{"id":102481,"date":"2026-07-02T15:20:40","date_gmt":"2026-07-02T15:20:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102481"},"modified":"2026-07-02T15:20:40","modified_gmt":"2026-07-02T15:20:40","slug":"sc665-2019-2009-00005-01_1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc665-2019-2009-00005-01_1\/","title":{"rendered":"SC665-2019 (2009-00005-01)_1"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

SC665-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 05001 31 03 016 2009-00005-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de marzo de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Luz Marina G\u00f3mez Ram\u00edrez frente a la sentencia de 20 de febrero de 2014, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro del proceso ordinario que la recurrente junto con Carlos Andr\u00e9s, Jorge Mario, Mar\u00eda Isabel, Jos\u00e9 Fernando y Juan Felipe Ram\u00edrez G\u00f3mez, promovieron contra Alejandro Quintero Osorio, Diana Patricia Restrepo Ochoa y Seguros Generales Suramericana S.A. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- Los actores pidieron declarar que sus contendores son civil y solidariamente responsables de los perjuicios que sufrieron por el accidente de tr\u00e1nsito ocasionado por el automotor de placa MLH-607, de propiedad de los convocados y amparado por la aseguradora citada, ocurrido el 3 de junio de 2007 en el Kil\u00f3metro 4 de la Autopista Norte, a la altura del municipio de Copacabana – Antioquia, en el cual perdi\u00f3 la vida su esposo y padre Luis Orlando Ram\u00edrez Zuluaga. <\/p>\n

En consecuencia, se les condene a la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, as\u00ed: <\/p>\n

Para Luz Marina G\u00f3mez Ram\u00edrez, la suma de setecientos veintinueve millones de pesos ($729'000.000), por concepto de lucro cesante, correspondiente a los ingresos dejados de percibir en su calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite de Luis Orlando Ram\u00edrez Zuluaga, teniendo en cuenta la edad de \u00e9ste y descontando lo concerniente a sus gastos personales. Adem\u00e1s, por el equivalente a doscientos (200) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, por el menoscabo moral, y la misma cantidad por da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n. <\/p>\n

Para Carlos Andr\u00e9s y Mar\u00eda Isabel Ram\u00edrez G\u00f3mez, por el detrimento material, la totalidad de los dineros destinados a matr\u00edculas y dem\u00e1s gastos universitarios entre el 3 de junio de 2007 y la fecha de expedici\u00f3n de los correspondientes certificados por las entidades educativas. <\/p>\n

A t\u00edtulo de perjuicios morales, ciento cincuenta (150) SMLMV para cada uno de los accionantes Carlos Andr\u00e9s, Jorge Mario, Mar\u00eda Isabel, Jos\u00e9 Fernando y Juan Felipe Ram\u00edrez G\u00f3mez. <\/p>\n

Igualmente, exigieron la indexaci\u00f3n de los valores reclamados (fls.141 a 143 c.l). <\/p>\n

2.- El sustrato f\u00e1ctico del petitum se contrae a lo siguiente (fls. 131 a 149 ib.): <\/p>\n

El 3 de junio de 2007, Alejandro Quintero Osorio conduc\u00eda su veh\u00edculo de placa MLH-607, en compa\u00f1\u00eda de Diana Patricia Restrepo Ochoa, por la Autopista Norte. Al llegar al kil\u00f3metro 4, en el municipio de Copacabana, atropell\u00f3 a Luis Orlando Ram\u00edrez Zuluaga, quien iba caminando por el and\u00e9n y sufri\u00f3 graves heridas, que a la postre le ocasionaron la muerte. Para esa fecha, el occiso ten\u00eda 63 a\u00f1os de edad y gozaba de buena salud. <\/p>\n

El aludido rodante estaba asegurado mediante una p\u00f3liza de responsabilidad civil extracontractual, expedida por Agr\u00edcola de Seguros, hoy Suramericana de Seguros S.A. <\/p>\n

La actuaci\u00f3n administrativa fue adelantada por la Secretar\u00eda de Transporte y Tr\u00e1nsito de Copacabana. Una vez se practicaron las pruebas correspondientes se expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n No.05212-001 de 17 de enero de 2008, en la cual estableci\u00f3 que el carro circulaba a una velocidad superior a la permitida, declar\u00f3 responsable contravencionalmente al demandado por violaci\u00f3n de los art\u00edculos 55, 60, 61, 63, 68, 74, 106, 109 y 110 de la Ley 769 de 2002, y exoner\u00f3 de responsabilidad al fallecido. <\/p>\n

La Fiscal\u00eda 115 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Girardota le imput\u00f3 al conductor el delito de homicidio culposo. Sin embargo, agotadas las etapas del proceso, el Juez penal de conocimiento lo absolvi\u00f3 por existir \u00abdudas en la forma como ocurri\u00f3 el accidente\u00bb, decisi\u00f3n apelada y confirmada por el superior. <\/p>\n

La absoluci\u00f3n en materia penal no exime al automovilista de su responsabilidad civil por el ejercicio de una actividad peligrosa y por lo tanto, los propietarios del veh\u00edculo deben responder por los da\u00f1os causados, como quiera que pesa sobre ellos una presunci\u00f3n en ese sentido. <\/p>\n

La v\u00edctima estaba al frente de su empresa, llamada \u00abConstructora Turipana\u00bb, que le generaba unos ingresos mensuales de $4'500.000 y su fallecimiento le gener\u00f3 perjuicios irreparables a los accionantes. <\/p>\n

3.- Los convocados se opusieron a las s\u00faplicas. (fls. 201 a 205 c.l). <\/p>\n

3.1.- Alejandro Quintero Osorio y Diana Patricia Restrepo Ochoa propusieron las excepciones de m\u00e9rito que denominaron \u00abcausa extra\u00f1a: fuerza mayor y caso fortuito\u00bb, \u00abculpa de la v\u00edctima materializada en la aceptaci\u00f3n de riesgos\u00bb, \u00abreducci\u00f3n del monto indemnizable\u00bb y \u00abexcesiva e injustificada tasaci\u00f3n de los perjuicios\u00bb. <\/p>\n

3.2.- Seguros Generales Suramericana S.A. elev\u00f3 los medios defensivos que llam\u00f3 \u00abefectos de la sentencia penal absolutoria en el proceso civil\u00bb, \u00abcausa extra\u00f1a, fuerza mayor o caso fortuito\u00bb, \u00abcausa extra\u00f1a en la modalidad de culpa exclusiva de un tercero\u00bb, \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n de indemnizar por ausencia de nexo de causalidad\u00bb, \u00abinexistencia de solidaridad de parte de la compa\u00f1\u00eda de seguros\u00bb, \u00abindebida acumulaci\u00f3n de pretensiones\u00bb, \u00abexagerada tasaci\u00f3n de los perjuicios solicitados y falta de demostraci\u00f3n de los mismos\u00bb, \u00abl\u00edmites del contrato de seguro para el veh\u00edculo particular establecidas en las condiciones generales del mismo\u00bb, \u00abexclusiones contempladas en las condiciones generales del contrato de seguros responsabilidad civil extracontractual\u00bb y \u00abcualquier otra excepci\u00f3n que se encuentre probada para que se declare de oficio de conformidad con el art. 306 del C. de P.C.\u00bb (fls. 210 a 213 y 241 a 249 ib). <\/p>\n

4.-\tEl a quo culmin\u00f3 la primera instancia declarando probadas las excepciones de \u00abcausa extra\u00f1a: fuerza mayor y caso fortuito\u00bb y \u00abefectos de la sentencia penal absolutoria en el proceso civil\u00bb (fl.443 a 455, ib.). <\/p>\n

5.- El superior confirm\u00f3 lo decidido al desatar la alzada interpuesta por los promotores (fls. 32 a 50 c. 7). <\/p>\n

FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n

El Tribunal para arribar a su decisi\u00f3n, efectu\u00f3 los siguientes razonamientos: <\/p>\n

La Ley 600 de 2000, en su art\u00edculo 57, dispon\u00eda que \u00abla acci\u00f3n civil no podr\u00e1 iniciarse ni proseguirse cuando en el proceso penal se haya declarado, por providencia en firme, que la conducta causante del perjuicio no se realiz\u00f3 o que el sindicado no lo cometi\u00f3 o que obr\u00f3 en estricto cumplimiento de un deber legal o en leg\u00edtima defensa\u00bb y como el C\u00f3digo de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004 no trae una norma semejante, la doctrina ha sostenido la falta de reglamentaci\u00f3n del ordenamiento nacional en ese aspecto, por lo que ha llenado ese vac\u00edo recurriendo a la noci\u00f3n de \u00abunidad de jurisdicci\u00f3n\u00bb, de manera que no puede haber contradicci\u00f3n entre lo resuelto por el juez penal y lo que provea sobre el hecho causante del il\u00edcito el funcionario civil. <\/p>\n

La decisi\u00f3n penal absolutoria irradia sus efectos en el campo civil, pero siguiendo los derroteros marcados por la Corte, el examen que haga el juez civil, debe atender al contenido, a la sustancia, al an\u00e1lisis que hizo el juez penal, de modo que si advierte que la providencia penal \u00abes en realidad hueca, vac\u00eda de contenido, hu\u00e9rfana de todo examen, puede no acogerla\u00bb. Y si advierte equivocaciones en la denominaci\u00f3n utilizada para decidir la absoluci\u00f3n, deber\u00e1 darle el real significado de cara a los postulados de la responsabilidad civil, y en particular de la causa extra\u00f1a. <\/p>\n

A continuaci\u00f3n, procedi\u00f3 a rese\u00f1ar la motivaci\u00f3n y decisiones de la especialidad penal; mencion\u00f3 el \u00abdictamen rendido por el Centro de Experimentaci\u00f3n y Seguridad Vial de Colombia (C-5)\u00bb allegado con la respuesta a la demanda, sin efectuar valoraci\u00f3n alguna al respecto, y advirti\u00f3 que el peat\u00f3n transitaba en el mismo sentido que lo hacen los automotores \u00abesto es dando la espalda a los veh\u00edculos, siendo su obligaci\u00f3n transitar por el lado contrario, puesto que as\u00ed no pone en peligro su integridad f\u00edsica ya que puede observar de frente los veh\u00edculos que transitan por la carretera\u00bb, contraviniendo el art\u00edculo 58 de la Ley 769 de 2002. <\/p>\n

Finalmente, manifest\u00f3 que prohijaba la decisi\u00f3n del juez penal, precisando que su alcance \u00aben t\u00e9rminos de causalidad\u00bb era \u00abque el sindicado no lo cometi\u00f3, estando ausente la responsabilidad penal y civil\u00bb, y que los efectos de cosa juzgada penal absolutoria imped\u00edan continuar con el ejercicio de la acci\u00f3n civil, pues de conformidad con la jurisprudencia de la Corte, aquella \u00ababarca todas las hip\u00f3tesis que caen bajo el denominador com\u00fan de causa extra\u00f1a\u00bb, lo que es tanto como asegurar que \u00abel hecho generador de la responsabilidad que se imputa al procesado no lo cometi\u00f3 \u00e9ste\u00bb.
\n6.- Todos los integrantes del extremo accionante formularon recurso de casaci\u00f3n, no obstante, el ad quem al momento de pronunciarse sobre la viabilidad del medio impugnativo, hall\u00f3 que solo a Luz Marina G\u00f3mez Ram\u00edrez le asist\u00eda inter\u00e9s para el efecto y en tal virtud \u00fanicamente concedi\u00f3 el recurso por ella propuesto, deneg\u00e1ndolo respecto de los dem\u00e1s (fls. 86 \u2013 97, c. 7). <\/p>\n

LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n

Se formularon tres ataques con base en el motivo primero del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el inicial por la v\u00eda directa y los restantes, por la indirecta. <\/p>\n

Teniendo en cuenta que los cargos segundo y tercero formulados por la v\u00eda indirecta tienen vocaci\u00f3n de prosperidad, su estudio se efectuar\u00e1 a la par, lo que se justifica porque combaten el pilar que sustenta la resoluci\u00f3n adversa a sus aspiraciones y se dirigen a demostrar el yerro f\u00e1ctico en que incurri\u00f3 el sentenciador al haberle conferido car\u00e1cter de cosa juzgada en el proceso civil a las determinaciones emitidas en el penal y ambos tienen por prop\u00f3sito que se reexamine a fondo el objeto de la litis. <\/p>\n

SEGUNDO CARGO <\/p>\n

Se invoca el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil para denunciar la infracci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 64, 1757, 2341, 2343, 2344, 2356 y 2357 del C\u00f3digo Civil, por error de hecho en el an\u00e1lisis de las pruebas, por interpretaci\u00f3n contraevidente, que condujo al Tribunal a dar por probado sin estarlo la incidencia de la cosa juzgada penal absolutoria en este asunto. <\/p>\n

El proceso penal le sirvi\u00f3 al sentenciador para estimar que el accidente no fue generado por un hecho culposo imputable a Alejandro Quintero Osorio, sino que se debi\u00f3 a la intervenci\u00f3n de otro rodante, que incidi\u00f3 en la trayectoria del que era conducido por el demandado. No obstante, al deducir que la absoluci\u00f3n se produjo porque el inculpado no cometi\u00f3 el injusto penal, le otorg\u00f3 un alcance err\u00f3neo a las sentencias emitidas por la jurisdicci\u00f3n penal. <\/p>\n

Al Juez Penal de primer grado los elementos de convicci\u00f3n no le proporcionaron "el convencimiento de la responsabilidad de los acusados, m\u00e1s all\u00e1 de toda duda, tal como lo exige el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 906 de 2004, para dictar sentencia condenatoria en contra del inculpado. Lo que en \u00faltimas se vislumbra en este proceso es una serie de dudas sobre la responsabilidad del acusado, tal cual lo manifest\u00f3 su apoderado en el alegato conclusivo, por lo que en aplicaci\u00f3n del principio in dubio pro reo, deber\u00e1n absolverse a favor del acusado". <\/p>\n

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn consider\u00f3, que \u00abla conducta imprudente de este otro conductor, imprevisible e irresistible para el acusado, ser\u00eda la causa eficiente del fallecimiento del se\u00f1or Luis Orlando Ram\u00edrez, no la velocidad a la que conduc\u00eda el acusado Alejandro Quintero. Esta hip\u00f3tesis tiene suficiente fundamento en la prueba presentada en juicio. Y mientras sea fundada y no sea posible infirmarla o descartarla, en el peor de los casos se est\u00e1 en presencia de una duda razonable, si no es que constituye la evidencia de da ausencia de culpabilidad del acusado\u00bb. De este modo, el superior no modific\u00f3 ni alter\u00f3 la ratio de la decisi\u00f3n de primera instancia, quedando en firme lo concerniente a la duda razonable. <\/p>\n

En esa direcci\u00f3n, la Sala Civil de dicha Colegiatura le hizo decir a la prueba algo que ella no dijo, cuando manifest\u00f3 que el sindicado no cometi\u00f3 la conducta que se le atribuy\u00f3, dado que la verdadera causa de absoluci\u00f3n fue la duda razonable. <\/p>\n

La hip\u00f3tesis de la presencia de un automotor adicional que transitaba simult\u00e1neamente con el que le caus\u00f3 la muerte a Luis Orlando Ram\u00edrez, resulta, adem\u00e1s de poco probable, insuficiente para desvirtuar la responsabilidad que surge del art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil, puesto que la causa extra\u00f1a \u00abno opera, probatoriamente, con la simple alegaci\u00f3n, afirmaci\u00f3n o especulaci\u00f3n\u00bb, sino con la certeza de que aquel suceso inesperado efectivamente ocurri\u00f3 y por la prueba cierta de su intervenci\u00f3n en el hecho da\u00f1oso. <\/p>\n

Lo \u00fanico probado tanto en la jurisdicci\u00f3n penal como en la civil, es que un veh\u00edculo adicional transitaba por la v\u00eda al mismo tiempo del que caus\u00f3 el siniestro, pero en ninguno de los dos tr\u00e1mites se acredit\u00f3 la incidencia de ese coche \u00abfantasma\u00bb, del que solo se afirm\u00f3 que era un \u00abToyota o Camioneta 4 x 4\u00bb, sin suministrar su real descripci\u00f3n, identificaci\u00f3n ni trayectoria, por lo que no qued\u00f3 establecido un factor extra\u00f1o con alcance de romper el nexo causal. <\/p>\n

TERCER CARGO <\/p>\n

Con fundamento en la causal primera, se afirma que la sentencia quebrant\u00f3 indirectamente los art\u00edculos 64, 1757, 2341, 2342, 2343, 2344, 2356, 2357, 2358 y 2359 del C\u00f3digo Civil, por error de hecho en el an\u00e1lisis probatorio, cuando el ad quem tuvo por demostrada, sin estarlo, una causa extra\u00f1a por ausencia de causalidad jur\u00eddica, lo que gener\u00f3 que no aplicara las normas invocadas y declarara que no pod\u00eda \u00abiniciarse o proseguirse la acci\u00f3n civil\u00bb. <\/p>\n

Las pruebas recaudadas tanto en este como en el sumario criminal, as\u00ed como las decisiones all\u00ed tomadas, permiten concluir que el Tribunal interpret\u00f3 err\u00f3neamente los fallos de la jurisdicci\u00f3n penal, al suponer que la absoluci\u00f3n del convocado se dio por no haber cometido el injusto, cuando la raz\u00f3n de ello fue la duda acerca de su responsabilidad en el hecho delictivo. <\/p>\n

De otra parte, a la hora de declarar la cosa juzgada penal, solo tuvo en cuenta la parte motiva de la providencia de segunda instancia proferida dentro del procedimiento sancionatorio, m\u00e1s no la resolutiva, que es la vinculante, seg\u00fan lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte. <\/p>\n

