{"id":102488,"date":"2026-07-02T15:25:01","date_gmt":"2026-07-02T15:25:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102488"},"modified":"2026-07-02T15:25:01","modified_gmt":"2026-07-02T15:25:01","slug":"sc1424-2019-2015-01279-00","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc1424-2019-2015-01279-00\/","title":{"rendered":"SC1424-2019 (2015-01279-00)"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

SC1424-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2015-01279-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta (30) de mayo de 2018) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de abril de dos mil diecinueve (2019).- <\/p>\n

Procede la Sala a resolver la demanda de exequ\u00e1tur presentada por LUCA BALANZINO, con el objeto de que produzca efectos en la Rep\u00fablica de Colombia la sentencia proferida el 30 de enero de 2014 por la Secci\u00f3n Tercera Civil del Tribunal de Brescia, Italia, mediante la cual se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio civil celebrado entre el aqu\u00ed interesado y la se\u00f1ora Claudia Arenas Sanguino. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl demandante a trav\u00e9s de apoderado judicial, pretende la homologaci\u00f3n del fallo antes mencionado, en el cual por una parte, se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio civil celebrado entre el aqu\u00ed interesado y la se\u00f1ora Claudia Arenas Sanguino, y adem\u00e1s, se otorg\u00f3 al primero la custodia exclusiva de la menor de edad Valentina Balanzino Arenas, con fijaci\u00f3n de alimentos a cargo de la segunda. <\/p>\n

2.\tComo fundamento de su petici\u00f3n, el solicitante adujo, que, <\/p>\n

2.1.\tEl 14 de febrero de 2005, ante la Notar\u00eda Cuarta del C\u00edrculo de Cartagena, contrajo matrimonio civil con la se\u00f1ora Claudia Arenas Sanguino, el cual fue registrado en la Rep\u00fablica de Italia conforme a sus leyes, en cuya uni\u00f3n fue procreada la menor Valentina Balanzino Arenas y no se adquirieron bienes para el haber conyugal. <\/p>\n

2.3.\tEl aludido fallo no se opone al orden p\u00fablico, ya que el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1\u00aa de 1976, que modific\u00f3 el canon 152 del C\u00f3digo Civil Colombiano, establece que \u00abel matrimonio civil se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los c\u00f3nyuges o por divorcio decretado\u00bb, sumado a que en dicha legislaci\u00f3n tambi\u00e9n est\u00e1 prevista como causal de ruptura del v\u00ednculo, \u00abla separaci\u00f3n de cuerpos decretada judicialmente que perdure m\u00e1s de dos a\u00f1os\u00bb (fls. 39 a 44). <\/p>\n

3.\tEl 3 de septiembre de 2015, se admiti\u00f3 la demanda y se corri\u00f3 el traslado de rigor a los agentes del Ministerio P\u00fablico y a la se\u00f1ora Arenas Sanguino, en la forma prevista en el art\u00edculo 695 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (fls. 52 y 53). <\/p>\n

4.\tLa Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y Familia, luego de discurrir sobre las normas relativas a los requisitos de exequ\u00e1tur, indic\u00f3 que \u00e9stos se cumpl\u00edan, aclarando, que el otorgamiento de la custodia de manera exclusiva al demandante, la fijaci\u00f3n de cuota alimentaria a cargo de la progenitora y el establecimiento de un r\u00e9gimen de visitas, previo acuerdo con \u00e9ste, \u00abno se opone a las prescripciones de la legislaci\u00f3n interna\u00bb (fls. 57 a 59). <\/p>\n

5.\tLa Procuradora Delegada para Asuntos Civiles, tras pronunciarse sobre los hechos del libelo introductorio, manifest\u00f3 no oponerse a lo pretendido por el demandante, por acreditarse los requisitos en el caso concreto para la procedencia de la homologaci\u00f3n instada, no obstante haber se\u00f1alado que los supuestos de la causal que dio lugar al divorcio declarado en el extranjero no se encuentra probada, toda vez que \u00abno existe claridad en cuanto al cumplimiento del t\u00e9rmino establecido por la legislaci\u00f3n italiana para decretar la separaci\u00f3n de cuerpos legalmente, ya que no se demuestra con claridad la fecha a partir de la cual se inici\u00f3 el conteo del t\u00e9rmino, al igual que la separaci\u00f3n de cuerpos entre los c\u00f3nyuges\u00bb (fls. 63 a 74). <\/p>\n

