{"id":102492,"date":"2026-07-02T15:26:06","date_gmt":"2026-07-02T15:26:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102492"},"modified":"2026-07-02T15:26:06","modified_gmt":"2026-07-02T15:26:06","slug":"sc1899-2019-2015-00637-00","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc1899-2019-2015-00637-00\/","title":{"rendered":"SC1899-2019 (2015-00637-00)"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

SC1899-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2015-00637-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de febrero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Dec\u00eddese el recurso de revisi\u00f3n interpuesto por Mar\u00eda del Tr\u00e1nsito L\u00f3pez Bol\u00edvar y Gabriel Hernando Rodr\u00edguez Tinoco frente a la sentencia de 23 de agosto de 2013, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso Reivindicatorio que les promovi\u00f3 Hernando Toro Casta\u00f1o. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- El demandante en el libelo que origin\u00f3 el litigio de marras, deprec\u00f3 la declaraci\u00f3n del dominio pleno y absoluto del lote de terreno junto con la casa de habitaci\u00f3n en l construida, ubicado en la calle 5\u00aa No. 5-35, lote 23 de la Urbanizaci\u00f3n Santa Sofia (Madrid-Cundinamarca), as\u00ed como la restituci\u00f3n del inmueble, mejoras y frutos naturales o civiles percibidos o que hubiese podido recibir.
\nLo propio, por cuanto adquiri\u00f3 el referido predio mediante escritura p\u00fablica de compraventa No. 0118 de 28 de agosto de 2006, otorgada en la Notar\u00eda \u00danica de Bojac\u00e1- Cundinamarca, apareciendo como vendedoras las se\u00f1oras Leonor y Elena Rojas Pulido, quienes a su vez, lo adquirieron en com\u00fan y pro indiviso, con la hermana Ana Alicia Rojas Pulido (q.e.p.d.) de la compra del \u00abderecho de nuda propiedad\u00bb realizada a Daniel Pulido Ocampo (q.e.p.d.), a trav\u00e9s, de escritura p\u00fablica No. 5002 de 6 de diciembre de 1991; pero se encuentra privado de la posesi\u00f3n, comoquiera que los se\u00f1ores Mar\u00eda del Tr\u00e1nsito L\u00f3pez Bol\u00edvar y Gabriel Hernando Rodr\u00edguez la tienen desde el mes de octubre de 2004, fecha en la que falleci\u00f3 Daniel Pulido Ocampo, pues antes, su permanencia all\u00ed obedeci\u00f3 a la relaci\u00f3n laboral que tuvieron con el causante. <\/p>\n

2.- Admitida la demanda el d\u00eda 23 de junio de 2010, una vez trabada la litis los aqu\u00ed recurrentes propusieron las excepciones de m\u00e9rito denominadas \u00abilegitimidad del demandante\u00bb, \u00abinexistencia de raz\u00f3n v\u00e1lida para el lanzamiento de los demandados\u00bb y \u00abderecho de retenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

3.- Surtido el tr\u00e1mite de rigor, la primera instancia culmin\u00f3 con fallo estimatorio, proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Funza el 10 de octubre de 2012, en el que declar\u00f3 impr\u00f3speros los medios defensivos atr\u00e1s enunciados y dispuso la restituci\u00f3n del inmueble, neg\u00f3 el reconocimiento de mejoras \u00fatiles o expensas y declar\u00f3 parcialmente probada la objeci\u00f3n al dictamen pericial y en consecuencia, orden\u00f3 al perito restituir el 50% de los honorarios se\u00f1alados. El extremo pasivo impugn\u00f3 tal determinaci\u00f3n, deviniendo parcialmente confirmada el 23 de agosto de 2013 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, pues revoc\u00f3 el numeral sexto, y en su lugar, orden\u00f3 \u00abel pago del monto total fijado como honorarios al auxiliar de la justicia\u00bb. <\/p>\n

4.- Frente a esta \u00faltima providencia, los demandados interpusieron el recurso de revisi\u00f3n que es materia de decisi\u00f3n. <\/p>\n