Por lo tanto, a partir de la documental, conformada por las sentencias penales, no estaba justificado el fen\u00f3meno en comentario, por lo que le hubiera correspondido el ad quem realizar una valoraci\u00f3n del haz demostrativo en conjunto, acorde con la sana cr\u00edtica, para concluir que el acontecimiento externo, imprevisible e irresistible no tuvo lugar. <\/p>\n

La presencia del otro autom\u00f3vil carece del grado de certeza que requiere la prueba de un hecho extintivo de la pretensi\u00f3n referida en el art\u00edculo 1757 del C\u00f3digo Civil y 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, esto es, su plena acreditaci\u00f3n y su injerencia en el resultado da\u00f1oso, y en este caso el ad quem se conform\u00f3 con acoger una \u00abespeculaci\u00f3n valorativa de otro juzgador\u00bb. <\/p>\n

De aceptarse la intervenci\u00f3n de un segundo veh\u00edculo, \u00e9sta no fue causa determinante del da\u00f1o, a lo sumo, acarrear\u00eda una responsabilidad solidaria por concurrir un tercero en la materializaci\u00f3n del siniestro, pero ese proceder no rompe el nexo causal y, por ello, el juzgador no debi\u00f3 presumir la exclusi\u00f3n de responsabilidad. <\/p>\n

Si un veh\u00edculo fantasma impact\u00f3 levemente el costado izquierdo del guarda fango del automotor que impact\u00f3 de muerte a Luis Orlando Ram\u00edrez, ello no equivale a la certera demostraci\u00f3n de un factor extra\u00f1o exclusivo y excluyente de la responsabilidad civil en el ejercicio de una actividad peligrosa. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- En el curso de las relaciones jur\u00eddicas que se generan entre las personas, es natural que algunas circunstancias voluntarias o involuntarias puedan ocasionar distintos impactos vistos desde los diferentes \u00e1mbitos de la jurisdicci\u00f3n, particularmente, es posible que un mismo hecho tenga relevancia tanto en el campo civil en lo referente al resarcimiento del da\u00f1o, como en el penal si resulta constitutivo de un il\u00edcito, siendo factible tambi\u00e9n, que por su naturaleza y condiciones particulares de acaecimiento solo tenga implicaciones en alguno de esos escenarios o inclusive en ninguno de ellos. <\/p>\n

Ante esta gama de posibilidades es preciso preguntarse en determinados eventos, cu\u00e1l es la trascendencia de una decisi\u00f3n absolutoria en materia punitiva sobre una eventual reclamaci\u00f3n civil o un juicio de esa estirpe ya iniciado, y cuya causa petendi se remonte a la misma situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origin\u00f3 la investigaci\u00f3n criminal. <\/p>\n

En respuesta a ese interrogante, de anta\u00f1o el legislador penal en los respectivos estatutos procedimentales hab\u00eda regulado los denominados \u00abefectos de la cosa juzgada penal absolutoria\u00bb, en orden a esclarecer la suerte de las reclamaciones civiles derivadas de los mismos hechos. <\/p>\n

Al respecto, el C\u00f3digo de Procedimiento Penal adoptado por Ley 600 de 2000, en su regla 57 dispon\u00eda, \u00ab[l]a acci\u00f3n civil no podr\u00e1 iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en firme, que la conducta causante del perjuicio no se realiz\u00f3 o que el sindicado no lo cometi\u00f3\u00a0o que obr\u00f3 en estricto cumplimiento de un deber legal o en leg\u00edtima defensa\u00bb, disposici\u00f3n que rige para los delitos cometidos con anterioridad al 1\u00b0 de enero de 2005, por cuanto los cometidos con posterioridad quedan sometidos a la Ley 906\u00a0de 2004, \u00faltima que no reprodujo ni consagr\u00f3 una norma similar a la rese\u00f1ada, pues en su art\u00edculo 21, consagra el principio de cosa juzgada sin hacer menci\u00f3n alguna a sus efectos en materia civil y en el 80 siguiente, solo refiri\u00f3 que la \u00abextinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal producir\u00e1 efectos de cosa juzgada. Sin embargo, no se extender\u00e1 a la acci\u00f3n civil derivada del injusto ni a la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed, teniendo en cuenta que la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal es una forma de \u00abdar por terminada la actuaci\u00f3n cuando se presenta una circunstancia que impide al Estado continuar con la pretensi\u00f3n punitiva, y de contera, exonera al sujeto pasivo de la acci\u00f3n, de sufrir la imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n, al tener efectos de cosa juzgada\u00bb (AP1529-2016), resulta palmario que la sentencia absolutoria no qued\u00f3 contemplada en esa disposici\u00f3n, por cuanto ella se profiere agotada en debida forma la persecuci\u00f3n punitiva, mientras que, al tenor del art\u00edculo 77 ib\u00eddem, son causales de extinci\u00f3n \u00abmuerte del imputado o acusado, prescripci\u00f3n, aplicaci\u00f3n del principio de oportunidad, amnist\u00eda, oblaci\u00f3n, caducidad de la querella, desistimiento, y en los dem\u00e1s casos contemplados por la ley\u00bb. <\/p>\n

Col\u00edgese de lo expuesto, que en la actualidad en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano no existe precepto legal que regule espec\u00edficamente los efectos en materia civil de la absoluci\u00f3n penal por los mismos hechos, cuando \u00e9stos se hayan presentado despu\u00e9s del 1\u00b0 de enero de 2005, lo que en modo alguno significa que el sentenciador en lo civil en cada caso concreto sometido a su discernimiento, est\u00e9 exonerado de pronunciarse acerca del alcance que le confiere a un fallo de esa estirpe. <\/p>\n

2.- De los efectos de la absoluci\u00f3n penal en el proceso civil. <\/p>\n

En asuntos relacionados con la responsabilidad civil originada en hechos que tambi\u00e9n han sido o son materia de investigaci\u00f3n penal, el fallo absolutorio que llegue a producirse en el campo punitivo puede o no tener efectos de cosa juzgada. <\/p>\n

Lo anterior porque, a\u00fan al amparo del principio de unidad de la jurisdicci\u00f3n para evitar fallos contradictorios, la liberaci\u00f3n de responsabilidad penal tiene efectos relativos y no absolutos respecto a la imposibilidad de iniciar o proseguir la pretensi\u00f3n resarcitoria, pues al tener estas acciones connotaciones y finalidades distintas, la primera de car\u00e1cter privado eminentemente encaminada a la satisfacci\u00f3n de requerimietos patrimoniales y, la segunda, de naturaleza p\u00fablica a cargo del Estado en defensa de los intereses de la sociedad, las razones por las cuales se conceda la absoluci\u00f3n penal no necesariamente liberan al responsable del da\u00f1o de su reparaci\u00f3n en la acci\u00f3n que se inicie en su contra con ese prop\u00f3sito. <\/p>\n

Al respecto, resulta provechoso iterar lo expresado en SC de 12 oct. 1999, rad. 5253, <\/p>\n

Bajo la premisa de que un mismo hecho puede generar diversas proyecciones en el \u00e1mbito jur\u00eddico en general, y particularmente en los campos penal y civil, el primero de los cuales ser\u00eda llamado a establecer la infracci\u00f3n de la ley punitiva y el segundo a examinar el aspecto resarcitorio de la misma conducta, ello s\u00f3lo avista la eventualidad, inconveniente como la que m\u00e1s, de que haya sentencias excluyentes, siendo que, por imperio de la l\u00f3gica, la verdad no pudo ser sino una sola. Muy grave se antoja, por cierto, que en tanto la justicia penal proclame libre de culpa al sindicado, la civil, antes bien, lo condenase al abono de perjuicios. <\/p>\n

Puesta en guardia ante tama\u00f1o desprop\u00f3sito, la legislaci\u00f3n ha pretendido establecer algunos diques para impedirlo, entre los cuales destaca el secular principio de la cosa juzgada penal absolutoria (\u2026). Qui\u00e9rese garantizar as\u00ed una dosis m\u00ednima de coherencia del sistema jur\u00eddico, y que, por lo mismo, el tr\u00e1fico social no se resienta de manera palmaria. <\/p>\n

En aras de fijar las pautas para la definici\u00f3n de estos cargos, es menester detenerse en el estudio del instituto de la cosa juzgada penal absolutoria, considerando la falta de regulaci\u00f3n en el texto de la Ley 906 de 2004 y los precedentes fijados en la materia. <\/p>\n

2.1.- Para comenzar, se pone de relieve lo dicho por la Corte en SC de 14 mar. 19381, en la cual dej\u00f3 sentadas importantes premisas que ilustran el tema y constituyen un invaluable aporte en la actualidad dado el vac\u00edo normativo, <\/p>\n

[l]a acci\u00f3n civil derivada de la sola culpa no puede ser afectada ni detenida por la acci\u00f3n criminal, dada la diferencia de causales y de fines. El estudio de aqu\u00e9lla y de la sola culpa en que se basa no puede significar violaci\u00f3n de la cosa juzgada en el juicio criminal y establecida sobre el delito en la sentencia dictada respecto de \u00e9ste, tanto por las razones ya expresadas, cuanto porque la controversia civil sobre la indemnizaci\u00f3n no puede entenderse surtida y decidida en el fallo de la autoridad en lo criminal que se ha concretado y debe concretarse, en su caso, a absolver sobre el delito.
\n(\u2026) <\/p>\n

Si el juez en lo penal, conceptuando que no hubo delito, sobresee o dicta sentencia absolutoria, el imputado queda libre en raz\u00f3n del delito; y cualesquiera que hayan sido las razones de aquel concepto, las que, como es de rigor, se exponen en la parte motiva del fallo, \u00e9ste deja juzgado s\u00f3lo el delito, que es lo que en la parte resolutiva se decide. (\u2026). <\/p>\n

Una sentencia condenatoria en lo criminal anticipa base firme a la del pleito civil que se siga por la indemnizaci\u00f3n patrimonial procedente del delito, en el caso de que esta acci\u00f3n no se haya ejercitado conjuntamente con esotra; y una sentencia absolutoria en lo penal o sobreseimiento definitivo, que a tanto equivale, no prejuzga sobre la acci\u00f3n civil cuando despu\u00e9s se demanda indemnizaci\u00f3n aduciendo como fuente, no el delito sobre el cual ya la autoridad competente juzg\u00f3 en definitiva absolviendo, sino la culpa civil, acerca de la cual la autoridad en lo criminal no ha tenido por qu\u00e9 decidir, ya que la mera culpa es algo diferente del delito, y que es \u00e9ste y no la indemnizaci\u00f3n lo sentenciado en el juicio criminal. <\/p>\n

(\u2026) En otras palabras: si, por regla general, todo delito determina indemnizaci\u00f3n, el s\u00f3lo hecho de no hallarse delictuoso un acto dado no autoriza para decir a priori que no hay lugar a indemnizaci\u00f3n, puesto que no es necesario a \u00e9sta un delito como causa \u00fanica y perfectamente puede caber indemnizaci\u00f3n, a\u00fan sin pensarse en delito, tan s\u00f3lo porque haya culpa civil. (Reiterada en SC 18 dic. 2009, rad. 1999-00533-01). <\/p>\n

2.2.- De otra parte, cumple resaltar que, contrario a lo que acontece en vigencia de la Ley 906 de 2004, con anterioridad el legislador s\u00ed se ocup\u00f3 de establecer los efectos de la absoluci\u00f3n penal en los procesos de car\u00e1cter civil2, y con base en esa normativa la Corte elabor\u00f3 su jurisprudencia sobre el fen\u00f3meno de la cosa juzgada penal absolutoria, incluyendo una firme l\u00ednea argumentativa en punto al deber del juzgador en lo civil de auscultar los razonamientos que condujeron a su hom\u00f3logo a deducir el fracaso de la persecuci\u00f3n criminal, en aras de verificar si de ese pronunciamiento emerg\u00eda inequ\u00edvocamente cu\u00e1l fue el verdadero motivo de absoluci\u00f3n y si \u00e9ste, a su vez, era id\u00f3neo para romper el nexo causal y no un mero formalismo de cotejo de conceptos, dado que sus efectos no operan de manera autom\u00e1tica o irrestricta. <\/p>\n

As\u00ed, en la referida SC 12 oct. 1999, rad. 5253, frecuentemente reiterada3, al resolver sobre un asunto regido por el art\u00edculo 55 del Decreto 050 de 1987, conforme al cual \u00abLa acci\u00f3n civil no podr\u00e1 iniciarse ni proseguirse cuando en el proceso penal se haya declarado, por providencia en firme, que el hecho causante del perjuicio no se realiz\u00f3 o que el sindicado no lo cometi\u00f3 o que \u00e9ste obr\u00f3 en cumplimiento de un deber o en leg\u00edtima defensa\u00bb, precis\u00f3: <\/p>\n

(\u2026) Obviamente que para que el supradicho alcance normativo sea de recibo, requi\u00e9rese que de la decisi\u00f3n penal brote inequ\u00edvocamente que la absoluci\u00f3n descansa en una cualquiera de las causas ya descritas; porque es natural pensar que la preceptiva en cita, atendidos sus peculiares efectos, rechaza su aplicaci\u00f3n en aquellos eventos en que, como ocurre a menudo, el pronunciamiento penal se ofrece oscuro, ambiguo y hasta contradictorio. No puede olvidarse, a este prop\u00f3sito, los rasgos prominentes que orientan tan delicado problema, empezando por tener siempre presente que la autoridad de la cosa juzgada penal absolutoria sobre lo civil, no se presenta frente a una decisi\u00f3n cualquiera, pues es forzoso que, con arreglo a un principio admitido por todos, el pronunciamiento penal, am\u00e9n de necesario, sea cierto, aspecto este \u00faltimo sobre el que aqu\u00ed se est\u00e1 llamando la atenci\u00f3n con el objeto de indicar que tal connotaci\u00f3n exige que ese pronunciamiento no puede estar afectado de dubitaci\u00f3n o confusi\u00f3n algunas. <\/p>\n

El principio se hace actuante s\u00f3lo en los casos en que la decisi\u00f3n penal sea un\u00edvoca; tan palmaria que no se preste a interpretaciones diversas. Porque si para ello se requieren elucubraciones m\u00e1s o menos intensas a fin de desentra\u00f1ar cu\u00e1l fue el verdadero motivo de absoluci\u00f3n, eso mismo descarta la aplicaci\u00f3n del postulado. De ah\u00ed que sea de desear que los fallos penales sean refulgentes acerca de estos puntos. -Subraya intencional- <\/p>\n

(\u2026) la aplicaci\u00f3n de la cosa juzgada a partir de la providencia judicial de la que se viene hablando, no debe cumplirse en forma \u2018autom\u00e1tica o ilimitadamente, ni puede conducir a hacer tabla rasa de la funci\u00f3n atribuida por la Constituci\u00f3n y la ley mismas a los jueces civiles, para que sean ellos quienes, previa la tramitaci\u00f3n del proceso correspondiente, decidan las controversias entre particulares que no est\u00e1n atribuidas a otras autoridades, como son aquellas en que se discute la responsabilidad civil del que ha cometido delito o culpa, que ha inferido da\u00f1o a otro\u2019 (art. 2341 C.C.)\u201d (sentencia n\u00famero 249 de 13 de diciembre de 2000, no publicada a\u00fan oficialmente); desde luego que ello es as\u00ed, pues una de las finalidades de esos mandatos no es establecer la supremac\u00eda de una determinada especialidad de la administraci\u00f3n de justicia sobre otra sino implementar herramientas jur\u00eddicas para hacer realidad la unidad de jurisdicci\u00f3n, como as\u00ed lo ha sostenido la Corte, entre otros, en el citado fallo de 12 de octubre de 1999 (exp.#5253). (cas.civ. sentencia de 16 de diciembre de 2004, [SC-237-2004], exp. 7459). <\/p>\n

En efecto, siendo diferentes la responsabilidad penal y la civil, \u201cun acto dado que escapa a la acci\u00f3n criminal o que no est\u00e1 o no podr\u00eda estar bajo ella, bien puede ser fuente de indemnizaci\u00f3n pecuniaria\u201d (\u2026) as\u00ed, cuando se absuelve por no ser penalmente culposa la conducta, una tal decisi\u00f3n no excluye la responsabilidad civil, en tanto la culpa civil es diferente de aqu\u00e9lla (\u2026). -Subraya intencional-. <\/p>\n

Otro punto relevante tratado por la jurisprudencia, ata\u00f1e al entendimiento del concepto \u00abel sindicado no lo cometi\u00f3\u00bb referido en las normas penales que disciplinaban la materia4 con efecto de cosa juzgada penal absolutoria. Al respecto, la Corte de manera constante abog\u00f3 por la interpretaci\u00f3n que se aven\u00eda con las causales liberativas propias de la responsabilidad civil, al estimar que aquel abarcaba todas las modalidades constitutivas de \u00abcausa extra\u00f1a\u00bb, en ese sentido, en la citada SC de 12 oct. 1999, rad. 52535 expuso que la expresi\u00f3n en comentario, <\/p>\n

(\u2026) necesariamente abarca todas las hip\u00f3tesis en que la absoluci\u00f3n penal se debi\u00f3 al reconocimiento de un hecho que rompe el nexo causal indispensable para la configuraci\u00f3n de la responsabilidad civil; en reducidas cuentas, quedan comprendidas all\u00ed todas las hip\u00f3tesis que caen bajo el denominador com\u00fan de \u201ccausa extra\u00f1a\u201d. Evidentemente, llegarse a la absoluci\u00f3n porque se estima que medi\u00f3 el caso fortuito o la fuerza mayor, o el hecho de un tercero, o la culpa de la v\u00edctima, es tanto como asegurar que el hecho generador de la responsabilidad que se imputa al procesado no lo cometi\u00f3 \u00e9ste. Obs\u00e9rvese bien que la ley, al referirse al hecho, no habla a secas, como para que entonces no pudiera hablarse m\u00e1s que de una participaci\u00f3n f\u00edsica o material del sindicado, sino que alude es al hecho \u201ccausante\u201d del perjuicio, para aludir as\u00ed al hecho jur\u00eddicamente relevante en la producci\u00f3n del da\u00f1o. <\/p>\n

