{"id":102453,"date":"2026-07-02T15:13:05","date_gmt":"2026-07-02T15:13:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102453"},"modified":"2026-07-02T15:13:05","modified_gmt":"2026-07-02T15:13:05","slug":"atc1982-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc1982-2019\/","title":{"rendered":"ATC1982-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC1982-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-02655-03
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de once de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Se decide el incidente de desacato formulado por Marley Rico V\u00e1squez a trav\u00e9s de apoderado judicial, contra el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. Los fundamentos del incidente
\n1. El 20 de junio de 1994, la peticionaria suscribi\u00f3 el pagar\u00e9 No. 44130-5 a favor de la Corporaci\u00f3n Cafetera de ahorro y vivienda Concasa y el 31 de mayo de 1999, el pagar\u00e9 No. 69409-3 a favor de Bancafe, constituidos y legalizados en unidades de poder adquisitivo constante "UPAC".
\n2. Para garantizar dichos pagos, \u00e9sta confiri\u00f3 garant\u00eda hipotecaria respecto de los siguientes inmuebles, identificados con folios de matr\u00edculas inmobiliarias Nos. 50N-20139877, 50N-20139870 y 50N-20139875, correspondientes al apartamento 201, garaje 07 y deposito 03 del Edificio Ana Virginia de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s de la Escritura P\u00fablica No. 435 del 9 de marzo de 1994. <\/p>\n

3. M\u00e1s adelante la entidad financiera y Bancafe se fusionaron para convertirse en Banco Cafetero Bancafe. <\/p>\n

4. La acreedora endos\u00f3 en propiedad los t\u00edtulos valores base de ejecuci\u00f3n y cedi\u00f3 la garant\u00eda referida a Central de Inversiones S.A., quien el 26 de abril de 2002, promovi\u00f3 demanda ejecutiva en contra de la promotora, para el cobro de los cr\u00e9ditos se\u00f1alados. <\/p>\n

5. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1, quien el 14 de junio posterior libr\u00f3 mandamiento ejecutivo a favor de la demandante por \u00ab287013.6637 UVR y 20.045.3911 UVR\u00bb, o \u00absu equivalente en pesos colombianos\u00bb; m\u00e1s intereses de plazo en ambos casos, a la tasa del 13.1% anual, desde el 20 de noviembre de 2001 y 31 de agosto de 2001, hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda; respectivamente. <\/p>\n

5.1. As\u00ed mismo, los intereses moratorios, a la tasa del 19.65% anual, desde la presentaci\u00f3n del libelo hasta la verificaci\u00f3n del pago. <\/p>\n

6. Notificada la demandada, \u00e9sta propuso la excepci\u00f3n de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y por pasiva\u00bb. <\/p>\n

7. El 13 de septiembre de 2002, el extremo activo del litigo, al descorrer traslado del medio de defensa planteado, se\u00f1al\u00f3 que los pagar\u00e9s fueron endosados en su propiedad y que en aquellos la deudora manifest\u00f3 la aceptaci\u00f3n \u00abdel endoso, cesi\u00f3n o traspaso\u00bb que el acreedor realizara del cr\u00e9dito sin necesidad de ser notificada, por lo que estim\u00f3 que se encontraba legitimado para obtener el recaudo de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n

8. Agotadas las etapas procesales pertinentes, mediante sentencia de 14 de mayo de 2003 el juzgador cognoscente declar\u00f3 infundada la excepci\u00f3n formulada, tras indicar que \u00abel titulo ejecutivo ten\u00eda suficiente m\u00e9rito para proporcionar la ejecuci\u00f3n, en cuanto hace plena prueba contra la demandada y contiene obligaciones calaras, expresas y exigibles a favor de la ejecutante, que adem\u00e1s ostenta como respaldo de su cr\u00e9dito la garant\u00eda real con la que se encuentra gravado el inmueble\u00bb. <\/p>\n

8.1. En la misma providencia, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, la venta p\u00fablica subasta, previo aval\u00fao de los bienes gravados con hipoteca y la pr\u00e1ctica de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n

9. Inconforme, la ejecutada interpuso recurso de apelaci\u00f3n, sin embargo; el ad quem, mantuvo inc\u00f3lume la decisi\u00f3n cuestionada en pronunciamiento del 25 de mayo de 2005. <\/p>\n

