{"id":102504,"date":"2026-07-02T15:32:37","date_gmt":"2026-07-02T15:32:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102504"},"modified":"2026-07-02T15:32:37","modified_gmt":"2026-07-02T15:32:37","slug":"sc2108-2019-2008-00629-01","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc2108-2019-2008-00629-01\/","title":{"rendered":"SC2108-2019 (2008-00629-01)"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

SC2108-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-026-2008-00629-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de febrero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de junio de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n de la sociedad demandante Promoseguros Ltda. formulado contra la sentencia del 16 de octubre de 2014, adoptada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en el proceso que la recurrente entabl\u00f3 contra Expreso Internacional Orme\u00f1o S.A. <\/p>\n

I.\tANTECEDENTES <\/p>\n

A.\tLa pretensi\u00f3n.- Con demanda repartida al Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, la actora pretende que se declare que la resistente est\u00e1 obligada a pagarle honorarios comerciales originados en el mandato que le confiri\u00f3 el 13 de septiembre de 2000; que en consecuencia se le condene a pagar a su favor la suma de $181.190.184,89, indexados y con causaci\u00f3n de intereses moratorios comerciales desde el momento en que la obligaci\u00f3n se hizo exigible hasta la fecha de su pago. <\/p>\n

B.\tLa causa petendi: Como sustrato f\u00e1ctico alega, en s\u00edntesis: <\/p>\n

1.\tQue desde 1996 Promoseguros ha mantenido relaciones comerciales con Orme\u00f1o por raz\u00f3n de servicios que aquella como corredora de seguros prest\u00f3 a esta, en cuyo desarrollo era usual que la interpelada le confiriera poder para la tramitaci\u00f3n y pago de indemnizaciones por siniestros que afectaran veh\u00edculos de Orme\u00f1o, tal como pas\u00f3 el 21 de abril de 1997 cuando le reconoci\u00f3 honorarios por US$24.252,73. <\/p>\n

2.\tQue a ra\u00edz de un atentado terrorista perpetrado el d\u00eda 30 de agosto de 2000 contra un bus de Orme\u00f1o amparado por la p\u00f3liza expedida por la compa\u00f1\u00eda de seguros La Previsora S.A., el representante para Colombia de Expreso Internacional Orme\u00f1o S.A. \u201csuscribi\u00f3 el contrato de apoderamiento\u201d a nombre de aquella con el fin de que negociara y obtuviese la indemnizaci\u00f3n respectiva, contrato que se encuentra vigente desde esa data y en ejercicio del cual despleg\u00f3 la demandante actuaciones encaminadas a lograr la indemnizaci\u00f3n a favor de Orme\u00f1o: formaliz\u00f3 la reclamaci\u00f3n, logr\u00f3 incrementar la cotizaci\u00f3n base del siniestro, mantuvo constante intercambio de comunicaciones con autoridades p\u00fablicas tendientes a obtener el pago del siniestro y que adem\u00e1s constituyeron pruebas fundamentales en orden a que el proceso ulterior adelantado por la resistente contra la aseguradora tuviese un desenlace feliz. <\/p>\n

3.\tMas, en raz\u00f3n de la objeci\u00f3n de la Previsora S.A. al pago a que estaba obligada (la p\u00f3liza que expidi\u00f3 exig\u00eda que los veh\u00edculos tuvieran SOAT vigente), Promoseguros advirti\u00f3 a Orme\u00f1o de la necesidad de interponer tempestivamente la demanda del caso con el fin de evitar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual aquella, como intermediaria, contact\u00f3 al doctor Humberto Murcia Celed\u00f3n, a quien Orme\u00f1o confiri\u00f3 poder para adelantar la gesti\u00f3n judicial, poder que afirma es independiente y tiene un objeto completamente distinto al conferido a Promoseguros el 13 de septiembre de 2000. <\/p>\n

4.\tEn el curso de ese proceso, Promoseguros prest\u00f3 su apoyo constante en la consecuci\u00f3n del acervo probatorio y en su estructuraci\u00f3n, el cual culmin\u00f3 con transacci\u00f3n celebrada el 4 de mayo de 2006, donde La Previsora S.A. se comprometi\u00f3 a pagar a Orme\u00f1o una indemnizaci\u00f3n que ascendi\u00f3 a la suma de US$607.750,oo., monto que se logr\u00f3 por la intervenci\u00f3n de la actora en la cotizaci\u00f3n del siniestro. <\/p>\n

C.\tAdmitida que fue la demanda, Orme\u00f1o, al contestarla, se opuso a las pretensiones con formulaci\u00f3n de excepciones de fondo. Adujo que no se hab\u00eda generado obligaci\u00f3n a favor de Promoseguros en tanto que la indemnizaci\u00f3n no se obtuvo como resultado de las gestiones directas de esta sociedad ante la compa\u00f1\u00eda de seguros, pues fue necesario contratar un abogado para la gesti\u00f3n judicial que termin\u00f3 cuatro a\u00f1os despu\u00e9s. <\/p>\n

Aclar\u00f3 que no se hab\u00eda suscrito un contrato con el pago de una comisi\u00f3n del 10% sobre el valor recuperado, aunque s\u00ed un poder para que la demandante adelantara gestiones para negociar y conciliar un siniestro, poder que no se encuentra vigente desde el 17 de julio de 2002 cuando Orme\u00f1o otorg\u00f3 uno al doctor Humberto Murcia Celed\u00f3n para adelantar las gestiones judiciales contra La Previsora. <\/p>\n

D.\tLa primera instancia fue decidida por el Juzgado de conocimiento con sentencia (f. 167, c. 1) desestimatoria de las pretensiones al encontrar acreditada la excepci\u00f3n de fondo denominada \u201cinexistencia de causa para pedir honorarios\u201d, en raz\u00f3n a que el poder que otorg\u00f3 en su momento Orme\u00f1o a Promoseguros termin\u00f3 cuando aquella confiri\u00f3 uno al abogado, sin que el hecho de que hubiese contribuido en la b\u00fasqueda del profesional significara continuaci\u00f3n de la vigencia del mismo, el cual fue conferido para adelantar gestiones administrativas tendientes al pago de siniestro, encargo que genera el derecho a honorarios, pero no por raz\u00f3n del contrato de transacci\u00f3n, pues \u00e9ste no se logr\u00f3 por la actuaci\u00f3n de la demandante. <\/p>\n

