{"id":102521,"date":"2026-07-02T15:43:08","date_gmt":"2026-07-02T15:43:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102521"},"modified":"2026-07-02T15:43:08","modified_gmt":"2026-07-02T15:43:08","slug":"sc3017-2019-2011-00027-02","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc3017-2019-2011-00027-02\/","title":{"rendered":"SC3017-2019 (2011-00027-02)"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

SC3017-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 76147-31-10-002-2011-00027-02
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de julio de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de agosto de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el accionado respecto de la sentencia de 14 de marzo de 2013, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga, dentro del proceso ordinario de Mar\u00eda Alejandra Hern\u00e1ndez Penilla, representada por Olga Cecilia Hern\u00e1ndez Penilla, contra Guillermo Hebert Salcedo Prieto. <\/p>\n

I.-EL LITIGIO <\/p>\n

1.- Se pidi\u00f3 en la demanda declarar que Mar\u00eda Alejandra Hern\u00e1ndez Penilla es hija extramatrimonial del convocado y, en consecuencia, ordenar la correcci\u00f3n de su registro civil y fijar cuota de alimentos en su favor. <\/p>\n

2. Como sustrato f\u00e1ctico se expuso que la menor, nacida el 11 de diciembre de 2002 en el municipio de Pereira, hija de Olga Cecilia Hern\u00e1ndez Penilla, fue concebida durante el periodo en que su progenitora y Guillermo Hebert Salcedo Prieto mantuvieron una relaci\u00f3n sentimental estable y notoria. <\/p>\n

Por orden del ICBF el Instituto de Medicina Legal practic\u00f3 estudio gen\u00e9tico de filiaci\u00f3n a la hija y al presunto padre, que arroj\u00f3 como resultado de 99.99999999% de probabilidad de paternidad, pese a lo cual, este \u00faltimo no realiz\u00f3 el registro notarial correspondiente, ni objet\u00f3 el resultado de la prueba cient\u00edfica (fls. 1 -2, c. 1). <\/p>\n

Con el libelo se aport\u00f3 una copia simple del an\u00e1lisis cl\u00ednico de los marcadores gen\u00e9ticos realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (fl. 23) y, el 16 de febrero de 2011, antes de la notificaci\u00f3n al enjuiciado, la promotora \u00abcorrigi\u00f3\u00bb el libelo inicial, agregando el original \u00abal cap\u00edtulo de pruebas y a sus anexos\u00bb (fls. 25 \u2013 28). <\/p>\n

3.- El convocado se opuso a las pretensiones, sin formular medios defensivos, pero pidi\u00f3 que se practicara una nueva prueba de ADN (fls. 33 \u2013 36, ib.). <\/p>\n

4. Ya avanzado el tr\u00e1mite, el a quo, por auto de 9 de mayo de 2011, por v\u00eda de reposici\u00f3n del auto que abri\u00f3 el proceso a pruebas, se pronunci\u00f3 sobre el memorial con el cual se adjunt\u00f3 el original del dictamen, d\u00e1ndole alcance de sustituci\u00f3n de la demanda por hallar reunidos los requisitos propios de esa figura y as\u00ed la admiti\u00f3. Al mismo tiempo \u00abteniendo el original del dictamen \u2013 estudio gen\u00e9tico de filiaci\u00f3n, como prueba allegada con la demanda\u00bb; dej\u00f3 sin efecto el numeral 4\u00b0 del auto admisorio mediante el cual se orden\u00f3 la prueba de marcadores gen\u00e9ticos, a trav\u00e9s de la t\u00e9cnica de ADN y en su lugar, dispuso dar traslado por el t\u00e9rmino legal de la allegada con el escrito de sustituci\u00f3n. <\/p>\n

En la nueva contestaci\u00f3n, el recurrente insisti\u00f3 en la necesidad de otra evaluaci\u00f3n molecular para despejar cualquier duda, aunque no objet\u00f3 la presentada (fls. 88 – 92); por auto del 28 de junio de 2011, el juzgador rehus\u00f3 ordenar ese estudio adicional, por innecesario dado que no se objet\u00f3 el inicialmente anexado y precis\u00f3 que de esa forma, quedaba \u00aben firme el dictamen \u2013 estudio gen\u00e9tico de filiaci\u00f3n allegado con la demanda\u00bb (fls. 94- 97). <\/p>\n

El opositor apel\u00f3 ese prove\u00eddo y el Tribunal lo ratific\u00f3, al estimar que no era imprescindible la nueva experticia, dado que la inicial no fue objetada (fls. 17 – 21, c. 5). <\/p>\n

