{"id":102524,"date":"2026-07-02T15:43:54","date_gmt":"2026-07-02T15:43:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102524"},"modified":"2026-07-02T15:43:54","modified_gmt":"2026-07-02T15:43:54","slug":"sc3366-2019-2011-00109-01","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc3366-2019-2011-00109-01\/","title":{"rendered":"SC3366-2019 (2011-00109-01)"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

SC3366-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-31-03-001-2011-00109-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de marzo de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil diecinueve (2019).- <\/p>\n

Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el BANCO POPULAR S.A., frente a la sentencia del 27 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Superior de Monter\u00eda, Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral, en el proceso ordinario adelantado en su contra por el se\u00f1or JORGE SEGUNDO G\u00c1NEM G\u00d3MEZ. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEn el libelo con el que se dio inicio al litigio, que milita en los folios 3 a 13 del cuaderno No. 1, respecto de la daci\u00f3n en pago contenida en la escritura p\u00fablica No. 1668 del 12 de diciembre de 2003, otorgada en la Notar\u00eda Tercera de Monter\u00eda, se solicit\u00f3: de forma principal, su resoluci\u00f3n; en subsidio, la nulidad absoluta; y como tercera opci\u00f3n, la resoluci\u00f3n parcial, en los tres casos \u201cPOR OMISI\u00d3N DE REQUISITO O FORMALIDAD QUE LAS LEYES PRESCRIBEN PARA EL VALOR DE DICHO ACTO\u201d. <\/p>\n

Como consecuencia de las dos primeras pretensiones, se reclam\u00f3 la cancelaci\u00f3n del mencionado instrumento p\u00fablico, as\u00ed como de su inscripci\u00f3n en la Oficina de Registro de la citada ciudad, y la restituci\u00f3n del inmueble sobre el que vers\u00f3 el referido negocio jur\u00eddico; y de la \u00faltima, el reintegro \u201cde los valores pagados en exceso\u201d, junto con la correspondiente correcci\u00f3n monetaria. <\/p>\n

2.\tEn sustento de dichos pedimentos, se esgrimieron los hechos que a continuaci\u00f3n se resumen: <\/p>\n

2.2.\tComo quiera que los nombrados, por razones ajenas a su voluntad, no atendieron dichos pr\u00e9stamos, la entidad acreedora promovi\u00f3 cuatro procesos ejecutivos en los Juzgados Segundo y Tercero Civiles del Circuito de Monter\u00eda, dentro de los que se decretaron y practicaron diversas medidas cautelares, sobre los bienes de aqu\u00e9llos. <\/p>\n

2.3.\tFruto de esa situaci\u00f3n y de la presi\u00f3n que ejerci\u00f3 el banco, al indicarles a los ejecutados la proximidad del remate de sus propiedades, el aqu\u00ed demandante efectu\u00f3 la daci\u00f3n en pago combatida, por valor de $1.100.000.000.oo, seg\u00fan lo expresado en la cl\u00e1usula cuarta del contrato, con la que sald\u00f3 las obligaciones a cargo suyo y de sus hijos. <\/p>\n

2.4.\t\u201cEl inmueble objeto del contrato nunca se avalu\u00f3 en su totalidad y por tanto no se precis\u00f3 su VALOR \u2013 PRECIO y como consecuencia de ello no existe el valor del inmueble transferido en daci\u00f3n en pago, no obstante que en la escritura se dice que se entreg\u00f3 por la suma de $1.100.000.000.oo, el cual es un requisito y una formalidad de ley para la validez del acto. Si bien es cierto que en la escritura de daci\u00f3n en pago se determina el bien a transferir, tambi\u00e9n lo es, que este bien se avalu\u00f3 parcialmente, y dicho aval\u00fao, no puede predicarse de todo el bien entregado, y consecuencia de ello es la inexistencia del precio del bien transferido\u201d. <\/p>\n

2.5.\tEn ac\u00e1pite aparte, sobre la base de que la \u201cdaci\u00f3n en pago se asemeja a la venta en similitud perfecta\u201d, se asever\u00f3 que la daci\u00f3n en pago \u201cdebi\u00f3 cumplir con el requisito indispensable del PRECIO, a trav\u00e9s de aval\u00fao para determinar, precisamente, el precio por el cual se entregaba\u201d, exigencia que al no estar cumplida, provoc\u00f3 que \u201cel acto est[\u00e9] viciado\u201d y que, por ende, sea nulo. <\/p>\n

3.\tPor reparto, le correspondi\u00f3 conocer el asunto al Juzgado Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda, oficina que admiti\u00f3 la demanda con auto del 15 de abril de 2011 (fls. 35 y 36 cd.1). <\/p>\n

4.\tEl banco accionado compareci\u00f3 al proceso y por intermedio del apoderado judicial que design\u00f3 para que lo representara, contest\u00f3 el escrito introductorio, oponi\u00e9ndose al acogimiento de sus pretensiones y pronunci\u00e1ndose de distinta manera sobre los hechos fundamento de ellas (fls. 53 a 57, cd. 1). <\/p>\n

Por separado, propuso excepciones previas (fls. 1 a 3, cd. 2), que fueron desestimadas mediante auto del 19 de julio de 2011 (fls. 8 a 11 ib.), confirmado por el superior en providencia del 30 de septiembre siguiente (fls. 19 a 39, cd. 4). <\/p>\n

5.\tAgotado el tr\u00e1mite de la primera instancia, el juzgado del conocimiento le puso fin con sentencia del 11 de mayo de 2012, en la que deneg\u00f3 las pretensiones principales y primeras subsidiarias; acogi\u00f3 las segundas subsidiarias y, por lo tanto, opt\u00f3 por \u201cresolver parcialmente el contrato de daci\u00f3n en pago\u201d; como consecuencia de ello, conden\u00f3 al Banco Popular \u201ca restituir a Jorge Segundo G\u00e1nem G\u00f3mez, cuatro hect\u00e1reas y media (4 \u00bd Has) de tierra pertenecientes al lote de terreno distinguido con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 140-100483 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Monter\u00eda\u201d; orden\u00f3 la inscripci\u00f3n del fallo; y conden\u00f3 en costas a la parte demandada (fls. 147 a 160, cd. 1). <\/p>\n

6.\tApelado dicho prove\u00eddo por el ente convocado, el Tribunal Superior de Monter\u00eda, Sala Civil – Familia – Laboral, en el suyo, que data del 27 de junio de 2014, lo confirm\u00f3, con modificaci\u00f3n del monto fijado como agencias en derecho (fls. 84 a 94, cd. 5). <\/p>\n

