{"id":102526,"date":"2026-07-02T15:44:17","date_gmt":"2026-07-02T15:44:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102526"},"modified":"2026-07-02T15:44:17","modified_gmt":"2026-07-02T15:44:17","slug":"sc3379-2019-2011-00370-01","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc3379-2019-2011-00370-01\/","title":{"rendered":"SC3379-2019 (2011-00370-01)"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

SC3379-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 05266-31-03-000-2011-00370-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de sala del veinte de febrero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil diecinueve (2019).- <\/p>\n

Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por MARTHA LUC\u00cdA OROZCO SIERRA, frente a la sentencia del 16 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Superior de Medell\u00edn, Sala Civil, en el proceso reivindicatorio que ella adelant\u00f3 contra OLGA ELENA ARANGO RAM\u00cdREZ y CAMILO HUMBERTO OROZCO ARANGO. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. En el escrito con \tel que se dio inicio al asunto atr\u00e1s referenciado, que obra \ten los folios 3 a 15 del cuaderno principal, se solicit\u00f3, en \ts\u00edntesis, declarar que pertenece a la accionante el dominio \tde los lotes \u201cA\u201d \ty \u201cB\u201d \tdistinguidos con los Nos. 47 A 44 y 47 A 54 de la calle 38 sur de \tEnvigado, respectivamente, identificados adem\u00e1s por los \tlinderos se\u00f1alados en el mismo libelo introductorio; ordenar \ta los demandados restituir a aqu\u00e9lla dichos bienes, con todo \tlo que forma parte de ellos y con los frutos civiles percibidos o \tque, con mediana inteligencia y cuidado, se hubieren podido \tpercibir; establecer que la gestora del asunto, por ser los \tdemandados poseedores de mala fe, no est\u00e1 obligada a las \texpensas de que trata el art\u00edculo 965 del C\u00f3digo \tCivil; proveer sobre la cancelaci\u00f3n de cualquier gravamen; \tdisponer la inscripci\u00f3n de la sentencia; y condenar a los \tconvocados al pago de las costas. <\/p>\n

2.\tEn sustento de dichos pedimentos, en resumen, se expuso: <\/p>\n

2.1. \tLa demandada Olga Elena Arango Ram\u00edrez fue propietaria de los bienes ra\u00edces materia de la acci\u00f3n, por compra que hizo a Carlos Alberto Benjumea Uribe. En asocio con Antonio Jos\u00e9 Orozco Sierra, quien por muchos a\u00f1os fue su compa\u00f1ero permanente, mont\u00f3 all\u00ed en 1991 la serviteca \u201cOvnillantas Envigado\u201d, habiendo sido \u00e9l quien realiz\u00f3 las \u201creparaciones y mejoras para adecuar los inmuebles\u201d con tal fin. <\/p>\n

2.2. \tLa mencionada se\u00f1ora, en 1998, enajen\u00f3 a Diana Mar\u00eda y Luz Mercedes Arango Ram\u00edrez tales bienes y estas \u00faltimas, mediante escritura p\u00fablica No. 3423 del 7 de septiembre de 1998, otorgada en la Notar\u00eda Primera de Envigado, los transfirieron a la actora, persona que efectu\u00f3 venta parcial del lote \u201cB\u201d al precitado municipio, con la consecuente modificaci\u00f3n de linderos.
\n2.3. \tCon el prop\u00f3sito de seguir explotando la serviteca instalada en los inmuebles de que se trata, pero bajo otra denominaci\u00f3n -\u201cLlantas y Servicios Las Vegas\u201d-, el se\u00f1or Manuel Mesa Ram\u00edrez tom\u00f3 en alquiler el globo de terreno a la se\u00f1ora Martha Luc\u00eda Orozco Sierra, representada por su hermano Antonio Jos\u00e9 Orozco Sierra; posteriormente, aqu\u00e9l vendi\u00f3 el establecimiento de comercio a los se\u00f1ores Argemiro de Jes\u00fas y Franio de Jes\u00fas Hincapi\u00e9 Henao, quienes le cambiaron el nombre por el de \u201cLlantas y Servicios el Aburra Sur\u201d. <\/p>\n

2.4. \tLos precitados hermanos pagaban a la aqu\u00ed demandante, por concepto de arrendamiento y otras contraprestaciones, la suma de $1.000.000.oo, que era entregada a familiares suyos, toda vez que ella se encontraba fuera del pa\u00eds. <\/p>\n

2.5. \t\u201cEl d\u00eda 13 de [j]unio de 2004 se efectu\u00f3 un convenio verbal frente a la administraci\u00f3n y manejo de la serviteca entre (\u2026) FRANIO DE JES\u00daS HINCAPI\u00c9 HENAO y la se\u00f1ora OLGA ELENA ARANGO RAM\u00cdREZ bajo la denominaci\u00f3n Llantas y servicios el Aburra Sur. La mencionada se\u00f1ora qued[\u00f3] usufructu\u00e1ndose \u00fanica y exclusivamente de dicho establecimiento de comercio a cambio de pagarle las facturas adeudadas a dicho se\u00f1or, y obviamente continuar pagando el arriendo a la se\u00f1ora MARTHA LUC\u00cdA OROZCO SIERRA\u201d. <\/p>\n

2.6. \tDo\u00f1a Olga Elena, en el a\u00f1o 2009, vari\u00f3 la denominaci\u00f3n del establecimiento por el de \u201cMEGACENTRO DE SERVICIOS SUR S.A.S.\u201d y lo \u201cpuso a figurar a nombre de su hijo Camilo Humberto Orozco Arango\u201d. <\/p>\n

2.7. \tDesde \u201cel 13 de junio de 2004 la se\u00f1ora OLGA ELENA ARANGO RAM\u00cdREZ dej[\u00f3] de efectuar actos de administraci\u00f3n, y de pagar el canon por concepto de arriendo como ven\u00edan haci\u00e9ndolo sus antecesores y pas[\u00f3] a ejercer actos simb\u00f3licos de se\u00f1ora y due\u00f1a en calidad de poseedora de [m]ala fe, toda vez que no solo no paga el arriendo a la se\u00f1ora MARTHA LUC\u00cdA OROZCO SIERRA sino que desconoce la titularidad del derecho de dominio de la misma y se niega a su restituci\u00f3n. Adicionalmente, desde el a\u00f1o 2009 el se\u00f1or CAMILO HUMBERTO OROZCO ARANGO, es quien en la actualidad viene administrando el establecimiento de comercio MEGACENTRO DE SERVICIOS SUR S.A.S. como titular del mismo y detenta el inmueble conjuntamente en calidad de se\u00f1or y due\u00f1o con la mencionada se\u00f1ora\u201d. <\/p>\n

2.8. \tPara colocarse en esa situaci\u00f3n, los demandados aprovecharon que el se\u00f1or Antonio Jos\u00e9 Orozco Sierra fue privado de su libertad, el nexo familiar que existi\u00f3 entre \u00e9ste y la demandada Arango Ram\u00edrez y que la actora resid\u00eda en el exterior. <\/p>\n

2.9. \tLos accionados, desde cuando empezaron a detentar los inmuebles aqu\u00ed reclamados, no han realizado en ellos ninguna mejora; buena parte de los equipos que conforman la serviteca, no les pertenecen; y se negaron a restituir los bienes al se\u00f1or Antonio Jos\u00e9 Orozco Sierra, cuando \u00e9ste as\u00ed se los solicit\u00f3. <\/p>\n

2.10. \tLa actora, desde el 12 de junio de 2004, dej\u00f3 de percibir el arrendamiento de los inmuebles, que a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda asciende a la suma aproximada de $336.000.000.oo, a raz\u00f3n de $4.000.000.oo mensuales. <\/p>\n

3. El Juzgado \tSegundo Civil del Circuito de Envigado, al que le correspondi\u00f3 \tel conocimiento del asunto, admiti\u00f3 la demanda con auto del 6 \tde septiembre de 2011 (fl. 79, cd. 1), que notific\u00f3 a los \tconvocados mediante los avisos que militan en los folios 128 y 146 \tposteriores. <\/p>\n

4.\tLos convocados en tiempo y por intermedio de un mismo apoderado judicial, contestaron la demanda, en desarrollo de lo cual se opusieron al acogimiento de sus pretensiones, se pronunciaron de diversa manera sobre los hechos en ella expuestos y plantearon las excepciones meritorias que denominaron \u201cFALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA POR ACTIVA\u201d, \u201cFALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA POR PASIVA\u201d, \u201cFALTA DE LOS REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACI\u00d3N DE ESTA ACCI\u00d3N REIVINDICATORIA\u201d y \u201cMALA FE DE LA ACCIONANTE\u201d (fls. 164 a 167, cd. 1). <\/p>\n

5.\tPor aparte, en su condici\u00f3n de demandados y de cesionarios de los derechos litigiosos de LUZ MERCEDES y DIANA MAR\u00cdA ARANGO RAM\u00cdREZ, los se\u00f1ores Arango Ram\u00edrez y Orozco Arango presentaron reconvenci\u00f3n (fls. 1 a 5, cd. 2), en la que peticionaron, de forma principal, que se declarara absolutamente simulada la compraventa de los inmuebles aqu\u00ed disputados que las precitadas se\u00f1oras le efectuaron a la se\u00f1ora MARTHA LUC\u00cdA OROZCO SIERRA, que consta en la escritura p\u00fablica No. 3423 del 7 de septiembre de 1998, otorgada en la Notar\u00eda Primera de Envigado; y, subsidiariamente, que se disponga la resoluci\u00f3n de la misma, por haber incumplido la compradora el pago del precio acordado. <\/p>\n

Como consecuencia de cada una de esas solicitudes, se reclam\u00f3, por igual, reconocer que los bienes ra\u00edces de que se trata, pertenecen a las hermanas Luz Mercedes y Diana Mar\u00eda Arango Ram\u00edrez; que se ordene a la reconvenida que restituya a aqu\u00e9llas esos inmuebles; y que se inscriba la sentencia al margen de la respectiva escritura y en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn. <\/p>\n

6.\tEn sustento de la contrademanda, se adujeron los hechos que pasan a compendiarse: <\/p>\n

6.1. \tOlga Elena Arango Ram\u00edrez compr\u00f3 los inmuebles del proceso a Carlos Alberto Benjumea, mediante escritura p\u00fablica 2319 del 29 de junio de 1990, \u00e9poca en la cual ella hac\u00eda vida marital con el se\u00f1or Antonio Jos\u00e9 Orozco Sierra, hermano de la reconvenida y padre de sus dos hijos, Camilo Humberto y David Antonio Orozco Arango. <\/p>\n

6.2. \tComo el precitado compa\u00f1ero fue detenido por orden judicial y condenado a 38 a\u00f1os de prisi\u00f3n por la comisi\u00f3n de un concurso de delitos, entre ellos, el de secuestro extorsivo, sus bienes empezaron a ser perseguidos por la justicia y, en tal virtud, do\u00f1a Olga Elena, fruto de una \u201cerrada creencia\u201d, pens\u00f3 que los suyos tambi\u00e9n pod\u00edan ser objeto de medidas cautelares, por lo que traspas\u00f3 el dominio de los inmuebles relacionados a sus hermanas, Diana Mar\u00eda y Luz Mercedes Arango Ram\u00edrez. <\/p>\n