10. Con posterioridad, las partes presentaron varias liquidaciones del cr\u00e9dito y luego de ser aprobadas por el despacho, se decret\u00f3 el secuestro del bien, en auto del 24 de marzo de 2006. <\/p>\n

11. La mencionada diligencia se celebr\u00f3 el 4 de septiembre siguiente, bajo la comisi\u00f3n del Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de la capital. <\/p>\n

12. El 31 de octubre de 2006, se aprob\u00f3 el avalu\u00f3 del inmueble presentado por la actora, dado que no fue objetado. <\/p>\n

13. En virtud del acuerdo 9984 del 2013, emanado del Consejo Superior de la Judicatura, el asunto fue remitido al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecucion de Bogot\u00e1. <\/p>\n

14. Tal autoridad el 2 de julio de 2014, admiti\u00f3 la cesi\u00f3n de derechos de Central de Inversiones S.A, a favor de Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A.S en liquidaci\u00f3n. <\/p>\n

14.1. De la misma manera, acept\u00f3 la cesi\u00f3n de derechos de cr\u00e9dito que \u00e9sta \u00faltima hizo en favor de Carlos Arturo P\u00e9rez V\u00e1squez, en tanto tuvo a \u00e9ste como demandante dentro de la litis. <\/p>\n

15. El 18 de abril de 2018, la quejosa solicit\u00f3 declarar nulidad de todo el proceso, tras aducir en s\u00edntesis: i) que la demanda se subsan\u00f3 de forma extempor\u00e1nea, ii) las cesiones del cr\u00e9dito fueron ilegales y iii) no se aplic\u00f3 la jurisprudencia sobre la restructuraci\u00f3n y reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, pues el titulo fue pactado en UPAC. <\/p>\n

16. Al resolver la invalidez propuesta por la suplicante, en determinaci\u00f3n del 18 de julio seguido, el fallador la rechaz\u00f3 de plano, tras considerar que no se desprend\u00eda de ninguna causal consagrada en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

16.1. A\u00f1adi\u00f3 que no era posible revivir t\u00e9rminos mediante tal mecanismo, que no hab\u00eda violaci\u00f3n al debido proceso y para determinar si el asunto estaba regido por el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999; es decir, si pod\u00eda o no terminar el proceso por falta de restructuraci\u00f3n, ofici\u00f3 a la Secretaria de Hacienda de Bogot\u00e1, para que informara sobre las deudas de la ejecutada con tal entidad.
\n17. En desacuerdo la gestora recurri\u00f3 y en subsidio apel\u00f3. <\/p>\n

18. El 2 de noviembre de 2018, el fallador mantuvo inc\u00f3lume la disposici\u00f3n inicial. <\/p>\n

19. El Tribunal de Bogot\u00e1, al conocer de la impugnaci\u00f3n, en decisi\u00f3n del 21 de mayo de 2019, confirm\u00f3 el criterio inicial, bajo los mismos argumentos. <\/p>\n

19.1. En lo relativo al tema de restructuraci\u00f3n, afirm\u00f3 que: \u00abpor el momento se encuentra excluido del recurso de apelaci\u00f3n, en la medida en que el juzgado de primera instancia pospuso la decisi\u00f3n sobre ese particular aspecto, porque orden\u00f3 adelantar unas diligencias antes de resolver sobre la solicitud en ese sentido. De ese modo, en la actuaci\u00f3n habr\u00e1 de estarse a lo que en oportunidad se decida\u00bb. <\/p>\n

20. Inconforme, la ejecutada acudi\u00f3 a la solicitud de amparo constitucional, al considerar que las mencionadas autoridades judiciales vulneraron sus derechos fundamentales, pues formul\u00f3 nulidad procesal que fue negada en primera y segunda instancia, cuando a su criterio se presentaron las siguientes irregularidades: (i) la demanda fue subsanada de forma extempor\u00e1nea y no fue rechazada (ii) la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, pues no se tuvo en cuenta que la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito era ilegal, al tenor de lo preceptuado en la Ley 546 de 1999 y (iii) no se aplic\u00f3 la jurisprudencia sobre la restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, pues el titulo fue pactado en UPAC. <\/p>\n