5. La primera instancia culmin\u00f3 con sentencia estimatoria, emitida el 31 de julio de 2012 (fls. 139 – 154), que fue impugnada por el vencido (fl. 155) y confirmada por el Superior (fls. 12 \u2013 25, c. 8). <\/p>\n

II.-FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n

El ad quem desestim\u00f3 los motivos de disenso relacionados con la negativa de decretar una nueva prueba de ADN, al respecto se\u00f1al\u00f3 que esa discusi\u00f3n qued\u00f3 zanjada con anterioridad, cuando el Tribunal confirm\u00f3 el auto que decidi\u00f3 en ese sentido, por encontrarlo conforme a derecho. <\/p>\n

Seguidamente, se refiri\u00f3 a la prueba de ADN obrante en el expediente, practicada a instancias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por el Grupo de Gen\u00e9tica Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal, que arroj\u00f3 como resultado una probabilidad de paternidad del 99,99990 % y que es 32.683.446.730,4987 veces m\u00e1s probable que el accionado sea el padre biol\u00f3gico a que no lo sea, exaltando la firmeza, precisi\u00f3n y calidad de sus fundamentos. <\/p>\n

Concluy\u00f3, adem\u00e1s, que no era viable la condena por alimentos antes de establecerse el parentesco, raz\u00f3n por la cual revoc\u00f3 la orden de sufragar rubros de educaci\u00f3n generados con anterioridad al fallo. <\/p>\n

Por lo que ata\u00f1e al monto de la cuota alimentaria, estim\u00f3 adecuada la cantidad de $1'000.000 fijada por el a quo, dado que para su estipulaci\u00f3n tom\u00f3 en consideraci\u00f3n las dem\u00e1s obligaciones del alimentante y su capacidad econ\u00f3mica. Acot\u00f3, que si bien el demandado, de acuerdo con la certificaci\u00f3n expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro, en su cargo de Notario del C\u00edrculo de Cartago percibi\u00f3 en el a\u00f1o 2010 la suma de $431'583.965, a\u00fan descontados los gastos de funcionamiento, en todo caso los ingresos para los primeros meses de 2011 no fueron inferiores a $3.000.000, de donde la cuota no era desproporcionada. <\/p>\n

III.- LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n

Contiene tres cargos, dos de ellos apoyados en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por violaci\u00f3n indirecta, y el otro en la causal quinta. <\/p>\n

Se analiza en primer lugar el tercer ataque, por su vocaci\u00f3n totalizadora, y a continuaci\u00f3n los dos restantes. <\/p>\n

1. TERCER \tCARGO <\/p>\n

Aleg\u00f3 el impugnante que se configura la nulidad prevista en el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por cuanto se omitieron los t\u00e9rminos u oportunidades para practicar la prueba pericial de ADN, defecto que no ha sido saneado. <\/p>\n

Con el escrito genitor no se acompa\u00f1\u00f3 el original del peritaje determinante de la filiaci\u00f3n y aunque el juzgado oficiosamente orden\u00f3 su pr\u00e1ctica, revers\u00f3 su decisi\u00f3n, d\u00e1ndole valor a uno que fue aportado extempor\u00e1neamente. <\/p>\n

De otra parte, el Tribunal, advertido de esa situaci\u00f3n an\u00f3mala, no hizo nada al respecto. En esas condiciones, se echa de menos en el proceso \u00abla prueba reina e infalible para demostrar o descartar la presunta paternidad del demandado\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

El recuento de lo acontecido en la primera instancia devela que durante el tr\u00e1mite procesal se garantiz\u00f3 que las partes pudieran desplegar su actividad probatoria, en los diferentes momentos de aportaci\u00f3n y contradicci\u00f3n. <\/p>\n

La situaci\u00f3n expuesta en la censura no supone un agravio de esa prerrogativa, puesto que el debate acerca de la utilidad y necesidad del medio demostrativo solicitado fue superado en la actuaci\u00f3n con la confirmaci\u00f3n en segundo grado del auto que deneg\u00f3 la pr\u00e1ctica de otro examen cient\u00edfico, sin que el opugnante entendiese en su momento que esa decisi\u00f3n constitu\u00eda un invalidante. De hecho, con posterioridad no suscit\u00f3 ninguna petici\u00f3n de nulidad procesal y, por el contrario, continu\u00f3 interviniendo en el litigio y, al efecto, present\u00f3 alegatos de conclusi\u00f3n e impugn\u00f3 la sentencia del a quo. <\/p>\n

