{"id":102506,"date":"2026-07-02T15:34:08","date_gmt":"2026-07-02T15:34:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102506"},"modified":"2026-07-02T15:34:08","modified_gmt":"2026-07-02T15:34:08","slug":"sc2350-2019-2014-00328-01_1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc2350-2019-2014-00328-01_1\/","title":{"rendered":"SC2350-2019 (2014-00328-01)_1"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

SC2350-2019 <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 85001318400120140032801
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de septiembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso la parte demandante contra la sentencia proferida el trece de julio de dos mil diecis\u00e9is por la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, dentro del proceso ordinario de la referencia. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

H\u00e9ctor Alfonso Cata\u00f1o Mart\u00ednez present\u00f3 demanda ordinaria para que se declarara que el menor F.D.C.G., representado legalmente por Daniela Guti\u00e9rrez Parra, no es su hijo y, en consecuencia, que se ordene la respectiva correcci\u00f3n del registro civil de nacimiento.
\nB. Los hechos <\/p>\n

1. El demandante sostuvo una relaci\u00f3n sentimental con Daniela Guti\u00e9rrez Parra, pero en virtud de su oficio como soldado profesional del Ej\u00e9rcito Nacional de Colombia, deb\u00eda desplazarse constantemente a diversos municipios del pa\u00eds, circunstancia que los llev\u00f3 a terminar el noviazgo. [Folio 2, c.1] <\/p>\n

3. El ni\u00f1o naci\u00f3 el 12 de diciembre de 2004, \u00e9poca para la cual el presunto padre no lo pudo registrar, debido a que se encontraba fuera de la ciudad por cuestiones laborales. [Folio 2, c.1] <\/p>\n

4. En el a\u00f1o 2011, decidi\u00f3 registrar al infante como su hijo, no obstante, las dudas que le generaban la actitud de la progenitora, a quien tuvo que citar en tres oportunidades, antes de poder llevar a cabo el reconocimiento. [Folio 2, c.1] <\/p>\n

5. Desde el d\u00eda en que le dio su apellido al ni\u00f1o, ha venido respondiendo econ\u00f3micamente por su manutenci\u00f3n y sus necesidades. [Folio 2, c.1] <\/p>\n

6. El demandante no est\u00e1 seguro de su paternidad biol\u00f3gica, dado que durante los \u00faltimos meses la madre del ni\u00f1o \u00ab\u2026ha estado actuando de manera grotesca, llegando a insultar a mi representado y a la familia, aludiendo que el menor no es hijo del mismo, llegaron al punto que los vecinos del sector (Barrio las Am\u00e9ricas) donde vive la progenitora (\u2026) comentaba que el menor no era hijo del se\u00f1or H\u00e9ctor, ya que la demandada llevaba una vida muy liberada en pocas palabras. Sucesos que ocasionaron dudas (\u2026) creando zozobra, inquietudes e inseguridad…\u00bb lo cual lo llev\u00f3 a presentar esta demanda. [Folios 3 y 46, c.1] <\/p>\n

7. El 13 de agosto de 2015, se practic\u00f3 el examen al menor y a sus padres, de cuyos resultados se puede extraer que \u00abla paternidad del Sr. HECTOR ALFONSO CATA\u00d1O MARTINEZ con relaci\u00f3n a (\u2026) es incompatible seg\u00fan los sistemas resaltados en la tabla. Resultado verificado, paternidad excluida.\u00bb [Folio 35, c.1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. El 1\u00ba de septiembre de 2014 se present\u00f3 la demanda, que se admiti\u00f3 por auto de 3 del mismo mes y a\u00f1o, y se orden\u00f3 correr los traslados de rigor. [Folio 7, c.1] <\/p>\n

2. Dentro del t\u00e9rmino para contestar, el extremo pasivo guard\u00f3 silencio. [Folio 16, c.1] <\/p>\n

3. El 11 de noviembre de 2015, el sentenciador a quo deneg\u00f3 las pretensiones del actor con fundamento en que \u00e9l reconoci\u00f3 que tiene dudas de su paternidad desde que naci\u00f3 el ni\u00f1o, de ah\u00ed que le dio su apellido siete a\u00f1os despu\u00e9s del alumbramiento y solo tres a\u00f1os m\u00e1s tarde acudi\u00f3 a la judicatura a impugnar el registro.
\nCon sustento en lo anterior, encontr\u00f3 configurado el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la caducidad y as\u00ed lo declar\u00f3 oficiosamente. [Folios 41-44, c.1] <\/p>\n

4. En desacuerdo, el actor apel\u00f3. Como fundamento de su postura, precis\u00f3 que \u00ab\u2026en el mes de mayo de 2014, la progenitora del menor ha estado actuando de manera grotesca, llegando a insultar (\u2026), aludiendo que el menor no es [su] hijo (\u2026) llegaron al punto que los vecinos del sector (Barrio las Am\u00e9ricas) donde viv\u00eda la progenitora Daniela Guti\u00e9rrez, comentaba que el menor no era hijo del se\u00f1or H\u00e9ctor, ya que la demandada llevaba una vida muy liberada en pocas palabras. Sucesos que ocasionaron dudas a mi representado, creando zozobra, inquietudes e inseguridad (\u2026) antes de iniciar el proceso (\u2026) no ten\u00eda certeza de esas afirmaciones.\u00bb <\/p>\n

Acto seguido, asegur\u00f3 que \u00ab\u2026al momento de conocer el resultado de la prueba de ADN (\u2026) con asombro y tristeza conoci\u00f3 el resultado de la prueba de ADN, la cual fue radicada el 24 de agosto del presente a\u00f1o en ese instante tuvo certeza que [el] menor en menci\u00f3n no era hijo leg\u00edtimo\u2026 \u00bb <\/p>\n

D. La sentencia impugnada <\/p>\n

Para arribar a tal conclusi\u00f3n, argument\u00f3 que \u00ab\u2026el demandante procedi\u00f3 el d\u00eda 11 de julio de 2011 a reconocer como su hijo al menor [F.D.], explicando en el libelo genitor que tal situaci\u00f3n se origin\u00f3 \u201c\u2026al ver que el menor no ten\u00eda apellido paterno y en aras de proteger los derechos del menor [F] en especial el de tener una verdadera identidad y un nombre, lo reconoci\u00f3 voluntariamente.\u201d Considerando como sospechos[a] la actitud de la madre del menor quien \u201cme incumpli\u00f3 en tres ocasiones para registrar el menor en la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil de Yopal\u2026\u201d agregando posteriormente que \u201c[e]n la actualidad existen dudas de la paternidad leg\u00edtima del menor (\u2026) por consecuencia de la actitud de la progenitora DANIELA GUTIERREZ en los \u00faltimos meses, por esta raz\u00f3n se vio obligado a iniciar el presente proceso.\u201d\u00bb <\/p>\n

Estim\u00f3, por otra parte, reprochable que el accionante, basado en el resultado negativo de la prueba gen\u00e9tica practicada durante el desarrollo de la primera instancia, pretendiera \u201cfulminar\u201d los efectos de la caducidad, porque, en su criterio \u00ab\u2026habida cuenta que constituyendo aquella el inter\u00e9s actual para impugnar, tal circunstancia forzaba al demandante a practicar la prueba gen\u00e9tica con anterioridad a la presentaci\u00f3n de la demanda para ah\u00ed si acudir al juez ordinario dentro del t\u00e9rmino improrrogable de 140 d\u00edas desde que tuvo conocimiento del resultado y no pretender infructuosamente el proceder de manera contraria, caso en el cual en el mejor de los eventos y ante la escasa actividad probatoria del actor, el t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 248 del C.C. comenz\u00f3 a correr a partir de la fecha de reconocimiento del menor, como bien lo dedujo el juez de instancia e impide la valoraci\u00f3n probatoria suplicada.\u00bb [Folios 10-14, c.2] <\/p>\n

II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n

La parte actora formul\u00f3 demanda de casaci\u00f3n con invocaci\u00f3n de las causales previstas en los numerales 1\u00ba, 2\u00ba y 3\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. Al sustentar su censura, manifest\u00f3 desistir del ataque fundado en la \u00faltima norma. [Folios 9-17, C. Corte.] <\/p>\n

CARGO PRIMERO <\/p>\n

Se soport\u00f3 en la violaci\u00f3n directa del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 214 y el art\u00edculo 216 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n

Para demostrar el cargo, indic\u00f3 que de acuerdo con las normas transgredidas y la jurisprudencia sobre la materia, no basta la existencia de dudas para que inicie el conteo del t\u00e9rmino de caducidad, sino que es necesario verificar el momento a partir del cual el presunto padre tuvo conocimiento del resultado de la prueba de ADN que excluye su paternidad, pues ese es el medio probatorio id\u00f3neo para obtener certeza de aquella situaci\u00f3n. <\/p>\n

