{"id":102482,"date":"2026-07-02T15:21:30","date_gmt":"2026-07-02T15:21:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102482"},"modified":"2026-07-02T15:21:30","modified_gmt":"2026-07-02T15:21:30","slug":"sc1320-2019-2017-00070-00","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc1320-2019-2017-00070-00\/","title":{"rendered":"SC1320-2019 (2017-00070-00)"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

SC1320-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2017-00070-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de abril de dos mil diecinueve (2019).- <\/p>\n

Decide la Corte sobre la solicitud de exequ\u00e1tur elevada por JUAN DAVID ORTEGA CABRERA, respecto de la sentencia proferida el 13 de febrero de 2013 por el Tribunal del Circuito del Und\u00e9cimo Circuito Judicial para el Condado de Miami-Dade, Divisi\u00f3n de Jurisdicci\u00f3n General, Estado de La Florida, Estados Unidos de Am\u00e9rica. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El solicitante pretende la homologaci\u00f3n del fallo antes mencionado, en el cual se reconoci\u00f3 que C\u00e9sar Manuel Iriarte Asensio le adeuda US 52.000 d\u00f3lares, m\u00e1s los intereses a la tasa estatuaria causados desde aquella providencia. <\/p>\n

2.\tComo fundamento de su petici\u00f3n adujo: <\/p>\n

2.1.\tC\u00e9sar Manuel Iriarte Asensio le adeuda dicha suma por un negocio mercantil, y como este hizo caso omiso a los requerimientos para el pago, el 13 de febrero de 2013 el Tribunal del Circuito del Und\u00e9cimo Circuito Judicial para el Condado de Miami – Dade, Divisi\u00f3n de Jurisdicci\u00f3n General, Estado de La Florida de Estados Unidos de Am\u00e9rica, reconoci\u00f3 la memorada obligaci\u00f3n. <\/p>\n

2.2.\tLa determinaci\u00f3n no se opone a disposiciones legales de orden p\u00fablico; no recae sobre un asunto de competencia exclusiva de los jueces nacionales; no versa sobre derechos reales constituidos sobre bienes en Colombia; se encuentra debidamente ejecutoriada y no existe otro proceso de la misma naturaleza en curso (fls. 15 a 18). <\/p>\n

3.\tAdmitida la petici\u00f3n de exequ\u00e1tur, de ella se dio traslado a la Procuradora Delegada para Asuntos Civiles; e igualmente a C\u00e9sar Manuel Iriarte Asensio, en la medida en que la controversia fue contenciosa (fl. 22). <\/p>\n

4. Los convocados se pronunciaron de la siguiente forma: <\/p>\n

4.1. El Ministerio P\u00fablico se\u00f1al\u00f3 que para su homologaci\u00f3n, la decisi\u00f3n for\u00e1nea deber\u00e1 cumplir con todos los requisitos consagrados en el art\u00edculo 606 del C\u00f3digo General del Proceso, puntualizando que \u201cel apoderado del acreedor no aport\u00f3 prueba sobre tratado o convenio vigente acerca del reconocimiento de sentencias proferidas por autoridades jurisdiccionales relacionadas con la materia del fallo objeto de exequ\u00e1tur\u201d, luego para acceder a las pretensiones deber\u00e1 demostrase la \u201cprueba de la reciprocidad\u201d a cargo del solicitante (fls. 26 a 31). <\/p>\n

4.2. El convocado guard\u00f3 silencio frente a la demanda. Sin embargo, solicit\u00f3 la nulidad de la actuado aduciendo su indebida notificaci\u00f3n, petici\u00f3n que se resolvi\u00f3 negativamente (fls. 64 a 66, 88 a 92, 101 a 102 y 104 a 108). <\/p>\n