Aunque es claro que la irregularidad referida surgir\u00eda al omitirse el decreto de una prueba de marcadores gen\u00e9ticos de ADN, obligatoria en los procesos para establecer la paternidad o maternidad (Ley 721 de 2001), puesto que \u00abse configura, entre otros eventos, cuando el juzgador no decreta o no practica los medios de convicci\u00f3n que en forma espec\u00edfica ordena la ley\u00bb (CSJ, SC 11 dic. 2012, rad. 2007-00046-01), lo cierto es que el sub judice no estuvo desprovisto de ese elemento de convicci\u00f3n, al punto que la filiaci\u00f3n fue definida con base en el examen biol\u00f3gico que adjunt\u00f3 la actora. <\/p>\n

Por tanto, a este prop\u00f3sito basta constatar que la experticia obr\u00f3 en el expediente, como en efecto sucedi\u00f3, para descartar la anomal\u00eda. <\/p>\n

Adicionalmente, la causal de nulidad que cimienta el cargo presupone la pretermisi\u00f3n integra de la fase de pruebas, de ah\u00ed que si la acusaci\u00f3n se resiente de que no hubiere sido decretado un dictamen complementario, esto pone de relieve que no hubo un cercenamiento semejante, sino, a lo sumo, una inconformidad sobre el m\u00e9rito conferido al incorporado al plenario, lo que en modo alguno auspicia el buen suceso de este recurso extraordinario, que no est\u00e1 instituido como una instancia m\u00e1s del litigio. <\/p>\n

Sobre el particular, en CSJ SC15746-2014, rad. 2008-00469, se precis\u00f3 que <\/p>\n

El sexto caso de nulidad del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil se refiere a \u00abcuando se omiten los t\u00e9rminos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

La situaci\u00f3n planteada constituye una restricci\u00f3n al derecho de defensa, ya sea por no permitir que en las oportunidades conferidas para el efecto se eleven las peticiones de los litigantes encaminadas a demostrar los supuestos de hecho en que soporta sus reclamos o ante la prescindencia de las etapas para evacuar las probanzas. <\/p>\n

Su invocaci\u00f3n, por ende, no puede constituirse en una nueva oportunidad para disentir del decreto que se hizo en relaci\u00f3n con los medios de convicci\u00f3n, ni mucho menos para obtener el recaudo de los no pedidos o de los que fueron denegados mediante auto debidamente ejecutoriado. Mucho menos para discutir la valoraci\u00f3n que de los practicados haga el juzgador o sus apreciaciones sobre los que se dejaron de obtener. <\/p>\n

As\u00ed lo consider\u00f3 la Sala en SC de 4 de diciembre de 2009, rad. 2000-00865, al exponer que <\/p>\n

(\u2026) la nulidad procesal que se invoca, sin m\u00e1s, no se estructura, porque los reparos que puedan surgir alrededor de la concreci\u00f3n de los distintos medios de convicci\u00f3n, resultan ajenos al derecho general y abstracto que se tiene para pedir y practicar pruebas, que son las hip\u00f3tesis que protege el art\u00edculo 140, numeral 6\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. (\u2026) La Corte tiene explicado que esa causal de nulidad no pude utilizarse para \u201ccontrovertir las razones que en un momento dado fueron aducidas por el sentenciador al resolver sobre la pr\u00e1ctica de las pruebas solicitadas, decret\u00e1ndolas o neg\u00e1ndolas, inclusive en el evento de haber omitido resolver sobre alguna en particular, como tampoco para reclamar contra lo que pudo rodear la materializaci\u00f3n o no de un medio\u201d. (\u2026) La raz\u00f3n de ser de lo anterior estriba en que una cr\u00edtica en ese sentido, supone que existi\u00f3 un t\u00e9rmino para pedir y practicar pruebas, y que, por lo tanto, ning\u00fan estado de indefensi\u00f3n al respecto pudo presentarse. Adem\u00e1s, el control de dichos t\u00f3picos la ley los reserva a otros escenarios, por ejemplo, a trav\u00e9s de los procedimientos en concreto procedentes (en el caso de hecho fueron utilizados al tramitarse los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra el auto que neg\u00f3 evacuar algunos medios), inclusive valorando como indicio en contra de la respectiva parte la falta de colaboraci\u00f3n para la pr\u00e1ctica de pruebas y diligencias (art\u00edculo 74, numeral 6\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil). (\u2026) Sobre el particular la Corte tiene dicho que la circunstancia que al tenor del art\u00edculo 140, numeral 6\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, tiene la virtud de invalidar lo actuado, se liga a \u201cdeficiencias\u201d netamente \u201ctemporales\u201d, esto es, como recientemente se reiter\u00f3, a los eventos en que se ha \u201cpretermitido, omitido o ignorado en su integridad la oportunidad procesal que asiste a las partes para pedir pruebas y para que las decretadas se practiquen\u201d, caracter\u00edsticas respecto de las cuales, como ha quedado consignado, el caso no se identifica. <\/p>\n