En ese sentido, afirm\u00f3 que los sentenciadores de instancia desconocieron la interpretaci\u00f3n correcta de los referidos preceptos y terminaron haciendo apreciaciones subjetivas que no se compadecen con los par\u00e1metros que ha establecido esta Corporaci\u00f3n y la Corte Constitucional cuando de verificar la configuraci\u00f3n del fen\u00f3meno jur\u00eddico de la caducidad en acciones de impugnaci\u00f3n de paternidad, se trata. [Folios 11-14, c. Corte]
\nCARGO SEGUNDO <\/p>\n

El recurrente acus\u00f3 a la sentencia de violar indirectamente el art\u00edculo 1\u00ba y el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 1060 de 2006, \u00ab\u2026por error derivado del desconocimiento de una norma probatoria, cuando, en un proceso de impugnaci\u00f3n de la paternidad, interpreta la ley en un sentido tan restrictivo que desconoce una realidad contundente, como la demostrada con una prueba de ADN, mediante la cual se tiene certeza que el demandante no es el padre biol\u00f3gico.\u00bb <\/p>\n

En desarrollo de su ataque, cuestion\u00f3 nuevamente la interpretaci\u00f3n que el fallador realiz\u00f3 del art\u00edculo 216 del C\u00f3digo Civil, por considerarla \u00ab\u2026irrazonable, desproporcionada y literal (\u2026) en cuanto considera que el se\u00f1or HECTOR ALFONSO CATA\u00d1O tuvo conocimiento de que el ni\u00f1o (\u2026) no es realmente su hijo cuando tan solo ten\u00eda dudas al respecto, en lugar de aceptar que ese conocimiento lo vino a tener con certeza por medio de la prueba gen\u00e9tica de ADN, de fecha 24 de agosto de 2015 y\/o a finales de mayo de 2014, ya que aplica la ley en un sentido constitucionalmente inaceptable para los intereses leg\u00edtimos, tanto del se\u00f1or (\u2026) como del ni\u00f1o (\u2026) toda vez que los obliga a tener como hij[o] y como padre a quien no lo es, limitando de forma flagrante los derechos fundamentales del actor a la libertad de decidir el n\u00famero de hijos, a la personalidad jur\u00eddica, a la filiaci\u00f3n y a la administraci\u00f3n de justicia efectiva y el derecho de[l] menor a establecer su verdadera filiaci\u00f3n, con las repercusiones que ello implica sobre sus derechos fundamentales prevalentes como ni\u00f1[o], sobre el libre desarrollo de su personalidad y de su dignidad.\u00bb <\/p>\n

III. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Con fundamento en las causales primera y segunda de casaci\u00f3n, establecidas en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, el casacionista acus\u00f3 a la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, por desconocer la l\u00ednea jurisprudencial que se ha edificado acerca del entendimiento correcto de la normatividad aplicable, en cuanto al hito inicial que debe tenerse en cuenta para contabilizar el lapso de caducidad consagrado para la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de paternidad, lo que amerita conjuntar tales reproches. <\/p>\n

2. El ordenamiento nacional, en armon\u00eda con los tratados internacionales sobre los derechos de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as, establece que se les debe garantizar \u00ab\u2026la vida, la integridad f\u00edsica, la salud y la seguridad social, la alimentaci\u00f3n equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educaci\u00f3n y la cultura, la recreaci\u00f3n y la libre expresi\u00f3n de su opini\u00f3n. (\u2026) [la protecci\u00f3n] contra toda forma de abandono, violencia f\u00edsica o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotaci\u00f3n laboral o econ\u00f3mica y trabajos riesgosos. Gozar\u00e1n tambi\u00e9n de los dem\u00e1s derechos consagrados en la Constituci\u00f3n, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.\u00bb. <\/p>\n

En desarrollo de aquellas disposiciones, la Ley 1098 de 2006 (C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia), expedida con el fin de \u00ab\u2026garantizar a los ni\u00f1os, a las ni\u00f1as y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensi\u00f3n\u2026.\u00bb (art. 1\u00ba), define el inter\u00e9s superior de los menores de edad, como \u00ab\u2026el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes.\u00bb, (art. 9). <\/p>\n

En palabras de la Corte Constitucional, el \u00ab\u2026inter\u00e9s superior del menor de edad consiste en\u00a0\u201cel reconocimiento de la naturaleza prevaleciente de sus intereses y derechos, que impone a la familia, la sociedad y el Estado la obligaci\u00f3n de darle un trato acorde a esa prevalencia que lo proteja de manera especial, que lo guarde de abusos y arbitrariedades y que garantice el desarrollo normal y sano del menor desde los puntos de vista f\u00edsico, psicol\u00f3gico, intelectual y moral y la correcta evoluci\u00f3n de su personalidad\u201d. (T-768-13) <\/p>\n

La normativa en comento, se\u00f1ala que los menores de edad tienen derecho a \u00ab\u2026una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente.\u00bb (art. 17), \u00ab\u2026ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, da\u00f1o o sufrimiento f\u00edsico, sexual o psicol\u00f3gico. En especial, tienen derecho a la protecci\u00f3n contra el maltrato y los abusos de toda \u00edndole\u00a0por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario.\u00bb (art. 18), a ser protegidos contra \u00ab\u2026[e]l abandono f\u00edsico, emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes legales o de las personas, instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y atenci\u00f3n.\u00bb (art. 20), y \u00ab\u2026a tener una identidad y a conservar los elementos que la constituyen como el nombre, la nacionalidad y filiaci\u00f3n conformes a la ley. Para estos efectos deber\u00e1n ser inscritos inmediatamente despu\u00e9s de su nacimiento, en el registro del estado civil. Tienen derecho a preservar su lengua de origen, su cultura e idiosincrasia. (art. 25). (Negrilla y subraya para destacar) <\/p>\n

La \u00faltima disposici\u00f3n es consecuente con el derecho que toda persona tiene al reconocimiento de su personalidad jur\u00eddica (art. 14, C.P.), calidad que le da la facultad de exigir derechos y contraer obligaciones como miembro de la sociedad y el Estado al que pertenece. Esta prerrogativa est\u00e1 compuesta por ciertos atributos destinados a identificar a cada individuo, tales como el nombre, la nacionalidad, el domicilio, el estado civil, la capacidad de goce y el patrimonio (Corte Constitucional, T-023 de 2016). <\/p>\n

A voces del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1260 de 1970, el estado civil de una persona \u00ab\u2026es su situaci\u00f3n jur\u00eddica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignaci\u00f3n corresponde a la ley.\u00bb. Sus elementos son la individualidad, la edad, el sexo, el lugar de nacimiento y la filiaci\u00f3n1, los cuales pueden derivar de los hechos, los actos o las decisiones judiciales (Corte Constitucional, C-109 de 1995, T-909 de 2000, T-721 de 2010, T-006 de 2011 y T-023 de 2016). <\/p>\n

En orden a proteger la garant\u00eda fundamental al reconocimiento de la personalidad jur\u00eddica y sus atributos, concretamente, aquellos atinentes al nombre, el estado civil y la filiaci\u00f3n de las personas (elementos estructurales de los derechos fundamentales a la identidad2 y dignidad humana3 de los menores de edad), nuestro ordenamiento civil consagra las formas en que esta \u00faltima se constituye para dar paso a los otros dos (arts. 213 y 214 del C.C., modificados por los art\u00edculos 1\u00ba y 2\u00ba, respectivamente, de la ley 1060 de 20064; y, 1\u00ba, 2\u00ba y 4\u00ba de la Ley 75 de 19685). <\/p>\n

3. Para materializar esas prerrogativas, la Carta Pol\u00edtica estableci\u00f3 que es responsabilidad, en primer lugar, de la familia, \u00ab\u2026asistir y proteger al ni\u00f1o para garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores\u00bb, y que sus derechos priman sobre los de los dem\u00e1s (art. 44), prevalencia que reiter\u00f3 el legislador en el art\u00edculo 9\u00ba del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia. <\/p>\n

En la misma direcci\u00f3n, el art\u00edculo 14 ej\u00fasdem prev\u00e9 la figura jur\u00eddica de la responsabilidad parental, definida como \u00ab\u2026la obligaci\u00f3n inherente a la orientaci\u00f3n, cuidado, acompa\u00f1amiento y crianza de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes durante su proceso de formaci\u00f3n. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes puedan lograr el m\u00e1ximo nivel de satisfacci\u00f3n de sus derechos.\u00bb <\/p>\n

