{"id":102493,"date":"2026-07-02T15:27:58","date_gmt":"2026-07-02T15:27:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102493"},"modified":"2026-07-02T15:27:58","modified_gmt":"2026-07-02T15:27:58","slug":"sc1732-2019-2005-00539-01","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc1732-2019-2005-00539-01\/","title":{"rendered":"SC1732-2019 (2005-00539-01)"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente
\nSC1732-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-029-2005-00539-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el apoderado judicial de Guillermo Alfonso Trujillo G\u00f3mez (q.e.p.d.) frente a la sentencia de 29 de enero de 2013, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil de Descongesti\u00f3n, dentro del proceso que promovi\u00f3 contra Granbanco S.A. -hoy Banco Davivienda S.A.- <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El demandante solicit\u00f3 que se condenara a la accionada a pagar $4.000.000.000, a t\u00edtulo de perjuicios, por abusar de sus derechos en el manejo y administraci\u00f3n de los cr\u00e9ditos que le otorg\u00f3 o, complementaria o alternativamente, por (i) enriquecimiento sin justa causa; (ii) cobros o imputaciones indebidas; (iii) violaci\u00f3n de la ley; (iv) pr\u00e1ctica abusiva de capitalizaci\u00f3n de intereses; (v) malas pr\u00e1cticas bancarias; (v) destinaci\u00f3n indebida de cr\u00e9ditos Finagro; (vi) falta de esmero profesional o diligencia; (vii) violaci\u00f3n del principio de equidad, buena fe, seguridad, igualdad y protecci\u00f3n al usuario; (vii) no garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales; y (ix) cobrar intereses adicionales. <\/p>\n

2. Estas reclamaciones tuvieron como sustento que, con ocasi\u00f3n del proyecto de reconversi\u00f3n cafetera para el cultivo de frutales en tierra fr\u00eda, asistido por Prodesarrollo, el demandante adquiri\u00f3 m\u00faltiples pr\u00e9stamos de los denominados Finagro, tramitados por la convocada, quien omiti\u00f3 su obligaci\u00f3n de otorgar los beneficios concedidos por el gobierno nacional entre 1993 y 2000, y falt\u00f3 a la debida diligencia, pues los recursos desembolsados se utilizaron para su propio beneficio y en transgresi\u00f3n de la destinaci\u00f3n espec\u00edfica que le era connatural. <\/p>\n

Frente al cr\u00e9dito 256359500451-1 remarc\u00f3 que no fue utilizado para el desarrollo y culminaci\u00f3n de las siembras, sino que se imput\u00f3 anticipadamente a otros mutuos y al pago de servicios financieros, con lo que se hizo inviable el proyecto por la disminuci\u00f3n de recursos econ\u00f3micos. Proceder que, seg\u00fan el accionante, demuestra una irregular imputaci\u00f3n de pagos y anticipaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, as\u00ed como la privaci\u00f3n de dineros que debieron emplearse en la siembra de 40 hect\u00e1reas de manzana. \u00abComo consecuencia de la actitud de Bancaf\u00e9, todo el programa se descuadr\u00f3, y empez\u00f3 a cargar con una sobredosis econ\u00f3mica, debiendo soportar anticipadamente la recapitalizaci\u00f3n de intereses -por el anatocismo flagrante\u00bb (folio 259), con tasas equivalentes al 39.56%, distantes del alivio decretado de un 18% anual vencido. <\/p>\n

Precis\u00f3 que el cr\u00e9dito ordinario 256329600016-4, por $450.000.000, con una tasa de inter\u00e9s equivalente al 35.11% anual, tambi\u00e9n se abon\u00f3 a cr\u00e9ditos de fomento y a mutuos contra\u00eddos por terceras personas, con lo que \u00abgener\u00f3 otro nuevo anatocismo, al crear obligaciones con altos intereses, para sufragar intereses anteriores y saldar obligaciones que se hab\u00edan contra\u00eddo con bajos intereses y a largo plazo\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n

Relat\u00f3 el accionante que hicieron dos abonos de $270.000.000 y $191.049.696, el 2 de enero y 3 de junio de 1997, respectivamente, que fueron imputados a cr\u00e9ditos que no eran exigibles, sin saldar los que se encontraban en mora. <\/p>\n

Resalt\u00f3 que el Banco mantuvo cr\u00e9ditos vencidos y premeditadamente interpuso una acci\u00f3n de ejecuci\u00f3n para embargar el predio denominado Valles, sin tener en cuenta que los valores abonados ascend\u00edan a $911.049.696, muy superiores a la deuda por $649.825.000, y que rehus\u00f3 la daci\u00f3n en pago que le fue ofrecida, lo que motiv\u00f3 el inicio de un proceso concordatario (folios 251 a 282 ejusdem).
\n3. Una vez admitido el libelo, Granbanco S.A. neg\u00f3 algunos hechos y clarific\u00f3 otros; propuso las excepciones de m\u00e9rito que intitul\u00f3: inexistencia de abuso del derecho, inexistencia de perjuicio del demandante, inexistencia de enriquecimiento sin causa, ausencia de buena fe del demandante, dolo, aplicaci\u00f3n de alivios, inexistencia de responsabilidad y ausencia de causa para demandar (folios 375 a 389 ibidem). <\/p>\n

4. El Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C., al fallar la controversia en primera instancia, declar\u00f3 probada oficiosamente la excepci\u00f3n de falta de legitimidad por pasiva y neg\u00f3 las s\u00faplicas de la demanda (folios 1038 a 1051 del cuaderno 1A). <\/p>\n

5. Al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta por el pretensor, el Tribunal confirm\u00f3 la decisi\u00f3n, por las razones que se exponen en lo sucesivo (folios 74 a 101 del cuaderno 8): <\/p>\n

5.1. Clarific\u00f3 que al caso no resultan aplicables las normas sobre cesi\u00f3n de t\u00edtulos valores o cr\u00e9ditos, pues no se pretendi\u00f3 la ejecuci\u00f3n de obligaciones, sino la responsabilidad del cedente en la ejecuci\u00f3n de los contratos celebrados con el promotor. <\/p>\n

5.2. Record\u00f3 que el entonces Banco Cafetero cedi\u00f3 a Central de Inversiones S.A. -CISA- la posici\u00f3n contractual que ten\u00eda en los mutuos otorgados a Guillermo Trujillo, instrumentada mediante el convenio interadministrativo de compraventa suscrito entre las partes, que es eficaz por no estar prohibida su realizaci\u00f3n y referirse a un contrato que se encontraba en ejecuci\u00f3n. <\/p>\n

Con la cesi\u00f3n, CISA asumi\u00f3 la totalidad de las obligaciones del Banco, siendo la llamada a responder, discutir u oponerse a las pretensiones formuladas, aunque se apoyen en hechos ocurridos o realizados por el cedente, quien carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n

5.3. Sostuvo el ad quem que la legitimaci\u00f3n es un aspecto que debe estudiarse al fallar, aunque no se haya propuesto como defensa, por tratarse de un requisito de la sentencia favorable. <\/p>\n

LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n

El escrito de sustentaci\u00f3n presentado por el convocante tiene tres (3) reproches, de los cuales \u00fanicamente se admiti\u00f3 el inicial por prove\u00eddos AC7158 de 24 de noviembre de 2014 y AC2444 de 12 de mayo de 2015 (folios 110 a 126 y 138 a 143 del cuaderno Corte). <\/p>\n

CARGO PRIMERO <\/p>\n

Se denunci\u00f3 la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 110, 114, 116, 117, 619, 620, 621, 624, 625, 626, 629, 630, 651 a 667, 709 a 711, 780, 793, 887 a 896 del C\u00f3digo de Comercio, 60 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, 1969, 1970, 1971, 1972 del C\u00f3digo Civil, ley 795 de 2003, decreto 4819 de 2007, ley 222 de 1995 y ley 1116 de 2006, por los siguientes errores de hecho: <\/p>\n

1. Omitir que los cr\u00e9ditos cuya gesti\u00f3n se demanda eran litigiosos, pues se hab\u00eda promovido un proceso ejecutivo para su cobro y fueron incorporados al proceso concursal, seg\u00fan el certificado expedido por el Juzgado 2\u00b0 Civil de Circuito de Manizales, en sustento de lo cual transcribi\u00f3 varias normas del T\u00edtulo XXV del Libro IV del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n

Rehus\u00f3, en consecuencia, la aplicaci\u00f3n de las normas sobre cesi\u00f3n de contratos, porque en el caso se cuestionaron conductas abusivas relativas al negocio personal\u00edsimo de cuenta corriente y por hechos anteriores al convenio interadministrativo. Adem\u00e1s, el mutuo es de ejecuci\u00f3n instant\u00e1nea, al perfeccionarse con la transferencia del dinero, caso en el cual es necesaria la aceptaci\u00f3n del contratante cedido para que opere la cesi\u00f3n. <\/p>\n

2. Tener por probado que los pagar\u00e9s, contentivos de los cr\u00e9ditos cuya gesti\u00f3n se reclama, fueron endosados a CISA, pues una revisi\u00f3n de los mismos deja en evidencia que esto no se hizo. <\/p>\n

Record\u00f3 el casacionista que es el endoso, y no la cesi\u00f3n, el mecanismo para transferir derechos contenidos en los t\u00edtulos valores, en aplicaci\u00f3n de los principios de literalidad, legitimaci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y autonom\u00eda. <\/p>\n

3. Presumir la prueba de la cesi\u00f3n de derechos litigiosos, la notificaci\u00f3n de la cesi\u00f3n, que los pagar\u00e9s pod\u00edan ser objeto de una cesi\u00f3n contractual y que un documento aislado de otro proceso es v\u00e1lido para transferir derechos litigiosos, en desatenci\u00f3n de que la demanda pretende la declaratoria de responsabilidad del banco por actuaciones propias. <\/p>\n

El recurrente tambi\u00e9n censur\u00f3 que no se valorara integralmente el convenio interadministrativo, el cual descartaba que pudiera considerarse como una cesi\u00f3n, por corresponder a un acuerdo marco, con reglas generales que deb\u00edan satisfacerse para lograr la cesi\u00f3n de derechos litigiosos, en particular, presentar un memorial al juez. <\/p>\n

