{"id":102527,"date":"2026-07-02T15:44:51","date_gmt":"2026-07-02T15:44:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102527"},"modified":"2026-07-02T15:44:51","modified_gmt":"2026-07-02T15:44:51","slug":"sc3404-2019-2011-00568-01","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc3404-2019-2011-00568-01\/","title":{"rendered":"SC3404-2019 (2011-00568-01)"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

SC3404-2019 <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-10-008-2011-00568-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de once de abril de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil diecinueve (2019).- <\/p>\n

Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n que interpuso la demandada MAR\u00cdA NUBIA PATI\u00d1O ZAMBRANO, frente a la sentencia del 30 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala de Familia, en el proceso ordinario que en contra de ella adelant\u00f3 ALFONSO GONZ\u00c1LEZ. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEn el libelo con el que se dio inicio al litigio, que milita en los folios 69 a 82 del cuaderno No. 1, se solicit\u00f3 declarar que entre las partes existi\u00f3 tanto una uni\u00f3n marital de hecho, como la consecuente sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, desde el 17 de agosto de 2000 y hasta el 30 de noviembre de 2010; decretar la disoluci\u00f3n de \u00faltima; y condenar en costas a la convocada. <\/p>\n

2.\tEn sustento de dichos pedimentos se adujo, en resumen, la convivencia de las partes durante el lapso de tiempo comprendido entre las fechas atr\u00e1s indicadas; la procreaci\u00f3n, como su hija com\u00fan, de Karen Catalina Gonz\u00e1lez Pati\u00f1o, mayor de edad al momento de la presentaci\u00f3n de la demanda; ser los litigantes solteros y no haber suscrito \u201ccapitulaciones maritales\u201d; la conformaci\u00f3n de la sociedad patrimonial por los bienes y negocios enlistados en el mismo escrito; y que la relaci\u00f3n termin\u00f3 cuando la accionada abandon\u00f3 el hogar, \u201cpor incompatibilidad de caracteres\u201d, provocada por \u201cla avanzada edad\u201d del actor. <\/p>\n

3.\tLa totalidad del tr\u00e1mite primigeniamente impartido, fue anulado por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala de Familia, mediante auto del 31 de mayo de 2012, visible en los folios 143 a 145 del cuaderno No. 2. <\/p>\n

4.\tRenovada la actuaci\u00f3n, la demanda fue admitida con auto del 4 de julio de 2012 (fl. 372, cd. 1), que se notific\u00f3 personalmente el d\u00eda 10 siguiente al apoderado judicial de la convocada (fl. 372 vuelto, cd. 1). <\/p>\n

5.\tEn tiempo, el profesional designado por la se\u00f1ora Pati\u00f1o Zambrano replic\u00f3 la acci\u00f3n y, en tal virtud, se opuso a las pretensiones, se pronunci\u00f3 de distinta manera sobre los hechos y formul\u00f3 las excepciones meritorias que denomin\u00f3 \u201cINEXISTENCIA DE LA CONVIVENCIA\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE LA DISOLUCI\u00d3N Y LIQUIDACI\u00d3N DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO\u201d, \u201cPRESCRIPCI\u00d3N DE LA ACCI\u00d3N PARA OBTENER LA DISOLUCI\u00d3N Y LIQUIDACI\u00d3N DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE COMPA\u00d1EROS PERMANENTES\u201d, \u201cACEPTACI\u00d3N DE LA CALIDAD DE EX COMPA\u00d1EROS POR PARTE DEL SE\u00d1OR ALFONSO GONZ\u00c1LEZ\u201d, \u201cINCONGRUENCIA Y CONTRADICCI\u00d3N POR PARTE DEL DEMANDANTE, RESPECTO DEL SUPUESTO TIEMPO DE CONVIVENCIA Y LA FECHA DE LIQUIDACI\u00d3N DE LA SOCIEDAD PATRIMIONIAL DE HECHO, QUE DISOLVI\u00d3 EL JUZGADO 19 DE FAMILIA MEDIANTE SENTENCIA DE FECHA DOS (02) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000)\u201d, \u201cINCONGRUENCIA Y CONTRADICCI\u00d3N POR PARTE DEL DEMANDANTE, RESPECTO DEL SUPUESTO TIEMPO DE CONVIVENCIA Y LO AFIRMADO EN EL HECHO No. 15 DE LA DEMANDA\u201d, \u201cCONFESI\u00d3N POR PARTE DEL DEMANDANTE ALFONSO GONZ\u00c1LEZ, ACERCA DE LA INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA UNI\u00d3N MARITAL DE HECHO, ENTRE EL MISMO Y LA SE\u00d1ORA MAR\u00cdA NUBIA PATI\u00d1O ZAMBRANO\u201d, y \u201cTEMERIDAD O MALA FE DEL DEMANDANTE\u201d (fls. 379 a 399, cd. 1). <\/p>\n

6.\t No obstante la menci\u00f3n que ya se hizo de la demanda y de su contestaci\u00f3n, es del caso destacar que, seg\u00fan se desprende de esos dos escritos, entre las mismas partes existi\u00f3 tanto una primera uni\u00f3n marital de hecho, como la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes que se deriv\u00f3 de ella, cuya vigencia fue anterior al inicio de la uni\u00f3n cuya declaratoria se solicit\u00f3 en este asunto, v\u00ednculos que fueron reconocidos judicialmente, habiendo procedido los compa\u00f1eros a liquidar de mutuo acuerdo la referida sociedad patrimonial. <\/p>\n

Al respecto, v\u00e9ase c\u00f3mo en la parte final de la pretensi\u00f3n primera del escrito generatriz de la controversia, su autor pidi\u00f3 que el reconocimiento de la uni\u00f3n marital y de la sociedad patrimonial sobre las que vers\u00f3 este asunto, se hiciera \u201cteniendo en cuenta que los ex compa\u00f1eros permanentes hab\u00edan liquidado la anterior sociedad patrimonial, seg\u00fan sentencia emitida por el Juzgado 19 de Familia de Bogot\u00e1, D.C., el 2 de agosto de 2000, que cobr\u00f3 ejecutoria el 16 de agosto de 2000\u201d y que \u201cla nueva [u]ni\u00f3n marital de hecho, emp[ez\u00f3] desde el 17 de agosto de 2000, y ellos continuaron conviviendo, compartiendo lecho, techo y mesa\u201d. <\/p>\n

Tambi\u00e9n, que con ese libelo se aport\u00f3 copia de la sentencia del 2 de agosto de 2000, dictada por el Juzgado Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1, en la que se declar\u00f3, en primer lugar, que \u201centre MARIA NUBIA PATI\u00d1O ZAMBRANO y ALFONSO GONZ\u00c1LEZ, se conform\u00f3 una UNI\u00d3N MARITAL DE HECHO, a partir del 31 de diciembre de 1990, hasta el 20 de noviembre de 1999\u201d; y, en segundo t\u00e9rmino, que \u201centre las partes, se conform\u00f3 una sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, desde el 25 de mayo de 1993, hasta el 20 de noviembre de 1999\u201d. As\u00ed las cosas, en dicho fallo, tras disponerse la disoluci\u00f3n de la referida sociedad patrimonial, se orden\u00f3 proceder a su liquidaci\u00f3n (fls. 3 a 8, cd. 1). <\/p>\n

Del mismo modo, debe recabarse en que el fundamento f\u00e1ctico esencial en el que se finc\u00f3 la actitud defensiva de la convocada, consisti\u00f3 en que entre las mismas partes existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho distinta y anterior a la de este litigio, cuya vigencia se extendi\u00f3 entre diciembre de 1990 y el 20 de noviembre de 1999, sin que con posterioridad a cuando la misma fue reconocida judicialmente (2 de agosto de 2000), los compa\u00f1eros hubieren vuelto a hacer vida marital. <\/p>\n