De otra parte, a tono con el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, un vicio procesal s\u00f3lo puede ser alegado en casaci\u00f3n \u00absiempre que no se hubiere saneado\u00bb. De esa forma, como el que se imputa es de aquellos que se sanean por \u00abquien haya actuado en el proceso despu\u00e9s de ocurrida la respectiva causal sin proponerla\u00bb (art. 143 C. de P. C.), es evidente que de haberse presentado irregularidad en ese sentido, la misma qued\u00f3 superada al no haberse reprochado tempestivamente, lo que impide invocarla como sustento de este recurso extraordinario. <\/p>\n

En SC 1\u00b0 mar. 2012, rad. 2004-00191-01, se memor\u00f3 al respecto, que \u201cso pena de entenderlas saneadas\u201d, se \u201cimpone a la parte agraviada con el vicio procesal la obligaci\u00f3n de invocar, en la primera oportunidad que se le brinde, no s\u00f3lo todas las causales anulatorias que a su juicio se han estructurado, sino tambi\u00e9n todos y cada uno de los hechos, motivos o razones que las configuran\u201d1. <\/p>\n

Se concluye de las precedentes apreciaciones el fracaso del cargo examinado. <\/p>\n

2. PRIMER \tCARGO <\/p>\n

Acusa la sentencia de quebrantar indirectamente los art\u00edculos 6\u00b0 de la Ley 75 de 1968, 5\u00b0, 6\u00b0 y 60 del Decreto 1260 de 1970, 1\u00b0, 5\u00b0, 13, 14, 29, 42, 44 y 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y 1\u00b0 de la Ley 45 de 1936, por la comisi\u00f3n de errores de derecho, generados por la trasgresi\u00f3n de los art\u00edculos 174 a 180, 183, 187, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 251, 252 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; 7\u00b0 de la Le 75 de 1968 y 8\u00b0 de la Ley 721 de 2001. <\/p>\n

En sustento se expuso que la convocante no alleg\u00f3 oportunamente el dictamen pericial de ADN para demostrar la paternidad, por ende en la sentencia censurada se quebrantaron las normas sustanciales y procesales mencionadas porque se soport\u00f3 en documentos aportados de manera extempor\u00e1nea, dado que el dictamen del Instituto de Medicina Legal no se alleg\u00f3 con la demanda, ni por v\u00eda de reforma a la misma. <\/p>\n

El Tribunal confundi\u00f3 las figuras de la reforma y la correcci\u00f3n de la demanda. En ese sentido, le dio car\u00e1cter de reforma a un escrito que \u00fanicamente pretendi\u00f3 corregir el cap\u00edtulo atinente a las pruebas y valor\u00f3 un medio de convicci\u00f3n aportado por fuera de las oportunidades probatorias, pues si la demanda ya hab\u00eda sido admitida no pod\u00eda ser corregida, ni reformada, y por ello formalmente el dictamen \u00abnunca existi\u00f3 en el proceso, vulnerando as\u00ed el principio que obliga a sustentar toda decisi\u00f3n judicial en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. <\/p>\n

El inciso final del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n prev\u00e9 que \u00abes nula de pleno derecho toda prueba arrimada al expediente con violaci\u00f3n del debido proceso\u00bb y dentro de las etapas procesales pertinentes nunca fue allegado un dictamen pericial que permita atribuir la paternidad, pese a que en esta clase de juicios es ineludible, seg\u00fan los art\u00edculos 1\u00b0 y 8\u00b0 de la Ley 721 de 2001. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

Acerca de las oportunidades propicias para arrimar elementos demostrativos, el art\u00edculo 183 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil prev\u00e9 en su inciso tercero, que \u00ab[s]i se trata de prueba documental o anticipada, tambi\u00e9n se apreciar\u00e1n las que se acompa\u00f1en a los escritos de demanda o de excepciones o a sus respectivas contestaciones, o a aquellos en que se promuevan incidentes o se les d\u00e9 respuesta\u00bb, adem\u00e1s, existen otros momentos aptos para incorporarlas, como los interrogatorios a las partes, las declaraciones de testigos o la inspecci\u00f3n judicial, seg\u00fan lo admiten los c\u00e1nones 208, 228 y 246 de ese compendio. <\/p>\n