6.3. \tDebido a las presiones ejercidas por terceros y por el propio Antonio Jos\u00e9 Orozco Sierra, tan solo tres meses despu\u00e9s, las nombradas adquirentes, para evitar problemas, transfirieron \u201cel dominio en forma simulada de los mencionados inmuebles\u201d a la hermana de aqu\u00e9l, se\u00f1ora Martha Luc\u00eda Orozco Sierra, lo que hicieron a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica 3423 del 7 de septiembre de 1998, otorgada en la Notar\u00eda Primera de Envigado, \u201ccon el compromiso de parte de la compradora de que cuando la situaci\u00f3n legal de su hermano ANTONIO JOS\u00c9 OROZCO SIERRA se aclarara, las cosas volver\u00edan al estado precontractual, es decir, la propiedad forma[l] y legal estar\u00eda de nuevo en cabeza de las vendedoras, lo que no ha ocurrido hasta la fecha\u201d. <\/p>\n

6.4. \t\u201cEl contrato de compraventa relacionado en el hecho anterior fue absolutamente simulado ya que de com\u00fan acuerdo entre las vendedoras y compradoras as\u00ed se pact\u00f3 para proteger los derechos de los convivientes OLGA ELENA ARANGO R. y ANTONIO JOS\u00c9 OROZCO SIERRA; nunca hubo \u00e1nimo de comprar ni \u00e1nimo de vender, la entrega material de los inmuebles nunca se realiz\u00f3, el precio fijado para esta compraventa nunca se pag\u00f3, ni con dinero en efectivo como se dice en la escritura de adquisici\u00f3n, ni con daci\u00f3n en pago de otros bienes de tal forma que hasta la fecha se ha mantenido la simulaci\u00f3n absoluta de ese contrato de compraventa de los mencionados inmuebles, simulaci\u00f3n realizada con el exclusivo y \u00fanico objetivo de proteger los bienes que para ese entonces conformaban la sociedad patrimonial\u201d establecida entre los nombrados compa\u00f1eros. <\/p>\n

6.5. \tLa compradora no ten\u00eda capacidad econ\u00f3mica para pagar el precio estipulado. <\/p>\n

6.6. \tLas se\u00f1oras Diana Mar\u00eda y Luz Mercedes Arango Ram\u00edrez cedieron \u201cla acci\u00f3n y todos los derechos, incluidos los (\u2026) litigiosos que se desprendan del contrato de compraventa\u201d en cuesti\u00f3n a los contrademandantes, \u201cpara que inicien esta acci\u00f3n en contra de la se\u00f1ora MARTHA LUC\u00cdA OROZCO SIERRA, como efectivamente lo hacen mediante esta demanda de reconvenci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

7. \tEl juzgado del conocimiento admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda de mutua petici\u00f3n, mediante auto del 17 de febrero de 2012 (fl. 28, cd. 2), que notific\u00f3 por estado. La accionada guard\u00f3 absoluto silencio, en el t\u00e9rmino del traslado. <\/p>\n

8. \tAgotado el tr\u00e1mite de la primera instancia, la oficina cognoscente de la controversia le puso fin con sentencia del 27 de junio de 2014, en la que declar\u00f3 probada la \u201cexcepci\u00f3n perentoria de falta de requisitos formales para la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n reivindicatoria\u201d, por lo que neg\u00f3 la misma; y desestim\u00f3 lo pedido en la reconvenci\u00f3n, \u201c[p]or falta de prueba de la simulaci\u00f3n y [de] la resoluci\u00f3n contractual pedida en subsidio\u201d (fls. 263 a 298, cd. 1). <\/p>\n

9. \tAmbas partes apelaron dicho fallo. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, Sala Civil, en el de segunda instancia que dict\u00f3 el 16 de octubre de 2014, lo revoc\u00f3 y, en su lugar, declar\u00f3 \u201cABSOLUTAMENTE SIMULADA la venta contenida en la escritura p\u00fablica 3423 del 7 de septiembre de 1998 de la Notar\u00eda Primera [d]el C\u00edrculo de Envigado\u201d y, como consecuencia de ello, neg\u00f3 \u201clas pretensiones de la demanda principal\u201d. <\/p>\n

Adicionalmente dispuso la inscripci\u00f3n de lo decidido en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn y la expedici\u00f3n de copias de dicho prove\u00eddo y de la declaraci\u00f3n rendida por el se\u00f1or William de Jes\u00fas M\u00fanera Garc\u00eda, con destino a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, \u201cpara que se inicie investigaci\u00f3n por falso testimonio\u201d. <\/p>\n

Al final, impuso el pago de las costas, en las dos instancias, a la primigenia actora y demandada en reconvenci\u00f3n (fls. 15 a 24 vuelto, cd. 6). <\/p>\n

LA SENTENCIA DEL AD QUEM <\/p>\n

Luego de relatar lo acontecido en el proceso y de precisar los problemas jur\u00eddicos planteados por las apelaciones propuestas, el Tribunal, a efecto de arribar a las decisiones que adopt\u00f3, expuso los razonamientos que a continuaci\u00f3n se rese\u00f1an: <\/p>\n

1. Empez\u00f3 con \tel estudio de la simulaci\u00f3n deprecada en la reconvenci\u00f3n, \thabida cuenta que su prosperidad traducir\u00eda, respecto de la \treivindicaci\u00f3n solicitada en la primigenia demanda, el \tincumplimiento del presupuesto de estar radicado el dominio en \tcabeza de su promotora. <\/p>\n

2.\tAs\u00ed las cosas, se refiri\u00f3 a la simulaci\u00f3n en t\u00e9rminos generales; puntualiz\u00f3 que los elementos que la caracterizan son la \u201cdisconformidad consiente entre lo querido y lo declarado\u201d, el \u201cacuerdo de las partes en producir esta disconformidad\u201d y el \u201cfin de enga\u00f1ar a terceros\u201d. Con ayuda de la jurisprudencia, aludi\u00f3 a la diferencia entre la absoluta y la relativa. <\/p>\n

3.\tPara desvirtuar los argumentos del a quo consistentes en la falta de acreditaci\u00f3n de la simulaci\u00f3n y en que obran en autos indicios y probanzas demostrativas de lo contrario, esto es, de la veracidad de la transferencia, el ad quem consign\u00f3 las siguientes apreciaciones: <\/p>\n

1. Trajo a colaci\u00f3n \t\tlas declaraciones rendidas por Natalia y Mar\u00eda Cecilia \t\tArango Ram\u00edrez, que calific\u00f3 de \u201ccontundentes \t\ten se\u00f1alar la irrealidad del negocio\u201d, \t\trespecto de las cuales coment\u00f3 su contenido y descart\u00f3 \t\tque pudieran ser desechadas por la sola circunstancia de provenir \t\tde las hermanas de la reconviniente, puesto que \u201cen \t\tcasos como el presente se aprovecha la familiaridad, ya que son \t\thechos realizados secretamente entre personas de confianza, y por \t\tello son precisamente tales personas quienes son testigos de \t\texcepci\u00f3n de las vicisitudes; adem\u00e1s de ello, los \t\ttestimonios aqu\u00ed examinados son congruentes, y est\u00e1n \t\tapoyados por hechos objetivos que aparecen probados en el proceso\u201d. <\/p>\n

2. En relaci\u00f3n \t\tcon las contrapruebas de la simulaci\u00f3n, indic\u00f3: <\/p>\n

3.2.1.\tNo existen las contradicciones que el sentenciador de primera instancia vio en los precitados testimonios, pues las deponentes fueron claras al explicar que cuando se iba a hacer la segunda transferencia de los inmuebles, se dud\u00f3 si deb\u00eda efectuarse en favor de Antonio Jos\u00e9 o de su hermana, pero se opt\u00f3 por la \u00faltima, debido a que aqu\u00e9l ya ten\u00eda los problemas penales. <\/p>\n

3.2.2.\tDicho juzgador fue incoherente al ponderar el interrogatorio de parte absuelto por la primigenia actora, pues si bien es verdad, en principio, le rest\u00f3 valor demostrativo, luego dedujo de \u00e9l \u201calgunos indicios contingentes, lo que no e[ra] posible, porque dichas afirmaciones no constituyen hechos indicativos, sino solamente eso, afirmaciones, que no pueden ser tenidas en cuenta por lo manifestado en la sentencia\u201d. <\/p>\n

3.2.3.\tLo expuesto por Franio de Jes\u00fas Hincapi\u00e9 en la declaraci\u00f3n que rindi\u00f3, no desvirt\u00faa la simulaci\u00f3n, \u201cporque el hecho de entregar un bien arrendado no significa que quien recibe no sea el propietario verdadero, o propietario en cualquier forma; el contrato de arrendamiento puede ser suscrito por un tercero y no necesariamente por el due\u00f1o, y el supuesto compromiso de la se\u00f1ora Olga Arango no implica necesariamente que la otra persona fuera la due\u00f1a, m\u00e1s cuando se trataba de una simulaci\u00f3n de la que nadie extra\u00f1o pod\u00eda enterarse\u201d, am\u00e9n de las contradicciones en que incurri\u00f3 el deponente. <\/p>\n

3.2.4.\tEl testimonio de Jaime Henao Cruz tampoco controvirti\u00f3 la simulaci\u00f3n deprecada, toda vez que la actora pudo realizar mejoras en el inmueble \u201cpara conservar la apariencia que se quer\u00eda mostrar\u201d. <\/p>\n

3.2.5.\tLa venta que Martha Luc\u00eda Orozco Sierra hizo de parte del lote \u201cB\u201d al municipio de Envigado fue forzosa y, por ende, no es indicativa de \u201causencia de simulaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

3.2.6.\tLa declaraci\u00f3n de William de Jes\u00fas M\u00fanera Garc\u00eda \u201ces mendaz\u201d, pues \u00e9l no se desempe\u00f1\u00f3 como revisor fiscal de \u201cOvnillantas Envigado\u201d en la \u00e9poca del otorgamiento de la escritura cuestionada, ni son entendibles sus afirmaciones de que fue consultado sobre c\u00f3mo ingresar a la contabilidad de la empresa los d\u00f3lares que se entregaron como parte del precio convenido, pues tal pago no se efectu\u00f3 en favor de la citada sociedad, sino de las vendedoras Diana y Luz Mercedes Arango. <\/p>\n

4.\tAparte de lo anterior, el Tribunal encontr\u00f3 probados otros indicios \u201csuficientes para deducir\u201d la simulaci\u00f3n, planteamiento que expuso en la forma que pasa a reproducirse: <\/p>\n