6.\tLa demandada Claudia Arenas Sanguino, a trav\u00e9s de escrito allegado el 7 de octubre de 2016, dijo allanarse a las pretensiones de la demanda, por lo que renunci\u00f3 al t\u00e9rmino que la ley le conced\u00eda para contestarla y proponer excepciones frente a la misma (fl. 139). <\/p>\n

7.\tEn la debida oportunidad se admitieron las pruebas presentadas con el escrito inaugural, y se orden\u00f3 librar oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que informara si exist\u00edan convenios internacionales entre Colombia e Italia, sobre reciprocidad en el reconocimiento de fallos proferidos por autoridades jurisdiccionales, indicando si cobija asuntos de divorcio, y, se le pidi\u00f3 la colaboraci\u00f3n para que solicitara al Consulado General de Italia, que informe si tiene legislaci\u00f3n vigente que conceda efectos a las sentencias judiciales extranjeras, particularmente de Colombia, y si era del caso, remitiera copia aut\u00e9ntica de los documentos pertinentes, informaci\u00f3n que se requiri\u00f3 directamente a dicho estamento por haber sido suministrada de manera incompleta en un primer momento (fls. 143 y 159). <\/p>\n

8.\tAgotada la etapa probatoria, se corri\u00f3 traslado para alegar de conclusi\u00f3n (fl. 152), oportunidad que aprovech\u00f3 el demandante para reiterar que se cumplen los presupuestos legales para proferir sentencia favorable de exequ\u00e1tur y, recalcar, que lo solicitado no contraviene el orden p\u00fablico nacional e internacional (fl. 155). <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Preliminarmente, se advierte que la solicitud de exequ\u00e1tur fue radicada el 3 de junio de 2015, en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por lo que el tr\u00e1mite y decisi\u00f3n final se siguen con apoyo en ese ordenamiento, por as\u00ed disponerlo los art\u00edculos 624 y 625 numerales 5\u00ba y 6\u00ba, del C\u00f3digo General del Proceso, en vigor integralmente desde el 1\u00ba de enero de 2016, seg\u00fan el Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa. <\/p>\n

Sobre ese criterio, consolidado en la Sala, da cuenta el auto CSJ AC de 2 de agosto de 2016, Rad. 2015-00495-0, reiterado hace poco en SC1229-2018, acorde con el cual <\/p>\n

\u00ab[S]alvo que se trate de alguno de los casos expresamente establecido en el referido art\u00edculo 625, dentro de los cuales, valga la pena decirlo, no se encuentra el procedimiento de exequ\u00e1tur, es imperativo aplicar \u201c\u2026la regla general prevista en el numeral anterior\u2026\u201d (numeral 6 ib\u00eddem), esto es, que se seguir\u00e1n gobernando por las disposiciones que estaban en vigor a la formulaci\u00f3n. As\u00ed lo reconoci\u00f3 la Corte en reciente pronunciamiento: Quiere decir que al no existir una referencia concreta al exequ\u00e1tur en la norma referida \u2013numeral 6 del art\u00edculo 625-, queda comprendido dentro de la \u00faltima regla transcrita, por lo que se tendr\u00e1n en cuenta las normas que establec\u00eda el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por ser las aplicables al momento en que se inici\u00f3 (CSJ SC8655-2016, 29 jun. 2016, radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2015-01712-00)\u201d Y es que no podr\u00eda ser de otra forma, dado que como la homologaci\u00f3n de sentencias extranjeras no busca resolver la controversia entre las partes, sino simplemente reconocer efectos a una sentencia for\u00e1nea en nuestro pa\u00eds, su naturaleza jur\u00eddica guarda similitud con algunos tr\u00e1mites incidentales at\u00edpicos, los cuales, de acuerdo con el art\u00edculo 40 de la Ley 153 de 1887, subrogado por el art\u00edculo 624 del C\u00f3digo General del Proceso, \u2018se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando\u2026se promovieron los incidentes\u2019\u00bb. <\/p>\n

2.\tLa exclusividad de la jurisdicci\u00f3n es una de las manifestaciones de la soberan\u00eda del Estado, y como tal, comporta que \u00e9ste se reserve para s\u00ed la sublime funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, en virtud de la cual, \u00fanicamente las decisiones judiciales adoptadas por los jueces permanentes y los particulares habilitados transitoriamente para ello, producen consecuencias jur\u00eddicas y son de obligatorio acatamiento dentro del territorio nacional. <\/p>\n