4. Suponer, con base en el auto de 12 de abril de 2005 del proceso concursal, que los cr\u00e9ditos cuya responsabilidad se reclama fueron cedidos por el convenio interadministrativo y que se hizo la notificaci\u00f3n, pues dicha providencia se limit\u00f3 a exigir que se arrimara el acuerdo y se precisaran los cr\u00e9ditos. <\/p>\n

El casacionista reiter\u00f3 que el contrato es general, sin particularizar ninguna relaci\u00f3n concreta, \u00abcuya transferencia requiere hacerse literalmente, mediante documento unido al propio t\u00edtulo, para legitimar a un eventual endosatario\u00bb (folio 47). <\/p>\n

5. Desconocer el objeto social de CISA y las normas que la regulan, porque \u00e9stas impiden que sea subrogataria o cesionaria de obligaciones de terceros, pues su funci\u00f3n se reduce a normalizar u monetizar activos inmobiliarios. La cesi\u00f3n, entonces, recaer\u00eda sobre activos y no sobre obligaciones, menos sobre aspectos relacionados con el contrato de cuenta corriente bancaria, ni sobre conductas propias del Banco. <\/p>\n

6. Conjeturar, sin existir prueba, que Guillermo Trujillo acogi\u00f3 la cesi\u00f3n sin hacer reservas, pues la realidad procesal muestra lo contrario, en fundamento de lo cual transcribe la certificaci\u00f3n emanada del juez del concurso.
\nAdem\u00e1s, seg\u00fan el impugnante, al admitirse que se defendi\u00f3 contra CISA conduce a que la sentencia sea incongruente, pues el deber del fallador era resolver sobre dichas defensas y no abstenerse de hacerlo por una falta de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n

7. Retom\u00f3 el censor el argumento de la cesi\u00f3n de derechos litigiosos, para denotar que al proceso no se alleg\u00f3 el memorial acompa\u00f1ado del t\u00edtulo que permitiera otorgarle efectos, sobre la base de que en el concordato est\u00e1 en discusi\u00f3n el alcance de los cr\u00e9ditos. Adem\u00e1s, \u00ab[e]n las piezas del concordato trasladas, no aparece ninguna intervenci\u00f3n independiente de CISA, ni gesti\u00f3n alguna a su nombre, menos para la notificaci\u00f3n personal del referido contrato interadministrativo\u00bb (folio 53). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuesti\u00f3n de primer orden es precisar que, a pesar de entrar en vigencia de manera \u00edntegra el C\u00f3digo General del Proceso desde el 1\u00ba de enero de 2016, al sub examine no resulta aplicable porque este estatuto consagr\u00f3, en el numeral 5 de su art\u00edculo 625, que los recursos interpuestos, entre otras actuaciones, deben surtirse empleando \u00ablas leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb. <\/p>\n

2. Con el fin de salvaguardar la naturaleza extraordinaria de la casaci\u00f3n, los art\u00edculos 373 y 374 del mencionado estatuto adjetivo establecen un listado de requerimientos para el escrito de sustentaci\u00f3n, cuya inobservancia lleva a su deserci\u00f3n; huelga decirlo, \u00abes menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb (AC, 28 nov. 2012, rad. n.\u00b0 2010-00089-01, reitera providencia 11 may. 2010, rad. n.\u00b0 2004-00623-01). <\/p>\n

2.1. El numeral 3 del citado canon 374 dispone que, para la adecuada presentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n, es menester que los cargos sean \u00abformulados por separado\u00bb, esto es, sin ning\u00fan tipo de mezcla o hibridismo (Cfr. AC6341, 21 oct. 2014, rad. n.\u00b0 2007-00145-01), en tanto cada acusaci\u00f3n debe responder a una causal espec\u00edfica, sin que sea dable fusionarlas o realizar cr\u00edticas comprensivas de varias de ellas. <\/p>\n

Regla explicable por la disimilitud de los motivos de procedencia del remedio excepcional, en raz\u00f3n de que cada uno de ellos est\u00e1 destinado a cuestionar t\u00f3picos particulares de la sentencia atacada, siendo inviable su amalgamiento. <\/p>\n

De all\u00ed que esta Sala haya manifestado: <\/p>\n

Los diferentes reproches que se tengan respecto de la sentencia impugnada, debe proponerlos el recurrente en cargos separados, caracterizados por ser aut\u00f3nomos e individuales, lo que igualmente se infiere del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, premisas que le impiden entremezclar acusaciones de diferente naturaleza o confundir, al interior de una, el error de hecho con el de derecho (AC6341, 21 oct. 2014, rad. n\u00b0 2007-00145-01). <\/p>\n

2.2. En contrav\u00eda de la anterior directriz, el \u00fanico cargo admitido fusion\u00f3 diversas v\u00edas y causales, pues en su desarrollo se alegaron asuntos propios de la senda indirecta, el camino recto y la incongruencia, los cuales debieron proponerse de forma independiente, sin que sea posible su divisi\u00f3n porque hay una ligaz\u00f3n indisoluble en la argumentaci\u00f3n. <\/p>\n

Y es que, si bien se plante\u00f3 una cr\u00edtica por error de hecho con ocasi\u00f3n de la suposici\u00f3n y tergiversaci\u00f3n de m\u00faltiples medios demostrativos, tambi\u00e9n se achac\u00f3 una indebida interpretaci\u00f3n de las normas que permitieron la creaci\u00f3n de la Central de Inversiones S.A. -CISA- y que establecen la naturaleza del contrato de mutuo, aspectos que debieron plantearse aut\u00f3nomamente por violaci\u00f3n directa de la ley sustancial; adem\u00e1s, aleg\u00f3 una incongruencia por falta de resoluci\u00f3n de excepciones, yerro in procedendo que era menester enarbolar con fundamento en la causal espec\u00edfica reconocida en el art\u00edculo 368 del anterior estatuto adjetivo. <\/p>\n

En efecto, acus\u00f3 el casacionista \u00ab[s]er la sentencia violatoria de una norma de derecho sustancial por error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba\u00bb (folio 37 del cuaderno Corte). <\/p>\n

No obstante, soport\u00f3 su ataque en que \u00abcomo se desprende del art\u00edculo 887 del C\u00f3digo de Comercio, las prohibiciones all\u00ed consideradas y por tanto su inaplicabilidad para el caso, comprenden al contrato de mutuo, por cuanto este es un contrato mercantil de ejecuci\u00f3n instant\u00e1nea que para nacer requiere haberse cumplido con la transferencia del dinero, puesto que conforme con el art. 2222 del C. Civil. \u2018No se perfecciona el contrato de mutuo sino por la tradici\u00f3n, y la tradici\u00f3n transfiere el dominio\u2019\u00bb (folio 39 idem). <\/p>\n

Adem\u00e1s, \u00ab[n]o advirti\u00f3 el Tribunal que CISA, est\u00e1 sometida a un r\u00e9gimen legal para la contrataci\u00f3n, que la limita a la adquisici\u00f3n de activos, dejando de aplicar normas como: .- Decreto 4848 de 2007 -.- Decreto 2555 de 2010< Ley 1420 de 2010 \u2013 Art\u00edculo 26. Ley 1450 de 2011. Art\u00edculo. 238. Decreto 4054 de 2011. Decreto 734 de 2012, Decreto 4054 de 2011, normas que determinan que Central de Inversiones S.A. -CISA, es un colector de activos p\u00fablicos y un coordinador de gesti\u00f3n inmobiliaria del estado, cuya funci\u00f3n se reduce a normalizar y monetizar los activos inmobiliarios que reciba en desarrollo de dicho programa bajo las pol\u00edticas y procedimientos que le determina la ley\u2026 CISA, tanto por la ley de su creaci\u00f3n, como por la normativa que la rige\u2026 no puede ser subrogatoria o cesionario de obligaciones de terceros\u00bb (folio 48). <\/p>\n

Por tanto, no s\u00f3lo se critic\u00f3 que las pruebas fueran indebidamente apreciadas en su realidad ontol\u00f3gica, sino que, con abstracci\u00f3n de estas, se cuestion\u00f3 la interpretaci\u00f3n de los c\u00e1nones que rigen el contrato de mutuo y la creaci\u00f3n de la Central de Inversiones S.A., en franca rebeld\u00eda de las distinciones entre una pifia directa e indirecta. Al respecto recu\u00e9rdese que en la senda recta \u00abel censor no debe separarse \u2018ni un \u00e1pice siquiera\u2019 de las conclusiones f\u00e1cticas que el Tribunal acogi\u00f3, limit\u00e1ndose tan s\u00f3lo a cuestionar y rebatir los aspectos meramente jur\u00eddicos, esto es, a poner de presente c\u00f3mo las normas sustanciales que denuncia\u2026 Proceder de otro modo, es decir, partir de supuestos f\u00e1cticos distintos de los que el juzgador ad quem tom\u00f3 en consideraci\u00f3n involucra, a no dudarlo, un entremezclamiento\u00bb (SC2818-2018, rad. n.\u00b0 2010-00202). <\/p>\n

M\u00e1s adelante el impugnante manifest\u00f3: \u00abEn cuanto a la aseveraci\u00f3n del Tribunal: \u2018que ten\u00eda la oportunidad de proponer frente a Central de Inversiones S.A. \u2018CISA\u2019, toda las defensa, lo que en efecto hizo\u2019\u2026, si ello es as\u00ed, no existe concordancia entre esa afirmaci\u00f3n y lo resuelto en la sentencia, puesto que esa aserci\u00f3n constituye el reconocimiento procesal -en boca del Tribunal- de hab\u00e9rsele hecho oportunamente a CISA, por parte de mi poderdante, el planteamiento de \u2018todas las defensas\u2019; y por tanto hace incongruente declarar que existe falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, cuando el propio Tribunal ha hecho manifiesta una actuaci\u00f3n procesal frente a quien se sentencia (sic) haberse omitido y a la saz\u00f3n lo que preceder\u00eda ser\u00eda resolver las defensas que le fueron esgrimidas a CISA y no declarar la falta de legitimaci\u00f3n por pasiva\u00bb (folio 49). <\/p>\n

De esta forma, se trajeron consideraciones relativas a la falta de decisi\u00f3n de las excepciones propuestas, las que en sentir del opugnante deb\u00edan despacharse sin excusa sustancial v\u00e1lida. Se desert\u00f3, por esta v\u00eda, del an\u00e1lisis probatorio propuesto, para posarse en el motivo segundo de casaci\u00f3n y endilgar un posible fallo citra petita. <\/p>\n