M\u00e1s adelante, en los art\u00edculos 38 y 39, se\u00f1al\u00f3 que es deber de la familia velar por la realizaci\u00f3n de los derechos fundamentales y prevalentes de los ni\u00f1os, a trav\u00e9s de acciones concretas que les brinden los espacios, recursos y cuidados necesarios para el desarrollo y formaci\u00f3n de cada una de las esferas de su personalidad. Particularmente, la norma establece que los padres deben \u00ab\u2026[d]ecidir libre y responsablemente el n\u00famero de hijos e hijas a los que pueda sostener y formar\u00bb (num. 9\u00ba, art. 39 Ley 1098 de 2006), lo que a la par constituye un derecho constitucional de las personas en general (art. 42, inciso 7\u00ba Superior). <\/p>\n

4. El incumplimiento de aquellas obligaciones, implica la intervenci\u00f3n del Estado a trav\u00e9s de sus autoridades judiciales y administrativas, mediante los mecanismos coercitivos que la legislaci\u00f3n nacional tiene previstos para ello y que, recu\u00e9rdese, cualquier persona puede accionar. <\/p>\n

En efecto, cuando un padre o madre se sustrae, por ejemplo, del deber de dar alimentos a sus descendientes (num. 2\u00ba, art. 411 del C\u00f3digo Civil, en concordancia con el art\u00edculo 24 de la Ley 1098 de 2006), est\u00e1 sujeto al embargo de su salario, sus bienes o sus rentas para su posterior remate (art. 397 del C.G.P.; 24, 41 num. 31 y 130 a 134 del C.I.A.), e incluso, a la imposici\u00f3n de sanciones penales, que podr\u00edan aparejar la privaci\u00f3n de la libertad y el pago de multas al Estado (arts. 233 a 234 del C\u00f3digo Penal, modificado por el art. 1\u00ba de la Ley 1181 de 2007). <\/p>\n

Si lo que ocurre es que el hijo causa alg\u00fan da\u00f1o con culpa o dolo a terceros, la legislaci\u00f3n civil impone a los padres la reparaci\u00f3n correspondiente: \u00ab\u2026[l]os padres ser\u00e1n siempre responsables del da\u00f1o causado por las culpas o los delitos cometidos por sus hijos menores, y que conocidamente provengan de mala educaci\u00f3n o de h\u00e1bitos viciosos que les han dejado adquirir\u00bb (art. 2348 del C\u00f3digo Civil). <\/p>\n

Es decir que, de acuerdo con nuestro ordenamiento jur\u00eddico, la filiaci\u00f3n conlleva relevantes responsabilidades y ello se ha establecido as\u00ed, con el fin de lograr que cada ni\u00f1o o ni\u00f1a cuente con un entorno de amor, seguridad y respeto, que le permita formarse integralmente para desempe\u00f1ar el rol que elija dentro de la familia y la sociedad. <\/p>\n

5. Precisamente por la trascendencia del papel que cumplen los miembros de la familia en la garant\u00eda de los derechos de los ni\u00f1os y ni\u00f1as y las consecuencias que se desprenden de su inobservancia, el legislador opt\u00f3 por garantizarle a quien funge como padre o madre sin serlo, la posibilidad de acudir a la administraci\u00f3n de justicia a impugnar la paternidad o maternidad, seg\u00fan sea el caso, a fin de liberarse de un estado civil que en realidad no posee.6 <\/p>\n

Adem\u00e1s de prevenir graves injusticias como el desconocimiento de los derechos fundamentales a la personalidad jur\u00eddica, filiaci\u00f3n y libre desarrollo de la personalidad de quien no es el progenitor biol\u00f3gico, al obligarlo a mantener el reconocimiento de un hijo ajeno y, consecuentemente, asumir \u00ablos m\u00faltiples y complejos derechos y obligaciones de atenci\u00f3n y cuidado, respeto y obediencia, asistencia mutua y beneficios sucesorios7\u00bb, que derivan de esa relaci\u00f3n, las disposiciones en comento protegen, correlativamente, las garant\u00edas prevalentes de los ni\u00f1os y ni\u00f1as a tener un nombre, una familia y un lugar dentro de ella, a ser tratados con dignidad y respeto, a conocer sus ra\u00edces y, en general, a tener una identidad real y no ficticia. <\/p>\n

En este sentido, cuando se trata de hijos no nacidos en un matrimonio o una uni\u00f3n marital de hecho, se est\u00e1 en posibilidad de impugnar el reconocimiento previamente expresado \u00ab\u2026por las causas indicadas en los art\u00edculos 248 y 3368 del C\u00f3digo Civil\u00bb (art. 5\u00ba Ley 75 de 1968) y esas causas son: \u00ab[q]ue el hijo no ha podido tener por padre al que pasa por tal\u00bb y \u00ab[q]ue el hijo no ha podido tener por madre a la que pasa por tal…\u00bb. <\/p>\n

Sin embargo, el legislador estableci\u00f3 que no cualquier persona puede controvertir la filiaci\u00f3n de otra y que quienes est\u00e1n legitimados para hacerlo, cuentan con plazos perentorios para efectos de ejercitar la respectiva acci\u00f3n, pues, hasta ahora, la jurisprudencia ha determinado que \u201clos derechos involucrados no pueden quedar sujetos indefinidamente a modificaci\u00f3n\u201d (C-310 de 2004). <\/p>\n

Inicialmente, el legislador civil impon\u00eda al padre, a la madre o a sus ascendientes interesados en que se dejase sin efectos el reconocimiento de un hijo extramatrimonial, acudir al Juez en un t\u00e9rmino de sesenta d\u00edas, \u00absubsiguientes a la fecha en que tuvieron inter\u00e9s actual y pudieron hacer valer su derecho\u00bb.9 Cuando se trataba de terceros, el legislador hab\u00eda previsto un plazo de trescientos d\u00edas para impugnar, que la Corte Constitucional declar\u00f3 inexequible porque estim\u00f3 que el lapso para ejercitar la acci\u00f3n deb\u00eda ser igual para unos y otros, quedando as\u00ed unificado en el m\u00e1s breve.10 <\/p>\n

Posteriormente, la Ley 1060 de 2006 ampli\u00f3 el aludido periodo a ciento cuarenta d\u00edas y estableci\u00f3 que se contar\u00edan a partir de la fecha en que el demandante tuviera conocimiento de la paternidad o maternidad que pretendiera desvirtuar11. Jurisprudencialmente, se ha concluido que ese conocimiento no puede derivarse de simples dudas, sino de la certeza de la exclusi\u00f3n del v\u00ednculo de consanguinidad.12 <\/p>\n

6. Con ocasi\u00f3n de los avances tecnol\u00f3gicos y cient\u00edficos, la Ley 721 de 2001, en su art\u00edculo 1\u00ba13, le confiri\u00f3 especial importancia a la prueba de ADN para determinar el parentesco biol\u00f3gico, pues tiene la capacidad de otorgarle al juez el convencimiento sobre su existencia, con lo cual cumple con la finalidad de hacer efectivo el derecho a conocer qui\u00e9nes son los verdaderos progenitores de una persona, -lo que resulta de enorme trascendencia para el individuo, la familia, la sociedad y el Derecho-, importancia que posteriormente reiter\u00f3 la ley 1060 de 2006.14 <\/p>\n

Sobre la eficacia de la prueba cient\u00edfica para establecer la paternidad o la maternidad, la Sala se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u00abEl juzgador en la actualidad tiene a su alcance valiosos instrumentos derivados de los avances cient\u00edficos que le permiten reconstruir la verdad hist\u00f3rica, esto es, la paternidad biol\u00f3gica; por supuesto, que si las pruebas gen\u00e9ticas permiten no solo excluir sino incluir con grado cercano a la certeza la paternidad de un demandado resulta patente su relevancia en la definici\u00f3n de esta especie de litigios\u2026\u00bb (CSJ SC, 30 Agos. 2006, Rad. 7157, reiterada el 1\u00ba de Nov. 2011, Rad. 2006-00092-01). <\/p>\n

7. Acerca de la oportunidad para promover este tipo de acciones, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que el t\u00e9rmino de caducidad tiene como finalidad \u00ab\u2026impedir la desestabilizaci\u00f3n permanente de las relaciones sociales y familiares que surgen del v\u00ednculo filial\u00bb (CSJ SC, 14 ene. 2005, rad. 0780-01, reiterada en CSJ SC, 12 dic. 2006, rad. 2002-00137-01); no obstante, recientemente se ha definido que \u00ab\u2026cuando una decisi\u00f3n judicial se aparte de la verdad o cuando se aplique con extremo rigor la normativa procesal convirti\u00e9ndola en una barrera al momento de garantizar la protecci\u00f3n de un derecho fundamental, las solas formas del proceso no podr\u00e1n sobreponerse al principio de materializaci\u00f3n del derecho inherente a todos y cada uno de los pronunciamientos (\u2026) que emanan de la administraci\u00f3n de justicia\u00bb (Corte Constitucional, Sentencia T-249 de 2018).
\nEn ese sentido, debe acudirse a la interpretaci\u00f3n que la jurisprudencia ha decantado como constitucionalmente v\u00e1lida en relaci\u00f3n con el inter\u00e9s para impugnar la paternidad y el plazo otorgado por el legislador para acudir a la administraci\u00f3n de justicia: <\/p>\n