Sin embargo, dicho imperium jurisdiccional, y m\u00e1s concretamente, el axioma de la independencia de los Estados, ha adoptado \u00abuna nueva concepci\u00f3n (\u2026), m\u00e1s acorde con la universalizaci\u00f3n de ciertos valores y formas de organizaci\u00f3n pol\u00edtica y econ\u00f3mica\u00bb, en raz\u00f3n al inacabado proceso de globalizaci\u00f3n, \u00ab[e]l creciente flujo de bienes y personas y la agilidad de todo tipo de comunicaciones\u00bb (CSJ SC, 16 jul. 2004, Rad. 2003-00079-01, citada recientemente en SC19855-2017 y SC1229-2018). <\/p>\n

3.\tPor eso, excepcionalmente se ha admitido, en atenci\u00f3n a exigencias pr\u00e1cticas de internacionalizaci\u00f3n, cooperaci\u00f3n y eficacia de la justicia, que las sentencias, laudos arbitrales y otros prove\u00eddos que tengan tal car\u00e1cter, dictados en un Estado for\u00e1neo, en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria, surtan efectos en Colombia, siempre que se respeten los postulados sustanciales y procesales establecidos en los art\u00edculos 693 y 694 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 605 y 606 del C\u00f3digo General del Proceso, de los que emana \u00abel sistema llamado de la \u2018regularidad internacional de los fallos extranjeros\u2019 sobre una base previa de reciprocidad, sistema \u00e9ste que consiste en aceptar por norma el cumplimiento en el pa\u00eds de providencias de esa naturaleza, en la medida en que se re\u00fanan ciertas exigencias m\u00ednimas se\u00f1aladas por la legislaci\u00f3n con el fin de precaver eventuales \u2018irregularidades internacionales\u2019 de que las ameritadas sentencias [y laudos arbitrales] puedan adolecer\u00bb (CSJ SC, 5 nov. 1996, Rad. 6130, mencionada \u00faltimamente, entre otras, en STC19858-2017 y SC1229-2018). <\/p>\n

El legislador nacional dise\u00f1\u00f3, para que una decisi\u00f3n judicial pronunciada por una autoridad de otro pa\u00eds produzca consecuencias en el \u00e1mbito espacial patrio, un sistema mixto o combinado, sustentado en la reciprocidad diplom\u00e1tica y, a falta de \u00e9sta, en la reciprocidad legislativa y de hecho. <\/p>\n

Sobre el particular ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n

\u00ab[P]ara que los fallos extranjeros produzcan efectos en el territorio colombiano, necesariamente deber\u00e1 acreditarse la existencia de un tratado suscrito entre Colombia y el pa\u00eds que dict\u00f3 la sentencia, es decir lo que es conocido como la reciprocidad diplom\u00e1tica; o, en su defecto, lo que a ese respecto prevea la ley for\u00e1nea o la pr\u00e1ctica jurisprudencial imperante, en orden a reconocerle tambi\u00e9n efectividad a las sentencias dictadas en Colombia, fen\u00f3menos denominados en su orden reciprocidad legislativa y reciprocidad de hecho\u00bb (CSJ SC, 17 jul. 2001, Rad. 0012, reiterada hace poco en STC21053-2017 y SC1229-2018). <\/p>\n

Por consiguiente, como lo ha sostenido la Corte en numerosas oportunidades, \u00aben primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el pa\u00eds. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera [o su jurisprudencia reinante] para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley [o la doctrina jurisprudencial] a las proferidas en Colombia\u00bb (G.J. t. LXXX, p\u00e1g. 464; CLVIII, p\u00e1g. 78; CLXXVI, p\u00e1g. 309, citada recientemente, entre otras, en STC19858-2017 y STC21053-2017). <\/p>\n

Claro est\u00e1, que para el \u00e9xito del exequ\u00e1tur, no basta con demostrar alguna de las advertidas reciprocidades, sino que se requiere, en adici\u00f3n, que la respectiva providencia que se aspira irradie efectos en Colombia, cumpla con los requisitos consagrados en el Estatuto Procesal vigente para el momento en que se present\u00f3 la solicitud (CSJ SC8655-2016), as\u00ed como las exigencias del correspondiente instrumento internacional, ley o jurisprudencia pertinente. <\/p>\n