LA SENTENCIA DEL AD QUEM <\/p>\n

Luego de historiar lo acontecido en el proceso y de compendiar el fallo de primer grado, los fundamentos de la apelaci\u00f3n interpuesta, la prueba documental allegada y los testimonios recaudados, el sentenciador de segunda instancia, para arribar a la decisi\u00f3n que adopt\u00f3, sent\u00f3 las premisas que en lo pertinente pasan a reproducirse, para su fidedigna comprensi\u00f3n: <\/p>\n

Con la demanda se pide la rescisi\u00f3n total o parcial del acto de la [d]aci\u00f3n en [p]ago y una de las circunstancias especiales que trae el demandante para tal efecto, es que no se realiz\u00f3 un aval\u00fao, para en consecuencia establecer un precio real del inmueble materia de tal acto, por lo que se encontrar\u00eda viciado. Si revisamos la prueba testifical, todos los testigos manifiestan que el peritazgo se realiz\u00f3 sobre una extensi\u00f3n de cinco hect\u00e1reas, de las diez entregadas por el demandante al Banco Popular en [d]aci\u00f3n en [p]ago, que se materializ\u00f3 mediante [e]scritura [p]\u00fablica 1668 de diciembre 12 de 2003. Esto no fue controvertido, puesto que la entidad demandada mediante su apoderado, no esgrimi\u00f3 prueba alguna para el efecto. <\/p>\n

Ahora bien, el Aquo (sic) en su fallo, realiza un estudio y an\u00e1lisis de este factor, se\u00f1alando que para que se pueda dar la figura de la [d]aci\u00f3n en [p]ago deben existir requisitos, entre los cuales se encuentra la [e]quivalencia entre la prestaci\u00f3n que se entrega y la que se debe y \u00e9sta inexorablemente debe ser tasada con el fin de cumplirla. <\/p>\n

Teniendo en cuenta esta premisa, el negocio jur\u00eddico implica, como lo estableci\u00f3 el Aquo (sic) en su sentencia, mirar si en realidad existi\u00f3 un aval\u00fao del bien a entregar. As\u00ed las cosas, desprendi\u00e9ndose del dicho de los testigos, podemos concluir que si bien es cierto el aval\u00fao se practic\u00f3 sobre cinco hect\u00e1reas, tambi\u00e9n es cierto, que fue tomada de una de mayor extensi\u00f3n y concluye uno de los testigos, el Sr. Hugo Kerguelen Gonz\u00e1lez (Fl. 109 a 110), que \u2018interpretando el aval\u00fao se puede considerar al no tener linderos espec\u00edficos, que esta muestra se puede mover dentro de la totalidad de la cabida considerada, es decir las consideraciones se hicieron sobre la totalidad del predio\u2019. En consecuencia y en consideraci\u00f3n a que el nuevo aval\u00fao practicado dentro del proceso, se hab\u00eda tildado de desfasado en demas\u00eda, el Aquo (sic) acogi\u00f3 al (sic) practicado tambi\u00e9n en el mismo bien en la fecha en que sucedieron los hechos. <\/p>\n

Respecto de la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de la [d]aci\u00f3n en [p]ago con la [l]esi\u00f3n [e]norme, que dice el recurrente pretendi\u00f3 aplicar el inferior, este Tribunal no la observa en el fallo recurrido. El Aquo (sic) hace un extenso an\u00e1lisis de la [d]aci\u00f3n en [p]ago y se refiere a la sentencia del Tribunal de Monter\u00eda anexada al proceso, solo para (\u2026) deducir de la misma los requisitos de la [d]aci\u00f3n en [p]ago, pero de ninguna manera para aplicar de manera anal\u00f3gica la [l]esi\u00f3n [e]norme a la anterior mencionada. <\/p>\n

Es importante mencionar que la entidad demandada mediante su apoderado, solicit\u00f3 con la demanda (sic) la declaraci\u00f3n de la [e]xcepci\u00f3n [p]revia de [c]osa [j]uzgada, teniendo en cuenta que en proceso anterior del cual anex[\u00f3] fotocopia del fallo, el Tribunal ya hab\u00eda fallado sobre las mismas causas, con las mismas partes y los mismos hechos; m\u00e1s sin embargo el [j]uzgado en primera instancia no la declar\u00f3 y posteriormente el Honorable Tribunal de [i]nstancia procedi\u00f3 a confirma[r] la del inferior. Por lo que no prosper\u00f3 dicha [e]xcepci\u00f3n. En este evento mal podr\u00eda el Aquo (sic) referirse al mismo. Y revisada la sentencia recurrida efectivamente no se pronunci\u00f3 al respecto. <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

Por \u00faltimo, entramos a analizar el aspecto de la prescripci\u00f3n de 4 a\u00f1os de la acci\u00f3n rescisoria de lesi\u00f3n enorme, que alega el recurrente. <\/p>\n

Es menester nuevamente insistir, en que el demandado por intermedio de su apoderado, esgrimi\u00f3 en su libelo contestatario, la [p]rescripci\u00f3n como [e]xcepci\u00f3n [p]revia. La cual no fue declarada por el [j]uzgado inicialmente y luego confirmada por el Honorable tribunal de [i]nstancia mediante [a]uto de fecha septiembre 30 de 2011. En esa oportunidad, el Tribunal concluy\u00f3 que efectivamente la prescripci\u00f3n rescisoria por lesi\u00f3n enorme es de cuatro a\u00f1os, pero en este proceso no se puede aplicar, pues se est\u00e1 pidiendo con la demanda es una resoluci\u00f3n de contrato que es una acci\u00f3n ordinaria, la cual prescribe en diez a\u00f1os. <\/p>\n

Sin costas en esta instancia. <\/p>\n

LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n

Contiene cuatro cargos, de los cuales s\u00f3lo se resolver\u00e1 el primero, por estar llamado a prosperar y ocasionar el quiebre total del fallo combatido. <\/p>\n

CARGO PRIMERO <\/p>\n

Con fundamento en el motivo inicial enlistado en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el recurrente denunci\u00f3 la sentencia cuestionada por ser directamente violatoria de los art\u00edculos 1546 del C\u00f3digo Civil, 868 y 870 del C\u00f3digo de Comercio, por aplicaci\u00f3n indebida; y 1602, 1603, 1625, 1626, 1627 de la primera de esas obras y 882 de la segunda, por falta de aplicaci\u00f3n, \u201cal declarar \u2018resuelta\u2019 parcialmente la daci\u00f3n en pago recogida en la escritura No. 1668 de 12 de diciembre de 2003, de la Notar\u00eda 3\u00aa de Monter\u00eda\u201d. <\/p>\n

