{"id":102516,"date":"2026-07-02T15:39:19","date_gmt":"2026-07-02T15:39:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102516"},"modified":"2026-07-02T15:39:19","modified_gmt":"2026-07-02T15:39:19","slug":"sc2554-2019-2011-00408-00","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc2554-2019-2011-00408-00\/","title":{"rendered":"SC2554-2019 (2011-00408-00)"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado Ponente
\nSC2554-2019 \t<\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de febrero de dos mil diecinueve)
\nBogot\u00e1 D.C., once (11) de octubre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Dec\u00eddese el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por Myriam Rodr\u00edguez Jim\u00e9nez frente a la sentencia de 30 de junio de 2009, proferida por la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en el proceso ordinario que promovi\u00f3 contra Teofilde Duarte Moreno, Nataly y Diego Rodr\u00edguez Duarte. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. En el juicio descrito la demandante deprec\u00f3, como pretensi\u00f3n principal, la resoluci\u00f3n por incumplimiento en el pago del precio de las compraventas contenidas en las escrituras p\u00fablicas 4824 y 4825 de 25 de noviembre de 1996 otorgadas en la Notar\u00eda 25 de Bogot\u00e1, signadas por ella como vendedora y, la primera, por Teofilde Duarte Moreno como compradora, que tuvo por objeto el inmueble ubicado en la calle 15 n\u00ba 21 \u2013 63 de Acac\u00edas; mientras que la segunda fue ajustada con Nataly y Diego Rodr\u00edguez Duarte como adquirentes, y recay\u00f3 sobre los inmuebles denominados El Rub\u00ed y El Rub\u00ed II del municipio Castilla La Nueva. <\/p>\n

En subsidio solicit\u00f3 la declaratoria de simulaci\u00f3n de esos contratos, fundada en la ausencia de intenci\u00f3n de convenirlos as\u00ed como porque el precio pactado fue \u00abirrito\u00bb (sic). <\/p>\n

En defecto de las peticiones subsidiarias, demand\u00f3 declarar que los aludidos pactos corresponden a donaciones viciadas de nulidad, por carecer de insinuaci\u00f3n siendo esta necesaria, soportado en que Nataly y Diego Rodr\u00edguez Duarte eran menores de edad para la \u00e9poca de la convenci\u00f3n y, adem\u00e1s, absolutamente incapaces. <\/p>\n

Como s\u00faplicas consecuenciales comunes, la reclamante pidi\u00f3 la restituci\u00f3n de los fundos, junto con los frutos civiles y naturales que hubieren podido producir, as\u00ed como la orden de inscribir la sentencia. <\/p>\n

2. Tras su vinculaci\u00f3n a ese litigio, los demandados propusieron las excepciones perentorias de \u00abprescripci\u00f3n de pretenciones (sic) por el tiempo transcurrido para ello\u00bb y \u00abcompra y no otra figura v\u00e1lida\u00bb. <\/p>\n

3. El Juzgado Civil del Circuito de Acac\u00edas, el 11 de junio de 2008, desech\u00f3 tales defensas, declar\u00f3 de oficio la nulidad absoluta de la compraventa plasmada en la escritura p\u00fablica n\u00ba 4825 de 25 de noviembre de 1996 de la Notar\u00eda 25 de Bogot\u00e1, proclam\u00f3 la simulaci\u00f3n absoluta de la otra venta impugnada, orden\u00f3 la restituci\u00f3n tan s\u00f3lo del inmueble ubicado en la calle 15 n\u00ba 21 \u2013 63 de Acac\u00edas, la inscripci\u00f3n de la sentencia y desestim\u00f3 las dem\u00e1s pretensiones de la promotora. <\/p>\n

4. Todos los intervinientes apelaron, por lo que el 30 de junio de 2009 la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior del distrito judicial de Villavicencio revoc\u00f3 la decisi\u00f3n para, en su lugar, desestimar todas las pretensiones de la accionante. <\/p>\n

5. Myriam Rodr\u00edguez Jim\u00e9nez formul\u00f3 recurso extraordinario de revisi\u00f3n, para que se deje sin efecto la determinaci\u00f3n final, fundada en la causal primera del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, al aducir que con ocasi\u00f3n de la declaraci\u00f3n que en el proceso ordinario dieron Teofilde Duarte Moreno, Segundo Ramiro y Cecilia Duarte Moreno, conoci\u00f3 la existencia de: <\/p>\n

