{"id":102490,"date":"2026-07-02T15:25:54","date_gmt":"2026-07-02T15:25:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102490"},"modified":"2026-07-02T15:25:54","modified_gmt":"2026-07-02T15:25:54","slug":"sc1681-2019-2008-00009-01","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc1681-2019-2008-00009-01\/","title":{"rendered":"SC1681-2019 (2008-00009-01)"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

SC1681-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 85230-31-89-001-2008-00009-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de septiembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de mayo de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Casada la sentencia de segundo grado, emitida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, Casanare, y derrotada la ponencia del Magistrado Sustanciador, procede esta Sala a emitir la sustitutiva que decida el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por los demandados contra el fallo de 23 de abril de 2010, proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocu\u00e9, Casanare, en el proceso ordinario de Luis Armando Rinc\u00f3n frente a Benedicto Romero Barrera y Oscar de Jes\u00fas L\u00f3pez Cadavid. <\/p>\n

I.\tANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tPretensiones. <\/p>\n

1. Mediante \t\tescrito presentado el 6 de noviembre de 2007, el se\u00f1or Luis \t\tArmando Rinc\u00f3n demand\u00f3 a los se\u00f1ores Benedicto \t\tRomero Barrera y Oscar de Jes\u00fas L\u00f3pez Cadavid para \t\tque por los tr\u00e1mites del proceso ordinario \u00ab[s]e \t\tdeclare la nulidad de la compraventa contenida en la escritura \t\tp\u00fablica No. 01875 del 6 de julio de 2001 otorgada en la \t\tNotar\u00eda 52 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, por medio de \t\tla cual LUIS ARMANDO RINC\u00d3N vendi\u00f3 a BENEDICTO ROMERO \t\tBARRERA y OSCAR DE JES\u00daS L\u00d3PEZ CADAVID el predio \t\trural denominado \u2018LA ARGENTINA\u2019, situado en el \t\tmunicipio de Trinidad (Casanare), por haberse celebrado con omisi\u00f3n \t\tde los requisitos que la ley prescribe, al hallarse viciado el \t\tconsentimiento del vendedor por la fuerza.\u00bb <\/p>\n

Como consecuencia de lo anterior, pretendi\u00f3 \u00abse declare que las cosas vuelvan al estado precedente a la celebraci\u00f3n de la aludida escritura p\u00fablica\u00bb, lo cual implica, en palabras del accionante, inscribir la sentencia y que los demandados restituyan, dentro de los cinco d\u00edas siguientes a la ejecutoria de dicha providencia, \u00abla posesi\u00f3n del inmueble, adem\u00e1s del valor de los frutos que dicho inmueble haya percibido o podido percibir desde el 6 de julio de 2001 y hasta el d\u00eda que se verifique la restituci\u00f3n.\u00bb <\/p>\n

2. En \t\tsubsidio de lo anterior, pidi\u00f3 \u00abse declare que \t\thubo lesi\u00f3n enorme\u00bb en el contrato \t\tse\u00f1alado, derivado de lo cual reclam\u00f3 que los \t\tcompradores completen \u00abel justo precio del inmueble \t\tmencionado, en la \u00e9poca en que fue celebrado el contrato de \t\tcompraventa, conforme la estimaci\u00f3n que se haga dentro del \t\tproceso\u00bb.
\nFinalmente, requiri\u00f3 se condenara en costas a los demandados (fls. 1, 2 y 34, cuaderno principal). <\/p>\n

2.\tHechos. <\/p>\n

2.1.\tEn sustento de lo pretendido relat\u00f3 que el primero de septiembre de 1965 adquiri\u00f3 las mejoras y la posesi\u00f3n sobre el predio rural denominado \u00abLa Argentina\u00bb, situado en el municipio de Trinidad (Casanare), a lo cual agreg\u00f3 que el 30 de octubre de 1984 el Incora le adjudic\u00f3 un terreno bald\u00edo tambi\u00e9n llamado \u00abLa Argentina\u00bb, ubicado en la vereda Maporal del mismo municipio. <\/p>\n

2.2.\tAdujo que desde un principio se dedic\u00f3 a la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica de su feudo, pero que desde los a\u00f1os ochenta la inseguridad azot\u00f3 la regi\u00f3n, como sucedi\u00f3 en otras zonas del pa\u00eds. Fue as\u00ed como las llamadas FARC incrementaron su presencia en el territorio; posteriormente se crearon las Convivir, grupo \u00e9ste al que no quiso pertenecer, raz\u00f3n por la cual fue tildado de \u00absimpatizante de la guerrilla\u00bb. <\/p>\n

2.3.\tPosteriormente, se conformaron grupos paramilitares, circunstancia que rese\u00f1a porque desde 1986 fue objeto de amenazas por parte de un sujeto llamado Jhon Jairo, apodado \u00abPiqui\u00f1a\u00bb, que a nombre de los paramilitares, le advirti\u00f3 que deb\u00eda pagarle \u00abtres millones de pesos para sostener la guerra contra las FARC.\u00bb <\/p>\n

2.4.\tMencion\u00f3 las reuniones efectuadas con el fin de instalar un puesto militar en la zona de ubicaci\u00f3n de la finca, lo que no fue aceptado por las Fuerzas Armadas. Adem\u00e1s, indic\u00f3 que en 1994 fue elegido diputado de la Asamblea del Casanare, lo que aument\u00f3 la persecuci\u00f3n de los paramilitares. <\/p>\n

Incluso, refiri\u00f3 que al defender en la Asamblea a dos ganaderos conocidos \u00abdebi\u00f3 soportar con mayor rigor el ep\u00edteto de guerrillero por parte de militares y paramilitares, a la vez que aumentaron las amenazas y riesgos contra su vida.\u00bb <\/p>\n

2.5.\tCont\u00f3 tambi\u00e9n que siendo diputado, un grupo paramilitar, compuesto por veinticinco hombres ocup\u00f3 la finca \u00abLa Argentina\u00bb contra su voluntad, incidente que se repiti\u00f3 varias veces, y dijo igualmente que en 1997 debi\u00f3 pagar quince millones de pesos para que dichos cuerpos armados ilegales le permitieran trabajar all\u00ed. <\/p>\n

2.6.\tEn 1998, continu\u00f3, una tropa similar lo busc\u00f3 en su \u00abLa Argentina\u00bb, pero no lo encontraron, por lo que procedieron a saquear y destruir las instalaciones. En ese orden, las amenazas continuaron, al punto de verse compelido a pagar una extorsi\u00f3n de noventa millones de pesos. <\/p>\n

Precisamente, para cumplir con ese requerimiento, en el a\u00f1o 2000 vendi\u00f3 apresuradamente parte de la heredad se\u00f1alada. Sin embargo, al no poder pagar el total de lo exigido se vio obligado a abandonarla y buscar refugio en Bogot\u00e1. <\/p>\n

2.7.\tCon todo, quiso entrevistarse con los jefes paramilitares, pero despu\u00e9s de varias conversaciones le dieron un ultim\u00e1tum para \u00abponerse al d\u00eda\u00bb con el dinero que le reclamaron, aunque le advirtieron que la suma hab\u00eda aumentado a setecientos millones y que, de no pagarlos, se ver\u00eda obligado a entregar la finca. Es m\u00e1s, de no obrar as\u00ed \u00ablo mataban a \u00e9l y a su familia.\u00bb <\/p>\n

Finalmente, anot\u00f3 que no pudo pagar ese dinero, lo cual llev\u00f3 a que cerca de cincuenta paramilitares ocuparan su finca, los que ordenaron su desocupaci\u00f3n, pues \u00abquedaba confiscada y era propiedad de ellos.\u00bb <\/p>\n

2.8.\tEn junio de 2001, adujo que un comisionista de ganado lo hab\u00eda contactado para decirle que una persona estaba interesada en la parcela, pero que pagaba trescientos millones y el comprador \u00abarreglaba\u00bb con los paramilitares. <\/p>\n

Como desde enero de 2001 hab\u00eda perdido la posesi\u00f3n del bien por las amenazas contra su familia, \u00abno tuvo otro camino que \u2018aceptar el negocio\u2019\u00bb, aunque despu\u00e9s se dio cuenta que los compradores eran dos, quienes pagar\u00edan y en efecto lo hicieron, trescientos cincuenta millones de pesos. <\/p>\n

2.9.\tPosteriormente, sostuvo que vendi\u00f3 el inmueble por un precio de cien millones de pesos, como as\u00ed consta en la escritura p\u00fablica 01875 de 6 de julio de 2001 de la Notar\u00eda 52 de Bogot\u00e1. <\/p>\n

2.10.\tPara finalizar se refiri\u00f3 a las denuncias que present\u00f3 ante distintas autoridades (fls. 2 a 6, cuaderno principal). <\/p>\n

3. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n

Reformado el libelo, por un supuesto faltante en el ac\u00e1pite de pruebas, y notificados los demandados, estos contestaron oponi\u00e9ndose a las pretensiones y, para tal efecto, propusieron las excepciones que denominaron \u00abinexistencia del vicio como causa para incoar el derecho\u00bb; \u00abinepta demanda por falta de requisitos vistos como falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb; \u00abinepta demanda por indebida identificaci\u00f3n del inmueble, fijaci\u00f3n del precio y concreci\u00f3n de la parte demandada\u00bb; \u00abcobro de lo no debido\u00bb, \u00abbuena fe\u00bb; \u00abprescripci\u00f3n y caducidad\u00bb, y \u00abla gen\u00e9rica\u00bb. <\/p>\n

II.\tLA SENTENCIA APELADA. <\/p>\n

Adelantado el tr\u00e1mite pertinente, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocu\u00e9, Casanare, profiri\u00f3 sentencia mediante la cual resolvi\u00f3 \u00ab[d]eclarar nulo el contrato de compraventa celebrado por los se\u00f1ores LUIS ARMANDO RINC\u00d3N y BENEDICTO ROMERO BARRERA y OSCAR DE JES\u00daS L\u00d3PEZ CADAVID, mediante Escritura P\u00fablica No. 01875 de 6 de julio de 2001, de la Notar\u00eda 52 de Bogot\u00e1, D.C., por vicios de consentimiento del vendedor, por haberse ejercido violencia, la que favoreci\u00f3 a los compradores\u00bb.
\nDel mismo modo, declar\u00f3 \u00abnulo el contrato de compraventa celebrado por los se\u00f1ores BENEDICTO ROMERO BARRERA y OSCAR DE JES\u00daS L\u00d3PEZA CADAVID, mediante Escritura P\u00fablica 3740 de 15 de diciembre de 2004 de la Notar\u00eda 28 de Bogot\u00e1, D.C., sobre el predio \u2018LA ARGENTINA\u2019, por estar viciado de nulidad, por las circunstancias con que estos obtuvieron la propiedad del inmueble\u00bb. <\/p>\n

Como consecuencia de lo anterior, dispuso la cancelaci\u00f3n de las escrituras mencionadas, as\u00ed como el registro del fallo, la restituci\u00f3n del predio al demandante, al tiempo que \u00e9ste deb\u00eda devolver el precio recibido. Finalmente, conden\u00f3 en costas al pretensor. <\/p>\n

Consider\u00f3 el a quo, tras definir la fuerza como vicio del consentimiento, y luego de establecer que los contradictores est\u00e1n legitimados en la causa, que el plazo para pedir la rescisi\u00f3n es de 4 a\u00f1os, los cuales, \u00aben el caso de violencia\u00bb, se cuenta desde el d\u00eda en que \u00e9sta hubiese cesado, circunstancia que en este evento se verific\u00f3 antes de la presentaci\u00f3n de la demanda a reparto, es decir, para el Juzgado las amenazas de las que fue v\u00edctima el actor \u00able impidieron formular la demanda que dio inicio a este juicio\u00bb, raz\u00f3n por la cual no proced\u00eda la prescripci\u00f3n. <\/p>\n

Posteriormente, se detuvo en el material probatorio, espec\u00edficamente en los testimonios de Jaime Vargas Barrera, Campo An\u00edbal Cala L\u00f3pez, Gonzalo Vargas Barrera, Dioselino Acosta Acosta, Jos\u00e9 Florindo Mu\u00f1oz Fl\u00f3rez, Carlos Arturo Garc\u00eda Medina, la declaraci\u00f3n del propio actor, los documentos provenientes de la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsi\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, para concluir que \u00abdel haz probatorio recaudado en el proceso se desprende que si hubo violencia o fuerza por parte de los grupos paramilitares o de autodefensas que ten\u00edan influencia en el Casanare, pues as\u00ed lo reconoci\u00f3 en diligencia de indagatoria el se\u00f1or JES\u00daS EMIRO PEREIRA RIVERA \u2018alias don Alfonso\u2019, quien dijo que \u2018habr\u00eda que quitarle la finca a don ARMANDO a \u00e9l se le comunica esta orden de quitarle la finca, de entregar la finca y que nos hiciera los documentos (\u2026) me dieron la orden de quitarle la finca y perdonarle la vida\u2019; que la finca \u2018La Argentina\u2019 se la hab\u00edan decomisado al se\u00f1or ARMANDO RINC\u00d3N, y que quien comprara la finca ten\u00eda que pagarles a ellos el cincuenta por ciento de la venta.\u00bb <\/p>\n

En cuanto a las excepciones denominadas \u00abinexistencia del vicio como causa para incoar el derecho\u00bb y \u00abbuena fe\u00bb, el despacho de primer grado las desestim\u00f3 porque \u00abest\u00e1 demostrado que si hubo extorsi\u00f3n y presi\u00f3n por parte de grupos paramilitares del Casanare, que desde luego afectaron el consentimiento del se\u00f1or Luis Amando Rinc\u00f3n en la compraventa celebrada el 6 de julio de 2001, ante la Notar\u00eda 52 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, mediante Escritura P\u00fablica No. 01875, dado que esa violencia o fuerza ejercida en contra del vendedor favoreci\u00f3 a los compradores, como lo corroboran las declaraciones recibidas y allegadas a este proceso.\u00bb <\/p>\n

Concluy\u00f3 que mal podr\u00eda predicarse buena fe cuando la compraventa se celebr\u00f3 con la anuencia de los grupos paramilitares del Casanare. <\/p>\n

III.\tLA APELACI\u00d3N. <\/p>\n

Apelaron los accionados, quienes insistieron en la inexistencia de los presupuestos sustanciales para estructurar el vicio constitutivo de nulidad. Adem\u00e1s, arguyeron que no se hab\u00eda acreditado la existencia de una fuerza que indujera a vender el inmueble; que el fallo est\u00e1 basado en prueba il\u00edcita, y que se desconocieron las evidencias en virtud de las cuales se pod\u00eda colegir que la violencia hab\u00eda desaparecido \u00abdesde un tiempo superior a los cuatro a\u00f1os, por lo que proced\u00eda la declaratoria de prescripci\u00f3n alegada.\u00bb <\/p>\n

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal decidi\u00f3 revocar la decisi\u00f3n de primera instancia, pero esa providencia fue casada por esta Sala mediante SC16785 de 17 de octubre de 2017, raz\u00f3n por la cual se procede a emitir el fallo sustitutivo, habi\u00e9ndose practicado la prueba decretada de oficio. <\/p>\n

1. Circunstancias \tque vician el consentimiento. <\/p>\n

1. Enunciaci\u00f3n. <\/p>\n

El art\u00edculo 1502 del C\u00f3digo Civil dispone que para que una persona se obligue a otra por acto o declaraci\u00f3n de voluntad requiere ser legalmente capaz; haber consentido en dicho acto mediando declaraci\u00f3n que \u00abno adolezca de vicio\u00bb; que el acto recaiga sobre un objeto l\u00edcito, y el mismo tenga causa l\u00edcita. <\/p>\n

En complemento de dicha norma, el art\u00edculo 1508 ib\u00eddem dispone que el consentimiento puede afectarse por vicios, tales como la fuerza, el error, y el dolo, dado que aqu\u00e9l debe ser libre y espont\u00e1neo para constituir v\u00e1lidamente el convenio. <\/p>\n

Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado: <\/p>\n

\u00ab[L]a ley no solamente reconoce la facultad que tienen los particulares para regular en gran parte sus relaciones jur\u00eddicas mediante manifestaciones privadas de voluntad, sino que tambi\u00e9n dispone de los mecanismos adecuados para protegerlos contra su propia ignorancia, y principalmente, contra el fraude y la violencia de que pueden ser v\u00edctimas al hacer uso de la referida facultad . Por este motivo, para todo acto jur\u00eddico no solamente se requiere que los agentes otorguen voluntariamente su consentimiento, sino que tambi\u00e9n se exige que lo hagan con cierto grado de conciencia y de libertad, fuera de lo cual el acto existe, pero queda viciado de nulidad; es decir, que no adolezca de ciertos vicios, cuya presencia destruye esa libertad y conciencia que la ley presupone en el agente o agentes al reconocerles poder suficiente para crear, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas\u201d1. <\/p>\n