II.\tLA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n

En lo medular, y luego del usual resumen, el ad quem resalt\u00f3:
\nA.\tLa misma actora admiti\u00f3 que el mandato que dijo haber celebrado con la sociedad interpelada tuvo por objeto \u201cnegociar y obtener indemnizaci\u00f3n a favor de Orme\u00f1o\u201d (f. 69, c. 4) a cambio de una comisi\u00f3n del 10% de los dineros que desembolsara La Previsora S.A. \u201cpor las gestiones que desplegara Promoseguros en desarrollo de las funciones del poder que le fue otorgado (ver hecho 4\u00b0 de la demanda\u2026)\u201d, negociaci\u00f3n que vista de esa forma envuelve una cuota de \u00e9xito que es -seg\u00fan jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n que transcribe- el par\u00e1metro \u00fanico para establecer el valor de los honorarios que se generan a favor de quien ha puesto al servicio del mandante su gesti\u00f3n y sus conocimientos.
\nB. El nacimiento de la obligaci\u00f3n a cargo de Orme\u00f1o estaba supeditado a que el pago de la indemnizaci\u00f3n por parte de La Previsora fuera la consecuencia directa de las gestiones extrajudiciales de Promoseguros, pues esos honorarios que recibir\u00eda equivaldr\u00edan al \u00ab\u201c10% del valor recuperado por las gestiones que Promoseguros desplegara en desarrollo de las funciones del poder que le fue otorgado (fl 103\u201d\u00bb. <\/p>\n

C.\tAl margen del mayor o menor grado de incidencia de las diligencias extrajudiciales de Promoseguros en la suerte final del proceso judicial y en la estructuraci\u00f3n de la f\u00f3rmula de arreglo a que llegaron Orme\u00f1o y La Previsora, dice el Tribunal que lo cierto es que para la \u00e9poca en que se inici\u00f3 el litigio ya era improbable que Promoseguros lograra el resultado al cual se condicion\u00f3 su remuneraci\u00f3n. <\/p>\n

D.\tLos derechos econ\u00f3micos reclamados no se derivaron de las gestiones de Promoseguros pues los honorarios a que Orme\u00f1o se comprometi\u00f3 con ella no fue por ayudar o colaborar sino por obtener el pago de la indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n

E.\tNo resulta aplicable a la causa litigiosa el art\u00edculo 2184 del C\u00f3digo Civil pues tal preceptiva es supletiva de la voluntad de las partes, quienes con contundencia pactaron que el mandante s\u00f3lo tendr\u00eda la obligaci\u00f3n de pagar los honorarios a su mandatario en caso de que este \u00faltimo tuviera \u00e9xito en la gesti\u00f3n encomendada. <\/p>\n

F.\tEl Tribunal no encuentra t\u00edtulo jur\u00eddico que permita a la actora obtener beneficio econ\u00f3mico derivado de la indemnizaci\u00f3n que obtuvo la demandada, sobre todo si se tiene en cuenta que en el escrito genitor y a todo lo largo del proceso afirm\u00f3 que el poder que Orme\u00f1o confiri\u00f3 al doctor Murcia es independiente y tiene un objeto distinto al que le confirieron a Promoseguros, poderes que comprend\u00edan gestiones de distinta naturaleza. <\/p>\n

G.\tNo existe prueba acerca de que las gestiones del demandante hubiesen conducido en forma eficaz y verdadera a la celebraci\u00f3n de la transacci\u00f3n que la demandada acord\u00f3 con La Previsora, pues la m\u00e1s id\u00f3nea apenas consisti\u00f3 en entregarle al abogado Murcia documentos atinentes a la reclamaci\u00f3n extrajudicial que sin \u00e9xito hab\u00eda promovido frente a esa aseguradora. <\/p>\n

H.\tAunque existen dos contratos de mandato fundamentalmente distintos, a saber, el que se celebr\u00f3 entre Orme\u00f1o y Promoseguros con miras a lograr extrajudicialmente la indemnizaci\u00f3n de parte de La Previsora y el que ajust\u00f3 Orme\u00f1o con el abogado Murcia para recaudar el pago del siniestro en un escenario judicial, lo cierto es que el primero se sujet\u00f3 a una condici\u00f3n suspensiva, sin que la actora hubiera acreditado que el pago de La Previsora se hubiese causado por su gesti\u00f3n, que temporalmente no fue m\u00e1s all\u00e1 del a\u00f1o 2002. <\/p>\n

I.\tEl hecho de que Orme\u00f1o hubiese pagado a Promoseguros en el pasado una comisi\u00f3n del 10% de la indemnizaci\u00f3n recibida no es indicio para derivar la existencia de la obligaci\u00f3n que en esta causa se reclama, pues los intentos de Promoseguros no lograron que sucediera la condici\u00f3n suspensiva a que se someti\u00f3 la obligaci\u00f3n de pagar honorarios. <\/p>\n

III.\tLA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n

De los ocho cargos que componen la demanda de casaci\u00f3n, en su momento la Sala no admiti\u00f3 a tr\u00e1mite los enlistados bajo los n\u00fameros cinco, seis y siete, por lo que ahora es procedente el estudio de fondo de los dem\u00e1s, fincados todos en la causal primera de casaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, estatuto que rige el tr\u00e1mite de este medio de impugnaci\u00f3n extraordinario, por as\u00ed disponerlo el numeral quinto del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso, en vista de que dicho recurso fue impetrado en vigencia de aquel ordenamiento. <\/p>\n

La similitud de los argumentos que se repiten en numerosos cargos, permite su estudio conjunto. <\/p>\n

PRIMER CARGO <\/p>\n

En este cargo se acusa la sentencia del Tribunal de haber infringido los art\u00edculos 1602, 1603, 2158, 2160, 2177 y 2184 del C\u00f3digo Civil y 1263 y 1264 del C\u00f3digo de Comercio como consecuencia de error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda y del poder que Orme\u00f1o confiri\u00f3 a Promoseguros. <\/p>\n