5.1. La escritura p\u00fablica n\u00ba 1653 de 20 de agosto de 2003 de la Notar\u00eda \u00danica de Acac\u00edas, con la que fue protocolizado el juicio sucesorio de Lorenza Moreno de Duarte, madre de aquella demandada, adelantado 7 a\u00f1os despu\u00e9s de los contratos impugnados y en el que a esta le fue adjudicado solamente el 25% de un inmueble.
\n5.2. La escritura p\u00fablica n\u00ba 1924 de 24 de septiembre de 2003 de la misma Notar\u00eda, con la que \u00e9ste predio fue enajenado a Jos\u00e9 Anselmo Moreno Bonilla por valor de $1\u2019500.000, lo cual evidencia que la convocada Teofilde Moreno Duarte recibi\u00f3 $375.000 producto del bien a ella adjudicado. <\/p>\n

5.3. El certificado de tradici\u00f3n correspondiente a la matr\u00edcula inmobiliaria asignada a ese terreno. <\/p>\n

5.4. Tres certificados de tradici\u00f3n de inmuebles que integrar\u00edan la masa sucesoral del padre de la misma convocada, los cuales acreditan que ese patrimonio no era de cuant\u00eda significante como ella lo aleg\u00f3 en el proceso cuestionado, para acreditar su capacidad econ\u00f3mica. <\/p>\n

6. Teofilde Duarte Moreno y Diego Rodr\u00edguez Duarte manifestaron oposici\u00f3n al recurso extraordinario, al paso que la curadora ad litem designada a los herederos indeterminados de Nataly Rodr\u00edguez Duarte dijo estarse a lo probado. <\/p>\n

7. Agotada la instrucci\u00f3n, se pasa a decidir lo que conforme al ordenamiento corresponde. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuesti\u00f3n de primer orden es indicar que, no obstante haber entrado en vigencia de manera total el C\u00f3digo General del Proceso a partir del 1\u00ba de enero de 2016, al sub lite no resulta aplicable porque consagr\u00f3, en el art\u00edculo 624 y en el numeral 5\u00ba de su art\u00edculo 625, que los recursos ya radicados, entre otras actuaciones, deber\u00e1n surtirse empleando \u00ablas leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb. <\/p>\n

Y como el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala fue iniciado bajo el imperio del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ser\u00e1 este ordenamiento el que siga rigi\u00e9ndolo, por el principio de ultractividad de la vigencia de la ley en el tiempo. <\/p>\n

2. La inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas no es absoluta, toda vez que el art\u00edculo 379 de esta obra prev\u00e9 la posibilidad de que sean revisadas si se presentan dificultades e irregularidades en la obtenci\u00f3n de la prueba, fraude procesal, indebida representaci\u00f3n o nulidades que afectan la actuaci\u00f3n (art\u00edculo 380 ib\u00eddem). <\/p>\n

A pesar de constituir una oportunidad adicional para quien estime lesionado su derecho al debido proceso, no consiste en una tercera instancia, por lo que es inviable el planteamiento de posiciones jur\u00eddicas o exposici\u00f3n de soluciones alternas al conflicto, por muy convincentes que sean. Tampoco habilita el reforzamiento de argumentos examinados por los juzgadores de instancia. <\/p>\n

En otros t\u00e9rminos, se trata de un remedio excepcional frente a graves anomal\u00edas que ensombrecen el deber de administrar justicia para que se regularicen, siempre y cuando hayan sido advertidas con posterioridad a la producci\u00f3n del fallo. De all\u00ed que su prosperidad est\u00e1 subordinada a que se trate de un aspecto novedoso y, por ende, que no fue materia de debate en el curso del pleito. <\/p>\n