2. El error y el \t\tdolo como vicios del consentimiento. <\/p>\n

Respecto del error, los art\u00edculos 1510 a 1512 del C\u00f3digo Civil consagran que \u00e9ste puede referirse a la especie del acto, a la identidad de su objeto o su sustancia, o a la persona con quien se celebra. <\/p>\n

En lo que respecta al dolo, esto es, la maniobra enga\u00f1osa perpetrada con el fin de influir necesariamente en la voluntad de otro a fin de que consienta en contratar, el art\u00edculo 1515 prev\u00e9 que \u00e9ste no vicia el consentimiento sino cuando es obra de una de las partes y aparece claramente que sin \u00e9l no se hubiera convenido. <\/p>\n

3. La fuerza \t\tcomo vicio del consentimiento. <\/p>\n

La fuerza, al igual que los otros eventos constitutivos de vicios del consentimiento, da lugar a la nulidad relativa del contrato, seg\u00fan el art\u00edculo 1513 del C\u00f3digo Civil, en concordancia con el 1741 de la misma obra. <\/p>\n

Sin embargo, para que la violencia repercuta en la voluntad y, por ende, afecte la validez del acto, requiere ser \u00abcapaz de producir una impresi\u00f3n fuerte en una persona de sano juicio tomando en cuenta su edad, sexo, condici\u00f3n\u00bb. En ese orden, se considera \u00abcomo una fuerza de este g\u00e9nero todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave\u00bb (art. 1513 del C.C.). <\/p>\n

Ahora, conforme el art\u00edculo 1514 ib\u00eddem, para que la fuerza vicie el consentimiento \u00abno es necesario que la ejerza aqu\u00e9l que es beneficiado por ella; basta que se haya empleado por cualquiera persona con el objeto de obtener el consentimiento\u00bb, lo cual significa que se genera el vicio cuando se ejerce, con las caracter\u00edsticas anotadas, con el objetivo de \u00abobtener el consentimiento\u00bb en el negocio respectivo. <\/p>\n

Sobre el particular, la Sala ha explicado: <\/p>\n

\u00abLa definici\u00f3n descriptiva y casu\u00edstica de los art\u00edculos 1513 y 1514 no es obst\u00e1culo para que se estime que la intimidaci\u00f3n, esto es, la violencia moral, debe implicar una amenaza contraria a derecho en virtud de la cual uno haya sido determinado a prestar su consentimiento. En el concepto mismo de fuerza se halla impl\u00edcito el que el temor bajo cuyo imperio consentimos resulte de hechos cumplidos con la intenci\u00f3n de provocar un acto jur\u00eddico. Esto \u00faltimo es condici\u00f3n necesaria para la existencia de este vicio de la voluntad. En efecto, puesto que la ley exige que el consentimiento sea arrancado por la fuerza, no procede aplicar la teor\u00eda cuando el hecho constitutivo de la violencia no ha tenido por objeto imponer la celebraci\u00f3n de un negocio jur\u00eddico. De ah\u00ed que para que exista vicio del consentimiento por violencia moral se requiera, adem\u00e1s del nexo causal y no ocasional entre la amenaza y el consentimiento, que el mal futuro en cuyo anuncio, aun cuando sea embozado, estriba aquella, se presente, para su realizaci\u00f3n como dependiendo en alg\u00fan modo del poder del que amenaza.\u00bb2 (Negrillas fuera de texto). <\/p>\n

4. Consecuencia \t\tjur\u00eddica de los vicios del acto. <\/p>\n

El legislador ha consagrado el error, el dolo y la fuerza como vicios del consentimiento, raz\u00f3n por la cual, conforme prev\u00e9n los art\u00edculos 1741 y 1743 del C\u00f3digo Civil, los afectados pueden solicitar la declaraci\u00f3n de la nulidad relativa del acto o contrato, cuando estimen acreditada su configuraci\u00f3n. <\/p>\n

Adicionalmente, los interesados en la invalidez deben probar los hechos que la sustentan, dado que, conforme el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 1516 del C\u00f3digo Civil, \u00ab[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen.\u00bb, y \u00ab[e]l dolo no se presume sino en los casos especialmente previsto por la ley. En los dem\u00e1s debe probarse.\u00bb
\nPor consiguiente, si se alega que se consinti\u00f3 en una compraventa mediada por fuerza f\u00edsica o moral, debe demostrarse la violencia y su conexi\u00f3n con el negocio celebrado en esas condiciones. <\/p>\n

2. Caso concreto. \tAn\u00e1lisis de la fuerza denunciada por el demandante. <\/p>\n

Inicialmente, se advierte que los hechos de la demanda no describen la fuerza supuestamente ejercida por los compradores de la finca La Argentina, o por alguien m\u00e1s, con el fin de obtener, por parte del vendedor accionante, el consentimiento para la venta. <\/p>\n

En efecto, los fundamentos f\u00e1cticos de las pretensiones dan cuenta de que el departamento del Casanare, y especialmente el municipio de Trinidad, regi\u00f3n de ubicaci\u00f3n de la finca La Argentina, vivi\u00f3 \u00e9pocas de violencia generalizada en la que intervinieron grupos guerrilleros, las denominadas convivir, y paramilitares. Estos \u00faltimos exig\u00edan a los propietarios de las heredades las llamadas \u00abvacunas\u00bb, cuyo pago era obligatorio, so pena de verse compelidos a abandonar las tierras, circunstancias que aun siendo lamentables, ilegales y totalmente reprochables, no sustentan que la compraventa demandada est\u00e9 viciada de nulidad en virtud de un consentimiento afectado por fuerza. <\/p>\n

Por lo dem\u00e1s, si se analiza la prueba practicada en el proceso se arriba a la misma conclusi\u00f3n.
\nCiertamente, el testigo Jaime Vargas Becerra afirma no tener conocimiento acerca de la venta de la mencionada hacienda; en cambio lo tiene respecto del orden p\u00fablico que se vivi\u00f3 en la regi\u00f3n entre los a\u00f1os 1998 y 2001. Sobre el particular y referido a la finca La Argentina declar\u00f3 que \u00abel 14 de enero de 2001 a las 10:00 a.m. unos tipos armados entre 30 y 40 hombres llegaron a la finca La Argentina en el municipio de Trinidad preguntando por don Armando que lo necesitaban urgentemente, y el se\u00f1or no estaba en ese momento, hab\u00eda desocupado, se hab\u00eda ido de la finca porque ellos llegaban a posesionarse diciendo que eso era de ellos y yo como ten\u00eda un ganado all\u00ed ten\u00eda 100 toros en la finca La Argentina, ya la presi\u00f3n fue que ten\u00edamos que desocupar a las buenas o a las malas, lloviera, tronara o relampagueara no hab\u00eda tiempo sino de dos d\u00edas para desocupar, y que m\u00e1s, pues toc\u00f3. El orden p\u00fablico era malo, se miraba gente armada y por donde quiera un ret\u00e9n, dec\u00edan que eran los paramilitares con unas letras A.U.C. nos tocaba pagarles la vacuna y darles dinero, ser\u00e1n mil o dos mil reces (sic) tambi\u00e9n, a todos los finqueros los vacunaron, todos tuvieron que abandonar sus tierras como le pas\u00f3 a don Armando Rinc\u00f3n, que tuvo que irse, abandonar su finca por la presi\u00f3n de las A.U.C.\u00bb <\/p>\n

Por su parte, el deponente Campo El\u00edas Cala L\u00f3pez tambi\u00e9n dijo no conocer de la compraventa demandada, y en cuanto al orden p\u00fablico de la zona, refiri\u00f3 que \u00abera bastante dif\u00edcil porque llegaban grupos de paramilitares a las fincas a pedir colaboraciones, a quitarle a uno el carro y en el caso m\u00edo yo ten\u00eda un tractor, nos quitaban los tractores, y ellos mandaban donde llegaban, si quer\u00edan matar una gallina o lo que quisieran, a cualquier hora de la noche llegaban y se apoderaban de la casa, si usted estaba acostado le tocaba quedarse quietico\u00bb, y agreg\u00f3: \u00ab[N]os tocaba pagarles vacunas, todos los finqueros o personas que tuvieran ganado, a todos nos tocaba pagar.\u00bb <\/p>\n

En sentido similar al declarante anterior, adujo que no conoci\u00f3 las razones que motivaron la venta por parte del se\u00f1or Luis Armando, incluso porque \u00ab\u00edbamos a hacer una sociedad para sembrar arroz y \u00e9l nunca me coment\u00f3 nada de eso\u00bb. En la regi\u00f3n, anot\u00f3, se comentaba que \u00abhab\u00eda sido porque los paramilitares lo hab\u00edan sacado de la finca.\u00bb <\/p>\n

Finalmente, mencion\u00f3 que el actor tambi\u00e9n hab\u00eda vendido los inmuebles denominados Arabia y Patagonia porque \u00ab\u00e9l ten\u00eda sus problemas, a veces uno no sabe.\u00bb, e igualmente se\u00f1al\u00f3 que un se\u00f1or llamado Masario fue amenazado y \u00able toc\u00f3 vender todo y se fue, le compr\u00f3 un se\u00f1or VICENTE PAN.\u00bb, y que no hab\u00eda sido amenazado para vender su parcela, en tanto \u00abdesde que uno cumpliera con las cuotas y las vacunas, yo personalmente no ten\u00eda problemas.\u00bb <\/p>\n

Gonzalo Vargas Becerra rindi\u00f3 declaraci\u00f3n en sentido coincidente. Indic\u00f3 que el orden p\u00fablico era \u00ab[s]upremamente delicado porque hab\u00eda mucho paramilitarismo (\u2026) por all\u00e1 no se salv\u00f3 nadie, todas las personas ten\u00edamos que pagar las vacunas y todo el mundo sab\u00eda eso, a todos nos amenazaban, al que no pagara le quitaban las cosas, nos amenazaban con quitarnos la finca y si no que nos mataban\u00bb. <\/p>\n

Anot\u00f3 que no ten\u00eda conocimiento de la venta, pero despu\u00e9s sostuvo: \u00ab[Y]o creo que a \u00e9l [Luis Armando Rinc\u00f3n] lo desplazaron de la regi\u00f3n los grupos paramilitares pues yo creo que esa fue la raz\u00f3n para que se vendiera el predio La Argentina, porque inclusive yo ten\u00eda ganado en esa finca y un buen d\u00eda me lleg\u00f3 el encargado de La Argentina que los se\u00f1ores paramilitares nos daban 3 d\u00edas para que sac\u00e1ramos el ganado y realmente ese d\u00eda o sea al tercer d\u00eda llegaron como 50 hombres y dijeron que eso era de ellos.\u00bb <\/p>\n

Declar\u00f3 que no conoci\u00f3 las intenciones del se\u00f1or Rinc\u00f3n de vender la finca, raz\u00f3n por la cual concluye \u00abque fue por la presi\u00f3n de los paramilitares.\u00bb <\/p>\n

Dioselino Acosta Acosta asegur\u00f3 que no conoc\u00eda nada de la venta; que entre 1998 y 2001 en la zona \u00abhab\u00eda gente armada y en la carretera y llegaban a la finca de uno, hab\u00eda veces que llegaban y se asentaban en la finca, dec\u00edan que eran macetos o paramilitares y nombraban a un tal Alcides, Mateo, que eran los duros de ellos y un tal Diego, as\u00ed varios de ellos y a veces llegaban artos (sic) a la finca de uno grupos armados, en esa \u00e9poca yo sembraba arroz y por esa ped\u00edan $20.000 por hect\u00e1rea y por la tierra tambi\u00e9n, y eso no fue a mil solo, sino a toda la gente de por ah\u00ed.\u00bb <\/p>\n

Igualmente, mencion\u00f3 las amenazas de las que fue v\u00edctima el demandante, respecto de quien neg\u00f3 las intenciones de vender la mencionada heredad \u00abporque antes \u00e9l estaba arreglando las cercas y los pastos\u00bb. <\/p>\n

A su vez, el testigo Jos\u00e9 Florindo Mu\u00f1oz Fl\u00f3rez describi\u00f3 las circunstancias alusivas a la entrega de la finca La Argentina, luego de su venta a los se\u00f1ores Benedicto Romero y Oscar L\u00f3pez, y cont\u00f3 que se hab\u00eda enterado de otras compraventas de predios cercanos, pero por comentarios de la gente. <\/p>\n

Carlos Arturo Garc\u00eda Medina, en igual sentido que los deponentes anteriores, se\u00f1al\u00f3 no saber de la venta del predio en comento, pero dijo que si conoc\u00eda al se\u00f1or Jaime Cort\u00e9s porque \u00ablleg\u00f3 a la vereda como asistente veterinario o algo as\u00ed, de la Finca La Argentina que ya hab\u00eda cambiado de due\u00f1o porque el anterior due\u00f1o era don Armando Rinc\u00f3n y porque lleg\u00f3 nueva gente all\u00e1, por eso me di cuenta.\u00bb <\/p>\n

En esa regi\u00f3n, agreg\u00f3, \u00abandaban paras, guerrilla, ej\u00e9rcito, polic\u00eda y das (sic) uno no sab\u00eda con quien se iba a encontrar, uno se limitaba a decir buenas tardes o buenos d\u00edas y nada m\u00e1s\u00bb, de hecho anot\u00f3 que no conoc\u00eda de amenazas al se\u00f1or Armando Rinc\u00f3n. <\/p>\n

Respecto de esa circunstancia dijo que vio La Argentina abandonada, m\u00e1s no precis\u00f3 los motivos y las fechas. Solamente coment\u00f3 que \u00abah\u00ed lleg\u00f3 Floro Mu\u00f1oz y se posesion\u00f3 de esa joda no s\u00e9 c\u00f3mo, por qu\u00e9 est\u00e1 ah\u00ed\u00bb. <\/p>\n

El declarante Dionel Parra Vel\u00e1squez, en relaci\u00f3n con la venta de la finca La Argentina explic\u00f3 que trabaj\u00f3 catorce a\u00f1os en el almac\u00e9n de Jaime Cort\u00e9s, quien \u00abfuera de tener su almac\u00e9n se dedicaba a comisiones en ventas de fincas y compra y comercializaci\u00f3n de ganados, yo empleado de \u00e9l, muchacho de confianza, me contaba los negocios que iba a hacer y hace aproximadamente entre 7 y 8 a\u00f1os el se\u00f1or capit\u00e1n Gonzalo Oros muy amigo de Jaime Cort\u00e9s y padrino de matrimonio le coment\u00f3 sobre la venta de una finca en el Casanare, ubicada en la poblaci\u00f3n de Trinidad, despu\u00e9s se pusieron en contacto Jaime y el capit\u00e1n Gonzalo Oros y bajaron a mirar la finca, meses despu\u00e9s Jaime Cort\u00e9s me coment\u00f3 que iba pal (sic) Casanare a recibir la finca que hab\u00edan negociado y en ese viaje que hizo viaj\u00f3 con un administrador \u00e9l y su se\u00f1ora esposa que se llama Damaris, la finca la compr\u00f3 el se\u00f1or Benedicto y el se\u00f1or Oscar L\u00f3pez, quienes (\u2026) tienen propiedad en el municipio de Patebueno, una finca llamada San Lorenzo\u00bb. Sin embargo, adujo que no le constaban los detalles del negocio. <\/p>\n

Damaris Ruiz Contreras, tambi\u00e9n se pronunci\u00f3 sobre la compraventa demandada en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

En el tema de la soluci\u00f3n del precio, aclar\u00f3 posteriormente que \u00abla primera parte los 350 millones de pesos, y la otra parte hasta donde yo tengo conocimiento fueron 2 cheques de AV Villas y algo en efectivo, un excedente en efectivo.\u00bb, aunque a\u00f1adi\u00f3 que \u00aba manera personal yo no estuve en esa entrega, no estuve en la entrega de esos dineros.\u00bb <\/p>\n

En el expediente obra copia de la indagatoria absuelta por el se\u00f1or Jes\u00fas Emiro Pereira Rivera, investigado por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n como autor del punible de \u00abEXTORSIVO DESPLAZAMIENTO FORZADO\u00bb, quien, refiri\u00e9ndose a la compraventa objeto de la pretensi\u00f3n, esgrimi\u00f3: <\/p>\n