En palabras del escrito de contestaci\u00f3n: \u201cEn ese orden de ideas, es claro y sin lugar a dudas, que el se\u00f1or ALFONSO GONZ\u00c1LEZ, una vez disuelta y liquidada la \u00fanica sociedad marital de hecho que existi\u00f3 desde 1990 hasta 1999, NUNCA volvi\u00f3 a hacer vida en com\u00fan con mi poderdante MAR\u00cdA NUBIA PATI\u00d1O ZAMBRANO, mucho menos a compartir techo, lecho y mesa, como de mala fe, el demandante pretende(\u2026) hacer creer al Despacho, (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Cabe a\u00f1adir, que milita en autos copia de la escritura p\u00fablica No. 1892 del 26 de julio de 2002, otorgada en la Notar\u00eda Quince de Bogot\u00e1, mediante la cual los se\u00f1ores Gonz\u00e1lez y Pati\u00f1o Zambrano, luego de memorar el reconocimiento judicial de la uni\u00f3n marital que existi\u00f3 entre ellos y de sociedad patrimonial que se conform\u00f3 como consecuencia de dicho v\u00ednculo, procedieron \u201cde mutuo acuerdo a realizar la liquidaci\u00f3n\u201d de la \u00faltima (fls. 312 a 322, cd. 1). <\/p>\n

7.\tConforme lo atr\u00e1s expuesto, pertinente es precisar, entonces, que el presente proceso vers\u00f3 sobre una uni\u00f3n marital de hecho y sobre la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes que de ella se deriv\u00f3, distintas a aquellas cuya existencia se reconoci\u00f3 a trav\u00e9s de la memorada sentencia dictada por el Juzgado Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1 el 2 de agosto de 2000, habi\u00e9ndose liquidado la \u00faltima con el instrumento p\u00fablico en precedencia relacionado. <\/p>\n

8.\tAgotado el tr\u00e1mite de la instancia, el Juzgado Octavo de Familia de esta capital le puso fin con sentencia del 3 de mayo de 2013, en la que neg\u00f3 las s\u00faplicas de la demanda y conden\u00f3 en costas a su autor (fls. 122 a 136, cd. 4). <\/p>\n

9.\tApelado dicho fallo por el gestor de la controversia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala de Familia, mediante el suyo, que data del 30 de mayo de 2014, lo revoc\u00f3 y, en defecto del mismo, estim\u00f3 infundadas las excepciones; declar\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n marital y de la sociedad patrimonial deprecadas, entre el 31 de diciembre de 2002 y el 1\u00ba de octubre de 2010; orden\u00f3 la inscripci\u00f3n de dicho prove\u00eddo en el registro civil; y conden\u00f3 en costas de ambas instancias, a la accionada (fls. 268 a 301 vuelto, cd. 5). <\/p>\n

LA SENTENCIA DEL AD QUEM <\/p>\n

1.\tDe entrada, se\u00f1al\u00f3 la satisfacci\u00f3n de los presupuestos procesales y la inexistencia de motivos de nulidad que pudieran invalidar lo actuado. <\/p>\n

2.\tA continuaci\u00f3n, el juzgador de segunda instancia se ocup\u00f3 del reproche del apelante, consistente en la nulidad del interrogatorio de parte que absolvi\u00f3, debido a la incapacidad mental que presentaba para la fecha de su realizaci\u00f3n, por lo que, en su concepto, no debi\u00f3 siquiera recibirse y, mucho menos, valorarse, para deducir de \u00e9l prueba de confesi\u00f3n en su contra. <\/p>\n

Al respecto, el Tribunal apreci\u00f3 la \u201corden de consulta del se\u00f1or ALFONSO GONZ\u00c1LEZ llevada a cabo el once (11) de febrero de dos mil doce (2012), de la que se desprende que el demandante fue remitido a consulta por psiquiatr\u00eda por tener un diagn\u00f3stico de \u2018DEMENCIA SENIL\u2019\u201d y la \u201cvaloraci\u00f3n llevada a cabo por el neurocirujano Dr. LIBARDO E. PULIDO PUENTES al demandante el d\u00eda cuatro (4) de abril de dos mil doce (2012), quien en su concepto, expone que el citado ciudadano tiene \u2018ALTERACI\u00d3N DE LA MEMORIA EN FORMA GLOBAL DE PRESENTACI\u00d3N AGUDA, SIN ALTERACI\u00d3N DE HABILIDADES MOTORAS NI DEL LENGUAJE, NO ANTECEDENTES FAMILIARES DE DEMENCIA, CAMBIO EN T.A.C. CEREBRAL, QUE PUEDE CORRESPONDER A CUADRO DE DEMENCIA CON ETIOLOG\u00cdA A ESCLARECER\u2019\u201d. <\/p>\n

De esos documentos, aportados en copia simple, la citada autoridad infiri\u00f3 \u201cprueba(\u2026) sumaria(\u2026) [de] que el aqu\u00ed demandante para la \u00e9poca en que absolvi\u00f3 el interrogatorio, esto es, el d\u00eda siete (7) de febrero de dos mil doce (2012), no se encontraba en capacidad de [contestar] el cuestionario que le formul\u00f3 el apoderado de la parte pasiva, dado que para el d\u00eda once (11) de ese mismo mes y a\u00f1o, se le diagnostic\u00f3 una demencia senil raz\u00f3n por la que fue remitido a consulta por [p]siquiatr\u00eda\u201d. <\/p>\n

En definitiva, el ad quem concluy\u00f3 que no era necesario declarar la nulidad de la referida probanza, ni de la sentencia de primer grado, sino que bastaba con \u201cdesechar, o mejor, no analizar\u201d aqu\u00e9lla. <\/p>\n

3.\tDefinido lo anterior, prosigui\u00f3 a establecer si con las restantes pruebas recaudadas en el proceso, se acreditaron los supuestos de hecho de la acci\u00f3n. <\/p>\n

En desarrollo de ello, identific\u00f3 uno a uno los documentos aportados; se\u00f1al\u00f3 que en el interrogatorio de parte absuelto por la demandada, no figura admitido ning\u00fan \u201checho que la perjudique, o que beneficie a su contraparte\u201d; y compendi\u00f3 las declaraciones de los se\u00f1ores Luis Alonso Velasco Gallo, Carlos Alfonso Gonz\u00e1lez Pach\u00f3n, Jairo Antonio Vela Roncancio, Belarmino D\u00edaz Granados, Carolina del Pilar Gonz\u00e1lez Pach\u00f3n, Alberto Roa Qui\u00f1onez, William Florentino Roa Qui\u00f1onez, Karen Catalina Gonz\u00e1lez Pati\u00f1o, Mar\u00eda In\u00e9s Hormaza Mongu\u00ed, Mar\u00eda Oliva M\u00e9ndez Boh\u00f3rquez, Odilia Luc\u00eda Matiz Ospina, Aura Cecilia Higuera Dur\u00e1n, Sandra Milena Londo\u00f1o Villamil, Rifatulia Bedoya Obando, Iv\u00e1n Leonardo Torres Pati\u00f1o y Jairo Hern\u00e1ndez Palomino. <\/p>\n

Con tal base, el Tribunal consider\u00f3 que \u201cson claras las opuestas manifestaciones que existe entre los testigos que cit\u00f3 la parte demandante y los llamados a petici\u00f3n de la parte pasiva, dado que cada grupo pretendi\u00f3 defender los intereses de las partes en esta contienda; no obstante, observa la Sala que los declarantes de descargo en su af\u00e1n de salvaguardar los intereses de la parte pasiva, incurrieron en serias contradicciones que hacen que pierdan credibilidad\u201d, inferencia f\u00e1ctica que soport\u00f3 en las apreciaciones que pasan a rese\u00f1arse: <\/p>\n