Como lo dijo la Sala, <\/p>\n

El C\u00f3digo de Procedimiento Civil contempla en su art\u00edculo 379 la posibilidad de que las sentencias de los Tribunales, una vez ejecutoriadas, puedan ser sometidas a escrutinio frente a la ocurrencia de una o varias de las causales del 380 ib\u00eddem, relacionadas con dificultades e irregularidades en la obtenci\u00f3n de la prueba, fraude procesal, indebida representaci\u00f3n o nulidades que afecten la actuaci\u00f3n (\u2026) Tal figura es una expresi\u00f3n del deber de administrar cumplida justicia evitando las decisiones contrarias a ella, con el fin de solventar situaciones que afecten las garant\u00edas procesales de las partes, para, de ser necesario y acreditado uno o varios de los motivos esgrimidos, invalidar lo inadecuadamente tramitado o proferir un nuevo fallo en el que se protejan sus derechos, tanto adjetivos como sustanciales (\u2026) No obstante, el recurso de revisi\u00f3n por su connotaci\u00f3n extraordinaria debe reunir determinados supuestos, de un lado encajando dentro de las situaciones que para el efecto consagra la ley procesal y del otro correspondiendo a verdaderos descubrimientos o hechos nuevos que patenticen la irregularidad alegada, ajena a la desidia o descuido de los deberes propios de quienes estuvieron involucrados en la litis, toda vez que si existi\u00f3 campo para su discusi\u00f3n dentro del curso normal del debate no es este el escenario propicio para hacerlo, ya que se convertir\u00eda en una nueva instancia o la oportunidad de reabrir etapas debidamente precluidas con amparo en la normatividad vigente. (CSJ SC de 15 nov. 2012, rad. 2010-00754). <\/p>\n

3. Adem\u00e1s, el art\u00edculo 381 del compendi\u00f3 adjetivo en cita consagra un t\u00e9rmino perentorio para interponer la respectiva impugnaci\u00f3n extraordinaria, vencido el cual produce la caducidad del derecho de acci\u00f3n, como lo record\u00f3 la Sala, al se\u00f1alar que: <\/p>\n

(\u2026) En relaci\u00f3n [a] la caducidad ha dicho la Corte que \u2018comprende la expiraci\u00f3n (o decadencia) de un derecho o una potestad, cuando no se realiza el acto id\u00f3neo previsto por la ley para su ejercicio, en el t\u00e9rmino perentoriamente previsto en ella. (\u2026) Por consiguiente, desde esta perspectiva es inherente y esencial a la caducidad la existencia de un t\u00e9rmino fatal fijado por la ley (\u2026), dentro del cual debe ejercerse id\u00f3neamente el poder o el derecho, so pena de extinguirse. <\/p>\n

\u2018O, para decirlo en otros t\u00e9rminos, acontece que la ley, sin detenerse a consolidar expl\u00edcitamente una particular categor\u00eda, consagra plazos perentorios dentro de los cuales debe realizarse a cabalidad el acto en ella previsto con miras a que una determinada relaci\u00f3n jur\u00eddica no se extinga o sufra restricciones, fen\u00f3meno que, gracias a la labor de diferenciaci\u00f3n emprendida por la doctrina y la jurisprudencia, se denomina caducidad. <\/p>\n

\u2018[\u2026] \t\u2018El legislador, pues, en aras de la seguridad jur\u00eddica, pretende con los t\u00e9rminos de caducidad finiquitar el estado de zozobra de una determinada situaci\u00f3n o relaci\u00f3n de Derecho, generado por las expectativas de un posible pleito, imponi\u00e9ndole al interesado la carga de ejercitar un acto espec\u00edfico, tal la presentaci\u00f3n de la demanda, en un plazo apremiante y decisivo, con lo cual limita con precisi\u00f3n, la oportunidad que se tiene para hacer actuar un derecho, de manera que no afecte m\u00e1s all\u00e1 de lo razonablemente tolerable los intereses de otros. <\/p>\n

\u2018N\u00f3tese, por consiguiente, c\u00f3mo la caducidad descansa, en \u00faltimas, sobre imperativos de certidumbre y seguridad de ciertas y determinadas relaciones jur\u00eddicas, respecto de las cuales el ordenamiento desea, de manera perentoria, su consolidaci\u00f3n, sin que ella deba concebirse como una sanci\u00f3n por abandono, ni haya lugar a deducir que envuelve una presunci\u00f3n de pago o cumplimiento de la obligaci\u00f3n, como tampoco pretende interpretar el querer del titular del derecho. <\/p>\n

\u2018De ah\u00ed que la expresi\u00f3n: \u2018Tanto tiempo tanto derecho\u2019, demuestre de manera gr\u00e1fica sus alcances, esto es, que el plazo se\u00f1ala el comienzo y el fin del derecho o potestad respectivo, por lo que su titular se encuentra ante una alternativa: o lo ejercit\u00f3 oportunamente o no lo hizo, sin que medie pr\u00f3rroga posible, ni sea viable detener la inexorable marcha del tiempo.\u2019 (CSJ SC de 11 jul. 2013, rad. 2011-01067, reiterada SC de 25 jun. 2018, rad 2012-01848). <\/p>\n