21. El conocimiento de la acci\u00f3n constitucional le correspondi\u00f3 a \u00e9sta Sala, que por medio de fallo del 5 de septiembre de 2019 (STC12013-2019), y luego de efectuar un an\u00e1lisis acerca de los requisitos de la restructuraci\u00f3n de cr\u00e9dito, otorg\u00f3 el amparo constitucional deprecado, al encontrar que los derechos fundamentales de la querellante hab\u00edan sido quebrantados por parte del Juzgado encausado y en consecuencia le orden\u00f3 \u00abque declare sin valor ni efecto la determinaci\u00f3n adoptada el 18 de julio de 2018 y dem\u00e1s actuaciones que se desprendan de ella para que, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, emita un nuevo pronunciamiento en el que resuelva el incidente de nulidad interpuesto por la accionante, \u00fanicamente en lo que respecta a la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, teniendo en cuenta las consideraciones consignadas en la presente providencia\u00bb. <\/p>\n

22. Por su parte, la tutelante expres\u00f3 que la autoridad querellada ha hecho caso omiso a la orden de protecci\u00f3n dictada, por cuanto \u00ab la se\u00f1ora juez adrede ignora, en claro defecto sustantivo – v\u00eda de hecho – proceder a determinar la existencia o no de la restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, y por el contrario desv\u00eda su an\u00e1lisis poniendo como \u00f3bice la existencia de remanentes\u00bb. <\/p>\n

B. El tr\u00e1mite incidental <\/p>\n

1. Por medio de auto del 21 de octubre de 2019, se requiri\u00f3 al Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bogot\u00e1, previo a dar tr\u00e1mite al incidente de desacato, para que se pronunciara sobre los hechos referidos por la peticionaria del amparo. <\/p>\n

Adicion\u00f3 que el 9 de octubre, recibi\u00f3 memorial del juzgado 45 rese\u00f1ado, el cual inform\u00f3 que la acci\u00f3n all\u00ed adelantada en contra de la ejecutada, hab\u00eda finalizado mediante fallo del 2 de diciembre de 2013, lo que es un hecho nuevo respecto de lo cual, tendr\u00e1 que pronunciarse <\/p>\n

3. El 31 de octubre de 2019, se dio apertura al incidente y se dispuso el traslado de la solicitud presentada a la mencionada juzgadora. <\/p>\n

4. El 7 de noviembre siguiente, dicha sede judicial reiter\u00f3 los argumentos ya expuestos, resaltando adem\u00e1s, que contra la determinaci\u00f3n del 20 de septiembre anterior, la impulsora solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n, la cual fue resuelta de manera negativa en auto del 7 de octubre pasado, frente a la cual impetr\u00f3 reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, lo que actualmente se encuentra pendiente de decidirse. <\/p>\n

4.1. A\u00f1adi\u00f3 que previ\u00f3 a zanjar el anterior medio impugnatorio, orden\u00f3 librar comunicaci\u00f3n al Juzgado 9 Civil Municipal de la capital, con la finalidad de conocer el estado actual del juicio coercitivo 2003-01131 adelantado en contra de la aqu\u00ed impulsora y el embargo de remanentes instado por tal judicatura. <\/p>\n

5. El 14 de noviembre de a\u00f1o en curso, se abri\u00f3 a pruebas al incidente, decret\u00e1ndose como tales las documentales aportadas a la actuaci\u00f3n. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. De conformidad con el inciso segundo del art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, \u00abla sanci\u00f3n por desacato ser\u00e1 impuesta por el mismo juez\u00bb que profiri\u00f3 la orden, mediante tr\u00e1mite incidental; en raz\u00f3n a lo cual no existe duda de que la competencia para resolver el incidente propuesto est\u00e1 radicada en cabeza del mismo juzgador o sentenciador que resolvi\u00f3 la tutela a favor de su promotor, salvedad hecha de las \u00f3rdenes de protecci\u00f3n impartidas con ocasi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n formulada contra la decisi\u00f3n denegatoria del amparo, porque en tal caso, la resoluci\u00f3n de la actuaci\u00f3n incidental corresponde al juzgador de la primera instancia. <\/p>\n

2. Inicialmente debe afirmarse, como materia propia de este especial tr\u00e1mite, que un fallo proferido en virtud de una acci\u00f3n de tutela no s\u00f3lo goza de la fuerza vinculante propia de toda disposici\u00f3n judicial, sino que, al encontrar fundamento directo en la Carta Pol\u00edtica y estar consagrada aqu\u00e9lla de modo espec\u00edfico para la guarda y protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de rango constitucional, se reclama la aplicaci\u00f3n urgente e integral de lo ordenado, comprometiendo, a partir de su notificaci\u00f3n, la responsabilidad del sujeto pasivo de ese mandato judicial, por lo que est\u00e1 obligado a su cumplimiento, so pena de incurrir en las sanciones de ley. <\/p>\n