Todos estos eventos garantizan los principios de publicidad y contradicci\u00f3n, comoquiera que dentro del traslado que se haga, ya sea del escrito inaugural y su r\u00e9plica, o de los documentos aducidos en audiencia, los litigantes cuentan con la facultad de manifestar sus reparos frente a su incorporaci\u00f3n, en los plazos que para el efecto contemplan las normas. <\/p>\n

El an\u00e1lisis biol\u00f3gico que sirvi\u00f3 de base para el veredicto cuestionado respet\u00f3 los par\u00e1metros de tempestividad que rese\u00f1a el mentado art\u00edculo 183. En especial, porque fue allegado con la \u00abcorrecci\u00f3n de la demanda\u00bb (sic), que acertadamente el funcionario de primer grado, m\u00e1s all\u00e1 de los formulismos y nomenclaturas, asumi\u00f3 como lo que era, una sustituci\u00f3n de la misma seg\u00fan la actual concepci\u00f3n de la figura, que en vigencia del antiguo C\u00f3digo Judicial efectivamente correspond\u00eda a aquel vocablo (art\u00edculo 208), y que resultaba admisible en ese momento porque todav\u00eda estaba pendiente la integraci\u00f3n del contradictorio y no se hab\u00edan decretado cautelas. <\/p>\n

Dispone el art\u00edculo 88 de la codificaci\u00f3n procesal civil que \u00ab[m]ientras el auto que admite la demanda no se haya notificado a ninguno de los demandados, el demandante podr\u00e1 sustituirla las veces que quiera o retirarla, siempre que no se hubiera practicado medidas cautelares\u00bb. El sentido l\u00f3gico de esta previsi\u00f3n dicta que siendo viable cambiar en su integridad esa plana inicial, no debe existir ning\u00fan \u00f3bice para que sea alterada en uno solo de sus ac\u00e1pites. <\/p>\n

Con un sentido similar, por ejemplo, la Corte se pronunci\u00f3 frente a una modificaci\u00f3n del libelo que \u00fanicamente comportaba un cambio, por el factor territorial, del juzgador destinatario de la misma, asimil\u00e1ndola \u00aba un acto de sustituci\u00f3n\u00bb, en CSJ AC 17 feb. 2007, rad. 2006-02078-00, se dijo en esa ocasi\u00f3n que, <\/p>\n

La competencia para el conocimiento de esta demanda ejecutiva de alimentos le corresponde al Juez Noveno de Familia de Bogot\u00e1 por hallarse en esta ciudad el domicilio de la menor demandante, fuero territorial que entre los varios posibles fue escogido de manera expresa por su apoderada judicial en el escrito por medio del cual ante esta Corporaci\u00f3n descorri\u00f3 el traslado del presente conflicto y el que, de conformidad con lo reglado en el art\u00edculo 88 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, debe asimilarse a un acto de sustituci\u00f3n de la demanda perfectamente v\u00e1lido, en atenci\u00f3n a que todav\u00eda ni siquiera se ha admitido la misma ni muchos menos existen medidas cautelares perfeccionadas. (Subraya intencional). <\/p>\n

Dicho criterio fue reiterado en AC 1\u00b0 oct. 2012, rad. 2012-00674-00, al afirmarse que, <\/p>\n

(…) en el caso de variar el domicilio del menor alimentario, antes de notificar el auto admisorio de la demanda, ese aspecto es dable sustituirlo, con las consecuencias inherentes, como en general y sin distinci\u00f3n de ninguna naturaleza lo autoriza el art\u00edculo 88 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u201d (auto de 10 de agosto de 2011, Exp. 2011-01302-00). <\/p>\n

Por consiguiente, era factible hacer la sustituci\u00f3n \u00fanicamente para alterar el cap\u00edtulo referente a las probanzas anexadas, de forma que la prueba cient\u00edfica arrib\u00f3 oportunamente y de ella, adem\u00e1s, se corri\u00f3 el respectivo traslado, posibilit\u00e1ndose as\u00ed el ejercicio del derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n

El inciso final del art\u00edculo 183 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, acerca de los elementos de persuasi\u00f3n allegados con la pieza inaugural del litigio prev\u00e9 que el \u00abjuez resolver\u00e1 expresamente sobre la admisi\u00f3n de dichas pruebas cuando decida la solicitud de las que pidan las partes\u00bb. <\/p>\n