\u2018Como quiera que la interposici\u00f3n oportuna de la impugnaci\u00f3n extraordinaria es requisito de procedibilidad, delanteramente debe hacerse el examen del punto relacionado con la caducidad de las causales invocadas por la parte recurrente, escrutinio que procede inclusive de oficio y frente a todas las personas integrantes de la parte demandada, aunque hayan guardado silencio al respecto\u2019, agregando que \u2018(…) la demanda de revisi\u00f3n debe presentarse dentro del t\u00e9rmino de caducidad que consagra el art\u00edculo 381 del C. de P. C., pues si de entrada se advierte que la caducidad ya est\u00e1 consumada, el juzgador deber\u00e1 rechazar in l\u00edmine la impugnaci\u00f3n, seg\u00fan la clara preceptiva del inciso cuarto del art\u00edculo 383 \u00edd.\u2019 (CSJ, SC de 20 sep. 2005, rad. 7814). <\/p>\n

4. Con base en tales premisas, en el sub judice se tiene que la causal de revisi\u00f3n invocada fue la consagrada en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, respecto de la cual el inciso 1\u00ba del precepto 381 ib\u00eddem, exig\u00eda interponerlo \u00abdentro de los dos a\u00f1os siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia\u00bb.
\nAs\u00ed las cosas, como frente a la sentencia del Tribunal la demandante interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que desat\u00f3 esta Corporaci\u00f3n con prove\u00eddo de 21 de octubre de 2010 y cobr\u00f3 ejecutoria el 4 de noviembre del mismo a\u00f1o al tenor del canon 331 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (folios 79 a 156, cuaderno 4 del proceso ordinario), se colige que para cuando fue presentada la demanda de revisi\u00f3n, 24 de febrero de 2011, no estaba vencido el lapso de caducidad de dos a\u00f1os otorgado para incoarla. <\/p>\n

Sin embargo, la radicaci\u00f3n del libelo extraordinario no es el \u00fanico presupuesto para evitar que se produzca la caducidad investigada, en raz\u00f3n a que, conforme al art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso vigente desde el 1\u00ba de octubre de 2012 y derogatorio del precepto 90 del anterior ordenamiento procesal, \u00ab[l]a presentaci\u00f3n de la demanda interrumpe el t\u00e9rmino para la prescripci\u00f3n e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aqu\u00e9lla o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o contado a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n de tales providencias al demandado. Pasado este t\u00e9rmino, los mencionados efectos s\u00f3lo se producir\u00e1n con la notificaci\u00f3n al demandado\u00bb. <\/p>\n

Y \u00ab[s]i fueren varios los demandados y existiere entre ellos litisconsorcio facultativo, los efectos de la notificaci\u00f3n a los que se refiere este art\u00edculo se surtir\u00e1n para cada uno separadamente, salvo norma sustancial o procesal en contrario. Si el litisconsorcio fuere necesario ser\u00e1 indispensable la notificaci\u00f3n a todos ellos para que se surtan dichos efectos\u00bb. (Inciso pen\u00faltimo, subrayado ajeno al texto). <\/p>\n

En otros t\u00e9rminos, para que sea inoperante la caducidad indispensable resulta la radicaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n extraordinaria antes del vencimiento del t\u00e9rmino de dos a\u00f1os, contado a partir de la ejecutoria de la providencia atacada, y notificar el auto admisorio a los convocados sin que transcurra el plazo de un a\u00f1o previsto en el art\u00edculo 94 del C.G. del P., antes 90 del C. de P.C. Vencido este, la inoperancia s\u00f3lo tendr\u00e1 efecto si el acto de enteramiento a los convocados se produce dentro de aqu\u00e9l lapso de dos a\u00f1os. <\/p>\n

Sobre el punto la Corte tiene decantado, aludiendo a las reglas que sobre la materia conten\u00eda el C\u00f3digo de Procedimiento Civil pero que por su similitud guardan correspondencia con el ordenamiento adjetivo vigente, que: <\/p>\n

(\u2026) presentada oportunamente la demanda, \u00e9ste acto impedir\u00e1 que el t\u00e9rmino extintivo de la caducidad contin\u00fae corriendo, si es que el demandante en revisi\u00f3n cumple la carga de notificarla al demandado dentro del t\u00e9rmino del art\u00edculo 90 del mismo C\u00f3digo. Caso contrario, equivale a decir, cuando esta carga es incumplida, que pierde la presentaci\u00f3n de la demanda aqu\u00e9l efecto inicial, porque la caducidad ya no se detendr\u00e1 sino cuando efectivamente se notifique al demandado; hip\u00f3tesis \u00e9sta que alude a una consumaci\u00f3n de caducidad sobreviniente, la que, por razones obvias, ha de ser analizada y decidida en la sentencia misma con que concluya el tr\u00e1mite de la revisi\u00f3n. (CSJ CS de 20 may. 2011, rad. 2005-00289). <\/p>\n