Por su especial car\u00e1cter, al juez que conoce del desacato no le es l\u00edcito volver sobre las valoraciones que fueron objeto de debate en el tr\u00e1mite constitucional, pues revivir\u00eda una controversia concluida, de ah\u00ed que su actuaci\u00f3n se encuentre delimitada por la parte resolutiva de la determinaci\u00f3n que se acusa incumplida, limitaci\u00f3n con la que, entonces, le corresponde constatar los aspectos relacionados con el destinatario de la orden de protecci\u00f3n, su contenido y el t\u00e9rmino otorgado para su acatamiento. <\/p>\n

Como lo ha comprendido la jurisprudencia, el desacato
\n\u00absupone una responsabilidad subjetiva del trasgresor, en la medida que es imperativo apreciar, no solo el incumplimiento, sino, tambi\u00e9n, las condiciones en las que \u00e9ste se produjo, vale decir, el descuido o negligencia que le sean imputables, a trav\u00e9s de juicios valorativos que den cuenta de su \u00e1nimo rebelde.\u00bb (CSJ. ATC 14 sep. 2009. rad. 01417-00) <\/p>\n

3. La sanci\u00f3n, entonces, est\u00e1 llamada a imponerse cuando el destinatario de la tutela no cumpliere la orden que se le imparte dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado en la sentencia. Empero, esa desatenci\u00f3n debe estar plenamente demostrada, de forma tal que subjetivamente el accionado haya desobedecido por voluntad propia, por incuria, negligencia o por otra cualquiera raz\u00f3n semejante. <\/p>\n

A efectos de establecer si en el asunto el estrado judicial querellado incurri\u00f3 en el desacato que se le recrimina y, como quiera que el alcance de la orden de protecci\u00f3n constitucional constituye la base para valorar si el receptor de ese mandato ha entrado en franca rebeld\u00eda con lo decidido, es preciso remitirse al fallo de tutela. <\/p>\n

4. En la sentencia emitida por \u00e9sta Sala el 5 de septiembre de 2019, se orden\u00f3 al Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bogot\u00e1: <\/p>\n

\u00abQue declare sin valor ni efecto la determinaci\u00f3n adoptada el 18 de julio de 2018 y dem\u00e1s actuaciones que se desprendan de ella para que, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, emita un nuevo pronunciamiento en el que resuelva el incidente de nulidad interpuesto por la accionante, \u00fanicamente en lo que respecta a la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, teniendo en cuenta las consideraciones consignadas en la presente providencia\u00bb. <\/p>\n

Lo anterior por cuanto, dicho \u00f3rgano judicial al emitir la providencia adiada del 18 de julio de 2018, so pretexto de oficiar de manera previa a la Secretaria de Hacienda de Bogot\u00e1, omiti\u00f3 estudiar de fondo la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por falta de restructuraci\u00f3n, invocada en la nulidad propuesta por la ejecutada, olvid\u00e1ndose que en ejecuciones de caracter\u00edsticas como la estudiada, necesario es la verificaci\u00f3n del cumplimiento del requisito de reestructuraci\u00f3n al que la deudora hizo alusi\u00f3n. <\/p>\n

Actuaci\u00f3n que concret\u00f3 la vulneraci\u00f3n alegada, por lo que a efectos de que el juzgador accionado, cumpliera con el deber de constatar si en el caso, pese a la emisi\u00f3n de la sentencia, se cumpl\u00edan los presupuestos para ordenar continuar con la ejecuci\u00f3n y as\u00ed verificar si exist\u00edan las condiciones que le dan eficacia al t\u00edtulo base del recaudo; se opt\u00f3 por conceder la petici\u00f3n del amparo. <\/p>\n

Para dar observancia a tal decisi\u00f3n, el Juzgado incidentado, el 20 de septiembre de 2019, profiri\u00f3 auto por medio del cual pas\u00f3 a decidir de fondo la petici\u00f3n de invalidez, deprecada por el extremo ejecutado, en lo que ata\u00f1e a la falta de restauraci\u00f3n del cr\u00e9dito.
\nPues bien, inici\u00f3 por hacer un recuento de los hechos que fundaron el ruego nulitario, luego trajo a colaci\u00f3n la Ley 546 de 1999 y apartes de la sentencia SU 787 del 11 de octubre de 2012 de la Corte Constitucional; as\u00ed como pronunciamientos de \u00e9sta Corporaci\u00f3n, de cara a los elementos jur\u00eddico temporales que rodearon la acci\u00f3n ejecutiva hipotecaria y las circunstancias que la originaron. <\/p>\n

