{"id":102479,"date":"2026-07-02T15:19:28","date_gmt":"2026-07-02T15:19:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102479"},"modified":"2026-07-02T15:19:28","modified_gmt":"2026-07-02T15:19:28","slug":"sc113-2019-2006-00600-01","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc113-2019-2006-00600-01\/","title":{"rendered":"SC113-2019 (2006-00600-01)"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

SC113-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 68001-31-10-003-2006-00600-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de junio de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil diecinueve (2019).- <\/p>\n

Procede la Corte a decidir el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandada frente a la sentencia de 19 de diciembre de 2013, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario seguido por Eliana Puentes G\u00f3mez contra Martha Cecilia Puentes Casta\u00f1o. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

La promotora emprendi\u00f3 juicio de conocimiento en el que pretendi\u00f3 declarar que su hermana media no es hija de quien funge como padre de ambas, con las consecuentes correcciones en el registro civil de nacimiento y la carencia de vocaci\u00f3n hereditaria respecto de \u00e9l. <\/p>\n

Como respaldo de sus aspiraciones, sostuvo1, que Heladio Puentes Pino contrajo matrimonio con su progenitora el 12 de agosto de 1972 y de esa uni\u00f3n nacieron Adri\u00e1n, Eliana, Luz Mary y Alba Rosa Puentes G\u00f3mez. Agreg\u00f3 que el padre falleci\u00f3 el 30 de diciembre de 2000, y que la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite otorg\u00f3 poder a un profesional del derecho en octubre de 2005 para iniciar la sucesi\u00f3n, pero encontr\u00f3 que los bienes dejados por aqu\u00e9l ya estaban cautelados en un juicio iniciado con el mismo fin por Martha Cecilia Puentes Casta\u00f1o, quien acredit\u00f3 ser la primog\u00e9nita del causante. Continu\u00f3 narrando que se enter\u00f3 de los anteriores hechos en el mes de marzo de 2006 cuando \u00ablogr\u00f3 acceder al protocolo notarial\u00bb, por lo que su reclamaci\u00f3n es oportuna conforme a la Ley 1060 de 26 de julio de 2006. <\/p>\n

Finaliz\u00f3 exponiendo c\u00f3mo Martha Cecilia s\u00f3lo utiliz\u00f3 el apellido materno en el plantel educativo donde curs\u00f3 sus estudios y que fue reconocida cuando ten\u00eda 15 a\u00f1os de edad sin que reclamara alimentos, lo que ratific\u00f3 su madre en conversaci\u00f3n telef\u00f3nica sostenida con el apoderado judicial de la solicitante. <\/p>\n

Notificada del auto admisorio, la encausada se opuso y formul\u00f3 las excepciones de \u00abcesaci\u00f3n de la acci\u00f3n incoada por reconocimiento expreso de hijo en documento p\u00fablico\u00bb, \u00abcaducidad\u00bb y \u00abprescripci\u00f3n por no accionar en t\u00e9rmino legal art. 2512 y 2535 del C\u00f3digo Civil y Ley 1060 de 2001 (sic) art\u00edculo 7 quedando el art\u00edculo 219 solo con 140 d\u00edas para impugnar\u00bb2. <\/p>\n

El a quo accedi\u00f3 a los ruegos y tuvo por infundadas las defensas propuestas3, decisi\u00f3n que recurrida fue confirmada por el superior. <\/p>\n

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n

Inici\u00f3 afirmando que la legitimidad de la reclamante fue demostrada con la copia de su registro civil de nacimiento, el cual evidencia el parentesco que invoc\u00f3 respecto de Heladio Puentes Pino. Asimismo, expuso, no hay duda de que la recurrente no es hija de \u00e9l, pues, la prueba cient\u00edfica de paternidad practicada la excluy\u00f3 y ella no la cuestion\u00f3. \u00danicamente critic\u00f3 la forma en que el Juzgado aplic\u00f3 el ordenamiento en lo que al aspecto temporal refiere, el que, aduce, venci\u00f3. <\/p>\n

Con relaci\u00f3n a la alzada, prosigui\u00f3, Martha Cecilia aleg\u00f3 que las normas aplicables en el sub lite son los art\u00edculos 219, sin la modificaci\u00f3n que le introdujo el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1060 de 2006, y 221 del C\u00f3digo Civil vigente para cuando feneci\u00f3 su progenitor (30 de diciembre de 2000) y, por tanto, el plazo para promover la causa era de sesenta (60) d\u00edas contados desde dicho \u00f3bito. Pero que, de aceptarse tal mutaci\u00f3n con efectos retroactivos, el nuevo t\u00e9rmino de ciento cuarenta (140) d\u00edas all\u00ed regulado deb\u00eda calcularse desde la misma fecha. As\u00ed, como el libelo fue presentado el 26 de septiembre de 2006, se configur\u00f3 la caducidad invocada. De contabilizarse ese lapso desde cuando se tuvo conocimiento de su existencia la conclusi\u00f3n no ser\u00eda distinta puesto que la madre de la demandante se enter\u00f3 del tr\u00e1mite sucesorio de Heladio Puentes Pino en octubre de 2001 y en esa fecha se lo debi\u00f3 comunicar a sus descendientes. Igual sucede si se computa desde cuando la accionante fue reconocida en esa mortuoria, ya que el prove\u00eddo que as\u00ed lo dispuso data del 17 de noviembre de 2005. <\/p>\n