Precisado lo anterior y como quiera que en el juicio declarativo objeto de revisi\u00f3n se demand\u00f3 a Teofilde Duarte Moreno, Nataly y Diego Rodr\u00edguez Duarte, todos conforman litisconsorcio necesario en este recurso de revisi\u00f3n, en tanto el numeral segundo del art\u00edculo 382 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil prev\u00e9 que \u00ablas personas que fueron parte en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia\u00bb deben ser convocadas al recurso, \u00abpara que con ellas se siga el procedimiento de revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Por contera, para impedir la caducidad, de conformidad con el pen\u00faltimo inciso del art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso, se requer\u00eda la notificaci\u00f3n a todos ellos, lo cual significa que solo con el enteramiento al \u00faltimo de los convocados se generaba la inoperancia del fen\u00f3meno extintivo citado. <\/p>\n

En este orden y habida cuenta que el auto admisorio de la demanda de revisi\u00f3n se notific\u00f3 por estado a la recurrente el 1\u00ba de abril de 2013 (folio 182 vto. precedente), la anualidad concedida para enterar a los enjuiciados venci\u00f3 el 30 de abril de 2014, y como todos los enteramientos ocurrieron con posterioridad, caduc\u00f3 el derecho de acci\u00f3n de la promotora. <\/p>\n

En efecto, tras los requerimientos que se hicieron a la recurrente para que vinculara a sus convocados con autos de 15 de abril de 2016 (folio 293), 29 de septiembre de 2016 (folio 308), 23 de noviembre de 2016 (folio 312), entre otros, finalmente Teofilde Duarte Moreno fue notificada personalmente el 10 de febrero de 2017 (folio 437), Diego Rodr\u00edguez Duarte el 17 de abril de 2017 (folio 364) y el 5 de julio de 2018 la curadora ad litem designada para representar a los herederos indeterminados de Nataly Rodr\u00edguez Duarte, tras su deceso (folio 412). <\/p>\n

En suma, ab-initio se observa que oper\u00f3 la caducidad de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, porque no obstante haber sido radicada antes del vencimiento del lapso de 2 a\u00f1os previsto en el art\u00edculo 381 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, vigente para la \u00e9poca, el enteramiento de la parte accionada se produjo cuando hab\u00eda vencido con holgura no s\u00f3lo ese plazo sino tambi\u00e9n el de un a\u00f1o para que fuera inoperante la aludida extinci\u00f3n. <\/p>\n

Por lo tanto, deber\u00e1 declararse que oper\u00f3 la caducidad de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n. <\/p>\n

5. No obstante que las precedentes consideraciones bastan para declarar impr\u00f3spero el mecanismo de defensa extraordinario que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, para abundar en razones resulta pertinente se\u00f1alar que la causal de revisi\u00f3n solicitada igualmente est\u00e1 llamada al fracaso. <\/p>\n

Ciertamente, la impugnante invoc\u00f3 la causal 1\u00aa del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, consistente en \u00ab(h)aberse encontrado despu\u00e9s de pronunciada la sentencia documentos que habr\u00edan variado la decisi\u00f3n contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria\u00bb. <\/p>\n

Para que se configure ese motivo de revisi\u00f3n son necesarios tres presupuestos: <\/p>\n

El primero, \u00ab(e)l impugnante debe acreditar que encontr\u00f3, despu\u00e9s de pronunciada la sentencia materia de revisi\u00f3n, una prueba de linaje documental, no de otra \u00edndole, en el entendido de que ella \u2018… debi\u00f3 existir desde el momento mismo en que se present\u00f3 la demanda, o por lo menos desde el vencimiento de la \u00faltima oportunidad procesal para aportar pruebas, no siendo admisible, en consecuencia, la que se encuentre o configure despu\u00e9s de pronunciada la sentencia\u2019 … (CSJ, SR de 22 sep. 1999, rad. n\u00ba 6404). <\/p>\n