En el mismo cargo, entonces, el impugnante fusion\u00f3 aspectos relativos a la apreciaci\u00f3n objetiva de las pruebas, la interpretaci\u00f3n de las normas aplicables al caso y el contenido de la decisi\u00f3n, a pesar de tratarse de defectos aut\u00f3nomos, lo que conduce a que la acusaci\u00f3n deba ser repelida. <\/p>\n

2.3. Ahora bien, es cierto que el art\u00edculo 51 del decreto 2651 de 1991, convertido en legislaci\u00f3n permanente por el canon 162 de la ley 446 de 1998, moriger\u00f3 el rigor del deber de separaci\u00f3n de los cargos, el ordenar que: <\/p>\n

Sin perjuicio de lo dispuesto en los respectivos c\u00f3digos de procedimiento acerca de los requisitos formales que deben reunir las demandas de casaci\u00f3n, cuando mediante ellas se invoque la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial se observar\u00e1n las siguientes reglas: \u2026 2\u00ba. Si un cargo contiene acusaciones que la Corte estima han debido formularse separadamente, deber\u00e1 decidir sobre ellas como si se hubieran invocado en distintos cargos. <\/p>\n

Sobresale, del tenor literal de esta regla, su inaplicaci\u00f3n en los casos de hibridismo de causales, pues s\u00f3lo puede hacerse uso de la misma cuando haya mixtura originada de reproches por infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial, sin que pueda extenderse a la mezcla entre pifias procesales y sustanciales; o de cr\u00edticas que aluden a yerros in judicando pero que deban alegarse por motivos diversos como la prohibici\u00f3n de la non reformatio en pejus. <\/p>\n

Pauta explicable por la disimilitud de las exigencias t\u00e9cnicas que se imponen al casacionista de acuerdo con el motivo invocado, al punto que la fundamentaci\u00f3n expuesta para uno de ellos ser\u00e1 insuficiente para sustentar los dem\u00e1s; por ejemplo, y por su relevancia para el caso, las alegaciones sobre vulneraci\u00f3n del derecho sustancial distan de las propias de la incongruencia, en tanto, en este \u00faltimo caso, se requiere efectuar un parang\u00f3n entre lo pedido y lo resuelto, con el fin de develar el abandono de los l\u00edmites en la actividad decisoria. <\/p>\n

As\u00ed lo ha enjuiciado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n

Ahora bien, esta regla t\u00e9cnica de la autonom\u00eda de los cargos que exige que cada cargo debe fundarse en una causal y no en varias, o que fund\u00e1ndose en una no involucre acusaciones correspondientes a otras causales, aun se encuentra vigente dentro del r\u00e9gimen antes transitorio del art\u00edculo 51 del Decreto 2651 de 1991 y hoy permanente (art. 162 Ley 446 de 1998) puesto que esta norma solamente aten\u00faa el rigor de la t\u00e9cnica de la causal primera de casaci\u00f3n, o sea cuando se invoque la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial, ya que dicho precepto se\u00f1ala que "sin perjuicio de lo dispuesto en los respectivos c\u00f3digos de procedimiento acerca de los requisitos formales que deben reunir las demandas de casaci\u00f3n cuando se invoque la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial, se observar\u00e1n las siguientes reglas…". Luego solamente en acusaciones que se formulen con fundamento exclusivo en la causal primera de casaci\u00f3n, se encuentra autorizada la Corte para tener como suficiente la invocaci\u00f3n de una norma sustancial relativa a lo debatido y fallado , as\u00ed como para separar o unir los cargos por la causal primera que lo requieran y no sean incompatibles (numerales 2o.,3o. y 4o., art. 51 Ib.). Pero en manera alguna se autoriza a separar las acusaciones que se refieren a varias causales, pero que se encuentren en un mismo cargo. Porque, como se dijo, solo es procedente la separaci\u00f3n de varias censuras de un mismo cargo, cuando quiera que todas ellas pertenezcan a la causal primera y que, adem\u00e1s, requieran de esa separaci\u00f3n porque han debido formularse en cargos separados. Pero ello no procede cuando la pluralidad de censuras de un mismo cargo se fundan expl\u00edcita o impl\u00edcitamente en varias causales de casaci\u00f3n (SC85, 29 sep. 1998, exp. n.\u00b0 5191). <\/p>\n

En consecuencia, como en el presente caso la promotora fusion\u00f3 ataques por violaci\u00f3n de normas sustanciales con tem\u00e1ticas propias de la incongruencia, el defecto resulta insuperable, siendo improcedente dar cabida al mencionado art\u00edculo 51 del decreto 2651 de 1991. <\/p>\n

2.4. Con todo, aunque la Corte dividiera el cargo y excluyera la cuesti\u00f3n relativa a la inconsonancia, por su deficiente sustentaci\u00f3n, la cr\u00edtica por v\u00eda directa devendr\u00eda incompleta, al centrarse en aspectos relativos al objeto de CISA y la naturaleza del contrato de mutuo, sin adentrarse en el centro del razonamiento del fallo de segunda instancia, como es que el convenio interadministrativo de compraventa celebrado entre Bancaf\u00e9 y dicha entidad constituy\u00f3 una cesi\u00f3n de contratos, que produjo plenos efectos frente al demandante por hab\u00e9rsele notificado en el curso del proceso concordatario que promovi\u00f3, colof\u00f3n que se mantendr\u00eda inalterado aunque se coligiera que CISA desconoci\u00f3 sus funciones o que el mutuo se forma de manera instant\u00e1nea. <\/p>\n

3. Aunado a lo expuesto, el recurrente introdujo argumentos novedosos en su escrito de sustentaci\u00f3n, en transgresi\u00f3n de caros postulados del derecho procesal. <\/p>\n

3.1. De anta\u00f1o la jurisprudencia ha rechazado los medios nuevos, esto es, asuntos ajenos a las instancias que son ondeados de forma novedosa para cuestionar la decisi\u00f3n recurrida (SC, 16 jul. 1965, G.J. n.\u00b0 2278-2279, p. 106). <\/p>\n

Lo anterior, en salvaguardia de la finalidad excepcional del remedio extraordinario, que supone cuestionar la sentencia como thema decisum, sin que sea dable reabrir el debate de instancia o proponer lecturas novedosas de la controversia para buscar una decisi\u00f3n favorable. \u00abTotal que, seg\u00fan el transcrito numeral 3 del art\u00edculo 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el embiste debe ser preciso, en el sentido de dirigirse con acierto contra las bases de la sentencia de instancia, sin que sea posible que se aleje de ellas para traer reflexiones de \u00faltimo minuto o aspectos que est\u00e1n por fuera de la discusi\u00f3n\u00bb (negrilla fuera de texto, AC1014, 14 mar. 2018, rad. n.\u00b0 2005-00036-02). <\/p>\n

Con esta prohibici\u00f3n tambi\u00e9n se tutelan los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de los no recurrentes, quienes podr\u00edan verse sorprendidos con un replanteamiento de la plataforma f\u00e1ctica que var\u00ede la causa petendi, sin que tuvieran la oportunidad de controvertirlo y, menos a\u00fan, hacer pedidos probatorios para su desestimaci\u00f3n. <\/p>\n

Agr\u00e9guese que, admitir argumentos nuevos en casaci\u00f3n, hiere la lealtad procesal, en tanto se espera que en los grados jurisdiccionales se discutan las materias f\u00e1cticas objeto de su ligio, sin que pueda aguardarse al final para izar t\u00f3picos con los que se pretende una resoluci\u00f3n favorable. <\/p>\n

La Sala tiene decantado que: <\/p>\n

\u2018el ataque soportado en una indebida apreciaci\u00f3n probatoria, bien sea por motivos f\u00e1cticos o de jure, no alegados en instancia, constituye un medio nuevo en el que no puede basarse ni erigirse exitosamente el recurso extraordinario. A este respecto, \u2018a diferencia del razonamiento puramente jur\u00eddico, donde la actividad del juez es, por antonomasia, amplia, en trat\u00e1ndose de aspectos f\u00e1cticos, as\u00ed est\u00e9n entremezclados con argumentos jur\u00eddicos, advi\u00e9rtase que lo no alegado en instancia no existe en casaci\u00f3n\u2019, porque, cual lo expuso la Corte en sentencia de 30 mayo de 1996, expediente 4676, \u2018no es propicia para repentizar con debates f\u00e1cticos y probatorios de \u00faltima hora; semejante irrupci\u00f3n constituye medio nuevo y es entonces repulsado por el recurso extraordinario, sobre la base de considerarse, entre otras razones, que \u2018se violar\u00eda el derecho de defensa si uno de los litigantes pudiese echar mano en casaci\u00f3n de hechos, extremos o planteamientos no alegados o formulados en instancia, respecto de los cuales, si lo hubiesen sido entonces, la contraparte habr\u00eda podido defender su causa\u2019 (CSJ AC, 28 jun. 2012, rad. 2004-00222-01) (AC4771, 7 nov. 2018, rad. n.\u00b0 2008-00179-02). <\/p>\n

3.2. Empero de lo comentado, el cargo propuesto busca derruir la providencia del Tribunal bajo la sombra de que, con ocasi\u00f3n de m\u00faltiples errores por suposici\u00f3n probatoria e indebida apreciaci\u00f3n del libelo genitor, el convenio interadministrativo y otras piezas documentales arrimadas a la foliatura, se desconocieron las prescripciones vigentes sobre cesi\u00f3n de contratos intuitu personae y derechos litigiosos, sin que estas materias se hubieran introducido o discutido en los grados jurisdiccionales. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la censura: <\/p>\n