4.\tEn el asunto que se analiza, el Ministerio de Relaciones Exteriores inform\u00f3, que \u00abuna vez consultado el Archivo del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Direcci\u00f3n de Asuntos Jur\u00eddicos Internacionales de este Ministerio, se pudo establecer que en el mismo no reposa informaci\u00f3n sobre la suscripci\u00f3n de tratados bilaterales o multilaterales en materia de reconocimiento rec\u00edproco de sentencias, en los que la Rep\u00fablica de Colombia y la Rep\u00fablica de Italia sean Estados Parte\u00bb (fl. 148), por lo que ha de concluirse que, sobre la homologaci\u00f3n de sentencias, no existe evidencia de la reciprocidad diplom\u00e1tica entre ambas naciones. <\/p>\n

No obstante, de las pruebas recaudadas en el expediente s\u00ed se desprende la de car\u00e1cter legislativo, pues, a instancia del interesado y del Consulado de la Rep\u00fablica de Italia en Colombia, se obtuvo copia debidamente legalizada y traducida de la normatividad que regula el reconocimiento de las sentencias extranjeras en ese territorio, esto es, la Ley 218 de 31 de mayo de 1995, por la que se modific\u00f3 el Sistema Italiano de Derecho Internacional Privado, la que en su art\u00edculo 64 dispone que, \u00abla sentencia extranjera es reconocida en Italia sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno cuando: a) el juez que la pronunci\u00f3 pod\u00eda conocer del proceso, de acuerdo con los principios de competencia jurisdiccional propios de la legislaci\u00f3n italiana; b) el auto introductivo del proceso se puso en conocimiento del demandado de conformidad a lo previsto por la Ley del lugar donde se llev\u00f3 a cabo el proceso y no fueron violados los derechos esenciales de la defensa; c) las partes se constituyeron en juicio seg\u00fan la ley del lugar donde se llev\u00f3 a cabo el proceso, o la contumacia fue declarada de conformidad a tal ley; ella tiene efectos de cosa Juzgada seg\u00fan la ley del lugar en la cual se pronunci\u00f3; d) ella no es contraria a otra sentencia pronunciada por un juez italiano con efecto de cosa juzgada; e) ella no es contraria a otra sentencia pronunciada por un juez italiano con efecto de cosa juzgada; f) no hay un proceso en curso ante juez italiano por la misma causa y entre las mismas partes, que haya iniciado antes del proceso extranjero; g) sus disposiciones no producen efectos contrarios al orden p\u00fablico\u00bb, y, en el canon siguiente, en relaci\u00f3n a las providencias extranjeras relativas a la capacidad, a las relaciones familiares y a los derechos de la personalidad, que \u00ab[t]ienen efecto en Italia (\u2026) cuando las mismas hayan sido producidas por las autoridades del Estado, cuya ley est\u00e9 prevista por las normas de la presente ley o producen efecto en el ordenamiento de ese Estado, aun cuando pronunciadas por autoridad de otro Estado, siempre que no sean contrarias al orden p\u00fablico y hayan sido respetados los derechos esenciales de la defensa\u00bb (fls. 29 a 37 y 175 a 165). <\/p>\n

Por consiguiente, es claro que dicho Estado reconoce las sentencias proferidas por Colombia, y por ende, ante la reciprocidad legislativa, las proferidas en Italia, son ejecutables en este pa\u00eds. <\/p>\n

5.\tAhora bien, para la procedencia de la homologaci\u00f3n de la sentencia proferida el 30 de enero de 2014 por la Secci\u00f3n Tercera Civil del Tribunal de Brescia, Italia, mediante la cual se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio civil celebrado entre el aqu\u00ed interesado y la se\u00f1ora Claudia Arenas Sanguino, y en consecuencia, se otorg\u00f3 al primero la custodia exclusiva de la menor de edad Valentina Balanzino Arenas, con fijaci\u00f3n de alimentos a cargo de la segunda, no resulta suficiente con que se haya demostrado la mencionada reciprocidad legislativa, sino que es necesario corroborar que dicha decisi\u00f3n atienda las exigencias previstas en el art\u00edculo 694 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n