1.\tLa decisi\u00f3n confirmatoria del Tribunal obedeci\u00f3 a que \u201cel inmueble entregado por el demandante en daci\u00f3n en pago al banco demandado[,] no hab\u00eda sido avaluado en su totalidad y, por lo tanto, no se hab\u00eda establecido el precio real del bien, omisi\u00f3n que afectaba el presupuesto de la equivalencia entre la prestaci\u00f3n debida y el bien entregado para satisfacerla y, por consiguiente, la existencia de dicha operaci\u00f3n, raz\u00f3n suficiente para acoger la pretensi\u00f3n segunda, es decir, \u2018(\u2026) resolver parcialmente el contrato y como consecuencia ordenar al demandado devolver al demandante real y materialmente el terreno entregado de m\u00e1s\u2019\u201d. <\/p>\n

2.\tTal disquisici\u00f3n es la que se enjuicia en casaci\u00f3n, toda vez que \u201cla omisi\u00f3n de requisitos y formalidades que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos no constituye presupuesto de la resoluci\u00f3n contractual, sino de nulidades absolutas, seg\u00fan lo prescriben los art\u00edculos 1740 y 1741 del C\u00f3digo civil y, por lo tanto, ni la falta de aval[\u00fao] del bien que se entrega en daci\u00f3n[,] ni la real estimaci\u00f3n econ\u00f3mica de su valor, a\u00fan respecto de operaciones como la aqu\u00ed controvertida, constituyen presupuesto de su resoluci\u00f3n, bajo la preceptiva del art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, en armon\u00eda con el art\u00edculo 870 del C\u00f3digo de Comercio\u201d. <\/p>\n

3.\tSirvi\u00e9ndose de las diferentes denominaciones que se le ha dado a la resoluci\u00f3n contractual -condici\u00f3n resolutoria expresa o t\u00e1cita o acci\u00f3n resolutoria-, el impugnante disert\u00f3 sobre su naturaleza jur\u00eddica y, en definitiva, concluy\u00f3 que, independientemente de la posici\u00f3n que se asuma al respecto, dicha instituci\u00f3n es \u201cuna sanci\u00f3n al incumplimiento (grave) del deudor\u201d y que, por lo tanto, \u00e9ste -el incumplimiento- es el requisito esencial para que ella tenga ocurrencia, entendido como \u201c\u2018(\u2026) la situaci\u00f3n antijur\u00eddica que se produce cuando, por la actividad culpable del obligado a realizar la prestaci\u00f3n, no queda la relaci\u00f3n jur\u00eddica satisfecha en el mismo tenor en que se contrajo, reaccionando el Derecho contra aqu\u00e9l para imponer las consecuencias de su conducta\u2019[,] [u]na de las cuales (la otra es la acci\u00f3n de cumplimiento) es la (\u2026) resoluci\u00f3n del contrato\u201d, postura acogida por la jurisprudencia nacional, como se demuestra con el fallo de esta Sala que el impugnante reprodujo parcialmente. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que, igualmente, \u201cse ha sostenido que un contrato incumplido \u2018(\u2026) no puede quedar \u2018anonadado o aniquilado\u2019, para emplear la terminolog\u00eda de la doctrina transcrita, s\u00f3lo en parte (\u2026), ni que las cosas puedan retrotraerse apenas parcialmente al estado que ten\u00edan antes del contrato, luego forzoso es concluir que la acci\u00f3n resolutoria es indivisible so pena de desconocerse el principio de contradicci\u00f3n (\u2026)\u2019\u201d. <\/p>\n

4.\tAs\u00ed las cosas, el censor asever\u00f3 que de conformidad con las normas legales atr\u00e1s citadas, la resoluci\u00f3n de un contrato \u201csupone, en primer lugar, que el contrato materia de la resoluci\u00f3n sea v\u00e1lido y, en segundo lugar, que su destrucci\u00f3n -que desde luego debe ser total- obedezca al incumplimiento, por lo dem\u00e1s grave[,] de una de las partes de sus obligaciones y, al cumplimiento o su allanamiento a cumplirlo, por la otra\u201d. <\/p>\n

5.\tCon tal base reiter\u00f3 que en el caso sub lite, la parte actora obtuvo la resoluci\u00f3n parcial del negocio jur\u00eddico base de la acci\u00f3n \u201ccon apoyo en que existe un desequilibrio econ\u00f3mico entre lo dado en pago y el monto de la obligaci\u00f3n de tal manera extinguida\u201d, desarmon\u00eda consistente \u201cen que el valor del bien transferido como pago de la deuda supera en otro tanto al monto de esta\u201d, defecto que por manera alguna, seg\u00fan lo ya anotado, corresponde a los presupuestos de la resoluci\u00f3n, que fue lo que se impetr\u00f3, pues ante la existencia de un fallo anterior en el que se neg\u00f3 la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme, la posibilidad de reclamar nuevamente lo mismo, estaba vedada para el actor. <\/p>\n

6.\tDe lo dicho, el casacionista infiri\u00f3 que la circunstancia de \u201cque la resoluci\u00f3n va atada al incumplimiento de las obligaciones que a una de las partes le corresponde en un contrato bilateral\u201d, es suficiente para colegir el fracaso de la pretensi\u00f3n segunda subsidiaria, \u201cporque de toda obviedad es decir que en la daci\u00f3n en pago no es posible hablar de incumplimiento, a menos que se quiera aludir al del propio deudor que no satisfizo la prestaci\u00f3n a la que originalmente se obligara\u201d.
\n7.\tComo argumentos de refuerzo, el impugnante adujo: <\/p>\n

7.1.\tLa inexistencia del desequilibrio prestacional que avizor\u00f3 el ad quem, pues siguiendo las voces de los art\u00edculos 1626 y 1627 del C\u00f3digo Civil cabe afirmar, como lo ha colegido esta Corporaci\u00f3n, el car\u00e1cter unilateral de la daci\u00f3n, toda vez que, en dicho negocio, el acreedor simplemente acepta el ofrecimiento del deudor de realizar el pago en forma distinta a la primigeniamente convenida, sin que surja ninguna contraprestaci\u00f3n a su cargo. <\/p>\n

De ello se sigue que la \u201cequivalencia en las prestaciones se contrae, pues, a la eficacia que se le atribuye a la nueva para extinguir la anterior\u201d y que, por lo mismo, no est\u00e1 referida al valor de la cosa entregada. <\/p>\n