(\u2026): el precio, seg\u00fan lo indic\u00f3 la compradora a folio 31 del c. 3[,] los $93\u2019000.000 que supuestamente fueron pagados por la venta[,] los adquiri\u00f3 con sus ahorros y parte de la familia dando todos aportes, sin que aparezca ninguna prueba procedente de ellos que as\u00ed lo determine, tampoco obra recibo alguno, a pesar que el se\u00f1or M\u00fanera dijo que exist\u00eda, cuesti\u00f3n esta que en los t\u00e9rminos de[l] inciso \u00faltimo del art\u00edculo 232 del C. de P. Civil debe ser apreciado como indicio grave de la inexistencia del acto; la familiaridad, la venta se hizo a la cu\u00f1ada de Olga Arango[,] hermana de su compa\u00f1ero, y por parte de las hermanas de aquella; la poca capacidad de pago de la compradora, seg\u00fan relat\u00f3 la actividad desarrollada por la actora era la limpieza de casas en Estados Unidos, lo que indica, dado que adem\u00e1s tuvo que supuestamente pedir plata a sus familiares para hacer la negociaci\u00f3n, que no ten\u00eda recursos econ\u00f3micos para hacer la compra; las circunstancias que se presentaban para simular, ya se explic\u00f3 que el compa\u00f1ero de la se\u00f1ora Olga ten\u00eda problemas penales; el motivo para hacerlo, conforme a lo expuesto; la mendacidad del testigo principal presentado, pues trat\u00e1ndose de una operaci\u00f3n real no hab\u00eda necesidad de hacerlo; la falta de respuesta a la demanda de reconvenci\u00f3n que de conformidad con el art\u00edculo 95 del C. de P. Civil constituye indicio grave en contra de la contrademandada, y la ausencia de elementos materiales probatorios que indiquen que la venta en efecto se dio. <\/p>\n

5.\tAs\u00ed las cosas, el ad quem se\u00f1al\u00f3 que \u201capreciada la prueba en su conjunto se llega a la conclusi\u00f3n que la escritura objeto del proceso fue simulada absolutamente, raz\u00f3n por la cual debe accederse a la pretensi\u00f3n de la demanda de reconvenci\u00f3n con las consecuencias respectivas, debido adem\u00e1s a que en el proceso intervinieron las partes contratantes, las vendedoras en cabeza de los contrademandantes[,] y la compradora\u201d. <\/p>\n

6.\tComo consecuencia de ello, estim\u00f3 que no es \u201cnecesario ocuparnos del tema de la reivindicaci\u00f3n\u201d, pues su gestora no es propietaria de los bienes perseguidos, ni de la resoluci\u00f3n por falta del pago del precio, ya que en verdad, el negocio no se celebr\u00f3. <\/p>\n

7.\tEn cuanto hace a las restituciones mutuas, no encontr\u00f3 viable ordenar, de un lado, la entrega de los predios materia de la compraventa simulada, por encontrarse en poder de los reconvinientes; y, de otro, la devoluci\u00f3n del precio, pues trat\u00e1ndose de una enajenaci\u00f3n fingida, \u201cno hubo pago\u201d. <\/p>\n

LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n

Cuatro cargos plante\u00f3 la recurrente en sustento del referido recurso. El segundo, soportado en la causal quinta de casaci\u00f3n, que por esa raz\u00f3n se resolver\u00e1 inicialmente; y los restantes, en la primera, que se estudiaran luego, en el mismo orden de su proposici\u00f3n. <\/p>\n

CARGO SEGUNDO <\/p>\n

Como se dijo, con apoyo en el \u00faltimo de los motivos que habilitan la impugnaci\u00f3n de que se trata, se denunci\u00f3 la nulidad del proceso al tenor de la causal 9\u00aa del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por no haberse citado \u201ca las [l]itis consortes LUZ MERCEDES ARANGO RAM\u00cdREZ y DIANA MAR\u00cdA ARANGO RAM\u00cdREZ\u201d. <\/p>\n

En pro de la censura, su proponente, en s\u00edntesis, expuso: <\/p>\n

1.\tEn este asunto se da un litisconsorcio necesario por pasiva, tal y como se explic\u00f3 al demostrarse el cargo primero, pues est\u00e1n llamadas a ser parte todas las personas que participaron en el concierto simulatorio, entre ellas, las se\u00f1oras Luz Mercedes y Diana Mar\u00eda Arango Ram\u00edrez, toda vez que actuaron como vendedoras. <\/p>\n

2.\tPese a ello, las nombradas intervinientes \u201cno fueron demandadas ni vinculadas al proceso en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 83 del C. P. Civil[,] por lo que no se integr\u00f3 el litisconsorcio\u201d. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tLas nulidades alegadas en casaci\u00f3n, al igual que las que se propongan en las instancias, est\u00e1n sometidas a los tres principios fundamentales que las rigen, a saber: \u201cde especificidad, seg\u00fan el cual las causas para ello s\u00f3lo son las expresamente fijadas en la ley; de protecci\u00f3n, relacionado con el inter\u00e9s que debe existir en quien reclame la anulaci\u00f3n, emergente del perjuicio que el defecto le ocasione, y de convalidaci\u00f3n, que determina que s\u00f3lo son declarables los vicios que no hayan sido, expresa o t\u00e1citamente, saneados por el interesado\u201d (CSJ, SC del 6 de julio de 2007, Rad. n.\u00b0 1989-09134-01). <\/p>\n

2.\tEn el caso de la nulidad prevista en el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, esto es, \u201c[c]uando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n a personas determinadas, o el emplazamiento de las dem\u00e1s personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley as\u00ed lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio P\u00fablico en los casos de ley\u201d, la correlativa invalidaci\u00f3n \u201cs\u00f3lo podr\u00e1 alegarse por la persona afectada\u201d, como expresamente lo consagraba el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 143 ib\u00eddem. <\/p>\n

3.\tAplicada la precedente regla al sub lite, se detecta, con total claridad, la falta de inter\u00e9s de la recurrente en casaci\u00f3n, se\u00f1ora Martha Luc\u00eda Orozco Sierra, para proponer la nulidad examinada, pues siendo su fundamento la falta de vinculaci\u00f3n al proceso, como demandadas en la reconvenci\u00f3n, de las se\u00f1oras Luz Mercedes y Diana Mar\u00eda Arango Ram\u00edrez, es patente que solamente estas \u00faltimas estaban facultadas para reclamar por la ocurrencia del referido vicio. <\/p>\n

4.\tEn refuerzo de lo expuesto, cabe recordar: <\/p>\n

Siguiendo el principio de la especificidad de las nulidades, la ley es rigurosa al se\u00f1alar los vicios de actividad que son generadores de nulidad y cu\u00e1les no lo son, e indica en el primer caso las condiciones, oportunidades, formas de alegarlos y los sujetos legitimados para ello. Y en \u00e9ste orden de ideas, el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, mediante el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 140, consagra como causal aut\u00f3noma de nulidad procesal la circunstancia de no haberse practicado \u2018en legal forma la notificaci\u00f3n a personas determinadas, o el emplazamiento de las dem\u00e1s personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes cuando la ley as\u00ed lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio P\u00fablico en los casos de ley\u2019, defecto que como expresamente lo indica el inciso 3o del art\u00edculo 143 ib\u00eddem, \u2018solo podr\u00e1 alegarse por la persona afectada\u2019, es decir por aqu\u00e9l que debiendo haber sido llamado al proceso no lo fue o lo fue ilegalmente, entre otras cosas porque se trata de una nulidad esencialmente saneable por el consentimiento expreso o impl\u00edcito de la persona afectada con el vicio (Art\u00edculo 144 ejusdem). <\/p>\n

Sobre este mismo tema esta Corporaci\u00f3n se pronunci\u00f3 en sentencia del 22 de mayo de 1979 (CLIX p\u00e1g.152), reiterada el 24 de abril de 1986 (G.J. CLXXXIV p\u00e1g. 36), donde expres\u00f3 que las nulidades procesales referidas obedecen a varios principios entre los que est\u00e1 el de \u2018proteger a la parte cuyo derecho le fue cercenado por causa de la irregularidad\u2019, se\u00f1alando adem\u00e1s que con tal fundamento \u2018desde vieja data viene sosteniendo la Corte que la falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento en legal forma, como causa de nulidad, s\u00f3lo puede ser invocada en casaci\u00f3n por el litigante afectado con ellas\u2019, luego resulta improcedente que la falta de citaci\u00f3n obligatoria para determinada persona, sea alegada por alguien diferente al directamente afectado, quien por mandato legal es el \u00fanico autorizado para hacerlo (CSJ, SC del 11 de junio de 1992, Rad. n.\u00b0 3388; se subraya). <\/p>\n

5.\tLa censura examinada, por consiguiente, no prospera. <\/p>\n

CARGO PRIMERO <\/p>\n

Fincado en el motivo inicial del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se cuestion\u00f3 el fallo combatido por ser indirectamente violatorio de los art\u00edculos 1766 y 1960 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como de los c\u00e1nones 51, 60 y 83 del primero de esos estatutos, debido a \u201cla errada apreciaci\u00f3n de la contestaci\u00f3n de la demanda y su reconvenci\u00f3n, en la cual expresamente se consign\u00f3 el concierto simulatorio entre las se\u00f1oras LUZ MERCEDES ARANGO RAM\u00cdREZ y DIANA MAR\u00cdA ARANGO RAM\u00cdREZ y la se\u00f1ora MARTHA LUC\u00cdA OROZCO SIERRA contenid[o] en la escritura p\u00fablica No. 3423 del 7 de septiembre de 1998 de la notar\u00eda primera de [E]nvigado\u201d. <\/p>\n

Con el prop\u00f3sito de demostrar el ataque, su autor, en concreto, expuso: <\/p>\n

1.\tEn la r\u00e9plica de la demanda inicial y en el libelo de mutua petici\u00f3n, sus autores sentaron la premisa de que el concierto simulatorio que condujo al fingimiento del negocio jur\u00eddico controvertido en el segundo de esos actos lo realizaron, de un lado, las se\u00f1oras Luz Mercedes y Diana Mar\u00eda Arango Ram\u00edrez y, de otro, Martha Luc\u00eda Orozco Sierra, \u201cen aras de evitar la persecuci\u00f3n de los bienes por parte de la justicia -Fiscal\u00eda [G]eneral de la Naci\u00f3n- al se\u00f1or ANTONIO JOS\u00c9 OROZCO SIERRA\u201d. <\/p>\n

2.\tEse planteamiento, que fue acogido por el Tribunal, en la medida que decret\u00f3 la simulaci\u00f3n deprecada en la contrademanda, deja ver \u201cel desvar\u00edo\u201d de dicha autoridad, pues las hermanas Arango Ram\u00edrez \u201ccomparecieron al proceso pero en calidad de testigos (\u2026) mas no como partes procesales\u201d, cuando \u201cdebieron ser demandadas\u201d o, por lo menos, vinculadas \u201ccomo [l]itis consortes necesarios de los demandados OLGA ELENA ARANGO RAM\u00cdREZ y CAMILO HUMBERTO OROZCO ARANGO, bien como producto de un llamamiento de oficio o a petici\u00f3n de la parte que prop[uso] la demanda de reconvenci\u00f3n\u201d, de conformidad con las previsiones de los art\u00edculos 53 y 83 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en concordancia con el 61 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