Los errores de hecho del Tribunal consisten en: 1- No haber dado por demostrado que los cr\u00e9ditos por cuya responsabilidad en la gesti\u00f3n del Banco se demanda\u2026 eran objeto de litigio judicial\u2026 3.- Haber dado por probado, no est\u00e1ndolo, que Bancafe hizo la cesi\u00f3n de los derechos litigiosos a CISA, en la forma prevenida en la ley y en el art\u00edculo 8 del convenio interadministrativo\u2026 por no observar que -en el caso- no se cumplieron las normas a las cuales est\u00e1 sometida la transferencia de un derecho litigioso\u2026 As\u00ed: seg\u00fan tal convenio, deb\u00edan ser cedidos a trav\u00e9s de las formalidades propias de la cesi\u00f3n de derechos litigiosos y por tanto, se itera, el referido documento -de d\u00e1rsele valor que no tiene cuando se trata de la transferencia de t\u00edtulos valores-, no representaba, por s\u00ed solo, una cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos\u2026 (folios 37, 42 y 43). <\/p>\n

El denominado convenio interadministrativo de compraventa de activos celebrado entre el Banco Cafetero S.A. y la Central de Inversiones S.A.,\u2026 est\u00e1 atado a otra controversia judicial, era cuesti\u00f3n ajena al presente proceso, cual es un proceso concordatario, cuyo resultado depende del evento incierto de esta otra litis; por lo tanto, de tramitarse una supuesta cesi\u00f3n de tal contrato, no pod\u00eda hacerse de manera aut\u00f3noma o aislada, puesto que sus efectos as\u00ed como las defensas que pudieren interponerse contra el convenio o su cesi\u00f3n, est\u00e1n limitados y circunscritos a ese otro asunto litigioso; por ello, para aducir los efectos de una cesi\u00f3n de un contrato, que hace parte de otro litigio, aparte de circunscribirse a tal litigio aun dentro \u00e9l, se requerir\u00eda un acto jur\u00eddico por medio del cual la persona cedente procesal, transferir\u00eda a otra (al cesionario procesal) sus derechos personales o derechos reales controvertidos o incorporados en tal juicio\u2026 (folio 52). <\/p>\n

Frente al contrato bancario celebrado con la entidad financiera y su naturaleza, el accionante esgrimi\u00f3: <\/p>\n

[E]l caso sometido a decisi\u00f3n\u2026 deriva de una demanda por conductas bancarias, surgidas por el abuso del derecho en perjuicio de mi poderdante, de parte de la instituci\u00f3n bancaria demandada con ocasi\u00f3n del manejo y administraci\u00f3n de los cr\u00e9ditos relacionados en el escrito incoativo, por actos realizados a trav\u00e9s del contrato personal\u00edsimo de cuenta corriente bancario celebrado entre Guillermo Trujillo G\u00f3mez y Bancafe\u2026 <\/p>\n

En ning\u00fan momento, bajo tal documento se puede hablar de cesi\u00f3n de obligaciones, porque a lo que se refiere el tal contrato interadministrativo es a la cesi\u00f3n de activo, esto es, excluye la transmisi\u00f3n de derechos que impliquen una complejidad correlativa de obligaciones, como los que nacen o surgen de los contratos intuito personae (sic), por tanto no se extiende a lo que se derive del contrato de cuenta corriente bancaria\u2026 <\/p>\n

El tema decidendum del presente proceso, no es la cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos, ya que tiene como fundamento hechos relativos a actuaciones o conductas intuitu personae realizadas por la parte demandada, a trav\u00e9s principalmente de un contrato de cuenta corriente bancaria (folios 39, 48 y 51). <\/p>\n

Ninguno de estos temas hab\u00eda sido arg\u00fcido, menos a\u00fan con base en las pruebas que se denuncian como vulneradas, pues en la demanda, traslado de las excepciones, alegatos de conclusi\u00f3n y argumentos de la apelaci\u00f3n, el litigio gravit\u00f3 sobre los actos abusivos en la gesti\u00f3n de los cr\u00e9ditos concedidos por la entidad financiera, sin extractar del convenio interadministrativo una cesi\u00f3n de derechos litigiosos o alegar que el documento genitor pretend\u00eda una reparaci\u00f3n por la inadecuada ejecuci\u00f3n del contrato de cuenta corriente bancaria. <\/p>\n

Por el contrario, en el escrito inicial se habla de recursos de cr\u00e9dito, financiaci\u00f3n Finagro, an\u00e1lisis de cr\u00e9ditos, reestructuraci\u00f3n, endeudamiento, gesti\u00f3n y administraci\u00f3n de cr\u00e9ditos, condonaci\u00f3n de deudas, intereses, anticipaci\u00f3n del vencimiento, cancelaci\u00f3n o abono de obligaciones, entre otras materias, las cuales son propias del contrato de mutuo (folios 251 a 282 del cuaderno 1). <\/p>\n

Lo mismo sucedi\u00f3 al descorrerse las excepciones, porque el promotor dio por confeso la realizaci\u00f3n de las diferentes operaciones de pr\u00e9stamo, invoc\u00f3 las normas sobre el mutuo, deprec\u00f3 la desatenci\u00f3n de las reglas sobre alivios gubernamentales al cr\u00e9dito, refiri\u00f3 una propuesta de daci\u00f3n en pago y admiti\u00f3 la existencia de bienes para el respaldo de cr\u00e9ditos presentes y futuros (folios 390 a 407).
\nAl alegar de conclusi\u00f3n se abord\u00f3 la legitimaci\u00f3n, en punto a la relaci\u00f3n entre Bancaf\u00e9 S.A., Granbanco S.A. y Davivienda S.A., y nuevamente se retorn\u00f3 al tema de los cr\u00e9ditos de fomento agropecuario y a la supuesta imputaci\u00f3n indebida de abonos a mutuos no exigibles, con la transcripci\u00f3n de m\u00faltiples normas (folios 920 a 1002 del cuaderno 1A). <\/p>\n

Con la interposici\u00f3n de la alzada, Guillermo Trujillo se limit\u00f3 a discutir que la legitimaci\u00f3n por pasiva se originaba en que el banco debe responderle \u00abpor hallarse en la determinada relaci\u00f3n que refieren los hechos y las pretensiones del objeto tra\u00eddo al proceso\u00bb (folio 1063 ibidem). Descart\u00f3 la naturaleza litigiosa del proceso concursal, en tanto \u00abel concordato\u2026 es un \u2018mecanismo legal\u2019 que tiene como objetivo recuperar y conservar la empresa como unidad de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica\u2026 esto es, no es un proceso para dirimir conflictos surgidos entre partes y menos para determinar responsabilidad por actos o conductas ante un individualizado acreedor\u00bb (folio 1064), y estim\u00f3 que no se cumplieron los pasos se\u00f1alados en la ley para la cesi\u00f3n de contratos. <\/p>\n

Premisas reiteradas al sustentar la apelaci\u00f3n, por remitirse a los escritos previos (folios 35 y 36 del cuaderno 8). <\/p>\n

Refulge, de una simple comparaci\u00f3n entre los motivos erguidos en casaci\u00f3n y los que guiaron a las instancias, su falta de armon\u00eda, pues en estos \u00faltimos no se imput\u00f3 responsabilidad por la desatenci\u00f3n del contrato de cuenta corriente, ni un cuestionamiento sobre la existencia de una cesi\u00f3n de derechos litigiosos contraria a derecho; a la inversa, en las instancias el demandante fue incisivo en criticar el manejo dispensado a los cr\u00e9ditos y desechar la naturaleza litigiosa de los tem\u00e1ticas concursales, aspectos que ahora pretende desconocer con el fin de obtener la casaci\u00f3n de la sentencia del Tribunal. <\/p>\n

4. Para ahondar en razones, el cargo sub examine fue planteado sin la claridad exigida por el numeral 3 del art\u00edculo 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como bien lo se\u00f1al\u00f3 el opositor en casaci\u00f3n, pues incluy\u00f3 razonamientos que son incompatibles entre s\u00ed. <\/p>\n

Total que, para casar una sentencia por violaci\u00f3n de normas sustanciales, es menester que se demuestre, de forma evidente y fuera de toda duda, que la soluci\u00f3n adoptada por el juzgador es contraria a la realidad probatoria o al recto entendimiento de las normas que la gobiernan, para lo cual debe formularse un ataque comprensible, con argumentos hilvanados y sin acudir a f\u00f3rmulas farragosas, so pena de que las consideraciones del Tribunal prevalezcan en detrimento de aqu\u00e9llas. <\/p>\n

Sobre este tema, esta Corte ha manifestado: <\/p>\n

[S]in distinci\u00f3n de la raz\u00f3n invocada, deben plantearse las acusaciones mediante un relato concatenado y claro, de tal manera que de su desprevenida revisi\u00f3n emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserci\u00f3n, m\u00e1xime cuando en virtud del principio dispositivo que gobierna el recurso, no puede la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes en este aspecto\u2026 <\/p>\n

Lo anterior porque, no son admisibles apuntaciones abstractas y sin aptitud para afectar los argumentos bastiones del fallo combatido, menos aun cuando no se hizo un cotejo entre lo que se encuentra probado y la decisi\u00f3n tomada, siendo necesario que la fundamentaci\u00f3n del embate demuestre la existencia del yerro atribuido para as\u00ed desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que la caracteriza (AC2194, 30 ab. 2014, rad. n\u00b0 2007-00175-01). <\/p>\n

Pese a lo expuesto, el casacionista, con el objetivo de confutar la existencia de una cesi\u00f3n de contratos, acudi\u00f3 a m\u00faltiples formas de traslaci\u00f3n de derechos y pidi\u00f3 su aplicaci\u00f3n al caso, sin considerar su incompatibilidad. As\u00ed, aleg\u00f3 la falta de consideraci\u00f3n de las normas que disciplinan el endoso de t\u00edtulos valores, la cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos y la cesi\u00f3n de derechos litigiosos, olvidando que el objeto de \u00e9stos es diferente, ni explicar c\u00f3mo es posible esta mixtura de r\u00e9gimen normativos; tampoco puntualiz\u00f3 si entre estos mecanismos existe una suerte de preferencia o prevalencia, su fundamento y c\u00f3mo deb\u00eda ser interpretada por el juzgador de segundo grado. <\/p>\n

Realmente se busc\u00f3, por todas las v\u00edas posibles, disentir con el Tribunal, sin importar la coherencia de las afirmaciones o mostrar la existencia de una \u00fanica respuesta admisible para el caso, como era el deber del censor. Este actuar conduce a una diagnosis enmara\u00f1ada, que al mismo tiempo reniega la traslaci\u00f3n patrimonial y le concede efectos inter partes; de igual modo, exige y rechaza la necesidad del consentimiento del contratante cedido para su plena eficacia. <\/p>\n