Por lo dicho, ning\u00fan acierto jur\u00eddico tiene la postura asumida por el Tribunal en el fallo confutado, de que \u201cla eficacia liberadora de la prestaci\u00f3n de reemplazo queda atada al valor\u201d de la cosa entregada en pago y \u201cque es indispensable que \u00e9ste guarde armon\u00eda con el monto de la prestaci\u00f3n originaria\u201d, toda vez que dicho entendimiento pas\u00f3 por encima de la voluntad de las partes y carece de respaldo legal. <\/p>\n

7.2.\tLa total impertinencia del reconocimiento parcial que se hizo de la resoluci\u00f3n, alcance que el ad quem le dio \u201ccon el pretexto de restablecer el equilibrio entre lo que habr\u00eda sido el monto de las obligaciones en dinero que mediante aquella se buscaba extinguir y el valor del bien que [se] transfiriera al banco acreedor\u201d, habida cuenta que con tal determinaci\u00f3n dicha autoridad \u201cse inmiscuy\u00f3 en lo que hab\u00eda sido materia de la daci\u00f3n\u201d y desconoci\u00f3 la voluntad del acreedor al aceptarla en la forma como fue convenida, como quiera que, en definitiva, \u201cla ajust\u00f3 reduci\u00e9ndola a lo que en su peculiar modo de ver las cosas, deb\u00eda ser el contenido de la misma\u201d. <\/p>\n

Ese tratamiento de la cuesti\u00f3n, en sentir del censor, dej\u00f3 \u201cen evidencia c\u00f3mo el desacierto jur\u00eddico del Tribunal no se circunscribi\u00f3 a decretar una resoluci\u00f3n sin que existiese incumplimiento atribuible a la parte demandada, sino que fue m\u00e1s all\u00e1 en raz\u00f3n de que al acomodar la daci\u00f3n a lo que en su criterio deb\u00eda ser el objeto de la misma, aplic\u00f3 indebidamente lo que establece el art\u00edculo 868 del C\u00f3digo de [C]omercio\u201d, cuyo tenor, el impugnante reprodujo. <\/p>\n

7.3.\tEl desatino del Tribunal al exigir el aval\u00fao del bien que se da en pago, cuando es \u201csusceptible de valoraci\u00f3n econ\u00f3mica\u201d, como presupuesto de \u201cexistencia o validez\u201d de dicho negocio jur\u00eddico, pues \u00e9ste \u00fanicamente requiere, \u201cde un lado, la manifestaci\u00f3n del acreedor de aceptar la prestaci\u00f3n sustitutiva que el deudor le ofrece a cambio de la prestaci\u00f3n primigenia para sustituirla por otra, bien sea por una cosa o por la realizaci\u00f3n o no realizaci\u00f3n de un hecho, con \u00e1nimo solvendi, es decir, con la intenci\u00f3n de extinguir la prestaci\u00f3n inicial, (\u2026) y, de otro, (\u2026) el ingreso efectivo de la cosa -cuando se trata de bienes muebles o inmuebles- al patrimonio del acreedor\u201d, sin que, entonces, sea necesario \u201cque el precio de tales bienes est\u00e9 precedido de un aval\u00fao, pues como ya se vio, aunque el deudor ofrezca una cosa de mayor valor que la debida inicialmente para solucionar su deuda, tal situaci\u00f3n no determina que la daci\u00f3n en pago no exista\u201d, cr\u00edtica que sustent\u00f3 con otro fallo de la Corte, que igualmente transcribi\u00f3 parcialmente. <\/p>\n

Precis\u00f3 el censor que \u201cni la omisi\u00f3n del aval\u00fao respecto de la totalidad del bien que se da en daci\u00f3n en pago[,] ni la falta de determinaci\u00f3n de su precio real[,] constituyen presupuestos para que dicha operaci\u00f3n se resuelva, bajo los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 1546 del C\u00f3digo Civil y 870 del C\u00f3digo de Comercio, pues la resoluci\u00f3n contractual parte de la base de que el acto o contrato celebrado es plenamente v\u00e1lido, pero que resulta afectado por la desatenci\u00f3n de una de las partes en el cumplimiento -en la forma y tiempo debidos- de las obligaciones a su cargo, tema que no ha sido ni fue objeto de debate en el presente caso, porque los hechos sustentatorios de la pretensi\u00f3n de la resoluci\u00f3n parcialmente declarada no versaron sobre incumplimiento alguno del banco demandado de las obligaciones derivadas de la daci\u00f3n en pago\u201d. <\/p>\n

8.\t Para finalizar, el impugnante explic\u00f3 la trascendencia de los yerros que le imput\u00f3 al ad quem. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tEn relaci\u00f3n con el contrato de daci\u00f3n en pago celebrado por las partes, el Tribunal coligi\u00f3 pertinente la resoluci\u00f3n parcial que decret\u00f3 el a quo, como quiera que estim\u00f3 incumplido el requisito del \u201cprecio\u201d, toda vez que el valor de intercambio asignado al inmueble as\u00ed transferido por el actor al banco accionado ($1.100.000.000.oo), no correspond\u00eda al real que ten\u00eda al momento de la convenci\u00f3n, pues no fue previamente avaluado. <\/p>\n

2.\tEse raciocinio, cual lo denunci\u00f3 el recurrente, contraviene frontalmente el mandato de los art\u00edculos 1546 del C\u00f3digo Civil y 870 del C\u00f3digo de Comercio, conforme pasa a explicarse: <\/p>\n

Con otras palabras, se celebran para cumplirse y, por ende, la desatenci\u00f3n de los compromisos surgidos de ellos por sus celebrantes, constituye una franca violaci\u00f3n de la ley contractual, comportamiento que, como cuando se quebranta la ley ordinaria o general, es repelido por el derecho. <\/p>\n

Y es que las cosas no podr\u00edan ser de otra manera, pues la rebeld\u00eda a acatar los deberes contractuales contradice la esencia misma del contrato, como fuente que es de las propias obligaciones insatisfechas, en tanto que deja a su acreedor, de un lado, vinculado al pacto, que pese al incumplimiento sigue vigente, y, de otro, impedido de obtener la contraprestaci\u00f3n prevista a cambio de la suya. <\/p>\n

En tal estado de cosas, hall\u00f3 necesario el legislador instaurar la resoluci\u00f3n, como un mecanismo que sirve, en primer lugar, para deshacer el contrato, liberando a las partes de los deberes que en virtud de su celebraci\u00f3n adquirieron, y, en segundo t\u00e9rmino, para volver la situaci\u00f3n a como se encontraba, al momento de contratar. <\/p>\n