3.\tEl ad quem no aplic\u00f3 el art\u00edculo 60 del primero de tales ordenamientos jur\u00eddicos, debido a que \u201cconfundi\u00f3 la cesi\u00f3n de derechos litigiosos con la sustituci\u00f3n procesal\u201d, ya que si bien es cierto que al proceso se aport\u00f3 una \u201ccesi\u00f3n de acciones y derechos litigiosos, la misma no se efectu\u00f3 de manera legal\u201d, toda vez que el art\u00edculo 1969 del C\u00f3digo Civil consagra que la cesi\u00f3n \u201crefiere a la transferencia de un derecho incierto atado a un proceso en curso, que hace uno de los sujetos procesales a favor de un tercero\u201d, y porque para que ella produzca la completa sustituci\u00f3n del cedente por el cesionario, es indispensable que la contraparte la acepte, seg\u00fan lo prev\u00e9 el primero de los preceptos atr\u00e1s invocados y lo ha entendido esta Sala de la Corte y el Consejo de Estado, como se constata en las providencias parcialmente transcritas por el recurrente. <\/p>\n

4.\tAs\u00ed las cosas, es de verse que aunque la primigenia accionante guard\u00f3 silencio frente a la reconvenci\u00f3n, esa actitud suya no tradujo su consentimiento frente a la \u201csustituci\u00f3n procesal\u201d, am\u00e9n que en el auto admisorio de la reconvenci\u00f3n \u201cnada se dijo de la sustituci\u00f3n procesal por parte del se\u00f1or juez de primera instancia (\u2026), por lo que, no solo no llenaba los requisitos de la notificaci\u00f3n de la sustituci\u00f3n procesal al demandante[,] sino que tampoco pod\u00eda ser objeto de apelaci\u00f3n por parte del demandante, tal cual lo establece el art\u00edculo 60 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u201d. <\/p>\n

5.\tSobre la base de que en el sub lite existe un \u201c[l]itis consorcio necesario por pasiva, el cual nunca fue integrado\u201d, el recurrente coligi\u00f3, en definitiva, que el Tribunal \u201cincurri\u00f3 en una v\u00eda indirecta por desestimar la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1960 del C\u00f3digo Civil en lo que se refiere a la cesi\u00f3n de derechos litigiosos, en concordancia con el art\u00edculo 60 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -sobre sustituci\u00f3n procesal- y la interpretaci\u00f3n dada por la Corte a esta disposici\u00f3n en la sentencia C-1040 de 2000, por lo que no pod\u00eda proveer de fondo sobre la simulaci\u00f3n que se imput[\u00f3]\u201d. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tComo consecuencia de haber accedido a declarar la simulaci\u00f3n absoluta de la compraventa contenida en la escritura p\u00fablica 3423 del 7 de septiembre de 1998, conferida en la Notar\u00eda Primera de Envigado, el censor le endilg\u00f3 al sentenciador de segunda instancia la comisi\u00f3n de dos desatinos f\u00e1cticos: <\/p>\n

1. La indebida \t\tapreciaci\u00f3n de los escritos de contestaci\u00f3n de la \t\tdemanda inicialmente presentada y de reconvenci\u00f3n, pues no \t\tvio que conforme lo relatado en ellos, fueron part\u00edcipes del \t\tconcierto simulatorio que desemboc\u00f3 en el fingimiento \t\tjudicialmente reconocido, las se\u00f1oras Luz Mercedes y Diana \t\tMar\u00eda Arango Ram\u00edrez, quienes fungieron como \t\tvendedoras en el negocio jur\u00eddico aludido. <\/p>\n

2. Y la incorrecta \t\tponderaci\u00f3n del contrato de \u201cCESI\u00d3N \t\tDE ACCIONES Y DERECHOS LITIGIOSOS\u201d \t\tallegado con la reconvenci\u00f3n, en la medida que el ad \t\tquem pas\u00f3 \t\tpor alto que no se efectu\u00f3 en legal forma y, adicionalmente, \t\tque no fue aceptado por la reconvenida, Martha Luc\u00eda Orozco \t\tSierra. <\/p>\n

2.\tEn cuanto hace al primero de esos cuestionamientos, se impone se\u00f1alar desde ya su fracaso, por las siguientes razones: <\/p>\n

2.1.\tMirada la sentencia combatida integralmente, es notorio que el Tribunal s\u00ed se percat\u00f3 de que las hermanas Luz Mercedes y Diana Mar\u00eda Arango Ram\u00edrez fueron parte en el negocio jur\u00eddico respecto del cual se solicit\u00f3 la acci\u00f3n de prevalencia y que, en tal virtud, estim\u00f3 que ellas intervinieron en el proceso, representadas por los propios reconvinientes. <\/p>\n

2.2.\tEn efecto, al referirse a la contrademanda, la citada Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que los primigenios demandados la presentaron \u201ca t\u00edtulo de cesionarios de los derechos litigiosos y dem\u00e1s derechos que tuvieren a su favor las se\u00f1oras Luz Mercedes y Diana Mar\u00eda Arango Ram\u00edrez, cesi\u00f3n que les fue hecha seg\u00fan documento a folio 6 del c. 2\u201d. <\/p>\n

Enseguida, en alusi\u00f3n al contenido de ese mismo libelo, la mencionada autoridad a\u00f1adi\u00f3 que aqu\u00e9llos \u201c[s]olicitaron se declarara que es simulado absolutamente el contrato de compraventa celebrado entre las se\u00f1oras mencionadas como vendedoras y la se\u00f1ora Martha Luc\u00eda Orozco Sierra, contenido en la escritura p\u00fablica 3423 de septiembre 7 de 1998 de la Notar\u00eda Primera de Envigado sobre los inmuebles identificados en la demanda principal\u201d (se subraya). <\/p>\n

M\u00e1s adelante, luego de afirmar que s\u00ed estaba demostrado el fingimiento contractual, el Tribunal coligi\u00f3 que \u201cdebe accederse a la pretensi\u00f3n de la demanda de reconvenci\u00f3n con las consecuencias respectivas, debido adem\u00e1s a que en el proceso intervinieron las partes contratantes, las vendedoras en cabeza de los contrademandantes[,] y la compradora\u201d (subrayas y negrillas fuera del texto). <\/p>\n

2.3.\tSe sigue de lo anterior, que el ad quem, como ya se insinu\u00f3, s\u00ed tuvo a Luz Mercedes y a Diana Mar\u00eda como vendedoras en el contrato objeto de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n; con esa comprensi\u00f3n, estim\u00f3 que era necesaria su intervenci\u00f3n en este asunto, para los efectos de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n propuesta en la demanda de reconvenci\u00f3n; y, finalmente, consider\u00f3 que ellas se encontraban representadas por los gestores de la indicada acci\u00f3n de prevalencia, en virtud de la cesi\u00f3n de derechos litigiosos que les hicieron a los contrademandantes. <\/p>\n

2.4.\tPor consiguiente, en ning\u00fan dislate y, menos, en el aducido por el censor, incurri\u00f3 el Tribunal, sin que, entonces, merezca acogimiento la queja casacional ahora examinada. <\/p>\n

3.\tFijada la atenci\u00f3n en la segunda cr\u00edtica elevada por el impugnante, se establece: <\/p>\n

3.1.\tCon la demanda de reconvenci\u00f3n se aport\u00f3 el contrato de \u201cCESI\u00d3N DE ACCIONES Y DERECHOS LITIGIOSOS\u201d, que es del siguiente contenido: <\/p>\n

LUZ MERCEDES ARANGO RAM\u00cdREZ y DIANA MAR\u00cdA ARANGO RAM\u00cdREZ[,] [m]ayores y vecinas la primera de la ciudad de Dortmund, Rep\u00fablica de Alemania[,] y la segunda de Medell\u00edn[,] Antioquia, identificadas como aparece al pie de nuestras firmas, como vendedoras de la se\u00f1ora (sic) MARTHA LUC\u00cdA OROZCO SIERRA, de acuerdo al contrato de compraventa de los inmuebles ubicados en el municipio de Envigado[,] Antioquia, matr[\u00ed]culas inmobiliarias 001-135830 y 001-347692, cuyos linderos, cabida y descripci\u00f3n general se encuentran determinados en la [e]scritura [p]\u00fablica N\u00b0 3423 del 7 de [s]eptiembre de 1998 de la Notar\u00eda Primera de Envigado[,] Antioquia, cuya copia aut\u00e9ntica se anexa al presente documento, manifestamos que: <\/p>\n

PRIMERO: Que la compradora MARTHA LUC\u00cdA OROZCO SIERRA, nunca ha pagado el precio pactado por la compraventa de los inmuebles relacionados. <\/p>\n

SEGUNDO: Que CEDEMOS, a t\u00edtulo de compraventa todas las acciones y derechos litigiosos y en general todos los derechos que en nuestro favor se deriven o se llegaren a derivar y que se encuentren contenidos en dicho contrato de compraventa antes mencionado(\u2026), en el estado contractual en que se encuentran a la fecha, a favor de los se\u00f1ores OLGA ELENA ARANGO RAM\u00cdREZ y CAMILO HUMBERTO OROZCO ARANGO[,] mayores y vecinos de Envigado[,] Antioquia, identificados con las [c]\u00e9dulas de [c]iudadan\u00eda 21.395.823 de Medell\u00edn[,] Antioquia[,] y 1.128.446.780 de Medell\u00edn[,] Antioquia. <\/p>\n

TERCERO: Que (\u2026) esta cesi\u00f3n se hace para volver las cosas a su estado precontractual y de esta forma dirimir el derecho de dominio de estos inmuebles. <\/p>\n

CUARTO: Que los CESIONARIOS, quedan en completa libertad de ejercer todas las acciones civiles ordinarias que se deriven del contrato contenido en la [e]scritura [p]\u00fablica antes mencionada, que en su criterio considere[n] convenientes y procedentes, bajo su propia cuenta y riesgo de tal forma que las resultas de las acciones judiciales[,] en cuanto a una eventual condena en costas, agencias en derecho y perjuicios ser\u00e1n de su \u00fanica y exclusiva responsabilidad. <\/p>\n

QUINTO: Que por lo anteriormente pactado, los CESIONARIOS no se consideran mandatarios o agentes oficiosos de las CEDENTES. <\/p>\n

SEXTO: Que la cesi\u00f3n objeto de este contrato ser\u00e1 debidamente notificada con el auto admisorio de las eventuales demandas que en contra de la compradora MARTHA LUC\u00cdA OROZCO SIERRA adelanten los CESIONARIOS, bajo su propia cuenta y riesgo. <\/p>\n

3.2.\tNo obstante la amplitud de la denominaci\u00f3n y del objeto (cl\u00e1usula segunda) del pretranscrito acuerdo de voluntades, en tanto que incluy\u00f3 la cesi\u00f3n de \u201ctodas las acciones\u201d derivadas de la compraventa a que \u00e9l aludi\u00f3, es patente que su genuina naturaleza corresponde a la de una protot\u00edpica cesi\u00f3n de derechos litigiosos, reglamentada en los art\u00edculos 1969 a 1972 del C\u00f3digo Civil, conclusi\u00f3n que, per se, desmiente la ilegalidad esgrimida por el censor. <\/p>\n