Quiz\u00e1 no est\u00e1 de m\u00e1s rememorar aqu\u00ed con mayor \u00e9nfasis el celo con que el juez civil se aplicar\u00e1 a verificar una cualquiera de tales causas, fijando su atenci\u00f3n especialmente en el aspecto intr\u00ednseco del pronunciamiento penal, antes que en nomenclaturas que f\u00e1cilmente lo puedan distorsionar. En esto quiere ser insistente la Corte: si la decisi\u00f3n penal no es lo suficientemente puntual al respecto, la norma comentada rehusa su aplicaci\u00f3n. -Subraya intencional- <\/p>\n

Con posterioridad, en SC de 16 may. 2003, rad. 75766, puntualiz\u00f3 la Sala, <\/p>\n

(\u2026) uno de los casos en que la acci\u00f3n civil se acalla por la decisi\u00f3n penal absolutoria, es la que surge con la declaraci\u00f3n de que el sindicado no cometi\u00f3 el hecho causante del perjuicio; situaci\u00f3n en la que quedan comprendidos los acontecimientos que dependen de lo que se ha denominado una \u201ccausa extra\u00f1a\u201d, vale decir, aquellos en que, cual sucede con el caso fortuito o la fuerza mayor, entre el hecho y el da\u00f1o se ha fracturado el nexo causal, indispensable para la configuraci\u00f3n de la responsabilidad.
\n(\u2026) <\/p>\n

Traduce lo anterior, desde luego, que en circunstancias como las descritas, atento ha de estar el juzgador al contenido del pronunciamiento del juez penal, como que lo que en el fondo proclama el punto, es que \u201cal caso fortuito se le tome por lo que es, con las caracter\u00edsticas que por ley lo definen, pues sin el debido desvelo que materia tan delicada y rigurosa exige, llegar\u00edase irremediablemente a un enojoso formalismo\u201d (Cas. Civ. sent. de 24 de noviembre de 2000, exp. 5365). <\/p>\n

2.3.- Recientemente, en SC13925-2016 la Corte introdujo un argumento adicional en refuerzo de la tesis de la relatividad de la cosa juzgada penal absolutoria e incluso para cuestionar su aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica, en el sentido que esta no opera, entre otros eventos, cuando el juez penal declara que el da\u00f1o se present\u00f3 por un factor extra\u00f1o a la voluntad del sindicado, enfatizando en que ello es m\u00e1s evidente en la actualidad dado que el C\u00f3digo de Procedimiento Penal en vigor no consagra ninguna restricci\u00f3n al respecto. Puntualmente, indic\u00f3: <\/p>\n

Es cierto que existen circunstancias en las cuales el juez civil queda sujeto a las declaraciones que hace la justicia penal, mas ello no es una regla general ni mucho menos un principio absoluto, como enseguida pasa a explicarse. <\/p>\n

(\u2026) es posible que un resultado que no supone ning\u00fan menoscabo para la justicia penal, comporte un perjuicio jur\u00eddicamente relevante y merecedor de resarcimiento para el juez civil. <\/p>\n

El juez penal puede declarar, inclusive, la inexistencia de la conducta punible y, sin embargo, el an\u00e1lisis de imputaci\u00f3n que realiza el juez civil puede concluir frente a la misma conducta que el da\u00f1o jur\u00eddicamente relevante es atribuible a un sujeto como suyo, tal como acontece en los eventos de omisiones, responsabilidad por medio de otro y responsabilidad derivada de procesos u operaciones organizativas, como quiera que las valoraciones sobre los hechos que realiza el juez civil est\u00e1n determinadas por un marco axiol\u00f3gico distinto al que prefigura los puntos de referencia del juez penal. <\/p>\n

M\u00e1s adelante, tras hacer referencia al contenido de la ya citada sentencia de 16 de mayo de 2003 rad. 7576, acot\u00f3 que, <\/p>\n

Lejos de demostrar la existencia del principio de la cosa juzgada penal sobre lo civil, la anterior jurisprudencia lo refut\u00f3 (a\u00fan en vigencia del art\u00edculo 55 del Decreto 050 de 1987), porque si el juez civil tiene que \u2018fijar su atenci\u00f3n especialmente en el aspecto intr\u00ednseco\u2019 del pronunciamiento que hace el juez penal respecto de la inexistencia del hecho o de una causa extra\u00f1a, entonces es innegable que aqu\u00e9l no puede declarar la excepci\u00f3n de cosa juzgada si antes no revisa y valora el fondo de la decisi\u00f3n penal a tal respecto, lo que evidentemente le resta toda su esencia a la aludida figura. <\/p>\n

En efecto, el fundamento de la teor\u00eda de la cosa juzgada penal sobre lo civil es que una vez realizada una declaraci\u00f3n por parte del juez penal, la misma no puede ser analizada, cuestionada, puesta en duda o refutada por el juez civil. <\/p>\n

Pero si lo que nuestra jurisprudencia ha dicho es que el juez civil est\u00e1 obligado a analizar el m\u00e9rito de la providencia penal en lo que corresponde a la existencia del hecho causante del da\u00f1o y al \u2018nexo de causalidad\u2019, entonces el resultado del proceso de responsabilidad extracontractual no est\u00e1 condicionado de ning\u00fan modo por lo que se haya decido en la instancia penal sino por lo que el juez civil considera en atenci\u00f3n a su propio marco jur\u00eddico\u2013valorativo. <\/p>\n

La cosa juzgada penal sobre lo civil, entonces, no s\u00f3lo no es absoluta sino que no opera cuando el juez penal declara la inexistencia del hecho lesivo, o que el da\u00f1o ocurri\u00f3 por una causa extra\u00f1a a la voluntad del sindicado. <\/p>\n

Si ello era as\u00ed en vigencia del Decreto 050 de 1987, cuyo art\u00edculo 55 consagraba los efectos de la cosa penal absolutoria sobre la acci\u00f3n civil en los precisos casos contemplados por esa disposici\u00f3n, es decir por inexistencia del hecho, por ausencia del nexo causal, o por la existencia de una causal de justificaci\u00f3n, entonces con mayor raz\u00f3n tales circunstancias no generan cosa juzgada sobre lo civil en vigencia del actual ordenamiento adjetivo penal, pues \u00e9ste no consagra la aludida restricci\u00f3n. <\/p>\n

La declaraci\u00f3n penal de inexistencia de culpabilidad o de absoluci\u00f3n por ausencia de prueba de dicho elemento, por su parte, no ha sido nunca objeto de cosa juzgada de lo penal en lo civil, ni en el anterior C\u00f3digo de Procedimiento Penal ni en el actual, lo que tiene su explicaci\u00f3n en que ambas jurisdicciones realizan el juicio de reproche desde una perspectiva distinta. -subraya intencional-. <\/p>\n

2.4.- A manera de conclusi\u00f3n, puede afirmarse que la doctrina jurisprudencial de esta Corporaci\u00f3n, al margen de que exista o no norma jur\u00eddica que regule los efectos de la absoluci\u00f3n penal en las causas patrimoniales, se ha preocupado por salvaguardar el principio de unidad de la jurisdicci\u00f3n, sin menoscabar la autonom\u00eda de la especialidad civil en lo relativo a la competencia que le ha sido atribuida para juzgar la responsabilidad de los particulares en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil y normas subsiguientes, que constituyen el manantial del denominado principio general de indemnizaci\u00f3n por culpa. <\/p>\n

En esas condiciones, si la Ley 906 de 2004 no previ\u00f3 esta figura jur\u00eddica, significa que el Juzgador en lo civil no est\u00e1 condicionado a efectuar un parang\u00f3n o ejercicio de subsunci\u00f3n entre una norma jur\u00eddica y la decisi\u00f3n judicial en la esfera punitiva con miras a verificar si se ajusta a uno de los eventos previamente definidos por el legislador, analizar la fuerza de los argumentos y establecer su incidencia en el proceso a su cargo. <\/p>\n

Sin embargo, de all\u00ed no se desprende que en el actual estado de cosas, el juez civil pueda ignorar la existencia de un fallo penal de esa naturaleza, pues con independencia de que el legislador no haya regulado el asunto, el principio de unidad de la jurisdicci\u00f3n es un criterio orientador de su actividad que involucra evitar fallos contradictorios en las diferentes \u00e1reas de la actividad judicial, quedando compelido a valorar su alcance para acoger o denegar el efecto de cosa juzgada respecto de la pretensi\u00f3n indemnizatoria formulada por separado. <\/p>\n

3.- En el sub judice, resulta palmario que la acci\u00f3n no se edific\u00f3 a partir de las consecuencias del delito como fuente de la obligaci\u00f3n resarcitoria, sino sobre la culpa. En ese sentido, en la demanda se expuso con claridad que aunque Alejandro Quintero Osorio fue exculpado penalmente en su calidad de conductor del veh\u00edculo causante del accidente, ello \u00abno lo exime de la responsabilidad civil como propietario del automotor, en el cual se desarrollaba una actividad de alto riesgo\u00bb, enfatizando que la acci\u00f3n est\u00e1 soportada en el art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n

La sentencia opugnada se erigi\u00f3 sobre la repercusi\u00f3n conferida al fallo emitido por el Juzgado Penal del Circuito de Conocimiento de Girardota al absolver al se\u00f1or Quintero Osorio del cargo como autor responsable del delito de homicidio culposo de Luis Orlando Ram\u00edrez Zuluaga, que fuera refrendado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn. <\/p>\n

En el criterio del juzgador civil, v\u00e1lidamente pod\u00eda sostenerse que, <\/p>\n

(\u2026) la decisi\u00f3n penal absolutoria irradia sus efectos en el campo civil, pero siguiendo los derroteros marcados por la rectora de la jurisdicci\u00f3n ordinaria el examen que haga el juez civil, "debe atender al contenido, a la sustancia, al an\u00e1lisis que hizo el juez penal, de modo que si advierte el juez civil que la providencia penal es en realidad hueca, vac\u00eda de contenido, hu\u00e9rfana de todo examen, puede no acogerla. Y si advierte equivocaciones en la denominaci\u00f3n utilizada para decidir la absoluci\u00f3n, deber\u00e1 darle a la causa de exoneraci\u00f3n el real significado de cara a los postulados de la responsabilidad civil, y en particular de la causa extra\u00f1a como causa de exoneraci\u00f3n". <\/p>\n

No obstante esa precisi\u00f3n, adem\u00e1s de las referencias doctrinales y jurisprudenciales relacionadas con los efectos civiles de tal absoluci\u00f3n, lejos de escudri\u00f1ar en los fundamentos del an\u00e1lisis realizado por el sentenciador para decidir de ese modo, su estudio posterior qued\u00f3 circunscrito a lo siguiente: <\/p>\n

– Rese\u00f1ar lo acontecido en el proceso punitivo, compendiando las razones arg\u00fcidas por la Sala Penal de ese mismo cuerpo colegiado para convalidar la decisi\u00f3n del Juez de id\u00e9ntica especialidad. <\/p>\n

– Por lo que concierne a los medios de convicci\u00f3n obrantes en este proceso, solo efectu\u00f3 dos apreciaciones: <\/p>\n

En primer t\u00e9rmino, mencion\u00f3 el contenido de una copia informal del \u00abdictamen rendido por el Centro de Experimentaci\u00f3n y Seguridad Vial de Colombia (C-5)\u00bb allegado con la respuesta a la demanda, pero no efectu\u00f3 valoraci\u00f3n alguna al respecto, ni precis\u00f3 si le confer\u00eda alg\u00fan m\u00e9rito demostrativo. En segundo lugar, advirti\u00f3 que el peat\u00f3n transitaba en el mismo sentido que lo hacen los automotores \u00abesto es dando la espalda a los veh\u00edculos, siendo su obligaci\u00f3n transitar por el lado contrario, puesto que as\u00ed no pone en peligro su integridad f\u00edsica ya que puede observar de frente los veh\u00edculos que transitan por la carretera\u00bb, contraviniendo el art\u00edculo 58 de la Ley 769 de 2002, sin brindarle a esa inferencia ninguna aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en el fallo. <\/p>\n

– A partir de esas premisas, manifest\u00f3 que prohijaba la decisi\u00f3n del juez penal, precisando que su alcance \u00aben t\u00e9rminos de causalidad\u00bb era \u00abque el sindicado no lo cometi\u00f3, estando ausente la responsabilidad penal y civil\u00bb, y que los efectos de cosa juzgada penal absolutoria imped\u00edan continuar con el ejercicio de la acci\u00f3n civil, pues de conformidad con la jurisprudencia de la Corte, aquella \u00ababarca todas las hip\u00f3tesis que caen bajo el denominador com\u00fan de causa extra\u00f1a\u00bb, lo que es tanto como asegurar que \u00abel hecho generador de la responsabilidad que se imputa al procesado no lo cometi\u00f3 \u00e9ste\u00bb. <\/p>\n

Fueron esas las apreciaciones que definieron la soluci\u00f3n del caso, sin que el fallador haya precisado cu\u00e1l fue la modalidad de factor extra\u00f1o advertido en el proceso penal que convalid\u00f3 para sellar la suerte del asunto civil. <\/p>\n

Se impone entonces auscultar si, mirada desde el punto de vista de la responsabilidad atribuida a los aqu\u00ed demandados con soporte en el art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil, tal y como lo concluy\u00f3 el juzgador, la absoluci\u00f3n penal obedeci\u00f3 a una circunstancia constitutiva de causa extra\u00f1a con efectos civiles. <\/p>\n

3.1.- Se resalta que en el proceso de responsabilidad extracontractual por da\u00f1os ocasionados en el ejercicio de actividades peligrosas, la v\u00edctima s\u00f3lo est\u00e1 obligada a probar el da\u00f1o y la relaci\u00f3n de causalidad, mientras que al autor no le basta probar diligencia o cuidado, ni ausencia de culpa -dado que esta se presume-, sino que debe acreditar plenamente la presencia de un elemento extra\u00f1o como causa exclusiva del da\u00f1o, esto es, fuerza mayor o caso fortuito, culpa de la v\u00edctima o intervenci\u00f3n de un tercero. <\/p>\n

Sobre los aspectos eximentes, por su relevancia para la definici\u00f3n de este asunto, vale la pena detenerse en la modalidad conocida como intervenci\u00f3n de un tercero, que igualmente abarca los elementos de imprevisibilidad e irresistibilidad propios de la fuerza mayor. <\/p>\n

Al respecto, la Corte en SC 29 feb. 1964, GJ, t. CVI, p\u00e1g. 1637, precis\u00f3: <\/p>\n

(\u2026) La intervenci\u00f3n de este elemento extra\u00f1o configura una causal de irresponsabilidad del demandado, siempre que el hecho del tercero tenga con el da\u00f1o sufrido por la v\u00edctima una relaci\u00f3n exclusiva de causalidad, pues en tal supuesto la culpa del demandado es extra\u00f1a al perjuicio. <\/p>\n

''Jur\u00eddicamente no es cualquier hecho o intervenci\u00f3n de tercero lo que constituye la causa de exoneraci\u00f3n de responsabilidad; es necesario, entre otras condiciones, que el hecho del tercero aparezca evidentemente vinculado por una relaci\u00f3n de causalidad exclusiva e inmediata con el da\u00f1o causado, anexa a la noci\u00f3n de culpa, se desplaza del autor del da\u00f1o hacia el tercero en seguimiento de la causalidad que es uno de los elementos jur\u00eddicos esenciales integrantes de la responsabilidad civil. Cuando el hecho del tercero no es la causa determinante del da\u00f1o no incide en ninguna forma sobre el problema de la responsabilidad". (0. J. LVI-298). -Subraya intencional-. <\/p>\n

Posteriormente, en SC de 8 oct. 1992, rad. 3446, refiri\u00e9ndose a la incidencia del hecho de un tercero en casos donde el da\u00f1o se produce por obra de una actividad peligrosa, expuso que, <\/p>\n

(\u2026) el hecho de un tercero, alegado para contrarrestar la presunci\u00f3n que se desprende de la prueba de haberse causado el da\u00f1o por motivo de una actividad peligrosa, tiene que participar en buena medida de los caracteres propios de la fuerza mayor exculpatoria, lo que al tenor de reiterada doctrina jurisprudencial le impone a los falladores la obligaci\u00f3n de verificar la concurrencia de severas condiciones (\u2026). <\/p>\n

(\u2026) puede sostenerse entonces que aquellas condiciones de las que depende que a la intervenci\u00f3n de un tercero puedan imprim\u00edrsele los alcances plenamente liberatorios (\u2026) son los siguientes: a) Debe tratarse antes que nada del hecho de una persona por cuyo obrar no sea responsable reflejo el agente presunto, vale decir que dicho obrar sea completamente externo a la esfera jur\u00eddica de este \u00faltimo; b) Tambi\u00e9n es requisito indispensable que el hecho fuente del perjuicio no haya podido ser previsto o evitado por el demandado, ya que si era evitable y no se tomaron, por imprudencia o descuido, las medidas convenientes para evitar el riesgo de su ocurrencia, la imputabilidad a ese demandado es indiscutible, lo que en otros t\u00e9rminos quiere significar que cuando alguien, por ejemplo, es convocado para que comparezca a juicio en estado de culpabilidad presunta por el ejercicio de una actividad peligrosa, y dentro de ese contexto logra acreditar que en la producci\u00f3n del da\u00f1o tuvo injerencia causal un elemento extra\u00f1o puesto de manifiesto en la conducta de un tercero, no hay exoneraci\u00f3n posible mientras no suministre prueba concluyente de ausencia de culpa de su parte en el manejo de la actividad; c) Por \u00faltimo, el hecho del tercero tiene que ser causa exclusiva del da\u00f1o, aspecto obvio acerca del cual no es necesario recabar de nuevo sino para indicar, tan s\u00f3lo, que es \u00fanicamente cuando media este supuesto que corresponde poner por entero el resarcimiento a la cuenta del tercero y no del ofensor presunto, habida consideraci\u00f3n que si por fuerza de los hechos la culpa de los dos ha de catalogarse como concurrente y por lo tanto, frente a la v\u00edctima, lo que en verdad hay son varios coautores que a ella le son extra\u00f1os, esos coautores, por lo com\u00fan, est\u00e1n obligados a cubrir la indemnizaci\u00f3n en concepto de deudores solidarios que por mandato de la ley lo son de la totalidad de su importe, postulado \u00e9ste consagrado por el art\u00edculo 2344 del C\u00f3digo Civil (\u2026). \u2013subraya intencional-. <\/p>\n