Al respecto, la Corte, luego de rastrear los or\u00edgenes de tal instituci\u00f3n en el derecho romano, de establecer su evoluci\u00f3n por la influencia de los canonistas, de verificar su reconocimiento en el derecho espa\u00f1ol antiguo y de destacar su consagraci\u00f3n en el derecho franc\u00e9s, observ\u00f3: <\/p>\n

En Colombia, donde se sigui\u00f3 muy de cerca el c\u00f3digo napole\u00f3nico, [es ese] igualmente su criterio en materia de acci\u00f3n resolutoria cuando una de las partes contratantes incumple, pues al efecto dispone el art\u00edculo 1546 que \u2018en los contratos bilaterales va envuelta la condici\u00f3n resolutoria en el caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podr\u00e1 el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resoluci\u00f3n o el cumplimiento del contrato con indemnizaci\u00f3n de perjuicios\u2019. <\/p>\n

Entonces, desde el punto de vista hist\u00f3rico, no queda duda de que la acci\u00f3n resolutoria la tiene el contratante diligente contra el contratante incumplido. Y no se puede subestimar que una regla auxiliar de interpretaci\u00f3n de la ley consiste en determinar su sentido y alcance a trav\u00e9s de \u2018la historia fidedigna de su establecimiento\u2019 (art\u00edculo 27 del C\u00f3digo Civil). <\/p>\n

(\u2026) Mirado el aspecto controvertido desde otro \u00e1ngulo, se tiene que cuando los doctrinantes y la jurisprudencia, nacional y extranjera se han dedicado a explicar los fundamentos de la condici\u00f3n resolutoria t\u00e1cita y su consiguiente acci\u00f3n, as\u00ed hayan asumido diferentes posiciones, s\u00ed han tenido como coincidente conclusi\u00f3n afirmar que la acci\u00f3n alternativa que consagra la ley, de resoluci\u00f3n o cumplimiento del contrato bilateral, solo se la ofrece al contratante cumplido o que ha estado presto a cumplir con las obligaciones de su cargo. <\/p>\n

En efecto, cuando justifican la existencia del art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil en la equidad, la explican afirmando que si uno de los contratantes incumple con las obligaciones que corren de su cargo, es apenas obvio y equitativo que el derecho autorice al contratante diligente o cumplido para desligarse del v\u00ednculo que lo une con [aqu\u00e9l]. <\/p>\n

Quienes pretenden encontrar el fundamento en el hecho de ser una sanci\u00f3n, sostienen que la acci\u00f3n resolutoria constituye la merecida sanci\u00f3n que le impone la ley al contratante incumplido. <\/p>\n

Los que afirman el fundamento de la condici\u00f3n resolutoria t\u00e1cita en la voluntad presunta de las partes, sostienen que el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil consagra la intenci\u00f3n probable de \u00e9stas, en virtud de que es l\u00f3gico suponer que el contratante incumplido no quiera seguir atado por la convenci\u00f3n al otro contratante (CSJ, SC del 5 de noviembre de 1979, G.J., t. CLIX, p\u00e1g. 311). <\/p>\n

Se patentiza pues, que cualquiera sea el criterio que se adopte en torno de la naturaleza y fundamentos de la resoluci\u00f3n contractual, es elemento com\u00fan en todos, que el \u00fanico factor detonante de su ocurrencia, es el incumplimiento de los deberes convencionales. <\/p>\n

En consonancia con lo anterior, debe enfatizarse que, por consiguiente, no hay lugar, en ning\u00fan supuesto, a hacer efectiva la referida sanci\u00f3n con apoyo en una circunstancia diferente y, mucho menos, en la insatisfacci\u00f3n de los requisitos propios o esenciales del negocio jur\u00eddico de que se trate, pues tal anomal\u00eda tipifica un efecto jur\u00eddico distinto, como es la nulidad del pacto. <\/p>\n

En palabras de la Sala: <\/p>\n

De lo se\u00f1alado se colige que as\u00ed fuera cierto, que no lo es, como se ver\u00e1 m\u00e1s adelante, que a la daci\u00f3n en pago celebrada por las partes le falta un requisito de su esencia -el precio, seg\u00fan el Tribunal-, o que la satisfacci\u00f3n del mismo es de todas maneras deficitaria, pues no refleja el verdadero valor del inmueble as\u00ed entregado, en tanto que no corresponde al de su aval\u00fao, que no se realiz\u00f3 previamente a la celebraci\u00f3n del contrato, esos defectos -la total ausencia del precio o su defectuosa indicaci\u00f3n-, jam\u00e1s podr\u00edan ser causa de una resoluci\u00f3n contractual, como quiera que no entra\u00f1an incumplimiento. <\/p>\n

Mal podr\u00eda, entonces, el ad quem, hacer actuar el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, o el 870 del C\u00f3digo de Comercio, menos cuando en el escrito genitor de la controversia, ni si quiera se adujo el incumplimiento del banco demandado. <\/p>\n

2.2.\tNo obstante que el desacierto atr\u00e1s advertido es suficiente para colegir la prosperidad de cargo, se encuentra que el mismo no fue el \u00fanico yerro del Tribunal.
\nComo se desprende de las precitadas normas, solamente \u201c[e]n los contratos bilaterales va envuelta la condici\u00f3n resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado\u201d o, en los t\u00e9rminos del precepto mercantil, \u00fanicamente en frente de ellos es que, \u201cen caso de mora de una de las partes, podr\u00e1 la otra pedir a su arbitrio su resoluci\u00f3n o terminaci\u00f3n, (\u2026)\u201d, es decir, de las convenciones en las que \u201clas partes (\u2026)se obligan rec\u00edprocamente\u201d (art. 1496, C.C.). <\/p>\n

Por eso, \u201cel buen suceso de la acci\u00f3n resolutoria est\u00e1 sujeto a la concurrencia de las siguientes condiciones: a) que verse sobre contrato bilateral v\u00e1lido; b) que el demandante haya dado cumplimiento a las obligaciones a su cargo, o se haya allanado al cumplimiento, y c) que el demandado se haya separado de sus compromisos contractuales total o parcialmente\u201d (CSJ, SC del 11 de marzo de 2004, Rad. n.\u00b0 7582; se subraya). <\/p>\n

Empero resulta que la daci\u00f3n en pago no es contrato bilateral, toda vez que el acreedor no adquiere, en virtud de su realizaci\u00f3n, ninguna obligaci\u00f3n, sino que, simplemente, acepta que la satisfacci\u00f3n de una prestaci\u00f3n su favor, se verifique con un objeto distinto al inicialmente acordado. <\/p>\n