Con independencia del alcance que pudiera darse a la expresi\u00f3n \u2018inter\u00e9s actual\u2019, se observa en el presente juicio, que dicho inter\u00e9s del actor se origin\u00f3 en el conocimiento que aqu\u00e9l tuvo del resultado de la prueba gen\u00e9tica sobre ADN, practicada [\u2026], que determin\u00f3 que respecto de la demandada su paternidad se encontraba cient\u00edficamente excluida, circunstancia que aunque advertida en el fallo impugnado, no fue importante o relevante para el ad quem, quien estim\u00f3 que hab\u00eda operado la caducidad de la acci\u00f3n al haberse presentado la demanda impugnatoria, dieciocho a\u00f1os despu\u00e9s de haberse reconocido la paternidad extramatrimonial respecto de la demandada\u2019 [\u2026]\u00bb (CSJ SC-171, 4 dic. 2006, rad. 00405; reiterada en SC, 12 dic. 2007, rad. 2000-01008-01, SC11339-2015, 27 ago. 2015, rad. 2011-00395-01 y STC10548-2016, rad. n\u00b0 2016-00200-02). <\/p>\n

Precisamente, con base en la alta confiabilidad de los resultados de aquel an\u00e1lisis gen\u00e9tico, siempre que se practique con el lleno de los requisitos que para \u00e9l se han establecido en la referida normativa15, la jurisprudencia constitucional y civil ha considerado que s\u00f3lo a partir de ella es posible aseverar que todo manto de duda sobre la exclusi\u00f3n de la paternidad desaparece para el presunto padre y por lo tanto, el hito que debe tomarse en cuenta para la contabilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad referido, es la fecha en que el interesado tuvo conocimiento del informe correspondiente. <\/p>\n

8. En ese orden, es preciso determinar cu\u00e1l es el hecho, el acto o la situaci\u00f3n a partir de la que se puede considerar que el progenitor supo con una probabilidad rayana en la certeza, sobre la ausencia del nexo biol\u00f3gico con quien aparentemente detenta la condici\u00f3n de hijo y, por lo tanto, empieza a contabilizarse el t\u00e9rmino legal para impugnar el v\u00ednculo filial. <\/p>\n

Por ello, es preciso distinguir entre la simple duda acerca de la existencia de la relaci\u00f3n parental y la certidumbre sobre su apariencia, pues es a partir de este \u00faltimo suceso que se debe contar el t\u00e9rmino de caducidad para promover la acci\u00f3n de que se trata, vale decir, que el derecho a impugnar la paternidad solo surge cuando el demandante es consciente de que no es el verdadero padre. (CSJ SC 12 dic. 2007, rad. 2000-01008-01, reiterada en SC11339-2015, rad. 2011-00395-01). <\/p>\n

Luego, es a partir de que se revelan los resultados de la prueba de ADN, con un \u00edndice de probabilidad superior al 99.999 %, que empieza a transcurrir el fen\u00f3meno extintivo de que trata el art\u00edculo 248 del C\u00f3digo Civil, situaci\u00f3n que siempre deber\u00e1 ser objeto de valoraci\u00f3n, dada la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. <\/p>\n

Esa hermen\u00e9utica del texto legal citado se aviene con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al otorgarle supremac\u00eda al derecho material y proteger los derechos al estado civil, a la personalidad jur\u00eddica y a la filiaci\u00f3n real, garant\u00edas que no pueden ser desconocidas, so pretexto de la existencia de sospechas del progenitor acerca de la relaci\u00f3n biol\u00f3gica con quien figura como su hijo, las que, si bien acreditan la existencia del inter\u00e9s jur\u00eddico para impugnar la paternidad, no pueden servir de punto de partida para contabilizar la caducidad de la acci\u00f3n, no solo porque la norma de manera clara se\u00f1ala que los 140 d\u00edas inician desde que se tuvo \u00abconocimiento de la paternidad\u00bb, sino tambi\u00e9n debido a las dificultades de \u00edndole probatoria que se presentar\u00edan. <\/p>\n

En efecto, si se admitiera que las incertidumbres del interesado son suficientes para que se inicie el conteo de la caducidad, no podr\u00eda establecerse con seguridad, desde cu\u00e1ndo se originaron esos temores, que inclusive pueden permanecer en el fuero interno por a\u00f1os, como suceder\u00eda en el supuesto caso en que el padre observe diferencias sustanciales en la conformaci\u00f3n heredobiol\u00f3gica con su hijo, o ante rumores de infidelidad, pero que no son id\u00f3neas para otorgarle la seguridad acerca de la inexistencia del nexo filial. <\/p>\n

En ese sentido, el c\u00f3mputo de la caducidad no puede tomar como referente lo que son simples dudas sobre la falta de compatibilidad gen\u00e9tica, o al comportamiento de alguno de los padres o a expresiones dichas al paso, pues lo determinante es el conocimiento acerca de que el hijo realmente no lo es, y las pruebas cient\u00edficas son trascendentales para establecer ese discernimiento, aunque no necesariamente sean las \u00fanicas, pues puede acontecer, verbi gratia que el progenitor sepa que para la \u00e9poca en la que se produjo la concepci\u00f3n padec\u00eda de una enfermedad -debidamente comprobada- que le ocasionaba esterilidad, evento en el cual con los resultados del examen de ADN simplemente se vendr\u00eda a reafirmar una situaci\u00f3n ya conocida por quien impugna. <\/p>\n

Al respecto la Sala defini\u00f3: <\/p>\n

\u00abA partir del 26 de julio de 2006, esa situaci\u00f3n se alter\u00f3 con la promulgaci\u00f3n de la citada Ley 1060, en la cual se derogaron expresamente los art\u00edculos 5\u00b0 y 6\u00b0 de la Ley 95 de 1890 y el 3\u00b0 de la Ley 75 de 1968, as\u00ed mismo se introdujeron modificaciones a los art\u00edculos 213 a 217 [218, 219, 222, 223, 224, 248] del C\u00f3digo Civil y dem\u00e1s normas complementarias, consolidando todas las anteriores variables en una sola y, en vista de que extendi\u00f3 la presunci\u00f3n de paternidad a los hijos nacidos en la vigencia de las uniones maritales de hecho, contempl\u00f3 que tanto el c\u00f3nyuge como el compa\u00f1ero permanente podr\u00e1n atacarla dentro de los ciento (140) d\u00edas siguientes a aquel en que tuvieron conocimiento de que no es el padre o madre biol\u00f3gico, conforme a la nueva redacci\u00f3n del art\u00edculo 216 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n

Tal unificaci\u00f3n se justifica en la medida que cualquiera que sea la circunstancia en que se encuentre el presunto padre, desde el momento en que con fundamento concluya que quien se tiene por su hijo no lo es, puede proceder dentro de un t\u00e9rmino razonable a revelar su verdadera condici\u00f3n, prevaleciendo los principios constitucionales que inspiraron la revisi\u00f3n y actualizaci\u00f3n de las normas que rigen la materia (CSJ SC, 16 ago. 2011, rad. 01276-01; subrayado propio). <\/p>\n

Y sobre el mismo punto, tambi\u00e9n estableci\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia T-071 de 2012:
\n\u00abComo se ve, este art\u00edculo se\u00f1ala que el c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente puede impugnar la paternidad dentro de los 140 d\u00edas siguientes a aquel en que tuvo conocimiento de que no es el padre biol\u00f3gico, pero sin precisar el alcance de la expresi\u00f3n \u2018tuvo conocimiento\u2019.
\n\u00a0
\nVeamos, entonces, qu\u00e9 sentido debe d\u00e1rsele. Siguiendo la jurisprudencia constitucional precitada (numeral 7) cuando el c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente impugna la paternidad del presunto hijo y para ello allega una prueba de ADN con la que demuestra la inexistencia de la filiaci\u00f3n, la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 216 deber\u00eda ser aquella que: (i) propenda por los intereses leg\u00edtimos de las partes, (ii) confiera una eficacia \u00f3ptima a los derechos fundamentales en juego y (iii) respete el principio de prevalencia del derecho fundamental sobre las simples formalidades (art\u00edculo 228 Superior). Es decir, la interpretaci\u00f3n constitucionalmente v\u00e1lida de la norma en menci\u00f3n, en estos casos, es aquella en la que el t\u00e9rmino de caducidad de la impugnaci\u00f3n de la paternidad se empieza a contar a partir de la fecha en la cual se tuvo conocimiento cierto a trav\u00e9s de la prueba de ADN de que no se era el padre biol\u00f3gico\u00bb (negrilla para resaltar). <\/p>\n