Con miras a demostrarlo, recuerda que el aludido poder lo confiri\u00f3 el apoderado general de Orme\u00f1o en septiembre de 2000 \u201c\u2026 Para negociar y conciliar el siniestro que se present\u00f3 en la vereda venta de Cajib\u00edo\u2026 en el veh\u00edculo a continuaci\u00f3n descrito\u2026\u201d (f. 13 c. Corte). Seguidamente recalca que all\u00ed no se dice nada sobre negociar y conciliar \u201cextrajudicialmente\u201d como lo pretendi\u00f3 hacer ver el Tribunal, distinguiendo donde las partes no lo hab\u00edan hecho. Agreg\u00f3: \u201cel poder no estipul\u00f3 limitaci\u00f3n en el sentido de que la \u00fanica forma de \u00e9xito era que el reclamo administrativo fuera atendido directamente. Pod\u00eda acudirse a instrumentos contractuales como contratar con profesionales del derecho\u201d, pero \u201ca\u00fan si se arguyera que el poder otorgado a Promoseguros se limitaba a gestiones extrajudiciales\u2026 la transacci\u00f3n fue en \u00faltimas una conciliaci\u00f3n extrajudicial, que luego fue llevada al proceso con el fin exclusivo de darlo por terminado\u201d (f. 17, c. Corte). <\/p>\n

Expres\u00f3 que usualmente Promoseguros hab\u00eda adelantado en favor de Orme\u00f1o negociaciones extrajudiciales pero en este caso fueron negociaciones tanto extrajudiciales como judiciales, mezcl\u00e1ndose ambas actividades; de hecho, el inicio del litigio judicial fue una estrategia promovida por Orme\u00f1o y Promoseguros para agilizar la conciliaci\u00f3n con la aseguradora. Por lo que al hacer esa distinci\u00f3n el Tribunal, no obstante reconocer que las gestiones de Promoseguros y del abogado Murcia fueron distintas y separadas, no vio que el de la primera era de \u00e1mbito m\u00e1s amplio, que el abogado actu\u00f3 como instrumento del mandato previo y su contrataci\u00f3n fue parte de la gesti\u00f3n encargada a Promoseguros, sin que el poder que se le confiri\u00f3 a aquel desplazara el mandato conferido a esta. <\/p>\n

De otra parte, fustig\u00f3 la conclusi\u00f3n del Tribunal acerca de que la remuneraci\u00f3n de Promoseguros estaba supeditada a un \u00e9xito que no se dio, afirmaci\u00f3n que desconoce que en efecto Orme\u00f1o recuper\u00f3 m\u00e1s de US$600,000, pues si el objeto del mandato era la negociaci\u00f3n y conciliaci\u00f3n ante la aseguradora, ello se logr\u00f3 a trav\u00e9s del abogado Murcia \u201cque para estos efectos fue un instrumento para el cumplimiento del mandato conferido a Promoseguros\u201d (f. 16, c. Corte). <\/p>\n

Otro error de hecho que le imputa al Tribunal fue descontextualizar la afirmaci\u00f3n de la demanda al inferir de all\u00ed que el poder de Orme\u00f1o a Promoseguros termin\u00f3 con la realizaci\u00f3n de las gestiones extrajudiciales, pues en ese libelo se aclar\u00f3 que durante el proceso judicial Promoseguros prest\u00f3 apoyo en la consecuci\u00f3n del acervo probatorio y en la estructuraci\u00f3n del proceso y que el contrato de transacci\u00f3n entre La Previsora y Orme\u00f1o se logr\u00f3 gracias a la gesti\u00f3n previa, concomitante y posterior proporcionada por Promoseguros. <\/p>\n

SEGUNDO CARGO <\/p>\n

Se acusa al Tribunal de haber infringido indirectamente los art\u00edculos 2160 y 2184 del C\u00f3digo Civil y 1264 del C\u00f3digo de Comercio por haber preterido las siguientes pruebas documentales: <\/p>\n

a.\tLa comunicaci\u00f3n del 12 de junio de 2001 en la que Promoseguros solicita a Orme\u00f1o \u201cla venia de la presidencia de Orme\u00f1o, a fin de establecer demanda jur\u00eddica a La Previsora Compa\u00f1\u00eda de Seguros\u201d pues \u201cya hemos agotado todos los recursos que exoneran a Orme\u00f1o del SOAT y ahora nos toca valernos de los derechos constitucionales que tiene Orme\u00f1o como persona jur\u00eddica\u201d (texto inserto en la demanda, f. 20, c. Corte). <\/p>\n

De esta prueba dice el recurrente que el Tribunal no apreci\u00f3 la advertencia que Promoseguros le hizo Orme\u00f1o sobre la necesidad de acudir a la administraci\u00f3n de justicia ni que por la forma como se encontraba redactada, habr\u00eda de participar de alguna manera en la demanda judicial respectiva. <\/p>\n

b.\tComunicaci\u00f3n del 21 de junio de 2001 en la que Promoseguros manifiesta a Orme\u00f1o que \u201csiguiendo sus amables instrucciones nos permitimos informarles que el plazo para presentar jur\u00eddicamente la reclamaci\u00f3n ante La Previsora tiene un plazo de 2 a\u00f1os\u201d. <\/p>\n

Argumenta que de esta prueba, omitida por el Tribunal, se desprende que Orme\u00f1o acept\u00f3 la comunicaci\u00f3n antes referida as\u00ed como que se le encomend\u00f3 a Promoseguros la emisi\u00f3n de un concepto de contenido jur\u00eddico ajeno a todo tr\u00e1mite administrativo y relacionada con la pertinencia de presentar la reclamaci\u00f3n judicial, todo lo cual denota que el poder de Orme\u00f1o a Promoseguros no qued\u00f3 agotado con la mera gesti\u00f3n administrativa. <\/p>\n

c.\tComunicaci\u00f3n del 18 de septiembre de 2001 en la que Promoseguros manifiesta a Orme\u00f1o que ya ha hecho uso de todos los recursos a fin de lograr el pago del siniestro por lo que considera prudente proceder legalmente y, en consecuencia, \u201cqueda a la espera de su orden para proceder jur\u00eddicamente\u201d. <\/p>\n