Para resolver como se indic\u00f3, calific\u00f3 de acertado el proceder del Juzgado cuando consider\u00f3 que, sin tener en cuenta el par\u00e1grafo del art\u00edculo 14 de la Ley 1060 de 2006, en principio, la reclamaci\u00f3n estar\u00eda caducada por no haber sido promovida dentro de los ciento cuarenta (140) d\u00edas previstos para ello, partiendo de cualquiera de las tres \u00e9pocas alegadas por la apelante. Sin embargo, como aqu\u00e9l acogi\u00f3 el criterio que de anta\u00f1o ven\u00eda sosteniendo el Tribunal, seg\u00fan el cual la nueva oportunidad para impugnar la paternidad, prevista en esta norma, no s\u00f3lo es aplicable a quienes hab\u00edan perdido previamente otro proceso de igual naturaleza por haber sido declarada la caducidad, sino a quienes no lo intentaron, no avistaba razones para revocar. <\/p>\n

Lo anterior, aunado a que no se justific\u00f3 motivo alguno para cambiar ese precedente, el que concuerda con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia contenida en la sentencia de 1\u00ba de noviembre de 2011, rad. n\u00ba 2006-00092-91, y toda vez que la reforma citada empez\u00f3 a regir el 26 de julio de 2006, al consagrar el t\u00e9rmino de ciento ochenta (180) d\u00edas para la radicaci\u00f3n de la reclamaci\u00f3n paternal adicional, esto es, hasta el 26 de enero de 2007, se colige que no se configur\u00f3 la caducidad porque el libelo fue presentado el 26 de septiembre de 20064. <\/p>\n

EL RECURSO DE CASACI\u00d3N <\/p>\n

Un embate plante\u00f3 la censora invocando la causal primera. <\/p>\n

CARGO \u00daNICO <\/p>\n

Acus\u00f3, por v\u00eda directa, la vulneraci\u00f3n del par\u00e1grafo del art\u00edculo 14 de la Ley 1060 de 2006, por indebida aplicaci\u00f3n, y la de los c\u00e1nones 221 del C\u00f3digo Civil vigente para la \u00e9poca y 40 de la Ley 153 de 1887, por omitirlos. <\/p>\n

Expuso, como apoyo, que la primigenia disposici\u00f3n contempla dos requisitos para que sea posible impugnar la paternidad por segunda vez, esto es, que un inicial reclamo hubiese sido tramitado por la misma persona y que \u00e9ste culminara desestimatoriamente por configurarse la caducidad. Por lo que al evidenciar que esas exigencias no se encuentran cumplidas porque la peticionaria no tramit\u00f3 otra reclamaci\u00f3n como la presente y por ende no obtuvo fallo alguno, el ad quem err\u00f3 en aplicar el referido precepto y de paso tambi\u00e9n tergivers\u00f3 el fin del legislador, consistente en proteger a quienes mostraron diligencia para clarificar una situaci\u00f3n filial dudosa que los afectaba. <\/p>\n

Afirm\u00f3 que esa interpretaci\u00f3n gener\u00f3 que fuera omitido el empleo del segundo mandato legal implorado, que tuvo vigencia hasta que fue derogado por la Ley 1060 de 2006, a cuyo tenor los herederos del supuesto progenitor y las dem\u00e1s personas con inter\u00e9s contaban con sesenta (60) d\u00edas para iniciar el proceso, calculados desde la muerte de aqu\u00e9l o del conocimiento del nacimiento del hijo, respectivamente (arts. 219 y 220, C.C.). <\/p>\n