3.3.\tSiendo de ese linaje el analizado contrato, es del caso precisar que su eficacia, por ende, no estaba condicionada, de un lado, a la existencia de un proceso judicial en el que se estuviera debatiendo el derecho cedido, sino que era suficiente el car\u00e1cter incierto del mismo; ni, de otro, a su notificaci\u00f3n a la parte cedida y, mucho menos, a la aceptaci\u00f3n de \u00e9sta, a diferencia de lo que ocurre con la cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos, premisa que desvirt\u00faa su inoperancia frente a la se\u00f1ora Martha Luc\u00eda Orozco Sierra, que fue el otro reproche del recurrente. <\/p>\n

3.4.\tEn sustento de las apreciaciones consignadas en los dos puntos anteriores, debe se\u00f1alarse que as\u00ed lo defini\u00f3 la Corte en un caso de caracter\u00edsticas parecidas a las del presente, como quiera que trat\u00e1ndose de un proceso de responsabilidad contractual, all\u00ed tambi\u00e9n se discuti\u00f3 la legitimaci\u00f3n de la parte demandante, toda vez que actu\u00f3 como tal la cesionaria de la compradora en la respectiva enajenaci\u00f3n, fincada en el contrato mediante el cual esta \u00faltima le transfiri\u00f3 las \u201cacciones judiciales\u201d derivadas de los contratos base de la acci\u00f3n. <\/p>\n

Como no hay ninguna raz\u00f3n que aconseje, ni permita, variar dicho criterio, es del caso comentar con alg\u00fan detalle el prove\u00eddo al que se hizo alusi\u00f3n, a lo que se sigue: <\/p>\n

3.4.1.\tLa Sala, lo primero que hizo fue descartar que la indicada cesi\u00f3n fuera nula debido a la ilicitud de su objeto, por consistir en la \u201ccesi\u00f3n de acciones judiciales\u201d, cuesti\u00f3n respecto de la cual estim\u00f3 que, pese a dicha expresi\u00f3n, era claro que ese negocio jur\u00eddico \u201cno se refi[ri\u00f3] propiamente a la cesi\u00f3n del derecho de acci\u00f3n, definido como aquel que le otorga a toda persona la posibilidad de acudir ante la jurisdicci\u00f3n a pedir su actuaci\u00f3n con el fin de darle certeza a un derecho o a una situaci\u00f3n jur\u00eddica\u201d, ya que \u201c[l]a lectura del documento mencionado permite verificar que se trata de la cesi\u00f3n de unos derechos litigiosos, derivados de los contratos de promesa de compraventa y del contrato prometido; as\u00ed, dice en la cl\u00e1usula segunda bajo el subt\u00edtulo de Objeto, que \u2018el cedente transfiere a t\u00edtulo de cesi\u00f3n gratuita, conjuntamente a los cesionarios, todas las acciones que tiene o llegue a tener en contra de la sociedad (\u2026), en virtud de los contratos de promesa de compraventa, y posteriores escrituras, por medio de las cuales adquiri\u00f3 los inmuebles objeto del contrato de leasing, tales como la acci\u00f3n por el cobro de intereses por mora en la entrega de los inmuebles, acci\u00f3n para el cobro de la cl\u00e1usula penal, acciones de cumplimiento, de evicci\u00f3n, etc.\u2019, y en la cl\u00e1usula cuarta, bajo el subt\u00edtulo Garant\u00eda, que \u2018el cedente garantiza la existencia de los t\u00edtulos; pero no se obliga al resultado de las acciones que por este documento se transfieren, de toda suerte que los cesionarios se constituyen en \u00fanicos responsables del ejercicio de las mismas y liberan de toda responsabilidad al cedente, frente a ellos y a cualquier tercero que resulte perjudicado\u2019\u201d (negrillas fuera del texto). <\/p>\n

Sobre el mismo punto, a\u00f1adi\u00f3 que \u201c[s]e ve palmario, entonces, que la denominaci\u00f3n de \u2018cesi\u00f3n de acciones judiciales\u2019 empleada en el susodicho contrato, no se refiere al derecho de acci\u00f3n por cuyo ejercicio se puede poner en movimiento la administraci\u00f3n de justicia, sino al derecho material que emana de un contrato que, siendo disputado, su reconocimiento puede ser objeto de demanda judicial, con lo cual se legitima el cesionario para obtener su reconocimiento en provecho propio y asumiendo las consecuencias del resultado incierto de la litis\u201d (se subraya). <\/p>\n

3.4.2.\tLo segundo, con apoyo en una sentencia anterior de la misma Corporaci\u00f3n, record\u00f3 \u201cque \u2018para que un derecho tenga la calidad de litigioso basta que sea controvertido en todo o en parte, aun sin que sobre \u00e9l se hubiere promovido jurisdiccionalmente un pleito mediante el ejercicio de la acci\u00f3n respectiva; y por consiguiente, el titular de este derecho puede cederlo por venta o permutaci\u00f3n [o a cualquier otro t\u00edtulo, incluso gratuito, agr\u00e9gase ahora] a otra persona, entendi\u00e9ndose como tal operaci\u00f3n el traspaso del evento incierto de la litis, conforme a las propias expresiones del C\u00f3digo. Una cesi\u00f3n en tales condiciones obliga plenamente \u2013 a juicio de la Corte \u2013 a las personas que en ella intervienen, o sea al cedente y al cesionario\u2019 (\u2026) (G.J. LXIII, p. 468)\u201d (se subraya). <\/p>\n

3.4.3.\tY destac\u00f3, finalmente, que siendo esa la naturaleza del contrato de cesi\u00f3n que en ese asunto se hizo valer, \u201clos derechos objeto [del mismo], sin importar la espec\u00edfica denominaci\u00f3n de \u2018cesi\u00f3n de acciones judiciales\u2019 empleada por las partes, tienen el car\u00e1cter de litigiosos, de donde se sigue que la transferencia que de ellos se hizo en favor de la parte demandante no requiere de la notificaci\u00f3n previa y menos de la aceptaci\u00f3n del deudor, sujeto pasivo o supuesto contradictor de la demanda que para su definici\u00f3n se llegue a promover; es en el escenario del proceso respectivo en el que se ha de surtir la notificaci\u00f3n que habilita al deudor cedido para ejercer a plenitud el derecho de defensa, como aqu\u00ed sucedi\u00f3; una comunicaci\u00f3n distinta a esa y previa al ejercicio de la acci\u00f3n derivada del derecho material, ni se exige legalmente, ni representa utilidad pr\u00e1ctica ninguna\u201d (se subraya), <\/p>\n

3.4.4.\tAl cierre de su disertaci\u00f3n, la Corporaci\u00f3n concluy\u00f3: <\/p>\n

a) Que no hay objeto il\u00edcito que afecte de nulidad (\u2026) dicho acto, cuanto que tal cesi\u00f3n no corresponde a una cosa que est\u00e9 por fuera del comercio, no se trata de derecho o privilegio que no pueda transferirse a otra persona, no versa sobre cosas embargadas por decreto judicial, que son las hip\u00f3tesis de ilicitud consignadas en el art\u00edculo 1521 del C. Civil, ni, en fin, se trata de la cesi\u00f3n del derecho de acci\u00f3n en su pr\u00edstino sentido procesal; por el contrario, se refiere [a] un negocio jur\u00eddico perfectamente reconocido por la ley. Por consiguiente, no hubo error de hecho del tribunal al admitirlo para verificar la legitimaci\u00f3n de la parte demandante, pues vio justamente que no se trataba de la cesi\u00f3n del derecho p\u00fablico de acci\u00f3n sino de la acci\u00f3n derivada de un derecho material en v\u00eda de ser disputado ante la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

b) Que tampoco hab\u00eda que notificar previamente al deudor cedido ni menos se requer\u00eda provocar su aceptaci\u00f3n, que son actos previstos en el \u00e1mbito de la cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos (art\u00edculo 1960 del C. Civil), o de la sustituci\u00f3n o cesi\u00f3n de la posici\u00f3n contractual por un tercero (art\u00edculo 887 del C. de Comercio), seg\u00fan sea el caso, ninguna de cuyas especies corresponde a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que ofrece este proceso; acompasa el negocio jur\u00eddico cuestionado con la definici\u00f3n de cesi\u00f3n de un derecho litigioso que trae el art\u00edculo 1969 del C. Civil que ocurre \u2018cuando el objeto directo de la cesi\u00f3n es el evento incierto de la litis, del que no se hace responsable el cedente\u2019. <\/p>\n

d) En esas circunstancias ninguno de los yerros de hecho apuntados se ha dado, pues vio el tribunal el documento de cesi\u00f3n de acciones en los t\u00e9rminos que realmente corresponden, o sea como de derechos litigiosos, cuanto que no tuvo reparos para hallar la legitimaci\u00f3n de la parte demandante; y por contera, no ten\u00eda que verificar si hab\u00eda mediado notificaci\u00f3n o aceptaci\u00f3n del deudor cedido – futura contraparte -; sobre este punto vale recordar que no err\u00f3 por preterici\u00f3n el sentenciador por haber dejado de advertir la falta de notificaci\u00f3n o aceptaci\u00f3n de la comentada cesi\u00f3n, pues tales actos no se requer\u00edan para que tal cesi\u00f3n tuviera cumplido efecto, siendo suficiente la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda que instaur\u00f3 la parte demandante en su car\u00e1cter de cesionaria (CSJ, SC del 23 de octubre de 2003, Rad. n.\u00b0 7467; se subraya). <\/p>\n

3.5.\tContrastados esos razonamientos de la Corte con los fundamentos del espec\u00edfico reproche ahora revisado, se extracta su desacierto, pues en la cesi\u00f3n de derechos litigiosos que las se\u00f1oras Luz Mercedes y Diana Mar\u00eda Arango Ram\u00edrez hicieron a los reconvinientes, no se avizora causa que la invalide, o que la torne ineficaz, de lo que se sigue que el ad quem no err\u00f3, y menos de forma manifiesta o rutilante, al ponderar ese convenio, ni al reconocerle efectos para deducir la legitimaci\u00f3n de los reconvinientes, en su condici\u00f3n de cesionarios de las mencionadas se\u00f1oras. <\/p>\n

4.\tSe colige, en definitiva, que el cargo estudiado est\u00e1 signado por el fracaso. <\/p>\n

CARGO TERCERO <\/p>\n

Como en el caso de la acusaci\u00f3n anterior y con igual fundamento, aqu\u00ed se reproch\u00f3 el quebranto indirecto de los art\u00edculos 1505, 1602, 1618, 1757 y 1766 del C\u00f3digo Civil y 258, 264, 265 y 267 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u201ctodo con ocasi\u00f3n del error de derecho\u201d cometido por el Tribunal, \u201cal darle cabida y valoraci\u00f3n a toda una serie de indicios, olvidando, que se trata de una relaci\u00f3n interpartes, que requer\u00eda como m\u00ednimo o como punto de partida, una contraescritura o un principio de prueba por escrito, celebrado entre las mismas partes o por lo menos una confesi\u00f3n judicial, en torno a la supuesta simulaci\u00f3n acaecida\u201d. <\/p>\n