Estima la censura que esta misiva refleja que Promoseguros estaba ya lista para comenzar la gesti\u00f3n judicial correspondiente. <\/p>\n

d.\tComunicaci\u00f3n del 28 de mayo de 2002 del doctor Murcia Celed\u00f3n a Promoseguros, que hace referencia a la invitaci\u00f3n de esta para presentar una oferta de servicios con el objeto de demandar a La Previsora. <\/p>\n

De esta misiva la censura sostiene que acredita que Promoseguros comenz\u00f3 la gesti\u00f3n judicial inherente a su mandato, con la consecuci\u00f3n de un profesional de derecho. <\/p>\n

e.\tOficio remisorio de Promoseguros al abogado mediante el cual le hace entrega de toda la documentaci\u00f3n referida al caso, con lo cual se demuestra que la actora continu\u00f3 la fase correspondiente a la gesti\u00f3n judicial de su mandato. <\/p>\n

f.\t El hecho quinto de la contestaci\u00f3n de la demanda, el numeral I de las excepciones de fondo y la confesi\u00f3n del representante legal de Orme\u00f1o, probanzas todas que dan cuenta de que \u201cel mandato que se le habr\u00eda t\u00e1citamente revocado a Promoseguros por parte de Orme\u00f1o habr\u00eda incluido el mismo negocio que, a la postre, se le habr\u00eda encargado al abogado Murcia Celed\u00f3n; esto es, las gestiones judiciales para obtener la indemnizaci\u00f3n reclamada\u201d(f. 24, c. Corte). <\/p>\n

Hasta donde se puede entender, la argumentaci\u00f3n del recurrente va dirigida a demostrar que si Orme\u00f1o ten\u00eda el convencimiento de que el poder que le hab\u00eda conferido a Promoseguros hab\u00eda terminado cuando confiri\u00f3 otro al doctor Murcia para el mismo negocio, significaba que el primer poder inclu\u00eda las gestiones judiciales. <\/p>\n

g.\tDos comunicaciones y una factura de cobro de los honorarios causados por la gesti\u00f3n de Promoseguros en favor de la demandada, reclamados desde 2006 sin respuesta alguna por parte de Orme\u00f1o, pruebas de las cuales, arguye el casacionista, se desprende el \u00e9xito de la gesti\u00f3n de la primera. <\/p>\n

Como conclusi\u00f3n de este cargo, indica el recurrente que el mandato de Orme\u00f1o a Promoseguros inclu\u00eda hacerse cargo de gestiones judiciales y por ello se vali\u00f3 del abogado Murcia Celed\u00f3n para llevar a t\u00e9rmino exitoso su mandato. En consecuencia, mal hizo el Tribunal a suponer que la condici\u00f3n suspensiva a que pudo estar sujeta a la obligaci\u00f3n a cargo de Orme\u00f1o no se hubiera verificado. <\/p>\n

\u201cTodo lo contrario, la condici\u00f3n suspensiva se cumpli\u00f3; y se cumpli\u00f3 en el curso de la ejecuci\u00f3n del mandato conferido a Promoseguros. Esto \u00faltimo toda vez que, por virtud de lo previsto en el art\u00edculo 2160 del C\u00f3digo Civil, doctor Murcia no fue sino (un) el medio del cual se vali\u00f3 Promoseguros para llevar a exitoso t\u00e9rmino el mandato que se le encarg\u00f3\u201d (f. 25 c. Corte) <\/p>\n

TERCER CARGO <\/p>\n

Con fundamento en la misma causal, se acusa la sentencia del Tribunal de haber violado indirectamente el art\u00edculo 2160 del C\u00f3digo Civil y el 1282 del C\u00f3digo de Comercio, a causa de error de hecho manifiesto al no haber apreciado las pruebas mencionadas en el cargo anterior en los literales (a) a (g), as\u00ed como por suponer la prueba que demostraba que Promoseguros sab\u00eda de la revocaci\u00f3n t\u00e1cita del mandato. <\/p>\n

Para su demostraci\u00f3n, la censura reproduce los mismos argumentos del cargo anterior, todos tendientes a dejar fijado que esas pruebas acreditaban que a Promoseguros se le otorg\u00f3 un mandato para hacer tambi\u00e9n reclamaci\u00f3n judicial. Y que si ese mandato le fue revocado, Orme\u00f1o no tuvo conocimiento de ello sino hasta la contestaci\u00f3n de la demanda de este proceso. <\/p>\n

Es en relaci\u00f3n con esa \u00faltima parte que le endilga al Tribunal yerro f\u00e1ctico al suponer la prueba sobre la comunicaci\u00f3n a la empresa demandante de la terminaci\u00f3n del mandato que le confiri\u00f3 Orme\u00f1o. <\/p>\n

Recalca la censura que para Orme\u00f1o el poder hab\u00eda terminado el 13 de septiembre de 2000 seg\u00fan lo relat\u00f3 en la contestaci\u00f3n de la demanda y en las excepciones de fondo. Lo anterior significa que para esa interpelada el mandato lo habr\u00eda revocado t\u00e1citamente con arreglo al art\u00edculo 2190 del C\u00f3digo Civil, pues le encarg\u00f3 el mismo negocio a otra persona, a saber, al abogado Murcia. Sin embargo, el Tribunal no repar\u00f3 en que esa revocaci\u00f3n t\u00e1cita alegada por Orme\u00f1o no ten\u00eda la virtud de terminar el mandato pues, de conformidad con el art\u00edculo 1282 del C\u00f3digo de Comercio, la revocaci\u00f3n produce efectos a partir del momento en que el mandatario tiene conocimiento de ella; por lo que la carga de probar que dicha revocatoria le fue comunicada a Promoseguros estaba en cabeza de Orme\u00f1o, prueba ausente en el expediente. <\/p>\n