5. Abierto a pruebas el tr\u00e1mite, se orden\u00f3 incorporar los documentos anexados con la demanda; se ofici\u00f3 al Ministerio de Relaciones Exteriores para que acreditara la existencia del tratado que llegare a existir entre Colombia y Estados Unidos de Am\u00e9rica sobre el reconocimiento de sentencias proferidas en uno u otro pa\u00eds, y as\u00ed mismo hiciera lo propio ante el Consulado de la citada Naci\u00f3n en este pa\u00eds, para que enviara copia aut\u00e9ntica de la ley vigente en dicha Naci\u00f3n e indicara si ello es procedente en relaci\u00f3n con las providencias que condenan al pago de sumas de dinero por obligaciones civiles y\/o comerciales, con el fin de probar la reciprocidad legislativa (fl. 47). <\/p>\n

6. Agotada la etapa probatoria y sin que el interesado cumpliera con la carga que le fue impuesta -aportar prueba sobre la reciprocidad legislativa o de hecho con el memorado Estado-, se corri\u00f3 traslado para alegar de conclusi\u00f3n, oportunidad en la que las partes se pronunciaron as\u00ed: <\/p>\n

7.1.\tIriarte Asensio, mediante apoderado judicial, precis\u00f3 en lo fundamental que la homologaci\u00f3n de la sentencia proferida en el extranjero est\u00e1 llamada al fracaso, pues el demandante \u201cno logr\u00f3 probar la reciprocidad de car\u00e1cter legislativo con el Estado de la Florida, (\u2026) Condado de Miami Dade, de Norteam\u00e9rica\u201d, ello por cuanto \u201cfue negligente con su carga probatoria\u201d (fls. 125 a 128). <\/p>\n

7.2.\tEl actor destac\u00f3, en suma, que se cumplen todos y cada uno de los requisitos procesales y sustanciales para acceder a sus pretensiones, es decir, el reconocimiento en el territorio nacional de la decisi\u00f3n for\u00e1nea (fls. 129 a 131). <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

Recientes pronunciamientos de la Corte ratifican lo anotado en torno a la viabilidad de dictar sentencia anticipada en supuestos como el presente, al explicar que \u201caunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane\u201d (CSJ, SC12137-2017, 15 de agosto de 2017; reiterada entre otras en SC878-2018). <\/p>\n

En otra sentencia, la Sala explic\u00f3 que el proferimiento de una sentencia anticipada no es de por s\u00ed contrario a la filosof\u00eda que informa el C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que \u201cel respeto a las formas propias de cada juicio debe ponderarse con los principios de celeridad y econom\u00eda procesal, los cuales reclaman decisiones prontas, adelantadas con el menor n\u00famero de actuaciones posibles y sin dilaciones injustificadas. Las formalidades est\u00e1n al servicio del derecho sustancial, de modo que cuando se advierta su futilidad deber\u00e1n soslayarse, como cuando en la foliatura se tiene todo el material suasorio requerido para tomar una decisi\u00f3n inmediata\u201d (CSJ SC SC4532-2018). <\/p>\n

2.\tLa exclusividad de la jurisdicci\u00f3n es una de las manifestaciones de la soberan\u00eda del Estado, y como tal comporta que \u00e9ste se reserve la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, por lo que \u00fanicamente las decisiones adoptadas por sus jueces permanentes y los particulares habilitados transitoriamente producen consecuencias jur\u00eddicas y son de obligatorio acatamiento dentro del territorio nacional. <\/p>\n

Sin embargo, ese imperium jurisdiccional y m\u00e1s concretamente el postulado de la independencia de los Estados, ha adoptado \u201cuna nueva concepci\u00f3n (\u2026), m\u00e1s acorde con la universalizaci\u00f3n de ciertos valores y formas de organizaci\u00f3n pol\u00edtica y econ\u00f3mica\u201d, en raz\u00f3n al inacabado proceso de globalizaci\u00f3n, \u201c[e]l creciente flujo de bienes y personas y la agilidad de todo tipo de comunicaciones\u201d (CSJ SC, 16 jul. 2004, rad. 2003-00079-01; reiterado CSJ SC1926-2018). <\/p>\n