3.1.\tKaren Catalina Gonz\u00e1lez Pati\u00f1o fue dubitativa en punto de la falta de comunicaci\u00f3n que exist\u00eda entre sus padres, aserto al que se opone el viaje que hicieron los tres al exterior; la persona que coste\u00f3 esa excursi\u00f3n, en lo que refiere a su progenitor; el trato que ten\u00eda con \u00e9ste y las visitas que realiz\u00f3 al apartamento donde \u00e9l supuestamente resid\u00eda; la conducta del mismo, como conductor de veh\u00edculos automotores, y el conocimiento de la deponente al respecto. <\/p>\n

3.2.\tMar\u00eda Oliva M\u00e9ndez Boh\u00f3rquez no result\u00f3 convincente, pues pese a su cercan\u00eda con la casa de la accionada, desconoc\u00eda que all\u00ed vivi\u00f3 el se\u00f1or Iv\u00e1n Leonardo Torres Pati\u00f1o, como \u00e9l mismo declar\u00f3. <\/p>\n

3.3.\tOdilia Luc\u00eda Matiz Ospina, Sandra Milena Londo\u00f1o Villamil y Jairo Hern\u00e1ndez Palomino no hicieron ning\u00fan aporte sobre la vida en com\u00fan de las partes, am\u00e9n que la segunda no fue clara sobre el conocimiento que tuvo de la demandada. <\/p>\n

3.4.\tMar\u00eda In\u00e9s Hormaza Mongu\u00ed \u00fanicamente refiri\u00f3 las visitas que el actor hac\u00eda al inmueble que ten\u00eda arrendado en Sogamoso, en compa\u00f1\u00eda de sus hijos Alfonso y Karen Catalina, confundiendo la \u00e9poca de su ocurrencia. <\/p>\n

3.5.\tMar\u00eda Oliva M\u00e9ndez Boh\u00f3rquez y Aura Cecilia Higuera Dur\u00e1n se contradijeron entre s\u00ed, respecto del sitio donde la segunda le entregaba al promotor de la controversia las cuentas del establecimiento de comercio \u201cFoto Mis Amigos\u201d, luego denominado \u201cIndustria fotogr\u00e1fica Digital Alfonso Gonz\u00e1lez\u201d. <\/p>\n

Fuera de eso, el aspecto coincidente de sus versiones, esto es, que el actor residi\u00f3 en un apartamento ubicado en la autopista norte con calle 178 de esta capital, desde 2008 y hasta 2011, resulta desmentido con la documental, que dio cuenta de que \u00e9l ingres\u00f3 el 14 de enero de 2010 al servicio de urgencias de la \u201cCl\u00ednica Nueva\u201d, acompa\u00f1ado de la demandada, quien fungi\u00f3 como su esposa, y de que en tal oportunidad la direcci\u00f3n que se registr\u00f3 como suya, fue la carrera 25 No. 48-31. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 el ad quem, que si fuera cierto lo dicho por las deponentes, no es comprensible que cuando se present\u00f3 esa emergencia, el actor hubiese recurrido a un centro asistencial que queda \u201cbastante retirado\u201d de la vivienda que presuntamente ocupaba y que estuviera acompa\u00f1ado, precisamente, por la se\u00f1ora Pati\u00f1o Zambrano, am\u00e9n que la cl\u00ednica a la que concurrieron, por el contrario, queda muy cerca de la casa donde ellos hicieron su vida conjunta. <\/p>\n

4.\tTras advertir que uno de los objetivos primordiales de los testimonios practicados a solicitud de la demandada, fue demostrar que el actor residi\u00f3 en varios lugares, durante el lapso de tiempo comprendido entre 2003 y 2010, esa Corporaci\u00f3n no otorg\u00f3 a dicha postura \u201ccredibilidad, (\u2026) por las razones ya dadas\u201d y \u201cporque resulta(\u2026) desvirtuada(\u2026) al interior de las diligencias con los testimonios de cargo\u201d, planteamiento que explic\u00f3 como pasa a resumirse: <\/p>\n

4.1.\tLuis Alfonso Velasco Gallo y Belarmino D\u00edaz Granados, fot\u00f3grafos de profesi\u00f3n, dieron cuenta que la relaci\u00f3n que existi\u00f3 entre las partes perdur\u00f3 hasta el a\u00f1o 2010, pues ambos llevaron trabajos en este \u00faltimo a\u00f1o al establecimiento de comercio de los litigantes, ubicado en la carrera 10 con calle 18 de Bogot\u00e1, constatando que continuaban vinculados entre s\u00ed. <\/p>\n

4.2.\tAlberto Roa Qui\u00f1onez y William Florentino Roa Qui\u00f1onez, vecinos del sector donde est\u00e1 ubicada la casa de la demandada, en el barrio \u201cGaler\u00edas\u201d de esta ciudad, informaron que el demandante vivi\u00f3 en ese inmueble, como m\u00ednimo, hasta los a\u00f1os 2008 y\/o 2009. <\/p>\n

4.3.\tEl arrendamiento de diversos bienes por parte de la demandada al actor, \u201cno logra enervar la credibilidad de los declarantes de cargo si se tiene en cuenta que quiz\u00e1, ello obedec\u00eda simplemente a la organizaci\u00f3n patrimonial que ten\u00eda la pareja, quienes adem\u00e1s, ya hab\u00edan conformado con anterioridad otra sociedad patrimonial y que posteriormente fue liquidada\u201d. <\/p>\n

5.\tAs\u00ed las cosas, el Tribunal asever\u00f3 que, contrariamente a lo sostenido por el extremo demandado, \u201cqued\u00f3 claro que (\u2026) las partes s\u00ed conformaron una nueva uni\u00f3n marital de hecho, la que se desarroll\u00f3 en esta oportunidad en el inmueble ubicado en la carrera 25 No. 48-31\u201d, y que no debe confundirse la misma con la anterior que existi\u00f3 entre ellos, desde el 31 de diciembre de 1990 y hasta el 20 de noviembre de 1999. <\/p>\n

6.\tSobre la duraci\u00f3n del v\u00ednculo objeto del presente asunto, el sentenciador de segunda instancia observ\u00f3: <\/p>\n

6.1.\tCarlos Alfonso Gonz\u00e1lez Pach\u00f3n, hijo del actor, la ubic\u00f3 entre los a\u00f1os 2002 y 2009, como quiera que, en el primero, la pareja adquiri\u00f3 la casa de \u201cGaler\u00edas\u201d y, en el mes de diciembre del \u00faltimo, lo visit\u00f3 all\u00ed, por \u00faltima vez. <\/p>\n

6.2.\tCarolina del Pilar Gonz\u00e1lez Pach\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que vio el carro de su padre parqueado en el indicado inmueble, desde el a\u00f1o 2002, afirmaci\u00f3n que sustent\u00f3 en el hecho de que resid\u00eda cerca de ese lugar. <\/p>\n

6.3.\tLa prueba documental acredit\u00f3, de un lado, que la demandada acompa\u00f1\u00f3 al actor a sus citas m\u00e9dicas hasta el 2010, pues existe registro de que firm\u00f3 como pariente cuando lo intervinieron quir\u00fargicamente el 15 de septiembre de ese a\u00f1o; y, de otro, que el accionante continu\u00f3 siendo atendido en el centro asistencial ubicado en proximidades de la casa donde ellos vivieron juntos, hasta el 1\u00ba de octubre del mismo a\u00f1o 2010. <\/p>\n

7.\tPor consiguiente, estim\u00f3 procedente el ad quem reconocer la existencia de la uni\u00f3n marital y de la sociedad patrimonial reclamadas, desde el 31 de diciembre de 2002 y hasta la \u00faltima fecha atr\u00e1s registrada. <\/p>\n