CUARTO CARGO <\/p>\n

En este se alega que la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 2160 del C\u00f3digo Civil y 1280 del C\u00f3digo de Comercio fue fruto de los errores de hecho por no apreciar las pruebas referidas en el cargo segundo -literales (a) a (g)- tendientes a demostrar que el poder otorgado por Orme\u00f1o a Promoseguros inclu\u00eda el adelantamiento de gestiones judiciales. Pero con una variaci\u00f3n: en este cargo se alega que si en efecto Orme\u00f1o revoc\u00f3 t\u00e1citamente el poder que le confiri\u00f3 a Promoseguros cuando confiri\u00f3 otro al abogado Murcia Celed\u00f3n para el mismo negocio, tal revocatoria fue de mala fe. \u201cEn efecto, el que Orme\u00f1o hubiera terminado por despojar de su mandato a mi poderdante a trav\u00e9s de la contrataci\u00f3n de quien, precisamente, Promoseguros hubiera conseguido para instaurar el correspondiente proceso judicial en desarrollo de su propio encargo, no puede sino revelar la mala fe de un mandante que se aprovech\u00f3 de su mandatario inicial, promoviendo la ejecuci\u00f3n de su encargo para, solo hasta la consecuci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n del caso, eludir su deber de contraprestaci\u00f3n arguyendo una anterior revocaci\u00f3n t\u00e1cita que, por dem\u00e1s, mi poderdante s\u00f3lo vino a conocer hasta la contestaci\u00f3n de la demanda dentro del presente proceso\u201d (f. 40, c. Corte). <\/p>\n

OCTAVO CARGO <\/p>\n

Ac\u00e1 se acusa la sentencia del Tribunal de haber infringido indirectamente los art\u00edculos 2160 y 2184 del c\u00f3digo civil, y 1264 del C\u00f3digo de Comercio por causa de error de hecho por suposici\u00f3n y omisi\u00f3n de pruebas, seg\u00fan el siguiente desarrollo: <\/p>\n

De ninguna prueba se deduce que la remuneraci\u00f3n reclamada por Promoseguros a Orme\u00f1o estuviese sujeta al cumplimiento de alguna condici\u00f3n (que por lo dem\u00e1s, deb\u00eda ser expresa) o que se hubiese estipulado que si no se produc\u00eda la indemnizaci\u00f3n dentro de la reclamaci\u00f3n prejudicial Promoseguros no tendr\u00eda derecho a alguna remuneraci\u00f3n; otra cosa es que en el evento de que el mandato concluyera con la obtenci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n a cargo de la aseguradora la remuneraci\u00f3n fuese del 10% de lo que \u00e9sta desembolsara. <\/p>\n

Agrega que si bien las partes pudieron haber pactado \u2013o no- una comisi\u00f3n del 10% sobre lo recuperado, lo cierto es que esa comisi\u00f3n no es la \u00fanica remuneraci\u00f3n a que tendr\u00eda derecho Promoseguros en el evento de que su gesti\u00f3n no rindiera frutos por la v\u00eda prejudicial. Es decir, Promoseguros ten\u00eda derecho a ser remunerada por la ejecuci\u00f3n de sus deber1.es como mandatario, y eso fue lo que se indic\u00f3 en el hecho 4\u00ba de la demanda que el Tribunal cercen\u00f3, pues all\u00ed se dijo que \u201cdicho poder no estaba sometido expresamente a ninguna condici\u00f3n o plazo\u201d (f. 50, c. Corte). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- En apretada s\u00edntesis, los dos primeros cargos se dirigen a hacer ver que el poder que Orme\u00f1o confiri\u00f3 a Promoseguros no se limitaba a las gestiones extrajudiciales; el tercero insiste en ese punto, pero con un giro consistente en que cuando Orme\u00f1o entendi\u00f3 revocado t\u00e1citamente el poder que le hab\u00eda conferido a Promoseguros por raz\u00f3n de haber otorgado otro al abogado Murcia para el mismo negocio, entonces estaba admitiendo que aqu\u00e9l poder a Promoseguros comprend\u00eda la gesti\u00f3n judicial, en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 2190 del C\u00f3digo Civil1; el cuarto, sobre la base de entender revocado el poder a Promoseguros, aduce no s\u00f3lo un abuso o mala fe de la poderdante y demandada -cuesti\u00f3n ajena a la causa petendi- sino, nuevamente, que ese poder se extend\u00eda a la gesti\u00f3n judicial; y el octavo, por su parte, con marcada repetici\u00f3n, resalta, de un lado, que la causaci\u00f3n de los honorarios que ac\u00e1 se reclaman no est\u00e1 supeditada al cumplimiento de alguna condici\u00f3n o a que la indemnizaci\u00f3n que deb\u00eda pagar la aseguradora se lograra en la etapa prejudicial (cuesti\u00f3n abordada en los dos primeros cargos), y de otra, que en todo caso Promoseguros tiene derecho a una remuneraci\u00f3n acorde con la gesti\u00f3n desplegada, as\u00ed ella no rindiera frutos por la v\u00eda prejudicial. <\/p>\n

2.- El primer aspecto cardinal que separa a la censura de las conclusiones f\u00e1cticas del Tribunal gravita en la extensi\u00f3n del poder que Orme\u00f1o confiri\u00f3 a Promoseguros en donde, desde el punto de vista probatorio, se apoya en lo que se lee en el documento visible en folio dos del cuaderno principal, contentivo del poder que est\u00e1 dirigido por Orme\u00f1o a un funcionario de la aseguradora, para facultar a Promoseguros \u201cpara negociar y conciliar el siniestro que se present\u00f3 en la vereda venta de Cajib\u00edo\u2026\u201d. <\/p>\n

Seg\u00fan la conclusi\u00f3n del Tribunal, ese poder se limitaba a las gestiones extrajudiciales de reclamaci\u00f3n a la compa\u00f1\u00eda aseguradora, utilizando como soporte de su argumento las palabras textuales contenidas en el escrito de demanda con que se dio inicio a este proceso: \u201clas partes acordaron que Orme\u00f1o le pagar\u00eda una comisi\u00f3n a Promoseguros por un porcentaje equivalente al 10 por ciento (10%) sobre el valor recuperado por las gestiones que este \u00faltimo desplegara en desarrollo de las funciones objeto del poder que le fuera otorgado\u201d (hecho cuarto de la demanda , f. 103, c. 1). <\/p>\n