Por manera que como aquello ocurri\u00f3 el 30 de diciembre de 2000 y esto en octubre de 2001 al ser enterada Eliana G\u00f3mez Arenas de la iniciaci\u00f3n del proceso de sucesi\u00f3n de quien fue su esposo, lo que se supone comunic\u00f3 a sus descendientes, o el 17 de noviembre de 2005 cuando la gestora fue reconocida como heredera en tal causa, transcurrieron en silencio esos sesenta (60) d\u00edas. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Si \tse alega la afectaci\u00f3n directa de la ley sustancial, deben \taceptarse de manera \u00edntegra los hechos tenidos por probados \ten la sentencia, sin que pueda disentirse de las pruebas recaudadas \ty su valoraci\u00f3n, porque la cr\u00edtica debe estar enfocada \ta desvirtuar los juicios hechos en relaci\u00f3n con las normas \tque gobiernan el caso, ya porque el Tribunal no las tuvo en cuenta, \tno eran las aplicables o, a pesar de serlo, las interpret\u00f3 de \tforma extra\u00f1a a su verdadero alcance. <\/p>\n

Al respecto tiene dicho la Corte que <\/p>\n

(\u2026) al acudir en casaci\u00f3n invocando la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, se debe partir de la aceptaci\u00f3n \u00edntegra de los hechos tenidos por probados en la sentencia, sin que se permita plantear inconformidad alguna relacionada con los medios de convicci\u00f3n recaudados, debi\u00e9ndose limitar la formulaci\u00f3n del ataque a establecer la existencia de falsos juicios sobre las normas sustanciales que gobiernan el caso, ya sea por falta de aplicaci\u00f3n, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicaci\u00f3n indebida, al incurrir en un error de selecci\u00f3n que deriva en darles efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia pero se le da un alcance que no tienen, present\u00e1ndose una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea (CSJ SC 24 abr. 2012, rad. n\u00ba 2005-00078). <\/p>\n

2. Reiteradamente \testa Corporaci\u00f3n ha considerado \tque la impugnaci\u00f3n de la filiaci\u00f3n corresponde a la \toportunidad establecida para refutar la paternidad o maternidad; \tafincada en tres tipolog\u00edas: i) la que se dirige en contra de \tla presunci\u00f3n regulada en el art\u00edculo 214 del C\u00f3digo \tCivil, seg\u00fan la cual los nacidos durante la vigencia de un \tv\u00ednculo de pareja debidamente constituido ser\u00e1n hijos \tde \u00e9sta; ii) la \u00abimpugnaci\u00f3n \tde reconocimiento\u00bb, \tque tiende a desconocer la expresi\u00f3n discrecional de quien \tacepta ser padre, sin que se configure \u00e1nimo de permanencia \ten la relaci\u00f3n; y iii) la que tiene como prop\u00f3sito \trepeler la maternidad por tratarse de un falso parto o suplantaci\u00f3n \tdel pretendido hijo al verdadero (SC 1\u00ba nov. 2011 rad. \t2006-00092, reiterada SC 16 ago. 2012, rad. 2006-1276-01). <\/p>\n

Para los \u00faltimos dos supuestos la Ley 75 de 1968, en su art\u00edculo 5\u00ba, establece que \u00ab[e]l reconocimiento s\u00f3lo podr\u00e1 ser impugnado por las personas, en los t\u00e9rminos, y por las causas indicadas en los art\u00edculos 248 y 335 del C\u00f3digo Civil\u00bb, advirtiendo que, en su texto original, el inciso final de la primera de las normas citadas contemplaba que \u00ab[n]o ser\u00e1n o\u00eddos contra la legitimaci\u00f3n sino los que prueben un inter\u00e9s actual en ello, y los ascendientes leg\u00edtimos del padre o madre legitimantes; estos en sesenta d\u00edas, contados desde que tuvieron conocimiento de la legitimaci\u00f3n; aquellos en los trescientos d\u00edas subsiguientes a la fecha en que tuvieron inter\u00e9s actual y pudieron hacer valer su derecho\u00bb. <\/p>\n

Partiendo de la base de que, como lo infiere el sentido l\u00f3gico y a modo de regla general, el acto de \u00abreconocimiento\u00bb en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1\u00ba de la precitada ley lleva impl\u00edcita la aceptaci\u00f3n de haber sostenido relaciones sexuales para la \u00e9poca de la concepci\u00f3n, entre la mam\u00e1 y quien radica en s\u00ed la calidad de padre, el reclamo debe ce\u00f1irse a desvirtuarlo, raz\u00f3n por la que s\u00f3lo se legitime a quienes tengan un inter\u00e9s actual, que se presume de entrada en los ascendientes de quien unilateralmente asumi\u00f3 tal responsabilidad. <\/p>\n