EL RECURSO DE REVISI\u00d3N <\/p>\n

5.- Los impugnantes, en el escrito correspondiente (fls. 38 a 45), invocan la causal octava (8\u00aa) de revisi\u00f3n del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a prop\u00f3sito de que se anule la citada sentencia de segundo grado, la cual fundamentan, resumidamente, as\u00ed: <\/p>\n

5.1.- Esgrimen que en la oportunidad procesal se limitaron a sustentar la alzada interpuesta, no pidieron pruebas pero \u00abse le insinu\u00f3 al tribunal la conveniencia de decretar algunas pruebas de oficio\u00bb, empero \u00abel tribunal en lugar de resolver la solicitud que se tuvieran en cuenta las pruebas pedidas en el alegato de conclusi\u00f3n, profiri\u00f3 sentencia el 23 de agosto del a\u00f1o 2013 en la cual confirm\u00f3 todo lo de primer grado y neg\u00f3 lo pedido, pues en esto lo que se busca es la declaraci\u00f3n de un derecho que no es v\u00e1lido por ser violatorio del debido proceso, es por lo que se ha pedido se tenga en cuenta el principio de congruencia contemplado en el art\u00edculo 305 del C.P.C. \u2026\u00bb. <\/p>\n

Se\u00f1alan que \u00abla tesis del tribunal en punto es manifiestamente ilegal, pues el art\u00edculo 305 \u2026 es claro en manifestar que deben tener en cuenta todo lo que verse sobre el litigio y en ese sentido y que se pidi\u00f3 se tuviera en cuenta en su respectiva oportunidad procesal\u2026\u00bb. <\/p>\n

Y, censuran que \u00abesa nulidad se origin\u00f3, evidentemente, antes de la sentencia, es decir al momento de presentar el CONTRATO DE CESI\u00d3N DE DERECHOS, donde claramente se solicita al Juez de Primera Instancia se tenga como cesionaria a la se\u00f1ora MAR\u00cdA YOLANDA RUIZ, pero por razones extra\u00f1as el despacho desconoci\u00f3 esta solicitud, pero el demandante inicial se\u00f1or HERNANDO DE JES\u00daS TORO CASTA\u00d1O sigui\u00f3 el curso normal del proceso sin ver que esto perjudicar\u00eda ostensiblemente el proceso al punto de afectarlo con nulidad\u2026\u00bb. <\/p>\n

CONTESTACI\u00d3N DE LA DEMANDA <\/p>\n

En ese orden, refiri\u00f3 que \u00abes necesario anotar que lo manifestado por el recurrente de este recurso, en donde manifiesta que la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Cundinamarca, \u201cviola el debido proceso\u201d respecto de las pruebas que por un lado \u201cinsinu\u00f3\u201d , y por otro lado, afirma que \u201csolicit\u00f3\u201d y que no se tuvieron en cuenta para la toma de decisi\u00f3n de fondo, es temeraria, primero: porque el Juez de Segunda Instancia analiz\u00f3 los presupuestos procesales, objeto de an\u00e1lisis dentro del recurso de apelaci\u00f3n y segundo, porque las pruebas pedidas, no eran pertinentes, oportunas y en nada incid\u00edan en la decisi\u00f3n de fondo de la sentencia de primera instancia\u00bb. <\/p>\n

De otra parte, precis\u00f3 que \u00abel apoderado de los aqu\u00ed demandantes, alega incongruencia en la sentencia de segunda instancia de 23 de agosto de 2013, proferida por el Tribunal Superior de Cundinamarca de conformidad con el art. 305 del C.P.C., al no conceder lo pedido sin que se tenga en cuenta el principio de congruencia, de que habla el mencionado art\u00edculo. Se concluye en este hecho que las apreciaciones esgrimidas por el apoderado de los aqu\u00ed demandantes, es una falacia, que lo \u00fanico que pretenden es seguir y seguir dilatando este proceso, que ya lleva m\u00e1s de nueve (9) a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n