Cabe resaltar que a\u00fan antes de la expedici\u00f3n de la Ley 1060 de 2006, el art\u00edculo 248 del C\u00f3digo Civil, dispon\u00eda que la caducidad operaba, bajo el supuesto de que no se promoviera la demanda dentro de los 60 d\u00edas \u00absubsiguientes a la fecha en que tuvieron inter\u00e9s actual y pudieron hacer valer su derecho\u00bb. <\/p>\n

Ahora bien, esta Corporaci\u00f3n determin\u00f3 que el \u00abinter\u00e9s actual\u00bb hace referencia a \u00abla condici\u00f3n jur\u00eddica necesaria para activar el derecho\u00bb, es decir, la duda le permite al demandante acreditar su inter\u00e9s para obrar, mientras que la certeza cient\u00edfica obtenida a trav\u00e9s del examen de ADN, determina el hito a partir del cual debe computarse el t\u00e9rmino de caducidad de la acci\u00f3n, pues solo a partir del momento en que conoce el resultado de esa prueba, el impugnante tiene completa seguridad de la inexistencia del v\u00ednculo biol\u00f3gico. <\/p>\n

Sobre el particular precis\u00f3 la Sala: <\/p>\n

\u00ab (\u2026) mientras el reconociente permanezca en el error, la posibilidad de impugnaci\u00f3n simplemente se presenta latente. En ese sentido, la Corte tiene precisado que el inter\u00e9s para impugnar el reconocimiento surge es a partir del momento en que sin ning\u00fan g\u00e9nero de duda se pone de presente o se descubre el error, por ejemplo, con el \u2018conocimiento\u2019 que el demandante \u2018tuvo el resultado de la prueba de gen\u00e9tica sobre ADN (\u2026) que determin\u00f3 que respecto de la demandada su paternidad se encontraba cient\u00edficamente excluida\u2019\u00bb (CSJ SC, 12 dic. 2007, rad. 2000-01008; negrilla no es del texto). <\/p>\n

Y en sede de tutela, la Corte Constitucional hizo \u00e9nfasis en la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales que conlleva negarle las pretensiones a un ciudadano que impugna su paternidad o maternidad con base en una prueba de ADN, que le permiti\u00f3 obtener certeza acerca de la inexistencia del parentesco de consanguinidad con el reconocido: <\/p>\n

\u00ab\u2026cuando se declara impr\u00f3spera la impugnaci\u00f3n de paternidad instaurada por una persona que, gracias a una prueba de ADN, tiene certeza de no ser padre o madre de otra, interfiere en el \u00e1mbito de protecci\u00f3n prima facie de sus derechos fundamentales a decidir libremente y en pareja el n\u00famero de hijos que desea tener, a la personalidad jur\u00eddica, a la filiaci\u00f3n y a acceder a la administraci\u00f3n de justicia, como pasa a exponerse. Para empezar, una decisi\u00f3n de esa naturaleza supone en la pr\u00e1ctica\u00a0 forzar al demandante a aceptar como hijo suyo a quien no lo es desde un punto de vista biol\u00f3gico. Dado que debe ser en principio \u201cla pareja\u201d la que decida el n\u00famero de hijos que ha de tener una persona, y no el Estado, cuando la decisi\u00f3n adoptada por un juez de la Rep\u00fablica supone que uno de los miembros de la pareja debe resignarse a aceptar como hija suya a una persona que biol\u00f3gicamente no lo es, se interfiere en su derecho a decidir en \u201cpareja\u201d\u00a0 y de manera \u201clibre [\u2026] el n\u00famero de hijos\u201d (art. 42, C.P.). Por otra parte, se incide en los derechos de quienes son presentados como el padre o madre (aparente) a la personalidad jur\u00eddica (art. 14, C.P.) y, m\u00e1s espec\u00edficamente, a la\u00a0 filiaci\u00f3n (art. 94, C.P.). La Corte Constitucional ha interpretado que el derecho a la personalidad jur\u00eddica es el derecho constitucional impl\u00edcito al reconocimiento \u201cde todos los atributos de la personalidad\u201d, dentro de los cuales est\u00e1, seg\u00fan la jurisprudencia de la Corte, la \u201cfiliaci\u00f3n [\u2026] puesto que ella est\u00e1 indisolublemente ligada al estado civil de las personas\u201d. Ese derecho le confiere a su titular la potestad de exigir que la verdadera filiaci\u00f3n prevalezca sobre la puramente formal o ficticia, y es intervenido en este caso porque al demandante se le impidi\u00f3 obtener un pronunciamiento institucional sobre la verdadera filiaci\u00f3n de la menor\u00bb (T-888 de 2010). <\/p>\n

En consecuencia, tanto en la legislaci\u00f3n anterior, como en la actual, es claro que la figura extintiva bajo an\u00e1lisis comienza a contabilizarse a partir del conocimiento de la verdad cient\u00edfica, razonamiento que como qued\u00f3 evidenciado, ha sido acogido y reiterado por la jurisprudencia y que -se enfatiza- debe analizarse en cada situaci\u00f3n concreta, en aras de proteger prevalentemente, el derecho sustancial sobre el formal. <\/p>\n

9. En el caso que nos ocupa, el Tribunal desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda, porque consider\u00f3 que como el actor tuvo dudas sobre su paternidad, incluso desde antes de registrar al menor como su hijo, lo cual ocurri\u00f3 en el a\u00f1o 2011, no le era dable pretender impugnar el reconocimiento tres a\u00f1os despu\u00e9s, cuando ya hab\u00eda finiquitado el lapso dispuesto por el legislador para tal efecto -la demanda fue instaurada en el mes de septiembre de 2014-. <\/p>\n

En ese sentido, argument\u00f3 que ante tal incertidumbre, debi\u00f3 \u00ab\u2026practicar la prueba gen\u00e9tica con anterioridad a la presentaci\u00f3n de la demanda para ah\u00ed si acudir al juez ordinario dentro del t\u00e9rmino improrrogable de 140 d\u00edas desde que tuvo conocimiento del resultado y no pretender infructuosamente el proceder de manera contraria, caso en el cual en el mejor de los eventos y ante la escasa actividad probatoria del actor, el t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 248 del C.C. comenz\u00f3 a correr a partir de la fecha de reconocimiento del menor, como bien lo dedujo el juez de instancia e impide la valoraci\u00f3n probatoria suplicada.\u00bb <\/p>\n

La sentencia impugnada adolece de varios yerros que viabilizan el \u00e9xito del recurso extraordinario interpuesto. <\/p>\n

9.1. En primer lugar, el entendimiento que el Juez plural le dio a la expresi\u00f3n \u201c\u2026durante los 140 d\u00edas desde que tuvieron conocimiento de la paternidad\u201d, contenida en el art\u00edculo 248 del C\u00f3digo Civil, modificado por el art\u00edculo 11 de la Ley 1060 de 2006, desconoce la amplia y reiterada jurisprudencia que se ha consolidado en torno a la interpretaci\u00f3n constitucionalmente v\u00e1lida que, como se puntualiz\u00f3 l\u00edneas atr\u00e1s \u00ab\u2026es aquella en la que el t\u00e9rmino de caducidad de la impugnaci\u00f3n de la paternidad se empieza a contar a partir de la fecha en la cual se tuvo conocimiento cierto a trav\u00e9s de la prueba de ADN de que no se era el padre biol\u00f3gico\u00bb.16 <\/p>\n

Fue en el marco de ese escepticismo que el actor decidi\u00f3 promover la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de la paternidad, sin que pueda admitirse, como lo adujo el Tribunal, que el interesado en estos asuntos est\u00e1 obligado a \u00ab\u2026practicar la prueba gen\u00e9tica con anterioridad a la presentaci\u00f3n de la demanda para ah\u00ed s\u00ed acudir al juez ordinario dentro del t\u00e9rmino improrrogable de 140 d\u00edas desde que tuvo conocimiento del resultado\u2026\u00bb, pues ello equivale a exigirle requisitos que la ley no consagra y que pueden obstaculizar el derecho fundamental al acceso a la administraci\u00f3n de justicia de quienes carezcan de los medios econ\u00f3micos para sufragar el costo del examen o se encuentren materialmente imposibilitados para lograr que \u00e9ste se lleve a cabo.
\n9.2. En efecto, se tiene que el art\u00edculo 248 del C\u00f3digo Civil, modificado por el 11 de la Ley 1060 de 2006, establece que \u00ab\u2026podr\u00e1 impugnarse la paternidad, probando (\u2026) [q]ue el hijo no ha podido tener por padre al que pasa por tal\u00bb, mientras el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 75 de 1968, modificado por el 1\u00ba de la Ley 721 de 2001, contempla: \u00ab[e]n todos los procesos para establecer paternidad o maternidad, el juez, de oficio, ordenar\u00e1 la pr\u00e1ctica de los ex\u00e1menes que cient\u00edficamente determinen \u00edndice de probabilidad superior al 99.99 %\u00bb, sin exigir la presentaci\u00f3n de la prueba de ADN como requisito indispensable para dar curso a la respectiva actuaci\u00f3n, en desarrollo de la cual, por el contrario, se impuso al funcionario judicial decretar, a\u00fan de oficio, su pr\u00e1ctica. <\/p>\n