En tal sentido la Corte expuso que <\/p>\n

(\u2026) como el reconocimiento de la paternidad por cualquiera de los medios se\u00f1alados en el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 75 de 1968, implica confesi\u00f3n de la existencia de relaciones sexuales entre el reconociente y la madre del reconocido por la \u00e9poca en que se presume la concepci\u00f3n de \u00e9ste, su impugnaci\u00f3n debe dirigirse a desvirtuar que el reconocido no ha podido tener por padre a quien realiz\u00f3 el reconocimiento. Por esto, el art\u00edculo 248, in fine, del C\u00f3digo Civil, legitima para impugnar el reconocimiento \u00fanicamente a los que \u2018prueben un inter\u00e9s actual en ello\u2019, as\u00ed como a los \u2018ascendientes leg\u00edtimos\u2019 del padre o madre que reconoce, (\u2026) Desde luego que la expresi\u00f3n \u2018ascendientes leg\u00edtimos\u2019 no debe entenderse referida a la familia originada en el matrimonio, sino a cualquier ascendiente, natural o leg\u00edtimo, en consideraci\u00f3n a que conforme a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ambas familias se encuentran en el mismo plano de igualdad, as\u00ed no se haya decidido sobre su exequibilidad. (\u2026) Por lo dem\u00e1s, el \u2018inter\u00e9s actual\u2019 para la prosperidad de la pretensi\u00f3n de impugnaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos como est\u00e1 concebida la norma, no est\u00e1 vinculado a ambos grupos de personas, como bien se colige de la forma como se computa el t\u00e9rmino de caducidad con respecto a unos y otros, pues mientras que para el primero este corre desde el instante en que \u2018tuvieron conocimiento\u2019 del reconocimiento, para el segundo el moj\u00f3n de partida lo determina la \u2018fecha en que tuvieron inter\u00e9s actual y pudieron hacer valer su derecho\u2019. (\u2026) Claro est\u00e1 que si el inter\u00e9s es un presupuesto que concierne a toda legitimaci\u00f3n por v\u00eda de principio general, lo expuesto a prop\u00f3sito de la norma en comentario no significa que de los ascendientes est\u00e9 ausente el inter\u00e9s en relaci\u00f3n con la pretensi\u00f3n impugnativa. Otra cosa es que ese inter\u00e9s lo suponga la propia ley, en tanto se entiende impl\u00edcito, dado que el reconocimiento de un hijo es una cuesti\u00f3n moral que incumbe a toda la familia y que eventualmente puede afectar el honor y a\u00fan la misma tranquilidad del n\u00facleo. (CSJ SC 16 sep. 2003, rad. C-7609). <\/p>\n

Consecuentemente, conforme al conjunto regulativo expuesto, el acto voluntario de \u00abreconocimiento\u00bb \u00fanicamente puede ser repelido por los ascendientes de quien lo hizo o por las personas que acrediten un \u00abinter\u00e9s actual\u00bb, quedando incluidos entre ellos sus herederos por obvias razones sucesorales. As\u00ed lo ha sostenido la Sala al indicar que <\/p>\n

]e]l ordenamiento civil prev\u00e9 en el art\u00edculo 213 que el hijo concebido durante el matrimonio tiene por padre al esposo, presunci\u00f3n legal susceptible de ser discutida para establecer que quien se reputa como tal, no es el verdadero progenitor, porque no existe v\u00ednculo filial entre ellos. Para ese prop\u00f3sito, el legislador consagr\u00f3 la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de la paternidad, y espec\u00edficamente el art\u00edculo 217 del C\u00f3digo Civil, antes de la reforma de la Ley 1060 de 2006, facultaba al marido para que reclamara contra la legitimidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, siempre y cuando lo hiciera \u2018dentro de los sesenta d\u00edas contados desde aquel en que tuvo conocimiento del parto\u2019. Sin embargo, muerto el consorte, los herederos y \u2018las dem\u00e1s personas interesadas\u2019 pod\u00edan promover la referida acci\u00f3n judicial en un t\u00e9rmino igual, contado desde que supieron del deceso del presunto padre o del nacimiento del hijo, este \u00faltimo evento, aplicable \u00fanicamente cuando ese hecho ocurr\u00eda despu\u00e9s de expirados los 300 d\u00edas subsiguientes a la disoluci\u00f3n del matrimonio, conforme lo estipulaba el art\u00edculo 221 ejusdem; plazo similar se otorg\u00f3 a los ascendientes del c\u00f3nyuge (art\u00edculo 222). (CSJ SC-13490 de 2014, rad. n\u00ba 2004-00197-01). <\/p>\n

Como se desprende, dicha facultad impugnadora estaba limitada temporalmente porque se preve\u00eda, para promoverla, el t\u00e9rmino de sesenta (60) d\u00edas para los ascendientes leg\u00edtimos de quienes concibieron al hijo y de trescientos (300) para los dem\u00e1s interesados. <\/p>\n