Por eso, excepcionalmente se ha admitido, en atenci\u00f3n a exigencias pr\u00e1cticas de internacionalizaci\u00f3n, cooperaci\u00f3n y eficacia de la justicia, que las sentencias, laudos arbitrales y prove\u00eddos an\u00e1logos, dictados en un Estado for\u00e1neo, en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria, surtan efectos en Colombia, siempre que se respeten los postulados sustanciales y procesales establecidos en los art\u00edculos 605 y 606 del C\u00f3digo General del Proceso, de los que emana \u201c(\u2026) el sistema llamado de la \u2018regularidad internacional de los fallos extranjeros\u2019 sobre una base previa de reciprocidad, sistema \u00e9ste que consiste en aceptar por norma el cumplimiento en el pa\u00eds de providencias de esa naturaleza, en la medida en que se re\u00fanan ciertas exigencias m\u00ednimas se\u00f1aladas por la legislaci\u00f3n con el fin de precaver eventuales \u2018irregularidades internacionales\u2019 de que las ameritadas sentencias [y laudos arbitrales] puedan adolecer\u201d (CSJ SC, 5 nov. 1996, rad. 6130). <\/p>\n

3. En ese contexto, para que una decisi\u00f3n judicial pronunciada por una autoridad de otro pa\u00eds produzca consecuencias en Colombia, el legislador dise\u00f1\u00f3 un sistema mixto o combinado, sustentado en la reciprocidad diplom\u00e1tica y, a falta de \u00e9sta, en la reciprocidad legislativa o de hecho. <\/p>\n

Al estudiar dicho sistema, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que \u201cPara que los fallos extranjeros produzcan efectos en el territorio colombiano, necesariamente deber\u00e1 acreditarse la existencia de un tratado suscrito entre Colombia y el pa\u00eds que dict\u00f3 la sentencia, es decir lo que es conocido como la reciprocidad diplom\u00e1tica; o, en su defecto, lo que a ese respecto prevea la ley for\u00e1nea o la pr\u00e1ctica jurisprudencial imperante, en orden a reconocerle tambi\u00e9n efectividad a las sentencias dictadas en Colombia, fen\u00f3menos denominados en su orden reciprocidad legislativa y reciprocidad de hecho\u201d (CSJ SC, exequatur, 17 jul. 2001, rad. 0012; reiterado entre otros en SC14776-2015). <\/p>\n

Por consiguiente, como lo ha sostenido la Corte en numerosas oportunidades, \u201c(\u2026) en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el pa\u00eds. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera [o su jurisprudencia reinante] para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley [o la doctrina jurisprudencial] a las proferidas en Colombia\u201d (G.J. t. LXXX, p\u00e1g. 464; CLVIII, p\u00e1g. 78; CLXXVI, p\u00e1g. 309; CSJ SC, 18 dic. 2014, rad. 2013-02234-00). <\/p>\n

4. Sentadas las anteriores premisas, la Sala encuentra que en el asunto analizado no se demostr\u00f3 el requisito de la reciprocidad, contemplado actualmente en el art\u00edculo 605 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual, \u201cLas sentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas por autoridades extranjeras, en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria, tendr\u00e1n en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese pa\u00eds, y en su defecto la que all\u00ed se reconozca a las proferidas en Colombia\u201d. <\/p>\n

En efecto, aunque el fallo extranjero aportado no versa sobre derechos reales constituidos en bienes ubicados en Colombia, no se opone al orden p\u00fablico de este pa\u00eds, est\u00e1 ejecutoriado, no trata sobre un tema de competencia exclusiva de los juzgadores de este territorio, no hay en esta naci\u00f3n proceso en cuso ni sentencia ejecutoriada sobre la misma cuesti\u00f3n, y no hay evidencia de que no se haya cumplido la debida citaci\u00f3n y contradicci\u00f3n del all\u00ed demandado; lo cierto es que la parte demandante no cumpli\u00f3 con la carga probatoria de demostrar la reciprocidad legislativa o diplom\u00e1tica que permitiera convalidar la ya mencionada sentencia proveniente el Tribunal del Circuito del Und\u00e9cimo Circuito Judicial para el Condado de Miami-Dade, Divisi\u00f3n de Jurisdicci\u00f3n General, Estado de la Florida de Estados Unidos de Am\u00e9rica. <\/p>\n