El anterior procedimiento fue ratificado por el legislador al expedir el C\u00f3digo General del Proceso, en cuyo art\u00edculo 386 precis\u00f3 que corresponde al interesado en impugnar la paternidad o maternidad, presentar la demanda con expresi\u00f3n de \u00ab\u2026todos los hechos, causales y petici\u00f3n de pruebas, en la forma y t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo 82.\u00bb (numeral 1\u00ba), mientras que es deber del Juez \u00ab\u2026[c]ualquiera que sea la causal alegada, en el auto admisorio de la demanda (\u2026) [ordenar] a\u00fan de oficio, la pr\u00e1ctica de una prueba con marcadores gen\u00e9ticos de ADN o la que corresponda con los desarrollos cient\u00edficos y advertir\u00e1 a la parte demandada que su renuencia a la pr\u00e1ctica de la prueba har\u00e1 presumir cierta la paternidad, maternidad o impugnaci\u00f3n alegada\u2026\u00bb. <\/p>\n

Es decir que, no existe soporte legal que respalde la postura del sentenciador de la segunda instancia, acerca de que ante las dudas sobre la paternidad, el demandante debi\u00f3 someterse a la prueba de ADN para \u201cactualizar\u201d su inter\u00e9s para demandar, pues lo cierto es que \u00e9ste se mantuvo vigente mientras subsisti\u00f3 la incertidumbre de figurar como progenitor de un hijo ajeno y, como se vio, nada se opon\u00eda a que la prueba cient\u00edfica, fuera practicada en desarrollo del respectivo juicio de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

Exigir que el estudio gen\u00e9tico se presente con la demanda, equivale a desconocer la normatividad que impone al Juez decretar ese medio de conocimiento de oficio y, en muchos casos, la carencia de recursos econ\u00f3micos del interesado para sufragar su costo, pese a que el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 721 de 2001 (hoy equivalente al inciso 2\u00ba del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 386 del C\u00f3digo General del Proceso), establece que s\u00f3lo \u00ab\u2026la persona que solicite nuevamente la pr\u00e1ctica de la prueba deber\u00e1 asumir los costos\u2026\u00bb. <\/p>\n

Adicionalmente, imponer al demandante la carga en comento, puede constituirse en un obst\u00e1culo para su acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en el evento de que, a pesar de contar con los recursos para asumir el pago del examen, el interesado en impugnar la filiaci\u00f3n no obtenga la autorizaci\u00f3n del supuesto hijo o su representante legal, respecto de menores de edad, para la toma de las muestras necesarias, situaci\u00f3n que se repite cuando se trata de hijos fallecidos, desaparecidos o ausentes, tal como lo prev\u00e9n los art\u00edculos 2\u00ba y 3\u00ba de la precitada Ley 721 de 2001, eventos en los cuales, es necesaria la orden judicial para efectos de procurar la pr\u00e1ctica de la prueba gen\u00e9tica:
\n\u00abEn los casos de presunto padre o presunta madre o hijo fallecidos, ausentes o desaparecidos la persona jur\u00eddica o natural autorizada para realizar una prueba con marcadores gen\u00e9ticos de ADN para establecer la paternidad o maternidad utilizar\u00e1 los procedimientos que le permitan alcanzar una probabilidad de parentesco superior al 99.99% o demostrar la exclusi\u00f3n de la paternidad o maternidad. <\/p>\n

En aquellos casos en donde no se alcancen estos valores, la persona natural o jur\u00eddica que realice la prueba deber\u00e1 notificarle al solicitante que los resultados no son concluyentes. <\/p>\n

PAR\u00c1GRAFO.\u00a0En los casos en que se decrete la exhumaci\u00f3n de un cad\u00e1ver, esta ser\u00e1 autorizada por el juez del conocimiento, y la exhumaci\u00f3n correr\u00e1 a cargo de los organismos oficiales correspondientes independientemente de la persona jur\u00eddica o de la persona natural que vaya a realizar la prueba. <\/p>\n

En el proceso de exhumaci\u00f3n deber\u00e1 estar presente el juez de conocimiento. El laboratorio encargado de realizar la prueba ya sea p\u00fablico o privado designar\u00e1 a un t\u00e9cnico que se encargar\u00e1 de seleccionar y tomar adecuadamente las muestras necesarias para la realizaci\u00f3n de la prueba, preservando en todo caso la cadena de custodia de los elementos que se le entregan. <\/p>\n

ART\u00cdCULO 3o.\u00a0S\u00f3lo en aquellos casos en que es absolutamente imposible disponer de la informaci\u00f3n de la prueba de ADN, se recurrir\u00e1 a las pruebas testimoniales, documentales y dem\u00e1s medios probatorios para emitir el fallo correspondiente.\u00bb <\/p>\n

Acorde con lo anterior, quien tenga dudas acerca de su v\u00ednculo de consanguinidad con quien figura como su hijo, tiene derecho a que se decrete de oficio el examen, sin incurrir en los gastos que \u00e9l acarrea, salvo cuando el resultado permita concluir que ostenta el parentesco biol\u00f3gico, hip\u00f3tesis en la cual, en la misma sentencia que as\u00ed lo declare se le condenar\u00e1 a \u00ab\u2026reembolsar los gastos en que hubiere incurrido la entidad determinada por el Gobierno Nacional para asumir los costos de la prueba correspondiente.\u00bb, lo que significa que se deber\u00e1 adelantar el juicio, con miras a resolver el problema jur\u00eddico planteado por el demandante en cada caso particular, y con ese objetivo, es obligaci\u00f3n del administrador de justicia decretar, practicar y valorar la prueba antropoheredobiol\u00f3gica. <\/p>\n

9.3. Por disposici\u00f3n del legislador, los anteriores son imperativos para el Juez de todo proceso de filiaci\u00f3n (art. 7\u00ba Ley 721 de 2001), y no deben anteponerse cuestiones formales a la verdad material que revele la prueba gen\u00e9tica; as\u00ed lo viene decantando la jurisprudencia constitucional y civil, en aras de proteger el derecho sustancial sobre las formas, tal como qued\u00f3 visto en precedencia y lo ratific\u00f3 la Corte Constitucional en su m\u00e1s reciente pronunciamiento sobre la materia. <\/p>\n

En este sentido, al revisar un fallo de tutela contra una providencia judicial que se neg\u00f3 a llevar a cabo el citado examen que ya hab\u00eda sido decretado, por estimar que hab\u00eda operado la cosa juzgada, la indicada colegiatura concluy\u00f3 que el juzgador incurri\u00f3 en un defecto procedimental absoluto y para remediarlo, accedi\u00f3 al amparo invocado: <\/p>\n

\u00ab\u2026en cumplimiento de los deberes y derechos fundamentales consagrados en la Carta, esta Corporaci\u00f3n ha consolidado la trascendencia de la prueba de ADN en los procesos de filiaci\u00f3n al momento de garantizar los principios constitucionales de la personalidad jur\u00eddica, la dignidad humana y los derechos a tener una familia y ser parte de ella, al estado civil y a conocer con certeza la identidad de los progenitores. <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

\u2026 se configura un defecto procedimental absoluto, el cual, como fue explicado en la parte dogm\u00e1tica de esta decisi\u00f3n, consiste en que la autoridad judicial act\u00faa completamente al margen del procedimiento establecido en las leyes y en la Constituci\u00f3n, \u201cque para los procesos de filiaci\u00f3n, consiste en la pr\u00e1ctica y posterior acatamiento del resultado de la prueba de ADN. Es decir que, debido a que es obligaci\u00f3n del juez de la causa ordenar la pr\u00e1ctica del examen de ADN y valorar su resultado, y al no haber actuado conforme al mandato legal, la actuaci\u00f3n del administrador de justicia configur\u00f3 un defecto procedimental. (Se destaca) <\/p>\n

En efecto, el art\u00edculo 1\u00ba de la ley 721 de 2001 establece que \u201cen todos los procesos para establecer paternidad o maternidad, el juez, de oficio, ordenar\u00e1 la pr\u00e1ctica de los ex\u00e1menes que cient\u00edficamente determinen \u00edndice de probabilidad superior al 99.9%, y que \u201cmientras los desarrollos cient\u00edficos no ofrezcan mejores posibilidades, se utilizar\u00e1 la t\u00e9cnica del DNA\u201d. As\u00ed entonces, en el presente caso, a pesar del mandato legal, la autoridad judicial hizo caso omiso de la misma, pues si bien orden\u00f3 la prueba de ADN esta no fue practicada y, por ende, valorada. <\/p>\n