En el sub judice, si bien es cierto que en el auto admisorio se decret\u00f3 la prueba de los marcadores gen\u00e9ticos, tambi\u00e9n lo es que aportado el original del dictamen practicado por el Grupo de Gen\u00e9tica Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que en copia adjunt\u00f3 inicialmente la gestora, el a quo en su providencia de 9 de mayo de 2011, entre otras determinaciones, admiti\u00f3 la sustituci\u00f3n de la demanda; se\u00f1al\u00f3 que tendr\u00eda en cuenta el original del dictamen \u2013estudio gen\u00e9tico de filiaci\u00f3n allegado con la demanda; dej\u00f3 sin efecto el decreto de la prueba cient\u00edfica dispuesto en auto anterior y orden\u00f3 correr traslado de dicho estudio, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 238 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n

En esa oportunidad el casacionista de hoy no expres\u00f3 reparo alguno alrededor de la tempestividad de esa probanza, inactividad que demerita su actual reclamo, porque el aquietamiento en torno a ese aspecto no puede sino identificarse como su aceptaci\u00f3n del ingreso de esa evidencia al debate, de la cual ahora no cabe retractarse, mucho menos en este escenario procesal, ya superadas las etapas de juzgamiento en las que el reproche todav\u00eda era posible. <\/p>\n

De manera que la decisi\u00f3n del fallador, respecto a que el an\u00e1lisis molecular tra\u00eddo con el escrito demandatorio ten\u00eda validez y eficacia, adquiri\u00f3 fuerza desde la firmeza de la providencia emitida en ese sentido; precisamente por ello, en el auto de 28 de junio de 2011, neg\u00f3 el recaudo \u00abde una contramuestra, y la pr\u00e1ctica de un nuevo dictamen pericial (\u2026) quedando de esta forma, en firme el dictamen \u2013 estudio gen\u00e9tico de filiaci\u00f3n, allegado con la demanda\u00bb (fl. 98), decisi\u00f3n que en su momento fue confirmada por el Superior. <\/p>\n

Sobre ese particular en SC 17117-2014, rad. 2000-08519-02, en un caso con aristas parecidas, dijo la Corte que, <\/p>\n

Ninguna objeci\u00f3n se hizo al decreto del testimonio, a la forma como se desarroll\u00f3 el mismo, ni mucho menos a la inclusi\u00f3n de las copias aut\u00e9nticas, con lo que entraron a formar parte del material de convicci\u00f3n debidamente recaudado. <\/p>\n

Ese mutismo del gestor al respecto no hizo m\u00e1s que convalidar el \u00faltimo proceder, ya que desperdici\u00f3 la oportunidad para discutir sobre la validez y tempestividad de las reproducciones, sin que esta v\u00eda extraordinaria sea la indicada para replantear aspectos que debi\u00f3 exponer en las instancias y dej\u00f3 pasar inc\u00f3lumes. <\/p>\n

En cuanto a la imposibilidad de rebatir en esta Sede asuntos que fueron consentidos en las instancias, la Corporaci\u00f3n en SC 11 jul. 2005, rad. 7725 enfatiz\u00f3, <\/p>\n

Se trata, por tanto, de un cuestionamiento que ahora causa extra\u00f1eza, pues no se entiende c\u00f3mo de un momento a otro se altera lo que pac\u00edfico ven\u00eda en el juicio. Tanto menos si todo se desarroll\u00f3 a la luz de las partes, no se quebrant\u00f3 principio alguno por cuanto las mismas \u201ctuvieron en cada uno de esos momentos procesales oportunidad para exponer sus disconformidades, limit\u00e1ndose exclusivamente a consentir esas determinaciones, vale decir, sin plantear objeciones; desde luego que con la publicidad implementada a prop\u00f3sito de tales aspectos de la particularizada probanza, lo menos que puede predicarse es violaci\u00f3n a los derechos de contradicci\u00f3n de la prueba, de defensa y del debido proceso, toda vez que la mec\u00e1nica implementada en la producci\u00f3n del medio no fue sorpresiva para ninguno de los sujetos procesales, a m\u00e1s que se gest\u00f3 con su aquiescencia\u201d (sentencia 115 de 23 de septiembre de 2004, exp.#0329 \u2026). <\/p>\n

El ataque, en consecuencia, fracasa. <\/p>\n

3. SEGUNDO \tCARGO <\/p>\n

Aduce violaci\u00f3n de los art\u00edculos 411 y 419 del C\u00f3digo Civil; 1\u00b0, 5\u00b0, 13, 29, 42, 44 y 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y 174, 175, 176, 177, 179, 183 y 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n