En desarrollo de la censura, su gestor esgrimi\u00f3: <\/p>\n

1.\tLa acci\u00f3n de simulaci\u00f3n promovida con la demanda de reconvenci\u00f3n vers\u00f3 sobre la compraventa contenida en la escritura No. 3423 del 7 de setiembre de 1998, documento p\u00fablico que, como tal, hace plena prueba entre quienes lo confirieron de su otorgamiento, fecha y \u201cde las declaraciones (\u2026) vertidas\u201d, seg\u00fan lo consagran los art\u00edculos 258 y 264 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n

2.\tEse estado de cosas determina que el acogimiento de dicha acci\u00f3n, de conformidad con el art\u00edculo 267 ib\u00eddem, requer\u00eda \u201cprimeramente de una contraescritura, o al menos de un principio de prueba por escrito pactado por los contratantes, para alterar el negocio contenido\u201d en el referido instrumento p\u00fablico, de modo que \u201c[s]in este prerrequisito, no p[od\u00eda] abrirse paso, (\u2026), la prueba indiciaria\u201d.
\n3.\tPrecis\u00f3 que cuando el fingimiento es deprecado por terceros, \u201cs[\u00ed] es perfectamente viable, por v\u00eda de la sana cr\u00edtica, acudir directamente a la prueba indiciaria\u201d; pero que \u201ccuando se trata de simulaci\u00f3n alegada inter partes, debe mediar, conforme a las normas apuntadas -Art\u00edculo[s] 1766 del [C]\u00f3digo [C]ivil, 264, 258 y 267 del C. de Procedimiento [C]ivil- la escritura privada o contraescritura, es decir, para develar la simulaci\u00f3n y alterar lo convenido en apariencia en la escritura p\u00fablica, no puede darse paso a otros medios de prueba sobre el particular, en especial, los indicios\u201d. <\/p>\n

4.\tAdvirti\u00f3 que la amplitud probatoria consagrada en el art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u201cno tiene aplicaci\u00f3n (\u2026), ya que conforme ha quedado demostrado, en trat\u00e1ndose de escrituras p\u00fablicas, los actos y declaraciones en ellas contenidas, inter partes, son plena prueba para sus part\u00edcipes y causahabientes, respecto de los cuales su contrariedad, requiere del pacto de la contra estipulaci\u00f3n y es solo frente a terceros que aquellos instrumentos p\u00fablicos se apreciaran conforme a la libertad probatoria y principios de sana cr\u00edtica\u201d. <\/p>\n

5.\tEn tal orden de ideas, reiter\u00f3 el desacierto del ad quem, puesto que soport\u00f3 la simulaci\u00f3n que declar\u00f3 en la prueba indicar\u00eda que relacion\u00f3 en su fallo, tesis en pro de la cual trajo a colaci\u00f3n el fallo de esta Corporaci\u00f3n adiado el 14 de octubre de 1954, que reprodujo parcialmente. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. De entrada debe \tse\u00f1alarse que desde cuando entr\u00f3 en vigencia el C\u00f3digo \tde Procedimiento Civil (1\u00ba de julio de 1971), desapareci\u00f3 \tel diferente tratamiento probatorio que exist\u00eda respecto de \tla acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, seg\u00fan que la \tpropusiera uno de los contratantes o un tercero. <\/p>\n

2.\tAs\u00ed lo tiene definido esta Sala desde entonces, sin ninguna fisura, como pasa a constatarse: <\/p>\n

2.1.\tA partir de 1973, la Corte se ocup\u00f3 de establecer la incidencia de las modificaciones que en la materia demostrativa introdujo el, en ese entonces, reciente C\u00f3digo de Procedimiento Civil, respecto de las restricciones que anta\u00f1o ten\u00eda el testimonio y los indicios en el campo de las obligaciones, en general, y de la simulaci\u00f3n de los actos y contratos, en particular. <\/p>\n

Es as\u00ed como, en sentencia de ese a\u00f1o, luego de poner de presente que, conforme al criterio imperante hasta entonces, la simulaci\u00f3n reclamada por las mismas partes contratantes s\u00f3lo pod\u00eda demostrarse \u201ccon la escritura privada aut\u00e9ntica; la confesi\u00f3n; y, por \u00faltimo, el principio de prueba por escrito, complementado con testigos o indicios\u201d, postura soportada, entre otras normas, en los art\u00edculos 91, 92 y 93 de la Ley 153 de 1997, as\u00ed como en el 1767 del C\u00f3digo Civil, la Sala se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

(\u2026) Sucede, empero, que como el C\u00f3digo de Procedimiento Civil hoy vigente, a cambio del principio de la tarifa legal de pruebas, que en lo referente a la valoraci\u00f3n de \u00e9stas era el dominante en el estatuto procesal anterior, consagr\u00f3 como regla general el sistema de la persuasi\u00f3n racional, conforme al cual corresponde al fallador ponderar razonadamente el m\u00e9rito de los distintos medios, sin estar sometido a reglas abstractas preestablecidas por el legislador, la teor\u00eda de la restricci\u00f3n de la prueba de la simulaci\u00f3n inter partes reclama una revisi\u00f3n, puesto que a la sustancial modificaci\u00f3n normativa as\u00ed operada debe sobrevenir el correspondiente cambio de la doctrina jurisprudencial en el punto (se subraya) <\/p>\n

Sentada esa premisa y tras ocuparse de la prueba de los contratos, este cuerpo colegiado estim\u00f3: <\/p>\n

Lo cual quiere decir que en el estatuto procedimental que hoy rige en el pa\u00eds se conserv\u00f3 la prohibici\u00f3n de la prueba testimonial por raz\u00f3n de la naturaleza solemne del acto jur\u00eddico, puesto que en \u00e9l es la ley la que exige un medio de prueba solemne, sin cuya observancia el acto no nace a la vida del derecho. <\/p>\n

Sin embargo, y por tratarse en tales supuestos de circunstancias que ordinariamente constan por escrito, el testimonio es hoy id\u00f3neo, como tambi\u00e9n lo fue antes, para probar ciertos hechos relacionados con el contrato solemne, como ocurre con los vicios del consentimiento que pueden haber existido en el contrato, o con la ilicitud de su causa o de su objeto, o con la falsedad del contrato solemne. <\/p>\n

(\u2026) Mas, como el art\u00edculo 187 del actual C\u00f3digo de Procedimiento Civil establece que \u2018las pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos\u2019, es forzoso aceptar que con la adopci\u00f3n del sistema de la persuasi\u00f3n racional, desaparecieron las restricciones que a la conducencia de la prueba testimonial establec\u00eda la legislaci\u00f3n anterior, en lo referente al valor de la obligaci\u00f3n por probar y a las posteriores reforma o adici\u00f3n de documentos; conserv\u00e1ndose \u00fanicamente para los eventos en que la ley exija prueba ad solemnitatem, pues en \u00e9stos el escrito se requiere como elemento de la esencia del acto y no como elementos ad probationem. <\/p>\n

Adem\u00e1s, como mediante el art\u00edculo 698 del C\u00f3digo citado quedaron expresamente derogados los textos 1767 del C\u00f3digo Civil, 91, 92 y 93 de la Ley 153 de 1887, que consagraban limitaciones a la prueba testimonial por raz\u00f3n del valor de la obligaci\u00f3n o para acreditar condiciones o cl\u00e1usulas que en el documento no aparec\u00edan, es errado continuar hoy predicando la ineficacia de los testimonios para probar contra lo dicho en documentos p\u00fablicos o privados. <\/p>\n

(\u2026) Fluye de lo anterior la consecuencia de que, cuando a pesar de expresarse en el documento la causa del acto o contrato, una de las partes alega que \u00e9sta no existe o que es otra, en lo cual se concreta la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, puede acudir a la prueba de testigos, o a la de indicios fundada en aqu\u00e9llos, y en forma general a todos los medios que le permitan llevar al convencimiento del juzgador la verdadera y real voluntad de los contratantes, para que \u00e9ste la haga prevalecer sobre la externa que ostenta el acto p\u00fablico. Al simulante se le deben admitir las pruebas de testigos y de indicios, pues de no ser as\u00ed, de tener \u00e9l que exhibir \u00fanicamente la contraescritura, o la confesi\u00f3n, o el principio de prueba emanado de la otra parte, se le colocar\u00eda dentro de la regla consistente en (\u2026) que el escrito prevalece sobre el testimonio oral, la que, como ha quedado visto, a la luz de la nueva ley probatoria ha perdido en principio su vigencia. <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

(\u2026) Y si, como lo ha sostenido \u00faltimamente la doctrina de la Corte (sentencias de 16 de mayo y 30 de agosto de 1968, a\u00fan no publicadas, y 21 de mayo de 1969, G.J. T. CXXX, 142), en el fen\u00f3meno simulatorio no existe sino un solo y \u00fanico acto, resultante de una misma voluntad expresada en parte con fines de mera apariencia, y en parte con fines efectivos (concepci\u00f3n unitaria o monista); y no dos actos jur\u00eddicos distintos, uno ostensible y otro oculto, destinado el segundo a alterar el primero (concepci\u00f3n dualista), resultar\u00eda inaplicable el art\u00edculo 232 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil a los casos de simulaci\u00f3n en que, como aqu\u00ed ocurre, existe un documento escrito, puesto que en tal evento no busca el demandante demostrar la existencia de una convenci\u00f3n jur\u00eddica no plasmada por escrito, sino acreditar que la causa real del pacto es distinta de la que reza el instrumento; y, por consiguiente, que su voluntad real debe prevalecer sobre el simple tenor de la declaraci\u00f3n aparente (CSJ, SC del 25 de septiembre de 1973, G.J., t. CXLVII, p\u00e1gs. 61 a 72; se subraya). <\/p>\n

2.2.\tAlg\u00fan tiempo despu\u00e9s, precis\u00f3 que \u201c[h]oy en d\u00eda con la expedici\u00f3n del nuevo C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la distinci\u00f3n de partes y terceros en materia probatoria y para efectos de comprobar la simulaci\u00f3n, perdi\u00f3 toda importancia, pues quien actualmente ataca un acto de simulado bien puede acudir a todos los medios de convicci\u00f3n para demostrar ese hecho\u201d (CSJ, SC del 14 de septiembre de 1976, G.J., t. CLII, p\u00e1gs. 392 a 396; se subraya). <\/p>\n