Ese plazo sufri\u00f3 alteraci\u00f3n tras la expedici\u00f3n de la sentencia C-310 del 31 de marzo de 2004, emanada de la Corte Constitucional, que declar\u00f3 inexequible el vocablo \u00abtrescientos d\u00edas\u00bb del aludido art\u00edculo 248 del C\u00f3digo Civil y exequible el aparte \u00abaquellos en los ( ) d\u00edas subsiguientes a la fecha en que tuvieron inter\u00e9s actual y pudieron hacer valer su derecho en el entendido que ser\u00e1 el mismo plazo de sesenta d\u00edas consagrado en este art\u00edculo y en el 221 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n

Posteriormente fue adoptado el de ciento cuarenta (140) d\u00edas con la modificaci\u00f3n que al art\u00edculo 248 citado introdujo la Ley 1060 de 2006. <\/p>\n

En efecto, por medio de \u00e9sta \u00faltima compilaci\u00f3n se insertaron cambios a las normas que regulan la impugnaci\u00f3n de la paternidad y la maternidad, modificando en su art\u00edculo 11 el referido 248, cuya principal reforma fue incrementar en el inciso final el plazo concedido para accionar en los siguientes t\u00e9rminos: \u00abNo ser\u00e1n o\u00eddos contra la paternidad sino los que prueben un inter\u00e9s actual en ello, y los ascendientes de quienes se creen con derechos, durante los 140 d\u00edas desde que tuvieron conocimiento de la paternidad\u00bb. <\/p>\n

Sin embargo, el par\u00e1grafo del art\u00edculo 14 contempl\u00f3 que \u00abdentro de los 180 d\u00edas siguientes a la entrada en vigencia (\u2026), las personas que hayan impugnado la paternidad o la maternidad y esta haya sido decidida adversamente por efectos de encontrarse caducada la acci\u00f3n, podr\u00e1n interponerla nuevamente y por una sola vez, con sujeci\u00f3n a lo previsto en los incisos 2 y 3 del art\u00edculo 5\u00b0 de la presente ley\u00bb. <\/p>\n

Una inicial interpretaci\u00f3n de \u00e9sta norma dej\u00f3 ver que era necesario el cumplimiento de dos requisitos para hacer uso de la nueva oportunidad all\u00ed concebida, esto es, la existencia de un proceso anterior de impugnaci\u00f3n y que haya terminado por haber sido declarada su caducidad. <\/p>\n

Sobre tal canon la Corte, prohijando un entendimiento sistem\u00e1tico del ordenamiento, razon\u00f3 que esa posibilidad de instaurar nuevamente la pretensi\u00f3n de impugnaci\u00f3n tambi\u00e9n deb\u00eda extenderse a quienes acudieron a la administraci\u00f3n de justicia y que, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1060 de 2006 o dentro de los ciento ochenta (180) d\u00edas siguientes, no hab\u00edan obtenido pronunciamiento definitivo por causas ajenas a ellos. <\/p>\n

Lo contrario implicaba desconocer que el fin de la expedici\u00f3n del par\u00e1grafo del mencionado art\u00edculo 14 fue proteger a las personas que hab\u00edan acudido al poder judicial del Estado para clarificar una situaci\u00f3n filial dudosa que los afectaba, y no hab\u00edan obtenido ese resultado por motivos de congesti\u00f3n judicial o dilaci\u00f3n de la parte contraria, entre otros. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque tal concepci\u00f3n desarrolla el principio de econom\u00eda procesal toda vez que resultaba il\u00f3gico que la acci\u00f3n primigenia fuera declarada caducada con base en el ordenamiento anterior a la expedici\u00f3n de la Ley 1060 de 2006, para que a continuaci\u00f3n el extremo all\u00ed demandante volviera a promoverla, esta vez prevalida de la nueva ocasi\u00f3n consagrada en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 14 de \u00e9sta. <\/p>\n

As\u00ed fue expuesto en fallo sustitutivo de 29 de julio de 2009 (rad. 2002-00451), donde se indic\u00f3 que <\/p>\n

