{"id":102456,"date":"2026-07-02T15:14:44","date_gmt":"2026-07-02T15:14:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102456"},"modified":"2026-07-02T15:14:44","modified_gmt":"2026-07-02T15:14:44","slug":"atc1984-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc1984-2019\/","title":{"rendered":"ATC1984-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

ATC1984-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2019-00324-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 13 de noviembre de 2019, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jhon Jairo Calder\u00f3n P\u00e9rez contra el Ministerio de Justicia y del Derecho, Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, Defensor\u00eda del Pueblo, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios \u2013 USPEC \u2013 y la Direcci\u00f3n del Centro Penitenciario y Carcelario Coiba \u2013 Picale\u00f1a, si no fuese porque se advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a explicarse. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl solicitante, actuando en su propio nombre, reclama el amparo de los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, salud y \u00abagua potable\u00bb, presuntamente vulnerados por las entidades convocadas. <\/p>\n

Relat\u00f3 que el 21 de abril de 2017 fue trasladado de la penitenciar\u00eda de La Dorada al complejo carcelario de Ibagu\u00e9 \u00abCoiba \u2013 La Picale\u00f1a\u00bb, siendo ubicado en el \u00abpabell\u00f3n 1A\u00bb donde el servicio de agua potable solo \u00abse suministra de 30 a 40 minutos al d\u00eda y con baja presi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Refiri\u00f3 que, al ser tan escaso y por tan corto tiempo la provisi\u00f3n del l\u00edquido, las condiciones generales de salubridad en el pabell\u00f3n \u00abson inhumanas\u00bb, situaci\u00f3n que se hace m\u00e1s gravosa teniendo en cuenta el hacinamiento que registra actualmente el penal. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que, desde el mismo a\u00f1o 2017 \u00abhe venido reclamando al INPEC el suministro de agua permanente [\u2026] pero todas las respuestas [\u2026] son evasivas\u00bb pues hacen responsable de la problem\u00e1tica a la USPEC y \u00abno dan soluci\u00f3n de fondo\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que a las dem\u00e1s accionadas (Procuradur\u00eda y Defensor\u00eda) \u00ables he enviado derechos de petici\u00f3n poniendo en conocimiento la dif\u00edcil situaci\u00f3n que estamos viviendo los privados de la libertad en el Coiba con respecto a la escases de agua en el d\u00eda a d\u00eda\u00bb; sin embargo, cuestiona que todas las solicitudes las remiten \u00abal INPEC y USPEC los cuales evaden sus responsabilidades con respuestas incoherentes, pues todos se echan la responsabilidad [\u2026] as\u00ed llevo m\u00e1s de dos a\u00f1os solicitando el suministro de agua y a\u00fan no he podido lograr que se me garantice este derecho constitucional\u00bb. <\/p>\n

Por lo anterior, pide que \u00abse ordene a las entidades accionadas que en un t\u00e9rmino perentorio brinden y garanticen el suministro de agua potable de manera permanente y cont\u00ednua las 24 horas del d\u00eda\u00bb (fls. 1 a 8, cd.1). <\/p>\n

2.\tEl tribunal a-quo declar\u00f3 improcedente el auxilio al considerar que las accionadas no est\u00e1n vulnerando los derechos fundamentales del actor, ya que indicaron que \u00abadelantan visitas t\u00e9cnicas o mesas penitenciarias de manera constante al Complejo Coiba, con el fin de abordar y buscar soluciones efectivas a los m\u00faltiples problemas por los que atraviesa la poblaci\u00f3n reclusa (\u2026)\u00bb; adicionalmente, resalt\u00f3 que la tutela incumpl\u00eda el presupuesto de la inmediatez dado que \u00abdesde el 21 de abril de 2017 se presenta la problem\u00e1tica en el suministro de agua potable, luego de esa data a la actualidad ha transcurrido m\u00e1s de dos a\u00f1os (\u2026)\u00bb (fls. 237 a 243, ib\u00eddem). <\/p>\n

3.\tEl anterior fallo lo impugn\u00f3 el tutelante, manifestando que el \u00faltimo de los \u00abderechos de petici\u00f3n\u00bb dirigido a la Defensor\u00eda denunciando la situaci\u00f3n del centro de reclusi\u00f3n, \u00abdata de julio de este a\u00f1o\u00bb, y a\u00f1adi\u00f3 que, aunque la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda Regional \u00abrealizan mesas de trabajo de manera mensual en la c\u00e1rcel nada cambia, todo sigue igual [y] las violaciones de derechos humanos contra los reclusos\u00bb (fls. 261 a 264, ib.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tDe la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n

No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n

El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, mientras que el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017 regula el \u00abfactor funcional\u00bb en dicha materia, asignando el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n

El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan se prev\u00e9 en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1. <\/p>\n