\u00ab[A] m\u00ed se me imparte una orden del comandante Vicente Casta\u00f1o, el profe, no s\u00e9 de donde sali\u00f3 la informaci\u00f3n a \u00e9l, la orden sali\u00f3 de arriba, en el sentido que hab\u00eda que quitarle la finca a don Armando, a \u00e9l se le comunica esta orden de quitarle la finca de entregar la finca y que nos hiciera los documentos, a ra\u00edz de eso \u00e9l subi\u00f3 a Bogot\u00e1, yo habl\u00e9 con \u00e9l e interced\u00ed ante Vicente Casta\u00f1o y le dique que era una persona ya de edad y que no ten\u00eda cara de bandido, ni de p\u00edcaro, me dieron la orden de quitarle la finca y perdonarle la vida, yo di la orden de que le quitaran la finca y \u00e9l volvi\u00f3 a ir a hablar conmigo a Bogot\u00e1, todo lo que hablamos con \u00e9l fue en Bogot\u00e1. La informaci\u00f3n sali\u00f3 de parte del gordo Fajardo y le dec\u00edan Pacho Casanare, yo cuadro con don Armando le ped\u00ed doscientos o cuatrocientos millones de pesos y es cuando aparece como comprador Benedo o el Boyaco. Entonces yo le digo que le compre y me d\u00e9 a m\u00ed la mitad, Benedo se aprovech\u00f3 de las circunstancias de comprar la finca en un precio irrisorio.\u00bb <\/p>\n

En esa diligencia, el indagado sugiri\u00f3 que don Armando vendi\u00f3 \u00abbajo presi\u00f3n de nosotros\u00bb, es decir, agreg\u00f3 en la ampliaci\u00f3n de la indagatoria, \u00abse supone que cuando uno est\u00e1 desplazado es una presi\u00f3n muy berraca (sic).\u00bb <\/p>\n

Para terminar su relato, dijo que \u00aba m\u00ed me dio Benedo cuatrocientos millones de pesos y el resto ten\u00eda que entreg\u00e1rselo a don Armando\u00bb. <\/p>\n

En la investigaci\u00f3n criminal, igualmente se hallan las versiones de Rigoberto Meche Ad\u00e1n, David Coba, y Aliria Aponte Calder\u00f3n, quienes se pronunciaron en torno al episodio en el que grupos ilegales ingresaron a la finca La Argentina y causaron una serie de da\u00f1os, dispararon y lanzaron granadas, lo que motiv\u00f3 al demandante a huir a otro pa\u00eds con su familia, situaci\u00f3n relatada igualmente por el se\u00f1or Marino Vargas Becerra, quien agreg\u00f3 que de la venta conoci\u00f3, \u00abporque mi pap\u00e1 me cont\u00f3, ya que ten\u00eda un ganado en ceba en la finca La Argentina, que le tocaba sacarlo porque las autodefensas le hab\u00edan quitado la finca a don Armando.\u00bb. Y agreg\u00f3: \u00abSi hubo negociaci\u00f3n de un bloque de terreno, que supuestamente esa plata de la venta de esa tierra era para los se\u00f1ores de las AUC, de eso me enter\u00e9 porque don Armando me cont\u00f3 eso.\u00bb <\/p>\n

De manera que para dichos testigos los grupos armados ilegales requer\u00edan a los propietarios de las fincas de la regi\u00f3n para el pago de dinero, la entrega de reses, e incluso el abandono de \u00e9stas, de no cumplirse sus exigencias. Sin embargo, ese modus operandi no implicaba en principio el perfeccionamiento de compraventas relacionadas con las heredades, ni la negociaci\u00f3n de las mismas, ni el pago de precio alguno por ellas; pues, cuando esas organizaciones necesitaban una de las parcelas simplemente se apoderaban de ella. <\/p>\n

Esas versiones evidencian que en el caso concreto se present\u00f3 un evento de desplazamiento, as\u00ed como de extorsi\u00f3n en contra del demandante, pero respecto de la venta la misma prueba arroja que fue algo planeado y sometido a proceso de negociaci\u00f3n, al punto que intervinieron comisionistas, como se anuncia desde la demanda (hechos 21 y 23, fl. 28), y aunque potencialmente los compradores pudieron haberse aprovechado de la situaci\u00f3n antecedente padecida por el vendedor, como lo sostuvo uno de los miembros de las autodefensas en la indagatoria parcialmente transcrita (fls. 131 y 312, anexo 1), esa circunstancia no acredita la existencia de fuerza para lograr la comercializaci\u00f3n o, en definitiva, de vicio del consentimiento, dado que, aunque dicho indagado arguy\u00f3 que el demandante vendi\u00f3 \u00abbajo presi\u00f3n de nosotros\u00bb, al final aclar\u00f3 que la fuerza a la cual se refer\u00eda realmente alud\u00eda al apremio que genera el desplazamiento. <\/p>\n

En otras palabras, si bien un grupo ilegal despoj\u00f3 de las tierras al hoy actor y un tercero convirti\u00f3 tal circunstancia en una compraventa, pero sin mediar por parte suya fuerza orientada a causar en el vendedor una impresi\u00f3n fuerte o un temor irreparable y grave a sufrir un mal, como si lo hubo por parte de los paramilitares, pero circunscrito al desplazamiento y a la extorsi\u00f3n, eventos estos que difieren totalmente de la compraventa y por lo mismo, ajenos a la fuerza requerida para conformarse como vicio del consentimiento. <\/p>\n

A tono con lo anterior, cabe recordar que si bien la Ley 201 de 1959 estableci\u00f3 que \u00ab[e]n caso de perturbaci\u00f3n del orden p\u00fablico que haya dado lugar a la declaratoria del estado de sitio por conmoci\u00f3n interior, se tendr\u00e1 como fuerza que vicia el consentimiento cualquier aprovechamiento que del estado de anormalidad se haga en la celebraci\u00f3n de un acto o contrato que se traduzca en condiciones tan desfavorables que hagan presumir que en circunstancias de libertad jur\u00eddica no se hubiere celebrado.\u00bb, no es menos cierto que la presente acci\u00f3n no se sustenta en esa normativa, ni para la \u00e9poca de la compraventa objeto del proceso reg\u00eda decreto alguno de declaratoria de estado de conmoci\u00f3n interior. <\/p>\n

En suma, en el proceso no se demostr\u00f3 que el consentimiento del actor en la venta demandada sea producto de una fuerza moral o f\u00edsica ejercida en contra suya con el prop\u00f3sito de perfeccionar la negociaci\u00f3n cuestionada, lo que impone la no prosperidad de la pretensi\u00f3n principal. <\/p>\n

3. La lesi\u00f3n \tenorme. <\/p>\n

1. Concepto y \t\tconsecuencias. <\/p>\n

En los contratos bilaterales conmutativos, la ley civil prescribe el equilibrio en las prestaciones de las partes y en trat\u00e1ndose del contrato de compraventa, reclama congruencia entre el precio y el valor justo del objeto, al punto que cuando ello no ocurre, la ley sustantiva consagra la posibilidad de impugnar la convenci\u00f3n mediante la acci\u00f3n reglamentada en los art\u00edculos 1946 a 1954 del C\u00f3digo Civil, denominada \u00abde la rescisi\u00f3n de la venta por lesi\u00f3n enorme\u00bb. <\/p>\n

No obstante, sin perjuicio del principio de autonom\u00eda de la voluntad, que rige en el derecho privado y que permite a los particulares regular sus relaciones negociales, sin m\u00e1s l\u00edmites que la legislaci\u00f3n, el orden p\u00fablico y el inter\u00e9s general, el ordenamiento jur\u00eddico ha advertido que el aludido equilibrio ha de someterse a reglas objetivas de verificaci\u00f3n, prescindiendo, por tanto, de consideraciones ajenas a ese referente. <\/p>\n

Para el efecto, la normativa civil ha se\u00f1alado que hay alteraci\u00f3n cuando el precio recibido por el vendedor \u00abes inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende\u00bb, o para el comprador, \u00abcuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella\u00bb (Art. 1947 C\u00f3digo Civil). <\/p>\n

Cabe advertir que si bien la lesi\u00f3n es id\u00f3nea para deducir la sanci\u00f3n del negocio jur\u00eddico, \u00abes preciso dejar cierto campo a la iniciativa de los contratantes, para no producir turbaci\u00f3n en la vida jur\u00eddica y no realizar la justicia a expensas de la libertad y de la seguridad: lo mejor ser\u00eda, en tal caso, enemigo de lo bueno. Hay que reconocer, pues, con Photier, que \u2018el precio de las cosas no est\u00e1 ordinariamente en un punto indivisible\u2019, sino que \u2018hay un cierto margen dentro del cual pueden moverse los contratantes\u2019\u00bb3.
\nPor ello, para la prosperidad de la acci\u00f3n rescisoria por lesi\u00f3n enorme se exige el cumplimiento de ciertos presupuestos estructurales enlistados en sentencia SC de 5, jul. 1977, as\u00ed: <\/p>\n

\u00aba) Que verse sobre inmuebles y que la venta no se haya hecho por ministerio de la justicia (art\u00edculo 32 de al ley 57 de 1887); b) Que el enga\u00f1o sea enorme (art. 1947); c) que no se trate de un contrato de car\u00e1cter aleatorio; d) que despu\u00e9s de la celebraci\u00f3n del contrato de compraventa no se haya renunciado la acci\u00f3n rescisoria por lesi\u00f3n enorme; e) que la cosa no se haya perdido en poder del comprador; f) que la acci\u00f3n se instaure dentro del t\u00e9rmino legal.\u00bb4 <\/p>\n

De otra parte, es forzoso examinar, adem\u00e1s de las exigencias ya advertidas, si la pretensi\u00f3n rescisoria fue promovida dentro del t\u00e9rmino previsto en el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

2. La caducidad de \t\tla acci\u00f3n rescisoria por lesi\u00f3n enorme. <\/p>\n

Dispone el art\u00edculo 1954 del C\u00f3digo Civil que \u00abLa acci\u00f3n rescisoria por lesi\u00f3n enorme expira en cuatro a\u00f1os, contados desde la fecha de contrato.\u00bb <\/p>\n

Se ha entendido que dicho t\u00e9rmino extintivo es de caducidad no de prescripci\u00f3n, como lo ha se\u00f1alado la Sala en sentencia SC, 23 sep. 2002, exp. 6054, en la que puntualiz\u00f3: <\/p>\n

\u00abExaminado al tamiz de las consideraciones precedentes el art\u00edculo 1954 del C\u00f3digo Civil, conforme al cual \u2018[l]a acci\u00f3n rescisoria por lesi\u00f3n enorme expira en cuatro a\u00f1os, contados desde la fecha del contrato\u2019, se tiene, en primer lugar, que el legislador se abstuvo de calificar expresamente la naturaleza de ese plazo, omisi\u00f3n que adem\u00e1s de generar cierto desconcierto, torna imperioso para el int\u00e9rprete determinarla; en segundo lugar, que del mismo se ha predicado inveterada y uniformemente, que comporta una de las condiciones de prosperidad de la pretensi\u00f3n rescisoria derivada de la lesi\u00f3n enorme, o sea, que uno de los requisitos esenciales de dicha acci\u00f3n estriba, justamente, en que la misma debe ejercitarse en el anotado lapso (XCV, p\u00e1g. 771; sentencias del 16 de julio de 1993, y del 29 de noviembre de 1999, entre otras); igualmente, como m\u00e1s adelante se ver\u00e1, que ese lapso obedece a la necesidad de dotar de certidumbre y firmeza los negocios jur\u00eddicos. <\/p>\n

Destacadas, pues, estas particularidades del se\u00f1alado plazo, se impone inferir que se trata de un t\u00e9rmino de caducidad que, en cuanto tal, fija precisa y fatalmente el tiempo durante el cual debe ejercitarse la acci\u00f3n. <\/p>\n

En efecto, si como acaba de expresarse, dicho lapso ha sido calificado por la Corte, de tiempo atr\u00e1s y de manera invariable, como uno de los presupuestos de prosperidad de la referida pretensi\u00f3n, bien pronto se advierte, entonces, que en ella el transcurrir del tiempo se comporta, por s\u00ed mismo, como una condici\u00f3n sustancial para su ejercicio, caracter\u00edstica esta que, precisamente, se corresponde, como ya se dijera, con la funcionalidad t\u00edpica de la caducidad. Subsecuentemente, su fijaci\u00f3n no puede quedar supeditada, de ninguna manera, al arbitrio del demandado, esto es, a que este comparezca a invocar el vencimiento del plazo, cabalmente, porque dejar\u00eda de ser un elemento estructural de aquella. <\/p>\n

Del mismo modo, dado que la mencionada acci\u00f3n postra la relaci\u00f3n jur\u00eddica, llev\u00e1ndola a un innegable estado de fragilidad e incertidumbre, ha querido el legislador que tal situaci\u00f3n desaparezca, supedit\u00e1ndola a un t\u00e9rmino fatal e improrrogable, de manera que la estabilidad de los negocios jur\u00eddicos y, desde luego, la de los derechos que de ellos dimanan, queden consolidados, en un t\u00e9rmino objetivamente conmensurable, ajeno por ende, a dilaciones derivadas de actitudes subjetivas, distintas, por supuesto, al ejercicio mismo de la acci\u00f3n.\u00bb5 <\/p>\n

Por consiguiente, en trat\u00e1ndose de la lesi\u00f3n enorme en el contrato de compraventa, la caducidad aplica en la forma general antedicha, esto es, los cuatro a\u00f1os cuentan desde la fecha del acto. <\/p>\n

3. Caso concreto. <\/p>\n

En este asunto, el t\u00e9rmino de cuatro a\u00f1os, contado desde el 6 julio de 2001, se complet\u00f3 el 5 de julio de 2005, fecha para la cual no se hab\u00eda presentado la demanda, apenas introducida el 6 de noviembre de 2007, lo que hace evidente la operancia de la caducidad que hace impr\u00f3spera la pretensi\u00f3n y releva de examinar la presencia de precio \u00abinjusto\u00bb como requisito de la demanda rescisoria. <\/p>\n

Por lo dem\u00e1s, en el expediente no se evidencia circunstancia alguna que permita justificar la tardanza para reclamar la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme, dado que ni siquiera la fuerza, alegada como vicio del consentimiento, se acredit\u00f3 para efectos de contabilizar los t\u00e9rminos extintivos desde el instante en que \u00e9sta hubiera cesado, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1750 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n

En consecuencia, la excepci\u00f3n de caducidad de la acci\u00f3n rescisoria, planteada por los accionados, debe ser reconocida, lo que releva de examinar las pretensiones consecuenciales formuladas. <\/p>\n

4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n

Conforme a lo expuesto, la Sala, en sede de instancia, revocar\u00e1 la sentencia apelada y, en su lugar, negar\u00e1 la pretensi\u00f3n principal y sus consecuenciales, dado que no se acreditaron los elementos constitutivos de la fuerza como vicio de consentimiento. Adicionalmente, se declarar\u00e1 configurada la caducidad de la acci\u00f3n de rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme, planteada en forma subsidiaria. <\/p>\n

Finalmente, se condenar\u00e1 a la parte actora a asumir las costas del proceso. En ese orden, como agencias en derecho para la segunda instancia se fijar\u00e1 la suma de $3.000.000, suma que atiende los lineamientos del acuerdo No. PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2015, dictado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n

V.\tDECISI\u00d3N. <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia apelada, proferida el 23 de abril de 2010, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocu\u00e9, Casanare, en el proceso ordinario de Luis Armando Rinc\u00f3n frente a Benedicto Romero Barrera y Oscar de Jes\u00fas L\u00f3pez Cadavid. En su lugar, <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

PRIMERO.\tNEGAR la pretensi\u00f3n principal, as\u00ed como las consecuenciales formuladas. <\/p>\n

SEGUNDO.\tDECLARAR probada la excepci\u00f3n de caducidad de la acci\u00f3n de rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme, propuesta por los demandados. <\/p>\n

TERCERO.\tIMPONER condena en costas a la convocante, en ambas instancias. Para la segunda instancia, las agencias en derecho se fijan en la suma de $3.000.000.00. La liquidaci\u00f3n se realizar\u00e1 concentrada en el Juzgado de primer grado. <\/p>\n

C\u00f3piese, notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nDE LA MAGISTRADA
\nMARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 85230-20-44-001-2008-00009-01 <\/p>\n

Con el debido respeto a la mayor\u00eda, en esta ocasi\u00f3n debo manifestar mi disidencia en relaci\u00f3n con la decisi\u00f3n adoptada por la Sala, en raz\u00f3n de las siguientes breves consideraciones: <\/p>\n

En esta causa litigiosa Luis Armando Rinc\u00f3n demand\u00f3 a Benedicto Romero Barrera y Oscar de Jes\u00fas L\u00f3pez Cadavid con la finalidad de que se declarara la nulidad de la compraventa, y en subsidio su lesi\u00f3n enorme, celebrada el 6 de julio de 2001 sobre un predio situado en Trinidad (Casanare), negocio en el cual vendi\u00f3 constre\u00f1ido por la fuerza y a precio lesivo. <\/p>\n