Puntualmente, porque el Tribunal no tuvo en cuenta los registros civiles de nacimiento y los comprobantes de pago de las matr\u00edculas universitarias, que comprueban la existencia de obligaciones alimentarias del recurrente con sus hijos Luis Guillermo Salcedo Penilla y Richard Guillermo Salcedo Bueno, por lo que no sopes\u00f3 esas circunstancias en la tasaci\u00f3n de la cuota que le impuso el a quo, lo que habr\u00eda ameritado su disminuci\u00f3n. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

Como puede verse, el desacierto en la valoraci\u00f3n probatoria atribuida al ad quem, ata\u00f1e al desconocimiento de elementos demostrativos que trascendi\u00f3 a la fijaci\u00f3n de una cuota alimentaria exagerada, por desconocer la existencia de otras obligaciones de la misma naturaleza a cargo del opugnante, seg\u00fan \u00e9ste afirma. <\/p>\n

Al efecto, se aprecia que al absolver interrogatorio el convocado alleg\u00f3 varios documentos, como son los denominados \u201cinforme estad\u00edstico notarial\u201d, registros civiles de nacimiento de Luis Guillermo Salcedo Penilla y Richard Guillermo Salcedo Bueno, as\u00ed como copias informales de dos recibos de matr\u00edcula universitaria a nombre de los mentados, documentos que para el a quo demostraban que el accionado ten\u00eda otros dos hijos, ambos universitarios, \u00abpor lo que se debe aplicar el derecho que tienen todos los hijos a igual trato y condici\u00f3n\u00bb y procedi\u00f3 a definir la cuota de alimentos en la suma indicada. <\/p>\n

No obstante, en la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, el inconforme se limit\u00f3 a cuestionar que el sentenciador de primera instancia para ese efecto solo hubiera tenido en cuenta la certificaci\u00f3n de la Superintendencia de Notariado y Registro, desconociendo los documentos que dan cuenta \u00abde lo que en verdad le queda a la Notar\u00eda despu\u00e9s de pagar trabajadores y los gastos peri\u00f3dicos de funcionamiento, faltando de esa manera al principio de imparcialidad\u00bb. <\/p>\n

Planteado as\u00ed el cuestionamiento, a su verificaci\u00f3n se limit\u00f3 el ad quem, al se\u00f1alar que en ese aspecto el a quo tuvo en cuenta otras obligaciones del alimentante y su capacidad econ\u00f3mica, precisando que si bien el demandado, de acuerdo con la certificaci\u00f3n expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro, en su cargo de Notario del C\u00edrculo de Cartago percibi\u00f3 en el a\u00f1o 2010 la suma de $431'583.965, posteriormente aleg\u00f3 que deb\u00edan descontarse los gastos de funcionamiento de la Notar\u00eda, y en ese sentido, teniendo en cuenta los documentos presentados, coligi\u00f3 que aun deduciendo esos rubros, en todo caso los ingresos para los meses de febrero, marzo y abril de 2011 no fueron inferiores a $3.000.000, de donde no encontr\u00f3 raz\u00f3n para modificar la condena. <\/p>\n

Siendo ese el razonamiento que a la postre finiquit\u00f3 la discusi\u00f3n relacionada con la cuant\u00eda peri\u00f3dica de la obligaci\u00f3n alimentaria, el desacuerdo por esta senda extraordinaria ha debido exponerse a partir de se\u00f1alar cuales fueron los yerros manifiestos en la apreciaci\u00f3n probatoria y su magnitud para trastocar completamente el discernimiento de la realidad procesal, al punto que si no se hubieren presentado la definici\u00f3n del litigo, en ese preciso aspecto, habr\u00eda sido completamente diferente. <\/p>\n

Al respecto, debe recordarse que no cualquier error es v\u00e1lido para soportar esta acusaci\u00f3n, sino que debe ser manifiesto y adem\u00e1s trascendente en el sentido de la sentencia, lo que le impone al inconforme un labor\u00edo de individualizaci\u00f3n de los medios probatorios que a su juicio fueron indebidamente apreciados por el sentenciador, y una comparaci\u00f3n entre \u00e9stos y las conclusiones que de su valoraci\u00f3n se extrajeron, encaminada a demostrar en qu\u00e9 consisti\u00f3 el error y cu\u00e1l fue su incidencia en la definici\u00f3n del asunto. <\/p>\n