2.\tDefinici\u00f3n de competencia. <\/p>\n

Ahora, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que las entidades que est\u00e1n llamadas a responder como accionadas en eventos como los que ahora se denuncian, son aquellas que tienen dentro de sus atribuciones la materializaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n y garant\u00eda de los servicios generales y el adecuado funcionamiento de los establecimientos carcelarios, esto es, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Penitenciarios y Carcelarios \u2013 USPEC, \u00e9sta \u00faltima creada por el Gobierno Nacional a trav\u00e9s del Decreto 4150 de 2011. <\/p>\n

Es as\u00ed que, seg\u00fan las facultades legalmente asignadas a las citadas instituciones, esta Corte sostuvo que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) A pesar de que el peticionario dirigi\u00f3 el amparo de tutela contra el Ministerio de Justicia y del Derecho, a dicha entidad no se le puede endilgar la vulneraci\u00f3n alegada en la queja constitucional, por cuanto es la Unidad Administrativa Especial de Servicios Penitenciarios y Carcelarios \u2013 SPC, la encargada de \u00abgestionar y operar el suministro de bienes y la prestaci\u00f3n de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo log\u00edstico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013 INPEC\u2019, conforme lo establece el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 4150 de 2011. (\u2026). <\/p>\n

Ahora bien, a la luz del canon 2\u00b0 de la disposici\u00f3n legal referida, dicha entidad est\u00e1 dotada de \u00abpersoner\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y financiera\u00bb; de ah\u00ed que seg\u00fan la previsi\u00f3n contenida en el art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, que determina la integraci\u00f3n de la rama ejecutiva del poder p\u00fablico en el orden nacional, se trata de una entidad del sector descentralizado por servicios (literal a), numeral 2\u00ba \u00eddem\u201d (Exp. 76001-22-21-000-2012-00032-01), lineamiento jurisprudencial que recientemente reiter\u00f3 el providencia de 20 de junio de 2013, dentro del expediente de tutela 13001-22-21-000-2013-00028-01.(\u2026). <\/p>\n

(\u2026) Es del caso destacar que si bien para resolver la presente acci\u00f3n de tutela resulta necesario llamar a las entidades que cit\u00f3 el Tribunal a quo, dada la informaci\u00f3n que pueden suministrar en orden a dilucidar los hechos denunciados por los peticionarios, (\u2026) no pueden ser vinculadas como accionadas, no s\u00f3lo porque en su contra no se dirigi\u00f3 ninguna queja concreta, sino porque no les corresponde atender las puntuales pretensiones a que hace referencia en el escrito introductor (\u2026)\u00bb (CSJ, Auto de 25 de julio de 2013, exp. 2013-00119-01; reiterado 10 jul. 2013, rad. 00130-02; 17 jul. 2014, rad. 2014-00073-01, y ATC803-2016, 18 feb. 2016, rad. 00654-01). <\/p>\n

Entonces, bajo esa perspectiva, y considerando el factor funcional antes mencionado, el conocimiento de una tutela contra una entidad, autoridad u organismo del orden nacional se radica en los jueces del circuito, al tenor de lo previsto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017, \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb Se resalta. <\/p>\n

De suerte que, conforme se extrae de la normativa en cita, resulta indudable que el primer grado de la presente acci\u00f3n constitucional le corresponde tramitarlo a los jueces del circuito del distrito judicial de Ibagu\u00e9. <\/p>\n

3.\tLa actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n

De acuerdo con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 para conocer en primera instancia este auxilio y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente, se itera, a los Juzgados del Circuito (reparto) de Ibagu\u00e9. <\/p>\n

As\u00ed, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que al dejarse sin efecto el fallo proferido por la colegiatura a-quo, proferido el 13 de noviembre de 2019, se dispondr\u00e1 que el funcionario habilitado para tal fin atendiendo la ley, dicte uno nuevo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n

4.\tSobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n

Esta Sala en cuanto a esa potestad, en pret\u00e9ritas oportunidades ha se\u00f1alado que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n

(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n

5.\tDe la imposibilidad del conflicto de competencia frente a la orden que se impartir\u00e1. <\/p>\n

Al respecto una vez m\u00e1s se advierte que, <\/p>\n

\u00abno cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley. (\u2026) En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia\u00bb (CSJ, ATC 16 jul. 2010, rad. 2010-00022-01, reiterado en ATC8658-2016, 15 dic. 2016, rad. 00363-01, entre otros). Negrillas fuera del texto. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

PRIMERO. Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 13 de noviembre de 2019 en el asunto de la referencia. <\/p>\n

SEGUNDO. Ordenar la remisi\u00f3n del expediente a los Juzgados con categor\u00eda de circuito de Ibagu\u00e9 \u2013 reparto \u2013 para que asuman el conocimiento de la presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n

TERCERO. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama u otro medio expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente ATC1984-2019 Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2019-00324-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102456","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102456","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102456"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102456\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102456"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102456"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102456"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}