En lo que hace a la primera pretensi\u00f3n (nulidad), que en mi concepto debi\u00f3 haber salido airosa, debe recordarse que con ocasi\u00f3n de la violencia presente en el devenir de nuestra patria, en 1959 se expidi\u00f3 la ley 2016, que de alguna forma moriger\u00f3 la preceptiva del C\u00f3digo Civil, en particular el art\u00edculo 1514, en lo que hace a que la fuerza como vicio del consentimiento ejercida por un tercero \u201ccon el objeto de obtener el conrsentimiento\u201d. <\/p>\n

Como se sabe, el dolo como vicio del consentimiento debe ser bien obra de una de las partes o que, si\u00e9ndolo de un tercero, una de ellas lo haya cohonestado. En la fuerza, se admite que pueda provenir de un tercero ajeno a las partes, porque lo que se protege, se repite, es propiamente el temor o miedo que aqu\u00e9lla produce. De ah\u00ed que, en algunas latitudes, dentro del concepto de la fuerza o coacci\u00f3n se hubieran comprendido, por avances jurisprudenciales, incluso hechos de la naturaleza que pongan en estado de necesidad al contratante. Es decir, lo medular es el miedo y no su origen, que como se ve en este \u00faltimo caso (hecho de la naturaleza como un naufragio, una inminente inundaci\u00f3n por desbordamiento potencial de una represa, por ejemplo), no puede predicarse que sea justo o injusto. El \u00e9nfasis se ha puesto en el aprovechamiento de la circunstancia de inferioridad en que se encuentra el atemorizado, esto es, la v\u00edctima angustiada de cuyo estado se vale el otro contratante para obtener su consentimiento, de suyo viciado. Ese aprovechamiento debe repercutir en la desfavorable prestaci\u00f3n que la v\u00edctima recibe. <\/p>\n

La jurisprudencia colombiana dio paso a esa posici\u00f3n, como se comenta m\u00e1s adelante. Ahora solo quiero destacar que, adem\u00e1s, estableci\u00f3 los elementos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n de nulidad por esa particular fuerza como vicio del consentimiento regulado en la ley 201 de 1959. Salvedad hecha de la criticada exigencia de la declaratoria del estado de sitio para la procedencia de su aplicaci\u00f3n, los otros dos requisitos, esto es el estado de violencia generalizada (origen del temor) y las condiciones desfavorables del contrato, con o sin ley que as\u00ed lo establezca en la hora actual, pueden servir de pauta cabal para la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1514 del C\u00f3digo Civil, en estos d\u00edas. Y en este caso. <\/p>\n

No obstante lo anterior, la sentencia que la mayor\u00eda acoge echa mano de una a\u00f1eja jurisprudencia de 1939, sin tener en cuenta el desarrollo jurisprudencial que, de modo consistente y por causa de la violencia generalizada, posteriormente se asent\u00f3, a tal punto que dio origen, como se anticip\u00f3, a la prenombrada ley del a\u00f1o 59. Es esta posici\u00f3n de la jurisprudencia y no la anterior la que debe ser tenida en cuenta en este caso. La reproduzco, en lo pertinente:
\nI.- La jurisprudencia de la Corte, precursora de la Ley 201 de 1959, despu\u00e9s de expedida \u00e9sta, tambi\u00e9n viene declarando su recto entendimiento en varios fallos a\u00fan no publicados (17 de octubre\u00b7 de 1962, 2 de septiembre de 1964, 25 de abril y 9 de mayo de 1967, 23 de febrero de 1968) reiterados y coordinados recientemente (4 de mayo de 1968, juicio de Obdulio Rodr\u00edguez frente a Julio Alberto Medina). El presente recurso ofrece la oportunidad para insistir una vez m\u00e1s en los antecedentes hist\u00f3ricos del referido estatuto, y en el sentido y alcance de sus determinaciones\u2026
\nVI. En presencia de situaciones inequitativas, expresamente ubicadas y sancionadas en el campo de la lesi\u00f3n [enorme] por las legislaciones \u00faltimamente mencionadas, pero insolubles dentro de la deficiente organizaci\u00f3n de dicho vicio [fuerza] y tampoco adaptables estrictamente a la concepci\u00f3n cl\u00e1sica de la fuerza o violencia, los Tribunales franceses se vieron en la necesidad de modificar esta \u00faltima, extendiendo su radio de acci\u00f3n a los casos de aprovechamiento de la intimidaci\u00f3n de uno de los agentes, aunque ella no proviniese de la actuaci\u00f3n violenta de la contraparte beneficiada con la celebraci\u00f3n del contrato, o de un tercero, sino tambi\u00e9n de hechos de la naturaleza indebidamente utilizados para el logro de una contraprestaci\u00f3n manifiestamente desproporcionada. El ejemplo cl\u00e1sico en esta nueva doctrina jurisprudencial es el del contrato de salvamento mar\u00edtimo, cuando el capit\u00e1n de la nave en peligro ha sido forzado por la otra parte a reconocerle una recompensa excesiva en relaci\u00f3n con el servicio prestado, mas no cuando dicho contrato se ha celebrado en condiciones equitativas. Ti\u00e9nese, pues, que esta variante de la fuerza o violencia, considerada como vicio del consentimiento y denominada "del estado de necesidad\u201d, o tambi\u00e9n "de la fuerza ele la naturaleza", se caracteriza: porque deja de atender, a\u00fan menos que dentro de la concepci\u00f3n cl\u00e1sica, al origen de la fuerza, o sea a si \u00e9sta proviene del acto de una de las partes. o de un tercero, o de hechos meramente naturales en que no interviene la voluntad humana, sino que mira directamente al verdadero vicio del consentimiento, cual es la intimidaci\u00f3n de la v\u00edctima; y porque introduce una nueva aplicaci\u00f3n en lo que toca con el requisito tradicionalmente exigido de que la fuerza sea injusta, en el sentido de considerar como tal, no ya solo las actuaciones humanas violentas y, por ende, condenables dentro del ordenamiento jur\u00eddico, sino tambi\u00e9n el aprovechamiento del, temor o estado de necesidad .de la v\u00edctima, cualquiera que sea su causa, para el logro de ventajas econ\u00f3micas excesivas, aunque estas no alcancen al l\u00edmite a partir del cual se configura la lesi\u00f3n enorme.
\nVII.- La doctrina jurisprudencial francesa que se viene de exponer ha sido recibida en Colombia (Cas. 17 octubre 1962 ya cit.).Pero, es m\u00e1s: con fundamento en las mismas directrices que informan dicha doctrina, aqu\u00ed se le encontr\u00f3 nuevo y vasto campo de aplicaci\u00f3n, con motivo de la proliferaci\u00f3n de actos jur\u00eddicos celebrados bajo el imperio de la violencia generalizada y habitual que azotara al pa\u00eds durante'no pocos a\u00f1os\u2026\u201d <\/p>\n

En suma, con las pruebas recaudadas y que la decisi\u00f3n analiza, pero con la visi\u00f3n que sobre este vicio del consentimiento proporciona la doctrina de la Corte, posterior a la que utiliza la decisi\u00f3n, hubiera la Sala llegado a la decisi\u00f3n contraria, hallando pr\u00f3speras las pretensiones ambulatorias. <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 85230-31-89-001-2008-00009-01 <\/p>\n

Con el respeto de siempre por las decisiones adoptadas por la Sala, manifestamos en esta oportunidad apartarnos de la desestimaci\u00f3n de la nulidad relativa incoada por el extremo demandante a t\u00edtulo de pretensi\u00f3n principal, en tanto la Corporaci\u00f3n desaprovech\u00f3 una oportunidad invaluable para pronunciarse sobre la trascendencia de la violencia generalizada que durante d\u00e9cadas ha padecido nuestro territorio, como constitutiva de fuerza capaz de viciar el consentimiento en la celebraci\u00f3n de un contrato. <\/p>\n

Dicho extrav\u00edo deriv\u00f3 de la pretermisi\u00f3n del contexto social relativo a las disputas por la tenencia de la tierra en nuestra patria, as\u00ed como la interpretaci\u00f3n jurisprudencial y las modificaciones legislativas para responder a dicho problema. <\/p>\n

1. Contexto socio-cultural. <\/p>\n

1.1. Se encuentra decantado que las inestables pol\u00edticas relativas a la propiedad agraria dieron lugar al surgimiento del conflicto social entre los colonos (compelidos a desarrollar una agricultura campesina de subsistencia) y terratenientes (que propend\u00edan por grandes latifundios productores para el comercio interno y externo), producto de una contraposici\u00f3n de intereses entre los peque\u00f1os productores y los propietarios en punto al acceso a la tierra, ora privada o resultante del dominio preminente del Estado sobre los fundos que carec\u00edan propietario reconocido. \u00abDesde la conformaci\u00f3n de la Rep\u00fablica hasta 1905 se expidi\u00f3 una serie de leyes y decretos reglamentarios que buscaban destinar las tierras de dominio estatal a diversos fines, entre estos: indemnizar o compensar a los militares de la guerra de la Independencia y a los veteranos de las guerras internas del siglo XIX; atraer inmigrantes extranjeros para colonizar tierras de frontera y mejorar la raza; apoyar la construcci\u00f3n de obras de infraestructura y en particular las redes viales y ferroviarias; pagar bonos de deuda p\u00fablica y financiar el deficitario presupuesto estatal; aumentar los cultivos de productos para la exportaci\u00f3n y para el mercado interno; ampliar la frontera agropecuaria; titular -o legalizar- las tierras ocupadas y explotadas por colonos y pobladores rurales en general; y dar tierras a nuevas poblaciones, a los departamentos y municipios ya instituciones educativas estatales (para compensar en parte los escasos recursos destinados a la educaci\u00f3n).\u00bb7 <\/p>\n

Pero el gobierno nacional, as\u00ed como sus habitantes, desconoc\u00edan con precisi\u00f3n qu\u00e9 terrenos eran de propiedad privada y cu\u00e1les bald\u00edos, al punto que los latifundistas a finales del siglo XIX, aprovecharon la ley 61 de 1874 para lograr el acaparamiento de grandes extensiones de tierras, \u00ab(p)uesto que en esa \u00e9poca el Estado no contaba con la capacidad t\u00e9cnica y econ\u00f3mica para demarcar los terrenos ocupados y cultivados por los colonos, la ley dispuso que estos \u2018adquieren el derecho de propiedad sobre el terreno que demarquen por s\u00ed mismos (\u2026) encerr\u00e1ndolos con cercas firmes y permanentes, capaces de impedir el paso de bestias y ganados\u2019 (art. 3\u00ba, p\u00e1ginas 121-122). As\u00ed no fuera la intenci\u00f3n del legislador, esta disposici\u00f3n legitimaba el acaparamiento de grandes extensiones de tierra inculta por parte de especuladores de tierras y colonos a gran escala. Recordemos que el cerramiento de grandes extensiones de tierras incultas, incluyendo terrenos ocupados por colonos, fue una pr\u00e1ctica usual entre los latifundistas y los grandes concesionarios de bald\u00edos que, por lo dem\u00e1s, dio lugar a prolongados litigios de tierras en la primera mitad del siglo XX\u00bb.8 <\/p>\n

Con posterioridad, el art\u00edculo 47 del C\u00f3digo Fiscal (ley 110 de 1912) hizo responsables a los ciudadanos de verificar que los lotes supuestamente bald\u00edos, de los que aspiraban adquirir el dominio, fueran realmente p\u00fablicos, al regular que: <\/p>\n

El Estado no garantiza la calidad de bald\u00edos de los terrenos que adjudica, y por consiguiente, no est\u00e1 sujeto al saneamiento de la propiedad que transfiere en las adjudicaciones.\u00a0
\n\u00a0\u00a0
\nTampoco est\u00e1 obligado al saneamiento, si el terreno bald\u00edo estuviere destinado a un uso p\u00fablico, u ocupado por cultivadores o colonos.\u00a0 <\/p>\n

En cualquiera de estos casos, su obligaci\u00f3n se reduce a restituir las especies recibidas a cambio de la adjudicaci\u00f3n.\u00a0
\n\u00a0\u00a0
\nLas inexactitudes contenidas en las peticiones hechas por los interesados, para la adjudicaci\u00f3n de bald\u00edos, y las que se contengan en los planos que se levanten, en vista de esas peticiones, s\u00f3lo perjudican a los peticionarios y a sus causahabientes.\u00a0
\n\u00a0\u00a0
\nLa adjudicaci\u00f3n en ning\u00fan caso perjudica a terceros, y deja a salvo los derechos de los cultivadores o colonos. <\/p>\n

1.2. Otro factor determinante en el acrecentamiento de ese conflicto social fue el fomento y la ampliaci\u00f3n de la frontera agr\u00edcola, la cual tuvo su inicio en la econom\u00eda de las naciones de Am\u00e9rica Latina que era impulsada inicialmente de la exportaci\u00f3n de materias primas; a partir de 1850 se produjo un crecimiento de tal sector a trav\u00e9s de la expansi\u00f3n de la agricultura y la ganader\u00eda, motivado por la demanda en los centros industriales de Europa y Norteam\u00e9rica de productos como el caf\u00e9, az\u00facar, trigo, bananos, carnes, entre otros. <\/p>\n

Esta necesidad de abastecimiento gener\u00f3 disputas de orden social entre terratenientes y colonos, habida cuenta del nuevo papel relevante de la tierra y la mano de obra, de all\u00ed que la ley 61 de 1874 consagrara que \u00abel colono tendr\u00e1 derecho \u2018a que se le adjudique gratuitamente una porci\u00f3n de terreno adyacente, igual en extensi\u00f3n a la parte cultivada\u2019. Sin embargo este derecho solo se conced\u00eda a los colonos que tuviesen \u2018dehesas de ganado o siembras de cacao, caf\u00e9, ca\u00f1a de az\u00facar u otra clase de plantaciones permanentes\u2019, condici\u00f3n que parece obedecer, como dice Legrand, al particular inter\u00e9s de los gobernantes de entonces en promover los cultivos para la exportaci\u00f3n (Ministerio de Industrias, 1931, Tomo III, p\u00e1gina 121). En cambio, a los colonos que simplemente \u2018estuvieran en posesi\u00f3n de tierras bald\u00edas\u2019, es decir, que no tuvieran plantaciones permanentes, se les otorgaba un terreno adyacente al cultivado no mayor a 30 hect\u00e1reas (Ministerio de Industrias, 1931, Tomo III, p\u00e1gina 122). Al parecer, esta disposici\u00f3n se refer\u00eda a los campesinos que \u00fanicamente ten\u00edan cultivos de pan coger, a los m\u00e1s pobres.\u00bb9 <\/p>\n

Y con el prop\u00f3sito de fomentar y ampliar la frontera agr\u00edcola, el Estado adopt\u00f3 medidas como la desamortizaci\u00f3n de bienes de manos muertas de la iglesia y comunidades religiosas; la pol\u00edtica de colonizaci\u00f3n con peque\u00f1os propietarios que acced\u00edan a la tierra si la hab\u00edan cultivado en cantidad m\u00ednima de 10 fanegadas; la expedici\u00f3n del C\u00f3digo Fiscal de 1873 que orden\u00f3 el uso de las tierras bald\u00edas; todo bajo la condici\u00f3n de establecer, en el lapso m\u00e1ximo de 10 a\u00f1os, alguna destinaci\u00f3n agr\u00edcola o pecuaria, so pena de que los terrenos retornaran al Estado. <\/p>\n

Se form\u00f3, entonces, un grupo numeroso de colonos que carec\u00edan de t\u00edtulos, con una reducida clase que s\u00ed accedieron a tal prerrogativa. <\/p>\n

1.4. Con el trascurso del tiempo el problema agrario se hizo cada vez m\u00e1s visible, particularmente en los departamentos de Cundinamarca y Tolima, en donde los arrendatarios de las haciendas (quienes laboraban mediando contrato de aparecer\u00eda la m\u00e1s de las veces), buscaron mejorar sus condiciones al sembrar caf\u00e9 en sus propias parcelas, es decir, reclamaron la propiedad de los predios en que trabajaban, rehusaron laborar gratis para los hacendados e, incluso, generaron los primeros brotes de violencia. <\/p>\n