8.\tLo expuesto, sumado al hecho de que las partes ya hab\u00edan estado vinculadas afectiva y patrimonialmente, desvirt\u00faa las excepciones alegadas por la demandada. En cuanto hace a la prescripci\u00f3n extintiva aducida, se encuentra que si el v\u00ednculo que at\u00f3 a las partes concluy\u00f3 el 1\u00ba de octubre de 2010, como viene de decirse, y la demanda con la que se dio inicio al proceso, se present\u00f3 el 14 de septiembre de 2011, es evidente su tempestividad. <\/p>\n

LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n

Contiene ocho cargos, que por razones metodol\u00f3gicas, pasan a compendiarse en el mismo orden de su proposici\u00f3n, no obstante que, como se explicar\u00e1 en su momento, se resolver\u00e1n sin atender esa misma secuencia. <\/p>\n

CARGO PRIMERO <\/p>\n

Refiri\u00f3 la infracci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1\u00ba a 3\u00ba y 6\u00ba a 8\u00ba de la Ley 54 de 1990, consideradas las modificaciones que les introdujo la Ley 979 de 2005; y 1771, 1774, 1778 y 1779 del C\u00f3digo Civil, aplicables en atenci\u00f3n al mandato de la \u00faltima de aqu\u00e9llas primeras disposiciones y del art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, habida cuenta de la comisi\u00f3n, por parte del Tribunal, del error de hecho aducido en sustento de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n

1.\tEn concreto, el censor denunci\u00f3 la preterici\u00f3n de la escritura p\u00fablica No. 1892 del 26 de julio de 2002, otorgada en la Notar\u00eda 15 de esta capital, que obra en copia aut\u00e9ntica, mediante la cual las partes liquidaron \u201cla \u00fanica sociedad patrimonial que entre ellos era posible\u201d. <\/p>\n

2.\tSobre ese instrumento, el recurrente trajo a colaci\u00f3n su cl\u00e1usula sexta, en cuanto reza: \u201cQue en consecuencia los bienes de cualquier naturaleza o clase que adquieran a partir de la firma de esta liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial de hecho a cualquier t\u00edtulo ser\u00e1n bienes propios, no sujetos a comunidad de bienes entre ellos\u201d. <\/p>\n

3.\tLuego de destacar el total silenci\u00f3 que el ad quem guard\u00f3 en torno de esa previsi\u00f3n contractual, el impugnante asever\u00f3 que \u201ccon prescindencia de si las dem\u00e1s pruebas muestran que hubo la comunidad de vida entre la pareja, tal comunidad jam\u00e1s podr\u00eda generar una sociedad patrimonial entre los compa\u00f1eros, pues fue voluntad de ellos excluir en cualquier escenario futuro un r\u00e9gimen de comunidad de bienes semejante al declarado por el Tribunal en la sentencia que se impugna en casaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

4.\tDe forma reiterativa, el recurrente sostuvo que \u201ca\u00fan en la hip\u00f3tesis de que hubiese existido la convivencia entre Alfonso Gonz\u00e1lez y Nubia Pati\u00f1o, estos pod\u00edan ser compa\u00f1eros permanentes, mas nunca socios bajo los par\u00e1metros de la Ley 54 de 1990, pues de modo expreso y anticipado ellos excluyeron dicha posibilidad en la cl\u00e1usula SEXTA de la escritura p\u00fablica No. 1892 de 26 de julio de 2002\u201d. <\/p>\n

5.\tEn lo dem\u00e1s, el recurrente simplemente advirti\u00f3 que cuando los litigantes \u201cacudieron a liquidar la sociedad patrimonial reconocida en un proceso judicial, estaban frescas las huellas del encono en que terminaron sus relaciones\u201d y que \u201c[e]stos precedentes tienen significaci\u00f3n para entender la conducta de las partes cuando dictaron las disposiciones que nutren la Escritura P\u00fablica No. 1892, de modo especial la cl\u00e1usula SEXTA en que expresamente se excluy\u00f3 hacia el futuro el r\u00e9gimen de comunidad de bienes\u201d. <\/p>\n

6.\tAl cierre, el casacionista destac\u00f3 la trascendencia de error atribuido al sentenciador de instancia. <\/p>\n

CARGO SEGUNDO <\/p>\n

Con su proposici\u00f3n, se reproch\u00f3 el quebranto igualmente indirecto de las mismas disposiciones legales invocadas en la acusaci\u00f3n anterior, como consecuencia de la comisi\u00f3n de \u201cerror de hecho manifiesto por preterici\u00f3n de medios de prueba que dar\u00edan cuenta de la ausencia del requisito de singularidad que es esencial a la [u]ni\u00f3n [m]arital de hecho\u201d. <\/p>\n

En desarrollo de la censura, el impugnante expuso: <\/p>\n

1.\tLas pruebas pretermitidas, adelante precisadas, son demostrativas \u201cde que en un periodo crucial, el demandante sostuvo relaciones afectivas con una persona diferente de la demandada, con lo cual se rompe el requisito de singularidad\u201d. <\/p>\n

2.\tEl Tribunal mutil\u00f3 las declaraciones rendidas por los se\u00f1ores Sandra Milena Londo\u00f1o Villamil y Jairo Hern\u00e1ndez Palomino, en tanto que: <\/p>\n

2.1.\tLa primera, le atribuy\u00f3 \u201cal demandante Alfonso Gonz\u00e1lez haber convivido con la se\u00f1ora Cecilia Salazar\u201d en el a\u00f1o 2008, mientras residi\u00f3 en el municipio de Agua de Dios, aserto en relaci\u00f3n con el cual el casacionista reprodujo distintos apartes del testimonio de aqu\u00e9lla, en los que la deponente se refiri\u00f3 al trato amoroso que ellos se dispensaban y al requerimiento que dicha persona le hizo, exigi\u00e9ndole la entrega de la finca que le hab\u00eda tomado en arriendo al aqu\u00ed demandante. <\/p>\n

2.2.\tPor su parte, el se\u00f1or Jairo Hern\u00e1ndez Palomino, a decir del censor, \u201cacompa\u00f1ante, vigilante y conductor de Alfonso Gonz\u00e1lez en el per\u00edodo en el que vivi\u00f3 en el municipio de Agua de Dios\u201d, afirm\u00f3, seg\u00fan el recurrente, que aqu\u00e9l permaneci\u00f3 all\u00ed durante dos a\u00f1os, hasta el 2008, y que en ese tiempo, pernoct\u00f3 en la casa de una se\u00f1ora Cecilia, donde mantuvo a diario. <\/p>\n

3.\tPara terminar, el casacionista puso de presente que si el ad quem hubiese reparado \u201cen esos importantes fragmentos de las declaraciones antes descritas, no hubiera podido reconocer la existencia de la [u]ni\u00f3n [m]arital de [h]echo como lo hizo, por carencia del elemento \u2018singularidad\u2019\u201d.
\nCARGO TERCERO <\/p>\n

Como en las acusaciones anteriores, se enrostr\u00f3 al ad quem haber violado de forma indirecta las normas sustanciales en ellas se\u00f1aladas, esta vez debido a que dicha autoridad incurri\u00f3 en error de hecho, pues pese a \u201cque obra en el proceso la prueba irrefutable de que acaeci\u00f3 el fen\u00f3meno de la PRESCRIPCI\u00d3N, el Tribunal se neg\u00f3 a reconocerla\u201d. <\/p>\n

1.\tEn desarrollo del ataque, el impugnante atribuy\u00f3 al ad quem la comisi\u00f3n de los siguientes desaciertos f\u00e1cticos: <\/p>\n

1.1.\tPretermisi\u00f3n del testimonio de Iv\u00e1n Leonardo Torres Pati\u00f1o, pues pese a que dicha autoridad formalmente lo relacion\u00f3 en su fallo, pas\u00f3 por alto que el deponente residi\u00f3 en la casa de la demandada y que afirm\u00f3, contundentemente, que el se\u00f1or Alfonso Gonz\u00e1lez no vivi\u00f3 all\u00ed, durante todo el a\u00f1o 2009. <\/p>\n