Tal forma de argumentar hace ambigua la censura y, por tanto, debe conducir a su denegaci\u00f3n, como lo ha se\u00f1alado este \u00f3rgano de cierre en consideraciones aplicables al presente mutatis mutandi: <\/p>\n

[L]as acusaciones imprecisas o las ayunas de claridad \u2013v.gr. las totalmente desenfocadas, las alambicadas, farragosas o las et\u00e9reas-; los reproches que, por situarse en la periferia o, en el mejor de los casos, en el umbral del raciocinio judicial pertinente, no permean la almendra de la providencia que emana del fallador; o las glosas que, por generales, vagas o panor\u00e1micas, no descienden cabal y puntualmente a la m\u00e9dula de la decisi\u00f3n del Tribunal o al an\u00e1lisis de la prueba respectiva, no est\u00e1n en consonancia con las reglas que, de marras, estereotipan la casaci\u00f3n\u2026 (AC6986, 27 nov. 2015, rad. n.\u00ba 2009-00218-01, reitera precedente SC003, 5 feb. 2001). <\/p>\n

5. Se junta a los anteriores defectos que el cargo deviene intrascendente, en cuanto se refiere exclusivamente a las obligaciones documentadas por medio de los pagar\u00e9s n.\u00b0 256329600016-4, 256359301305-0, 256359301306-8, 256359500451-2, 256359301308-4, 256359301304-3, 256359301307-6, 256339400684-0, 256339400683-2, 256649364211-8, 256649364245-6, 256649364213-4, 256649364212-6, 256649364214-2 y 256649364193-8, am\u00e9n de que es un punto pac\u00edfico que sobre las mismas se promovi\u00f3 un proceso ejecutivo anterior al sub examine, en el cual se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y lleg\u00f3 hasta la diligencia de remate1, por lo que en dicha actuaci\u00f3n debieron proponerse todos los cuestionamientos atinentes al cr\u00e9dito cuyo cumplimiento se reclam\u00f3, sin que sea dable reabrir este debate por la v\u00eda de un nuevo tr\u00e1mite de conocimiento. <\/p>\n

Y es que, en el coactivo, el obligado debe discutir las vicisitudes que afectan el t\u00edtulo base de la acci\u00f3n, siendo imperativo que haga uso de esta oportunidad so pena de que la decisi\u00f3n de fondo emitida por el juez, en la que ordena continuar con la ejecuci\u00f3n o resuelve sobre las excepciones, haga tr\u00e1nsito a cosa juzgada, como lo prescribe el art\u00edculo 512 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a saber: \u00abLa sentencia que resuelva las excepciones de m\u00e9rito hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, excepto en el caso previsto en los numerales 3\u00b0 y 4\u00b0 del art\u00edculo 333\u00bb, colof\u00f3n que se extiende a los casos en que no se propusieron defensas, por el car\u00e1cter preclusivo de esta omisi\u00f3n. <\/p>\n

La jurisprudencia arrib\u00f3 a esta conclusi\u00f3n, en consideraciones que se reproducen in extenso: <\/p>\n

[E]n los procesos ejecutivos existe una etapa prevista para que el deudor, si a bien lo tiene, cuestione el desenvolvimiento contractual g\u00e9nesis del t\u00edtulo ejecutivo, entre otros aspectos, a trav\u00e9s de la proposici\u00f3n de excepciones perentorias. <\/p>\n

Se trata de la ocasi\u00f3n propicia para que el deudor ejerza su derecho a la defensa -en desarrollo a la garant\u00eda fundamental del debido proceso-, prevalido de todas las herramientas que el ordenamiento jur\u00eddico le brinda. Por supuesto que ser\u00eda un desprop\u00f3sito dejarlo desprovisto de ese escenario, tan s\u00f3lo porque suscribi\u00f3 un documento que da cuenta de la prestaci\u00f3n ejecutada. <\/p>\n

Pero tampoco es de recibo que al margen de ese procedimiento, el deudor con posterioridad instaure otro de naturaleza declarativa para esgrimir los mismos argumentos que forj\u00f3 en su defensa con el fin de desvirtuar la obligaci\u00f3n ejecutada, pretendiendo de tal manera apartarse del debate propuesto en el cobro compulsivo e, incluso, de la sentencia que lo dirimi\u00f3, si \u00e9sta ya fue dictada. <\/p>\n

Este \u00faltimo proceder ri\u00f1e con el deber de lealtad que los litigantes deben conservar en relaci\u00f3n con su contendor, as\u00ed como frente a la administraci\u00f3n de justicia (art. 71, num. 1\u00ba C.P.C.), porque de lo contrario se otorgar\u00eda a los ciudadanos la facultad para replantear un litigio un sin n\u00famero de veces, hasta tanto obtengan una decisi\u00f3n que los promulgue vencedores. <\/p>\n

De ah\u00ed que, teniendo como mira el que los operadores de justicia no emitan distintas providencias para el mismo conflicto en orden a evitar fallos contradictorios, han sido creados diversos mecanismos como la excepci\u00f3n previa de pleito pendiente, la mixta de cosa juzgada -que en el C\u00f3digo General del Proceso mut\u00f3 a meritoria-, la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad (art. 170), el recurso extraordinario de revisi\u00f3n (causal 9\u00aa del art. 380), etc.; lo que adicionalmente sobrepone el principio de econom\u00eda procesal por encima de los intereses de las partes (SC15214, 26 sep. 2017, rad. n.\u00b0 2009-00479-01). <\/p>\n

Tesis de hondas ra\u00edces jurisprudenciales: <\/p>\n

[C]uando el art\u00edculo 512 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil cubre con el manto de la cosa juzgada la decisi\u00f3n sobre las excepciones de m\u00e9rito, no s\u00f3lo se refiere a las que efectivamente fueron propuestas, sino tambi\u00e9n a las que pudieron y debieron plantearse, pues atentar\u00eda contra la lealtad procesal que el deudor demandado que ha sido conminado para el pago de una obligaci\u00f3n, guarde estrat\u00e9gico silencio en el juicio ejecutivo para de este modo reservar el alegato de nulidad contra el t\u00edtulo para formularlo a su antojo en tr\u00e1mite ordinario separado, cuyos resultados vendr\u00edan a perturbar, a manera de ejemplo, las decisiones de quienes remataron la cosa en el proceso ejecutivo, si es que en el ordinario se llegara a la conclusi\u00f3n de que el t\u00edtulo ejecutivo hipotecario es nulo. <\/p>\n

1.2. En materia de las excepciones que no han sido propuestas, la Corte ha dicho que la preclusi\u00f3n opera en contra del ejecutado, \u201cimpidi\u00e9ndole invocar despu\u00e9s en un proceso ordinario hechos que se hubieran podido alegar como tales excepciones en el tr\u00e1mite de la ejecuci\u00f3n; si as\u00ed no fuera, el proceso ejecutivo como instrumento auxiliar para hacer efectivo el pago de las obligaciones perder\u00eda su raz\u00f3n de ser, am\u00e9n de que quedar\u00eda al talante del ejecutado optar por acudir all\u00ed a oponerse al cobro judicial; o guardar silencio, cualquiera fuera el motivo que hubiera inspirado su omisi\u00f3n, y dejar para ir despu\u00e9s a la v\u00eda ordinaria a exponer sus defensas, proceder \u00e9ste que no solo atentar\u00eda contra la seguridad jur\u00eddica y la lealtad procesal, sino que le otorgar\u00eda a la ejecuci\u00f3n coactiva judicial un car\u00e1cter meramente provisional, lo que, ni por asomo, permite la ley" (Sent. Cas. Civ. de 10 de septiembre de 2001, Exp. No. 6771). <\/p>\n

Recientemente la Sala ratific\u00f3 el citado criterio, en punto de los efectos de cosa juzgada que produce la sentencia proferida en el proceso ejecutivo, al decidir que a tal imperativo no puede \u201cescapar el demandado con s\u00f3lo dejar de proponer la excepci\u00f3n o haci\u00e9ndolo de manera abstracta aludiendo a cualquier motivo enervante de la pretensi\u00f3n. El silencio del demandado sobre un medio de defensa que a su haber ten\u00eda contra el t\u00edtulo ejecutivo, no (…) deja abierta la jurisdicci\u00f3n para que dicha excepci\u00f3n sea discutida mediante proceso ordinario, pues darle tal valor al mutismo del ejecutado no s\u00f3lo desconoce el alcance del art\u00edculo 512 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, sino que se erige en premio para la conducta omisa del demandado, la que podr\u00eda afectar la lealtad procesal debida, a la par que colocar\u00eda en un \u00e1mbito bastante relativo la cosa juzgada. El tr\u00e1nsito de un negocio jur\u00eddico por el proceso de ejecuci\u00f3n, en l\u00ednea de principio, depura definitivamente la relaci\u00f3n sustancial, porque nada justificar\u00eda que el deudor callara una excepci\u00f3n para luego poner en disputa el valor de la cosa juzgada y la seguridad jur\u00eddica que ella depara a las partes y a terceros\u201d, pues resulta \u201cinaceptable que con posterioridad a la etapa de contradicci\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo, puedan los deudores plantear un tema propio de las excepciones, recurriendo al proceso ordinario, si es que tal defensa fue in\u00e9dita en el procedimiento ejecutivo antecedente. En \u00faltimas, si las partes celebraron un negocio jur\u00eddico que una de ellas adujo como fundamento de la ejecuci\u00f3n, las irregularidades y vicios del acto deben alegarse dentro del proceso ejecutivo\u201d. (Sent. Cas. Civ. de 16 de diciembre de 2005, Exp. No. 1994-12835-02) (SC019, 15 feb. 2007, rad. n.\u00b0 1998-00339-01). <\/p>\n

Interpretaci\u00f3n que, por constituir doctrina probable, debe aplicarse en desarrollo de los principios de igualdad y seguridad jur\u00eddica, m\u00e1xime ante la inexistencia de razones que conduzca a su modificaci\u00f3n. <\/p>\n