Ese es, precisamente, uno de los rasgos, entre muchos m\u00e1s, que diferencian la daci\u00f3n en pago de la compraventa, como lo dej\u00f3 por sentado la Corte al se\u00f1alar: <\/p>\n

(\u2026)\tQue la daci\u00f3n en pago es negocio jur\u00eddico unilateral, lo confirma, de cara a la compraventa, que el acreedor que consiente en aquella no contrae la obligaci\u00f3n de pagar precio alguno: apenas conviene en que se de una cosa diferente por la debida (rem pro re o rem pro pecunia), o que en lugar de ella se haga (factum pro re), o se deje de hacer (non facere pro re); o que a cambio de hacer, se de (rem pro facto o pecunia pro facto), o se ejecute un hecho distinto (factum pro facto), o se deje de hacer (non facere pro facto); o que por no hacer, se de dinero u otra cosa, o se haga o se modifique el deber de abstenci\u00f3n, entre muchas otras opciones. Por el contrario, el deudor s\u00ed se obliga para con su acreedor a dar, hacer o no hacer, seg\u00fan se hubiere acordado, para de esa manera extinguir su primigenio deber de prestaci\u00f3n, todo lo cual corrobora que la daci\u00f3n en pago, en s\u00ed misma, es un protot\u00edpico negocio jur\u00eddico extintivo (art. 878 C. de Co.). Al fin y al cabo, esa es su raz\u00f3n de ser, ese su cometido basilar (CSJ, SC del 6 de julio de 2007, Rad. n.\u00b0 1998-00058-01; se subraya). <\/p>\n

No siendo bilateral la daci\u00f3n en pago en cuanto a las obligaciones que este acto jur\u00eddico genera, no como acuerdo de voluntades que si lo es y constituye una convenci\u00f3n entre las partes, deviene como un imposible jur\u00eddico que en frente de ella, pueda darse aplicaci\u00f3n a los art\u00edculos 1546 del C\u00f3digo Civil u 870 del C\u00f3digo de Comercio, sin que, entonces, proceda su resoluci\u00f3n por incumplimiento y, mucho menos, de quien interviene en calidad de acreedor, pues visto est\u00e1 que dicho extremo no adquiere obligaciones y que, por lo mismo, mal puede enrostr\u00e1rsele desatenci\u00f3n de alg\u00fan deber contractual. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, err\u00f3 y de forma grave el Tribunal, cuando respecto de la daci\u00f3n en pago ajustada entre los litigantes, que es contrato unilateral, decret\u00f3 su resoluci\u00f3n. <\/p>\n

2.3.\tPara abundar en razones, imperioso es hacer ver que as\u00ed se reconozca proximidad entre la daci\u00f3n en pago y la compraventa, esa cercan\u00eda no significa que los elementos propios de esta \u00faltima, sean los mismos para la primera y, mucho menos, en cuanto hace al precio. <\/p>\n

Es que como en la memorada sentencia se concluy\u00f3: <\/p>\n

(\u2026)\tDe manera pues que en la hora de ahora no luce exacto afirmar, como anta\u00f1o se sostuvo, que dare in solutum est vendere, afirmaci\u00f3n que posiblemente tiene su origen en el deseo de extender al acreedor que recibe una cosa en pago de dinero, las acciones de saneamiento por evicci\u00f3n y por vicios redhibitorios previstas para el contrato de compraventa. <\/p>\n

En la actualidad, ciertamente, un reducido y minoritario sector de la doctrina sostiene que la daci\u00f3n es una venta -o que se asimila a ella-, y aunque un respetable grupo de autores considera que sus reglas pueden ser aplicadas por analog\u00eda o por extensi\u00f3n, dada su proximidad, no es posible pasar por alto las acentuadas e irreductibles diferencias que existen entre ambas; tantas que, como bien lo anota don Luis Claro Solar, \u2018esta semejanza es m\u00e1s aparente que real\u2019, por lo que concluye el doctor P\u00e9rez Vives, \u2018constituye un error querer asimilarla exclusivamente a uno de los actos jur\u00eddicos anteriormente referidos (pago, novaci\u00f3n, compraventa). Las reglas hay que desprenderlas de su propia naturaleza, sin perjuicio de que coincidan con algunas de las que el C\u00f3digo da para los citados actos\u2019, tal y como lo ha puesto de presente esta Sala (Vid, sentencia de 2 de febrero de 2001). <\/p>\n

No cabe persistir, entonces, en la idea de la daci\u00f3n como part\u00edcipe, tanto de la compraventa, como de la permuta, seg\u00fan que se cambie dinero por un bien o cosa por cosa, y en relaci\u00f3n con la cual se hacen concurrir para su operancia tanto la novaci\u00f3n, por la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n con un objeto distinto del convenido, como la compensaci\u00f3n del precio, en el primero de esos supuestos, lo que ha originado, no sin raz\u00f3n, el calificativo a esta singular postura de monstrum iuris. <\/p>\n

Se impone, por el contrario, reconocerle su propia y particular naturaleza, como una forma aut\u00f3noma y especial de soluci\u00f3n de obligaciones (ib\u00eddem). <\/p>\n

Descartada la analizada similitud y ante el silencio del legislador al respecto, nada permite afirmar que es requisito de la daci\u00f3n en pago el precio. Y no podr\u00eda serlo, porque trat\u00e1ndose de un negocio solutorio de una obligaci\u00f3n preexistente, mediante el cual el deudor da al acreedor una prestaci\u00f3n distinta a la primigeniamente convenida, que este \u00faltimo acepta, no hay lugar para ese elemento. <\/p>\n