1.2.\tEl documento visible en los folios 66 y 67 del cuaderno principal, aportado por el propio actor, en el que se le requiri\u00f3 la entrega del edificio ubicado en la calle 178 con autopista norte de esta ciudad, sin el pago de los arriendos por todo el a\u00f1o 2010, que no se le cobrar\u00edan, de lo que se sigue que aqu\u00e9l, en ese a\u00f1o, vivi\u00f3 en tal inmueble, y no en la casa de la accionada. <\/p>\n

1.3.\tLa confesi\u00f3n espont\u00e1nea contenida en el hecho quince de la demanda, con la que se ratific\u00f3 la residencia del actor en el mencionado bien ra\u00edz.
\n1.4.\tEl contrato de arrendamiento, debidamente autenticado, visible en el folio 158 del cuaderno principal, demostrativo de que el demandante recibi\u00f3, en tal condici\u00f3n, el inmueble de la calle 178 con autopista norte de Bogot\u00e1, incluido el aparta-estudio 301 del tercer piso, desde el 1\u00ba de septiembre de 2008, hecho corroborado, de un lado, con las copias del correspondiente proceso de restituci\u00f3n seguido en el Juzgado Treinta y Cinco Civil Municipal de la ciudad; de otro, con el original del acuerdo de voluntades mediante el cual aqu\u00e9l subarrend\u00f3 a Martha Nohora Aza Ram\u00edrez el segundo piso de la misma construcci\u00f3n; y, adicionalmente, con los testimonios de Antonio Vela Roncancio, en cuanto narr\u00f3 haber visitado a Alfonso Gonz\u00e1lez en el local all\u00ed ubicado; Carolina del Pilar Gonz\u00e1lez Pach\u00f3n, hija del \u00faltimo, quien refiri\u00f3 el deterioro de la habitaci\u00f3n que ten\u00eda su padre en la edificaci\u00f3n de la calle 178; Mar\u00eda Oliva M\u00e9ndez Boh\u00f3rquez, vecina de aqu\u00e9l en ese inmueble, persona que afirm\u00f3 que el citado arrendatario residi\u00f3 all\u00ed desde 2008; y Aura Cecilia Higuera Guzm\u00e1n, empleada de Gonz\u00e1lez en el local de la calle 178, deponente que igualmente asever\u00f3 que \u00e9ste vivi\u00f3 en el anotado apartamento, desde el indicado a\u00f1o. <\/p>\n

1.5.\tLos testimonios de Odilia Luc\u00eda Matiz Ospina, Sandra Milena Londo\u00f1o Villamil y Jairo Hern\u00e1ndez Palomino, cuestionamiento que el recurrente plasm\u00f3 en similares t\u00e9rminos a los que expres\u00f3 en desarrollo del cargo segundo. <\/p>\n

2.\tEn suma, el censor adujo que parti\u00e9ndose de las fechas en las que, seg\u00fan las anteriores pruebas, el actor empez\u00f3 a vivir en el apartamento 301 del edificio de la autopista norte con calle 178 de Bogot\u00e1 (a\u00f1o 2008) o dej\u00f3 de vivir en la casa del barrio \u201cGaler\u00edas\u201d (a\u00f1o 2009) , es evidente que para el d\u00eda en que se present\u00f3 la demanda, 14 de septiembre de 2011, ya hab\u00eda transcurrido un lapso de tiempo superior al a\u00f1o de que trata el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 54 de 1990, por lo que la acci\u00f3n, para cuando se promovi\u00f3, estaba prescrita. <\/p>\n

3.\tSentadas tales premisas, el casacionista acot\u00f3 que la fijaci\u00f3n por parte del Tribunal del 1\u00ba de octubre de 2010 como fecha de terminaci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de las partes, fincado en que ese d\u00eda, seg\u00fan la prueba documental, el actor fue atendido por \u00faltima vez en la cl\u00ednica ubicada en proximidades de la casa donde, dijo, los se\u00f1ores Gonz\u00e1lez y Pati\u00f1o vivieron juntos, es una inferencia f\u00e1ctica solitaria y que qued\u00f3 desvirtuada con el c\u00famulo de pruebas atr\u00e1s relacionado. <\/p>\n

CARGO CUARTO <\/p>\n

Reiter\u00f3 la vulneraci\u00f3n indirecta de los preceptos rese\u00f1ados en las imputaciones precedentes, debido a los errores de derecho y de hecho que a continuaci\u00f3n se especifican, desaciertos que condujeron al ad quem a negar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, pese a obrar en el proceso la prueba irrefutable de su ocurrencia. <\/p>\n

El cargo discurri\u00f3 por las dos sendas que pasan a delinearse: <\/p>\n

1.\tDelanteramente, el censor denunci\u00f3 la comisi\u00f3n de \u201cerror de derecho manifiesto y trascendente\u201d, sobre el que esgrimi\u00f3: <\/p>\n

1.1.\tLa violaci\u00f3n por parte del Tribunal del \u201cart\u00edculo 187 del C.P.C., pues incumpli\u00f3 el deber de apreciar las pruebas en su conjunto, desatendi\u00f3 las reglas de la sana cr\u00edtica y no expuso el m\u00e9rito atribuido a cada probanza individualmente considerada\u201d, en tanto que dio un \u201ctratamiento insular\u201d a los medios de convicci\u00f3n, \u201cde modo que se mantuvo apartado del contexto que pudiera generar el elenco probatorio visto en su integralidad\u201d. <\/p>\n

1.2.\tLa ponderaci\u00f3n fragmentada de las pruebas recay\u00f3 en las mismas que identific\u00f3 en el cargo anterior, a las que aqu\u00ed se refiri\u00f3 en t\u00e9rminos muy parecidos a los que utiliz\u00f3 en esa acusaci\u00f3n, pero adecu\u00e1ndolos para poner de presente que la valoraci\u00f3n de cada medio de convicci\u00f3n fue aislada y que, por lo tanto, el ad quem no relacion\u00f3 cada elemento de juicio con los dem\u00e1s. <\/p>\n

2.\tAdicionalmente, el censor advirti\u00f3 que no obstante \u201chaberse propuesto la prescripci\u00f3n como defensa, basado en el estado de separaci\u00f3n definitiva de los compa\u00f1eros permanentes, el Tribunal desatendi\u00f3 ese ruego por errores evidentes en la apreciaci\u00f3n de la prueba de dicho estado de separaci\u00f3n y la prueba de su existencia\u201d, cuestionamiento en torno del que puntualiz\u00f3 que \u201c[e]l error es de hecho, porque a pesar de que el Tribunal s\u00ed puso los ojos en las pruebas que demuestran el dicho estado de separaci\u00f3n de la pareja, distorsion\u00f3 o cercen\u00f3 de tal modo su contenido que la fisonom\u00eda de la prueba perdi\u00f3 toda su esencia, es decir el tratamiento que el Tribunal otorg\u00f3 a la prueba es equivalente al desconocimiento objetivo de su existencia\u201d. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con este reproche, su proponente explic\u00f3: <\/p>\n

2.1.\t\u201cLa acusaci\u00f3n se extiende a que el Tribunal no relacion\u00f3 ni asoci\u00f3 el contenido esencial de un segundo contingente de pruebas, todas demostrativas del estado de separaci\u00f3n de la pareja, por lo menos desde el a\u00f1o 2008\u201d. <\/p>\n

2.2.\t Cit\u00f3 como elemento de juicio indebidamente apreciado la declaraci\u00f3n de Karen Catalina Gonz\u00e1lez Pati\u00f1o, \u00fanica hija de las partes, quien, por ende, es \u201ctestigo excepcional\u201d de los hechos aqu\u00ed debatidos, por su obvia proximidad con los litigantes, deponente que, en concepto del censor, manifest\u00f3: <\/p>\n