Y finalmente anot\u00f3, que \u00ablo se\u00f1alado por el ad-quem, es cierto. Mi poderdante MAR\u00cdA YOLANDA SILVA, no intervino en el proceso ordinario reivindicatorio, no lo pidi\u00f3 y tampoco se hizo parte del mismo, con objeto de que este proceso continuara en cabeza del se\u00f1or HERNANDO DE JES\u00daS TORO CASTA\u00d1O, con el fin de que el cedente hiciera entrega de las resultas del mencionado, o sea, del bien inmueble, tal como figura en la escrita p\u00fablica No. 2527 de 19 de noviembre de 2010 \u2026 lo anterior, quiere decir que el se\u00f1or HERNANDO DE JES\u00daS TORO CASTA\u00d1O, ten\u00eda la obligaci\u00f3n de entregar el bien inmueble saneado a la se\u00f1ora MAR\u00cdA YOLANDA SILVA, siendo este hecho legal y concordado con la consideraci\u00f3n del ad-quem, no se viol\u00f3 el debido proceso como lo alega el apoderado de los demandantes de este proceso, ya que el mismo, tanto en primera instancia, como en segunda instancia, se realiz\u00f3 con las mismas partes\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- Antes que otra cosa, cumple relevar que si bien el C\u00f3digo General del Proceso entr\u00f3 a regir de manera integral el 1\u00b0 de enero de 2016, lo cierto es que como la formulaci\u00f3n, admisi\u00f3n y tr\u00e1mite de la demanda de revisi\u00f3n se despleg\u00f3 al cobijo del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, habida cuenta que el medio de disenso extraordinario de que aqu\u00ed se trata se formul\u00f3 en el a\u00f1o 2015 (fl. 45), este \u00faltimo ordenamiento legal -y no aquel- ser\u00e1 el que tambi\u00e9n gobierne el presente pronunciamiento. <\/p>\n

2.- Depurado lo anterior, esgr\u00edmese que esta Corporaci\u00f3n ha hecho perenne hincapi\u00e9 en que la inmutabilidad de la sentencia ejecutoriada es un fundamento esencial del orden jur\u00eddico y asimismo soporte de los derechos de los justiciados, tal como lo reconoci\u00f3 el legislador al instituir como principio medular, en el punto, el de la \u00abcosa juzgada\u00bb; empero, este postulado no es absoluto, por cuanto la entronizaci\u00f3n de la garant\u00eda de la justicia conduce a exceptuar de \u00e9l, en aras de permitir su restablecimiento, los fallos proferidos en aquellos procesos en los que tales bastiones hubieren sido conculcados. <\/p>\n

Con el designio de remediar esa situaci\u00f3n fue forjado el \u00abrecurso de revisi\u00f3n\u00bb, el cual tiende a quebrar la fuerza del apuntado fundamento basilar en los espec\u00edficos y taxativos casos autorizados por el art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en orden a resguardar las garant\u00edas procesales en el evento de haber sido vulneradas. <\/p>\n

La naturaleza extraordinaria del se\u00f1alado medio impugnativo impone no s\u00f3lo que los motivos que lo autorizan sean restrictos, sino que, por regla general, deben originarse en circunstancias ex\u00f3genas al proceso dentro del cual se dict\u00f3 el fallo opugnado, constituyendo, en esencia, situaciones novedosas que, de haberse conocido, habr\u00edan conducido a otro resultado. <\/p>\n

Por tanto, con este recurso no es factible controvertir, por fundamento, los cimientos que sustentan la sentencia impugnada, o discutir los problemas debatidos en el proceso, o propiciar una nueva oportunidad para formular hechos exceptivos, ni mucho menos mejorar la prueba aportada al litigio, pues ello implicar\u00eda abrir la compuerta a una no autorizada tercera instancia. Y es que la interposici\u00f3n del mismo presupone una relaci\u00f3n procesal ya cerrada y, por eso, en su \u00e1mbito, que en cierta forma corresponde a las llamadas \u00abacciones impugnativas\u00bb con efectos rescisorios, no es plausible reeditar el conflicto. <\/p>\n

3.- Conforme se acot\u00f3, en el asunto que ahora concita la atenci\u00f3n de la Sala, los recurrentes invocaron la causal 8\u00aa del art\u00edculo 380 ejusdem, consistente en \u00ab[[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u00bb. <\/p>\n