Se arriba a tal conclusi\u00f3n, pues descartando la citada correspondencia diplom\u00e1tica, el Ministerio de Relaciones Exteriores – Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados se\u00f1al\u00f3 que revisado el archivo de esa dependencia \u201cno reposa informaci\u00f3n sobre tratados bilaterales o multilaterales en materia de reconocimiento rec\u00edproco de sentencias proferidas judiciales en los que la Rep\u00fablica de Colombia y los Estados Unidos de Am\u00e9rica sean Estados Parte\u201d (fls. 70). <\/p>\n

En lo relativo a la reciprocidad legislativa o de hecho, pese a que en auto de 12 de septiembre de 2018 se requiri\u00f3 al actor para que por alguno de los medios previstos en el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso, aportara la prueba id\u00f3nea de la ley extranjera (del Estado de la Florida de los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica) que permitiera dilucidar si la legislaci\u00f3n interna de ese territorio o las decisiones de sus jueces aceptan la posibilidad de reconocer poder vinculante all\u00ed a las sentencias colombianas, \u00e9ste limit\u00f3 su actuaci\u00f3n a adjuntar copia del Oficio S-GCIAC-18-064920 del Centro Integral de Atenci\u00f3n al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, que ratifica la informaci\u00f3n referida en l\u00edneas anteriores (fls. 118 y 119). <\/p>\n

Ahora bien, no hay duda de que en su momento se remiti\u00f3 nota suplicatoria al Consulado General de los Estados Unidos con el fin de probar la reciprocidad legislativa, pero lo cierto es que ante el silencio de esa autoridad, precisamente, se otorg\u00f3 al extremo accionante un t\u00e9rmino probatorio adicional para que allegara los medios de convicci\u00f3n id\u00f3neos de la mencionada correspondencia; que por tratarse el norteamericano de un sistema de \u201ccommon law\u201d basado en el precedente, ven\u00edan a ser el \u201ctestimonio de dos o m\u00e1s abogados del pa\u00eds de origen o mediante dictamen pericial\u201d, en concordancia con lo reglado en el inciso cuarto del art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

De manera que no habi\u00e9ndose arrimado al plenario ninguna de esas pruebas sobre la reciprocidad, cuya aportaci\u00f3n, se reitera, era carga del convocante, la consecuencia necesaria ser\u00e1 negar la solicitud de homologaci\u00f3n, aspecto en relaci\u00f3n con el cual, la Corte ha sentado que \u201c(\u2026) en ausencia, d\u00e9 reciprocidad diplom\u00e1tica, incumb\u00eda a la solicitante del exequatur la carga de probar la vigencia de la ley extranjera sobre el 'particular para establecer as\u00ed si se le reconocen en los Estados Unidos efectos a las sentencias pronunciadas en asuntos como este por los jueces civiles colombianos, carga procesal que no se encuentra satisfecha y que, por ende, impone despachar negativamente la solicitud de exequatur impetrada en la demanda\u201d (Sentencia, 12 dic. 1988, citada a su vez en SC1695-2017). <\/p>\n

5. As\u00ed las cosas con fundamento en las motivaciones que anteceden, la Corte no homologar\u00e1 la sentencia proferida el 13 de febrero de 2013 por el Tribunal del Circuito del Und\u00e9cimo Circuito Judicial para el Condado de Miami-Dade, Divisi\u00f3n de Jurisdicci\u00f3n General, Estado de La Florida de los Estados Unidos de Am\u00e9rica. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

SEGUNDO.- Sin costas en el tr\u00e1mite. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente SC1320-2019 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2017-00070-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de abril de dos mil diecinueve (2019).- Decide la Corte sobre la solicitud de exequ\u00e1tur elevada por JUAN DAVID ORTEGA CABRERA, respecto de la sentencia proferida el 13 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102482","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102482","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102482"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102482\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102482"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102482"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102482"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}