Para mediados del siglo XX nacen los movimientos pol\u00edticos para abanderar las reclamaciones de los cultivadores, como el denominado Animista de Gait\u00e1n, entre otros; lo que motiv\u00f3 al gobierno nacional para intentar dar soluci\u00f3n al dif\u00edcil entorno, por mecanismos orientados a contrarrestar la concentraci\u00f3n de la tierra, muestra de lo cual fue la expedici\u00f3n de las leyes 71 de 1917, 119 de 1919, 74 de 1926 y 200 de 1936, \u00e9sta \u00faltima quiz\u00e1s la m\u00e1s significativa porque busc\u00f3 dar claridad a los derechos de propiedad y la posesi\u00f3n de los terrenos bald\u00edos mediante el reconocimiento de la funci\u00f3n social de la propiedad; adopt\u00f3 la expropiaci\u00f3n sin indemnizaci\u00f3n por razones de equidad; la extinci\u00f3n del dominio de las tierras otorgadas por el Estado y no explotadas (esto \u00faltimo mediante el Acto Legislativo 1 de 1936); y la presunci\u00f3n de que no eran bald\u00edos sino de propiedad privada los fundos pose\u00eddos por particulares, revelada a trav\u00e9s de su explotaci\u00f3n patrimonial. <\/p>\n

1.5. Aunque los conflictos por la tierra disminuyeron, en verdad no fueron solucionados y sigui\u00f3 consolid\u00e1ndose la estructura agraria caracterizada por la inequidad y, como respuesta de los afectados, la violencia, pues los aparceros y arrendatarios salieron de las haciendas; unos porque los propietarios les compraron las mejoras que hab\u00edan levantado, otros con desalojos violentos una vez se declaraban poseedores de las tierras que labraban y demandaban la declaratoria de prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio. <\/p>\n

El temor de los propietarios a perder las tierras que los colonos supon\u00edan bald\u00edas, pero que en realidad hab\u00edan sido apropiadas y legalizadas como privadas, gener\u00f3 un retroceso en la legislaci\u00f3n adoptada hasta el momento, mediante la expedici\u00f3n de la ley 100 de 1944, que regener\u00f3 los contratos de arrendamiento y aparcer\u00eda con los cuales los campesinos productores hab\u00edan mostrado desacuerdo, ampli\u00f3 de 10 a 15 a\u00f1os el t\u00e9rmino requerido para extinguir el dominio de las tierras no explotadas y limit\u00f3 los juicios de lanzamiento que hasta entonces serv\u00edan de herramienta a los colonos para salvaguardar sus posesiones. <\/p>\n

A ra\u00edz de los acuerdos del Frente Nacional; de la Alianza para el Progreso con los Estados Unidos, que impuls\u00f3 reformas en Am\u00e9rica Latina auspiciadas con cr\u00e9ditos externos; y de las directrices de organismos internacionales como la FAO11, naci\u00f3 un intento de reforma agraria que retomaba las bases de la ley 200 de 1936, esto es, la extinci\u00f3n de dominio de predios que durante 10 a\u00f1os no hubieran sido explotados econ\u00f3micamente y la posibilidad para los detentadores de solicitar la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio. <\/p>\n

Sin embargo, los prop\u00f3sitos no se cumplieron totalmente, pues no se cont\u00f3 con la institucionalidad que permitiera llevar a los beneficiarios los servicios requeridos para mantener la producci\u00f3n, incorporarla al mercado con las pertinentes garant\u00edas y las mejoras tecnol\u00f3gicas indispensables para aumentar la productividad e ingresos. <\/p>\n

1.6. Al inicio de la d\u00e9cada de los setentas nuevamente se pretendi\u00f3 modificar la pol\u00edtica agraria, pero el concepto del Ministerio de Agricultura -seg\u00fan el cual la reforma agraria ten\u00eda por objeto fomentar la producci\u00f3n y la productividad, antes que la redistribuci\u00f3n del ingreso y el desarrollo social para los campesinos-12 motiv\u00f3 a los opositores para frenar el proceso de reforma, al paso que la Asociaci\u00f3n Nacional de Usuarios Campesinos \u00abANUC\u00bb (creada tan solo 3 a\u00f1os antes para representar al sector campesino), radicaliz\u00f3 su postura mediante v\u00edas de hecho como la invasi\u00f3n de fincas en el territorio nacional, especialmente en la costa atl\u00e1ntica. <\/p>\n

1.7. En suma, la informalidad en la tenencia de la tierra para los campesinos colombianos, en muchas zonas del territorio nacional, ha contribuido durante varias d\u00e9cadas al despojo de que ha sido v\u00edctima ese sector de la poblaci\u00f3n, a trav\u00e9s de diversos medios como la coacci\u00f3n f\u00edsica, mental e, incluso, con la utilizaci\u00f3n de figuras jur\u00eddicas previstas en el ordenamiento pero en las cuales la desventaja de los aldeanos es aprovechada por personas con mayores recursos, educaci\u00f3n o poder pol\u00edtico, entre otros. <\/p>\n

As\u00ed lo document\u00f3 la academia, al se\u00f1alar que \u00ab(e)n la formaci\u00f3n social colombiana los grupos de poder han generado distintas modalidades de apropiaci\u00f3n de los recursos y de control de su poblaci\u00f3n, separando a las comunidades de sus tierras y territorios tradicionales y limitando el acceso a los mismos mediante procedimientos en los que se han combinado el ejercicio sistem\u00e1tico de la violencia con pol\u00edticas de apropiaci\u00f3n y distribuci\u00f3n de las tierras p\u00fablicas\u00bb13. <\/p>\n

Ese mismo estudio se\u00f1al\u00f3 que \u00ab(p)ara comprender la continuidad del conflicto es necesario tener en cuenta la persistencia de factores internos y externos, econ\u00f3micos y pol\u00edtico-ideol\u00f3gicos, que contribuyeron a su g\u00e9nesis. En cuanto a los primeros se destacan la inamovilidad tanto de la estructura de la propiedad agraria como la de la participaci\u00f3n pol\u00edtica. (\u2026) En cuanto al r\u00e9gimen agrario puede observarse c\u00f3mo, m\u00e1s all\u00e1 de la confrontaci\u00f3n sectaria que efectivamente gener\u00f3 buena parte de los homicidios, destierros, destrucciones de patrimonios y empobrecimiento de la poblaci\u00f3n, cr\u00edmenes ocurridos entre fines de los a\u00f1os 1940 y 1960, hay dos procesos que toman fuerza en el marco del conflicto: de una parte, el afianzamiento y recomposici\u00f3n de la gran propiedad como base de la producci\u00f3n agroexportadora. De otra, la persecuci\u00f3n y el desmantelamiento permanente de las organizaciones agrarias limitan su desarrollo social, t\u00e9cnico y econ\u00f3mico e impiden el fortalecimiento de sus capacidades como ciudadanos y como productores, tareas que deben adelantar en medio de grandes dificultades.\u00bb14 <\/p>\n

En el mismo sentido se pronunci\u00f3 la jurisdicci\u00f3n constitucional, al se\u00f1alar que \u00abdiversos analistas han se\u00f1alado que la concentraci\u00f3n del uso y propiedad de la tierra, aunada a elementos institucionales como la ausencia de informaci\u00f3n catastral confiable y pol\u00edticas fiscales que estimulan la acumulaci\u00f3n de tierras ociosas, han constituido factores relevantes en el escenario de conflicto. Los informes de \u00f3rganos de seguimiento a la situaci\u00f3n del desplazamiento muestran que los departamentos con mayor concentraci\u00f3n de propiedad tienen los \u00edndices y cifras m\u00e1s altos de desplazamiento. Estos factores incrementan la concentraci\u00f3n y, como contrapartida, la exclusi\u00f3n de un amplio n\u00famero de colombianos, o un acceso restringido a peque\u00f1as parcelas (minifundios). En el campo de la pol\u00edtica y el derecho, los intentos por cambiar el panorama a trav\u00e9s de una reforma a las estructuras de tenencia, ocupaci\u00f3n y posesi\u00f3n de la tierra han culminado con reacciones de diverso semblante, pero coincidentes en la defensa del r\u00e9gimen imperante.\u00bb (Corte Constitucional, C-330 de 2016). <\/p>\n

1.8. Otro de los factores que ha profundizado la vulneraci\u00f3n de los derechos sobre la propiedad agraria es la violencia por motivos pol\u00edticos que, por el mismo espacio de tiempo, ha sufrido el pa\u00eds, ante la presencia de grupos guerrilleros, las fuerzas del Estado que les hacen frente y otros actores armados al margen de la ley, como los paramilitares e incluso la b\u00fasqueda de m\u00f3viles viles como los c\u00e1rteles del narcotr\u00e1fico. <\/p>\n

La aparici\u00f3n de estas organizaciones en las zonas rurales, donde m\u00e1s se han padecido las secuelas de la confrontaci\u00f3n armada, propici\u00f3 un ambiente de zozobra, generador de las condiciones ideales para el despojo de tierras o su abandono por parte de los lugare\u00f1os, m\u00e1xime cuando en las \u00e1reas rurales del pa\u00eds se dificult\u00f3 la presencia permanente del Estado. <\/p>\n

Sobre el punto, se ha dicho que \u00ab(c)on relaci\u00f3n al despojo de tierras en las zonas de conflicto armado, las entidades estatales encargadas de la atenci\u00f3n de las v\u00edctimas, las organizaciones de derecho humanos y los investigadores acad\u00e9micos subrayan la intenci\u00f3n de los actores armados de apropiarse de las tierras de los campesinos, ya sea para fines de control territorial (como en el caso de la guerrilla) y\/o para la obtenci\u00f3n de rentas y la implantaci\u00f3n de proyectos productivos (como en el caso de los paramilitares). Se argumenta asimismo que el abandono forzado de tierras ha sido aprovechado por actores civiles (empresarios, comerciantes, pol\u00edticos, especuladores en bienes ra\u00edces, etc.) para adquirir tierras a bajo precio, desconociendo incluso las medidas de protecci\u00f3n de predios en zonas afectadas por el conflicto armado.\u00bb15 <\/p>\n

Inclusive se ha llegado a afirmar que \u00ab(a) estos problemas, que seguramente han contribuido a la usurpaci\u00f3n o adquisici\u00f3n fraudulenta de tierras, se agrega la concesi\u00f3n estatal, contraria al esp\u00edritu de la ley, de grandes extensiones de bald\u00edos a individuos y empresas (nacionales y transnacionales) que se valieron de sofisticadas f\u00f3rmulas jur\u00eddicas y contactos en las altas esferas gubernamentales para evadir las restricciones legales.\u00bb16 <\/p>\n

1.9. Espec\u00edficamente en los llanos orientales hicieron presencia grupos guerrilleros, pero estos no fueron los \u00fanicos generadores de violencia, porque tambi\u00e9n contribuy\u00f3 al establecimiento de grupos b\u00e9licos la expansi\u00f3n de los cultivos de marihuana y coca desde el Guaviare en la d\u00e9cadas de 1970 y 1980; rencillas entre l\u00edderes pol\u00edticos, muestra de lo cual fue la creaci\u00f3n de las autodefensas denominadas El Dorado en la regi\u00f3n del Ariari; las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada conformadas por grandes propietarios de tierras como grupos de seguridad privada en disputa de diversos territorios; y otras denominadas Autodefensas Campesinas del Casanare -conocidas como los Buitrague\u00f1os-. <\/p>\n

A estos se sumaron los paramilitares procedentes del Magdalena Medio en la regi\u00f3n de San Mart\u00edn (Meta) y la llegada de la familia Casta\u00f1o desde Urab\u00e1 y C\u00f3rdoba, que dio lugar a la creaci\u00f3n del Bloque Centauros. <\/p>\n

Todo esto gener\u00f3 enfrentamientos, como era de esperarse, incluso entre los mismos paramilitares, dando lugar a su divisi\u00f3n interna en tres grupos: el Bloque Centauros, los H\u00e9roes del Llano y los H\u00e9roes del Guaviare, habi\u00e9ndose desmovilizado el primero y el \u00faltimo17. <\/p>\n

2. Algunas respuestas normativas. <\/p>\n

2.1. Fruto de la justicia transicional propia de los procesos de reconciliaci\u00f3n nacional, y con el fin de subsanar la situaci\u00f3n de quienes padecieron el abandono de sus parcelas o el despojo de las mismas, naci\u00f3 la acci\u00f3n de restituci\u00f3n prevista en los cap\u00edtulos II y III del t\u00edtulo IV de la ley 1448 de 2011, por la cual se dictaron medidas de atenci\u00f3n, asistencia y reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas del conflicto armado interno, entre otras disposiciones. <\/p>\n

En lo que ata\u00f1e al juicio de restituci\u00f3n de tierras, en dicha compilaci\u00f3n legal se consagr\u00f3 que es procedente la devoluci\u00f3n de los inmuebles a favor de las v\u00edctimas de despojo o abandono, a pesar de que los fundos est\u00e9n bajo la detentaci\u00f3n de terceros adquirentes de buena fe exenta de culpa, quienes -de acreditar esta condici\u00f3n- recibir\u00edan una compensaci\u00f3n del Estado (art. 91). <\/p>\n

Ciertamente, \u00ab(e)n relaci\u00f3n con el tema que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, vale decir que la aplicaci\u00f3n y la interpretaci\u00f3n de la buena fe exenta de culpa a que se refiere la Ley de v\u00edctimas y restituci\u00f3n de tierras en los art\u00edculos demandados se circunscribe a la acreditaci\u00f3n de aquellos actos que el tercero pretenda hacer valer en relaci\u00f3n con la tenencia, la posesi\u00f3n, el usufructo, la propiedad o dominio de los predios objeto de restituci\u00f3n. Estos actos pueden ser, entre otros, posesiones de facto, negocios jur\u00eddicos de car\u00e1cter dispositivo o situaciones que tienen origen en \u00f3rdenes judiciales o actos administrativos. La comprobaci\u00f3n de la buena fe exenta de culpa lleva a los terceros a ser merecedores de una compensaci\u00f3n, como lo dispone la Ley 1448 de 2011.\u00bb (C-330 de 2016, Corte Constitucional). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, teniendo como prop\u00f3sito el reintegro de sus tierras a las v\u00edctimas del conflicto armado, que fueron objeto de abandono o despojo, el Estado cre\u00f3 un proceso de restituci\u00f3n, especial y con efectos diferentes a los consagrados en el derecho com\u00fan, propio de una justicia especializada. <\/p>\n

2.2. Sin embargo, de vieja data nuestro ordenamiento jur\u00eddico dio una respuesta especial, al establecer que la fuerza como vicio del consentimiento tambi\u00e9n puede configurarse mediante la \u00abinjusta coacci\u00f3n f\u00edsica o moral que se ejerce sobre una persona para inducirla a la celebraci\u00f3n de un acto jur\u00eddico, respecto del cual necesariamente se accede, seg\u00fan el art\u00edculo 1513 del C\u00f3digo Civil, para evitar un mal irreparable y grave\u00bb (CSJ SC de 19 dic. 2012, rad. 2000-00177-02); la cual puede ser irrogada por personas o factores ajenos a quien se beneficia de ellas (art. 1514 C.C.) <\/p>\n

En este escenario y antes del nuevo marco regulatorio creado con la expedici\u00f3n de la ley 1448 de 2011, cuya entrada en vigencia en nada afecta los mecanismos existentes precedentemente por ser compatibles entre s\u00ed, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia interpret\u00f3 las normas civiles, en sentencia SC de 28 de julio de 1958, para se\u00f1alar que adolece de nulidad relativa la venta en la que el comprador se aprovecha de las circunstancias de violencia social o pol\u00edtica que han creado temor en el vendedor, detentador de la tierra, porque all\u00ed concurre la fuerza como vicio del consentimiento a pesar de que esta no haya sido ejercida por el adquirente. <\/p>\n

En tal oportunidad la Corte precis\u00f3: <\/p>\n

Los art\u00edculos 1.513 y 1.514 del C\u00f3digo Civil, son dos disposiciones 'sustantivas' estrechamente relacionadas entre s\u00ed, y que en el fondo se inspiran en un alto sentido de defensa social, cual es, el de libertad del v\u00ednculo contractual a quien lo contrajo bajo el influjo del temor, el cual, como vicio del consentimiento, es factor que compete estudiar a los jueces de instancia atendidas las circunstancias del hecho. <\/p>\n

Desde el punto de vista jur\u00eddico resultan justificables las precitadas normas, porque siendo por definici\u00f3n el acto jur\u00eddico como lo ense\u00f1a la filosof\u00eda del derecho un acto de voluntad y si\u00e9ndolo doblemente el contrato, el acto ser\u00e1 inexistente, cuando la voluntad falte, cuando no haya consentimiento. <\/p>\n

Demandada la nulidad por causas como las anotadas, una de las cuestiones fundamentales, que deben quedar completamente establecidas en el litigio, es si efectivamente quien la ha demandado se hallaba coaccionado por una fuerza moral; pero no de cualquier clase, sino capaz de producir una impresi\u00f3n fuerte en una persona de sano juicio, como lo prescribe la regla del art\u00edculo 1.513 del C\u00f3digo Civil, cuyo contenido es igual al art\u00edculo 1.112 del C\u00f3digo Franc\u00e9s, que se halla inspirado en las tradiciones del Derecho Romano. En desarrollo del precepto \u00faltimamente citado, la Corte de Casaci\u00f3n Francesa, ha sentado la siguiente jurisprudencia: <\/p>\n