Adem\u00e1s ha expuesto, en torno a la mentada causal de revisi\u00f3n, en CSJ SC17188-2014, 16 dic. 2014, rad. 2011-02515-00, que: <\/p>\n

Como requisitos estructurales del mencionado motivo de revisi\u00f3n el legislador estableci\u00f3, como puede advertirse f\u00e1cilmente del texto de esa disposici\u00f3n, dos, a saber: i) que la nulidad se origine en la sentencia, lo que excluye, en consecuencia, cualquier causa de anulaci\u00f3n que se presente durante el tr\u00e1mite del proceso de que se trate; y ii) que contra dicha decisi\u00f3n no sea procedente ning\u00fan otro recurso. <\/p>\n

La Corte ha precisado que la nulidad, adem\u00e1s de tener un talante aut\u00f3nomo en el \u00e1mbito de este recurso extraordinario, pues no obedece puntualmente a las causales consagradas en el art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, puede tener ocurrencia en unos eventos espec\u00edficos. <\/p>\n

As\u00ed lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n: \u00ab[e]s necesario dejar sentado que la causal 8\u00aa del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, tiene su propia fisonom\u00eda, de modo que acudir a ella no implica necesariamente emplear un camino alternativo para plantear las mismas nulidades previstas en el art\u00edculo 140 ib\u00eddem, lo cual lleva a morigerar el planteamiento seg\u00fan el cual hay identidad entre las causales de nulidad de la sentencia y los motivos de invalidaci\u00f3n del proceso previstos en la referida norma\u00bb (CSJ SC, 29 Ago. 2008, Rad. 2004-00729-01). <\/p>\n

[\u2026] Con este panorama el asunto se contrae a establecer si en la sentencia enjuiciada se incurri\u00f3 en alguno de esos desaciertos, todos alusivos a una grave conculcaci\u00f3n de garant\u00edas procesales reconocidas como elementales por el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n

De otra parte, dada la naturaleza dispositiva del recurso, le incumbe al censor demostrar la configuraci\u00f3n de alguna de esas espec\u00edficas situaciones antes referidas, sin que sea viable debatir nuevamente el tema litigioso. <\/p>\n

Igualmente, en CSJ SC, 10 sep. 2013, rad. 2011-01713-00, y CSJ SC10121-2014, 4 ago. 2014, rad. 2011-02258-00, se pregon\u00f3 que: <\/p>\n

La causal 8\u00aa de revisi\u00f3n, a su turno, hace referencia a la nulidad originada exclusivamente en el acto mismo de dictar la sentencia, siempre que \u00e9sta no haya sido susceptible de apelaci\u00f3n, pues si existi\u00f3 esa posibilidad, el supuesto vicio debi\u00f3 alegarse en la respectiva sustentaci\u00f3n del recurso y ser debatido en la segunda instancia; de modo que si la impugnaci\u00f3n ordinaria era procedente y no se interpuso, la eventual nulidad hubo de quedar saneada. <\/p>\n

Respecto de esta causal, ha reiterado la Corte que \u2018\u2026no se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en \u00e9ste el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esta oportunidad, so pena de considerarla saneada; ni tampoco de indebida representaci\u00f3n ni falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, que constituye causal espec\u00edfica y aut\u00f3noma de revisi\u00f3n, como lo indica el numeral 7\u00ba del texto citado, sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible del recurso de apelaci\u00f3n o casaci\u00f3n, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad, como lo ser\u00eda, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacci\u00f3n o perenci\u00f3n; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta estando suspendido el proceso\u2019. (CXLVIII, 1985). <\/p>\n