[a]nalizado literalmente el texto mencionado, tendr\u00eda que concluirse que en este caso, la prerrogativa prevista en la referida normatividad no podr\u00eda ser empleada por el accionante, toda vez que no se cumplir\u00eda el requisito de que tuviera decisi\u00f3n adversa con apoyo en tal figura extintiva, puesto que al entrar en vigencia dicho ordenamiento jur\u00eddico el t\u00e9rmino rehabilitado ya estar\u00eda fenecido (\u2026) La situaci\u00f3n no puede ser analizada de tal modo en este caso, puesto que el par\u00e1grafo transitorio tiene que extenderse en un escenario l\u00f3gico y racional, lo que impide que su aplicaci\u00f3n sea directa, a raja tabla, sin ninguna clase de an\u00e1lisis y estudio de las condiciones particulares que rodean el problema en concreto (\u2026) Aqu\u00ed la demanda de impugnaci\u00f3n se present\u00f3 en 1998, mucho antes de que se expidiera la Ley 1060 de 2006 que consagr\u00f3 la posibilidad descrita, hasta el punto de que apenas en la fecha de hoy (la de esta sentencia), se est\u00e1 decidiendo la discusi\u00f3n planteada por el demandante frente a los reparos que viene formulando desde aqu\u00e9lla \u00e9poca respecto de la paternidad que expresamente reconoci\u00f3 frente a las menores accionadas (\u2026) La demora en el pronunciamiento de un fallo definitivo no puede acarrearle la p\u00e9rdida de sus derechos ni alternativas legales, mucho m\u00e1s cuando no ha sido por hechos imputables a su dejadez o abandono, sino por el funcionamiento interno del aparato judicial y, como si lo anterior fuera poco, por la actitud abiertamente dilatoria y obstaculizadora que observ\u00f3 en el curso de la instrucci\u00f3n la progenitora y representante legal de sus supuestas hijas, quien siempre eludi\u00f3 la pr\u00e1ctica de la prueba gen\u00e9tica (\u2026) Por consiguiente, en aras de una soluci\u00f3n acorde con la voluntad del legislador y armonizando la situaci\u00f3n espec\u00edfica de quien, como ac\u00e1 ocurre, por no hab\u00e9rsele decidido la controversia antes de que se agotara el t\u00e9rmino complementario otorgado por el legislador en la ley referida no tuvo posibilidad cierta de ajustar su comportamiento a dichos lineamientos legales, deber\u00e1 analizarse el problema como si dicho tiempo adicional todav\u00eda no estuviera corriendo, y adem\u00e1s, atendiendo el contenido de la \u2018prueba gen\u00e9tica\u2019 que es categ\u00f3rica en el sentido de concluir que frente a dicho menor se presenta la exclusi\u00f3n o incompatibilidad de la paternidad. <\/p>\n

Esa posici\u00f3n fue reiterada, entre otras, en providencias de 1\u00ba de noviembre de 2011 (rad. 2006-00092-01), de 24 de abril de 2012 (rad. 2005-00078), 16 de agosto de 2012 (rad. 2006-01276-01) y CSJ SC-13490 de 2014 (rad. 2004-00197-01) en la que se precis\u00f3 c\u00f3mo <\/p>\n

[l]o anterior significa que la prerrogativa contemplada en el par\u00e1grafo transitorio del art\u00edculo 14 de la Ley 1060 de 2006, tiene efecto inmediato y gobierna los asuntos promovidos antes de su vigencia, en los que el demandante result\u00f3 vencido en juicio, caduc\u00e1ndole su derecho, siempre y cuando el nuevo tr\u00e1mite se adelante entre el 26 de julio de ese a\u00f1o y el 26 de enero de 2007. Adem\u00e1s, en una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la norma, la Corte admiti\u00f3 tambi\u00e9n la concesi\u00f3n de una nueva oportunidad, restringida en el tiempo, para quienes ten\u00edan procesos en curso, estando configurada dicha figura extintiva, pero sin decisi\u00f3n judicial, en aras de garantizar el derecho a la defensa y el principio de econom\u00eda procesal. En esa l\u00ednea de pensamiento, un juicio iniciado antes de la vigencia de la Ley 1060 de 2006, en el que por no aplicar inmediatamente el precepto bajo an\u00e1lisis, se declar\u00f3 la caducidad de la acci\u00f3n, forzar\u00eda al demandante a promover nuevamente la impugnaci\u00f3n, durante el t\u00e9rmino de los 180 d\u00edas siguientes a la vigencia de la norma, para remover los efectos jur\u00eddicos de esa decisi\u00f3n, haciendo m\u00e1s gravosa su situaci\u00f3n. Tambi\u00e9n puede ocurrir, -como aconteci\u00f3 en el sub judice- que al entrar en vigor la disposici\u00f3n, a\u00fan se encontrara en tr\u00e1mite la actuaci\u00f3n judicial, y por causas no atribuibles a la parte actora, verbi gracia la demora en el pronunciamiento de un fallo definitivo, viera cercenado su derecho a impugnar, para poner fin a un v\u00ednculo filial que biol\u00f3gicamente no existe, pues para el momento en que se profiriera la decisi\u00f3n, el plazo concedido por el legislador, ya estuviera fenecido. <\/p>\n