De esta manera, en atenci\u00f3n a la normativa civil vigente, el juez en los procesos de filiaci\u00f3n est\u00e1 obligado a decretar y considerar la prueba antropo-heredo-biol\u00f3gica, pues de no hacerlo, incurrir\u00eda en una flagrante violaci\u00f3n al debido proceso por defecto procedimental, anulando la oportunidad de contar con un valioso elemento de valoraci\u00f3n para solucionar la controversia.\u00bb <\/p>\n

Seg\u00fan se\u00f1al\u00f3, tambi\u00e9n se estructur\u00f3 un defecto f\u00e1ctico por omisi\u00f3n, debido a que la prueba necesaria para resolver el proceso se decret\u00f3, pero no se practic\u00f3 ni valor\u00f3 ante la terminaci\u00f3n anticipada del juicio: <\/p>\n

\u00abEn esta oportunidad, a pesar de que la Ley 721 de 2001 le discierne al juez el deber de decretar, practicar y valorar la prueba cient\u00edfica de ADN, como instrumento eficaz para establecer la paternidad, tal no fue realizada al darse anticipadamente por terminado el proceso, ante la declaratoria de cosa juzgada deprecada por el demandado como excepci\u00f3n. <\/p>\n

(\u2026) En ese orden de ideas, en atenci\u00f3n a la ley y a los referentes jurisprudenciales, en el asunto que ocupa a la Sala no se encuentra justificaci\u00f3n [para] que el juez a pesar de haber decretado la pr\u00e1ctica de la prueba, posteriormente la desechara al declarar la excepci\u00f3n de la cosa juzgada dejando de lado valores superiores como el debido proceso y sin tener en cuenta que de esta manera estaba renunciando a la verdad definitiva, que actualmente solo es posible alcanzar con la pr\u00e1ctica de la prueba que ya hab\u00eda sido ordenada.\u00bb (Sentencia T-249 de 2018) (El \u00e9nfasis no es original) <\/p>\n

En conclusi\u00f3n, basta que el presunto padre dude de su filiaci\u00f3n con el hijo, para que pueda acudir a la administraci\u00f3n de justicia en busca del esclarecimiento de la verdad, porque para tal fin el legislador impuso al juez la obligaci\u00f3n de decretar de oficio y en el auto admisorio de la demanda, la prueba cient\u00edfica que, con mayor grado de acierto, puede establecer si hay o no v\u00ednculo de parentesco entre dos personas. <\/p>\n

10. Todo cuanto viene de analizarse, permite concluir que la intelecci\u00f3n que la sentencia impugnada hizo del art\u00edculo 248 del C\u00f3digo Civil, no corresponde a la que esta Corporaci\u00f3n y la Corte Constitucional han establecido como constitucionalmente aceptable, en tanto que para dar prevalencia efectiva al derecho sustancial sobre el procesal, es necesario atender al resultado de la prueba con marcadores gen\u00e9ticos que se llev\u00f3 a cabo al interior del proceso y no a las dudas que suscitaron la presentaci\u00f3n de la demanda de impugnaci\u00f3n de paternidad para que se esclareciera, como en efecto se hizo, la verdad material sobre el lazo de consanguinidad entre el actor y el menor F.D.C.G., cuya progenitora guard\u00f3 silencio frente a las pretensiones de la demanda y las conclusiones del dictamen pericial que determin\u00f3 la exclusi\u00f3n de la paternidad. <\/p>\n

No oper\u00f3, entonces, el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la caducidad, establecido por el ordenamiento procesal para proteger \u00ab\u2026dentro de un contexto de realidad humana y social la estabilidad de la familia, la preservaci\u00f3n del \u00e1mbito de intimidad que la circunda, el apoyo en la construcci\u00f3n de los nuevos seres humanos cuya existencia se da en ese mismo contexto e incluso la consideraci\u00f3n del campo afectivo.\u00bb (CSJ SC, 14 ene. 2005, rad. 0780-01, reiterada en SC 12 dic. 2006, rad. 2002-00137-01; negrilla para destacar). <\/p>\n

10. Las premisas que vienen de exponerse conllevan a concluir que el Tribunal viol\u00f3 directamente el art\u00edculo 248 del C\u00f3digo Civil, modificado por el 11 de la Ley 1060 de 2006, por indebida interpretaci\u00f3n, de conformidad con la motivaci\u00f3n expuesta en precedencia. <\/p>\n

Por esas razones se casar\u00e1 la sentencia de segunda instancia. <\/p>\n

IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA el fallo proferido el 13 de julio de 2016 por la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, y actuando en sede de instancia, dicta la siguiente <\/p>\n

SENTENCIA SUSTITUTIVA: <\/p>\n

1. La acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 248 del C\u00f3digo Civil, modificado por la Ley 1060 de 2006, es uno de los mecanismos instituidos para reclamar contra la progenitura amparada en el reconocimiento de un hijo extramatrimonial. <\/p>\n

Seg\u00fan la disposici\u00f3n precitada, \u00fanicamente est\u00e1n legitimados para presentar aquella demanda quienes \u201cprueben un inter\u00e9s actual en ello y los ascendientes de quienes se creen con derechos, durante los 140 d\u00edas desde que tuvieron conocimiento de la paternidad\u201d. <\/p>\n

2. La jurisprudencia nacional tiene definido que el t\u00e9rmino de caducidad de que trata la norma en comento, tiene como finalidad evitar que en todo tiempo puedan cuestionarse y ponerse en entredicho situaciones familiares \u00ab\u2026en cuya construcci\u00f3n afectivamente se han afirmado lazos s\u00f3lidos y definitivos\u2026\u00bb17. En aquellos supuestos, el momento a partir del cual iniciar\u00eda a correr el aludido plazo, es aquel en que el presunto padre tuvo conocimiento objetivo de la ausencia del v\u00ednculo familiar o biol\u00f3gico, como cuando ha obtenido el resultado de la prueba de marcadores gen\u00e9ticos de ADN que determina la exclusi\u00f3n de la relaci\u00f3n filial. <\/p>\n

3. En el sub-judice, el demandante argument\u00f3 en su escrito inicial, que ten\u00eda incertidumbre acerca de su paternidad respecto del menor F.D.C.G., a quien reconoci\u00f3 como su hijo en el a\u00f1o 2011, cuando ya contaba con casi siete a\u00f1os de edad, ya que por razones de trabajo, no pudo hacerlo en la \u00e9poca en que ocurri\u00f3 el nacimiento -12 de diciembre de 2004-. <\/p>\n

Sin embargo, explic\u00f3 que el incumplimiento de la madre del ni\u00f1o a tres citas que hab\u00edan acordado para efectos de registrarlo, le caus\u00f3 sospechas que, aunadas a las actitudes de ella durante los meses precedentes a la presentaci\u00f3n de la demanda, en donde le grit\u00f3 que el ni\u00f1o no era suyo (folio 46, c.1), lo llevaron a ejercitar la acci\u00f3n judicial. <\/p>\n

En consecuencia, solicit\u00f3 que se declarara que F.D.C.G. no es su hijo, y que se ordenara la correcci\u00f3n del respectivo registro civil de nacimiento. <\/p>\n

No obstante que la representante legal del peque\u00f1o fue debidamente vinculada al proceso, no expuso manifestaci\u00f3n alguna con respecto a las pretensiones del accionante. <\/p>\n

Aunado a ello, con la demanda \u00fanicamente se solicit\u00f3 como probanza el registro civil de nacimiento del menor, documental que fue incorporada a la foliatura mediante auto de 6 de mayo de 2015, a trav\u00e9s del cual se dispuso oficiosamente la pr\u00e1ctica del examen de ADN, a practicarse con las muestras gen\u00e9ticas de ambos padres y el hijo, cosa que tampoco atendi\u00f3 la demandada, pues tan solo fue posible tomar el examen al ni\u00f1o y al actor (fl. 27, 28, 30, 35 y 36, c.1). <\/p>\n

El 24 de agosto de 2015, se aportaron al proceso los resultados de la prueba de marcadores gen\u00e9ticos, la cual fue practicada por el laboratorio Servicios M\u00e9dicos Yunis Turbay y C\u00eda. S. en C. Instituto de Gen\u00e9tica, en cuyas conclusiones se anot\u00f3: <\/p>\n

\u00abLa paternidad del Sr. H\u00e9ctor Alfonso Cata\u00f1o Mart\u00ednez con relaci\u00f3n a (\u2026) es incompatible seg\u00fan los sistemas resaltados en la tabla. <\/p>\n