Y en SC de 18 sep. 2009, rad. 2005-00406-01, se condens\u00f3 la doctrina precedente, as\u00ed: <\/p>\n

(\u2026) la intervenci\u00f3n exclusiva de un tercero, esto es, de un sujeto ajeno al autor y a la v\u00edctima por cuya conducta se causa el da\u00f1o; para romper el nexo causal, adem\u00e1s de exclusiva, eficaz, id\u00f3nea y determinante de la lesi\u00f3n, pues \u201c[c]uando el hecho del tercero no es la causa determinante del da\u00f1o no incide en ninguna forma sobre el problema de la responsabilidad…\u201d (G. J. T. LVI, p\u00e1gs. 296 y 321), es menester \u201cque el hecho fuente del perjuicio no haya podido ser previsto o evitado por el demandado\u201d (cas. civ. octubre 8 de 1992; 24 de marzo de 1939, XLVII, 1947, p. 63). -Subraya intencional- <\/p>\n

4.- A la luz de las aludidas pautas jurisprudenciales, de entrada se advierte que los argumentos que sustentaron la absoluci\u00f3n del enjuiciado en la causa punitiva, distan mucho de encajar en lo que desde el punto de vista de la responsabilidad aquiliana, puede considerarse participaci\u00f3n de un tercero en la ocurrencia del hecho da\u00f1oso, con la virtualidad de romper el nexo de causalidad, tal y como pasa a exponerse: <\/p>\n

4.1.- En la sentencia de primera instancia (fls. 391 \u2013 406, cno. 2 ), para absolver a Alejandro Quintero Osorio del cargo de autor del delito de homicidio culposo de Luis Orlando Ram\u00edrez Zuluaga, el Juez Penal de conocimiento estim\u00f3 que la Fiscal\u00eda no cumpli\u00f3 con su carga probatoria para desvirtuar la presunci\u00f3n de inocencia. <\/p>\n

Particularmente, le reproch\u00f3 no haber demostrado que efectivamente por el hecho de que el procesado se desplazara a una velocidad superior a los 60 k\/h hubiese violado el deber objetivo de cuidado y fuera esa la causa eficiente del accidente; as\u00ed como desconocer la existencia de un segundo veh\u00edculo involucrado en el suceso cuando el mismo perito f\u00edsico de medicina legal lo refiri\u00f3 en sus conclusiones. En tal virtud, luego de efectuar el correspondiente estudio del caso, acot\u00f3 que, para el despacho, <\/p>\n

(\u2026) no fue el roce o el golpe que recibi\u00f3 Alejandro Quintero de un segundo veh\u00edculo lo que en un principio produjera su volcamiento, pues debe admitirse que el roce debi\u00f3 ser leve, ya que no se evidencia en el guardafango mayores da\u00f1os; pero lo que no puede desconocerse es que para cualquier persona con un adiestramiento normal en la conducci\u00f3n de veh\u00edculos, el aparecimiento intempestivo de otro veh\u00edculo en la v\u00eda que pretenda abruptamente sobrepasarlo, hasta el punto de embestirlo, ocasionar\u00eda una l\u00f3gica y natural reacci\u00f3n de protecci\u00f3n o de soslayo frente al peligro, que fue lo que debi\u00f3 advertir el acusado y lo que finalmente lo condujo a realizar una maniobra brusca que le hiciera perder el control de su veh\u00edculo, para posteriormente arrollar y causarle la muerte al peat\u00f3n. Es obvio entonces que unos hechos vistos desde esta perspectiva jam\u00e1s ser\u00edan constitutivos de condena punible, ni siquiera a t\u00edtulo culposo. <\/p>\n

A continuaci\u00f3n, concluy\u00f3: <\/p>\n

(\u2026) las pruebas practicadas e introducidas en el juicio oral en forma legal y oportuna, no produjeron en este funcionario el convencimiento de la responsabilidad de los acusados, m\u00e1s all\u00e1 de toda duda, tal como lo exige el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 906 de 2004, para dictar sentencia condenatoria en contra del inculpado. <\/p>\n

Lo que en \u00faltimas se vislumbra en este proceso es una serie de dudas insalvables sobre la responsabilidad del acusado (\u2026) por lo que en aplicaci\u00f3n del principio de in dubio pro reo, deber\u00e1n resolverse a favor del acusado. <\/p>\n

4.2.- Dicha decisi\u00f3n fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn (fls. 182 \u2013 190 ib.), que en primer lugar precis\u00f3 los elementos necesarios para predicar la existencia de un homicidio culposo, deteni\u00e9ndose en el aspecto referente a que haya una relaci\u00f3n de determinaci\u00f3n entre la violaci\u00f3n del deber objetivo de cuidado y la muerte de la persona, de tal manera que \u00e9sta no sea atribuible a otra causa. <\/p>\n

Consider\u00f3 que en este caso el inculpado s\u00ed viol\u00f3 ese deber porque desatendi\u00f3 reglamentos al desplazarse por la v\u00eda a una velocidad superior a los 30 k\/h que era la m\u00e1xima permitida; se ocup\u00f3 luego de analizar si fue esa la causa determinante del fallecimiento del se\u00f1or Ram\u00edrez Zuluaga, para concluir que la presencia de otro automotor en el lugar de los hechos aducida por la defensa para sustentar su tesis de una fuerza mayor o caso fortuito imposibles de prever y controlar para el procesado, era altamente probable, al efecto se\u00f1al\u00f3 que, <\/p>\n

(\u2026) todos concuerdan en que el acusado (\u2026) perdi\u00f3 el control de su Renault antes de arrollar al se\u00f1or Luis Orlando Ram\u00edrez Zuluaga y as\u00ed hay que convenirlo, pues solo de esa manera se explica que el accidente hubiera sido tan aparatoso y el automotor golpeara la acera, se volcara sobre si mismo y dejara una huella de arrastre sobre el pavimento, que no de frenada, de 27,16 metros. S\u00f3lo que el Fiscal le atribuy\u00f3 esa p\u00e9rdida de control del veh\u00edculo al exceso de velocidad y el apoderado de las v\u00edctimas le da la misma explicaci\u00f3n. Pero la velocidad -que el perito presentado por la Fiscal\u00eda calcul\u00f3 entre 54,2 y 60,3 kil\u00f3metros por hora- no significa que un conductor pierda el control de su veh\u00edculo, ni explica por s\u00ed sola ese hecho, si no interviene ning\u00fan otro factor. De hecho, los veh\u00edculos suelen transitar a grandes velocidades, sin que el conductor pierda su control, pues la velocidad excesiva no es suficiente para que se presente un evento de esa naturaleza, menos a\u00fan si el piso estaba seco. <\/p>\n

En la hip\u00f3tesis de la Fiscal\u00eda (\u2026) no hay un factor distinto que explique por qu\u00e9 el acusado perdi\u00f3 el control de su Renault de manera tan aparatosa si conduc\u00eda a 60 kil\u00f3metros por hora. Esta velocidad podr\u00e1 estar por encima de los reglamentos de dicha zona, pero no es excesiva, ni explica que perdiera el control as\u00ed sin m\u00e1s (\u2026). <\/p>\n

Ese vac\u00edo lo llena y explica la presencia de otro veh\u00edculo que se le atraves\u00f3 en su l\u00ednea de manejo y lo golpe\u00f3 en la parte delantera izquierda, desplaz\u00e1ndolo y haci\u00e9ndole perder el control. De este hecho dan cuenta los testigos Luis Carlos Zuleta Grisales (\u2026) y Diana Patricia Restrepo Ochoa (\u2026) quienes identifican el otro veh\u00edculo como una camioneta blanca y estaban en condiciones de percibirlo, el uno porque era vendedor ambulante y estaba frente al parqueadero de Comfama unos metros m\u00e1s all\u00e1 y la otra porque era pasajera del Renault. <\/p>\n

Seguidamente, valor\u00f3 otros vestigios que quedaron en el veh\u00edculo que conduc\u00eda el imputado referidos por los testigos y por los peritos, aduciendo que si bien no se pudo establecer t\u00e9cnicamente cuando se causaron las huellas de caucho en el guardafango, el bomper y la farola izquierdos del carro, \u00abno es posible descartar que fuera ese d\u00eda, ni hay forma de hacerlo, m\u00e1s si los testigos dan cuenta de ese hecho y concuerdan con su testimonio y los datos conocidos del caso. M\u00e1s a\u00fan, desde el levantamiento del croquis el agente de tr\u00e1nsito dio cuenta de la intervenci\u00f3n de otro veh\u00edculo\u00bb. <\/p>\n

En conclusi\u00f3n, expuso, <\/p>\n

[a]l haber ocurrido los hechos como los describen los testigos presentados por la defensa y lo tienden a confirmar las evidencias, la conducta imprudente de ese otro conductor, imprevisible e irresistible para el acusado, ser\u00eda la causa eficiente del fallecimiento del se\u00f1or Luis Orlando Ram\u00edrez, no la velocidad a la que conduc\u00eda el acusado Alejandro Quintero. Esa hip\u00f3tesis tiene suficiente fundamento en la prueba presentada en juicio. Y mientras sea fundada y no sea posible infirmarla o descartarla, en el peor de los casos se est\u00e1 en presencia de una duda razonable, si no es que constituye la evidencia de la ausencia de culpabilidad del acusado. <\/p>\n

4.3.- Como puede verse, la Sala penal efectu\u00f3 una apreciaci\u00f3n probatoria m\u00e1s amplia, incluyendo razonamientos para refrendar la absoluci\u00f3n desde la perspectiva concerniente a que la conducta imprudente del conductor del segundo veh\u00edculo fue la causa eficiente del fallecimiento de la v\u00edctima y no la velocidad desarrollada por el inculpado. <\/p>\n

Ahora, aunque en principio pudiera entenderse que el sentenciador en lo criminal hall\u00f3 configurada la causal liberativa de responsabilidad consistente en fuerza mayor o caso fortuito, llama la atenci\u00f3n que ninguna menci\u00f3n haya efectuado en su fallo acerca de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 32 del C\u00f3digo Penal que consagra esa causal de ausencia de responsabilidad, sino que llanamente confirm\u00f3 la decisi\u00f3n. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, teniendo en cuenta la exposici\u00f3n argumentativa posterior a la inferencia de que el conductor s\u00ed viol\u00f3 reglamentos; podr\u00eda resultar m\u00e1s adecuado entender que lo que hall\u00f3 estructurado el juzgador penal de segundo grado fue un factor extra\u00f1o en la expresi\u00f3n \u00abhecho de un tercero\u00bb. <\/p>\n

Sin embargo, al margen de la calificaci\u00f3n jur\u00eddica que se le otorgue, lo cierto es que en la conclusi\u00f3n reina la ambig\u00fcedad, por cuanto en \u00faltimas se mencionan tres razones de refrendaci\u00f3n del fallo, dado que aunque en principio se dijo que \u00abla conducta imprudente de ese otro conductor, imprevisible e irresistible para el acusado, ser\u00eda la causa eficiente del fallecimiento del se\u00f1or Luis Orlando Ram\u00edrez, no la velocidad a la que conduc\u00eda el acusado\u00bb, a regl\u00f3n seguido se acot\u00f3 que mientras esa hip\u00f3tesis no fuera infirmada \u00aben el peor de los casos se est\u00e1 en presencia de una duda razonable, sino es que constituye la evidencia de la ausencia de culpabilidad del acusado\u00bb, pero sin efectuar modificaci\u00f3n alguna se confirm\u00f3 la providencia recurrida. <\/p>\n

4.3.1. En cuanto al primer aspecto que sustenta el fallo, brilla por su ausencia un expreso an\u00e1lisis respecto al porqu\u00e9 consider\u00f3 el sentenciador penal que la intervenci\u00f3n de un automotor adicional en ese escenario no pudo ser prevista o evitada por el demandado que conduc\u00eda el veh\u00edculo causante del da\u00f1o, ni explicit\u00f3 de d\u00f3nde dedujo que la participaci\u00f3n de ese tercero haya sido la causa exclusiva del accidente, de manera que esa deducci\u00f3n deviene conjetural y adem\u00e1s se aleja de otros medios de convicci\u00f3n, como se ver\u00e1 luego. <\/p>\n

En SC de 23 jun. 2000, rad. 5475, la Corte memor\u00f3 los tres criterios sustantivos encaminados a establecer cu\u00e1ndo un hecho puede considerarse imprevisible, a saber: \u00ab1) El referente a su normalidad y frecuencia; 2) El atinente a la probabilidad de su realizaci\u00f3n, y 3) El concerniente a su car\u00e1cter inopinado, excepcional y sorpresivo\u00bb. <\/p>\n

En la misma providencia, se\u00f1al\u00f3 que en el lenguaje jur\u00eddico, la irresistibilidad, debe entenderse como aquel estado \u00abpredicable del sujeto respectivo que entra\u00f1a la imposibilidad objetiva de evitar ciertos efectos o consecuencias derivados de la materializaci\u00f3n de hechos ex\u00f3genos (\u2026). En tal virtud, este presupuesto legal se encontrar\u00e1 configurado cuando, de cara al suceso pertinente, la persona no pueda – o pudo – evitar, ni eludir sus efectos (criterio de la evitaci\u00f3n).\u00bb Y refiri\u00e9ndose espec\u00edficamente a la fuerza mayor, agreg\u00f3 que la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, ha entendido que este elemento de la fuerza mayor, <\/p>\n

(\u2026) \u201cImplica la imposibilidad de sobreponerse al hecho para eludir sus efectos. La conducta del demandado se legitima ante el imperativo de justicia que se expresa diciendo: ad impossibilia nemo tenetur.\u201d (Sentencia del 31 de mayo de 1965, G.J. CXI y CXII pag. 126). (\u2026) <\/p>\n

A lo anterior debe agregarse que estos dos requisitos: la imprevisibilidad y la irresistibilidad, deben estar presentes coet\u00e1nea o concomitantemente, para la concreci\u00f3n de este instituto jur\u00eddico exonerativo de responsabilidad, tal y como ha sido se\u00f1alado en reiterada jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n (Sentencias del 26 de julio de 1995 expediente 4785; 19 de julio de 1996 expediente 4469; 9 de octubre de 1998 expediente 4895, entre otras), de forma que si se verifica uno de ellos, pero no los dos, no ser\u00e1 posible concederle eficacia alguna, ya que esta es bipolar. -Subraya intencional- <\/p>\n

En el caso en estudio, se echa de menos una valoraci\u00f3n detenida de los elementos enunciados por la jurisdicci\u00f3n punitiva del Estado. <\/p>\n

N\u00f3tese que si el argumento esgrimido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn para restarle m\u00e9rito y calificar de mendaz el dicho de los testigos presentados por la Fiscal\u00eda que aseguraron que ning\u00fan otro veh\u00edculo transitaba por la v\u00eda al momento de ocurrencia del siniestro, fue que aquella era \u00abde alto tr\u00e1fico y muy congestionada, hasta el punto que se construy\u00f3 la doble calzada para agilizar el tr\u00e1fico\u00bb, resulta por lo menos contradictorio que haya estimado imprevisible para el enjuiciado la presencia de otro veh\u00edculo que se le atraves\u00f3 en la l\u00ednea de manejo, cuando a contrario sensu, es ese un hecho frecuente y nada excepcional para quienes ejercen la actividad de conducci\u00f3n, que los obliga a comportarse con prudencia y atenci\u00f3n permanentes. <\/p>\n

De otra parte, de cara a lo que constituir\u00eda la irresistibilidad, no solo le rest\u00f3 trascendencia al hecho probado que el conductor viol\u00f3 una norma imperativa de tr\u00e1nsito que restring\u00eda a 30 k\/h la velocidad m\u00e1xima de desplazamiento en el lugar, sino que desconoci\u00f3 lo conceptuado al respecto en el informe pericial de f\u00edsica rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses conforme al cual, <\/p>\n

Respecto a las marcas de llanta en el guardabarro, direccional y costado lateral del bomper delantero en el lado izquierdo del mismo, antes mencionadas, se encuentra que dichas huellas corresponden a un roce de una llanta de otro veh\u00edculo sobre las piezas del Renault 9 antes mencionadas y este hecho corresponde a que ambos veh\u00edculos estaban haciendo un \u00e1ngulo muy peque\u00f1o entre ellos, casi paralelos, mientras se marc\u00f3 la llanta en las piezas del Renault 9, lo que indica que entre dichos veh\u00edculos no se present\u00f3 un impacto fuerte, solamente un roce, y este evento no es consistente con el hecho de desviar el veh\u00edculo y posteriormente volcarlo, si este se desv\u00eda y luego se vuelca, es por razones diferentes al roce entre ellos de la forma descrita. <\/p>\n