Incluso, en un caso en el que el juzgador de segundo grado no emple\u00f3 el par\u00e1grafo del art\u00edculo 14 de la Ley 1060 de 2006, bajo el criterio que la primigenia demanda incoada por el all\u00ed peticionario hab\u00eda terminado tras la prosperidad de la excepci\u00f3n previa de indebida representaci\u00f3n de \u00e9l y no por haber sido declarada la caducidad, la Corte cas\u00f3 tal fallo y dict\u00f3 sentencia sustitutiva aplicando a ese supuesto el canon mencionado (CSJ SC 16 ago. 2012 y SC-5630 de 2014, ambas en rad. 2006-01276-01), con apoyo en la misma interpretaci\u00f3n que en esta oportunidad se reitera. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se concluye que la l\u00ednea hermen\u00e9utica admitida por la Sala, para posibilitar el provecho del par\u00e1grafo del art\u00edculo 14 de la Ley 1060 de 2006, requiere del acatamiento de dos exigencias, esto es, que el demandante haya adelantado una acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de la filiaci\u00f3n y que esta haya sido decidida adversamente a sus intereses o, en su defecto, que no est\u00e9 definida mediante decisi\u00f3n en firme para la fecha de entrada en vigencia de ese ordenamiento o dentro del lapso de ciento ochenta (180) d\u00edas mencionado. <\/p>\n

3. De all\u00ed se \tdesprende el yerro del juez de segunda instancia al sostener, \tinvocando un precedente jurisprudencial que no refleja lo afirmado, \tque la prerrogativa legal a que se viene aludiendo, conforme a la \tcual era procedente la instauraci\u00f3n de un nuevo juicio como \tel de autos para quienes ya lo hab\u00edan iniciado y lo perdieron \tporque caduc\u00f3, entre otros requisitos, tambi\u00e9n se \taplicaba a quienes omitieron acudir al estamento jurisdiccional \tpreviamente. <\/p>\n

Por tanto, prospera la acusaci\u00f3n examinada habida cuenta que, como lo aduce el recurso bajo estudio, solo es posible ignorar la caducidad configurada en relaci\u00f3n con la impugnaci\u00f3n filial, por mandato del par\u00e1grafo del art\u00edculo 14 de la Ley 1060 de 2006, en aquellos eventos en que, entre otros presupuestos, el extremo activo del litigio hab\u00eda movido la administraci\u00f3n de justicia a trav\u00e9s de la proposici\u00f3n de una inicial reclamaci\u00f3n, exigencia que en el sub lite no fue cumplida por la peticionaria y que, por ende, impon\u00eda el estudio de fondo de ese medio exceptivo, interpuesto por la opositora. <\/p>\n

En conclusi\u00f3n, se present\u00f3 la transgresi\u00f3n anunciada porque el ad-quem aplic\u00f3 un precepto que jur\u00eddicamente no subsum\u00eda el litigio, esto es, el par\u00e1grafo transitorio del art\u00edculo 14 de la citada Ley 1060 de 2006, as\u00ed como jurisprudencia del \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria que tampoco lo enmarcaba. <\/p>\n

El cargo, por tanto, prospera. <\/p>\n

4. Desvirtuado el \tsustento basilar del fallo combatido, corresponde a la Corte, en \tsede de instancia, desatar el recurso de apelaci\u00f3n \tinterpuesto por la accionada contra la sentencia de 14 de abril de \t2011, proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga. <\/p>\n

1. Conforme \tse dej\u00f3 expuesto con anterioridad, el art\u00edculo 5\u00ba \tde la Ley 75 de 1968 consagra que \u00ab[e]l \treconocimiento s\u00f3lo podr\u00e1 ser impugnado por las \tpersonas, en los t\u00e9rminos, y por las causas indicadas en los \tart\u00edculos 248 y 335 del C\u00f3digo Civil\u00bb, \tal paso que el inciso final de la primera de esas dos disposiciones \tcontemplaba que \u00ab[n]o \tser\u00e1n o\u00eddos contra la legitimaci\u00f3n sino los que \tprueben un inter\u00e9s actual en ello, y los ascendientes \tleg\u00edtimos del padre o madre legitimantes; estos en sesenta \td\u00edas, contados desde que tuvieron conocimiento de la \tlegitimaci\u00f3n; aquellos en los trescientos d\u00edas \tsubsiguientes a la fecha en que tuvieron inter\u00e9s actual y \tpudieron hacer valer su derecho\u00bb. <\/p>\n

El vocablo \u00abtrescientos d\u00edas\u00bb del aludido canon 248 fue declarado inexequible con la sentencia C-310 de 31 de marzo de 2004, de la Corte Constitucional, y exequible el aparte \u00abaquellos en los ( ) d\u00edas subsiguientes a la fecha en que tuvieron inter\u00e9s actual y pudieron hacer valer su derecho en el entendido que ser\u00e1 el mismo plazo de sesenta d\u00edas consagrado en este art\u00edculo y en el 221 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n