Descuella, por este sendero, que como la entidad bancaria promovi\u00f3 una ejecuci\u00f3n hipotecaria contra Guillermo Alfonso Trujillo, con fundamento en los t\u00edtulos valores relacionados en precedencia, los cuales ahora se cuestionan por v\u00eda de responsabilidad bancaria, debe negarse la prosperidad de las \u00faltimas pretensiones a fin de salvaguardar los efectos definitivos de la providencia que orden\u00f3 proseguir con el coactivo. <\/p>\n

Total que una vez la entidad financiera someti\u00f3 a escrutinio judicial la exigibilidad de las obligaciones y obtuvo prove\u00eddos que ordenaron continuar con el compulsivo, adquiri\u00f3 la certeza que no podr\u00edan enarbolarse nuevas controversias por los mismos, am\u00e9n de la res judicata que consagra el art\u00edculo 512 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n

Conclusi\u00f3n que, valga la pena aclararlo, no se extiende a los mutuos documentados con los t\u00edtulos valores n.\u00b0 590-06327-7 y 256359400599-8, pues no hay constancia de que sobre ellos se hubiera proferido una decisi\u00f3n definitiva. <\/p>\n

6. Con todo, aunque en gracia de discusi\u00f3n se dejaran atr\u00e1s los yerros formales advertidos, se hicieran al lado los efectos de los procesos ejecutivos promovidos o se entendiera que el cargo se acota a los pagar\u00e9s n.\u00b0 590-06327-7 y 256359400599-8, visto desde la \u00f3ptica del error de hecho, bajo la consideraci\u00f3n de que \u00e9sta fue la v\u00eda invocada por el recurrente y que resulta comprensiva del mayor n\u00famero de las premisas del alegato, tampoco estar\u00eda llamado a abrirse paso, pues la valoraci\u00f3n probatoria realizada por el fallador de segunda instancia no luce antojadiza o arbitraria. <\/p>\n

6.1. Recu\u00e9rdese que, por la naturaleza extraordinaria del recurso de casaci\u00f3n, \u00e9sta no puede utilizarse como una instancia adicional o para reabrir de forma panor\u00e1mica la controversia. <\/p>\n

Postura explicable por cuanto los litigios, salvo situaciones extraordinarias, encuentran su punto final en el sentencia proferida por el superior, el cual llega revestida de la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto, que impide a cualquier otra autoridad judicial modificarla o adicionarla, salvo que se trate de casos excepcionales (SC, 27 jul. 2006, rad. n.\u00b0 1998-00031-01). <\/p>\n

Trat\u00e1ndose de errores ocasionados en la suposici\u00f3n, pretermisi\u00f3n o cercenamiento de medios de convicci\u00f3n, nuestro ordenamiento permite su invocaci\u00f3n siempre que aqu\u00e9llos sean manifiestos y est\u00e9n debidamente demostrados, como expresamente lo establece el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n

En otras palabras, las pifias de hecho s\u00f3lo pueden dar lugar a la casaci\u00f3n en la medida en que se demuestre que el funcionario judicial se alej\u00f3 de forma ostensible de la realidad objetiva de las pruebas, por arribar a conclusiones contraevidentes o carentes de cualquier fundamentaci\u00f3n; de lo contrario, \u00abson los jueces de primer y segundo grado los llamados a valorar el material suasorio incorporado a la actuaci\u00f3n, por lo que sus decisiones est\u00e1n revestidas por una presunci\u00f3n de acierto\u00bb, la que, rec\u00e1lquese, \u00abs\u00f3lo podr\u00e1 ser desvirtuada ante defectos garrafales y conclusiones contrarias a la realidad, a condici\u00f3n que su configuraci\u00f3n no admita dubitaci\u00f3n alguna\u00bb (SC17173, 23 oct. 2017, rad. n.\u00b0 2009-00260-01). <\/p>\n

Existe, entonces, una soberan\u00eda del ad quem en la hermen\u00e9utica probatoria, que impide que el remedio extraordinario se use para proponer relecturas del sustrato f\u00e1ctico del caso, que s\u00f3lo se \u00abpuede infirmar\u2026 si el recurrente demuestra errores manifiestos, evidentes, en la apreciaci\u00f3n de tales medios de convicci\u00f3n\u00bb (SC, 30 may. 1995, exp. n.\u00b0 4148). <\/p>\n

6.2. En el cargo bajo estudio, si bien se critic\u00f3 la interpretaci\u00f3n realizada en la sentencia de 29 de enero de 2013 de varios medios suasorios, no se acredit\u00f3 el yerro manifiesto en que incurri\u00f3 el Tribunal. <\/p>\n

6.2.1. Recu\u00e9rdese que el reclamante aleg\u00f3 la pretermisi\u00f3n de los documentos demostrativos de que el Banco inici\u00f3 varios procesos ejecutivos para el cobro de los cr\u00e9ditos insolutos, los cuales fueron presentados en el tr\u00e1mite concursal, lo que muestra su naturaleza litigiosa. <\/p>\n

Adem\u00e1s, denunci\u00f3 una valoraci\u00f3n indebida de la demanda, pues all\u00ed se pretendi\u00f3 una declaraci\u00f3n de responsabilidad por la desatenci\u00f3n del contrato de cuenta corriente bancaria, el que tiene la caracter\u00edstica de personal\u00edsimo. <\/p>\n

Sostuvo que se err\u00f3 en la valoraci\u00f3n del convenio interadministrativo, por darle el alcance de cesi\u00f3n contractual, cuando en sus cl\u00e1usulas \u00fanicamente se previ\u00f3 la cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos y sus garant\u00edas, trat\u00e1ndose, en todo caso, de un acuerdo marco. <\/p>\n

Por \u00faltimo, aleg\u00f3 una suposici\u00f3n de los endosos de los t\u00edtulos valores base de la ejecuci\u00f3n, que permitiera tener a CISA como cesionaria de los mismos. <\/p>\n

6.2.2. Al respecto y para empezar, encuentra la Sala que el escrutinio del documento inicial deja en evidencia que las pretensiones y sus fundamentos f\u00e1cticos est\u00e1n alrededor de los contratos de mutuo celebrados entre el demandante y el entonces Bancaf\u00e9, sin que relumbre una atribuci\u00f3n de responsabilidad por la vulneraci\u00f3n de otras convenciones, como infundadamente lo sostiene el casacionista. <\/p>\n

As\u00ed se infiere de la pretensi\u00f3n principal, en la cual se reclamaron los perjuicios derivados del \u00abmanejo y administraci\u00f3n de los cr\u00e9ditos relacionados en esta demanda\u00bb (folio 263 del cuaderno 1). <\/p>\n

Igualmente, en las pretensiones complementarias o alternativas se hizo alusi\u00f3n a los cr\u00e9ditos otorgados por la entidad financiera, para reclamar un enriquecimiento indebido -1-, cobros inadecuados -2-, imputaciones irregulares -2-, violaciones legales -3,6,10,17-, capitalizaci\u00f3n de intereses -4-, destinaci\u00f3n impropia a pagos -7-, extralimitaci\u00f3n en sus prerrogativas como acreedora -11-, falta de diligencia -12,15-, y falta de protecci\u00f3n de los intereses del deudor -13,14-. <\/p>\n

S\u00f3lo en las s\u00faplicas 8, 9 y 16 se pretendi\u00f3 la declaratoria de responsabilidad, bajo el argumento de que la demandada falt\u00f3 al esmero profesional, vulner\u00f3 los principios de la actividad bancaria y no permiti\u00f3 el ejercicio de los derechos fundamentales de Guillermo Trujillo, sin vincularlo a un contrato en espec\u00edfico. Pero este vac\u00edo f\u00e1cilmente se disipa si se traen a consideraci\u00f3n los hechos, pues en ellos se insiste en los cr\u00e9ditos bancarios obtenidos por el demandante y su naturaleza -II.12, II.14, II.16, II.17, III.1 a III.4, III.10-, junto a los incumplimientos imputados a la demandada en su calidad de mutuante y acreedora -III.4, III.6 a III.8, III.11 a III.23-. <\/p>\n

Trasluce, del escrito genitor, que el reclamo indemnizatorio tuvo como eje los contratos de mutuo celebrados entre la entonces Bancaf\u00e9 y el promotor, como se infiere de la continua menci\u00f3n de los cr\u00e9ditos, alivios, imputaci\u00f3n de pagos y destinaci\u00f3n de pr\u00e9stamos de fomento, sin que se hiciera una declaraci\u00f3n similar respecto al negocio de cuenta corriente. <\/p>\n

Luego, el an\u00e1lisis que en segunda instancia hiciera el juzgador sobre la legitimaci\u00f3n por pasiva, se ajust\u00f3 al recto entendimiento de la demandada. <\/p>\n

6.2.3. Frente al Convenio Interadministrativo de Compraventa de Activos entre el Banco Cafetero S.A. y la Central de Inversiones S.A. (folios 699 a 708 del cuaderno 1A), para desentra\u00f1ar su contenido y finalidad, conviene trascribir in extenso las siguientes cl\u00e1usulas: <\/p>\n

Cl\u00e1usula segunda.- Definiciones\u2026 3. Cr\u00e9ditos: Son los cr\u00e9ditos calificados por endeudamiento en categor\u00eda C, D y E, as\u00ed como aquellos castigados y registrados en cuentas de orden, incluyendo aquellos cr\u00e9ditos calificados en categor\u00eda A o B, que est\u00e9n a cargo de deudores con obligaciones calificadas\u2026 C, D o E\u2026 5. Debidamente documentos: Significa que el vendedor debe proporcionarla a la compradora: Trat\u00e1ndose de la cartera comercial: los pagar\u00e9s debidamente diligenciados y suscritos por el deudor, la constancia de pago de impuestos\u2026, los formatos de calificaci\u00f3n de la cartera, los documentos de soporte de dicha calificaci\u00f3n, la informaci\u00f3n comercial disponible; en el evento en que los pagar\u00e9s hayan sido inicialmente otorgados con espacios en blanco, la correspondiente carta de instrucciones\u2026 <\/p>\n

Cl\u00e1usula tercera.- Objeto: El vendedor vende y se obliga a transferir el dominio y la compradora compra y se obliga a pagar el precio de los cr\u00e9ditos calificados C, D, E\u2026 <\/p>\n

As\u00ed mismo, el vendedor y la compradora se obligan a dar cumplimiento a las dem\u00e1s obligaciones establecidas a su cargo dentro del contrato\u2026 <\/p>\n