Sin embargo; enfatiz\u00f3 que aunque el cr\u00e9dito se adquiri\u00f3 con anterioridad al a\u00f1o 1999 y se cumpl\u00edan con otras exigencias de ley, lo que en principio, permitir\u00eda concluir que es indefectible la restructuraci\u00f3n de las obligaciones perseguidas, para la exigibilidad de aquel de cobro coactivo, ello no era \u00f3bice para acceder a la terminaci\u00f3n del juicio. <\/p>\n

Ello, porque se percat\u00f3 que en el dosier, obraban dos solicitudes de remanentes, provenientes de los Juzgados Noveno y Cuarenta y Cinco Civil Municipal de \u00e9sta urbe, que aparte de haber sido aceptados mediante prove\u00eddos del 16 de septiembre de 2005 y 22 de julio de 2013; respectivamente, se encontraban vigentes a la fecha, pues hasta el momento no obraba comunicaci\u00f3n emanada de aquellos despachos, informando la cancelaci\u00f3n de aquellas medidas preventivas, motivos que estim\u00f3 suficientes para declarar la nulidad propuesta por la demandada. <\/p>\n

Resoluci\u00f3n ante la cual, la quejosa solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n, la cual fue denegada mediante disposici\u00f3n del 7 de octubre de 2019, la que a su vez fue contrariada por la misma, a trav\u00e9s de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, recursos que se encuentran pendientes de ser desatados. <\/p>\n

Resalt\u00f3 la juzgadora competente, que en memorial del 9 de octubre del a\u00f1o que avanza, el Juzgado Cuarenta y Cinco Civil Municipal rese\u00f1ado, puso a su conocimiento, que la acci\u00f3n all\u00ed adelantada en contra de la se\u00f1ora Rico V\u00e1squez, hab\u00eda finalizado el 2 de diciembre de 2013, hecho nuevo, respecto de lo cual adujo se deb\u00eda pronunciar, a fin de decidir lo que en derecho correspondiera. <\/p>\n

Adicional a lo expuesto, se pudo corroborar en el expediente, que el 7 de noviembre anterior, en uso de la facultad oficiosa que le asiste a la administradora de justicia encargada, orden\u00f3 librar comunicaci\u00f3n al Juzgado Noveno Civil Municipal de Bogot\u00e1, con el prop\u00f3sito de conocer el estado actual del proceso ejecutivo con radiado No. 2003-01131, que se sigue en contra de la aqu\u00ed incidentante y en particular, indicara sobre el estado de los remanentes instada por tal estrado judicial. <\/p>\n

Debido a lo expuesto, se colige que mediante providencia del 20 de septiembre pasado, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, dispuso dejar sin valor y efecto la resoluci\u00f3n del 18 de julio de 2018, \u00fanicamente en lo que ata\u00f1e al tema de restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, quien luego de estudiar de fondo la procedencia de la nulidad pretendida, la declar\u00f3 infundada por existir dos remanentes que hab\u00edan sido decretados con anterioridad dentro de aquel pleito, lo que conllev\u00f3 a que luego oficiara a uno de los juzgados involucrados, para efectos de conocer el estado actual del proceso y as\u00ed tomar las decisiones pertinentes, lo que est\u00e1 pendiente de definirse. <\/p>\n

5. En virtud de lo expuesto en forma precedente, en esta instancia no se logra considerar que la autoridad judicial incidentada haya incurrido en desacato a la orden de tutela, de ah\u00ed que resulte improcedente imponer sanci\u00f3n alguna.
\nIII. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil,
\nRESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO. DECLARAR no probado el desacato endilgado al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1. <\/p>\n

SEGUNDO. ABSTENERSE de imponer las sanciones a que se contrae el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

TERCERO. ORDENAR la terminaci\u00f3n y archivo del presente incidente. <\/p>\n

Notif\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente ATC1982-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-02655-03 (Aprobado en sesi\u00f3n de once de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Se decide el incidente de desacato formulado por Marley Rico V\u00e1squez a trav\u00e9s de apoderado judicial, contra el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102453","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102453","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102453"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102453\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102453"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102453"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102453"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}