Pero para la censura, esas gestiones que deber\u00eda desplegar en virtud del poder otorgado por la demandada, implicaban incluso diligencias judiciales, porque a eso se refiere el art\u00edculo 1263 del C\u00f3digo de Comercio que establece que el mandato comprende los actos para los cuales haya sido conferido \u201cy aquellos que sean necesarios para su cumplimiento\u201d. Y por eso Promoseguros, pod\u00eda, al tenor del art\u00edculo 2177 del C\u00f3digo Civil, \u201ccontratar a su propio nombre o al del mandante\u201d, como aconteci\u00f3 con el abogado Murcia Celed\u00f3n, del que dice fue un instrumento para alcanzar el fin del mandato referido. <\/p>\n

3.- Un segundo aspecto que se observa y debe ser dilucidado primeramente hace referencia a que los diversos cargos aluden a la violaci\u00f3n de normas sustanciales contenidas en la regulaci\u00f3n legal que del contrato de mandato ofrecen el C\u00f3digo de Comercio (art\u00edculos 1263, 1264, 1280 y 1282) y el C\u00f3digo Civil (art\u00edculos 2158, 2160, 2177 y 2184), situaci\u00f3n que obliga a precisar, cu\u00e1l es la normatividad aplicable, y si es permitido esa promiscuidad que a primera vista aflora en los embates examinados. <\/p>\n

4.\tLa utilizaci\u00f3n indebida en los cargos de manera indiscriminada de normas civiles y comerciales evoca la tradicional e inacabada pol\u00e9mica en torno a la unificaci\u00f3n del derecho privado, en particular el civil y el comercial en lo atinente a las relaciones econ\u00f3micas de producci\u00f3n, intercambio y hasta uso final de productos y servicios, abarcando as\u00ed esa nueva vertiente del derecho que apunta a la protecci\u00f3n de los consumidores. <\/p>\n

Es un hecho que el derecho mercantil se ha fortalecido a partir del derecho romano y civil, con la aplicaci\u00f3n habitual y m\u00e1s precisamente, profesional, de contratos tomados de esas fuentes y que fueron alcanzando perfiles propios, de los cuales salieron otros m\u00e1s que lograron autonom\u00eda, con la nunca detenida e innovadora creaci\u00f3n de figuras flexibles y \u00e1giles, acordes con la din\u00e1mica del comercio y la libre producci\u00f3n. No obstante lo anterior, no deja de ser importante resaltar que esa autonom\u00eda que ha logrado el derecho mercantil no es absoluta porque abreva en principios y reglas del derecho com\u00fan o civil, como lo reconoce el estatuto mercantil en su art\u00edculo 8222, remisi\u00f3n a la cual hay que acudir, luego de intentarse sin frutos la aplicaci\u00f3n preferente de las normas comerciales escritas inclusive por v\u00eda anal\u00f3gica. <\/p>\n

Esto que se dice es particularmente aplicable al contrato de mandato, pues de acuerdo con el art\u00edculo 2142 del C\u00f3digo Civil \u201ces un contrato en que una persona conf\u00eda la gesti\u00f3n de uno o m\u00e1s negocios a otra\u201d, al paso que en el ordenamiento mercantil esa gesti\u00f3n se circunscribe, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 1262 del c\u00f3digo de la materia a \u201ccelebrar o ejecutar uno o m\u00e1s actos de comercio por cuenta de otra\u201d. <\/p>\n

Se trata, en ambos ordenamientos, de una prestaci\u00f3n de hacer (facere) a cargo del mandatario, destinada a la ejecuci\u00f3n de actos jur\u00eddicos propiamente dichos: actos de comercio en el \u00e1mbito mercantil y negocios en general en el derecho civil. A los que pueden agregarse tanto dentro del campo de la gesti\u00f3n del mandatario mercantil como del civil, otros actos u operaciones materiales, unos que son propios de otros contratos (como el de trabajo, de prestaci\u00f3n o locaci\u00f3n de servicios, etc.), o jur\u00eddicos otros y en campos diversos (administrativo, tributario, bancario etc., por no aludir a la representaci\u00f3n, el poder y el mandato propiamente dicho). Pi\u00e9nsese por ejemplo, en un contrato de mandato que tenga por objeto que el mandatario en nombre y por cuenta del mandante, constituya una sociedad por acciones simplificada de un solo socio, el mandante, para lo cual otorga este un poder a aquel dirigido a la C\u00e1mara de Comercio y dem\u00e1s autoridades con miras a que la gesti\u00f3n que encomend\u00f3 pueda el mandatario adelantarla. Es evidente que la \u201cintervenci\u00f3n como asociado en la constituci\u00f3n de sociedades comerciales\u201d (art\u00edculo 20, #5, del C\u00f3digo de Comercio) es acto de comercio, pero los actos jur\u00eddicos que el mandatario debe realizar en orden a la constituci\u00f3n de dicha sociedad pueden no serlo: elabora los estatutos (prestaci\u00f3n de servicios) y firma el acta de constituci\u00f3n as\u00ed como los formularios de matr\u00edcula de la sociedad (apoderamiento), para presentarlos a inscripci\u00f3n en el registro mercantil que lleva la C\u00e1mara de Comercio del domicilio de la futura sociedad. \u00c9ste \u00faltimo, que es el acto con el que propiamente se constituye la sociedad (art\u00edculo 5\u00ba de la ley 1258 de 2008 o \u201cley SAS\u201d) si la C\u00e1mara accede a la inscripci\u00f3n, tiene la naturaleza jur\u00eddica de ser un derecho de petici\u00f3n elevado en nombre del constituyente a la entidad registral, acto que por supuesto no se regula por el ordenamiento civil ni por el mercantil. Sin embargo, es mercantil la \u201cintervenci\u00f3n en\u201d esa constituci\u00f3n -prestaci\u00f3n principal-, y se regir\u00e1 ese mandato por la ley mercantil, no obstante que los actos inescindiblemente ligados a la prestaci\u00f3n no tengan car\u00e1cter comercial. <\/p>\n