Cl\u00e1usula s\u00e9ptima.- Responsabilidad: El vendedor responde por: 1) La existencia de los cr\u00e9ditos objeto del contrato, sin perjuicio de lo establecido en la cl\u00e1usula cuarta, y 2) La titularidad de los derechos sobre los cr\u00e9ditos mencionados en el numeral anterior y su posesi\u00f3n leg\u00edtima; 3) La debida constituci\u00f3n de las garant\u00edas admisibles que respaldan las obligaciones originadas en los cr\u00e9ditos. <\/p>\n

Cl\u00e1usula d\u00e9cimaquinta.- Alcance del contrato:\u2026 Ser\u00e1n de cargo de la compradora todos los reclamos y obligaciones que surjan de la ley, o que se desprendan de instrucciones de las autoridades de control relacionadas con los activos de la negociaci\u00f3n, en particular las obligaciones y compromisos que surgen de la Ley de Vivienda y fallos de la Corte Constitucional\u2026 <\/p>\n

El vendedor ceder\u00e1 a la compradora aquellos procesos\u2026 relacionados con los activos objeto de la presente negociaci\u00f3n y que han sido instaurados por los deudores o terceros, con el fin de que contin\u00fae con la defensa de la posici\u00f3n contractual como acreedora. La compradora asumir\u00e1 las consecuencias patrimoniales que respecto de los cr\u00e9ditos puedan derivarse en aquellos procesos judiciales instaurados por los deudores contra el vendedor, quien mantendr\u00e1 informada a la compradora sobre evoluci\u00f3n de tales procesos\u2026 (folios 699 a 708 del cuaderno 1A). <\/p>\n

Una lectura arm\u00f3nica de estas estipulaciones trasluce que las partes concertaron una cesi\u00f3n de contratos, a t\u00edtulo de compraventa, como bien lo coligi\u00f3 el ad quem, en tanto el convenio es comprensivo, no s\u00f3lo de los derechos originados en las operaciones de colocaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n las obligaciones correlativas, valga decirlo, tuvo en cuenta la integridad de la posici\u00f3n contractual. <\/p>\n

Y es que, seg\u00fan las definiciones contenidas en el acuerdo, el vendedor deb\u00eda proporcionar tanto el pagar\u00e9 representativo de la obligaci\u00f3n a su favor, como los documentos integrantes de la relaci\u00f3n comercial, lo que resulta explicable porque al comprador le interesaba, junto al t\u00edtulo que permitiera la ejecuci\u00f3n, todos los documentos de utilidad para atender eventuales reclamaciones de los mutuarios. <\/p>\n

En sinton\u00eda, la cl\u00e1usula s\u00e9ptima estableci\u00f3 que el comprador asum\u00eda los riesgos derivados de las acciones o excepciones que promovieran los deudores de los cr\u00e9ditos, para lo cual contar\u00eda con la coadyuvancia del vendedor \u00fanicamente por tres (3) anualidades, lo que denota un traslado patrimonial integral. <\/p>\n

De forma a\u00fan m\u00e1s categ\u00f3rica, la estipulaci\u00f3n decimoquinta dej\u00f3 en claro que, a partir del convenio, \u00aberan a cargo de la compradora todos los reclamos y obligaciones que surjan de la ley relacionados con los activos de la negociaci\u00f3n\u00bb, con lo cual CISA asumi\u00f3 los deberes que eran exigibles a la entidad bancaria, libr\u00e1ndola de esta carga. Incluso, frente a procesos promovidos por los mutuarios, se previ\u00f3 que la compradora \u00abcontin\u00fae con la defensa de la posici\u00f3n contractual como acreedora\u00bb. <\/p>\n

En este contexto, se desestima que las partes acordaran la mera cesi\u00f3n de los cr\u00e9ditos de la entidad bancarias, pues el objeto no se acot\u00f3 a la simple traslaci\u00f3n del derecho a obtener la restituci\u00f3n del dinero prestado, sino que se englob\u00f3 la totalidad de las vicisitudes que pudieran surgir con ocasi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de los pr\u00e9stamos otorgados a los clientes. <\/p>\n

Por tanto, la utilizaci\u00f3n de la palabra \u00abcr\u00e9dito\u00bb en el convenio interadministrativo, no puede entenderse como una limitaci\u00f3n al objeto enajenado, sino como una sinonimia de mutuo o pr\u00e9stamo. De haberse querido s\u00f3lo lo primero, las partes se habr\u00eda limitado a exigir el endoso de los t\u00edtulos valores, sin suministro de informaci\u00f3n adicional o la imposici\u00f3n de otras cargas; al haber recorrido el sendero opuesto se deja en claro que pretend\u00edan la transferencia de posiciones contractuales, de suerte que el Banco se librara de atender los procesos promovidos por estos clientes y trasladara los riesgos de estas relaciones negociales al comprador. <\/p>\n

Ahora bien, ciertamente en la cl\u00e1usula octava del convenio interadministrativo se dispuso que, \u00ab[e]n el caso de que los cr\u00e9ditos\u2026 se encuentren al cobro judicial\u2026, la transferencia se har\u00e1 por medio de la cesi\u00f3n de los respectivos derechos de cr\u00e9ditos y sus garant\u00edas ante la autoridad judicial que conoce del asunto\u00bb. Empero, esta redacci\u00f3n no indica que las partes quisieran bifurcar el negocio imponiendo solamente el traspaso de los activos en estos casos; tal cl\u00e1usula lo \u00fanico que hace es clarificar la forma en que deb\u00eda operar la cesi\u00f3n y los requisitos necesarios para esto. <\/p>\n

Estas razones explican que el Tribunal desestimara la importancia del endoso de los t\u00edtulos valores o el cumplimiento de las normas del C\u00f3digo Civil sobre cesi\u00f3n de derechos, centr\u00e1ndose en el estudio de la convenci\u00f3n traslaticia de las posiciones contractuales, lo que le permiti\u00f3 establecer que CISA era el sujeto que deb\u00eda ser llamado a responder por las obligaciones insatisfechas. Sostuvo dicho \u00f3rgano colegiado: <\/p>\n

[D]el hecho de haber endosado el Banco Cafetero los pagar\u00e9s con los cuales sustentaba el se\u00f1or Guillermo Alfonso Trujillo G\u00f3mez su obligaci\u00f3n, una vez vencidos, para la ejecuci\u00f3n que adelantara la nueva acreedora o cesionaria, el contratante cedido podr\u00eda oponer a aqu\u00e9l todas las excepciones que se derivaran del contrato, tal y como lo dijo el funcionario de primer grado; sin embargo ese no es el caso, pues no estamos frente a la pretensi\u00f3n de cumplimiento de la obligaci\u00f3n, sino de una pretensi\u00f3n desemejante, mediante la cual se requiere endilgar responsabilidad al cedente por hechos suyos, ocurridos antes de la cesi\u00f3n de contrato, o de su posici\u00f3n contractual\u2026 (negrilla fuera de texto, folio 95 del cuaderno Tribunal). <\/p>\n

Se desestiman, por esta v\u00eda, los argumentos de la demanda de casaci\u00f3n, tendientes a sostener que entre Bancaf\u00e9 y la gestora de activos se hizo una mera cesi\u00f3n de activos. <\/p>\n

6.2.4. La copia aut\u00e9ntica de algunas piezas del proceso concursal adelantado en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Caldas, adosadas a la foliatura, tampoco fueron falseadas, porque de ellas se deduce la notificaci\u00f3n de la cesi\u00f3n de los contratos a que se ha hecho referencia a Guillermo Trujillo. <\/p>\n

En efecto, en la certificaci\u00f3n del despacho judicial de 30 de mayo de 2007, claramente se advierte que Bancaf\u00e9 present\u00f3 al proceso concursal los cr\u00e9ditos de su deudor (folio 594 del cuaderno 1A), lo que fue ratificado por los memoriales de presentaci\u00f3n (folios 596, 597, 600 y 601). <\/p>\n

A su vez, por misiva de 3 de junio de 2004, cuya copia fue incorporada al tr\u00e1mite de concordato, Bancaf\u00e9 respondi\u00f3 un derecho de petici\u00f3n del actor en los siguientes t\u00e9rminos: \u00abComo bien lo indica en su solicitud, los cr\u00e9ditos a su cargo fueron cedidos a la Central de Inversiones, entidad que en la actualidad es acreedora en el proceso concordatario iniciado por Usted\u00bb (folio 689). <\/p>\n

De lo anterior se dej\u00f3 constancia en el prove\u00eddo de 4 de junio de 2003, notificada dos (2) d\u00edas despu\u00e9s por estado: \u00ab[d]e acuerdo con la manifestaci\u00f3n que hace la Abogada Regional Normalizaci\u00f3n de Activos de Bancaf\u00e9\u2026, los cr\u00e9ditos de esa entidad le fueron cedidos a la Central de Inversiones\u00bb (folios 685 a 687). <\/p>\n

Empero, por auto de 12 de abril de 2005 se requiri\u00f3 a \u00abCentral de Inversiones S.A. \u2018CISA S.A.\u2019, para que aporte a este proceso el contrato de cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos\u00bb, puesto que \u00ab[c]onforme a los escritos visibles a (Fls. 197 y 238 del Cdno. Ppal), los cr\u00e9ditos presentados por Bancafe, fueron cedidos a La Central de Inversiones S.A.\u00bb (folios 693 y 695). <\/p>\n

Frente lo anterior, el abogado de confianza de la gestora de activos, el 11 de mayo de 2005, alleg\u00f3 al proceso \u00abel \u2018Convenio inter-administrativo de compraventa de activos entre el Banco Cafetero S.A. y la Central de Inversiones S.A.\u2019\u00bb, con la advertencia de que \u00aben el documento de cesi\u00f3n que aparece en el expediente se indica que \u2018Bancafe por medio del presente memorial cede a favor de la cesionario\u2026 los t\u00edtulos de cr\u00e9dito y las garant\u00edas involucradas dentro del proceso de la referencia\u2019; y al formularse la petici\u00f3n expresa de reconocimiento de la cesionaria se ruega tenerla como tal \u2018para todos los efectos legales, como titular o subrogataria de los cr\u00e9ditos, garant\u00edas y privilegios que le correspond\u00edan a Bancafe dentro del presente proceso\u2019\u00bb (folios 697 y 698). <\/p>\n

