{"id":102447,"date":"2026-07-02T15:11:03","date_gmt":"2026-07-02T15:11:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102447"},"modified":"2026-07-02T15:11:03","modified_gmt":"2026-07-02T15:11:03","slug":"atc1974-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc1974-2019\/","title":{"rendered":"ATC1974-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC1974-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-002-2019-00174-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 20 de septiembre de 2019, proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro de la salvaguarda promovida por Luis Felipe Maestre Bello al Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1 \u2013Cesar-; si no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan se examina. <\/p>\n

1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n

2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n

El promotor aduce que se vincul\u00f3 a la Rama Judicial el 16 de junio de 1983, siendo su cargo de carrera de \u201casistente jur\u00eddico grado 19\u201d del Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar. <\/p>\n

Afirma el impulsor que, entre diciembre de 2015 y agosto de 2018, fue nombrado en provisionalidad como director del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Chiriguan\u00e1 \u2013Cesar-. <\/p>\n

Durante ese per\u00edodo, asevera el suplicante, el despacho del circuito atacado, en cabeza de su entontes titular, Jorge Eduardo Fadul D\u00edaz, a trav\u00e9s de la definici\u00f3n de impugnaciones frente a fallos de tutela decididos por el actor, aqu\u00e9l, como ad quem, le fij\u00f3 un \u201ccriterio de improcedencia del ruego tuitivo\u201d ante solicitudes encaminadas a obtener reintegros laborales. <\/p>\n

Cuando el querellante conoci\u00f3 de dos (2) amparos de la precitada tem\u00e1tica contra la empresa Drummond Ltda., Fadul D\u00edaz le insinu\u00f3 que en una de ellas, deb\u00eda conceder salvaguarda; empero, el aqu\u00ed accionante deneg\u00f3 ambas reclamaciones. <\/p>\n

El precursor manifiesta que, al ser recurridas las providencias emitidas en los casos referidos, Jorge Eduardo Fadul D\u00edaz, en calidad de ad quem, las revoc\u00f3 contrariando su propio precedente. <\/p>\n

Con fin de establecer el factor de calidad del inicialista, los expedientes de las enunciadas reclamaciones fueron remitidos a dicho funcionario para su evaluaci\u00f3n, quien, en una y otra actuaci\u00f3n, sin ninguna motivaci\u00f3n, tas\u00f3 el desempe\u00f1o del quejoso con veintid\u00f3s (22) y veinte (20) puntos, respectivamente, de cuarenta y dos (42) posibles. <\/p>\n

El accionante expresa que Fadul D\u00edaz envi\u00f3 esas ponderaciones a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, sin notificarle de las mismas ni darle la oportunidad de ejercer su derecho de defensa. <\/p>\n

Para el tutelante, su negativa a aceptar el derrotero jur\u00eddico del referido funcionario, dio lugar a la imposici\u00f3n de los aludidos puntajes; destaca, adem\u00e1s, que respecto del funcionario querellado se adelantan investigaciones penales por presuntas irregularidades en el tr\u00e1mite de decursos similares. <\/p>\n

4. El Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1 \u2013Cesar-, inform\u00f3 que Jorge Eduardo Fadul D\u00edaz, ya no era el titular de ese despacho1. <\/p>\n

5. La Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, adujo que a\u00fan no se hab\u00eda consolidado la puntuaci\u00f3n integral de servicios del impulsor2. <\/p>\n

6. Jorge Eduardo Fadul D\u00edaz resisti\u00f3 las pretensiones de la demanda, por cuanto las afirmaciones del peticionario estaban destinadas a \u201cenlodar\u201d su buen nombre3. <\/p>\n

7. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Chiriguan\u00e1 \u2013Cesar-, expres\u00f3 que las acciones de tutela objeto de las calificaciones criticadas, se encuentran en la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

8. El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, porque estaba pendiente de resoluci\u00f3n la estimaci\u00f3n total del factor calidad del precursor. <\/p>\n

Adicionalmente, dispuso remitir copias de lo actuado en el presente ritual, a la Fiscal\u00eda y a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, frente a Jorge Eduardo Fadul D\u00edaz, por las aseveraciones ventiladas en la contienda.
\nDel mismo modo, procedi\u00f3 con el precursor por su presunta omisi\u00f3n en el deber de denunciar las irregularidades que ahora enarbol\u00f34. <\/p>\n

9. El querellante reiter\u00f3 los planteamientos esbozados en la demanda de amparo y cuestion\u00f3 la denuncia formulada por el tribunal, pues sobre las anomal\u00edas se\u00f1aladas en el pliego inaugural, jam\u00e1s cont\u00f3 con elementos de convicci\u00f3n para sustentarlas. <\/p>\n