\u201cCuando el consentimiento no es libre, cuando se presta bajo el imperio del temor inspirado por un mal considerable presente, el contrato celebrado queda viciado y es anulable\u201d (Derecho Civil Franc\u00e9s, p\u00e1gina 226, Tomo VI). <\/p>\n

De conformidad con nuestro r\u00e9gimen legal, y d\u00e1ndole cabal aplicaci\u00f3n a los art\u00edculos 1.513 y 1.514 del C\u00f3digo Civil, son susceptibles de nulidad por adolecer de vicio en el consentimiento las enajenaciones de inmuebles, cuando el comprador aprovech\u00e1ndose de las circunstancias de un clima de violencia que ha infundido temor en el \u00e1nimo del vendedor le compra sus bienes. <\/p>\n

Porque es obvio que una relaci\u00f3n jur\u00eddica surgida en las condiciones expresadas, por resultar contraria a las normas de la \u00e9tica y de la equidad contractual, y por entra\u00f1ar en el fondo un enriquecimiento sin causa, es una situaci\u00f3n que legalmente no puede subsistir, y por ello nuestro sistema legislativo en guarda de los derechos e intereses patrimoniales del contratante lesionado, ha establecido los medios procesales adecuados para destruir judicialmente tan extra\u00f1o orden de cosas, debiendo en estos casos proceder la acci\u00f3n intentada si sus extremos han sido objeto de comprobaci\u00f3n judicial durante la secuela del juicio por parte de quien haya demandado la nulidad del contrato o su rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme sin que pueda invocarse como defensa para enervar la acci\u00f3n el hecho, de que los actos de violencia hubiesen sido ejecutado por personas extra\u00f1as a la negociaci\u00f3n, pues el art\u00edculo 1.514 del C\u00f3digo Civil dice lo siguiente: <\/p>\n

\u201cPara que la fuerza vicie el consentimiento no es necesario que la ejerza aquel que es beneficiado por ella; basta que se haya empleado la fuerza por cualquier persona con el objeto de obtener el consentimiento.\u201d (Resaltado ajeno). <\/p>\n

Tal precedente jurisprudencial, entre otros, dio lugar a la expedici\u00f3n de la ley 201 de 30 de diciembre de 1959, por la cual se dictaron medidas tendientes a impedir el aprovechamiento econ\u00f3mico de la violencia durante el estado de sitio, que consagr\u00f3 como \u00abfuerza que vicia el consentimiento cualquier aprovechamiento que del estado de anormalidad se haga en la celebraci\u00f3n de un acto o contrato\u00bb (art. 1\u00ba), siempre y cuando \u00abla perturbaci\u00f3n del orden p\u00fablico haya dado lugar a la declaratoria de estado de sitio por conmoci\u00f3n interior\u00bb (art. 1\u00ba). <\/p>\n

Dicha legislaci\u00f3n, que conserva vigencia y de naturaleza interpretativa18, ten\u00eda prop\u00f3sito proteccionista hacia los contratantes bajo la influencia de la fuerza, pues se tradujo, como lo anot\u00f3 la Corte, en \u00abdeterminar que el vicio del consentimiento como causal de nulidad se presumiera cuando bajo la declaraci\u00f3n del estado de sitio a virtud de conmoci\u00f3n interna, se celebrase un contrato durante la violencia generalizada en condiciones tan desfavorables que hicieran presumir la carencia de la autonom\u00eda de la voluntad por parte de la persona perjudicada con ello\u00bb (CSJ, sentencia de 15 oct. 1968. Subrayado extra\u00f1o). <\/p>\n

Res\u00e1ltase el car\u00e1cter interpretativo, lo que traduce que los mandatos de la codificaci\u00f3n civil se mantienen inalterados, pero se enfatiz\u00f3 en que los mismos dan cabida a que haya un vicio del consentimiento cuando exista un aprovechamiento de una situaci\u00f3n de coacci\u00f3n por el temor generado am\u00e9n de la violencia generalizada. <\/p>\n

Sin embargo, la condici\u00f3n se\u00f1alada por el legislador de 1959 gener\u00f3 una cortapisa, porque torn\u00f3 restrictiva la causal de anulaci\u00f3n desarrollada jurisprudencialmente hasta esa \u00e9poca, conforme a la cual no era necesaria la declaratoria de estado de sitio por conmoci\u00f3n interior derivada de la perturbaci\u00f3n del orden p\u00fablico. <\/p>\n

La doctrina de la Corte continu\u00f3 y reiter\u00f3 que la fuerza o violencia que vicia el consentimiento puede provenir de terceros ajenos a quien est\u00e1 interesado en el contrato, como era propio de la interpretaci\u00f3n que hasta el momento hab\u00eda dispensado al art. 1513 del C.C., al se\u00f1alar que: <\/p>\n

Esta cl\u00e1sica instituci\u00f3n latina, tal como se ofrece en el derecho moderno, presupone dos requisitos para la operancia de la sanci\u00f3n que conlleva, cual es la invalidaci\u00f3n del acto celebrado bajo el imperio de la fuerza. a) El primero de ellos, claramente descrito en el art. 1513 de nuestro C.C. mira a la intensidad del acto violento y a la repercusi\u00f3n de este en el \u00e1nimo de la v\u00edctima: \u201cLa fuerza no vicia el consentimiento sino cuando es capaz de producir una impresi\u00f3n fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condici\u00f3n. Se mira como una fuerza de este g\u00e9nero todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesto ella, su consorte, o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave". <\/p>\n

Corresponde, por tanto, al Juez ponderar en cada caso esa intensidad de la fuerza y de sus efectos, atendiendo para ello a los criterios que se\u00f1ala el texto legal transcrito: el criterio objetivo que atiende a la naturaleza de los hechos violentos para determinar si \u00e9stos son aptos para \u201cproducir una impresi\u00f3n fuerte\u201d, un \u201cjusto temor\u201d (vani timoris non excusat), para combinarlo con el criterio subjetivo que mira a \u201cla edad, sexo y condici\u00f3n\u201d de la v\u00edctima. b) El segundo de los aludidos requisitos para que la fuerza constituya vicio de la voluntad, no contemplado expresamente por nuestro C\u00f3digo, pero invariablemente tenido en cuenta por la doctrina y la jurisprudencia, consiste en la justicia de los hechos constitutivos de aquella, entendi\u00e9ndole como tales los que no encuentran legitimaci\u00f3n en el ordenamiento jur\u00eddico respectivo. <\/p>\n

En fin, ya desde el derecho romano se estableci\u00f3 una importante diferencia entre el dolo y la fuerza tocante como origen de tales vicios, pues, al paso que en relaci\u00f3n con el primero se ha exigido que sea obra de una de las partes o de sus representantes, o que sea cohonestado por aquella o por \u00e9stos, el efecto dirimente de la fuerza se da tanto cuando ella se ejerce por la contraparte o por la persona beneficiada con la celebraci\u00f3n del acto, como tambi\u00e9n cuando proviene de un tercero, con lo cual se destaca a\u00fan m\u00e1s la raz\u00f3n de ser de la sanci\u00f3n legal correspondiente: el acto queda afectado de nulidad relativa en cuanto la fuerza, o mejor a\u00fan, el temor haya sido el factor determinante de su realizaci\u00f3n. (SC de 15 de abril de 1969, destacado no original). <\/p>\n

En el mismo sentido anot\u00f3: <\/p>\n

El texto interpretativo de 1959 no ha hecho otra cosa que revelar el contenido doctrinal, cient\u00edfico y profundamente humano, por lo equitativo, en que desde 1873 el C\u00f3digo Civil viene inspirado de las mejores fuentes. Siempre ha sido as\u00ed desde cuando empez\u00f3 a regir. Pero la coyuntura de violencia generalizada en algunas regiones del pa\u00eds ha sido conducente a que el legislador, adem\u00e1s de dar \u00e9nfasis al vicio del consentimiento originado en fuerza ajena a la voluntad de los contratantes, venga a encontrar su demostraci\u00f3n ante la justicia por la inferencia fundada en desventaja econ\u00f3mica tan significativa para alguna de las partes, que hagan entender que el negocio no se habr\u00eda celebrado en circunstancias de libertad jur\u00eddica. (CSJ, SC de 3 may. 1984, G.J. n\u00ba 2415). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la tesis de esta Corporaci\u00f3n en el tema puntual que ocup\u00f3 su atenci\u00f3n -que en la decisi\u00f3n de las cual disentimos fue ignorada-, hab\u00eda tenido como norte evitar la explotaci\u00f3n indebida de la necesidad de uno de los extremos contratantes por parte del otro, as\u00ed como la ligereza o la inexperiencia de las personas v\u00edctimas de la violencia. <\/p>\n

Tal postulado, adicionalmente, denota armon\u00eda con los esfuerzos del Estado para garantizar los derechos a la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas y desarrolla el enfoque diferencial que debe aplicarse en relaci\u00f3n con sectores de la poblaci\u00f3n con caracter\u00edsticas particulares, como el campesino. <\/p>\n

En este orden de ideas, constitu\u00edan presupuestos para viabilizar la pretensi\u00f3n de nulidad relativa fincada en la fuerza como vicio del consentimiento producto del conflicto armado, los siguientes: primero, los actos violentos derivados de la situaci\u00f3n social que se desprende del citado conflicto; segundo, que tal fuerza \u00abalcance una intensidad tal que determina a la v\u00edctima a celebrar el contrato; y tercero, el de la injusticia, que aqu\u00ed se hace consistir en el aprovechamiento de la violencia generalizada para obtener las ventajas correlativas al considerable detrimento experimentado por la v\u00edctima en raz\u00f3n de dicho contrato.\u00bb (CSJ, sentencia de 15 abr. 1969). <\/p>\n

Los dos primeros muestran la causa determinante del negocio, porque tambi\u00e9n es posible que, al margen de la coacci\u00f3n, el convenio fuera ajustado porque as\u00ed lo ten\u00eda previsto el detentador; por no querer continuar con la titularidad de la propiedad o posesi\u00f3n debido a razones personales, familiares, profesionales, etc.; o porque realmente la transfiri\u00f3 cuando hab\u00eda cesado la coacci\u00f3n de la que fue v\u00edctima; entre muchas variables. <\/p>\n

Por lo tanto, en los precedentes la Corte analiz\u00f3 si los actos de violencia, ejercidos por los intervinientes en el conflicto, que atemorizaron o ejercieron coacci\u00f3n sobre la voluntad del enajenante y condujeron de forma directa o indirecta a la celebraci\u00f3n del contrato de venta, constitu\u00edan fuerza, encontrando en el acto de aprovechamiento el hecho torticero que no pod\u00eda ser cohonestado. <\/p>\n

Ahora bien, seg\u00fan la jurisprudencia, es deber del reclamante probar la existencia de un v\u00ednculo de causalidad entre los actos de violencia de que fue v\u00edctima y el negocio jur\u00eddico que como consecuencia de aquellos se produjo, en forma tal que las circunstancias establecidas permitan establecer si quien deprec\u00f3 la nulidad, cedi\u00f3 a una violencia o a un temor que hizo presi\u00f3n sobre su voluntad19. <\/p>\n

El tercer requisito comporta que el acuerdo de voluntades celebrado haya propiciado una desventaja para el enajenante en relaci\u00f3n con la prestaci\u00f3n asumida por su contraparte de manera consciente20. \u00abSer\u00e1 tal, s\u00f3lo si va dirigida a conseguir injustas (es decir, exorbitantes) ventajas en el contrato o una presi\u00f3n indebida, que es el equivalente jur\u00eddico de la llamada extorsi\u00f3n\u00bb21. <\/p>\n

En consecuencia, si en una compraventa quien traspasa recibe de su comprador un valor significativamente inferior por el bien objeto del pacto, mediando en el \u00faltimo consciencia de la causa del provecho, se cumple el segundo de los requisitos aludidos. Por el contrario, no se configurar\u00e1 si, a pesar del entorno violento y la fuerza compelida, el precio o la contraprestaci\u00f3n recibida guarda simetr\u00eda con la que ten\u00eda el bien traspasado. <\/p>\n

As\u00ed lo explic\u00f3 esta Corporaci\u00f3n, al se\u00f1alar: <\/p>\n

Visto est\u00e1 que el fallo acusado da por acreditada la celebraci\u00f3n del contrato sub lite durante la vigencia de estado de sitio y que tambi\u00e9n admite, por v\u00eda de hip\u00f3tesis la violencia generalizada en la \u00e9poca y lugar de dicha celebraci\u00f3n; pero, en cambio, no encuentra la prueba del hecho indicador que constituye el punto de partida de la presunci\u00f3n de aprovechamiento indebido de tal violencia y de la repercusi\u00f3n de esta sobre el \u00e1nimo del actor, cual ser\u00eda haberse pactado el negocio en condiciones tan desfavorables para \u00e9ste que en circunstancias normales no las hubiera aceptado. Tal es, pues, el fundamento principal de la desestimaci\u00f3n de la acci\u00f3n de nulidad propuesta en este juicio\u2026 (CSJ, sentencia de 15 abr. 1969). <\/p>\n

3. El caso concreto. <\/p>\n

3.1. Con base en las anteriores premisas -omitidas en la sentencia de la cual nos apartamos en desmedro del principio iura novit curia- se colige que la prosperidad de la pretensi\u00f3n principal reclamada requer\u00eda acreditar: i) los actos que en perjuicio del peticionario generaron temor en un contexto de violencia generalizada, desplegados por su contraparte o por un tercero; ii) que estos fueron la causa exclusiva que lo llev\u00f3 a contratar; y iii) que los t\u00e9rminos en los cu\u00e1les suscribi\u00f3 el negocio impugnado forjaron una gran lesi\u00f3n en su patrimonio, al punto que en condiciones normales no lo habr\u00eda celebrado. <\/p>\n

Esos presupuestos estaban probados en el sub judice: <\/p>\n

3.1.1. El primero porque as\u00ed lo dejan ver los testimonios de Jaime Vargas Becerra, Gonzalo Vargas Becerra, Campo An\u00edbal Cala L\u00f3pez y Dioselino Acosta Acosta. <\/p>\n

En efecto, el primero narr\u00f3 que \u00absiendo el 14 de enero de 2001 a las 10:00 a.m. unos tipos armados entre 30 y 40 hombres, llegaron a la finca La Argentina en el municipio de Trinidad preguntando por don Armando Rinc\u00f3n, que lo necesitaban urgentemente, a (sic) y el se\u00f1or no estaba en ese momento \u00e9l hab\u00eda desocupado, se hab\u00eda ido de la finca porque ellos llegaban a posesionarse diciendo que eso era de ellos, y yo como ten\u00eda un ganado all\u00ed ten\u00eda 100 toros en la finca La Argentina, ya la presi\u00f3n fue que ten\u00edamos que desocupar a las buenas o a las malas, lloviera, tronara o relampagueara, no hab\u00eda tiempo sino de dos d\u00edas para desocupar, y que m\u00e1s pues toc\u00f3. El orden p\u00fablico era malo, se miraba gente armada y por donde quiera un ret\u00e9n, dec\u00edan que eran los paramilitares con unas letras A.U.C., nos tocaba pagarles vacuna y darles dinero si eran mil o dos mil reces tambi\u00e9n, a todos los finqueros los vacunaron, todos tuvieron que abandonar sus tierras como le pas\u00f3 a don Armando Rinc\u00f3n, que tuvo que irse, abandonar su finca por la presi\u00f3n de las A.U.C.\u00bb (Folios 183 a 184, cuaderno 1). <\/p>\n

Al ser cuestionado sobre las amenazas concretas recibidas por el demandante, el declarante agreg\u00f3 que \u00abs\u00ed s\u00e9 que fue una presi\u00f3n militar porque todos los ganaderos dec\u00edan que le toc\u00f3 abandonar su patrimonio, su finca y todas sus cosas, su ganado, sus bestias, por la presi\u00f3n de los paramilitares. Lo que ellos nos dijeron fue que d\u00f3nde estaba ese viejo tal por cual que si \u00e9l hubiera estado ah\u00ed en ese momento lo hubieran matado.\u00bb (Folio 184, ib\u00eddem). <\/p>\n