2.3.\tDe forma m\u00e1s pr\u00f3xima, luego de memorar el diferente r\u00e9gimen probatorio que en materia de simulaci\u00f3n exist\u00eda antes de entrar en vigencia el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, reiter\u00f3 que \u201c[a]ctualmente esta distinci\u00f3n despareci\u00f3 por completo, como lo expuso la Corte en su sentencia del 25 de septiembre de 1973 (CXLVII, p\u00e1g. 61), de suerte que no es necesario tener en cuenta la persona que pretende la declaratoria de simulaci\u00f3n, o sea que si la promueve una de las partes que intervino en el acto simulado o un tercero, la libertad probatoria es ampl\u00edsima en ambos casos (CSJ, SC del 13 de mayo de 1980. Proceso ordinario de Luis Vargas Lorenzana contra Pablo Emilio Zapata y otro. No publicada). <\/p>\n

2.4.\tCon cierta mayor amplitud, posteriormente la Sala expres\u00f3 que \u201c[s]i en ocasi\u00f3n pasada la doctrina de la Corte, en materia de la prueba de la simulaci\u00f3n distingu\u00eda si era alegada inter partes o por terceros, para restringirla respecto de los primeros y permitir su establecimiento por todos los medios de convicci\u00f3n con relaci\u00f3n a los segundos, actualmente ya no se ofrece esa dificultad, que qued\u00f3 proscrita con la expedici\u00f3n en 1970 del nuevo estatuto procedimental al establecer, como principio general y rector, el de la libertad probatoria, dejando \u00fanicamente a salvo cuando la ley sustancial establezca solemnidades para la existencia o validez de ciertos actos, pues sobre el particular expresa el 187 del C. de P.C. que las \u2018pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas por la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos\u2019. (\u2026) El saludable principio de la libertad probatoria en lo tocante con la simulaci\u00f3n tiene su raz\u00f3n de ser y justificaci\u00f3n en que generalmente los simuladores asumen una conducta sigilosa en su celebraci\u00f3n, puesto que toman previsiones para no dejar huella de su fingimiento y, por el contrario, en el recorrido de tal prop\u00f3sito, procuran revestirlo de ciertos hechos que exteriorizan una aparente realidad. Porque como en la concertaci\u00f3n de un acto simulado generalmente las partes persiguen soslayar la ley o los derechos de terceros, los simulantes preparan el terreno y conciben urdirlo dentro del marco de la m\u00e1s severa cautela, sin dejar trazas de su insinceridad. De suerte que ense\u00f1orea, para el efecto, la astucia, el ardid, la conducta ma\u00f1osa y soterrada (CSJ, SC del 26 de marzo de 1985. Proceso ordinario de Ruth Magdalena Mor\u00e1n Mu\u00f1oz contra Jos\u00e9 Rafael Moncayo Guerrero. No publicada; se subraya). <\/p>\n

2.5.\tCasi una d\u00e9cada m\u00e1s tarde, la Sala record\u00f3: <\/p>\n

2.6.\tY en \u00e9poca reciente, asever\u00f3: <\/p>\n

No existen exigencias espec\u00edficas para desvelar el verdadero querer de quienes intervinieron en el acuerdo discutido, ya que como memor\u00f3 la Corte en SC14059-2014, al estudiar un asunto de la misma naturaleza, <\/p>\n

(\u2026) respecto de la instituci\u00f3n analizada no existe limitaci\u00f3n probativa alguna; la atestaci\u00f3n de su formaci\u00f3n no est\u00e1 restringida a un medio determinado. La Sala, en reciente pronunciamiento, vindic\u00f3 la libertad probatoria para acreditarla (\u2026) \u2018De este modo, podr\u00e1 demostrarse mediante prueba de confesi\u00f3n, declaraci\u00f3n de tercero, documento, inspecci\u00f3n judicial, dictamen pericial e indicio de cuya valoraci\u00f3n l\u00f3gica, racional y sistem\u00e1tica derive inequ\u00edvocamente\u2019 (cas. civ. sentencias de 15 de febrero de 2000, exp. 5438, S-029 y 15 de marzo de 2000, exp. 5400; 28 de febrero de 1979, CLIX, No. 2400, pp. 49 a 51; 25 de septiembre de 1973, CXVII, Nos. 2372 a 2377, pp. 65 a 68; 10 de marzo de 1955. CCXXXIV, pp. 406 y ss.) (CSJ, SC 8605 del 27 de junio de 2016, Rad. n.\u00b0 2007-00657-02; se subraya). <\/p>\n

Dos meses despu\u00e9s, manifest\u00f3: <\/p>\n

Lo normal es que el designio expresado por los contratantes concuerde con su real volici\u00f3n, teni\u00e9ndose por tanto el pacto como verdadero y eficaz. Consecuentemente, quien lo impugna por simulaci\u00f3n lleva sobre s\u00ed la carga de demostrar la distorsi\u00f3n existente entre la voluntad declarada y la genuina, para de ese modo remover el velo que lo arropa y exponerla a la luz. En esa tarea, resulta \u00fatil la prueba indiciaria, porque usualmente el acuerdo fingido se urde en la sombra, en donde sus art\u00edfices quieren evitar el descubrimiento de sus aut\u00e9nticos designios; pero el valerse de tales inferencias no significa el desplazamiento de los dem\u00e1s medios de persuasi\u00f3n legamente previstos, pues para establecer la veracidad de la convenci\u00f3n no existe ninguna cortapisa probatoria (CSJ, SC 11232 del 16 de agosto de 2016, Rad. n.\u00b0 2010-00235-01; se subraya). <\/p>\n

Y mediando s\u00f3lo unos pocos d\u00edas, insisti\u00f3 en que: <\/p>\n

Planteadas las premisas sobre las que gir\u00f3 el debate en las instancias, que deriv\u00f3 finalmente en la aceptaci\u00f3n de la excepci\u00f3n planteada (Art. 306, 2\u00ba inc. CPC), se hace necesario precisar si el fallador incurri\u00f3 en los errores f\u00e1cticos atribuidos, previo a lo cual bueno es recordar que en pretensiones como la que se estudia, existe libertad probatoria, empero se convierte el indicio en el medio de convicci\u00f3n por excelencia para gobernar el an\u00e1lisis panor\u00e1mico de la controversia (CSJ, SC 11786 del 26 de agosto de 2016, Rad. n.\u00b0 2006 00322 01; se subraya). <\/p>\n

3.\tEse conjunto de pronunciamientos, que siguen una misma l\u00ednea conceptual sobre la materia examinada, constituye doctrina probable en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 169 de 1896, que establece: \u201cTres decisiones uniformes dadas por la Corte como Tribunal de Casaci\u00f3n sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina probable, y los Jueces podr\u00e1n aplicarla en casos an\u00e1logos, lo cual no obsta para que la Corte variara la doctrina en caso de que juzgue err\u00f3neas las decisiones anteriores\u201d, hip\u00f3tesis final que no hace presencia en el sub lite, en tanto que no se avizoran razones que conduzcan a modificar, en lo m\u00e1s m\u00ednimo, el criterio expuesto, el cual, por consiguiente, se mantiene inalterado. <\/p>\n

4.\tNo son necesarios otros argumentos, para colegir la inexistencia del error de derecho que se imput\u00f3 al Tribunal. <\/p>\n

En verdad que en ning\u00fan yerro incursion\u00f3 dicho sentenciador y, menos en ese, cuando dedujo de la prueba testimonial e indiciaria que identific\u00f3, la comprobaci\u00f3n del fingimiento del contrato de compraventa en virtud del cual se radic\u00f3 en cabeza de la reivindicante, pero de forma aparente, el dominio de los inmuebles disputados en este asunto, sin exigir para su apreciaci\u00f3n un medio de convicci\u00f3n escrito. <\/p>\n

Es que como qued\u00f3 analizado de la mano de la jurisprudencia atr\u00e1s reproducida, las restricciones que anta\u00f1o existieron para la comprobaci\u00f3n del fingimiento de los actos y negocios jur\u00eddicos por parte de quienes fueron parte en ellos, desparecieron desde cuanto entr\u00f3 en vigencia el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hace ya casi cuatro d\u00e9cadas. <\/p>\n

5.\tHabr\u00e1 de negarse, por lo tanto, el cargo as\u00ed propuesto. <\/p>\n

CARGO CUARTO <\/p>\n

Tambi\u00e9n con estribo en la primera causal de casaci\u00f3n, el censor denunci\u00f3 la sentencia combatida por infracci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 946, 947, 950, 952, 961, 962, 964 a 966, 969, 1618 y 1766 del C\u00f3digo Civil, \u201ccomo consecuencia de errores manifiestos y trascendentes en la apreciaci\u00f3n probatoria\u201d. <\/p>\n

En sustento de la acusaci\u00f3n, el recurrente, en concreto, le imput\u00f3 al Tribunal la comisi\u00f3n de los siguientes yerros f\u00e1cticos: <\/p>\n

1.\tIncorrecta apreciaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica 3423 del 7 de septiembre de 1998, \u201cen donde figura el precio de la compraventa por un valor de $91.200.000.00 que fue recibido de contado y [a] entera satisfacci\u00f3n por las vendedoras\u201d. <\/p>\n

2.\tFalta de ponderaci\u00f3n de los actos dispositivos que la primigenia actora realiz\u00f3 de los inmuebles disputados, como propietaria de los mismos, particularmente, la venta que de un sector de ellos efectu\u00f3 al municipio de Envigado, mediante escritura p\u00fablica No. 659 del 1\u00ba de agosto de 2001. <\/p>\n

3.\tDesconocimiento de \u201clas reformas efectuadas al inmueble, los contratos con trabajadores\u201d para su verificaci\u00f3n, \u201cel pago del impuesto predial\u201d y los testimonios de los se\u00f1ores William de Jes\u00fas M\u00fanera Garc\u00eda, Jaime Henao Cruz y Franio de Jes\u00fas Hincapi\u00e9 Henao, respecto de los cuales el censor simplemente reprodujo la conclusi\u00f3n que obtuvo el a quo. <\/p>\n

4.\tIgnorar que en la audiencia de conciliaci\u00f3n celebrada en el curso de la primera instancia, los primigenios demandados \u201creconocieron, mediante apoderado, de manera t\u00e1cita, el derecho real de dominio de la se\u00f1ora MARTHA LUC\u00cdA OROZCO SIERRA, donde incluso, hicieron un ofrecimiento econ\u00f3mico para quedarse con el inmueble. Id\u00e9ntica situaci\u00f3n ocurri\u00f3 en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial\u201d. <\/p>\n

5.\tSoslayar la cl\u00e1usula primera del contrato de cesi\u00f3n de acciones y derechos litigiosos que Luz Mercedes y Diana Mar\u00eda Arango Ram\u00edrez hicieron a los iniciales convocados y reconvinientes, en la que declararon \u201c[q]ue la compradora MARTHA LUC\u00cdA OROZCO SIERRA nunca ha pagado el precio por la compraventa de los inmuebles anteriormente relacionados\u201d, manifestaci\u00f3n de la que se deduce \u201cque REALMENTE EL CONTRATO CELEBRADO FUE V\u00c1LIDO Y NO SIMULADO\u201d y que \u201cm\u00e1s que una acci\u00f3n de simulaci\u00f3n\u201d, lo que se busc\u00f3 fue \u201cla resoluci\u00f3n del contrato de compraventa POR FALTA DE PAGO es decir el contrato fue v\u00e1lido\u201d, conclusi\u00f3n avalada por el juzgado del conocimiento. <\/p>\n