No puede soslayarse que, a\u00fan si se admitiera que la aparici\u00f3n del otro automotor fue sorpresiva, en todo caso quedar\u00eda latente la coautor\u00eda en la producci\u00f3n del da\u00f1o, dado que fenomenol\u00f3gicamente fue el veh\u00edculo de los demandados el que atropell\u00f3 al se\u00f1or Ram\u00edrez Zuluaga y comoquiera que, seg\u00fan lo estableci\u00f3 la autoridad de tr\u00e1nsito, su conductor tambi\u00e9n incurri\u00f3 en una conducta imprudente al infringir una norma de tr\u00e1nsito que restring\u00eda a 30 k\/h la velocidad m\u00e1xima permitida en el sector donde ocurri\u00f3 el accidente, esa conducta igualmente pudo incidir en su capacidad de maniobra por lo que no puede deducirse que el efecto del roce se torn\u00f3 inevitable o irresistible para el aqu\u00ed convocado, o que la culpa del conductor del otro veh\u00edculo fue la exclusiva y determinante causa del accidente. <\/p>\n

Tan as\u00ed ser\u00eda, que la Sala Penal para descartar la teor\u00eda del caso de la Fiscal\u00eda en punto a que la causa del accidente fue el exceso de velocidad, m\u00e1s all\u00e1 de desconocer la injerencia de esa violaci\u00f3n del deber de cuidado, lo que puso en duda fue que sin la presencia de otro elemento extra\u00f1o se hubiese producido el volcamiento que impact\u00f3 al peat\u00f3n. En ese sentido, se\u00f1al\u00f3 que la velocidad no explicaba por si sola la p\u00e9rdida de control, ni era suficiente para que se presentara un evento de esa naturaleza. <\/p>\n

Tal argumento resultaba de peso para que, en la indagaci\u00f3n sobre los presupuestos del delito de homicidio culposo no fuera factible determinar con grado de certeza que la \u00fanica causa generadora de la muerte de la v\u00edctima fue el exceso de velocidad del inculpado. No obstante, desde el punto de vista de la responsabilidad civil resulta insuficiente para predicar que la causa eficiente fue la inmediata intervenci\u00f3n de otro veh\u00edculo, pues, dada la relatividad de lo que en determinado momento y lugar pueda considerarse exceso de velocidad, en un caso como el presente ha de tenerse en cuenta la norma imperativa fijada por la autoridad de tr\u00e1nsito, porque es ese el racero m\u00e1s objetivo en orden a definir si el accionar del demandado fue o no imprudente, y con mayor raz\u00f3n, siendo \u00e9ste el causante directo del da\u00f1o, con independencia de que en forma concurrente se haya presentado otro motivo ex\u00f3geno. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, si la calificaci\u00f3n del suceso como \u00abimprevisible\u00bb e \u00abirresistible\u00bb qued\u00f3 desprovista de una concreta valoraci\u00f3n de los supuestos en que se edifica la fuerza mayor alegada a manera de defensa del inculpado, no es posible predicar que su adecuaci\u00f3n tenga bases ciertas, pues siendo ese un fen\u00f3meno complejo, no bastaba para deducir su configuraci\u00f3n con repercusi\u00f3n en esta causa civil, que ante la falta de claridad de la raz\u00f3n por la cual el conductor del Renault 9 perdi\u00f3 el control de su veh\u00edculo, \u00ab[e]se vac\u00edo lo llena y explica la presencia de otro veh\u00edculo que se le atraves\u00f3 en la l\u00ednea de manejo y lo golpe\u00f3 en la parte delantera izquierda, desplaz\u00e1ndolo y haci\u00e9ndole perder el control\u00bb. <\/p>\n

Por lo expuesto, no puede admitirse el postulado que la causa determinante y exclusiva de la muerte del esposo y padre de los demandantes fue el hecho de un tercero, con alcance liberatorio de responsabilidad penal extensiva a la acci\u00f3n resarcitoria. <\/p>\n

4.3.2.- Col\u00edgese de lo anterior, que le asiste raz\u00f3n a la censura cuando afirma que en definitiva la absoluci\u00f3n se gener\u00f3 en la \u00abduda razonable\u00bb declarada por el juez de primer grado. <\/p>\n

Ciertamente, descartado como qued\u00f3 el hecho de un tercero -imprevisible e irresistible- como causa exclusiva del da\u00f1o y por ende la conclusi\u00f3n alusiva a que fue la conducta del otro conductor la que determin\u00f3 el fallecimiento de la v\u00edctima, la decisi\u00f3n de segundo grado qued\u00f3 sustentada en los mismos fundamentos de la sentencia impugnada, es decir, en la falta de convencimiento de la responsabilidad del acusado \u00abm\u00e1s all\u00e1 de toda duda\u00bb conforme al art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n

Al respecto, debe memorarse que la absoluci\u00f3n por duda en modo alguno repercute en la suerte del proceso civil, por cuanto estando a cargo del Estado la demostraci\u00f3n de la responsabilidad de los implicados en el presunto il\u00edcito, una decisi\u00f3n de esa naturaleza pone en evidencia el fracaso del ente instructor para convencer al juez del acierto de su tesis delincuencial en contra del enjuiciado sobre quien, en esas condiciones, se mantiene inc\u00f3lume la presunci\u00f3n de inocencia. <\/p>\n

A prop\u00f3sito de este tema, en SC 30 ago. 2010, rad. 1999-06826-01, dijo la Corte <\/p>\n

(\u2026) la absoluci\u00f3n derivada de la incertidumbre probatoria no es lo mismo que total inocencia, sino ausencia de diligencia del Estado en demostrar con certeza la responsabilidad penal del inculpado. En otras palabras, la duda razonable no equivale a inexistencia del hecho, ni a que el sindicado no lo cometi\u00f3, mucho menos a que la conducta causante del perjuicio obedeci\u00f3 al cumplimiento estricto de un deber legal o a que se encontraba justificada, sino simplemente denota que el implicado debe ser absuelto por no haberse esclarecido su responsabilidad. <\/p>\n

Sobre el particular, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte tiene explicado que la \u201cabsoluci\u00f3n por duda en estricto sentido no equivale a justicia, pues que ese estado de vacilaci\u00f3n impide conocer lo realmente acaecido y, por tanto, debe ser aplicada como remedio extremo, \u00faltimo, toda vez que ni la v\u00edctima ni el procesado pueden quedar plenamente satisfechos, en tanto la declaraci\u00f3n hecha no se fundamenta en la certeza, en la plena convicci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

4.3.3.- La \u00abausencia de culpabilidad del acusado\u00bb, mencionada en el \u00faltimo ac\u00e1pite de la motivaci\u00f3n del fallo penal, tampoco tiene aptitud para generar el referido fen\u00f3meno. Seg\u00fan se se\u00f1al\u00f3 en la citada SC13925-2016, este supuesto nunca ha sido objeto de cosa juzgada penal extensible a lo civil, dado que ambas especialidades realizan su juicio de reproche a ese respecto desde sus propias perspectivas, adem\u00e1s, se itera, trat\u00e1ndose de responsabilidad aquiliana por actividades peligrosas, el elemento culpa se presume, de manera que debe ser desvirtuado por el agente llamado al resarcimiento. <\/p>\n

En consecuencia, si bien el citado accionado fue absuelto de la conducta de homicidio culposo -decisi\u00f3n que en el campo penal definitivamente hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada-, no se deduce el mismo efecto en este proceso, por cuanto siendo la culpa presunta civil y no el delito la fuente de la obligaci\u00f3n demandada, al no haberse demostrado en el caso penal una eximente de responsabilidad con efectos en esta causa, no existe raz\u00f3n para que las aspiraciones de la parte actora se vieran frustradas sin an\u00e1lisis distinto a la aplicaci\u00f3n de los efectos de la decisi\u00f3n penal definitiva. <\/p>\n

5.- Fluye de lo expuesto, que le asiste raz\u00f3n a la censura al afirmar que se equivoc\u00f3 el sentenciador en la apreciaci\u00f3n de las sentencias penales y que esa equivocaci\u00f3n fue manifiesta y trascendente porque les dio el alcance de cegar la acci\u00f3n civil por el efecto de la cosa juzgada penal absolutoria, en contrav\u00eda de los art\u00edculos 2341 y 2356 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n

En suma, prosperan los dos cargos auscultados, lo que impone casar la sentencia recurrida y proceder a emitir pronunciamiento en sede de instancia. <\/p>\n

No habr\u00e1 lugar a condena en costas por el recurso de casaci\u00f3n, dada la prosperidad de las acusaciones, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 392 e inciso final del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil8. <\/p>\n

SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n

1.- Como punto de partida debe se\u00f1alarse que, seg\u00fan lo dilucid\u00f3 el ad quem al momento de pronunciarse sobre la viabilidad del recurso de casaci\u00f3n, solo a Luz Marina G\u00f3mez Ram\u00edrez le asist\u00eda inter\u00e9s para el efecto y en tal virtud, el \u00fanico recurso concedido, admitido y sustentado fue el propuesto por ella. <\/p>\n

En esas condiciones, la competencia de la Corte en sede de instancia queda limitada al estudio del recurso de apelaci\u00f3n que en su momento interpuso la se\u00f1ora Luz Marina, pues dada su calidad de litisconsorte facultativa respecto de los dem\u00e1s promotores, a la luz del art\u00edculo 50 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, sus actos no redundan ni en provecho, ni en perjuicio de los dem\u00e1s, por lo mismo, frente a los dem\u00e1s codemandantes la sentencia resulta inmodificable, pues su suerte qued\u00f3 definida en el curso de las instancias ordinarias. <\/p>\n

2.- El t\u00edtulo XXXIV del C\u00f3digo Civil regula el r\u00e9gimen de la \u00abresponsabilidad com\u00fan por los delitos y las culpas\u00bb, cuyo sustento es el principio general concerniente a que todo da\u00f1o ocasionado debe repararse. En ese sentido, al tenor del art\u00edculo 2341 ib\u00eddem, \u00ab[e]l que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido da\u00f1o a otro, es obligado a la indemnizaci\u00f3n, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido\u00bb. <\/p>\n

Para el \u00e9xito de la pretensi\u00f3n indemnizatoria soportada en la citada disposici\u00f3n, es menester que el reclamante acredite la existencia de los elementos estructurales de la responsabilidad endilgada, esto es, el da\u00f1o, la culpa del obligado a responder y el nexo de causalidad entre ellos. <\/p>\n

De otra parte, el art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil, dispone que \u00ab[p]or regla general todo da\u00f1o que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por \u00e9sta\u00bb, norma a partir de la cual se ha edificado el r\u00e9gimen de responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas con culpa presunta, ampliamente desarrollado por la Corte en su Jurisprudencia, a partir de la emblem\u00e1tica SC de 14 mar. 1938, reiterada en SC 31 may. 1938 y en CSJ SNG 17 jun. 1938. <\/p>\n

Sobre estos precedentes, en \tSC9788-2015, memor\u00f3 la Corte,
\nYa en CSJ SNG 17 jun. 1938, GJ t. XLVI, p\u00e1g. 688 al citar la anterior, dijo la Corte que \u00abse trata en la sentencia de mayo (\u2026) de una culpa presunta para los casos de riesgo creado, o sea cuando el da\u00f1o se produce por alguno de los elementos que en la civilizaci\u00f3n acarrean peligrosidad\u00bb y que del art\u00edculo 2356 se hace emanar \u00abuna presunci\u00f3n legal mixta, ya que se dice que no puede desvanecerse por cualquier medio en contrario, sino por determinados hechos\u00bb y en CSJ SNG 18 abr. 1939, GJ t. XLVIII p\u00e1g. 165 dej\u00f3 claro que \u00ab[e]l art\u00edculo 2347 del C.C., establece el principio de la responsabilidad por hechos ajenos y el art\u00edculo 2356 del mismo texto, sienta esta norma, bien se trate de responsabilidad directa o indirecta\u00bb, donde \u00ablos ejemplos que all\u00ed se mencionan son ilustrativos y se refieren a hechos en que el da\u00f1o aparece en la cosa misma, por cierta peligrosidad que en ella se transparenta\u00bb, acotando que con base en ello \u00abexiste una presunci\u00f3n de responsabilidad en contra del agente respectivo, en los casos de da\u00f1os causados por ciertas actividades que implican peligros, inevitablemente anexos a ellas\u00bb. <\/p>\n

Posici\u00f3n que se ha mantenido constante y es as\u00ed como en SC 27 feb. 2009, rad. 2001-00013-01, se dijo que <\/p>\n

(\u2026) la responsabilidad civil es uno de los campos del derecho privado en el que m\u00e1s se ha advertido la necesaria adaptaci\u00f3n del Derecho a las realidades de los tiempos, lo cual ha obedecido, en buena medida, a los efectos que en materia de da\u00f1os han producido nuevas problem\u00e1ticas sociales derivadas, particularmente, de los avances cient\u00edficos y tecnol\u00f3gicos que, por una parte, han provocado el surgimiento, en lo que aqu\u00ed interesa, de distintas actividades que califican como peligrosas o, dicho de otra forma, conllevan una mayor exposici\u00f3n o riesgo para los asociados, entre las cuales, aunque s\u00f3lo a t\u00edtulo ilustrativo, pueden citarse los medios de transporte que con la utilizaci\u00f3n de diversas formas de energ\u00eda superan velocidades antes no alcanzadas, la construcci\u00f3n de estructuras con diversa finalidad de magnitudes cada vez mayores, la instalaci\u00f3n de plantas nucleares, o el establecimiento de centrales el\u00e9ctricas que se sirven de fuerzas naturales, como las del agua, el calor o el viento, y, por otra parte, han conducido a la revisi\u00f3n de los criterios tradicionales de prevenci\u00f3n y de evitaci\u00f3n de da\u00f1os, con el prop\u00f3sito de determinar con la mayor precisi\u00f3n posible hasta d\u00f3nde ha de responder el sujeto cuyo comportamiento antijur\u00eddico se examina, y a partir de qu\u00e9 par\u00e1metro se puede considerar que el da\u00f1o ha sido el producto de una causa extra\u00f1a a \u00e9l. <\/p>\n

A partir de la presunci\u00f3n de culpabilidad que rige en las acciones de responsabilidad extracontractual por da\u00f1os ocasionados en el ejercicio de actividades peligrosas, se itera, la v\u00edctima s\u00f3lo est\u00e1 obligada a probar el da\u00f1o y la relaci\u00f3n de causalidad, mientras que al autor para exonerarse est\u00e1 obligado a acreditar la presencia de un elemento extra\u00f1o como causa exclusiva del da\u00f1o, esto es, fuerza mayor o caso fortuito, culpa de la v\u00edctima o intervenci\u00f3n de un tercero. <\/p>\n

En ese sentido, en SC 26 ago. 2010, rad. 2005-00611-01, la Corte de manera enf\u00e1tica expuso, <\/p>\n

3.- Para abordar la providencia de reemplazo, se parte del hecho incontrovertido del fallecimiento del se\u00f1or Luis Orlando Ram\u00edrez Zuluaga como v\u00edctima del accidente de tr\u00e1nsito acaecido el 3 de junio de 2007, en el que result\u00f3 comprometido el veh\u00edculo de placa MLH-607 de propiedad de Alejandro Quintero Osorio y Diana Patricia Restrepo Ochoa (fls. 83, c. 1), asegurado mediante p\u00f3liza de responsabilidad civil extracontractual por Compa\u00f1\u00eda Agr\u00edcola de Seguros S.A., Suramericana de Seguros S.A. para la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, por virtud del contrato de cesi\u00f3n celebrado entre esas compa\u00f1\u00edas (fls. 73 \u2013 79, ib.). <\/p>\n

4.- Como se analiz\u00f3 en precedencia, dado que el da\u00f1o cuya indemnizaci\u00f3n se reclama tuvo ocurrencia en el ejercicio de una actividad peligrosa, como lo es la conducci\u00f3n de veh\u00edculos automotores cuyo r\u00e9gimen de responsabilidad se edifica en el art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil, le basta al afectado demostrar la existencia del da\u00f1o y la relaci\u00f3n de causalidad entre este y la actividad de esa estirpe, recayendo en el causante para exonerarse de responsabilidad, la carga de demostrar la ruptura del nexo de causalidad, es decir, que en la generaci\u00f3n del suceso medi\u00f3 una causa extra\u00f1a -fuerza mayor o caso fortuito, hecho exclusivo de la v\u00edctima o intervenci\u00f3n de un tercero-. Los convocados enfilaron sus esfuerzos a ese cometido mediante la proposici\u00f3n de medios de defensa. <\/p>\n

El a quo, tras categorizar el asunto en el \u00e1mbito de las actividades peligrosas y la consecuente forma de exoneraci\u00f3n del causante del da\u00f1o, acot\u00f3 que de la motivaci\u00f3n de la sentencia de segunda instancia proferida en el proceso punitivo, emerg\u00eda que \u00abla absoluci\u00f3n del demandado se produjo por esa causa extra\u00f1a (culpa exclusiva de un tercero), quien con su comportamiento imprudente determin\u00f3 la ocurrencia de una serie de sucesos, cuyo rebote trajo como consecuencia la muerte del se\u00f1or Luis Orlando Ram\u00edrez Zuluaga\u00bb, y concluy\u00f3 que el pronunciamiento penal hac\u00eda tr\u00e1nsito a cosa juzgada con efectos en materia civil por virtud del principio de \u00abunidad de jurisdicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

A partir de ese razonamiento, decidi\u00f3 declarar probadas las excepciones propuestas por los demandados denominadas \u00abcausa extra\u00f1a: fuerza mayor y caso fortuito y efectos de la sentencia penal absolutoria en el proceso civil\u00bb. <\/p>\n