Tal actividad se extra\u00f1a por completo en este caso, por cuanto la censura no plasm\u00f3 c\u00f3mo la desatenci\u00f3n que le atribuye al ad quem result\u00f3 siendo determinante en la definici\u00f3n de los alimentos; simplemente adujo que debieron sopesarse los documentos aportados, en especial, los que dan cuenta de los gastos en los que tiene que incurrir el accionado \u00abcon sus otros alimentarios\u00bb -recibos de matr\u00edcula universitaria presentados en copia-, pero no fue m\u00e1s all\u00e1, ni explic\u00f3 la manera en que la apreciaci\u00f3n de \u00e9stos habr\u00eda llevado a imponer una cuota diferente. <\/p>\n

En realidad el juzgador manifest\u00f3 haber percibido esa situaci\u00f3n y encontrar conforme a derecho la valoraci\u00f3n que al respecto efectu\u00f3 el sentenciador de primer grado, y fue s\u00f3lo una de las variables que apreci\u00f3 antes de esclarecer que la mensualidad impuesta se correspond\u00eda con la capacidad econ\u00f3mica del alimentante y que, estando \u00e9sta determinada, \u00abdicha suma no resulta desproporcionada\u00bb. <\/p>\n

En esas condiciones, omiti\u00f3 la censura cumplir el inexcusable deber de exponer mediante una confrontaci\u00f3n espec\u00edfica, lo que la prueba dice y lo que el juzgador no advirti\u00f3, tergivers\u00f3 o distorsion\u00f3 al apreciarla, tarea que no se satisface con una alegaci\u00f3n en la que apenas sugiere su visi\u00f3n particular sobre la forma como debi\u00f3 resolverse el caso o a manera de una simple discordancia frente a la evaluaci\u00f3n cr\u00edtica del fallador. <\/p>\n

Sobre el defecto advertido, en CSJ SC 23 mar. 2004, rad. 7533, se indic\u00f3 que este medio de impugnaci\u00f3n <\/p>\n

(\u2026) no es \u00fatil para insistir o enfatizar en los argumentos probatorios expuestos ante los Jueces de conocimiento, raz\u00f3n por la cual, es indispensable que el recurrente \u2013cuando endilgue al sentenciador violaci\u00f3n de la ley sustancial, a consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas-, m\u00e1s que disentir, se ocupe de acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador, labor\u00edo que reclama la singularizaci\u00f3n de los medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontaci\u00f3n con las conclusiones que de ellos extrajo \u2013o debi\u00f3 extraer- el Tribunal y la exposici\u00f3n de la evidencia de la equivocaci\u00f3n, as\u00ed como de su trascendencia en la determinaci\u00f3n adoptada. <\/p>\n

En este sentido ha expresado la Corte, \u201cque siendo improcedente acusar la sentencia a trav\u00e9s del planteamiento global del problema probatorio, es deber inexcusable del recurrente singularizar cada uno de los medios que se pretenden no considerados o err\u00f3neamente apreciados por el sentenciador\u201d (CXLVIII, p. 207), pues la demostraci\u00f3n de la censura es una \u201cactividad que debe cumplirse mediante una labor de contraste entre lo que extrajo el sentenciador de las pruebas que se tildan de err\u00f3neamente apreciadas y lo que tales pruebas dicen o dejan de decir, para ver de establecer el real efecto que dimana de la preterici\u00f3n o desfiguraci\u00f3n de la prueba\u201d (cas. civ. 14 de mayo de 2001. Exp. 6752). <\/p>\n

En suma, esta censura tampoco tiene \u00e9xito. <\/p>\n

4. Como la decisi\u00f3n es adversa al recurrente, se le condenar\u00e1 en costas, de conformidad con el art\u00edculo 375 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Para su cuantificaci\u00f3n se tendr\u00e1 en cuenta que la contradictora guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

IV.- DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 14 de marzo de 2013, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga, dentro del proceso ordinario de la menor Mar\u00eda Alejandra Hern\u00e1ndez Penilla, representada por su progenitora Olga Cecilia Hern\u00e1ndez Penilla, contra Guillermo Hebert Salcedo Prieto. <\/p>\n

Se condena en costas a la parte impugnante. Por concepto de agencias en derecho, se fija la suma de tres millones de pesos ($3'000.000). <\/p>\n

Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tSentencia de 24 de octubre de 2011, expediente 1969.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente SC3017-2019 Radicaci\u00f3n n\u00b0 76147-31-10-002-2011-00027-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de julio de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de agosto de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el accionado respecto de la sentencia de 14 de marzo de 2013, proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102521","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102521","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102521"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102521\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102521"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102521"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102521"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}