Ha dicho esta Corporaci\u00f3n:
\nAs\u00ed entonces, el Tribunal no anduvo equivocado al englobar los servicios de auditor\u00eda y aval\u00fao con el contrato de mandato comercial simple que encontr\u00f3 estructurado, porque se trataba de cuestiones accesorias o subordinadas que se comprenden dentro del objeto principal contratado [cesi\u00f3n de cuotas sociales a consorcios]\u2026Sobre el particular la Corte desde anta\u00f1o tiene dicho que los \u201ccontratos espec\u00edficos con prestaciones subordinadas de otra especie, se caracterizan en que en su conjunto se amoldan \u00fanicamente a un solo tipo\u201d, caso en el cual pueden revelarse \u201cbien en un sentido secundario a esa finalidad total del contrato, o bien como medio encaminado a facilitar o posibilitar la realizaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n principal. En ambos supuestos, se aplican los textos legales que rigen el contrato tipo. Excepcionalmente puede tratarse la prestaci\u00f3n secundaria por analog\u00eda del contrato al cual pertenece\u201d. Desde luego que la excepci\u00f3n a que alude la jurisprudencia no ser\u00eda de recibo en el caso concreto no s\u00f3lo porque la ejecuci\u00f3n de esos actos materiales se encuentran en relaci\u00f3n directa con la finalidad total del contrato, al extremo que \u00e9ste no podr\u00eda lograrse o empezar a ejecutarse sin la realizaci\u00f3n de aqu\u00e9llos, sino porque, como se dijo, el art\u00edculo 1263 del C\u00f3digo de Comercio, los engloba tanto en el contrato de mandato simple como en la modalidad de comisi\u00f3n (SC-021-2003 del 25 de febrero de 2003, rad. n\u00b0. C-6222, que a su vez se apoya en sentencia del 31 de mayo de 1938, G.J. T.XLVI, p\u00e1g. 571, precedente que asimismo, en reciente data fue utilizado por la Corte. Cfr. CSJ SC18476-2017 del 22 de febrero de 2017, rad. n\u00b0. 68001-31-03-001-1998-00181-02) <\/p>\n

5.\tDe suerte que lo que marca la aplicaci\u00f3n del C\u00f3digo de Comercio es la determinaci\u00f3n del objetivo (m\u00e1s all\u00e1 de los actos de gesti\u00f3n) que ha de consistir en la ejecuci\u00f3n de actos de comercio. <\/p>\n

Es entonces concluyente que en desarrollo de esa gesti\u00f3n de negociaci\u00f3n y conciliaci\u00f3n de un siniestro que la aseguradora no reconoce como cubierto, el mandatario ejecuta un acto t\u00edpicamente civil que es el de \u201cnegociar\u201d y \u201cconciliar\u201d, es decir buscar un acuerdo que acerque a las partes en relaci\u00f3n con el siniestro y su pago. Y si su encargo se extiende a la v\u00eda judicial, que es lo que proclama la censura, esta \u00faltima gesti\u00f3n tambi\u00e9n es t\u00edpicamente civil, caracter\u00edstica en la profesi\u00f3n del abogado, esto es, de una profesi\u00f3n liberal, marcadamente intelectual, reconocida por el Estado y para cuyo ejercicio se requiere de habilitaci\u00f3n mediante t\u00edtulo y tarjeta. <\/p>\n

En otras palabras, si el acto jur\u00eddico principal encomendado es mercantil, la regulaci\u00f3n aplicable ser\u00e1 la de esta materia; pero, si el acto jur\u00eddico objeto de la gesti\u00f3n es t\u00edpicamente civil, verbigracia, el apoderamiento para negociar y conciliar y a\u00fan \u2013si se quiere- para demandar judicialmente lo que no se pudo conciliar ni negociar, tal acto deber\u00e1 regularse por las normas civiles. <\/p>\n

Todo esto es importante recalcarlo porque sabiendo que debe aplicarse la legislaci\u00f3n com\u00fan o civil, pertinente resulta en este caso memorar lo dispuesto en el art\u00edculo 2157 del C\u00f3digo Civil, atinente a la limitaci\u00f3n del mandato: \u201cel mandatario se ce\u00f1ir\u00e1 rigurosamente a los t\u00e9rminos del mandato, fuera de los casos en que las leyes le autoricen obrar de otro modo\u201d. Por lo que, otra vez, el otorgamiento del poder de Orme\u00f1o a Promoseguros para negociar y conciliar un siniestro, dando por supuesto la existencia del mandato3, tiene claramente circunscrita su \u00f3rbita \u2013en desarrollo de la autonom\u00eda de la voluntad de los contratantes y por consiguiente ajustando convenciones que son leyes para ellos- justamente en el desempe\u00f1o del encargo con esas dos posibilidades: negociar y conciliar, las cuales excluyen la de demandar judicialmente, que es un paso extremo utilizable justamente ante el fracaso de las gesti\u00f3n extrajudicial. <\/p>\n

4.- Resuelto lo anterior, es del caso verificar si las pruebas que muestra el expediente dan lugar a entender que, en efecto, el mandato inicialmente conferido por Orme\u00f1o a Promoseguros, comprend\u00eda la gesti\u00f3n judicial y si en efecto esta fue direccionada y ejecutada por \u00e9sta en nombre de aquella, como lo afirma la actora. <\/p>\n

Y es all\u00ed cuando, en lo que hace al yerro f\u00e1ctico en sede de casaci\u00f3n, debe recordarse su caracter\u00edstica m\u00e1s sobresaliente, que incluso lo distingue de las instancias del proceso, referido a que sea may\u00fasculo, manifiesto, que salte a la vista, calificativos que entre muchos m\u00e1s ha utilizado la Corte en forma por dem\u00e1s pedag\u00f3gica para resaltar que no es un an\u00e1lisis m\u00e1s articulado y esmerado que el del Tribunal lo que sirve para desquiciar el fallo. Es que si se requiere de un esfuerzo dial\u00e9ctico para demostrar el yerro es porque este no es evidente: debe \u00e9l aflorar con una lectura desprevenida de la sentencia y del proceso. <\/p>\n