Las razones de disenso planteadas por v\u00eda de apelaci\u00f3n, en esencia, se concretaron a cuestionar el alcance que el fallador en lo civil le confiri\u00f3 a las providencias que finiquitaron el juicio penal, as\u00ed como a las caracter\u00edsticas de imprevisibilidad e irresistibilidad con que se calific\u00f3 la intervenci\u00f3n de otro automotor en la escena de los hechos, dado que la valoraci\u00f3n efectuada en el juicio penal a lo sumo pod\u00eda ser aceptada para la exoneraci\u00f3n de responsabilidad en ese campo, m\u00e1s no en un proceso de responsabilidad civil por el ejercicio de una actividad peligrosa. <\/p>\n

Comoquiera que en el estudio de los cargos de casaci\u00f3n acogidos se le confiri\u00f3 raz\u00f3n a la recurrente sobre esos precisos aspectos, concretamente, que en este evento no era factible extender los efectos de la cosa juzgada penal absolutoria a la acci\u00f3n civil dadas las marcadas divergencias entre esas dos modalidades de acciones, es claro que la decisi\u00f3n del a quo de declarar probadas las excepciones interpuestas por los accionados en ese sentido no puede mantenerse en firme, siendo menester acometer el estudio de los dem\u00e1s enervantes. <\/p>\n

4.1.- Los contradictores tambi\u00e9n excepcionaron \u00abcausa extra\u00f1a: fuerza mayor y caso fortuito\u00bb y \u00abcausa extra\u00f1a en la modalidad de culpa exclusiva de un tercero\u00bb. Resaltaron que la presencia de otro veh\u00edculo en el lugar de los hechos que intent\u00f3 sobrepasar y golpe\u00f3 fuertemente el carro de los demandados, se torn\u00f3 imprevisible e irresistible para el se\u00f1or Quintero Osorio, siendo el otro conductor quien provoc\u00f3 el fatal accidente. <\/p>\n

Al respecto, basta se\u00f1alar, como se explic\u00f3 a espacio al desatar el recurso extraordinario, que en este evento no se acreditaron los elementos de imprevisibilidad e irresistibilidad connaturales a esas dos especies de factor extra\u00f1o para predicar que fue uno de ellos la causa determinante del hecho da\u00f1oso, pues a lo sumo, la presencia de otro veh\u00edculo en ese escenario pudo contribuir al resultado, pero no se demostr\u00f3 que hubiese sido su causa exclusiva y determinante. A esa argumentaci\u00f3n se remite, sin necesidad de efectuar disquisiciones adicionales para resolver estas defensas. <\/p>\n

4.2.- Tambi\u00e9n alegaron los convocados \u00abculpa de la v\u00edctima materializada en la aceptaci\u00f3n de riesgos\u00bb; \u00abreducci\u00f3n del monto indemnizable\u00bb e \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n de indemnizar por ausencia de nexo de causalidad\u00bb. <\/p>\n

Se memora que el eximente conocido como \u00abhecho de la v\u00edctima\u00bb se presenta cuando la actuaci\u00f3n de aquella constituy\u00f3 la causa exclusiva o concurrente del da\u00f1o. Sobre el particular, en SC 19 may. 2011, rad. 2006-00273-01, reiterada en SC5050-2014, dijo la Corte, <\/p>\n

En lo que concierne a la conducta de la v\u00edctima, en tiempos recientes, precis\u00f3 la Corte: <\/p>\n

"5. (\u2026) se puede se\u00f1alar que en ocasiones el hecho o la conducta de quien ha sufrido el da\u00f1o pueden ser, en todo o en parte, la causa del perjuicio que \u00e9sta haya sufrido. En el primer supuesto \u2013conducta del perjudicado como causa exclusiva del da\u00f1o-, su proceder desvirtuar\u00e1, correlativamente, el nexo causal entre el comportamiento del presunto ofensor y el da\u00f1o inferido, dando lugar a que se exonere por completo al demandado del deber de reparaci\u00f3n. Para que el demandado se libere completamente de la obligaci\u00f3n indemnizatoria se requiere que la conducta de la v\u00edctima re\u00fana los requisitos de toda causa extra\u00f1a, en particular que se trate de un evento o acontecimiento exterior al c\u00edrculo de actividad o de control de aquel a quien se le imputa la responsabilidad. En el segundo de tales supuestos -concurrencia del agente y de la v\u00edctima en la producci\u00f3n del perjuicio-, tal coparticipaci\u00f3n causal conducir\u00e1 a que la condena reparatoria que se le imponga al demandado se disminuya proporcionalmente, en la medida de la incidencia del comportamiento de la propia v\u00edctima en la producci\u00f3n del resultado da\u00f1oso. <\/p>\n

"La importancia de la conducta de la v\u00edctima en la determinaci\u00f3n de la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os que \u00e9sta ha sufrido no es nueva, pues ya desde el derecho romano se aplicaba en forma dr\u00e1stica la regla, atribuida a Pomponio, seg\u00fan la cual \u201cquod si quis ex culpa sua damnun sentit, non intellegitur damnum sentire\u201d, es decir, que el da\u00f1o que una persona sufre por su culpa se entiende como si no lo hubiera padecido, lo que condujo a un riguroso criterio consistente en que si la v\u00edctima hab\u00eda participado en la producci\u00f3n del da\u00f1o, as\u00ed su incidencia fuera de baja magnitud, en todo caso quedaba privada de reclamaci\u00f3n. <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

\u201c[\u2026] Precisado lo anterior, se debe mencionar que la doctrina es pac\u00edfica en se\u00f1alar que para que el comportamiento del perjudicado tenga influencia en la determinaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n reparatoria, es indispensable que tal conducta incida causalmente en la producci\u00f3n del da\u00f1o y que dicho comportamiento no sea imputable al propio demandado en cuanto que \u00e9l haya provocado esa reacci\u00f3n en la v\u00edctima. Sobre lo que existe un mayor debate doctrinal es si se requiere que la conducta del perjudicado sea constitutiva de culpa, en sentido estricto, o si lo que se exige es el simple aporte causal de su actuaci\u00f3n, independientemente de que se pueda realizar un juicio de reproche sobre ella. (\u2026). <\/p>\n

Por todo lo anterior, la doctrina contempor\u00e1nea prefiere denominar el fen\u00f3meno en cuesti\u00f3n como el hecho de la v\u00edctima, como causa concurrente a la del demandado en la producci\u00f3n del da\u00f1o cuya reparaci\u00f3n se demanda." (cas.civ. sentencia de 16 de diciembre de 2010, exp. 1989-00042-01). -Subraya intencional- <\/p>\n

En orden a demostrar esas defensas -culpa de la v\u00edctima y reducci\u00f3n del riesgo indemnizable-, los propietarios del veh\u00edculo adujeron que el peat\u00f3n se desplazaba por una v\u00eda de alta circulaci\u00f3n vehicular \u00abasumiendo imprudentemente un grave riesgo toda vez que el lugar por donde se desplazaba no era zona peatonal sino una cuneta de una autopista\u00bb, por lo que en el evento de imponerse una condena deb\u00eda aplicarse el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n

Para resolver sobre estos medios exceptivos, se valorar\u00e1n las copias trasladadas del proceso penal que se surti\u00f3 con ocasi\u00f3n de los mismos hechos, dado que fueron decretadas y allegadas al proceso con apego a lo previsto en el art\u00edculo 185 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, as\u00ed como los interrogatorios de parte y los testimonios recibidos en este proceso, veamos: <\/p>\n

En el croquis del accidente de tr\u00e1nsito elaborado por el funcionario de la Secretar\u00eda de Transporte y Tr\u00e1nsito de Copacabana \u2013 Antioquia, se describe que la v\u00eda donde ocurri\u00f3 el hecho es recta, plana, con bermas, doble sentido, una calzada, construida en asfalto, estaba en buen estado y seca (fls. 249 \u2013 250, c. 2). <\/p>\n

De otra parte, las copias del tr\u00e1mite contravencional que hacen parte del expediente penal, dan cuenta de la inspecci\u00f3n ocular practicada por la autoridad de tr\u00e1nsito el 17 de enero de 2008, en la cual se hizo constar que en el lugar de ocurrencia de los hechos existen tres se\u00f1ales de tr\u00e1nsito, entre ellas una reglamentaria de velocidad de 30 kil\u00f3metros por hora (fl. 247, c. 2.) En esa actuaci\u00f3n, mediante Resoluci\u00f3n 05212 -001 de 17 de enero de 2008, se declar\u00f3 responsable contravencional a Alejandro Quintero Osorio, y se eximi\u00f3 a Luis Orlando Ram\u00edrez Zuluaga, decisi\u00f3n mantenida en firme al desatar el recurso de reposici\u00f3n (fls. 241 \u2013 246, c.2). <\/p>\n

En cuanto al lugar de la v\u00eda por el cual se movilizaba la v\u00edctima, se cuenta con las versiones rendidas en este proceso por las personas naturales demandadas que se desplazaban en el automotor y de otras que estaban en inmediaciones del lugar de los hechos. Al efecto, Alejandro Quintero Osorio -quien conduc\u00eda el veh\u00edculo- manifest\u00f3 que el occiso iba caminado por la berma de la v\u00eda (fl. 178 vto., c. 2); a su turno, Diana Patricia Restrepo Ochoa que se transportaba como pasajera, acot\u00f3 que el transe\u00fante \u00abiba en compa\u00f1\u00eda de una mujer, por el bordo de la v\u00eda, no hay and\u00e9n en esa parte de la v\u00eda\u00bb (fl. 180 vto. c. 2). <\/p>\n

Tambi\u00e9n rindieron declaraci\u00f3n las se\u00f1oras Marta Dolly Meza de L\u00f3pez y Marleny Alejandra Pel\u00e1ez Mesa, quienes manifestaron que presenciaron el accidente desde su puesto de trabajo ubicado al frente del lugar de su acaecimiento. Al respecto, la primera se\u00f1al\u00f3 que se percat\u00f3 que una pareja ven\u00eda caminando por el lado derecho en sentido Sur – Norte y que iban primero \u00abel se\u00f1or por la manguita, la se\u00f1ora por la cuneta, despu\u00e9s cambiaron la se\u00f1ora por la maguita el se\u00f1or por la cuneta\u00bb (fl. 438, c. 2); y en sentido similar, la segunda acot\u00f3 que \u00abven\u00eda una pareja de edad caminando (\u2026) el se\u00f1or ven\u00eda por la cuneta y la se\u00f1ora en el bordecito m\u00e1s alto\u00bb. <\/p>\n

De los rese\u00f1ados medios probatorios emerge con nitidez que en el escenario factual no hab\u00eda un sector habilitado especialmente para el desplazamiento de los peatones, diferente de aquel por el que efectivamente se movilizaba la v\u00edctima, esto es, la denominada berma que conforme a la definici\u00f3n consignada en la Ley 769 de 2002, ata\u00f1e a la \u00ab[p]arte de la estructura de la v\u00eda, destinada al soporte lateral de la calzada para el tr\u00e1nsito de peatones, semovientes y ocasionalmente al estacionamiento de veh\u00edculos y tr\u00e1nsito de veh\u00edculos de emergencia\u00bb. <\/p>\n

En ese sentido si, tal y como lo refirieron tanto los mismos demandados como los testigos presenciales de los hechos, el se\u00f1or Ram\u00edrez Zuluaga transitaba por ese segmento vial y no por el reservado al desplazamiento de los veh\u00edculos, ello significa que no inobserv\u00f3 la regla de circulaci\u00f3n peatonal dispuesta en el art\u00edculo 57 de la Ley 769 de 2002, a cuyo tenor, \u00abEl tr\u00e1nsito de peatones por las v\u00edas p\u00fablicas se har\u00e1 por fuera de las zonas destinadas al tr\u00e1nsito de veh\u00edculos\u00bb, de all\u00ed que ninguna actuaci\u00f3n, imprudencia o falta de cuidado pueda endilg\u00e1rsele como determinante o concurrente en el acontecimiento da\u00f1oso, con aptitud para derribar el nexo causal o para menguar el monto de la indemnizaci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil, conforme al cual, \u00abla apreciaci\u00f3n del da\u00f1o est\u00e1 sujeta a reducci\u00f3n, si el que lo ha sufrido se expuso a \u00e9l imprudentemente\u00bb y, por lo mismo, la alegaci\u00f3n en ese sentido resulta carente de demostraci\u00f3n. <\/p>\n

4.3.- Emerge de lo expuesto, el fracaso de todos los enervantes formulados con la finalidad de derruir el nexo de causalidad, lo que de suyo comporta la revocatoria del fallo de primera instancia, imponi\u00e9ndose proseguir con el escrutinio acerca de la reparaci\u00f3n del da\u00f1o irrogado. <\/p>\n

5.- De los perjuicios y su cuantificaci\u00f3n. <\/p>\n

La opugnante reclam\u00f3 indemnizaci\u00f3n del agravio material -lucro cesante- e inmaterial \u2013da\u00f1o moral y a la vida de relaci\u00f3n-. <\/p>\n

5.1.- En sustento del aducido lucro cesante, se afirm\u00f3 que el fallecido dedicaba al sostenimiento de su esposa e hijos los ingresos netos que obten\u00eda en su actividad de constructor de viviendas en la empresa de su propiedad denominada Constructora Turipana, certificados por contadora p\u00fablica en $4.500.000 mensuales. <\/p>\n

Como medios persuasivos \u00fatiles para la constataci\u00f3n de lo pretendido, obran en el expediente: prueba de la calidad de c\u00f3nyuges de Orlando Ram\u00edrez Zuluaga y Luz Marina G\u00f3mez Ram\u00edrez (fl. 4, c. 1); certificado de registro mercantil del establecimiento de comercio Constructora Turipana, con renovaci\u00f3n de matr\u00edcula el 9 de abril de 2007 y actividad mercantil de \u00abconstrucci\u00f3n de vivienda a precio fijo\u00bb (fl. 18, ib.); certificaci\u00f3n emitida por la contadora p\u00fablica Fabiola de Jes\u00fas V\u00e9lez Restrepo (fl. 80, ib.), en la cual manifiesta que Orlando Ram\u00edrez Zuluaga \u00abobten\u00eda ingresos netos mensuales promedio por valor de $4.500.000 (\u2026) provenientes del ejercicio independiente de su actividad en el sector de la construcci\u00f3n\u00bb, ratificada en audiencia del 29 de junio de 2010, donde se\u00f1al\u00f3 que ella era la contadora de esa constructora de propiedad del fallecido, manejaba su contabilidad y elaboraba las declaraciones de renta, siendo de all\u00ed que extrajo la informaci\u00f3n (fl. 208 c. 2). <\/p>\n

Ded\u00facese de esas probanzas, la legitimidad de la accionante para reclamar el pago del lucro cesante, para lo cual debe recordarse que, siendo el fallecimiento del esposo la causa invocada, seg\u00fan lo ha sostenido la jurisprudencia el derecho a la reparaci\u00f3n surge de la acreditaci\u00f3n de la dependencia econ\u00f3mica existente entre la v\u00edctima y quien la reclama. En este caso no fue objeto de discusi\u00f3n, y adem\u00e1s se prob\u00f3, que para la fecha de su muerte el se\u00f1or Ram\u00edrez Zuluaga conviv\u00eda con su esposa y era una persona econ\u00f3micamente activa con ingresos certificados, pudiendo inferirse que buena parte de ellos los destinaba al sostenimiento de aquella. <\/p>\n

Sobre el particular, en SC 28 feb. 2013, rad. 2002-01011-01, dijo la Corte, <\/p>\n

En hip\u00f3tesis como la en precedencia descrita, la prueba del da\u00f1o patrimonial consistir\u00e1 en la acreditaci\u00f3n, por una parte, del v\u00ednculo conyugal o marital y, por otra, de los aportes que para el sostenimiento de hogar com\u00fan hac\u00eda la v\u00edctima, que como lo tiene dicho la jurisprudencia, se inferir\u00e1n del hecho de que ella tuviese ingresos econ\u00f3micos, pues ante la existencia de \u00e9stos, es dable presumir que utilizaba parte de ellos a contribuir al cubrimiento de las necesidades de la familia, habida cuenta que aplicado el principio de la buena fe y las reglas de la experiencia, las personas, por regla general, prioritariamente cumplen con las obligaciones de ese linaje -familiares- a su cargo. \u2013subraya intencional- <\/p>\n

As\u00ed mismo, existen bases id\u00f3neas para cuantificar los perjuicios, no siendo del caso tener en cuenta el dictamen pericial practicado dentro del proceso, por cuanto las operaciones all\u00ed realizadas se encuentran desactualizadas por el tiempo transcurrido desde que se incorpor\u00f3 al plenario y el del presente fallo de reemplazo. <\/p>\n

Los factores que se considerar\u00e1n para el c\u00e1lculo de la indemnizaci\u00f3n, son los siguientes: <\/p>\n

Teniendo en cuenta que para la fecha de su deceso Luis Orlando Ram\u00edrez Zuluaga ten\u00eda 63 a\u00f1os de edad, su vida probable, de conformidad con lo dispuesto en la Resoluci\u00f3n 497 de 20 de mayo de 1997 emitida por la entonces Superintendencia Bancaria, por la cual se modific\u00f3 la Resoluci\u00f3n 0585 del 11 de abril de 1994 -en vigor para la \u00e9poca de los hechos- era de 17.32 a\u00f1os, esto es, 207.8 meses. <\/p>\n

El valor del ingreso mensual percibido por el occiso al tiempo de su deceso, era de $4.500.000, que ser\u00e1 la base de la liquidaci\u00f3n del lucro cesante, con deducci\u00f3n de un 25% por concepto de gastos personales como estimativo que la Corte ha considerado procedente aplicar en materia resarcitoria, que para el caso corresponde a $1.125.000, y lo restante habr\u00eda de distribuirse por mitades entre la c\u00f3nyuge y los hijos, pues conforme a lo evidenciado en el proceso, aunque no se reclam\u00f3 indemnizaci\u00f3n de lucro cesante a favor de los descendientes, s\u00ed se refiri\u00f3 que dos de ellos contaban con la ayuda econ\u00f3mica del padre y a\u00fan estaban adelantando estudios universitarios, de donde se infiere que para esa \u00e9poca el fallecido aportaba pecuniariamente al hogar para el sostenimiento de esposa e hijos. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, a la casacionista le corresponder\u00eda la cantidad de $1.687.500 que debe ser actualizada para efectuar las operaciones en este prove\u00eddo, al efecto se aplicar\u00e1 la siguiente f\u00f3rmula de indexaci\u00f3n: <\/p>\n