Reiterando que: <\/p>\n

\u00abla causal octava de revisi\u00f3n- que se funda en la nulidad originada en la sentencia- se refiere \u2013 a la nulidad que surge en el acto mismo de dictar el fallo con que termina el juicio\u2026\u00bb, pues en definitiva \u00abno se trata, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en \u00e9ste el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esta oportunidad, so pena de considerarla saneada\u2026 como lo ser\u00eda por ejemplo, el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacci\u00f3n o perenci\u00f3n; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta estando suspendido el proceso\u2026\u00bb o en ocasiones m\u00e1s recientes, se tiene que cuando \u00abla sentencia (sea) firmada con menor n\u00famero de magistrados o adoptada con un n\u00famero de votos diversos al previsto por la ley\u2026 al resolver la solicitud de aclaraci\u00f3n del fallo termina modific\u00e1ndolo (y\/o) cuando se dicta sentencia sin haberse abierto el proceso a pruebas o sin que se haya corrido traslado para alegar cuando el procedimiento as\u00ed lo exija\u2026\u00bb (Subrayado fuera de texto) (CSJ SC018-2018, 29 ene. 2018, rad. 2014-02700-00). <\/p>\n

4.- De acuerdo con la cabal estructuraci\u00f3n de la referida causal, como condici\u00f3n sine qua non determinante del \u00e9xito del recurso de revisi\u00f3n, es indispensable probar, de modo irrefutable, los convergentes elementos que a ella conciernen, lo cual, cabe destacarlo, no ocurri\u00f3 en el presente evento, seg\u00fan pasa a denotarse. <\/p>\n

4.1.- Para empezar, es menester para la prosperidad de la causal octava (8\u00aa), la existencia y demostraci\u00f3n por los recurrentes, en el fallo que termina el litigio, de irregularidades con la fuerza suficiente para invalidarlo, esto es, que el vicio que dimana como constitutivo de nulidad \u00abdebe ser de naturaleza estrictamente procesal, lo que evidentemente excluye los errores de juicio ata\u00f1aderos con la aplicaci\u00f3n del derecho sustancial, la interpretaci\u00f3n de las normas y la apreciaci\u00f3n de los hechos y de las pruebas que le puedan ser imputados al sentenciador. En realidad, dicho motivo de revisi\u00f3n tiene por finalidad abolir una sentencia cuando en ella misma o con ocasi\u00f3n de su pronunciamiento se ha vulnerado el debido proceso o menoscabado el derecho de defensa, cual ocurre, por ejemplo, si se dicta contra una persona que no ha sido parte en el proceso o pretermiti\u00e9ndose la etapa de alegaciones\u00bb (CSJ SC, 22 sep. 1999, rad. 7421); no se trata, entonces, de cualquier anomal\u00eda ni tampoco de una equivocada fundamentaci\u00f3n de la providencia, o de un yerro del juez en la apreciaci\u00f3n de las pruebas ora en la aplicaci\u00f3n de las normas que han de dirimir el conflicto. <\/p>\n

4.2.- En ese orden, cumple se\u00f1alar, que el compendio de los fundamentos del medio impugnativo ejercitado permite establecer, por fuera de toda duda, que el mismo viene a utilizarse, con el prop\u00f3sito de denunciar, de una parte, que el Tribunal Superior de Cundinamarca no decret\u00f3 pruebas de oficio, que afirman los interesados, le insinuaron en el escrito de alegatos del recurso de alzada, y de otra, que la referida Corporaci\u00f3n omiti\u00f3 tener en cuenta la incongruencia en la que incurri\u00f3 el a-quo al proferir la sentencia de primera instancia, cuando decidi\u00f3 a favor de una persona que no era parte del juicio, esto es, al declarar como titular del derecho de dominio del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula No. 50C-402480, al se\u00f1or Hernando de Jes\u00fas Toro Casta\u00f1o, quien seg\u00fan documento allegado al asunto de marras cedi\u00f3 los derechos litigiosos a Mar\u00eda Yolanda Silva; reconociendo los recurrentes, a su vez, que \u00abesa nulidad se origin\u00f3, evidentemente, antes de la sentencia \u2026 al momento de presentar el CONTRATO DE CESI\u00d3N DE DERECHOS, donde claramente se solicita al juez de primera instancia se tenga como cesionaria a la se\u00f1ora MAR\u00cdA YOLANDA RUIZ\u00bb; fundamentos que valga decirlo, no tienen la virtud de configurar la causal invocada. <\/p>\n