El segundo alude que \u00ab(e)s indispensable que el medio de prueba documental hallado ostente, por s\u00ed solo, el suficiente poder de convicci\u00f3n para, de haber obrado en el proceso, determinar un cambio sustancial en el sentido de la sentencia que efectivamente se adopt\u00f3; es decir, la prueba recobrada debe ser decisiva. Si lo que se presenta en revisi\u00f3n no tiene esa significaci\u00f3n el recurso no puede prosperar, raz\u00f3n por la cual cabe afirmar que de no constituir esa pieza documental -bien por su contenido o por cualquier otra circunstancia- una aut\u00e9ntica e incontestable novedad frente a las pruebas practicadas en el proceso en el que se dict\u00f3 la sentencia recurrida, la predicada injusticia de esta resoluci\u00f3n no puede vincularse causalmente con la ausencia del documento aparecido;\u2026\u00bb (Sentencia citada). <\/p>\n

Y el \u00faltimo consagra que \u00ab(e)s carga del impugnante demostrar que fue por fuerza mayor, por caso fortuito o por el hecho del contrincante que result\u00f3 imposible aportar en tiempo la prueba documental, dado que \u2018si tal documento no se adujo porque simplemente no se hab\u00eda averiguado en donde reposaba, o porque no se pidi\u00f3 su aporte en ninguna de las oportunidades que la ley se\u00f1ala para que pueda valorarse su m\u00e9rito de persuasi\u00f3n, entonces el hecho de que con posterioridad al fallo, se encuentre un documento que hubiera podido hacer variar la decisi\u00f3n combatida, no es suficiente para sustentar el recurso extraordinario de revisi\u00f3n.\u00bb (Ib\u00eddem). <\/p>\n

6. Con base en tales requisitos y descendiendo nuevamente al caso de autos, se tiene que como la causal alegada se fundament\u00f3 en que Teofilde Duarte Moreno no recibi\u00f3 en los procesos de sucesi\u00f3n de sus progenitores bienes de gran val\u00eda, que permitieran afirmar solvencia econ\u00f3mica suficiente para adquirir, a nombre propio y en el de sus hijos menores de edad, los inmuebles enajenados por Myriam Rodr\u00edguez Jim\u00e9nez; concluye la Corte que no se cumplen los dos \u00faltimos presupuestos necesarios para que prospere el recurso extraordinario. <\/p>\n

6.1. En relaci\u00f3n con el segundo de dichos requisitos, esto es, que el medio de prueba documental hallado ostente suficiente poder de convicci\u00f3n al punto que habr\u00eda generado un cambio sustancial en la sentencia atacada, la Sala colige que los elementos persuasivos invocados por v\u00eda extraordinaria no diluyen la argumentaci\u00f3n de la providencia de segunda instancia, de manera que pudiera colegirse que otro hubiera sido el sentido de tal decisi\u00f3n. <\/p>\n

Esto por cuanto el ad-quem consider\u00f3 que la demandante no demostr\u00f3 la falta de capacidad monetaria de los compradores para celebrar las ventas impugnadas y que, por el contrario, Teofilde Duarte Moreno ten\u00eda el apoyo econ\u00f3mico absoluto de su consorte Jos\u00e9 Eugenio Rodr\u00edguez Cantor (padre de la demandante) a quien aquella, adem\u00e1s, hab\u00eda entregado sus ingresos para que los administrara, por ser \u00e9l persona experta en el comercio, todo lo cual sumaba dinero suficiente para cancelar el precio pactado respecto del inmueble ubicado en la calle 15 n\u00ba 21 \u2013 63 de Acac\u00edas. <\/p>\n

Y en relaci\u00f3n con la adquisici\u00f3n de los terrenos El Rub\u00ed y El Rub\u00ed II del municipio Castilla La Nueva, anot\u00f3 que el precio fue cubierto por Jos\u00e9 Eugenio Rodr\u00edguez Cantor, padre de los adquirentes Nataly y Diego Rodr\u00edguez Duarte, con el fin de procurarles el mejor bienestar a estos descendientes, menores de edad en ese entonces, y que dicha erogaci\u00f3n la hizo con los dineros que un mes antes recibi\u00f3 de manos de la recurrente Myriam Rodr\u00edguez Jim\u00e9nez, producto de otra venta que \u00e9l hizo a \u00e9sta.
\nComo de all\u00ed se desprende, el juzgador de segunda instancia no asever\u00f3 que el dinero con el cual se cancel\u00f3 el precio de los bienes objeto de las compraventas impugnadas hubiera sido, \u00fanicamente, el recibido por Teofilde Duarte Moreno producto de la distribuci\u00f3n realizada en los juicios de sucesi\u00f3n de sus progenitores, m\u00e1xime cuando en su defensa ella expuso que su capital no s\u00f3lo proven\u00eda de dichos tr\u00e1mites judiciales, tambi\u00e9n de los salarios que recibi\u00f3 como servidora p\u00fablica del municipio de Santa Elena del Op\u00f3n y de la compra de ganado. <\/p>\n