5.1.\t Del examen de las documentales adosadas al plenario, la Corte encuentra que la aludida providencia es definitiva y se encuentra ejecutoriada de acuerdo con lo verificado en folios 5 a 20 del expediente, los cuales corresponden a la reproducci\u00f3n reconocida por la autoridad de la que proviene y la certificaci\u00f3n de su firmeza emitida por \u00e9sta1, las cuales cumplen las exigencias de apostilla, como lo reglan, en su orden, la Convenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, a la cual adhiri\u00f3 Colombia el 27 de abril de 2000, aprob\u00e1ndola mediante la Ley 455 de 1998, y el art\u00edculo 260 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, siendo estas piezas traducidas del idioma italiano al castellano por un int\u00e9rprete oficial. <\/p>\n

5.2.\t Igualmente se verifica, que la sentencia en cuesti\u00f3n, no versa sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraren en territorio colombiano, sino que se refiere al divorcio del matrimonio civil que uni\u00f3 a los demandantes, y tampoco es contraria al ordenamiento interno regulatorio de dicha instituci\u00f3n, porque en Colombia se encuentra autorizado con base en las causales del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil, modificado por el 6\u00ba de la Ley 25 de 1992, en las que se encuentra incluida la derivada de la \u00abseparaci\u00f3n de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os\u00bb, supuesto que tuvo en cuenta el tribunal italiano para resolver el asunto bajo su conocimiento, indicando al respecto que \u00ablos preceptos del art\u00edculo 3, numeral 2, literal b) de la Ley 898\/1970, modificado por el art\u00edculo 5 de la Ley 74\/87, (\u2026) permiten a cada uno de los c\u00f3nyuges solicitar la disoluci\u00f3n del matrimonio cuando, a continuaci\u00f3n de separaci\u00f3n judicialmente declarada, la misma haya tenido una duraci\u00f3n de la menos tres a\u00f1os contados a partir de la fecha en la cual los c\u00f3nyuges comparecieron ante el Presidente del Tribunal en el procedimiento de separaci\u00f3n\u00bb, condiciones que concurren en el presente caso, ya que \u00aben virtud de que los c\u00f3nyuges se separaron en 2008, como se desprende del acta elaborada con motivo de la diligencia desarrollada ante el Presidente del Tribunal y de la consiguiente sentencia de separaci\u00f3n judicial del 17 de mayo de 2011\u00bb, es obvio que la demanda de divorcio \u00abdebe, por lo tanto, ser acogida\u00bb (fls. 5 a 12). <\/p>\n

Adem\u00e1s, la aludida determinaci\u00f3n tambi\u00e9n coincidente con lo previsto en los art\u00edculos 253 a 264 del C\u00f3digo Civil, 288 de la misma obra, en concordancia con el canon 23 de la Ley 1098 de 20062, as\u00ed como el 411 y siguientes del se\u00f1alado estatuto, en armon\u00eda con el 129 y sucesivos de la citada ley, correspondientes al r\u00e9gimen de visitas, la definici\u00f3n de patria potestad y alimentos, respectivamente, la cual por dem\u00e1s propende por la efectividad de los derechos de la prenotada infante, haciendo prevalecer el inter\u00e9s superior de \u00e9sta, acatando as\u00ed mandatos supranacionales a los cuales se halla vinculado el Estado Colombiano, como la Convenci\u00f3n sobre Derechos del Ni\u00f1o3, en la que se establece que \u00ab[l]os Estados Partes velar\u00e1n porque el ni\u00f1o no sea separado de sus padres contra la voluntad de \u00e9stos, excepto cuando, a reserva de decisi\u00f3n judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separaci\u00f3n es necesaria en el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o. Tal determinaci\u00f3n puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el ni\u00f1o sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando \u00e9stos viven separados y debe adoptarse una decisi\u00f3n acerca del lugar de residencia del ni\u00f1o\u00bb, protecci\u00f3n que se encuentra desarrollada en nuestro ordenamiento a trav\u00e9s de la referida legislaci\u00f3n. <\/p>\n