El segundo testigo relat\u00f3, al ser preguntado sobre el orden p\u00fablico que se viv\u00eda en el municipio de Trinidad, que era \u00absupremamente delicado porque hab\u00eda mucho paramilitarismo\u00bb; a\u00f1adi\u00f3 que \u00abpor all\u00e1 no se salv\u00f3 nadie, todas las personas ten\u00edamos que pagar las vacunas y todo el mundo sab\u00eda eso, a todos nos amenazaban, al que no pagaba le quitaban las cosas, nos amenazaban con quintarnos la finca y si no que nos mataban.\u00bb Y sobre las amenazas reca\u00eddas en el demandante declar\u00f3 que este \u00abera extorsionado, sab\u00eda porque \u00e9l siempre cuando le suced\u00edan esos casos acud\u00eda a mi pap\u00e1 para que le prestara plata y como eso era comentario de todo el mundo, todo el mundo sab\u00eda de los problemas, nada era secreto.\u00bb Termin\u00f3 afirmando que \u00absi uno no pagaba la vacuna, los paramilitares le quitaban la finca, le quitaban los ganados o si no pues pagaba con la vida.\u00bb (Folios 191 a 192). <\/p>\n

Campo An\u00edbal Cala L\u00f3pez, refiri\u00e9ndose a la situaci\u00f3n de Luis Armando Rinc\u00f3n, narr\u00f3 que los paramilitares \u00abuna vez fueron a la casa y le votaron una granada en la pieza donde \u00e9l dorm\u00eda, y anteriormente le hab\u00edan hecho unos tiros a un enfriador grande que \u00e9l ten\u00eda y todos sab\u00edan que si \u00e9l no se iba de esa regi\u00f3n lo mataban.\u00bb (Folio 188, cuaderno 1). <\/p>\n

Dioselino Acosta Acosta corrobor\u00f3 la situaci\u00f3n de orden p\u00fablico al contar que \u00abeso fue pesado, eso hab\u00eda gente armada, y en la carretera y llegaban a la finca de uno, hab\u00eda veces que llegan y se estaban en la finca, dec\u00edan que eran macetos o paramilitares, y nombraban a un tal Alcides, Mateo, que eran los duros de ellos y un tal Diego, as\u00ed a varios de ellos, y a veces llegaban artos a la finca de uno, grupos armados, en esa \u00e9poca yo sembraba arroz y por esa ped\u00edan $20.000 por hect\u00e1rea y por la tierra tambi\u00e9n, y eso no fue a m\u00ed solo, sino a toda esa gente por ah\u00ed\u00bb. <\/p>\n

Adicion\u00f3 que Luis Armando Rinc\u00f3n fue objeto de amenazas, al punto que \u00aben una \u00e9poca le votaron una bomba en la pieza donde \u00e9l estaba en la madrugada no s\u00e9 si era para matarlo\u00bb, y que fue despojado del inmueble \u00abcomo para las fiestas de Aguazul y me llegaron como un 14 o 15 de enero como en el 2001 y me llegaron artos hombres armados, un tal Mateo, Alcides y otros m\u00e1s al mando, que les entregara la finca.\u00bb (Folios 195 a 196). <\/p>\n

Total, las referidas versiones daban cuenta, al un\u00edsono, que en el municipio de Trinidad todos los finqueros eran extorsionados por los paramilitares que operaban en el departamento de Casanare, con el prop\u00f3sito de que pagaran \u00abvacunas\u00bb, bajo amenazas de muerte dirigidas no s\u00f3lo a ellos sino tambi\u00e9n a sus familias, de all\u00ed el abandono de sus fundos; adem\u00e1s, tambi\u00e9n dieron fe que el demandante sufri\u00f3 hostigamientos en el predio La Argentina, como el lanzamiento de una granada y disparos dirigidos a la casa, vi\u00e9ndose obligado a irse de la finca, lo que ocurri\u00f3 porque no pag\u00f3 las extorsiones requeridas por los delincuentes; y que en enero de 2001 estos ocuparon la hacienda. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, ocurrieron actos violentos desplegados por grupos ilegales tendientes a atemorizar al accionante, para que cumpliera con la prestaci\u00f3n ilegal pretendida por aquellos, que al ser insatisfecha gener\u00f3 el desplazamiento de este con su entorno familiar. No se trat\u00f3 tan s\u00f3lo de una zozobra por vivir en el campo o estar sitiado por grupos ilegales, sino que estos entraban en contacto con \u00e9l, lo intimidaron y atentaron con artefactos explosivos y armas de fuego contra su vivienda, lo que fue conocido por residentes del sector. <\/p>\n

Al punto que el fundo fue ocupado en dos ocasiones por personas armadas, en la segunda con la advertencia para sus moradores acerca de que ten\u00edan pocos d\u00edas para desalojarla, so pena de represalias. <\/p>\n

3.1.2. Tambi\u00e9n qued\u00f3 probado el segundo presupuesto axiol\u00f3gico de la pretensi\u00f3n, esto es, que los actos violentos referidos fueron la causa exclusiva que lo llev\u00f3 a contratar, pues el referido temor fue el m\u00f3vil determinante en el promotor para celebrar la compraventa criticada. <\/p>\n

Res\u00e1ltase que los declarantes mencionados en el numeral inmediatamente anterior informaron que Luis Armando Rinc\u00f3n se vio conminado a dejar el predio a mediados del a\u00f1o 2000, debido a que no pudo satisfacer las cuantiosas exigencias patrimoniales de los paramilitares, todo para evitar un da\u00f1o en su integridad f\u00edsica o en la de sus parientes cercanos; y que a principios del a\u00f1o 2001 los mencionados delincuentes entraron a ocupar el inmueble. <\/p>\n

Sobre el punto el testigo Jaime Vargas Becerra cont\u00f3, en relaci\u00f3n con las motivaciones que llevaron al promotor a vender la finca La Argentina, que \u00abtengo la idea de que fue por la presi\u00f3n de los paramilitares obligadamente.\u00bb Y al ser indagado sobre su conocimiento de otros vecinos que as\u00ed mismo se vieran forzados a vender sus fundos se\u00f1al\u00f3 \u00abno, no los conozco, de pronto como muchos casos que hubieron (sic) muertos, como la muerte de don Erin, por decir a don Juan Madrid tambi\u00e9n lo mataron, no mataron al viejo pero s\u00ed mataron al hijo y para nosotros los ganaderos no fue eso un secreto ni para las autoridades porque todo eso se sab\u00eda en esa regi\u00f3n.\u00bb (Folio 184, cuaderno 1). <\/p>\n

Gonzalo Vargas Becerra, refiri\u00e9ndose a los m\u00f3viles de Luis Armando Rinc\u00f3n para enajenar, dijo que \u00abyo creo que a \u00e9l lo desplazaron de la regi\u00f3n los grupos paramilitares pues yo creo que esa fue la raz\u00f3n para que se vendiera el predio La Argentina, porque inclusive yo ten\u00eda ganado en esa finca y un buen d\u00eda me lleg\u00f3 el encargado de La Argentina que los se\u00f1ores paramilitares nos daban 3 d\u00edas para que sac\u00e1ramos el ganado y realmente ese d\u00eda o sea al tercer d\u00eda llegaron como 50 hombres y dijeron que eso era de ellos, que todo lo que ten\u00eda don Armando Rinc\u00f3n era de ellos y yo saqu\u00e9 mi ganado y ah\u00ed quedaron ellos posesionados en la finca.\u00bb (Folios 191 a 192). <\/p>\n

Entonces, la intenci\u00f3n del vendedor al celebrar la compraventa estuvo dirigida a mermar la p\u00e9rdida econ\u00f3mica que estaba padeciendo, y como dicho pacto deriv\u00f3 de los citados actos violentos e ilegales de que fue v\u00edctima, trasluce que en \u00faltimas \u00e9stos fueron el factor determinante para que ajustara el contrato impugnado. <\/p>\n

Tal conclusi\u00f3n no aparece menguada con la alegaci\u00f3n de los apelantes -acogida por la Sala-, seg\u00fan la cual la presi\u00f3n ejercida por los grupos ilegales sobre Luis Armando Rinc\u00f3n \u00fanicamente tuvo el prop\u00f3sito de obtener el pago de extorsiones, pues tal argumento est\u00e1 desvirtuado en el tr\u00e1mite habida cuenta que, como se anot\u00f3, los paramilitares tambi\u00e9n desplazaron forzosamente al demandante y a su entorno familiar, seg\u00fan acredit\u00f3; adem\u00e1s, con su inscripci\u00f3n en el Registro \u00danico de Poblaci\u00f3n Desplazada (folios 154 a 173, cuaderno 1), y las sentencias de tutela de 14 de mayo de 2008 proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Bogot\u00e1 y 1\u00ba de julio siguiente de la Sala de Familia del Tribunal Superior del mismo distrito judicial, que concedieron el amparo constitucional y ordenaron dicho registro (folios 154 a 171, cuaderno 1). <\/p>\n

Tampoco puede aceptarse que la mudanza del propietario a mediados del a\u00f1o 2000 a la ciudad de Bogot\u00e1 implicara, sin m\u00e1s, el cese de las hostilidades ejercidas en su contra, porque, de un lado, el predio La Argentina sigui\u00f3 siendo ocupado por los grupos al margen de la ley, lo cual evidencia un actuar persistente de estos y, por contera, que la amenaza sobre la integridad reca\u00edda en contra del demandante continuaba. <\/p>\n

Menos puede aceptarse que la experiencia del enajenante, como hombre de negocios o pol\u00edtico del departamento de Casanare, tornara f\u00fatiles las amenazas y dem\u00e1s actos de que fue v\u00edctima -irrogados por los grupos ilegales- puesto que, recu\u00e9rdese, las agresiones pasaron al campo material y condujeron al abandono de su heredad, sin que pudiera retornar al estar ocupada por los ilegales y porque persist\u00eda la situaci\u00f3n de orden p\u00fablico en la zona. <\/p>\n

Adem\u00e1s, en tanto los demandados no acreditaron que en las antiguas laborales desempe\u00f1adas por Luis Armando Rinc\u00f3n, este recibiera improperios de tal gravedad como las amenazas de muerte que \u00e9l y su familia sufrieron de los paramilitares, o que desencadenaran el traslado de su residencia, tampoco que las materializaran con atentados como s\u00ed lo hicieron estos \u00faltimos. <\/p>\n

Y en segundo lugar, porque aun en el evento de que se hubiera acreditado tales hechos improbados, ser\u00eda desproporcionado acoger la tesis de que, debido a anteriores presiones pol\u00edticas o de otra \u00edndole padecidas por Luis Armando Rinc\u00f3n, en esta ocasi\u00f3n deb\u00eda persistir poniendo en riesgo no s\u00f3lo la mayor de sus garant\u00edas -el derecho fundamental a la vida-, sino tambi\u00e9n la de los integrantes de su hogar. <\/p>\n

Aceptar la postura defensiva de los enjuiciados -como lo hizo la decisi\u00f3n mayoritaria- traduce, ni m\u00e1s ni menos, el desconocimiento del derecho a la honra de las v\u00edctimas e irrespeto a su integridad, porque implica conminarlas a la revictimizaci\u00f3n, so pretexto de que acrediten la fuerza que soportaron y que da lugar al vicio del consentimiento en el contrato ajustado, en desmedro de su dignidad al exig\u00edrseles someterse a conductas adicionales a las padecidas. <\/p>\n

Finalmente, era intrascendente la falta de intervenci\u00f3n de los compradores en los hechos il\u00edcitos de marras, en tanto, como la jurisprudencia citada de esta Corte lo precis\u00f3, no es necesario demostrar que los adquirentes auspiciaron o ejercieron los referidos actos de violencia, s\u00f3lo basta acreditar que conscientemente obtuvieron una ganancia exagerada en relaci\u00f3n con la contraprestaci\u00f3n que entregaron, lo que se analizar\u00e1 en el numeral inmediatamente siguiente, por constituir el tercero y \u00faltimo presupuesto de la acci\u00f3n sometida al conocimiento de la Sala. <\/p>\n

En suma, probado estaba que la causa exclusiva que llev\u00f3 a contratar al reclamante deriv\u00f3 de los actos atemorizantes de que fue v\u00edctima, provenientes de grupos paramilitares que operaban en el municipio de Trinidad, entre otros; por lo que el segundo presupuesto axiol\u00f3gico de la acci\u00f3n bajo estudio se encontraba satisfecho. <\/p>\n

3.1.3. El tercer requisito de la pretensi\u00f3n de nulidad relativa fincada en la fuerza como vicio del consentimiento derivada de un ambiente de violencia en el pa\u00eds, consiste en la desventaja para el enajenante, ponderando el beneficio que el adquirente del bien recibi\u00f3 en relaci\u00f3n con el producto que entreg\u00f3. <\/p>\n

En el sub judice, el detrimento padecido por el demandante lo representaba el valor \u00ednfimo que recibi\u00f3 por la venta de su inmueble, para cuyo prop\u00f3sito fue practicado un dictamen pericial, cuyo objeto se concret\u00f3 en avaluar el predio La Argentina para la fecha del pacto refutado, probanza que arroj\u00f3 como resultado una estimaci\u00f3n de $589\u2019438.600 para el mes de julio del a\u00f1o 2001. <\/p>\n

Ese peritaje, apreciado al tenor del art\u00edculo 241 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, merec\u00eda credibilidad, habida cuenta de sus fundamentos precisos, firmes y cualitativos, toda vez que fue producto de la inspecci\u00f3n directa al predio practicada por el a-quo, de un trabajo topogr\u00e1fico, tuvo en cuenta la porci\u00f3n de la finca objeto de la compraventa demandada (aunque tambi\u00e9n valor\u00f3 otro terreno pose\u00eddo por el demandante que no fue objeto de la enajenaci\u00f3n denunciada) y utiliz\u00f3 el m\u00e9todo de comparaci\u00f3n de precios para la \u00e9poca, debido a que la posterior exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n petrolera en el departamento del Casanare gener\u00f3 un incremento inusitado del valor de los inmuebles, seg\u00fan inform\u00f3 el auxiliar de la justicia. <\/p>\n

Efectivamente, criticaron los convocados que el perito no s\u00f3lo avalu\u00f3 el predio La Argentina, sino que incluy\u00f3 lotes adyacentes que estaban en posesi\u00f3n de Luis Armando Rinc\u00f3n y que no aparecen titulados a nombre de este. <\/p>\n

No obstante que esta afirmaci\u00f3n es cierta, tal proceder no desdec\u00eda del peritaje en la medida en que el auxiliar de la justicia cuantific\u00f3 por separado ambos sectores, esto es, el predio La Argentina y los lotes adyacentes (denominados El Raudal, El Milagro y Matarrala), para darles valores separados en cuant\u00edas de $589\u2019438.600 para el primero que denomin\u00f3 \u00abtitulado\u00bb; y $497\u2019392.980 para los restantes nombrados \u00absin t\u00edtulo\u00bb. <\/p>\n

Por ende, aunque existi\u00f3 el exceso rese\u00f1ado en el escrito de objeci\u00f3n, no constitu\u00eda error grave que impusiera la desestimaci\u00f3n del aludido medio persuasivo, si en cuenta se tiene que el fin de la prueba qued\u00f3 cumplido. <\/p>\n

En tal orden de ideas, como la finca La Argentina materia del negocio impugnado ostentaba un precio de $589\u2019438.600 para el mes de julio del a\u00f1o 2001, col\u00edgese que la cantidad de $350\u2019000.000 que recibi\u00f3 el reclamante como precio (seg\u00fan lo aceptaron ambas partes en sus escritos de demanda -hecho 23- y r\u00e9plica), result\u00f3 significativamente inferior al real, lo que traduc\u00eda un desmedro en sumo lesivo para el vendedor. <\/p>\n

Adicionalmente, medi\u00f3 consciencia en los adquirentes de la compraventa respecto del provecho que obtendr\u00edan, toda vez que conoc\u00edan la situaci\u00f3n de violencia en los llanos orientales del pa\u00eds, producto de los hostigamientos realizados por los grupos paramilitares a la poblaci\u00f3n campesina. <\/p>\n

Al margen de que era innecesario acreditar la culpa del intimidante como requisito sine qua non de la nulidad deprecada22, lo cierto es que el demandado \u00d3scar de Jes\u00fas L\u00f3pez Cadavid, adquirente inicial del 50% del predio y actual due\u00f1o del mismo en su totalidad, tuvo contacto directo con esta realidad, como se deduce de su condena penal por el delito de concierto para promover grupos al margen de la ley, por hechos que datan de mediados del a\u00f1o 2000 en adelante, seg\u00fan sentencia de 19 de enero de 2011 dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, allegada en copia aut\u00e9ntica a este proceso. <\/p>\n