2.2.1.\tQue sus padres se separaron desde el a\u00f1o 2000 y no han residido juntos desde entonces, aserto corroborado con la sentencia que decret\u00f3 la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial que existi\u00f3 entre ellos, la cual data del 2 de agosto de 2000, la escritura p\u00fablica No. 1892 de la Notar\u00eda 15 de Bogot\u00e1 y el testimonio de Mar\u00eda Oliva M\u00e9ndez Boh\u00f3rquez. <\/p>\n

2.2.2.\tQue su progenitor, desde ese tiempo, ha vivido en C\u00facuta, Sogamoso, Agua de Dios, Sasaima y, finalmente, en el apartamento del tercer piso del edificio ubicado en la autopista norte con calle 178 de esta ciudad, planteamiento ratificado con los contratos de arrendamiento militantes en los folios 155 a 156 y 290 del cuaderno No. 1, el documento de folio 199 del mismo cuaderno y los testimonios de Luis Alfonso Velasco Gallo, Carlos Alfonso Gonz\u00e1lez Pach\u00f3n, Jairo Antonio Vela Roncancio, Belarmino D\u00edaz Granados, Odilia Luc\u00eda Matiz Ospina, Sandra Milena Londo\u00f1o Villamil y Aura Cecilia Higuera Guzm\u00e1n. <\/p>\n

2.2.3.\tQue intercedi\u00f3 ante su madre para que le arrendara algunos bienes a su progenitor, con \u201cel objeto de que [\u00e9]ste solventara sus penurias econ\u00f3micas\u201d, informaci\u00f3n ratificada con el contrato de arrendamiento que obra en los folios 158 a 162 del cuaderno No. 1, el proceso adelantado para la recuperaci\u00f3n del edificio de la autopista norte con calle 178 de Bogot\u00e1 (fls. 105 a 110, ib.), los documentos que militan en los folios 54, 66 a 67, 98 a 99, 163 y 164 del mismo cuaderno y los testimonios de Antonio Vela Roncancio, Catalina del Pilar Gonz\u00e1lez Pach\u00f3n, Mar\u00eda Oliva M\u00e9ndez Boh\u00f3rquez y Aura Cecilia Higuera Guzm\u00e1n. <\/p>\n

2.2.4.\tY que viaj\u00f3 \u201ccon su padre y su madre a los Estados Unidos y a la Argentina\u201d, as\u00ed como que \u201csu padre una que otra vez manej\u00f3 la camioneta de propiedad de su madre\u201d, cuestiones que \u201cest\u00e1n corroborad[a]s por las dem\u00e1s pruebas obrantes en el proceso\u201d.
\n2.3.\tEn relaci\u00f3n con dicha declaraci\u00f3n, acot\u00f3 que el Tribunal \u201cmutil[\u00f3] su contenido, pues redu[jo] la declaraci\u00f3n a unas pocas contradicciones, algunas apenas aparentes y las dem\u00e1s intrascendentes\u201d, toda vez que lo expresado por la testigo respecto de la \u201ccomunicaci\u00f3n entre sus padres\u201d, es un \u201celemento balad\u00ed\u201d, en tanto que ella no dijo que el trato entre ellos fuera inexistente por completo; lo tocante con los fondos para el viaje a Estados Unidos de su progenitor, es \u201cuna nimiedad que asombra como elemento para descartar tan valioso testimonio\u201d; y puesto que no es verdad que la declarante negara que su padre condujera veh\u00edculos automotores, sino que, por el contrario, manifest\u00f3 que \u201cmanej\u00f3 una que otra vez la camioneta Zafira\u201d de su madre. <\/p>\n

2.4.\tDestac\u00f3 como otra incoherencia del fallo del Tribunal, que tuvo en cuenta el testimonio de Mar\u00eda Oliva M\u00e9ndez Boh\u00f3rquez para descartar el de Karen Catalina, en cuanto \u00e9sta afirm\u00f3 que visitaba a su padre en el apartamento de la autopsita Norte con calle 178, y luego lo descalific\u00f3 por contradictorio. <\/p>\n

2.5.\tEn tal orden de ideas, el censor reiter\u00f3 que esa autoridad, \u201cpara desechar el testimonio de Karen Catalina Gonz\u00e1lez Pati\u00f1o[,] descart[\u00f3] su verdadero contenido, le h[izo] decir a la testigo cosas que esta no dijo, distorsion[\u00f3] su objetividad, rond[\u00f3] por la periferia de supuestas y banales contradicciones\u201d y no lo integr\u00f3 con \u201clas dem\u00e1s probanzas\u201d. <\/p>\n

2.6.\tAgreg\u00f3 el recurrente que otro elemento de juicio no atendido por el sentenciador de segunda instancia, fue el contrato de arrendamiento en virtud del cual la aqu\u00ed demandada entreg\u00f3 al actor la tenencia del edificio ubicado en la carrera 45 No. 178-37, omisi\u00f3n que le impidi\u00f3 ver que ese inmueble era de destinaci\u00f3n mixta, en tanto que le permiti\u00f3 al \u00faltimo explotar un establecimiento de comercio y residir all\u00ed mismo, eventualidad que por s\u00ed imped\u00eda pensar que el se\u00f1or Gonz\u00e1lez, luego del arrendamiento, vivi\u00f3 \u201cen el sector de Galer\u00edas, carrera 25 No. 48-31\u201d. <\/p>\n

2.7.\tColigi\u00f3, en definitiva, que si el ad quem hubiese apreciado en conjunto las pruebas rese\u00f1adas, habr\u00eda establecido, \u201csin ninguna vacilaci\u00f3n, que para cuando se present\u00f3 la demanda la acci\u00f3n estaba prescrita\u201d, inferencia que, al tiempo, lo habr\u00eda llevado a acoger, y no a rechazar, la excepci\u00f3n que en tal sentido se propuso. <\/p>\n

2.8.\tTras memorar el argumento del juzgador para negar el mecanismo defensivo de que se trata, en concreto, el fundamento que lo condujo a fijar el 1\u00ba de octubre de 2010 como la fecha hasta la que perdur\u00f3 la uni\u00f3n marital de las partes, el censor insisti\u00f3 en que dicho planteamiento qued\u00f3 solitario y fue desmentido \u201cpor el c\u00famulo de pruebas que acaban de comentarse todas indicativas que para el a\u00f1o 2008, por lo menos, el demandante resid\u00eda en el edificio de la calle 178 con autopista norte, es decir, para ese entonces ya hab\u00eda un estado de separaci\u00f3n y hab\u00eda comenzado el conteo de la prescripci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

Al respecto, a\u00f1adi\u00f3: \u201cEl hecho que la demandada en un acto de solidaridad con el padre de su hija le hubiera conducido al m\u00e9dico y le hubiera asistido, no puede tomarse como prueba de la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, menos si una abrumadora cantidad de pruebas muestra que para 2008, inclusive antes, el demandante Alfonso Gonz\u00e1lez ya no resid\u00eda en el mismo lugar que la demandada. Interpretar ese y otros gestos de solidaridad de la demandada ante urgencias m\u00e9dicas del padre de su hija no puede tomarse como expresi\u00f3n de comunidad de vida, menos si la prueba recaudada desmiente tajantemente la convivencia\u201d. <\/p>\n

CARGO QUINTO <\/p>\n

Aqu\u00ed se enrostr\u00f3 al juzgador de segunda instancia, la violaci\u00f3n directa de las mismas normas relacionadas en las precedentes acusaciones, al \u201chaber aceptado que la comunidad de vida entre una misma pareja, que ya hab\u00eda liquidado una [s]ociedad [p]atrimonial anterior, podr\u00eda generar una segunda [s]ociedad [p]atrimonial, dentro de una misma uni\u00f3n marital de hecho que nunca termin\u00f3\u201d. <\/p>\n