Al respecto bueno es recordar que: <\/p>\n

Luce m\u00e1s acorde con el cometido que le asiste al deudor para efectuar una daci\u00f3n y al acreedor a aceptarla, estimar que se trata de un modo o mecanismo aut\u00f3nomo y, de suyo, independiente de extinguir las obligaciones (negocio solutorio), en virtud del cual el solvens, previo acuerdo con el accipiens, le entrega a \u00e9ste un bien diferente para solucionar la obligaci\u00f3n, sin que, para los efectos extintivos aludidos, interese si dicha cosa es de igual o mayor valor de la debida, pues una y otra se deben mirar como equivalentes. Como el deudor no satisface la obligaci\u00f3n con la prestaci\u00f3n -primitivamente- debida, en sana l\u00f3gica, no puede hablarse de pago (art. 1626 C.C.); pero siendo la genuina intenci\u00f3n de las partes cancelar la obligaci\u00f3n preexistente, es decir, extinguirla, la daci\u00f3n debe, entonces, calificarse como una manera -o modo- m\u00e1s de cumplir, supeditada, por supuesto, a que el acreedor la acepte y a que los bienes objeto de ella ingresen efectivamente al patrimonio de aquel. No en vano, su origen y su sustrato es negocial y m\u00e1s espec\u00edficamente volitivo. Por tanto, con acrisolada raz\u00f3n, afirma un sector de la doctrina que \u2018La daci\u00f3n en pago es una convenci\u00f3n en s\u00ed misma, intr\u00ednsecamente diversa del pago\u2019, agreg\u00e1ndose, en un plano auton\u00f3mico, que se constituye en un \u2018modo de extinguir las obligaciones que se perfecciona por la entrega voluntaria que un deudor hace a t\u00edtulo de pago a su acreedor, y con el consentimiento de \u00e9ste, de una prestaci\u00f3n u objeto distinto del debido (CSJ, SC del 2 de febrero de 1001, Rad. n\u00b0. 5670). <\/p>\n

De suyo, la \u201csimilitud perfecta\u201d que adujo el actor para predicar la existencia de precio en la daci\u00f3n objeto de controversia, no existe. <\/p>\n

Por eso, con raz\u00f3n, en tiempo muy reciente, la Corte observ\u00f3 que \u201causcultar si la demandada pag\u00f3 el precio pactado en las compraventas censuradas era in\u00fatil para el Tribunal, porque hab\u00eda concluido que esos negocios realmente correspond\u00edan a dos acuerdos de daci\u00f3n en pago, en los que no es menester, para el acreedor que recibe la prestaci\u00f3n debida, sufragar prestaci\u00f3n alguna, porque este s\u00f3lo recibe el bien para solventar su acreencia\u201d (CSJ, SC-1312018 del 12 de febrero de 2018, Rad. n.\u00b0 2007-00160-01). <\/p>\n

No habiendo precio, mal puede exigirse en una daci\u00f3n en pago su indicaci\u00f3n y, sobre todo, inferirse, como lo coligi\u00f3 el Tribunal, que la falta del mismo, o su deficiente menci\u00f3n, pueda, de alguna manera, provocar la ineficacia del respectivo contrato. <\/p>\n

2.4.\tPara finalizar, cabe a\u00f1adir la impertinencia del alcance parcial de la resoluci\u00f3n avalada por el Tribunal, pues esa medida ri\u00f1e con los efectos propios de la referida sanci\u00f3n, que como ya se vio, son los de invalidar el contrato con miras a desligar de \u00e9l por completo a los contratantes y retrotraer las cosas al estado en que se encontraban al momento de contratar, medidas que por su propia naturaleza no admiten restricciones. <\/p>\n

Memorando su propia doctrina anterior, la Corte, respecto de los efectos de la resoluci\u00f3n, tiene definido, desde hace mucho tiempo, que en virtud de ella, la respectiva convenci\u00f3n \u201cse extingue retroactivamente desde su nacimiento, (\u2026), \u2018se borra; se desatan todos los derechos y obligaciones que del contrato emanaron; se vuelven las cosas al estado en que se hallaban antes de celebrarse; se tiene la convenci\u00f3n por no celebrada\u2026 La resoluci\u00f3n obra doblemente sobre el contrato: para lo futuro, quit\u00e1ndole su fuerza; para lo pasado, deshaciendo sus efectos. (\u2026). No hay duda de que un contrato resuelto queda retroactivamente anonadado. Naci\u00f3 v\u00e1lido. Pero el incumplimiento de una parte, alegado y comprobado por la que demuestra su cumplimiento, obliga al Juez a eliminarlo\u201d (CSJ, SC del 29 de septiembre de 1944, G.J., t. LVII, p\u00e1g. 604). <\/p>\n

No hay c\u00f3mo disponer, entonces, la resoluci\u00f3n de s\u00f3lo una parte del contrato y el mantenimiento de algunos de sus efectos. <\/p>\n

La resoluci\u00f3n, por su propia naturaleza, se itera, abarca toda la convenci\u00f3n. M\u00e1s a\u00fan, la fulmina, como acaba de verse, para el pasado y para el futuro. Si el contrato desaparece del mundo de lo jur\u00eddico, deviene contrario a la ley reconocer su eficacia parcial y conservar cualquiera de los efectos que de \u00e9l se hayan derivado.
\nEs, por consiguiente, ostensible la ilegalidad de la resoluci\u00f3n parcial que el Tribunal, al confirmar la sentencia del a quo, adopt\u00f3 en relaci\u00f3n con la daci\u00f3n en pago base de la acci\u00f3n. <\/p>\n

3.\tCorolario de todo lo expresado, es que el cargo auscultado se abre paso y ocasiona el quiebre total del fallo confutado. <\/p>\n

SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n

1.\tSeg\u00fan ya se sabe, el a quo, en la sentencia de primera instancia que profiri\u00f3 el 11 de mayo de 2012, luego de denegar las pretensiones principales y primeras subsidiarias, declar\u00f3 \u201cpr[\u00f3]spera la pretensi\u00f3n segunda subsidiaria\u201d y, como consecuencia de ello, opt\u00f3 por \u201cresolver parcialmente el contrato de daci\u00f3n en pago, contenido en la escritura p\u00fablica n\u00famero 1668, de diciembre 12 de 2003, de la Notar\u00eda Tercera [d]el C\u00edrculo Notarial de la ciudad de [M]onter\u00eda\u201d, en virtud de lo cual conden\u00f3 \u201cal Banco Popular a restituir a Jorge Segundo G\u00e1nem G\u00f3mez, cuatro hect\u00e1reas y media (4 \u00bd Has.) de tierra perteneciente al lote de terreno distinguido con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 140-100483 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esta ciudad (\u2026)\u201d. <\/p>\n

2.\tComo ese prove\u00eddo lo apel\u00f3 \u00fanicamente el banco demandado, en lo que le fue desfavorable, sin que hubiese merecido reproche alguno por parte del actor, se colige su firmeza en cuanto hace a la desestimaci\u00f3n atr\u00e1s mencionada, esto es, de las s\u00faplicas iniciales y de las subsiguientes a ella. <\/p>\n