Con otras palabras, aun cuando la Corte diera por sentado que Teofilde Duarte Moreno no recibi\u00f3 bienes de cuant\u00eda importante en la liquidaci\u00f3n del patrimonio dejado por sus padres, esa conclusi\u00f3n no desvirtuar\u00eda la determinaci\u00f3n judicial cuestionada, en tanto esta se fund\u00f3, adem\u00e1s, en que la compradora cont\u00f3 con otros ingresos para adquirir el inmueble ubicado en la calle 15 n\u00ba 21 \u2013 63 de Acac\u00edas; mientras que las heredades denominadas El Rub\u00ed y El Rub\u00ed II del municipio Castilla La Nueva fueron adquiridas con dineros de Jos\u00e9 Eugenio Rodr\u00edguez Cantor. <\/p>\n

Total es que los medios de prueba documentales hallados por la recurrente extraordinaria no habr\u00edan generado un cambio sustancial en la sentencia atacada. <\/p>\n

6.2. En adici\u00f3n, el \u00faltimo requisito para que se configure la primera causal de revisi\u00f3n tampoco se encuentra satisfecho, porque con anterioridad al inicio del juicio criticado (2 de diciembre de 2003), los documentos que dice haber hallado la recurrente estuvieron a su alcance, al tratarse de instrumentos p\u00fablicos, como son las escrituras p\u00fablicas 1653 de 20 de agosto de 2003 de la Notar\u00eda \u00danica de Acac\u00edas, 1924 de 24 de septiembre de 2003 de la misma Notar\u00eda, y los certificados de tradici\u00f3n correspondientes a las matr\u00edculas inmobiliarias 232-10905, 232-743, 232-9254 y 232-1001 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos. <\/p>\n

Lo anterior en desarrollo del mandato contenido en el art\u00edculo 80 del decreto 960 de 1970, a cuyo tenor \u00ab(t)oda persona tiene derecho a obtener copias aut\u00e9nticas de las escrituras p\u00fablicas\u00bb; y el canon 54 del decreto 1250 de 1970, vigente para la \u00e9poca, seg\u00fan el cual \u00ab[l]as oficinas de registro expedir\u00e1n certificados sobre la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los bienes sometidos a registro, mediante la reproducci\u00f3n fiel y total de las inscripciones respectivas.\u00bb <\/p>\n

Tal circunstancia, por s\u00ed sola, desvirt\u00faa la fuerza mayor o caso fortuito as\u00ed como la obra de sus enjuiciados que hubieran podido impedir a Myriam Rodr\u00edguez Jim\u00e9nez la obtenci\u00f3n de los aludidos documentos, en el curso del proceso donde se dict\u00f3 la sentencia fustigada, si se tiene en cuenta que por fuerza mayor o caso fortuito debe entenderse \u2018el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercido por un funcionario p\u00fablico, etc.\u2019 (Art. 1\u00b0 Ley 95 de 1890). <\/p>\n

De all\u00ed sus caracter\u00edsticas de imprevisibilidad e irresistibilidad, \u00absignificando lo primero, un acontecer intempestivo, excepcional o sorpresivo; y lo segundo, imposible, fatal, inevitable de superar en sus consecuencias\u00bb. (Sentencia de revisi\u00f3n de 2 de diciembre de 1987, G.J. t. CLXXXVIII, p\u00e1g. 332); propiedades extra\u00f1as a la naturaleza que de p\u00fablico ostente un determinado documento, pues esta genera el derecho de todo ciudadano para tenerlo a su alcance y, por contera, obtener reproducciones, al punto que el ordenamiento jur\u00eddico ha previsto herramientas para asegurar esa enmienda, verbi gratia, el derecho de solicitar informaci\u00f3n regulado en materia contencioso administrativa (art. 24 del C.P.A.C.A.), en desarrollo de la garant\u00eda fundamental de petici\u00f3n que, sabido es, puede hacerse efectiva a trav\u00e9s del ejercicio de acciones constitucionales. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, desvirtuada est\u00e1 la fuerza mayor o caso fortuito as\u00ed como el actuar de sus contendores, que le habr\u00edan podido impedir aportar al juicio declarativo los elementos de convicci\u00f3n que ahora expone la demandante a trav\u00e9s del presente recurso extraordinario de revisi\u00f3n. <\/p>\n