Lo anterior, por cuanto que en la demarcada decisi\u00f3n se asign\u00f3, de manera exclusiva, la custodia, cuidado y tenencia de la menor Valentina Balanzino Arenas, en cabeza de su progenitor, esto es, al se\u00f1or Luca Balanzino, en atenci\u00f3n a que su madre, la se\u00f1ora Claudia Arenas Sanguino, de nacionalidad Colombiana, luego de la separaci\u00f3n judicial, regres\u00f3 a su pa\u00eds de origen y no ha vuelto a ver a su hija, lo que en consecuencia gener\u00f3, por un lado, que se estableciera un r\u00e9gimen de visitas, y por otro, que se le asignara a \u00e9sta, como contribuci\u00f3n m\u00ednima, una cuota alimentaria equivalente a 250 euros, m\u00e1s un 50% de los gastos extraordinarios que se ocasionen por la crianza de aqu\u00e9lla, circunstancias que, desde ning\u00fan punto de vista, contravienen el orden p\u00fablico patrio, menos a\u00fan el orden p\u00fablico internacional. <\/p>\n

5.3.\tAhora, siguiendo con el derrotero trazado, se tiene que el asunto sobre el cual recay\u00f3 la providencia de marras, no es de competencia exclusiva de los jueces colombianos, dado que los ex esposos se encontraban domiciliados en la Rep\u00fablica de Italia, y tampoco se incorpor\u00f3 elemento de juicio o informaci\u00f3n acerca de hallarse en curso otro juicio en nuestro pa\u00eds sobre similar pretensi\u00f3n, o providencia en firme sobre esa problem\u00e1tica. <\/p>\n

5.4.\tPor \u00faltimo, basta decir, en lo que se refiere a la protecci\u00f3n del debido proceso y el derecho de defensa de la demandada, que a m\u00e1s que en el presente asunto no se desvirtu\u00f3 su presunci\u00f3n por efecto de la ejecutoria de la providencia extranjera tantas veces memorada (Num. 6, Art. 694 del C.P.C.), no cabe duda que dichas garant\u00edas se respetaron, pues la se\u00f1ora Arenas Sanguino, no obstante haber sido notificada con el lleno de los requisitos legales de la Rep\u00fablica de Italia, no compareci\u00f3 al juicio donde se dict\u00f3 el fallo que se pide homologar, por lo que fue declarada contumaz, a lo que se suma el hecho que a dicha actuaci\u00f3n se vincul\u00f3 al Ministerio P\u00fablico, quien no manifest\u00f3 inconformidad alguna frente a las pretensiones del actor, sin que se pueda desconocer, tambi\u00e9n, en lo que se refiere al presente tr\u00e1mite de exequatur, que la misma fue notificada de su inicio, al punto que se allan\u00f3 a lo pretendido por aqu\u00e9l (fl. 139). <\/p>\n

6.\tCon fundamento en las motivaciones que anteceden, procede el reconocimiento de efectos jur\u00eddicos a la decisi\u00f3n jurisdiccional sometida al presente tr\u00e1mite. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO. CONCEDER el exequ\u00e1tur de la sentencia proferida el 30 de enero de 2014 por la Secci\u00f3n Tercera Civil del Tribunal de Brescia, Italia, mediante la cual se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio civil celebrado entre el aqu\u00ed interesado y la se\u00f1ora Claudia Arenas Sanguino, y en consecuencia, se otorg\u00f3 al primero la custodia exclusiva de la menor de edad Valentina Balanzino Arenas, con fijaci\u00f3n de alimentos a cargo de la segunda. <\/p>\n

SEGUNDO. Sin costas en el tr\u00e1mite. <\/p>\n

Notif\u00edquese, <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tEn \tella se indica que \u201cla \tsentencia arriba mencionada se encuentra ejecutoriada\u201d \t(fl. 17).
\n2\u0002 \tC\u00f3digo de la \tInfancia y la Adolescencia.
\n3\u0002 \tAdoptada \tpor la Asamblea General de las Naciones Unidas y aprobada por \tColombia en la Ley 12 de 1991, y dirigida \ta \u00abasegurar \tal ni\u00f1o la protecci\u00f3n y el cuidado que sean necesarios \tpara su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus \tpadres, tutores u otras personas responsables de \u00e9l ante la \tley\u00bb \t(Art. \t3\u00ba, inc. 2\u00ba).<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente SC1424-2019 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2015-01279-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta (30) de mayo de 2018) Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de abril de dos mil diecinueve (2019).- Procede la Sala a resolver la demanda de exequ\u00e1tur presentada por LUCA BALANZINO, con el objeto de que produzca efectos en la Rep\u00fablica […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102488","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102488","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102488"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102488\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102488"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102488"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102488"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}