de recurso. <\/p>\n

Al respecto, la mencionada codificaci\u00f3n se\u00f1ala: \u00abSiempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenar\u00e1 remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitar\u00e1 que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional com\u00fan a ambos, al que enviar\u00e1 la actuaci\u00f3n. Estas decisiones no admiten recurso. (Subraya la Corte) <\/p>\n

Visto de ese modo el asunto, improcedente se torna aceptar la afirmaci\u00f3n del accionante, pues contrario a lo que aquel considera, el despacho accionado emiti\u00f3 un pronunciamiento coherente y oportuno frente al medio de impugnaci\u00f3n que aquel formul\u00f3, siendo incontestable que con \u00e9l se respetaron los derechos fundamentales del quejoso, y en ese orden, es palmario que su pretensi\u00f3n se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo desacuerdo frente a la que all\u00ed se decidi\u00f3, lo cual, naturalmente excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, dada la naturaleza residual de este mecanismo. <\/p>\n

As\u00ed que el amparo invocado es improcedente, desde que no se autoriza por esa v\u00eda, revocar decisiones proferidas v\u00e1lidamente con respeto de las garant\u00edas procesales de los interesados en ellas, cuando so pretexto de la posible incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho, se pretende hacer valer el criterio del tutelante sobre el consignado en su decisi\u00f3n por el juez natural, am\u00e9n de proponer una evaluaci\u00f3n probatoria distinta de aquella realizada sin llegar al l\u00edmite de la arbitrariedad o de la ilegalidad, en ejercicio de la autonom\u00eda que en tal tarea se le reconoce al juzgador. <\/p>\n

4. Las anteriores razones se estiman suficientes para confirmar la sentencia que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC16921-2018 Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2018-03863-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Eduardo Mu\u00f1oz Urue\u00f1a contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102442","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102442","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102442"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102442\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102442"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102442"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102442"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}