Adem\u00e1s dicha conciencia qued\u00f3 probada con la declaraci\u00f3n rendida por Jes\u00fas Emiro Pereira Rivera en el juicio penal referido en precedencia, quien al pregunt\u00e1rsele si, como integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia, tuvo conocimiento que la finca La Argentina fue adquirida por Benedicto Romero Barrera y \u00d3scar de Jes\u00fas L\u00f3pez Cadavid con autorizaci\u00f3n de ese grupo armado ilegal, contest\u00f3: \u00abS\u00ed, pero no era permiso, nos preguntaban cu\u00e1l era el problema que ten\u00eda esa finca, y se les dec\u00eda que el \u00fanico problema que tiene esa finca es que el vendedor nos tiene que dar la mitad, y cualquiera que nos fuera a comprar ten\u00eda que darnos la mitad como \u00fanica condici\u00f3n, sin nosotros buscar comprador. Nosotros no le dijimos al se\u00f1or Armando Rinc\u00f3n a qui\u00e9n ten\u00eda que venderla, que nosotros le quitamos la mitad eso es verdad. El se\u00f1or Armando Rinc\u00f3n \u00e9l mismo busc\u00f3 el comprador.\u00bb (Folio 61, cuaderno 2 del juicio penal allegado en copia como prueba trasladada). <\/p>\n

Este mismo testigo, en indagatoria que rindi\u00f3 en la investigaci\u00f3n penal iniciada en su contra por el delito de extorsi\u00f3n, corrobor\u00f3 aquella versi\u00f3n se\u00f1alando que conoci\u00f3 al interesado en comprar el inmueble en menci\u00f3n, pues adujo que \u00ab(l)o conoc\u00ed porque \u00e9l me busc\u00f3 para averiguar si pod\u00eda comprar una finca en el sector que nosotros ten\u00edamos influencia las autodefensas de Casanare, averiguando que qu\u00e9 problema ten\u00eda esa finca \u2018La Argentina\u2019 que a \u00e9l se la estaban ofreciendo y yo le cont\u00e9 que no ten\u00eda ning\u00fan problema, que el problema era que estaba decomisada al se\u00f1or Armando Rinc\u00f3n y la persona que comprara esa finca ten\u00eda que darnos el cincuenta por ciento de la venta. El se\u00f1or que me busc\u00f3 lo conoc\u00ed como \u2018Benedo\u2019, que era un comisionista de Paratebueno, \u00e9l me dijo que era comisionista, el se\u00f1or Benedicto Romero Barrera y \u00d3scar de Jes\u00fas L\u00f3pez Cadavid, me vengo a enterar de que ellos fueron los que compraron la finca porque yo tengo una denuncia del se\u00f1or Armando Rinc\u00f3n. (\u2026) es m\u00e1s la finca la pod\u00eda compara (sic) cualquier persona el hecho era que deb\u00eda darnos a nosotros la mitad o no compraba nadie.\u00bb (Folios 311 a 313, cuaderno \u201cAnexo 1\u201d). <\/p>\n

Y al ser cuestionado sobre la efectiva recepci\u00f3n de este porcentaje, anot\u00f3 el testigo que \u00ab(e)se fue el trato que se hizo de entregarme la mitad, no me acuerdo cu\u00e1nto fue si fueron doscientos o cuatrocientos millones espesos (sic), no me acuerdo, no me acuerdo si me los entreg\u00f3 por cuotas el se\u00f1or Benedo, \u00e9l nos pag\u00f3, porque si no paga tambi\u00e9n le hubi\u00e9ramos quitado la finca.\u00bb <\/p>\n

Aunque los demandados aseveraron que dichas declaraciones no pod\u00edan ser valoradas porque carecieron de ratificaci\u00f3n en este proceso, debido a que el peticionario no las solicit\u00f3, lo que impide su estimaci\u00f3n so pena de afectar el derecho a la defensa de aquellos, una revisi\u00f3n de los juicios penales aludidos desvirtuaba tal cr\u00edtica, ya que en el caso judicial seguido contra \u00d3scar de Jes\u00fas L\u00f3pez Cadavid este s\u00ed tuvo la oportunidad de contradicci\u00f3n, m\u00e1xime cuando su defensor de confianza estuvo presente en la audiencia de recepci\u00f3n del aludido testimonio, seg\u00fan da cuenta el acta contentiva de la misma (folios 53 a 63, cuaderno de copias n\u00ba 2). <\/p>\n

Igual sucede en relaci\u00f3n con el convocado Benedicto Romero Barrera, pues en la investigaci\u00f3n criminal seguida en contra del declarante Jes\u00fas Emiro Pereira Rivera, por el delito de extorsi\u00f3n, allegada en copia aut\u00e9ntica a este plenario, dicho demandado confiri\u00f3 poder a un profesional del derecho para que asumiera su defensa, quien -valga anotarlo- fue quien lo represent\u00f3 en las instancias de este proceso (folio 235, cuaderno \u201cAnexo 1\u201d). <\/p>\n

No cabe duda que sobre el punto la Sala tiene establecido que, trat\u00e1ndose de declaraciones trasladadas, es menester que en el juicio donde fueron recaudadas intervinieran todas las partes del nuevo pleito en el que se pretende hacerlas valer; o en su defecto, que en este sean ratificadas, por mandato del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n

Pero tales exigencias aparec\u00edan cumplidas en el sub judice, porque si bien las atestaciones de marras no fueron ratificadas en este proceso, en los tr\u00e1mites judiciales en los que fueron recaudadas s\u00ed intervinieron los ac\u00e1 accionados, a trav\u00e9s de apoderados judiciales, de donde qued\u00f3 garantizado su derecho a la defensa. <\/p>\n

En suma, se encontraba cumplido el presupuesto final de la pretensi\u00f3n bajo an\u00e1lisis, como quiera que los t\u00e9rminos en los cu\u00e1les el promotor suscribi\u00f3 el negocio impugnado generaron una lesi\u00f3n grave en su patrimonio, en la que medi\u00f3 aprovechamiento consciente de los compradores, ac\u00e1 demandados. <\/p>\n

3.2. Lo considerado en precedencia denotaba la prosperidad de la acci\u00f3n de nulidad relativa incoada por el accionante, fundada en doctrina que en esta oportunidad la Corte debi\u00f3 memorar, acerca de la aplicaci\u00f3n de los c\u00e1nones 1513 y 1514 del C\u00f3digo Civil, con un enfoque diferencial que restablezca los derechos de las v\u00edctimas del conflicto armado interno. <\/p>\n

Lo anterior impon\u00eda recordar que nace viciado de nulidad relativa el contrato en el que el comprador se aprovecha de las circunstancias de violencia generalizada que han creado temor en el vendedor, porque all\u00ed concurre la fuerza como vicio del consentimiento, a pesar de que la coacci\u00f3n no haya sido ejercida por el adquirente, como se explic\u00f3. <\/p>\n

Total, la causal de invalidaci\u00f3n sustancial invocada como pretensi\u00f3n principal era pr\u00f3spera, de donde debi\u00f3 confirmarse la decisi\u00f3n del juzgador a-quo que la declar\u00f3, lo cual relevaba a la Corte del estudio de la s\u00faplica subsidiaria (lesi\u00f3n enorme). <\/p>\n

5. No obstante que la Sala omiti\u00f3 pronunciarse sobre la excepci\u00f3n perentoria de prescripci\u00f3n planteada por los encausados respecto de la nulidad relativa invocada, es necesaria otra precisi\u00f3n porque la decisi\u00f3n mayoritaria s\u00ed adujo que era inaplicable el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 1750 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n

Para los suscriptores de este apartamiento, el cuatrienio aludido no feneci\u00f3, en la medida en que cuando el vicio del consentimiento que genera la nulidad relativa deriva de actos de violencia, el lapso prescriptivo inicia \u00abdesde el d\u00eda en que hubiere cesado\u00bb dicha violencia, al tenor del inciso 2\u00ba del precepto legal reci\u00e9n citado. <\/p>\n

Esto, aplicado al caso de autos, generaba que cuando fue presentada la demanda no hab\u00eda culminado el plazo citado, contado a partir del cese de hostilidades de que fue v\u00edctima el demandante. <\/p>\n

Sobre este aspecto, reiteramos, no puede aceptarse que la mudanza de Luis Armando Rinc\u00f3n, a mediados del a\u00f1o 2000 a la ciudad de Bogot\u00e1, implicara el fin de las amenazas ejercidas en su contra, para habilitar el conteo del t\u00e9rmino prescriptivo desde la fecha de celebraci\u00f3n del contrato, porque a pesar de ese traslado el predio La Argentina sigui\u00f3 siendo ocupado por los paramilitares, lo cual evidencia un actuar persistente de estos y, por contera, que la intimidaci\u00f3n reca\u00edda en contra del accionante continuaba. <\/p>\n

En adici\u00f3n, los convocados no acreditaron la fecha exacta en la que cesaron los actos de violencia ejercidos por los grupos al margen de la ley en contra de Luis Armando Rinc\u00f3n, a m\u00e1s de que el testigo Jes\u00fas Emiro Pereira Rivera, quien manejaba las finanzas de ese grupo ilegal en el municipio de Trinidad, relat\u00f3 que la prestaci\u00f3n ilegal por ellos exigida fue entregada por los compradores de la finca La Argentina, agregando no acordarse como fue pagada y dijo que pudo serlo en cuotas. <\/p>\n

Por ende, a pesar del desplazamiento forzado del demandante -que la sentencia acoge-, el grupo ilegal segu\u00eda al tanto de lo sucedido en el predio y de los negocios que el propietario pretendiera realizar, por lo cual no pod\u00eda afirmarse que la fecha de la enajenaci\u00f3n impugnada era el punto de partida para el c\u00e1lculo del lapso prescriptivo, pues la coacci\u00f3n sobre el vendedor era latente. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, por cuanto los actos delictivos de todos los frentes que conformaron el Bloque Centauros de los grupos de autodefensas que operaban en el departamento del Casanare concluyeron durante los meses de septiembre del 2005, abril del 2006 y diciembre del 2010, tras su desmovilizaci\u00f3n, seg\u00fan ha sido ampliamente difundido23, constituy\u00e9ndose en un hecho notorio, era esta \u00e9poca la que debi\u00f3 tenerse en cuenta en aras de calcular el plazo extintivo bajo estudio, de donde se extracta que no oper\u00f3 el fen\u00f3meno preclusivo. <\/p>\n

Efectivamente, aun iniciando el conteo cuatrienal desde la primera de las aludidas fechas, septiembre de 200524, se colige que para cuando fue presentada la demanda (6 de noviembre de 2007), tan s\u00f3lo hab\u00eda transcurrido el lapso de dos a\u00f1os y dos meses, m\u00e1xime si su auto admisorio fue notificado por estado al demandante el 15 de febrero de 2008 y a los convocados el 16 y 17 de abril siguiente, es decir, ocurri\u00f3 la interrupci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n

4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n

Lo explicado deja al descubierto que la Corte, de haber aplicado el principio iura novit curia -lo que en adici\u00f3n era de rigor- habr\u00eda estimado la pretensi\u00f3n del demandante, a trav\u00e9s de la cual deprec\u00f3 la nulidad relativa del contrato de compraventa objeto de su s\u00faplica principal. <\/p>\n

Desaprovechar la presente oportunidad para aplicar una hermen\u00e9utica que equipare las reglas del C\u00f3digo Civil a la actual realidad social y responda a las necesidades de los acuerdos de desmovilizaci\u00f3n, es una deuda hist\u00f3rica de esta Corporaci\u00f3n, que en esta ocasi\u00f3n no pudo ser saldada. <\/p>\n

Fecha ut supra. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado <\/p>\n

1\u0002 \tSC, 11 abr. 2000, exp.: 5410.
\n2\u0002 \tCS, 5 oct. 1939. G.J. XLVIII, 720.
\n3\u0002 \tLouis Josserand. Derecho \tcivil. Tomo II. Vol. I. Bosch y C\u00eda. Editores. Buenos Aires, \t1950. P\u00e1gs. 74 y 75.
\n4\u0002 \tSC, 5 de julio de 1977, G.J. CLV, p. 157.
\n5\u0002 \tSC, 21 jul. 2005, exp.: 2005-00794-00.
\n6\u0002 \tPreceptu\u00f3 esta \tley: \u201cen caso de perturbaci\u00f3n del orden p\u00fablico \tque haya dado lugar a la declaratoria del estado de sitio por \tconmoci\u00f3n interior, se tendr\u00e1 como fuerza que vicia el \tconsentimiento cualquier aprovechamiento del estado de anormalidad \tque se haga en la celebraci\u00f3n de un acto o contrato que se \ttraduzca en condiciones tan desfavorables que hagan presumir que en \tcircunstancias de libertad jur\u00eddica no se hubiera celebrado. \tQueda en estos t\u00e9rminos aclarado el sentido y alcance del \tart\u00edculo 1513 del C\u00f3digo Civil en cuanto al \tconsentimiento viciado por un estado de violencia generalizada\u201d
\n7\u0002 \tInforme \tdel centro nacional de memoria hist\u00f3rica; Tierras y \tconflictos rurales, historia, pol\u00edticas agrarias y \tprotagonistas; Centro nacional de memoria hist\u00f3rica, \t1\u00aa edici\u00f3n, septiembre de 2016, p\u00e1g. 35.
\n8\u0002 \tCentro \tnacional de memoria hist\u00f3rica; ob. cit. P\u00e1g. 37.
\n9\u0002 \tCentro \tnacional de memoria hist\u00f3rica; ob. cit. P\u00e1gs. 36 a 37.
\n10\u0002 \tCatherine \tLeGrand, Colonizaci\u00f3n y protesta campesina en Colombia \t(1850-1950), 2\u00aa edici\u00f3n, Universidad de los Andes, \tUniversidad Nacional de Colombia, Centro de Investigaciones y \tEducaci\u00f3n Popular, p\u00e1gs. \t56 a 57.
\n11\u0002 \tFood \tand Agriculture Organization. Organizaci\u00f3n de las Naciones \tUnidas para la agricultura y la alimentaci\u00f3n.
\n12\u0002 \tFAO-IICA, \tAnotaciones preliminares para el an\u00e1lisis del estado de la \treforma agraria en Colombia, Bogot\u00e1, 31 de octubre de 1970, \tMinisterio de Agricultura, Informe del Comit\u00e9 Evaluador de la \tReforma agraria, Bogot\u00e1 enero de 1971, citado en Absal\u00f3n \tMachado, \u00eddem.
\n13\u0002 \tComisi\u00f3n \tHist\u00f3rica del Conflicto y sus V\u00edctimas. Estudio \tsobre los or\u00edgenes del conflicto social armado, razones de su \tpersistencia y sus efectos m\u00e1s profundos en la sociedad \tcolombiana. Dar\u00edo \tFajardo M., Universidad Externado de Colombia, noviembre de 2014. \tP\u00e1g. 6.
\n14\u0002 \tOb. \tCit. P\u00e1g. 32.
\n15\u0002 \tCentro \tNacional de Memoria Hist\u00f3rica, (2016), Tierras y conflictos \trurales. Historia, pol\u00edticas agrarias y protagonistas, \tBogot\u00e1, CNMH. P\u00e1g. 291.
\n16\u0002 \tOb. \tCit. P\u00e1g. 292.
\n17\u0002 \tInforme \tdel Centro de Memoria Hist\u00f3rica. Justicia \ty paz. \u00bfVerdad judicial o verdad hist\u00f3rica? Septiembre \tde 2012. P\u00e1gs. 310 a 313.
\n18\u0002 \tEl art\u00edculo 14 del C\u00f3digo Civil \tse\u00f1ala que las leyes que se limitan a declarar el sentido de \totras leyes, se entender\u00e1n incorporadas en estas; pero no \tafectar\u00e1n en manera alguna los efectos de las sentencias \tejecutoriadas en el tiempo intermedio.
\n19\u0002 \tCSJ \tSentencia de 28 de julio de 1958.
\n20\u0002 \tCSJ sentencia de15 de abril de 1969.
\n21\u0002 \tFrancisco Messineo, Doctrina General del Contrato, Tomo 1, Ediciones \tJur\u00eddicas Europa-Am\u00e9rica, Buenos Aires, p\u00e1gs. \t143 a 144.
\n22\u0002 \tKarl \tLarenz, Derecho Civil, Parte general, Editorial Revista Derecho \tPrivado, 1978, p\u00e1g. 552.
\n23\u0002 \tInforme del Centro de Memoria \tHist\u00f3rica. Justicia \ty paz. \u00bfVerdad judicial o verdad hist\u00f3rica? septiembre \tde 2012. P\u00e1gs. 316 a 317.
\n24\u0002 \tFecha en la cual se desmovilizaron el frente Pedro Pablo Gonz\u00e1lez \ty el frente Capital.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC1681-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 85230-31-89-001-2008-00009-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de septiembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de mayo de dos mil diecinueve (2019). Casada la sentencia de segundo grado, emitida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, Casanare, y derrotada la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102490","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102490","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102490"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102490\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102490"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102490"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102490"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}