Y es que, las omisiones reprochadas al ad-quem, en lo que respecta al tema de pruebas de oficio y al punto de la \u00abincongruencia\u00bb endilgada al fallo de primera instancia, bajo el argumento de que los vicios en esa inactividad afectaron de nulidad la sentencia proferida, no son de recibo, pues como se anot\u00f3 en precedencia, este especial medio de defensa no est\u00e1 instituido como una nueva oportunidad para el \u00abreplanteamiento del debate probatorio\u00bb y, menos a\u00fan, cuando las inconformidades tendr\u00edan origen en el curso del proceso y, no al momento de adoptar la decisi\u00f3n de fondo. <\/p>\n

4.2.1.- En lo relacionado con las \u00abpruebas de oficio\u00bb, es del caso precisar, que el ad-quem involucrado dentro de las facultades reconocidas por el estatuto procesal civil, decret\u00f3 en auto de 19 de julio de 2013, las documentales que estim\u00f3 pertinentes y \u00fatiles al asunto objeto de alzada, lo cual desvirt\u00faa lo afirmado por los recurrentes, frente a la presunta omisi\u00f3n del referido colegiado; ahora si lo pretendido por los recurrentes era el decreto oficioso de las pruebas solicitadas en segunda instancia y que le fueron negadas por improcedentes a la luz del art. 361 del C.P.C., tampoco tiene lugar la inconformidad en ese sentido, pues en \u00faltimas el Tribunal Superior de Cundinamarca, adopt\u00f3 una y otra determinaci\u00f3n con sustento en la normatividad aplicable y en uso de las facultades reconocidas con autoridad judicial, resoluciones revestidas de legalidad. <\/p>\n

Respecto a la facultad – deber de pruebas de oficio de los funcionarios judiciales, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n

Los art\u00edculos 37-4, 179 y 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u2026 otorgan poderes a los jueces para decretar pruebas de oficio, en aras de obtener elementos de juicio id\u00f3neos y suficientes dirigidos a escrutar la realidad y veracidad de los hechos sometidos a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n

Se trata de una valios\u00edsima herramienta de instrucci\u00f3n probatoria que recobra todo su vigor en el Estado Constitucional para vencer las sombras, las penumbras y las incertidumbres frente a la verdad real, en pos de la protecci\u00f3n y reconocimiento de los derechos subjetivos de los justiciables. <\/p>\n

La facultad, a su vez, deber legal, tiene lugar, conforme a dichas disposiciones, cuando el juez \u201cconsidere conveniente[s]\u201d o \u201c\u00fatiles\u201d las pruebas, en orden a \u201cverificar\u201d los hechos \u201calegados\u201d o \u201crelacionados\u201d por las partes y \u201cevitar nulidades y providencias inhibitorias\u201d. <\/p>\n

No cualquier hecho, por tanto, puede ser comprobado inquisitivamente, porque de ser as\u00ed, se sorprender\u00eda a los extremos de la relaci\u00f3n procesal, en desmedro de las garant\u00edas m\u00ednimas de defensa y contradicci\u00f3n. De ah\u00ed que para formar su propio juicio, seg\u00fan la circunstancia de que se trate, el juez no puede salirse de las verdades o realidades objetivas que se encuentren involucradas, ni tampoco puede asaltar las supremas reglas probatorias de la conducencia, la pertinencia y utilidad del medio de convicci\u00f3n oficiosamente decretado.
\n(\u2026) <\/p>\n

No se trata, desde luego, de cubrir la carga probatoria de los sujetos en contienda, respecto a un determinado hecho, propio del sistema dispositivo (art\u00edculo 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), sino de encadenar los rasgos esenciales de ese principio con el poder deber oficioso mencionado, inherente al paradigma inquisitivo, para as\u00ed responder a la verdad y al derecho sustancial. <\/p>\n