Fluye de lo anterior, que los \u00abascendientes\u00bb y los terceros con \u00abinter\u00e9s\u00bb para el momento en que no hab\u00eda generado efectos la ley 1060, contaban con el lapso de 60 d\u00edas desde que surgi\u00f3 aqu\u00e9l para fustigar el v\u00ednculo filial, so pena de que dicha oportunidad feneciera por voluntad del legislador y por ende se concretara frente a ellos ese statu quo. <\/p>\n

Tales son los mandatos con base en los que ser\u00e1 dirimida la caducidad planteada en la presente contienda, vigentes cuando la solicitante conoci\u00f3 de la existencia de la convocada, dado que no hab\u00eda entrado en vigor la Ley 1060 de 2006 que modific\u00f3 el referido periodo y, por contera, resulta ajena a la presente controversia. <\/p>\n

2. En \teste asunto, est\u00e1 acreditado por confesi\u00f3n hecha por \tla demandante en el l\u00edbelo inicial, a voces del art\u00edculo \t197 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, c\u00f3mo luego de \tque falleci\u00f3 su progenitor y de haber intentado iniciar el \tproceso mortuorio correspondiente, fue hallado uno id\u00e9ntico \tpromovido por la demandada \u00aben \tcalidad de hija\u00bb; \thecho, junto con otros posteriores con los que corrobor\u00f3 esa \tcalidad, que conoci\u00f3 en el mes de marzo de 2006. <\/p>\n

En efecto, textualmente dijo en el numeral d\u00e9cimo (10\u00ba) del ac\u00e1pite f\u00e1ctico de su demanda que fue \u00abenterada de estos hechos en el mes de marzo de este a\u00f1o [2006], cuando se logr\u00f3 acceder al protocolo notarial y luego de las conversaciones sostenidas con la mentada se\u00f1ora\u00bb5. <\/p>\n

Se concluye, entonces, que el plazo de sesenta (60) d\u00edas, aplicable para tal \u00e9poca (31 marzo de 2006), venci\u00f3 el 10 de julio siguiente, contabilizado desde el primero h\u00e1bil de abril de esa anualidad, debido a que la demandante no se refiri\u00f3 a uno espec\u00edfico del mes de marzo, lo que traduce que ocurri\u00f3 la caducidad excepcionada, pues el libelo genitor de este litigio fue radicado el 25 de septiembre inmediatamente posterior. <\/p>\n

3. Con \trespaldo en lo se\u00f1alado, esto es, constatado que Eliana \tPuentes reivindic\u00f3 sus derechos cuando ya se hab\u00eda \textinguido el intervalo para ello, aflora evidente la revocatoria de \tla sentencia apelada para, en su lugar, declarar pr\u00f3spera la \texcepci\u00f3n de caducidad propuesta y denegar las pretensiones \tde la accionante. <\/p>\n

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que establece la \u00abcondena en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb y dados los resultados de la actuaci\u00f3n, la demandante pagar\u00e1 las de ambas instancias a favor de su antagonista. <\/p>\n

En virtud a la misma preceptiva se fijar\u00e1n en esta providencia las agencias en derecho correspondientes a la segunda instancia de conformidad con los lineamientos de los acuerdos 1887 y 2222 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, que las contempla en \u00abhasta cuatro (4) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes\u00bb. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 19 de diciembre de 2013, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario promovido por Eliana Puentes G\u00f3mez contra Martha Cecilia Puentes Casta\u00f1o, y en sede de instancia, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

REVOCAR en su integridad el fallo de primera instancia de 14 de abril de 2011, proferido por el Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga, dentro del ordinario del que da cuenta esta providencia, para, en su defecto, <\/p>\n

Primero. Declarar fundada la excepci\u00f3n de caducidad propuesta por la convocada. <\/p>\n

Segundo. Denegar, consecuencialmente, todas las pretensiones de la demanda. <\/p>\n

Tercero. Condenar en costas en ambas instancias a la peticionaria. Las de segundo grado ser\u00e1n liquidadas por la Secretar\u00eda del a quo incluyendo la suma de dos millones de pesos ($2\u2019000.000) por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n

Cuarto. No imponer costas en casaci\u00f3n, ante la prosperidad del recurso. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y DEVU\u00c9LVASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\n(Salvamento de Voto) <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n(Salvamento de Voto)
\n1 \tfolios 8 a 14, \tcuaderno 1.
\n2 \tfolios 1 a 2, \tcuaderno 2. <\/p>\n

4 \tfolios 28 a 49, \tcuaderno 6.
\n5 \tFolio 10, C 1.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente SC113-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68001-31-10-003-2006-00600-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de junio de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil diecinueve (2019).- Procede la Corte a decidir el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandada frente a la sentencia de 19 de diciembre de 2013, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102479","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102479","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102479"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102479\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102479"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102479"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102479"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}