Precisamente, en un asunto de contornos similares, la Corte precis\u00f3: <\/p>\n

Lo cierto del caso, como se desprende de lo anterior, es que la falta de aportaci\u00f3n del referido documento no se debi\u00f3 a la actividad de quien demand\u00f3 el divorcio acogido en la sentencia objeto de la revisi\u00f3n, ni a la presencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito que le hubieran impedido a (\u2026) incorporarlos al expediente, sino a la falta de diligencia y esmero de \u00e9ste, mayormente si se trataba de documentaci\u00f3n p\u00fablica que estuvo a su alcance en la Notar\u00eda pertinente, a la cual pudo concurrir para obtener copia de ella a fin de allegarla y hacerla valer en pro de los derechos controvertidos en esa causa. (CSJ, SC de 1\u00ba mar. 2011, rad. n\u00ba 2009-00068). <\/p>\n

Recu\u00e9rdese, porque viene al caso, que en relaci\u00f3n con el \u00faltimo de los requisitos de la inicial causal de revisi\u00f3n, la Sala tiene establecido que \u00abla fuerza mayor o el caso fortuito implican una verdadera imposibilidad de aducirlos; y no una simple dificultad, as\u00ed ella se manifieste grande (CLXI, p\u00e1g. 156). Y en lo atinente a que no hubiera sido posible allegarlo por maniobras del contrincante, tal requisito requiere de dos presupuestos: la presencia del documento que hubiera podido servir de medio de prueba en manos o bajo el dominio de la parte contraria durante o antes de la tramitaci\u00f3n del proceso revisado, y la participaci\u00f3n de dicha parte en la retenci\u00f3n de dicha prueba. Desde luego, corresponde al recurrente la carga probatoria tendiente a demostrar que fue caso fortuito o fuerza mayor o conducta de su adversario lo que le impidi\u00f3 aducir al proceso esta especie de prueba, pues si no empieza por probar estos extremos, inexorablemente el recurso interpuesto est\u00e1 llamado al fracaso\u00bb (Sentencia de revisi\u00f3n de 2 de diciembre de 1987, G.J. t. CLXXXVIII, p\u00e1g. 332). <\/p>\n

En suma, tampoco est\u00e1 cumplido el \u00faltimo requisito necesario para la prosperidad de la primera causal de revisi\u00f3n. <\/p>\n

7. Se concluye de lo expuesto que no prospera el mecanismo de defensa examinado, por lo que as\u00ed se declarar\u00e1, con condena en costas en contra de la recurrente al tenor del inciso final del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n

Primero. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por Myriam Rodr\u00edguez Jim\u00e9nez frente a la sentencia de 30 de junio de 2009, proferida por la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en el proceso ordinario que promovi\u00f3 contra Teofilde Duarte Moreno, Nataly y Diego Rodr\u00edguez Duarte. <\/p>\n

Segundo: Condenar a la impugnante a pagar las costas y perjuicios. En la liquidaci\u00f3n de aquellas incl\u00fayase por concepto de agencias en derecho $3\u2019000.000 y, en cuanto a los \u00faltimos podr\u00e1n establecerse y cuantificarse previo tr\u00e1mite incidental. <\/p>\n

Tercero: Ordenar hacer efectiva la cauci\u00f3n constituida para cancelar los valores provenientes de los rubros se\u00f1alados. Para tal efecto, en su oportunidad la secretar\u00eda librar\u00e1 los oficios que se requieran, as\u00ed mismo expedir\u00e1 las copias pertinentes, debiendo sufragar las expensas quien las requiera. <\/p>\n

Cuarto: Devolver el proceso al juzgado de origen, agregando copia de esta providencia, y en su oportunidad arch\u00edvese el expediente que recoge la actuaci\u00f3n surtida ante esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

Ausencia justificada
\nOCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado Ponente SC2554-2019 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de febrero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1 D.C., once (11) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Dec\u00eddese el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por Myriam Rodr\u00edguez Jim\u00e9nez frente a la sentencia de 30 de junio de 2009, proferida por la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102516","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102516","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102516"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102516\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102516"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102516"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102516"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}