En este litigio y en la sentencia que lo defini\u00f3, no emerge ese car\u00e1cter en las equivocaciones de que se acusa al Tribunal, pues, en verdad, no hay un medio de convicci\u00f3n que d\u00e9 cuenta de que la contrataci\u00f3n del procurador judicial Murcia Celed\u00f3n la hubiese hecho Promoseguros en desarrollo de la gesti\u00f3n a ella encomendada: ella misma dice que fue s\u00f3lo intermediaria para la consecuci\u00f3n de ese abogado que finalmente fue contratado directamente por Orme\u00f1o; y el hecho de que hubiera buscado en el medio colombiano un profesional id\u00f3neo para servirle a una empresa peruana, no puede ser considerado sin m\u00e1s, de forma contundente, como una prolongaci\u00f3n de la gesti\u00f3n que le fuera encomendada por Orme\u00f1o4. Antes bien, lo que brota del expediente es que fracasada la gesti\u00f3n extrajudicial y con las advertencias de que lo procedente era el inicio de los tr\u00e1mites tendientes a demandar a la aseguradora, Promoseguros hizo entrega a un abogado de la documentaci\u00f3n que hab\u00eda recaudado con ocasi\u00f3n de la labor encomendada por Orme\u00f1o, entidad esta que directamente contrat\u00f3 al letrado para el desarrollo de la etapa judicial que deb\u00eda acometerse ante el fracaso de la reclamaci\u00f3n directa adelantada por aquella actora. Es que no hay un enlace que acredite que la entrega de la documentaci\u00f3n hasta entonces recaudada por Promoseguros estuviese enmarcada en una suerte de prolongaci\u00f3n de su gesti\u00f3n pues, racionalmente, puede entenderse que justamente por haber acabado, entregaba la documentaci\u00f3n para que otro continuara lo que ya no pudo ella adelantar m\u00e1s. <\/p>\n

Eso fue lo que vio el Tribunal, y las particularidades que el recurrente resalta en cada cargo con miras a establecer, que su mandato se extend\u00eda a lo judicial, no logran demostrar el yerro endilgado, ni menos con la caracter\u00edstica de evidente que debe ostentar en sede casacional, seg\u00fan se resalt\u00f3. Pero adem\u00e1s, n\u00f3tese que el argumento tendiente a comprobar que la gesti\u00f3n de la actora se extend\u00eda a lo judicial sobre la base de entender entonces revocado su poder al hab\u00e9rsele conferido otro subsiguiente al doctor Murcia Celed\u00f3n, no hace m\u00e1s que reiterar la tesis que el Tribunal estableci\u00f3, esto es, que el mandato acab\u00f3 cuando Orme\u00f1o otorg\u00f3 poder al abogado Murcia. <\/p>\n

Y si a lo anterior se agrega el hecho de que el poder de Orme\u00f1o a Promoseguros, del cual se pretende acreditar el mandato comercial, lo dirigi\u00f3 exclusivamente a la empresa aseguradora para que ante ella la mandataria negociara y conciliara, nada hay de absurdo o carente de sentido com\u00fan entender, como lo hizo el Tribunal, que el mandato era para una gesti\u00f3n extrajudicial, desde luego que rebasar\u00eda en mucho el alcance del mandato, si con base en ese poder otorgaba directamente Promoseguros uno a un abogado para adelantar un proceso judicial en representaci\u00f3n de Orme\u00f1o, poder que habr\u00eda de estar entonces dirigido a la autoridad judicial competente y que a buen seguro encontrar\u00eda insuficiente. <\/p>\n

De otra parte, recu\u00e9rdese que el Tribunal interpret\u00f3 del texto mismo de los hechos relatados en la demanda, que los honorarios de Promoseguros se causaban como consecuencia de una gesti\u00f3n exitosa, de ella por supuesto y no de un tercero, lo que en manera alguna, entra\u00f1a un absurdo que conduzca a tener por demostrado un yerro f\u00e1ctico en este aspecto, si en cuenta se tiene que, al decir del libelo genitor de este proceso, el porcentaje de comisi\u00f3n que habr\u00eda de percibir la actora se derivaba de lo recuperado como consecuencia de las gestiones derivadas del poder recibido. Y ya se vio que este estaba circunscrito a gestiones extrajudiciales, en las que se pact\u00f3 una remuneraci\u00f3n sujeta a la obtenci\u00f3n del resultado. <\/p>\n

Las anteriores consideraciones son suficientes para concluir en el fracaso de estos cargos. <\/p>\n

IV.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por <\/p>\n

Costas a cargo de la parte recurrente. Conforme lo previene la Ley 1395 de 2010, se fija por concepto de agencias en derecho la suma de $3.000.000,oo, atendiendo, adem\u00e1s, que la opositora no hizo presencia en este tr\u00e1mite, dando respuesta al recurso. <\/p>\n

Notif\u00edquese, c\u00f3piese y devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n

Presidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tDice la norma: la revocaci\u00f3n del mandante puede ser expresa o \tt\u00e1cita. La t\u00e1cita es el encargo del mismo negocio a \tdistinta persona. Si el primer mandato es general y el 2\u00ba \tespecial subsiste el primer mandato para los negocios no \tcomprendidos en el segundo
\n2\u0002 \tDice la norma: ART\u00cdCULO 822. APLICACI\u00d3N DEL DERECHO \tCIVIL. Los principios que gobiernan la formaci\u00f3n de los actos \ty contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, \tinterpretaci\u00f3n, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, \tser\u00e1n aplicables a las obligaciones y negocios jur\u00eddicos \tmercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa.
\nLa \tprueba en derecho comercial se regir\u00e1 por las reglas \testablecidas en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, salvo las \treglas especiales establecidas en la ley
\n3\u0002 \tNo escapa a la Corte que en las figuras del mandato, la \trepresentaci\u00f3n y el poder se han hecho distinciones que la \tmisma Corporaci\u00f3n ha examinado, pero que no tocan con los \tproblemas planteados en este proceso.
\n4\u0002 \tDe conformidad con el art\u00edculo 2147 del C\u00f3digo Civil, \t"la simple recomendaci\u00f3n de negocios ajenos no es, en \tgeneral, mandato; el juez decidir\u00e1 seg\u00fan las \tcircunstancias, si los t\u00e9rminos de la recomendaci\u00f3n \tenvuelven mandato. En caso de duda se entender\u00e1 \trecomendaci\u00f3n".
\n11<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente SC2108-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-026-2008-00629-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de trece de febrero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de junio de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n de la sociedad demandante Promoseguros Ltda. formulado contra la sentencia del 16 de octubre de 2014, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102504","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102504","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102504"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102504\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102504"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102504"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102504"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}