Resultado verificado, paternidad excluida\u00bb (fl. 35, c.1).
\nLo anterior quiere decir, que en el proceso s\u00f3lo se cuenta con el se\u00f1alado medio probatorio y las manifestaciones que hizo el actor en su escrito inicial acerca de los sucesos que le hicieron dudar de su paternidad, y de aquellos que, despu\u00e9s de varios a\u00f1os de incertidumbre, lo llevaron a presentar la demanda, de donde no era posible inferir que \u00e9l supo de la inexistencia del v\u00ednculo biol\u00f3gico antes de ese momento, pues el comportamiento de uno de los padres o las expresiones dichas al paso, apenas generan una duda que debe ser absuelta a trav\u00e9s de la prueba cient\u00edfica o de cualquier otro medio persuasivo que otorgue plena certeza al respecto. <\/p>\n

Precisamente, la revelaci\u00f3n que la progenitora del ni\u00f1o hizo meses antes del inicio de este juicio al actor, cuando \u00ab\u2026de manera grotesca, llegando a insultar a mi representado y a la familia, aludiendo que el menor no es hijo del mismo…\u00bb, desencaden\u00f3 la decisi\u00f3n de esclarecer la verdad a trav\u00e9s del proceso que para tal efecto estableci\u00f3 el legislador. <\/p>\n

Entonces, el demandante solo pudo corroborar la veracidad de las afirmaciones de su ex pareja, acerca de la inexistencia del nexo biol\u00f3gico con el ni\u00f1o F.D., a partir de la entrega del resultado de la prueba de ADN, lo cual ocurri\u00f3 con posterioridad a la presentaci\u00f3n de la demanda, de donde se deduce que \u00e9sta fue presentada incluso antes de que pudiera iniciar el conteo del t\u00e9rmino de caducidad de que trata el aparte final del art\u00edculo 248 del C\u00f3digo Civil, circunstancia que, por las caracter\u00edsticas especiales de este asunto, habilita el estudio de fondo de las pretensiones del actor. <\/p>\n

4. Con fundamento en el referido medio probatorio, es posible afirmar que el se\u00f1or Cata\u00f1o Mart\u00ednez no es el padre biol\u00f3gico del menor que registr\u00f3 con su apellido, creyendo que s\u00ed lo era, pues, para ese momento no ten\u00eda certeza de la ausencia de v\u00ednculo biol\u00f3gico con el infante. <\/p>\n

La verdad material que excluye la paternidad biol\u00f3gica del demandante respecto de F.D.C.G. se impon\u00eda en este asunto, m\u00e1xime cuando acudi\u00f3 a la judicatura en pos de esa declaraci\u00f3n judicial ante la incertidumbre que hab\u00eda soportado durante los a\u00f1os de vida del ni\u00f1o, que se acrecentaron con las revelaciones de la madre sobre la inexistencia del parentesco, que determinaron finalmente, la presentaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n

5. Si bien el art\u00edculo 218 del C\u00f3digo Civil precept\u00faa que \u201c{e}l juez competente que adelante el proceso de reclamaci\u00f3n o impugnaci\u00f3n de la paternidad o maternidad, de oficio o a petici\u00f3n de parte, vincular\u00e1 al proceso, siempre que fuere posible, al presunto padre biol\u00f3gico o a la presunta madre biol\u00f3gica, con el fin de ser declarad[a] en la misma actuaci\u00f3n procesal la paternidad o la maternidad, en aras de proteger los derechos del menor, en especial el de tener una verdadera identidad y un nombre\u201d (negrillas y subrayas fuera del texto), se impone precisar que la facultad \u2013 deber que all\u00ed se atribuye al juzgador, \u00abno se previ\u00f3 como un imperativo aplicable en todos los casos sino, solamente, en aquellos en que dicha actividad fuera posible, hip\u00f3tesis esta que, por consistir, como viene de registrarse, en la vinculaci\u00f3n de sujetos procesales, exige, como m\u00ednimo, su plena identificaci\u00f3n\u00bb (se subray\u00f3). <\/p>\n

Por ello, ante la imposibilidad de vincular al presunto progenitor, \u00abes pertinente que, llegada la oportunidad procesal correspondiente, se profiera sentencia que defina la mencionada pretensi\u00f3n aun cuando la referida vinculaci\u00f3n no se haya verificado\u00bb (CSJ SC 28 feb. 2013, rad. 2006-00537-01). <\/p>\n

Pese a que la representante del menor fue exhortada en dos oportunidades para efectos de que informara \u00ab\u2026el nombre del presunto padre biol\u00f3gico del ni\u00f1o (\u2026) con el fin de ser vinculado al presente proceso\u2026\u00bb (fls. 16 y 17, c.1), ella no s\u00f3lo no contest\u00f3 esos requerimientos, sino que, enterada del inicio del juicio, otorg\u00f3 poder a una abogada, que no present\u00f3 controversia alguna frente a las pretensiones del demandante (fl. 20, c.1). Por tal raz\u00f3n, no fue posible proceder a la vinculaci\u00f3n del presunto padre biol\u00f3gico. <\/p>\n

6. En ausencia de oposici\u00f3n a la demanda por parte del extremo pasivo, no se impondr\u00e1 condena en costas, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,
\nRESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2015 por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Yopal, dentro del proceso de impugnaci\u00f3n de paternidad iniciado por H\u00e9ctor Alfonso Cata\u00f1o Mart\u00ednez contra Daniela Guti\u00e9rrez Parra, en su condici\u00f3n de madre y representante legal del menor de edad F.D.C.G. <\/p>\n

SEGUNDO. DECLARAR que el ni\u00f1o F.D.C.G. no es hijo del demandante y, en consecuencia, ORDENAR la correcci\u00f3n del registro civil de nacimiento. <\/p>\n

Sin costas por tratarse de un asunto donde no hubo controversia por parte de la demandada. <\/p>\n

C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\n(Presidente de la Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tCorte Constitucional, \tT-488 de 1999, T-381 de 2013 y C-258 de 2015.
\n2\u0002 \tArt. 25 de la Ley 1098 \tde 2006
\n3\u0002 \tAs\u00ed \tlo reconoci\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia T-411 de \t2004, donde se\u00f1al\u00f3 que la filiaci\u00f3n es un \tderecho que se encuentra estrechamente ligado con el de la dignidad \thumana, porque toda persona tiene derecho a ser reconocido como \tparte de la sociedad y la familia.
\n4\u0002 \tPara el caso de hijos \tmatrimoniales.
\n5\u0002 \tCuando se trata de \thijos extramatrimoniales.
\n6\u0002 \tArts. \t214, 217, 218, 219, 222 del C.C., modificados por los art\u00edculos \t2\u00ba, 6\u00ba, 7\u00ba y 8\u00ba de la Ley 1060 de 2006, para los \thijos concebidos o nacidos dentro de un matrimonio o una uni\u00f3n \tmarital de hecho; y art. 5\u00ba de la Ley 75 de 1968 en \tconcordancia con el 248 y 335 del C.C., para los hijos \textramatrimoniales.
\n7\u0002 \tCl\u00e9rigo, Luis Fernando. El Derecho de familia en la \tlegislaci\u00f3n comparada. M\u00e9xivo: Edit. Uni\u00f3n \tTipogr\u00e1fica Editorial Hispano-Americana, p. 179 – 236.
\n8\u0002 \tEsta \tnorma fue derogada por el art\u00edculo 12 de la Ley 1060 de 2006.
\n9\u0002 \tArt\u00edculo \t248 original del C\u00f3digo Civil.
\n10\u0002 \tSentencia C-310 de \t2004.
\n11\u0002 \tArt\u00edculo \t11 de la ley 1060 de 2006.
\n12\u0002 \tCSJ, SC171, 4 dic.2006, exp. 00405; SC, 12 dic.2007, rad. \t2000-01008-01, SC 11339-2015, 27 ago. 2015, rad. 2011-00395-01 y \tSTC10548-2016, rad. 2016-00200-02. <\/p>\n

14\u0002 \tVer numeral \t2\u00ba del art\u00edculo 2\u00ba y par\u00e1grafo del art\u00edculo \t5\u00ba de esa Ley.
\n15\u0002 \tPar\u00e1grafos \t1, 2 y 3 del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 721 de 2001.
\n16\u0002 \tCorte \tConstitucional, Sentencia T-071 de 2012.
\n17\u0002 \tCSJ \tSC, 14 ene. 2005, rad. 0780-01; CSJ SC, 12 dic. 2006, rad. \t2002-00137-01.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado Ponente SC2350-2019 Radicaci\u00f3n n\u00b0 85001318400120140032801 (Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de septiembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso la parte demandante contra la sentencia proferida el trece de julio de dos mil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102506","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102506","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102506"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102506\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102506"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102506"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102506"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}