3.\tAhora bien, en lo que ata\u00f1e con la resoluci\u00f3n parcial que dispuso del contrato de daci\u00f3n en pago celebrado por las partes, se encuentra que para arribar a esa decisi\u00f3n, el juzgado del conocimiento se refiri\u00f3, con ayuda de la doctrina y la jurisprudencia, sobre su naturaleza jur\u00eddica; trajo a colaci\u00f3n los testimonios recepcionados, de los que coligi\u00f3 que \u201csolamente cinco (5) hect\u00e1reas a fecha de 25 de marzo de 2003, costaban [m]il [m]illones de [p]esos ($1.000.000.000,00), lo cual a fuerza lleva a concluir que diez (10) hect\u00e1reas a la misma fecha costaban [d]os [m]il [m]illones de [p]esos, suma \u00e9sta muy superior, al valor por el cual se entregaron las 10 Has, es decir, [m]il [c]ien [m]illones de [p]esos ($1.100.000.000,00)\u201d; y concluy\u00f3 que lo expuesto \u201cviene a concretar la pretensi\u00f3n segunda subsidiaria cual es resolver parcialmente el negocio\u201d. <\/p>\n

Tras reiterar el advertido desequilibrio prestacional; dejar en claro que el dictamen elaborado por los testigos y al que se refirieron en sus declaraciones, ofrece credibilidad, por ser el m\u00e1s pr\u00f3ximo a la fecha de celebraci\u00f3n de la daci\u00f3n en pago controvertida; y se\u00f1alar que la experticia rendida en el proceso no es atendible, debido a que \u201cdesfasa en demas\u00eda el aval\u00fao asignado por los expertos que en su momento lo dictaminaron\u201d, el a quo a\u00f1adi\u00f3 que \u201c[e]l Banco Popular, a trav\u00e9s de su representante legal, deber\u00e1 devolver al se\u00f1or Jorge Segundo G\u00e1nem G\u00f3mez el terreno entregado en exceso, es decir, [c]uatro [h]ect\u00e1reas y [m]edia (4\u00bd Has)\u201d. <\/p>\n

4.\tLa entidad accionada apel\u00f3 dicho prove\u00eddo, en resumen, porque no precis\u00f3 el requisito omitido en la daci\u00f3n en pago; era inadmisible la asimilaci\u00f3n que hizo de este tipo contractual y la compraventa; desconoci\u00f3 la verdadera naturaleza del primero de tales negocios; se finc\u00f3 en que \u201cno existe equivalencia entre la prestaci\u00f3n debida y la entregada\u201d, desequilibrio que no serv\u00eda para estructurar la acci\u00f3n resolutoria intentada, sino una de rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme, que con anterioridad se ventil\u00f3 entre las mismas partes y que fue denegada en segunda instancia, mediante sentencia del Tribunal, que reprodujo; y que fij\u00f3 las agencias en derecho con base en el dictamen pericial que calific\u00f3 de excesivo. <\/p>\n

5.\tExaminado el fallo de primera instancia, surge claro que son atribuibles a \u00e9l similares defectos a los que ocasionaron la ca\u00edda de la sentencia del ad quem. <\/p>\n

5.1.\tDicho est\u00e1, y ahora se ratifica, que el \u00fanico factor determinante de la resoluci\u00f3n contractual, es el incumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasi\u00f3n de la celebraci\u00f3n del correspondiente acuerdo de voluntades. <\/p>\n

Siendo ello as\u00ed, mal pod\u00eda el juzgado del conocimiento sustentar el pronunciamiento que hizo en tal sentido, en el desequilibrio que avizor\u00f3 entre el valor de la prestaci\u00f3n debida, que en la daci\u00f3n en pago se fij\u00f3 en la suma de $1.100.000.000.oo, y el precio real del inmueble entregado a cambio de ella, que en concepto de esa autoridad era muy superior a ese monto ($2.000.000.000.oo). <\/p>\n

5.2.\tA\u00f1\u00e1dese que el acogimiento de las pretensiones segundas subsidiarias era improcedente, habida cuenta que el contrato base de la acci\u00f3n ostenta naturaleza unilateral y, por lo mismo, de \u00e9l no surgi\u00f3 ninguna obligaci\u00f3n a cargo del banco demandado, que pudiera, de un lado, ser incumplida por \u00e9ste y, de otro, estructurar la resoluci\u00f3n contractual perseguida por el demandante. <\/p>\n

5.3.\tIdentif\u00edcase como otro error del fallo impugnado, el car\u00e1cter parcial que el a quo le asign\u00f3 a la resoluci\u00f3n que decret\u00f3, pues tal restricci\u00f3n ri\u00f1e con la naturaleza misma de la instituci\u00f3n, seg\u00fan ya se explic\u00f3. <\/p>\n

6.\tPor lo expresado, habr\u00e1 de revocarse la sentencia de primera instancia en cuanto acogi\u00f3 las pretensiones segundas subsidiarias, declar\u00f3 la resoluci\u00f3n parcial del contrato de daci\u00f3n en pago sobre el que vers\u00f3 el proceso y dispuso la restituci\u00f3n al actor por parte del Banco Popular S.A. de cuatro y media hect\u00e1reas del lote de terreno que en desarrollo de ese negocio aqu\u00e9l entreg\u00f3 a \u00e9ste. En defecto de esas determinaciones, se denegar\u00e1n las indicadas s\u00faplicas. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 27 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Superior de Monter\u00eda, Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral, en el proceso que se dej\u00f3 plenamente identificado en los comienzos de este prove\u00eddo y, actuando en sede de segunda instancia, RESUELVE: <\/p>\n

Primero:\tRevocar los numerales segundo a quinto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, dictada en este mismo asunto por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda el 11 de mayo de 2012. <\/p>\n

Segundo:\tNegar, en defecto de lo anterior, la \u201cPRETENSI\u00d3N SEGUNDA SUBSIDIARIA\u201d y sus consecuenciales, elevadas en la demanda con la que se dio inicio al presente proceso. <\/p>\n

Tercero: \tMantener sin modificaciones en lo restante, el fallo apelado. <\/p>\n

Cuarto:\t\tCondenar al demandante en las costas de las dos instancias. Liqu\u00eddense por las secretar\u00edas del a quo y del a quem. F\u00edjase la suma de $10.000.000.oo, como agencias en derecho de las de segunda. <\/p>\n

Sin costas en casaci\u00f3n, por la prosperidad del recurso. <\/p>\n

C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente SC3366-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-31-03-001-2011-00109-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de marzo de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil diecinueve (2019).- Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el BANCO POPULAR S.A., frente a la sentencia del 27 de junio de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102524","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102524","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102524"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102524\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102524"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102524"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102524"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}