Jorge Eduardo Fadul D\u00edaz, tambi\u00e9n protest\u00f3 la sentencia por las referencias sobre \u00e9l realizadas, pues van en detrimento de su honra y dignidad5. <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Del relato f\u00e1ctico se desprende la falta de competencia de la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, para definir la salvaguarda deprecada en primera instancia, por cuanto el reclamo no involucra la actividad jurisdiccional del Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1 \u2013Cesar-, a quien el accionante acusa de lesionar sus garant\u00edas superlativas. <\/p>\n

2. Lo anterior, porque los reparos constitucionales frente al estrado querellado, ata\u00f1en a su actividad administrativa en la calificaci\u00f3n atacada y, por tal motivo, la calidad del a quo constitucional como superior funcional del despacho enjuiciado, en este evento, no es criterio para asignar el conocimiento de la tutela. <\/p>\n

Sobre esta tem\u00e1tica, en reciente oportunidad la Sala adoctrin\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [N]o se aplica la regla 2\u00aa del art\u00edculo 1\u00b0 del precitado decreto [Decreto 1382 de 2000], seg\u00fan la cual la acci\u00f3n de tutela promovida contra un funcionario o corporaci\u00f3n judicial, ser\u00e1 repartida al respectivo superior funcional del accionado, porque \u00e9sta se predica del ejercicio de su actividad jurisdiccional, pues en trat\u00e1ndose de su gesti\u00f3n administrativa queda regulada por los criterios de reparto consagrados en la regla 1\u00aa (CSJ ATC, 6 may. 2010, rad. 2010-00234-01; reiterado, entre otras, en ATC1044-2019, 12 jul. 2019, rad. 2019-00971-01). (\u2026)\u201d <\/p>\n

\u201c(\u2026) En tales circunstancias el Juez accionado, en rigor, no cumple funciones jurisdiccionales y, por consiguiente, la competencia para conocer del amparo constitucional corresponde a los jueces municipales del lugar de ocurrencia de los hechos por mandato del inciso 3\u00ba, numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, porque en esas condiciones califica como \u201cuna autoridad del orden distrital o municipal\u00bb (CSJ ATC, 14 dic. 2007, rad. 2007-00121-01; reiterado en CSJ ATC, 25 sep. 2012, rad. 2012-00094-01; ATC1044-2019, 12 jul. 2019, rad. 2019-00971-01) (\u2026)\u201d6 (negrillas originales). <\/p>\n

En cuanto al car\u00e1cter administrativo de las calificaciones de servicios de empleados y funcionarios de la Rama Judicial, esta Corporaci\u00f3n, con fundamento en la sentencia T-1142 de 2003 de la Corte Constitucional, enfatiz\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Entre las actividades administrativas que corresponden a los jueces se cuenta la de calificar o evaluar peri\u00f3dicamente a aquellos de sus subalternos que pertenecen a la carrera judicial. El acto administrativo expedido para este fin es una herramienta de conducci\u00f3n de personal y un mecanismo controlador que permite apreciar el rendimiento, el comportamiento y la calidad del trabajo de los empleados judiciales. Con la calificaci\u00f3n se determina la permanencia o retiro del servidor p\u00fablico, atendiendo al resultado de la evaluaci\u00f3n. Seg\u00fan la jurisprudencia del Consejo de Estado, el de calificaci\u00f3n es un acto de tr\u00e1mite previo a aquel que declara la desvinculaci\u00f3n del cargo, decisi\u00f3n \u00e9sta que constituye un acto definitivo. Trat\u00e1ndose de una decisi\u00f3n administrativa y no judicial, el acto de calificaci\u00f3n est\u00e1 sometido al tr\u00e1mite y a los recursos previstos en el c\u00f3digo contencioso administrativo, ya que el Acuerdo No. 198 de 1996, por el cual se reglamenta la calificaci\u00f3n o evaluaci\u00f3n de servicios de los funcionarios y empleados de sistema de carrera (\u2026) expedido por la Sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en su art\u00edculo 46 remite al c\u00f3digo mencionado (\u2026)\u201d7 (subraya adrede, negrita original). <\/p>\n