La pr\u00e1ctica de oficio de pruebas, como facultad deber, en consecuencia, no es una potestad antojadiza o arbitraria, sino un medio para destruir la incertidumbre y procurar mayor grado de convicci\u00f3n o (…) aumentar el est\u00e1ndar probatorio (\u2026)\u201d, seg\u00fan se explic\u00f3 en el precedente antes citado, permitiendo as\u00ed, no solo fundamentar con mayor rigor y vigor la decisi\u00f3n, sino evitando el suced\u00e1neo de las providencias inhibitorias o la prevalencia de la regla de inexcusabilidad para fallar (non liquet). <\/p>\n

El decreto oficioso de pruebas no implica suprimir el principio dispositivo que regula en forma general esa precisa materia, ni supone aplicarlo de manera inopinada en todos los casos. Esto significa que el sistema h\u00edbrido, por lo visto, de car\u00e1cter excepcional, impone examinar para su aplicaci\u00f3n, la conducencia o idoneidad legal, la pertinencia y la utilidad, la conveniencia o necesidad del medio; precisamente, como hitos a la discrecionalidad o al desafuero del juez, seg\u00fan arriba se anticip\u00f3\u2026.\u00bb (CSJ SC1656-2018 18my. 2018, rad. 2012-00274-01). <\/p>\n

4.2.2.- Por otra parte, el cuestionamiento medular de los interesados gira en torno a la \u00abcesi\u00f3n de derechos litigiosos\u00bb que Hernando de Jes\u00fas Toro Casta\u00f1o le hiciere a Mar\u00eda Yolanda Silva tr\u00e1mite que efectivamente obra en el sub j\u00fadice, y del cual el juez de primer grado no hizo pronunciamiento alguno, ni antes ni en la sentencia; pues consideran que el proceso se adelant\u00f3 respecto a Toro Casta\u00f1o sin tener la calidad de parte; empero, lo cierto es, que tal situaci\u00f3n que incomoda a los recurrentes y por la cual demandan la revisi\u00f3n del fallo proferido por el Tribunal Superior de Cundinamarca, no configura causal alguna de nulidad originada en la sentencia, comoquiera que el referido hecho no tuvo su g\u00e9nesis en la misma sino en el curso del proceso reivindicatorio, en el que los aqu\u00ed demandantes fueron parte, y estuvieron asistidos por apoderado, sin embargo, solo hasta los alegatos del recurso de alzada se ocuparon del tema. <\/p>\n

4.3.- As\u00ed las cosas, visto el asunto aqu\u00ed planteado de cara a los presupuestos exigidos para la prosperidad de la causal invocada, emerge con claridad, que el debate que ahora plantean los recurrentes no se aviene al preciso alcance que la ley y la jurisprudencia le confiere a la causal en la cual soportan la impugnaci\u00f3n extraordinaria; pues es incuestionable que los argumentos que le sirven de soporte son propios del debate probatorio y desarrollo procesal del asunto puesto a consideraci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n que necesariamente debieron ser discutidos en el tr\u00e1mite de las instancias o cuestionarse en ellas a trav\u00e9s de los medios de impugnaci\u00f3n ordinaria que autoriza el legislador. <\/p>\n

5.- En compendio, examinados en conjunto los medios probativos compilados en el presente tr\u00e1mite de cara a cada uno de los concretos argumentos fundantes de la causal empleada para la acusaci\u00f3n, colige la Sala que, it\u00e9rase, no est\u00e1n colmadas las necesarias exigencias para que pueda despacharse en forma favorable el recurso de revisi\u00f3n estudiado, motivo por el cual en ese sentido se emitir\u00e1 el pronunciamiento. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n objeto del presente pronunciamiento. <\/p>\n

TERCERO: Devolver, cumplido lo anterior, el expediente al juzgado de origen, junto con copia de esta providencia. Una vez ello, arch\u00edvese lo actuado. <\/p>\n

Notif\u00edquese y C\u00famplase <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente SC1899-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2015-00637-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de febrero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecinueve (2019). Dec\u00eddese el recurso de revisi\u00f3n interpuesto por Mar\u00eda del Tr\u00e1nsito L\u00f3pez Bol\u00edvar y Gabriel Hernando Rodr\u00edguez Tinoco frente a la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102492","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102492","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102492"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102492\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102492"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102492"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102492"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}