VP = VA x IPC final (octubre 2018)
\nIPC inicial (junio 2007)
\nDonde: VP = valor presente; VA= valor actualizado <\/p>\n

Aplicada al caso, tenemos: <\/p>\n

VP= \t$1.687.500 x 142,67
\n91,87 <\/p>\n

VP= $2.620.612 <\/p>\n

En aplicaci\u00f3n de los descritos factores, se procede a establecer el quantum de la indemnizaci\u00f3n: <\/p>\n

a.-) Lucro cesante pasado o consolidado. <\/p>\n

Para su c\u00e1lculo, el per\u00edodo aplicable es el transcurrido desde el deceso del se\u00f1or Ram\u00edrez Zuluaga (3 de junio de 2007) hasta el 31 de octubre de 2018, \u00faltima fecha de certificaci\u00f3n de variaci\u00f3n porcentual del IPC certificada por el DANE, que se aproxima a la cifra entera m\u00e1s cercana de 137 meses. <\/p>\n

Se aplicar\u00e1 la f\u00f3rmula VA = LCM x Sn, en la que \u201cVA\u201d es el valor actual del lucro cesante pasado total, incluidos intereses del 6% anual; \u201cLCM\u201d es el lucro cesante mensual actualizado, y \u201cSn\u201d el valor acumulado de la renta peri\u00f3dica de un peso que se paga \u201cn\u201d veces a una tasa de inter\u00e9s \u201ci\u201d por per\u00edodo. El factor \u201cSn\u201d, por su parte, se obtiene de la siguiente f\u00f3rmula matem\u00e1tica: <\/p>\n

Sn = (1 + i)n – 1
\ni <\/p>\n

El factor \u201ci\u201d corresponde a los intereses legales del 6% anual (0.005). <\/p>\n

Aplicando al caso la f\u00f3rmula: <\/p>\n

S = $2.620.612 x\u00a0\u00a0(1+0.005)137 – 1
\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 0.005
\nS = $513.843.728 <\/p>\n

b.-) Lucro cesante futuro: <\/p>\n

El per\u00edodo de liquidaci\u00f3n es el de vida probable del fallecido (207,8 meses), menos el calculado en el lucro cesante pasado (137 meses), es decir, 70,8 meses. <\/p>\n

Ante la relevancia de los criterios del monto indemnizable actualizado y la deducci\u00f3n de los intereses por el anticipo de capital, la f\u00f3rmula aplicable var\u00eda as\u00ed: VA = LCM x Ra, donde \u201cVA\u201d es el valor del lucro cesante futuro; \u201cLCM\u201d el lucro cesante mensual; y \u201cRa\u201d el descuento por pago anticipado que, a su turno, se obtiene de la siguiente f\u00f3rmula: <\/p>\n

Ra = (1+i)n \u2013 1 <\/p>\n

El factor \u201ci\u201d, representa los intereses del 6% anual. <\/p>\n

Aplicando al caso la f\u00f3rmula: <\/p>\n

VA = $2.620.612 x ( 1 + 0.005 )70,8 – 1
\n0.005(1 + 0.005) 70,8
\nVA= $155.929.382 <\/p>\n

Lucro cesante pasado:\t$513.843.728
\nLucro cesante futuro:\t\t$155.929.382
\nTOTAL:\t $669.773.110 <\/p>\n

5.2.- Por lo concerniente a los perjuicios morales, es innegable que en casos como el presente puede presumirse que la p\u00e9rdida prematura del c\u00f3nyuge le ocasion\u00f3 a la accionante aflicci\u00f3n, tristeza, desasociego y dolor, presunci\u00f3n que resulta reforzada con las versiones de los testigos Ram\u00f3n Guillermo Zuluaga Ram\u00edrez y Myriam Bastidas de Alzate, quienes en su calidad de amigos de los esposos relataron la armon\u00eda que reinaba entre ellos y la congoja de la demandante por ese tr\u00e1gico suceso. <\/p>\n

El da\u00f1o moral se ubica en lo m\u00e1s \u00edntimo del ser humano y por lo mismo resulta inestimable en t\u00e9rminos econ\u00f3micos, sin embargo, la sala ha sostenido que, solo a manera de relativa satisfacci\u00f3n, es factible establecer su quantum \u201cen el marco f\u00e1ctico de circunstancias, condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos, situaci\u00f3n o posici\u00f3n de la v\u00edctima y de los perjudicados, intensidad de la lesi\u00f3n a los sentimientos, dolor, aflicci\u00f3n o pesadumbre y dem\u00e1s factores incidentes conforme al arbitrio judicial ponderado del fallador\u201d (SC18 Sep. 2009, rad. 2005-00406-01). <\/p>\n

Atendiendo las pautas jurisprudenciales establecidas por esta Corporaci\u00f3n10, de cara a las tr\u00e1gicas e inesperadas circunstancias en que aconteci\u00f3 la muerte del se\u00f1or Ram\u00edrez Zuluaga, se fija en la suma de sesenta millones de pesos ($60.000.000) el monto de los perjuicios morales que deber\u00e1n ser resarcidos a la demandante en su calidad de c\u00f3nyuge de la v\u00edctima. <\/p>\n

5.3.- Seg\u00fan lo tiene decantado la Corte, el da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n constituye una modalidad de perjuicio extrapatrimonial de car\u00e1cter aut\u00f3nomo y diferente a los perjuicios morales, as\u00ed se dej\u00f3 sentado desde la sentencia fundante de esta l\u00ednea jurisprudencial SC 13 may. 2008, rad. 1997-09327-0111, donde se expuso: <\/p>\n

(\u2026) es una noci\u00f3n que debe ser entendida dentro de los precisos l\u00edmites y perfiles enunciados, como un da\u00f1o aut\u00f3nomo que se refleja en la afectaci\u00f3n de la actividad social no patrimonial de la persona, vista en sentido amplio, sin que pueda pensarse que se trata de una categor\u00eda que absorbe, excluye o descarta el reconocimiento de otras clases de da\u00f1o – patrimonial o extrapatrimonial – que posean alcance y contenido dis\u00edmil, ni confundirlo con \u00e9stos, como si se tratara de una inaceptable amalgama de conceptos, puesto que una indebida interpretaci\u00f3n conducir\u00eda a que no pudiera cumplirse con la reparaci\u00f3n integral ordenada por la ley y la equidad, como infortunadamente ha ocurrido en algunos casos, en franco desmedro de los derechos que en todo momento han de asistir a las v\u00edctimas. <\/p>\n

Por otra parte, en la misma providencia se afirm\u00f3 que este tipo de agravio tiene su expresi\u00f3n en la esfera externa del comportamiento del individuo, \u00absituaci\u00f3n que tambi\u00e9n lo diferencia del perjuicio moral propiamente dicho\u00bb y, adem\u00e1s, \u00aben las situaciones de la vida pr\u00e1ctica o en el desenvolvimiento que el afectado tiene en el entorno personal, familiar o social se manifiesta en impedimentos, exigencias, dificultades, privaciones, vicisitudes, limitaciones o alteraciones, temporales o definitivas, de mayor o menor grado, que \u00e9l debe soportar o padecer, las cuales, en todo caso, no poseen un significado o contenido monetario, productivo o econ\u00f3mico (\u2026)\u00bb <\/p>\n

Como todos los perjuicios, dado que el resarcible es aquel de car\u00e1cter cierto, recae sobre quien demanda su reparaci\u00f3n la carga de demostrar la estructuraci\u00f3n de esta tipolog\u00eda, que en un caso como el presente, se apreciar\u00eda a partir de aquellas manifestaciones de la afectada de las que pudiera inferirse la disminuci\u00f3n de su inter\u00e9s por participar en actividades de las que antes disfrutaba o de aquellas que le generaban alg\u00fan regocijo en los \u00e1mbitos individual, familiar o social, con fines recreativos, culturales, de relaciones sociales, y en general de aquellas en las que aprovechaba su tiempo libre, en compa\u00f1\u00eda de su difunto esposo. <\/p>\n

En este caso, revisada la demanda, se advierte que a este t\u00f3pico se aludi\u00f3 en el hecho Nro. 14, cuando se afirm\u00f3 que el fallecimiento del se\u00f1or Ram\u00edrez Zuluaga \u00abha ocasionado a su c\u00f3nyuge e hijos perjuicios irreparables, toda vez que despu\u00e9s del accidente sus vidas no volver\u00e1n a ser las mismas, priv\u00e1ndose la se\u00f1ora Luz Marina G\u00f3mez de actividades con el que era su compa\u00f1ero y confidente y con el que ten\u00eda relaciones placenteras, caus\u00e1ndole perjuicio a la vida de relaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Al respecto, en sus declaraciones los testigos Ram\u00f3n Guillermo Zuluaga Ram\u00edrez y Myriam Bastidas de Alzate, hicieron referencia a la buena relaci\u00f3n existente entre la pareja conformada por Luz Marina G\u00f3mez Ram\u00edrez y el extinto Luis Orlando Ram\u00edrez Zuluaga y a los evidentes lazos de afecto y solidaridad que los un\u00edan (fls. 209 \u2013 213, c. 2). <\/p>\n

En ese sentido, la se\u00f1ora Bastidas de Alzate, quien manifest\u00f3 haber conocido a los mencionados esposos por un tiempo de 30 a\u00f1os, al ser indagada sobre la relaci\u00f3n de aquellos se\u00f1al\u00f3 \u00abpor el tiempo que los conoc\u00ed, creo que su relaci\u00f3n no fue buena, sino excelente, ejemplar, que gracias a Dios aprendimos mucho los que quedamos, aprendimos camarader\u00eda, el humor, el orden en su familia, el disfrute de sus hijos, la honestidad y la compa\u00f1\u00eda inmejorable\u00bb y en cuanto a la afectaci\u00f3n sicol\u00f3gica y familiar que sufri\u00f3 Luz Marina con la muerte de su esposo, respondi\u00f3: \u00abYo creo que todav\u00eda se encuentra impactada (\u2026) porque uno ve en el momento que es muy poco lo que ha superado su ausencia, reh\u00fasa ir a reuniones con parejas, no a todas pero s\u00ed a muchas, se siente como inestable, lamenta mucho a Orlando, recuerda mucho los ratos de camarader\u00eda con \u00e9l y muchas fechas especiales son muy duras para ella\u00bb. Y frente a las actividades que desarrollaban en su finca, expuso, \u00abla finca queda por el Noral, y era como su deporte caminar todos los d\u00edas, cuando estaban en la finca y aqu\u00ed en la ciudad (\u2026) por lo regular bajaban a desayunar a un estaderito y regresaban nuevamente caminando\u00bb. <\/p>\n

Por su parte, el declarante Zuluaga Ram\u00edrez, manifest\u00f3 que conoci\u00f3 a la pareja por aproximadamente 15 a\u00f1os, y en cuanto a su relaci\u00f3n, asever\u00f3 que era normal \u00abcualquier fiesta que hac\u00edan eran los primeros invitados, que ellos con gusto la cumpl\u00edan\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, emerge irrefutable que con la temprana e intempestiva muerte de su c\u00f3nyuge, la gestora se vio privada de realizar actividades placenteras de tipio social, personal y familiar propias de unos esposos que est\u00e1n realizando su proyecto de vida com\u00fan, las cuales eran exteriorizadas y advertidas en su c\u00edrculo social, seg\u00fan se deduce de los testimonios recibidos. <\/p>\n

6.- Del ejercicio de la acci\u00f3n directa y resoluci\u00f3n de otros medios de defensa propuestos por Seguros Generales Suramericana S.A. <\/p>\n

6.1.- La aseguradora convocada aleg\u00f3 \u00abinexistencia de solidaridad de parte de la compa\u00f1\u00eda de seguros\u00bb, centrando sus reparos en que, si bien el art\u00edculo 1133 del C\u00f3digo de Comercio consagra la acci\u00f3n directa, de all\u00ed no se deriva que pudiera ser citada como responsable dado que no existe ninguna solidaridad, pues la compa\u00f1\u00eda de seguros no es civilmente responsable del accidente de tr\u00e1nsito sino una garante para pagar indemnizaciones dentro de los amparos, coberturas y valores contratados. <\/p>\n

Al respecto, cumple memorar que a partir de la reforma introducida por los art\u00edculos 84 y 87 de la Ley 45 de 1990, en su orden, a los preceptos 1127 y 1133 al C\u00f3digo de Comercio, se prohij\u00f3 la denominada acci\u00f3n directa, por virtud de la cual el tercero damnificado puede dirigir la acci\u00f3n de resarcimiento en contra del asegurador del responsable, con la precisi\u00f3n que \u00ab[p]ara acreditar su derecho (\u2026) de acuerdo con el art\u00edculo 1077, la v\u00edctima en ejercicio de la acci\u00f3n directa podr\u00e1 en un solo proceso demostrar la responsabilidad del asegurado y demandar la indemnizaci\u00f3n del asegurador\u00bb. <\/p>\n

La Corte en SC 10 feb. 2005, rad. 761412 razon\u00f3 que la ratio legis de la reforma introducida por la Ley 45 de 1990, <\/p>\n

(\u2026) reside primordialmente en la defensa del inter\u00e9s de los damnificados con el hecho da\u00f1oso del asegurado, a la funci\u00f3n primitivamente asignada al seguro de responsabilidad civil se aun\u00f3, delantera y directamente, la de resarcir a la v\u00edctima del hecho da\u00f1oso, objetivo por raz\u00f3n del cual se le instituy\u00f3 como beneficiaria de la indemnizaci\u00f3n y en tal calidad, como titular del derecho que surge por la realizaci\u00f3n del riesgo asegurado, o sea que se radic\u00f3 en el damnificado el cr\u00e9dito de indemnizaci\u00f3n que pesa sobre el asegurador, confiri\u00e9ndole el derecho de reclamarle directamente la indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o sufrido como consecuencia de la culpa del asegurado, por ser el acreedor de la susodicha prestaci\u00f3n, e imponiendo correlativamente al asegurador la obligaci\u00f3n de abon\u00e1rsela, al concretarse el riesgo previsto en el contrato \u2013art\u00edculo 84-, previsi\u00f3n con la cual se consagr\u00f3 una excepci\u00f3n al principio del efecto relativo de los contratos -res inter alios acta-, que como se sabe, se traduce en que \u00e9stos no crean derechos u obligaciones a favor o a cargo de personas distintas de quienes concurrieron a su formaci\u00f3n, o mejor, no perjudican ni aprovechan a terceros. <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

Por supuesto que el derecho que la ley ahora le otorga al damnificado no est\u00e1 desligado del contrato de seguro celebrado por el tomador – asegurado, al margen del cual no se autoriza su ejercicio, pues las estipulaciones eficaces de dicho pacto lo delimitan y enmarcan de tal modo que no podr\u00eda obtener sino lo que correponder\u00eda al mismo asegurado. \u2013Subraya intencional-. <\/p>\n

En el asunto sub examine, la demanda se dirigi\u00f3 de manera directa en contra de Seguros Generales Suramericana S.A., como aseguradora del veh\u00edculo de placa MLH-607 y en el ac\u00e1pite titulado \u00abconsideraciones jur\u00eddicas\u00bb tras hacer menci\u00f3n del art\u00edculo 1127 del C\u00f3digo de Comercio que define el seguro de responsabilidad civil, se afirm\u00f3 que la convocada estaba obligada a pagar a los perjudicados el monto correspondiente. <\/p>\n

Desde esta perspectiva y dada la claridad de los fundamentos del pliego introductor, ciertamente, las pretensiones no pod\u00edan dirigirse a obtener una declaraci\u00f3n judicial de responsabilidad solidaria en contra de la garante, asisti\u00e9ndole raz\u00f3n a \u00e9sta cuando afirma que la satisfacci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n a su cargo, est\u00e1 supeditada a los t\u00e9rminos del contrato que la vinculan con el asegurado. En ese sentido, en SC 10 feb. 2005, rad. 7173, se precis\u00f3, <\/p>\n

(\u2026) en lo tocante con la relaci\u00f3n externa entre asegurador y v\u00edctima, la fuente del derecho de \u00e9sta estriba en la ley, que expresa e inequ\u00edvocamente la ha erigido como destinataria de la prestaci\u00f3n emanada del contrato de seguro, o sea, como beneficiaria de la misma (art\u00edculo 1127 C. de Co.). Acerca de la obligaci\u00f3n condicional de la compa\u00f1\u00eda (art\u00edculo 1045 C. de Co.), en efecto, ella nace de esta especie de convenio celebrado con el tomador, en virtud del cual aqu\u00e9lla asumir\u00e1, conforme a las circunstancias, la reparaci\u00f3n del da\u00f1o que el asegurado pueda producir a terceros y hasta por el monto pactado en el respectivo negocio jur\u00eddico, de suerte que la deuda del asegurador tiene como derecho correlativo el de la v\u00edctima – por ministerio de la ley – para exigir la indemnizaci\u00f3n de dicho detrimento, llegado el caso. Con todo, fundamental resulta precisar que aunque el derecho que extiende al perjudicado los efectos del contrato brota de la propia ley, lo cierto es que aqu\u00e9l no podr\u00e1 pretender cosa distinta de la que eficazmente delimite el objeto negocial, por lo menos en su relaci\u00f3n directa con el asegurador, que como tal est\u00e1 sujeta a ciertas limitaciones. -Subraya intencional-. <\/p>\n