En sustento de la censura, el casacionista se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

1.\tLos siguientes antecedentes f\u00e1cticos, que no combati\u00f3: <\/p>\n

1.1.\tLa existencia de un proceso anterior similar a \u00e9ste, promovido por la se\u00f1ora Mar\u00eda Nubia Pati\u00f1o Zambrano, en el que solicit\u00f3 el reconocimiento de la uni\u00f3n marital de hecho que para entonces ten\u00eda con Alfonso Gonz\u00e1lez y que se ordenara la disoluci\u00f3n de la sociedad patrimonial derivada del referido v\u00ednculo, sin que fuera materia de sus pedimentos, la terminaci\u00f3n del referido lazo familiar, propiamente dicho. <\/p>\n

1.2.\tY, en segundo lugar, que ese asunto litigioso fue decidido mediante prove\u00eddo del 2 de agosto de 2000, dictado por el Juzgado Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1, que \u201cacogi\u00f3 las s\u00faplicas de la demanda y seg\u00fan se aprecia en el segundo p\u00e1rrafo del folio 7, determin\u00f3 la existencia de la \u2018sociedad patrimonial\u2019\u2026\u2018hasta la fecha en que se dicta esta sentencia\u2019, con lo cual qued\u00f3 disuelta dicha [s]ociedad [p]atrimonial existente entre Mar\u00eda Nubia Pati\u00f1o Zambrano y Alfonso Gonz\u00e1lez, pero nada se decidi\u00f3 sobre la [u]ni\u00f3n [m]arital de [h]echo\u201d. <\/p>\n

2.\tCon pie de apoyo en esas circunstancias, el recurrente precis\u00f3 que la \u201cviolaci\u00f3n directa de la ley sustancial por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea consiste en admitir que pueda haber una segunda \u2018[s]ociedad [p]atrimonial\u2019, entre los mismos compa\u00f1eros permanentes que integran la misma uni\u00f3n marital de hecho, cuando estos liquidaron ya una primera \u2018[s]ociedad [p]atrimonial\u2019. Dicho de otro modo, si los compa\u00f1eros permanentes ya liquidaron la [s]ociedad [p]atrimonial, sin poner fin a la [u]ni\u00f3n [m]arital de [h]echo, no pueden pedir se declare que la extensi\u00f3n en el tiempo de la convivencia pueda conducir a una nueva [s]ociedad [p]atrimonial entre los mismos compa\u00f1eros\u201d. <\/p>\n

3.\tRepetitivamente, el impugnante explic\u00f3 que el error del Tribunal fue aceptar que en relaci\u00f3n con una misma uni\u00f3n marital de hecho, luego de disolverse y liquidarse la sociedad patrimonial que su conformaci\u00f3n gener\u00f3, pod\u00eda surgir una nueva sociedad patrimonial de las mismas caracter\u00edsticas. <\/p>\n

4.\tPrevia invocaci\u00f3n del art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y de observar que, conforme abundante jurisprudencia patria, \u201cdebe existir igualdad entre las familias constituidas mediante v\u00ednculos naturales y jur\u00eddicos\u201d, el casacionista compar\u00f3 la situaci\u00f3n antes descrita con lo que ocurre en el matrimonio, toda vez que \u201cla simple separaci\u00f3n de bienes, sin divorcio, descartar\u00eda que pueda emerger de nuevo la sociedad conyugal, pues la separaci\u00f3n de bienes entre una pareja que sigue casada, implica la adopci\u00f3n de un r\u00e9gimen de no comunidad de bienes, dentro de la misma estructura matrimonial\u201d. <\/p>\n

CARGO SEXTO <\/p>\n

Vers\u00f3 sobre el quebranto indirecto de las mismas disposiciones citadas en los reproches ya compendiados, derivado de error de hecho en la ponderaci\u00f3n probatoria. <\/p>\n

La acusaci\u00f3n transit\u00f3 el camino que pasa a describirse: <\/p>\n

1.\tEl Tribunal \u201cdej[\u00f3] de ver (\u2026) las pretensiones de la primera demanda que dio lugar al proceso fallado por el Juzgado Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1\u201d, en tanto que pas\u00f3 por alto que all\u00ed \u201cno se pretendi\u00f3 que se terminara la uni\u00f3n marital de hecho, raz\u00f3n por la cual el juzgado jam\u00e1s se pronunci\u00f3 acerca de la extinci\u00f3n o fin de la uni\u00f3n marital de hecho, porque no le fue pedido, sino tan solo acerca de la disoluci\u00f3n de la [s]ociedad [p]atrimonial entre los compa\u00f1eros permanentes\u201d.
\n2.\tEn consonancia con ello, esa Corporaci\u00f3n \u201cdej\u00f3 de ver en su exacto sentido la sentencia que obra entre los folios 5 a 8 del cuaderno principal\u201d, pues \u201c[n]o advirti\u00f3 que los compa\u00f1eros permanentes que integraron la [u]ni\u00f3n [m]arital de [h]echo, SOLO liquidaron la sociedad patrimonial sin poner fin a la [u]ni\u00f3n [m]arital de hecho\u201d. <\/p>\n

3.\tTras reiterar los alcances del fallo dictado en ese otro proceso, el recurrente advirti\u00f3 que si la uni\u00f3n marital primigeniamente establecida entre las partes \u201cno fue extinguida mediante la sentencia dictada por el Juzgado 19 de Familia en el a\u00f1o 2000, el Tribunal dio por demostrado, sin haber prueba de ello, que hubo dos uniones maritales de hecho en periodos distintos, sin que se haya acreditado en el expediente, cu\u00e1ndo termin\u00f3 la primera y menos cuando comenz\u00f3 la segunda\u201d. <\/p>\n

4.\tAs\u00ed las cosas, resalt\u00f3 que la finalizaci\u00f3n del primer nexo marital era una circunstancia \u201cabsolutamente necesari[a] para que pudiera pensarse en el nacimiento de una segunda [u]ni\u00f3n (\u2026), con la secuela natural de la otra [s]ociedad [p]atrimonial distinta a la disuelta por la sentencia del Juzgado 19 de Familia del a\u00f1o 2000\u201d. <\/p>\n

5.\tComo corolario de todo lo anterior, el recurrente afirm\u00f3 que \u201c[e]l Tribunal cometi\u00f3 entonces un error de hecho por suposici\u00f3n de la prueba acerca del t\u00e9rmino final de la [u]ni\u00f3n marital de hecho declarada en la sentencia del a\u00f1o 2000\u201d, desatino que fue el que le permiti\u00f3 afirmar la existencia de una segunda uni\u00f3n marial y, correlativamente, de que fruto de ella, surgi\u00f3 una nueva sociedad patrimonial entre los mismos compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n

6.\tEn refuerzo de sus planteamientos, el inconforme asever\u00f3 que \u201clos testimonios en que se finc\u00f3 el juzgado (sic) para acceder a las s\u00faplicas, no reconocen pausa en las relaciones entre Mar\u00eda Nubia y Alfonso, no revelan soluci\u00f3n de continuidad\u201d, como se desprende de las versiones suministradas por los se\u00f1ores Luis Alfonso Velazco Gallo, Carlos Gonz\u00e1lez Pach\u00f3n, Jairo Antonio Vela Roncancio, Belarmino D\u00edaz Granados y Carolina del Pilar Gonz\u00e1lez Pach\u00f3n, declaraciones que si se tiene por cre\u00edbles, como lo concluy\u00f3 el ad quem, conduc\u00edan indefectiblemente a admitir que se trataba \u201cde la misma [u]ni\u00f3n [m]arital de [h]echo iniciada en el d\u00e9cada de 1990, luego el l\u00edmite final de la primera uni\u00f3n marital de hecho es artificioso y el inicial de la nueva (\u2026) arbitrario\u201d. <\/p>\n