Para esta data, entonces, se colmaron los requisitos de los art\u00edculos 888 y 894 del C\u00f3digo de Comercio para la oponibilidad de la cesi\u00f3n de contratos, pues la traslaci\u00f3n se hizo por escrito y la misma se dio a conocer al contratante cedido, poni\u00e9ndole a su disposici\u00f3n el documento contentivo de la misma. <\/p>\n

Por tanto, ante la ausencia de pruebas de que Guillermo Trujillo hiciera reserva para no liberar a Bancaf\u00e9 de sus obligaciones, en los t\u00e9rminos del canon 896 ejusdem, se colige que la calidad de mutuante se traslad\u00f3 a CISA, quien en adelante era la \u00fanica legitimada para responder de los eventuales perjuicios originados en el inadecuado manejo de los cr\u00e9ditos cuya posici\u00f3n contractual le fue transferida, sin perjuicio de la facultad que ten\u00eda para denunciar el pelito, en caso que quisiera hacer uso de ella. <\/p>\n

De ah\u00ed que la acci\u00f3n promovida el 25 de octubre de 2005 (folio 283 del cuaderno 1), valga la pena subrayarlo, m\u00e1s de cinco (5) meses despu\u00e9s de que la cesi\u00f3n contractual tuviera efectos frente a terceros, se dirigi\u00f3 contra la persona que no estaba llamada a resistir la pretensi\u00f3n, conclusi\u00f3n que deb\u00eda ser declarada de forma oficiosa, como en efecto lo hizo el Tribunal, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n

6.2.5. Por las razones expuestas se descarta la aplicaci\u00f3n de las normas sobre cesi\u00f3n de derechos litigiosos o de contratos intuitu personae al presente litigio, en tanto, ins\u00edstase, lo celebrado y ejecutado entre Bancaf\u00e9 y la Central de Inversiones S.A. fue una traslaci\u00f3n de posiciones contractuales, tanto as\u00ed que las alegaciones probatorias que se esgrimen en casaci\u00f3n para desmentir este colof\u00f3n son novedosas y constituyen medios nuevos, como se explic\u00f3. <\/p>\n

6.2.6. Frente a los pagar\u00e9s arrimados al plenario, que seg\u00fan el recurrente fueron agregados imaginariamente con un endoso, se advierte tal conclusi\u00f3n carece se asidero, pues en la decisi\u00f3n del segundo grado no se incluy\u00f3 una manifestaci\u00f3n en dicho sentido. <\/p>\n

Por el contrario, el Tribunal desestim\u00f3 evaluar este requisito, en raz\u00f3n de la naturaleza del proceso promovido por Guillermo Trujillo. Dijo este \u00f3rgano colegiado: <\/p>\n

[D]el hecho de haber endosado el Banco Cafetero los pagar\u00e9s con los cuales sustentaba el se\u00f1or Guillermo Alfonso Trujillo G\u00f3mez su obligaci\u00f3n, una vez vencidos, para la ejecuci\u00f3n que adelantara la nueva acreedora o cesionario, el contratante cedido podr\u00eda oponer a aqu\u00e9l todas las excepciones que se derivaran del contrato, tal y como lo dijo el funcionario de primer grado; sin embargo ese no es el caso, sino de una pretensi\u00f3n desemejante, mediante la cual se quiere endilgar responsabilidad al cedente por hechos suyos, ocurridos antes de la cesi\u00f3n del contrato, o de su posici\u00f3n contractual.
\nEs claro que el convenio celebrado entre el Banco Cafetero y Centro de Inversiones S.A. -\u2018CISA\u2019; constitu\u00eda no solamente una cesi\u00f3n de un cr\u00e9dito, sino la \u2018cesi\u00f3n de la posici\u00f3n contractual\u2026\u2019 (folio 95 del cuaderno 8). <\/p>\n

V\u00e9ase que el ad quem obvi\u00f3 el argumento del funcionario de primera instancia, que reclam\u00f3 la aplicaci\u00f3n de las normas sobre cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos con ocasi\u00f3n del endoso de los t\u00edtulos valores, por considerar que en el caso deb\u00eda estudiarse la naturaleza de la reclamaci\u00f3n y el negocio celebrado entre las partes, del cual extrajo que se cedieron posiciones contractuales. <\/p>\n

En otras palabras, en la sentencia cuestionada no se dieron por establecidos los endosos de los pagar\u00e9s, pues su enunciaci\u00f3n s\u00f3lo se hizo para trivializar el argumento del a quo, centr\u00e1ndose en el aspecto que deb\u00eda objeto se resoluci\u00f3n, como es la cesi\u00f3n de la calidad de mutuante. <\/p>\n

Des\u00e9chese, entonces, la suposici\u00f3n a que alude el cargo en estudio. <\/p>\n

6.2.7. Por \u00faltimo, respecto a la interpretaci\u00f3n del Convenio Interadministrativo como un contrato marco, el casacionista omiti\u00f3 particularizar las cl\u00e1usulas que, en concreto, sirven de soporte a esta conclusi\u00f3n y que, en su criterio, fueron desatendidas o malinterpretadas por el funcionario judicial de alzada, por lo que su argumento se torna panor\u00e1mico y no puede revisarse en casaci\u00f3n. <\/p>\n

Con todo, de las estipulaciones de esta convenci\u00f3n se infiere su car\u00e1cter concreto, pues en el mismo se pact\u00f3 la obligaci\u00f3n de transferir, a t\u00edtulo de venta, los cr\u00e9ditos \u00abcalificados C, D y E, as\u00ed como aquellos castigados y registrados en cuentas de orden, incluyendo cr\u00e9ditos calificados en categor\u00eda A o B que est\u00e9n a cargo de deudores calificados en categor\u00edas C, D o E\u00bb (cl\u00e1usula tercera, folios 700 y 701 del cuaderno 1A). <\/p>\n

Para estos fines, se convino que en los anexos n.\u00b0 1 y 6 se describir\u00edan los mutuos objeto de tradici\u00f3n (cl\u00e1usula segunda), informaci\u00f3n que ser\u00eda complementada dentro de los 45 d\u00edas siguientes a la firma del contrato con el anexo n.\u00b0 2 (par\u00e1grafo de la cl\u00e1usula tercera), en el cual se incluir\u00eda un completo detalle del estado de las obligaciones. <\/p>\n

De forma coherente, en el par\u00e1grafo tercero de la cl\u00e1usula cuarta se dispuso que \u00ab[e]l vendedor empezar\u00e1 a entregar los cr\u00e9ditos debidamente documentados en las ciudades de Bogot\u00e1, Medell\u00edn, Cali y Barranquilla y en las dem\u00e1s que acuerden las partes, a m\u00e1s tardar 45 d\u00edas despu\u00e9s\u2026 [e]n actas, que constituir\u00e1n el anexo No. 3 del contrato\u00bb (folio 702). <\/p>\n

Lo expuesto descarta que el pacto entre Bancaf\u00e9 y CISA fuera un acuerdo marco que requiriera de nuevas declaraciones de voluntad para lograr la cesi\u00f3n de los mutuos a que se hace referencia en sus ap\u00e9ndices, como lo asegur\u00f3 el recurrente; lo pretendido fue que este instrumento tuviera car\u00e1cter dispositivo y su cumplimiento se diera de forma progresiva, una vez se documentaran adecuadamente las operaciones activas, sin tr\u00e1mites adicionales diferentes a los exigidos para la oponibilidad de las cesiones a terceros. <\/p>\n

6.3. As\u00ed las cosas, el impugnante no logr\u00f3 demostrar los errores de hecho achacados al Tribunal, por lo que se clausura la prosperidad de la casaci\u00f3n, adem\u00e1s de los yerros formales explicados con anterioridad. <\/p>\n

7. En aplicaci\u00f3n del principio dispositivo, que impide a la Corte corregir los dislate que advierta en la formulaci\u00f3n de los cargos, con el objeto de evitar que el remedio extraordinario \u00abse convierta en una instancia adicional o que se falsee la intenci\u00f3n del casacionista\u00bb (AC2344, 13 jun. 2018, rad. n.\u00b0 2013-00017-01), no se estudiar\u00e1n los t\u00f3picos de la acusaci\u00f3n que resultan incompatibles con la v\u00eda alegada por el recurrente. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que \u00ab[l]a impugnaci\u00f3n jam\u00e1s la hace o completa la Sala, [porque] es tarea irrenunciable del casacionista\u00bb (AC2207, 30 ab. 2014, rad. n\u00b0 2010-00987-01). \u00abSe impone, de esta manera, una aplicaci\u00f3n estricta del principio dispositivo del recurso, en cuya virtud no es posible que las deficiencias observadas sean subsanadas directamente y a iniciativa propia por la Corporaci\u00f3n\u00bb (SC12236, 16 ag. 2017, rad. n.\u00b0 2007-00115-01). <\/p>\n

8. Frustrada la impugnaci\u00f3n extraordinaria deber\u00e1n imponerse costas a su proponente, seg\u00fan lo previsto en el inciso final del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, as\u00ed como agencias en derecho de conformidad con el precepto 392 ib\u00eddem, modificado por el art\u00edculo 19 de la Ley 1395 de 2010, para lo cual se tendr\u00e1 en cuenta que la contraparte formul\u00f3 replica (folios 145 a 171 del cuaderno Corte). <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia proferida el 29 de enero de 2013, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil de Descongesti\u00f3n, dentro del proceso que promovi\u00f3 Guillermo Alfonso Trujillo G\u00f3mez contra Granbanco S.A. -hoy Banco Davivienda S.A.- <\/p>\n

Se condena en costas al recurrente en casaci\u00f3n. Por secretar\u00eda incl\u00fayase en la liquidaci\u00f3n la suma de seis millones de pesos ($6.000.000), por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n

En su oportunidad, devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n al Tribunal de origen. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de la Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tCfr. folios 261, 383 del cuaderno 1, 674, 690 y 691 del cuaderno 1A.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente SC1732-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-029-2005-00539-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil diecinueve (2019). Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el apoderado judicial de Guillermo Alfonso Trujillo G\u00f3mez (q.e.p.d.) frente a la sentencia de 29 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102493","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102493","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102493"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102493\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102493"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102493"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102493"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}