En consecuencia, ser\u00e1 bajo ese baremo que se impondr\u00e1 la condena a que hubiere lugar en contra de la garante, de acuerdo con lo que m\u00e1s adelante se expondr\u00e1 sobre reparaci\u00f3n de perjuicios. <\/p>\n

6.2.- En la citada SC 10 feb. 2005, rad. 761413, la Corte se refiri\u00f3 a los presupuestos del \u00e9xito de la acci\u00f3n directa, aduciendo que su buen suceso quedaba supeditado a la comprobaci\u00f3n tanto de la existencia de un contrato en el cual se amparara la responsabilidad civil del asegurado, porque \u00abs\u00f3lo en cuanto dicha responsabilidad sea objeto de la cobertura brindada por el contrato, estar\u00e1 obligado el asegurador a abonar a la v\u00edctima, en su condici\u00f3n de beneficiaria del seguro contratado, la prestaci\u00f3n prometida\u00bb, como de la responsabilidad del asegurado frente a la v\u00edctima, y la magnitud del da\u00f1o a ella irrogado, \u00abpues el surgimiento de una deuda de responsabilidad a cargo de aquel, es lo que determina el siniestro, en esta clase de seguro\u00bb. <\/p>\n

En el sub judice, no existe controversia en punto a la existencia del contrato documentado en la p\u00f3liza de seguro de autom\u00f3viles 5004000304001 con vigencia entre el 25 de mayo de 2007 y el 25 de mayo de 2008, donde aparece como asegurado Alejandro Quintero Osorio, en cuyos amparos se incluye \u00abmuerte o lesiones a una persona\u00bb por $50.000.000, sin deducible (fl. 252, c.1). <\/p>\n

De otra parte, seg\u00fan se analiz\u00f3 en precedencia, en este proceso qued\u00f3 acreditada tanto la responsabilidad del asegurado, como la cuant\u00eda de los perjuicios, de donde resultan allanados los requisitos consagrados en los art\u00edculos 1127 y 1133 del C\u00f3digo de Comercio para extender la condena a la aseguradora, en lo que resulte pertinente. <\/p>\n

Ahora bien, en procura de establecer los contornos de sus obligaciones, Seguros Generales Suramericana S.A., excepcion\u00f3 \u00abl\u00edmites del contrato de seguro para el veh\u00edculo particular establecidas en las condiciones generales del mismo\u00bb y \u00abexclusiones contempladas en las condiciones generales del contrato\u00bb. <\/p>\n

En sustento adujo que el valor asegurado para el evento de muerte o lesiones a una persona era de $50.000.000 y, adem\u00e1s, en el segmento correspondiente se excluy\u00f3 de la cobertura el \u00ablucro cesante sufrido por el tercero damnificado\u00bb, por lo que en una eventual condena deb\u00edan tenerse en cuenta ambos aspectos. <\/p>\n

Al auscultar las condiciones generales de la referida p\u00f3liza (fls. 253 \u2013 276, c. 1), en la definici\u00f3n del amparo de responsabilidad civil extracontractual (4.1.), se plasm\u00f3: <\/p>\n

Seg\u00fan las condiciones de este contrato y hasta por los l\u00edmites pactados, LA AGR\u00cdCOLA indemnizar\u00e1 directamente al tercero damnificado, los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que cause el asegurado y por las (sic) cuales sea civilmente responsable de acuerdo con la ley, durante la vigencia de la presente p\u00f3liza (\u2026). En consecuencia se ampara la mencionada responsabilidad civil extracontractual del asegurado por los da\u00f1os y\/o perjuicios que durante la vigencia de la presente p\u00f3liza se ocasionen a personas o cosas, emanados de un solo acontecimiento ocasionado por el veh\u00edculo descrito en esta p\u00f3liza. <\/p>\n

M\u00e1s adelante, al definir el monto del valor asegurado y el tope indemnizatorio en el mismo evento, dispone: \u00abEl l\u00edmite denominado muerte o lesiones a una persona es el valor m\u00e1ximo asegurado destinado a indemnizar los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que se causen por las lesiones o muerte a una persona\u00bb. <\/p>\n

Pese a la expresa cobertura pactada respecto de los perjuicios patrimoniales que pudiera llegar a ocasionar el asegurado con su veh\u00edculo, es cierto que en el ac\u00e1pite de exclusiones se prev\u00e9 que dicho amparo no cubre los da\u00f1os y\/o perjuicios causados por: \u00ab(\u2026) 2.1.14 lucro cesante sufrido por el tercero damnificado\u00bb. <\/p>\n

Tal exclusi\u00f3n ri\u00f1e no solo con las espec\u00edficas definiciones rese\u00f1adas, las cuales por estar consignadas expresamente en el contrato son ley para las partes, sino con la esencia del seguro de responsabilidad civil, que al tenor del art\u00edculo 1127 del C\u00f3digo de Comercio, subrogado por el canon 84 de la Ley 45 de 1990, \u00abimpone a cargo del asegurador la obligaci\u00f3n de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como prop\u00f3sito el resarcimiento de la v\u00edctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnizaci\u00f3n, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado\u00bb. <\/p>\n

En el descrito panorama, la exclusi\u00f3n aducida por la aseguradora respecto del \u00ablucro cesante sufrido por el tercero damnificado\u00bb, que es una t\u00edpica modalidad de perjuicio patrimonial, refleja una notoria ambig\u00fcedad porque va en contrav\u00eda de una condici\u00f3n general de la p\u00f3liza alusiva nada menos que al alcance de uno de los amparos b\u00e1sicos contratados concerniente al compromiso de indemnizar directamente al tercero damnificado los perjuicios patrimoniales que le llegara a causar el asegurado. Tal inconsistencia, en un contrato de cl\u00e1usulas predispuestas como el de seguro, debe ser interpretada en contra del predisponente y a favor del adherente, seg\u00fan se desprende del inciso segundo del art\u00edculo 1624 del C\u00f3digo Civil, en armon\u00eda con la jurisprudencia sobre la materia. <\/p>\n

En SC 4 nov. 2009, rad. 1998 4175 01, la Corte se pronunci\u00f3 acerca de la hermen\u00e9utica de los contratos de adhesi\u00f3n caracterizados porque el empresario predisponente somete a consideraci\u00f3n del cliente potencial un reglamento convencional inmodificable al cual queda vinculado por la mera aceptaci\u00f3n, y en esa medida, <\/p>\n

(\u2026) como los contratos de adhesi\u00f3n presuponen un alto grado de confianza del adherente en la estipulaci\u00f3n que se le ofrece, la cual ha de estar precedida por el cabal cumplimiento de los deberes de correcci\u00f3n, lealtad y, especialmente, de claridad que pesan sobre el proponente, es atinado colegir que el alcance que corresponde a las cl\u00e1usulas predispuestas es el que de manera razonada le hubiere atribuido el adherente promedio. Esto es, que siguiendo los mandatos de la buena fe, la estipulaci\u00f3n deber\u00e1 ser entendida desde el punto de vista del destinatario, como lo har\u00edan las personas honestas y razonables. <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

2.3. A los aludidos principios, que la Corte enuncia y aquilata de cara al asunto que resuelve, de modo que no pueden entenderse como taxativos o excluyentes de los dem\u00e1s, es menester agregar aquellos criterios acu\u00f1ados para solucionar las contradicciones surgidas entre el clausulado contractual, espec\u00edficamente las reglas de la \u201cprevalencia\u201d, \u201cde la condici\u00f3n m\u00e1s importante\u201d y \u201cde la condici\u00f3n m\u00e1s favorable\u201d, las cuales, m\u00e1s que tender a establecer un significado espec\u00edfico, apuntan a ordenar el texto del contrato y a delimitar el material objeto de interpretaci\u00f3n. <\/p>\n

La regla de \u201cla prevalencia\u201d confiere preponderancia a la condici\u00f3n particular o negociada cuando entra en contradicci\u00f3n con las de car\u00e1cter general; desde luego que es l\u00f3gico preferir el clausulado particular, por cuanto hace referencia al caso concreto, am\u00e9n que, en principio, aclara o altera las estipulaciones generales. Conforme al principio de \u201cla condici\u00f3n m\u00e1s compatible a la finalidad y naturaleza del negocio\u201d, en caso de presentarse contradicci\u00f3n entre cl\u00e1usulas integrantes de las condiciones generales, deber\u00e1 atenderse aquella que ostente mayor especificidad en el tema. Por \u00faltimo, en virtud del criterio de \u201cla condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u201d, cualquier enfrentamiento entre estipulaciones que conforman las condiciones generales, y entre \u00e9stas y una condici\u00f3n particular, se resuelve aplicando aquella cl\u00e1usula que resulte m\u00e1s provechosa para el consumidor. \u2013Subraya intencional- <\/p>\n

En el caso sometido a escrutinio, no existe ninguna evidencia de que la exclusi\u00f3n de la cobertura del \u00ablucro cesante sufrido por el tercero damnificado\u00bb, haya sido libremente negociada entre las partes, de manera que si el tomador, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1127 del C\u00f3digo de Comercio se propon\u00eda trasladar a la aseguradora la obligaci\u00f3n de indemnizar los perjuicios patrimoniales que pudiera causar en ejercicio de la actividad de conducci\u00f3n de un veh\u00edculo automotor, y en las condiciones generales de la p\u00f3liza se defini\u00f3 que por virtud del amparo de responsabilidad civil extracontractual, la compa\u00f1\u00eda de seguros \u00abindemnizar\u00e1 directamente al tercero damnificado, los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que cause el asegurado\u00bb, no es entendible que ocurrido el siniestro se pretenda hacer valer una exclusi\u00f3n en ese sentido. <\/p>\n

A tono con los principios de \u201cla condici\u00f3n m\u00e1s compatible a la finalidad y naturaleza del negocio\u201d y de \u201cla condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u201d, el enfrentamiento entre la cl\u00e1usula de exclusi\u00f3n y la de cobertura -mirada desde la literalidad de los t\u00e9rminos definidos por la misma predisponente- solo puede interpretarse en el sentido de privilegiar la de mayor especificidad en materia de seguro de responsabilidad civil, es decir, la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios patrimoniales, y dando aplicaci\u00f3n a aquella que resulta m\u00e1s provechosa para el tomador y asegurado, que en este caso, no es otra que la general de cobertura por el l\u00edmite del valor convenido para indemnizar los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que se causaron por la muerte de una persona, pagaderos directamente al tercero damnificado. <\/p>\n

En respaldo de lo dicho, no puede desconocerse que, aunado a la loable finalidad de reparaci\u00f3n de la v\u00edctima y en general de los terceros afectados, la raz\u00f3n que motiva al tomador de un seguro de esa naturaleza es la indemnidad de su patrimonio, y as\u00ed lo sostuvo la Corte en la citada SC 10 feb. 2005, rad. 7614, <\/p>\n

(\u2026) el seguro referenciado, adem\u00e1s de procurar la reparaci\u00f3n del da\u00f1o padecido por la v\u00edctima, concedi\u00e9ndole los beneficios derivados del contrato, igualmente protege, as\u00ed sea refleja o indirectamente, la indemnidad patrimonial del asegurado responsable, en cuanto el asegurador asume el compromiso de indemnizar los da\u00f1os provocados por \u00e9ste, al incurrir en responsabilidad, dejando ilesa su integridad patrimonial, cuya preservaci\u00f3n, en estrictez, es la que anima al eventual responsable a contratar voluntariamente un seguro de esta modalidad. <\/p>\n

En s\u00edntesis, tomando en consideraci\u00f3n el contenido de la p\u00f3liza de seguro, ante la ocurrencia del riesgo asegurado en la expresi\u00f3n \u00abmuerte o lesiones a una persona\u00bb, la excepci\u00f3n sustentada en la exclusi\u00f3n de cobertura en comentario resulta infundada, por lo que la aseguradora concurrir\u00e1 al pago de la correspondiente indemnizaci\u00f3n por el monto del valor asegurado, esto es, $50.000.000. <\/p>\n

7.- A manera de recapitulaci\u00f3n, se revocar\u00e1 parcialmente el fallo apelado, para, en su lugar, declarar que Alejandro Quintero Osorio y Diana Patricia Restrepo Ochoa son civil y solidariamente responsables de los da\u00f1os padecidos por Luz Marina G\u00f3mez Ram\u00edrez con ocasi\u00f3n de los hechos que dieron origen a este proceso, y en consecuencia, deber\u00e1n indemnizarla por las sumas se\u00f1aladas en precedencia. <\/p>\n

Adicionalmente, comoquiera que las condenas han quedado actualizadas en la sentencia sustitutiva, a partir de la ejecutoria de la presente decisi\u00f3n, devengar\u00e1n un inter\u00e9s legal civil moratorio equivalente al 6% anual, hasta cuando se concrete su pago14. <\/p>\n

Por su parte, la aseguradora citada en acci\u00f3n directa, deber\u00e1 concurrir al pago hasta el l\u00edmite del valor asegurado. <\/p>\n

8.- De conformidad con los numerales 1\u00b0 y 4\u00b0 del art\u00edculo 392 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil se condenar\u00e1 en costas por el tr\u00e1mite de las dos instancias a los demandados a favor de Luz Marina G\u00f3mez Ram\u00edrez. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, casa la sentencia de fecha y procedencia preanotadas y, en sede de instancia, Resuelve: <\/p>\n

Primero:\tRevocar parcialmente la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2012 por el Juzgado Octavo de Descongesti\u00f3n Civil del Circuito de Medell\u00edn, en su lugar se dispone: <\/p>\n

Declarar no probadas las excepciones de m\u00e9rito formuladas por la parte demandada. <\/p>\n

Declarar que los convocados Alejandro Quintero Osorio y Diana Patricia Restrepo Ochoa, son civil y solidariamente responsables de los perjuicios padecidos por Luz Marina G\u00f3mez Ram\u00edrez, con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su c\u00f3nyuge Luis Orlando Ram\u00edrez Zuluaga. En consecuencia, se les condena a indemnizarle por concepto de lucro cesante consolidado y futuro la suma de seiscientos sesenta y nueve millones setecientos setenta y tres mil ciento diez pesos ($669.773.110), por perjuicios morales sesenta millones de pesos ($60.000.000) y por da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n, treinta millones de pesos ($30.000.000). <\/p>\n

Seguros Generales Suramericana S.A., concurrir\u00e1 al pago de la indemnizaci\u00f3n de manera directa a la demandante, hasta el monto de la suma asegurada. <\/p>\n

A partir de la ejecutoria de esta providencia, las condenas devengar\u00e1n un inter\u00e9s legal civil del 6% anual, hasta su pago efectivo. <\/p>\n

Segundo: Modificar el ordinal tercero del fallo en el sentido de condenar en costas por el tr\u00e1mite de la primera instancia a los demandados a favor de la convocante Luz Marina G\u00f3mez Ram\u00edrez, en lo dem\u00e1s se confirma. <\/p>\n

Tercero: Condenar en costas de la segunda instancia a los accionados a favor de la recurrente en casaci\u00f3n. Por agencias en derecho se fija la suma de $10.000.000. <\/p>\n

Cuarto: Sin condena en costas por el recurso extraordinario. <\/p>\n

Devu\u00e9lvase oportunamente al tribunal de procedencia. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO
\nAusencia Justificada <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nAusencia Justificada <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nAclara Voto <\/p>\n

1 \tConsultada en: Antolog\u00eda Jurisprudencial Corte Suprema de \tJusticia. 1886 \u2013 2006. Corte Suprema de Justicia, 1\u00b0 ed. \t2007, Tomo I, p\u00e1gs. 213 \u2013 221.
\n2 \tCfr.: art\u00edculo \t55 del Decreto 050 de 1987, art\u00edculo 57 del Decreto 2700 de \t1991, modificado por el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 81 de 1993 \ty art\u00edculo 57 Ley 600 de 2000.
\n3 \tCfr., entre otras: SC de 24 nov. 2000, rad. 5365; SC de 16 may. \t2003, rad. 7576; SC de 16 dic. 2004, rad. 7459; SC de 21 jun. 2005, \trad. 1998-00020-01; SC de 18 dic. 2009, rad: 1999-00533-01 \t y SC13925-2016.
\n4 \tCfr. Art. 55 del Decreto 050 de 1987; art. 57 del Decreto 2700 de \t1991, modificado por el 8\u00b0 de la Ley 81 de 1993 y art. 57 Ley \t600 de 2000.
\n5 \tTesis reiterada, \tentre otras, en: SC \t24 nov. 2000, rad. 5365; SC \tde 13 dic. 2000, rad. 5510; SC \t16 mar. 2001, rad. 6427; SC de 16 may. 2003, rad. 7576 y SC de 18 \tdic. 2009, rad. 1999-00533-01.
\n6 \tReiterada \ten SC13925-2016
\n7 \tReiterada \ten SC de 8 oct. \t1992, rad. 3446.
\n8 \tCfr. SC21828-2017; \tSC16690-2016; SC17723-2016, \tSC 30 ago. 2013 \texp. 2005-00488-01, \tentre muchas otras.
\n9 \tReiterada \ten SC5854-2014, \tentre otras.
\n10 \tCfr. SC15996- \t2016 y SC13925-2016.
\n11 \tReiterada, entre \totras, en: SC 9 Dic. 2013, rad: 2002-00099-01; \tSC5050-2014 \ty SC5885-2016.
\n12 \tReiterada \ten SC 29 jun. 2007, rad. 1998-04690-01
\n13 \tReiterada \ten SC 29 jun. 2007, rad. 1998-04690-01
\n14 \tEn el mismo sentido: SC15996-2016 \ty SC5885-2016.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente SC665-2019 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001 31 03 016 2009-00005-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de marzo de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Luz Marina G\u00f3mez Ram\u00edrez frente a la sentencia de 20 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102481","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102481","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102481"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102481\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102481"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102481"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102481"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}