6.\tDefectuosa valoraci\u00f3n del testimonio rendido por William de Jes\u00fas M\u00fanera Garc\u00eda, por las siguientes razones: <\/p>\n

6.1. \tEl certificado de la C\u00e1mara de Comercio con base en el cual el ad quem concluy\u00f3 que el deponente falt\u00f3 a la verdad, habida cuenta la fecha de su expedici\u00f3n, no desvirtu\u00f3 la manifestaci\u00f3n que aqu\u00e9l hizo, de que para la fecha de celebraci\u00f3n de la compraventa atacada de simulada se desempe\u00f1aba como revisor fiscal de \u201cOVNILLANTAS ENVIGADO LTDA. EN LIQUIDACI\u00d3N\u201d. <\/p>\n

6.2. \tComport\u00f3 la preterici\u00f3n del certificado de C\u00e1mara de Comercio aportado con la demanda de reconvenci\u00f3n, en tanto que de \u00e9l se desprende \u201cque el se\u00f1or M\u00daNERA GARC\u00cdA era el revisor fiscal de onvillantas (sic) con fecha de certificaci\u00f3n 14 de abril de 1998 (fl. 14 vto., cuaderno 2)\u201d, por lo que era imposible, cual lo concluy\u00f3 el ad quem, que \u201cdesde el 6 de abril de 1998\u201d quien se desempe\u00f1aba como tal, fue \u201cel se\u00f1or Hern\u00e1n Dar\u00edo Posada Agudelo\u201d. <\/p>\n

6.3. \tEl Tribunal alter\u00f3 el verdadero sentido de la declaraci\u00f3n, puesto que en relaci\u00f3n con la manifestaci\u00f3n del testigo se atinente a que fue consultado sobre c\u00f3mo ingresar a la contabilidad de la sociedad los d\u00f3lares entregados como parte de pago del precio de los inmuebles, el ad quem pas\u00f3 por alto que la citada sociedad era de propiedad de Olga Arango Ram\u00edrez y de su familia, mas no de la compradora. <\/p>\n

7.\tY \u201c[d]ar por demostrad[o], sin estarlo, que la actora MARTHA LUC\u00cdA OROZCO SIERRA no ten\u00eda recursos econ\u00f3micos para comprar el inmueble y que la causa de la simulaci\u00f3n fue el proceso penal contra ANTONIO OROZCO, el mismo, que aunque existi\u00f3, nunca repercuti\u00f3 en el patrimonio del mismo, y si se hubiera presentado, porque (sic) no haber dejado los bienes en cabeza de la familia de su compa\u00f1era permanente OLGA ELENA ARANGO RAM\u00cdREZ\u201d. <\/p>\n

8.\tAl cierre, el recurrente explic\u00f3 la trascendencia de los precedentes desatinos. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tComo se desprende del compendi\u00f3 que se hizo de la sentencia combatida, el Tribunal hall\u00f3 comprobada la simulaci\u00f3n del contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica 3423 del 7 de septiembre de 1998 de la Notar\u00eda Primera de Envigado, con los siguientes elementos de juicio: <\/p>\n

1.1.\tLos testimonios rendidos por Natalia y Mar\u00eda Cecilia Arango Ram\u00edrez, versiones que encontr\u00f3 corroboradas con la primigenia demanda, en cuanto hace al hecho de la p\u00e9rdida de la libertad del se\u00f1or Antonio Jos\u00e9 Orozco Sierra, y con el documento de folio 20 del cuaderno 3, respecto al embargo de las cuotas sociales que \u00e9l ten\u00eda en la sociedad \u201cOVNILLANTAS ENVIGADO LTDA., EN LIQUIDACI\u00d3N\u201d, por parte de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n

1.2.\tPor aparte advirti\u00f3 que, adicionalmente, \u201cexist\u00edan indicios suficientes\u201d sobre el fingimiento contractual, tales como la falta de demostraci\u00f3n de los recursos con los que supuestamente se pag\u00f3 el precio estipulado; la inexistencia del recibo en que se registr\u00f3 el mismo; la familiaridad de los contratantes; la poca capacidad econ\u00f3mica de la compradora; las circunstancias que determinaron la simulaci\u00f3n, en concreto, los problemas penales que tuvo el ya nombrado Orozco Sierra y la creencia de la se\u00f1ora Olga Elena Arango Ram\u00edrez de que por ser ella, en ese entonces, la compa\u00f1era permanente de \u00e9ste, sus bienes tambi\u00e9n pod\u00edan ser perseguidos por la justicia; la mendacidad con la que procedi\u00f3 el testigo William de Jes\u00fas M\u00fanera Garc\u00eda; y la falta de contestaci\u00f3n de la demanda de reconvenci\u00f3n. <\/p>\n

2.\tEl primero de esos fundamentos no fue combatido por el recurrente en el cargo que ahora se examina, ni en los precedentemente desatados; el segundo lo fue en el cargo tercero, pero s\u00f3lo en cuanto hace a la apreciaci\u00f3n que el Tribunal hizo de los indicios, mas no respecto de su configuraci\u00f3n, debi\u00e9ndose tener en cuenta que esa acusaci\u00f3n, como viene de establecerse, naufrag\u00f3. <\/p>\n

3.\tSe sigue de lo anterior, que la base f\u00e1ctica que le permiti\u00f3 al ad quem colegir la falta de sinceridad del negocio cuestionado en la reconvenci\u00f3n, por no haber sido controvertida o por haberlo sido infructuosamente, contin\u00faa en pie, prest\u00e1ndole apoyo suficiente a esa inferencia del ad quem. <\/p>\n

Y por no referirse a ellos, propio es pensar que, en frente de las conclusiones a las que, en el campo de los hechos, arrib\u00f3 el Tribunal, ning\u00fan efecto tiene afirmar la falta de apreciaci\u00f3n de la escritura de venta, en lo tocante con la declaraci\u00f3n de haberse pagado de contado el precio convenido; o que no se valor\u00f3 la enajenaci\u00f3n parcial que de uno de los lotes disputados, hizo la se\u00f1ora Orozco Sierra al municipio de Envigado; o que se soslayaron sus actos de se\u00f1or\u00edo sobre los tales bienes ra\u00edces (mejoras y pago de impuestos); o que no se tuvo en cuenta que los iniciales accionados y reconvinientes, reconocieron t\u00e1citamente el dominio de aqu\u00e9lla; o que se pretiri\u00f3 la cl\u00e1usula primera del contrato de \u201cCESI\u00d3N DE ACCIONES Y DERECHO LITIGIOSOS\u201d a que ya se hizo menci\u00f3n, pues con la afirmaci\u00f3n que all\u00ed aparece de que no se pag\u00f3 el precio de la venta, se admiti\u00f3 la veracidad de ese negocio jur\u00eddico. <\/p>\n

Esas omisiones, as\u00ed se admitan como ciertas, carecen de la fuerza necesaria para desvirtuar el juico del ad quem, relativo a apariencia de la enajenaci\u00f3n, por lo que no est\u00e1n llamadas a ocasionar el quiebre de su fallo. <\/p>\n

5.\tAdicionalmente, es del caso resaltar que el Tribunal no pretiri\u00f3 los testimonios rendidos por los se\u00f1ores William de Jes\u00fas M\u00fanera Garc\u00eda, Jaime Henao Cruz y Franio de Jes\u00fas Hincapi\u00e9 Henao, a los que se refiri\u00f3 expresamente, sino que, por el contrario, fruto de la ponderaci\u00f3n que de ellos hizo, concluy\u00f3 que ninguno, por las razones que en cada caso explicit\u00f3, desvirtu\u00f3 la comprobaci\u00f3n de la simulaci\u00f3n que detect\u00f3 acreditada. <\/p>\n

6.\tYa en lo que hace a la declaraci\u00f3n del primero de los nombrados, tampoco se encuentra el desacierto atribuido al ad quem, pues el certificado que obra en los folios 20 a 22 del cuaderno No. 3 acredita que \u201cPOR ACTA No. 0000018 (\u2026) DEL 6 DE ABRIL DE 1998, INSCRITA EL 15 DE MAYO DE 1998 BAJO EL N\u00daMERO 00034495 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRE REVISOR FISCAL POSADA ARANGO HERNAN DARIO IDENTIFICACI\u00d3N C.C. 00008287630\u201d, lo que significa que era \u00e9l quien ocupaba esa posici\u00f3n en \u201cOVNILLANTAS ENVIGADO LTDA. EN LIQUIDACI\u00d3N\u201d para la fecha de la escritura signada como aparente, toda vez que ella data del 7 de septiembre del citado a\u00f1o (1998). <\/p>\n

Cabe agregar que la precedente aserci\u00f3n del Tribunal, no qued\u00f3 desdibujada con el certificado allegado con la demanda de reconvenci\u00f3n, pues habiendo sido expedido el 14 de abril de 1998, es decir, un d\u00eda antes del registro del acta No. 0000018, contentiva del nombramiento de Hern\u00e1n Dar\u00edo Posada Arango como revisor fiscal de la mentada sociedad, mal pod\u00eda reflejar dicho certificado ese suceso, sin que de all\u00ed pueda afirmarse que \u00e9l no tuvo ocurrencia, o que no fue cierto. <\/p>\n

Se suma a lo dicho que, ciertamente, carece de sentido que el testigo M\u00fanera Garc\u00eda hubiese justificado el conocimiento que dijo haber tenido de la compraventa aqu\u00ed controvertida, en el hecho de haber sido consultado sobre la forma c\u00f3mo deb\u00edan ingresarse a la contabilidad de \u201cOVNILLANTAS ENVIGADO LTDA.\u201d los d\u00f3lares entregados como parte del precio, pues las vendedoras Luz Mercedes y Diana Mar\u00eda Arango Ram\u00edrez eran personas completamente extra\u00f1as a dicha sociedad, como se desprende de los certificados de existencia y representaci\u00f3n de la misma.
\n7.\tEl cargo examinado, por ende, no prospera. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 3 de diciembre de 2013, proferida por el Tribunal Superior de Medell\u00edn, Sala Civil, en el proceso que se dej\u00f3 plenamente identificado en los comienzos de este prove\u00eddo. <\/p>\n

Costas en casaci\u00f3n, a cargo de la parte recurrente. Como el demandado guard\u00f3 silencio dentro del t\u00e9rmino de traslado de la demanda con que se sustent\u00f3 dicha impugnaci\u00f3n extraordinaria, se fija como agencias en derecho la suma de $3.000.000.oo. La Secretar\u00eda de la Sala efect\u00fae la correspondiente liquidaci\u00f3n. <\/p>\n

C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente SC3379-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05266-31-03-000-2011-00370-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de sala del veinte de febrero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil diecinueve (2019).- Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por MARTHA LUC\u00cdA OROZCO SIERRA, frente a la sentencia del 16 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102526","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102526","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102526"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102526\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102526"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102526"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102526"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}