Atinente a la competencia funcional del fallador que debe tramitar acciones de tutela en donde se debaten actuaciones administrativas de juzgados con categor\u00eda circuito, esta Colegiatura esboz\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) As\u00ed las cosas, al revisar el diligenciamiento de este asunto, observa la Corte que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala Civil Familia, no es competente para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, al constatarse que la pretensi\u00f3n cardinal se dirige concretamente a cuestionar las determinaciones adoptadas por el Juez Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, dentro del proceso disciplinario que como titular del despacho inici\u00f3 contra el ac\u00e1 accionante, \u00abempleado en propiedad\u00bb del mismo, actuaci\u00f3n que se advierte es de naturaleza administrativa y no jurisdiccional, motivo por el cual el factor funcional, en estos eventos, no es criterio para definir el conocimiento de la tutela, seg\u00fan se explic\u00f3 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) En ese orden, de acuerdo al car\u00e1cter de autoridad p\u00fablica del orden municipal que adquiere en estos casos [el] funcionario judicial accionado, al tenor de la regla consagrada en el numeral 1\u00b0, inciso tercero, del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1382 de 2000, compilado en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado a su vez por el numeral 1\u00ba, canon 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017 (\u2026) Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb, la competencia para conocer del presente resguardo constitucional en primera instancia corresponde a los Juzgados Municipales (\u2026)\u201d8. <\/p>\n

Bajo ese panorama, como la reclamaci\u00f3n del actor se dirige a controvertir la actividad administrativa del Juzgado Civil del Circuito de Chiruguan\u00e1 \u2013Cesar- cuando calific\u00f3 el desempe\u00f1o de aqu\u00e9l como juez en dos (2) decursos, la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, no estaba llamada a definir el asunto como superior funcional de dicho despacho. <\/p>\n

3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo atinente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo dispuesto en el precepto 4 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual prev\u00e9 acudir a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los presupuestos de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n

4.\tA prop\u00f3sito de esta decisi\u00f3n, conviene citar la providencia proferida por esta Colegiatura, por medio de la cual disiente de la tesis de la Corte Constitucional.
\n\u201c(\u2026) respecto a [no estar] facultados (\u2026) los jueces (\u2026) para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c (\u2026) [Por lo tanto,] aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional) (\u2026) \u201d9. <\/p>\n

4.\tEn consecuencia, se dejar\u00e1 sin efecto lo actuado a partir del auto admisorio de la presente demanda de amparo y se dispondr\u00e1 su remisi\u00f3n inmediata a la Oficina Judicial de Valledupar \u2013Cesar-, para ser repartida entre los Juzgados Municipales de esa ciudad, por ser los competentes para conocer de ella en primera instancia. <\/p>\n

Lo antelado, teniendo en cuenta que la actuaci\u00f3n administrativa aducida como lesiva a las prerrogativas del suplicante, produce efectos en \u00e9l por su condici\u00f3n de empleado de carrera en el cargo que actualmente ocupa como \u201casistente jur\u00eddico grado 19\u201d del Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de dicha capital, lo cual se aviene a lo reglado en el art\u00edculo 1\u00b0, del Decreto 1983 de 201710. <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n de tutela, formulada por Luis Felipe Maestre Bello al Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1 \u2013Cesar-, a partir del auto que orden\u00f3 darle tr\u00e1mite a la misma, inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

Segundo: Por lo tanto, se ordena remitir el expediente a la Oficina Judicial Valledupar -Cesar, para ser repartido entre los Juzgados Municipales de esa ciudad, para lo de su competencia. Of\u00edciese. <\/p>\n

TERCERO: Comun\u00edquese lo as\u00ed resuelto a la Corporaci\u00f3n de origen y a las partes mediante telegrama. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tFols. \t40 a 44, C1.
\n2 \tFol \t75 y 76, C1.
\n3 \tFol \t47 y 48, C1.
\n4 \tFols. \t77 a 98, C1.
\n5 \tFols. \t161 a 163, C1.
\n6 \tCSJ \tATC1377-2019 de 5 de septiembre de 2019, exp. \t73001-22-13-000-2019-00199-01.
\n7 \tCSJ \tSTP15232-2016 de 18 de octubre de 2016, exp. 88.130
\n8 \tCSJ \tATC1377-2019 de 5 de septiembre de 2019, exp. \t73001-22-13-000-2019-00199-01.
\n9 \tCSJ ATC \tde 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01.
\n10 \t\u201c(\u2026) \tPara \tlos efectos previstos en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de \t1991, conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, \tlos jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n \to la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o \tdonde se produjeren sus efectos \t(\u2026)\u201d \t(\u00e9nfasis ajeno al texto).<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente ATC1974-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-002-2019-00174-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 20 de septiembre de 2019, proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102447","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102447","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102447"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102447\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102447"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102447"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102447"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}