7.\tRepiti\u00f3 el censor la comparaci\u00f3n que hizo en el cargo anterior, entre la situaci\u00f3n de las partes de este proceso y la que se presentar\u00eda entre c\u00f3nyuges casados que, sin poner fin al v\u00ednculo matrimonial, se separan de bienes, an\u00e1lisis que le permiti\u00f3 reiterar el quebranto de las normas sustanciales enlistadas al inicio del cargo, por suposici\u00f3n de la prueba sobre la finalizaci\u00f3n del primer v\u00ednculo marital de los litigantes. <\/p>\n

CARGO S\u00c9PTIMO <\/p>\n

A la luz de la causal primera de casaci\u00f3n, el recurrente denunci\u00f3 otra vez la violaci\u00f3n indirecta de los preceptos especificados como quebrantados en todas las acusaciones, habida cuenta que el Tribunal incurri\u00f3 en \u201cerror de derecho al dar por demostrado, en contravenci\u00f3n del art\u00edculo 187 del C.P.C. el punto de partida o t\u00e9rmino inicial de la [u]ni\u00f3n [m]arital de hecho declarada en la sentencia ahora recurrida en casaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

Sobre el particular, explic\u00f3: <\/p>\n

1.\tTras resaltar la importancia que tienen los l\u00edmites temporales que se fijen a las uniones maritales de hecho, en tanto que de ellos depende la legitimidad de los hijos habidos por los compa\u00f1eros permanentes y la vigencia de la sociedad patrimonial que generan, el censor concentr\u00f3 el ataque en la valoraci\u00f3n que el ad quem hizo de la declaraci\u00f3n rendida por el descendiente del actor, se\u00f1or Carlos Alfonso Gonz\u00e1lez Pach\u00f3n, en tanto que fue con base en ella que fij\u00f3 la fecha de inicio del v\u00ednculo que hall\u00f3 comprobado entre las partes. <\/p>\n

2.\tAl respecto, manifest\u00f3 que dicho testigo \u201cdebi\u00f3 ser descalificado por el inter\u00e9s obvio que tiene en las resultas del proceso, como que estar\u00eda llamado a suceder al demandante y a manejar en el entretanto los bienes como administrador en la inhabilitaci\u00f3n o interdicci\u00f3n de aqu\u00e9l\u201d. <\/p>\n

3.\tSobre lo dicho por el deponente, el censor tild\u00f3 de \u201cdescabellada\u201d e \u201cins\u00f3lita\u201d la \u201casociaci\u00f3n\u201d que aqu\u00e9l \u201ch[izo] (\u2026) entre la compra de una casa y la formaci\u00f3n de \u2018la familia\u2019, especialmente porque declar[\u00f3] acerca de una familia ajena, respecto de la cual (\u2026) expres[\u00f3] acritudes y vidriosos desafectos\u201d, m\u00e1s cuando la compra solamente la realiz\u00f3 la demandada.
\n4.\tA\u00f1adi\u00f3 que basta con observar \u201cla escritura p\u00fablica de adquisici\u00f3n de la casa del barrio Galer\u00edas, para ver la desmesura de la declaraci\u00f3n del testigo Carlos Alfonso Gonz\u00e1lez y la descomunal dimensi\u00f3n del error de apreciaci\u00f3n probatoria en que incurri\u00f3 el Tribunal\u201d, puesto que en ella, sobre los datos de la adquirente, se registr\u00f3 que era \u201csoltera y con sentencia del Juzgado 19 de Familia de Bogot\u00e1, D.C., donde consta la existencia, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial de hecho, (\u2026)\u201d. <\/p>\n

5.\tY concluy\u00f3 que, por ende, \u201ces contraevidente en grado manifiesto que la adquisici\u00f3n de la casa del barrio Galer\u00edas pueda tomarse como el inicio de la comunidad de vida de la compradora con el demandante, pues en la escritura de adquisici\u00f3n se demuestra exactamente todo lo contrario\u201d. <\/p>\n

6.\tApoyado en ese an\u00e1lisis, el censor asever\u00f3 que la fijaci\u00f3n del momento en el que comenz\u00f3 la uni\u00f3n declarada por el Tribunal, \u201chiere el sentido com\u00fan y no consulta las reglas de la sana cr\u00edtica, desconocimiento del art\u00edculo 187 del C.P.C. que llev[\u00f3] al ad quem a la violaci\u00f3n de las normas sustanciales enunciadas en el cargo\u201d, desatino al que se suma la vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 174 de la misma obra y la inaplicaci\u00f3n del principio de la carga de la prueba, toda vez que esa autoridad \u201cdio por demostrado sin estarlo, el hito inicial de la supuesta [u]ni\u00f3n [m]arital de hecho\u201d. <\/p>\n

CARGO OCTAVO <\/p>\n

En opini\u00f3n del impugnante, el sentenciador de segunda instancia incurri\u00f3 en otros errores de derecho por transgresi\u00f3n de los art\u00edculos 174, 176, 183, 187 y 194 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, 17 y 50 de la Ley 1306 de 2009, que lo condujeron al quebranto indirecto de los mismos preceptos sustanciales especificados en las acusaciones anteriores. <\/p>\n

El reproche se edific\u00f3 sobre dos pilares fundamentales: <\/p>\n

1.\tEl primero, la desestimaci\u00f3n de la confesi\u00f3n del actor que adopt\u00f3 el ad quem, fincado en pruebas irregularmente allegadas al proceso, cuestionamiento en relaci\u00f3n con el cual se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

1.1.\tEn el interrogatorio de parte que absolvi\u00f3 el demandante, \u00e9ste reconoci\u00f3 hechos n\u00edtidamente perjudiciales a s\u00ed mismo, como quiera que, en suma, neg\u00f3 que con posterioridad a 1999, hubiese convivido con la accionada, como figura en los pasajes de esa prueba que el censor reprodujo. <\/p>\n

1.2.\tTales manifestaciones, por ende, constituyen prueba de confesi\u00f3n, la cual fue puntal esencial del fallo desestimatorio de primera instancia. <\/p>\n

1.3.\tEl Tribunal, con el prop\u00f3sito de revocar dicho prove\u00eddo, se dio a la tarea de descalificar el valor probatorio de la referida confesi\u00f3n y, para ello, \u201cadmiti\u00f3 pruebas que no fueron legalmente decretadas y practicadas, con lo cual viol\u00f3 los art\u00edculos 174 y 183 del C.P.C.\u201d, pues tuvo en cuenta \u201cla informaci\u00f3n m\u00e9dica que reposa en documentos\u201d allegados de manera irregular, despu\u00e9s de la audiencia en la que se recepcion\u00f3 la comentada prueba, a efecto de establecer la incapacidad del actor para absolver el cuestionario que se le formul\u00f3. <\/p>\n

1.4.\tCon otras palabras, el sentenciador de segunda instancia coligi\u00f3 la incapacidad mental del absolvente, al momento de surtirse el interrogatorio, con apoyo en documentos que no fueron decretados como prueba y en relaci\u00f3n con los cuales la parte resistente de la acci\u00f3n, no tuvo oportunidad de controvertirlos, \u201ces decir se desatendieron las reglas de producci\u00f3n de la prueba, pues se tratar\u00eda de supuestos dict\u00e1menes periciales sobre los que la parte demandada ignora la forma c[\u00f3]mo se produjeron, pues arribaron subrepticiamente al proceso, en contravenci\u00f3n a lo dispuesto en el art\u00edculo 183 del C.P.C.\u201d. <\/p>\n

1.5.\tDesde otra perspectiva, \u201csi se aduce que se trata de prueba trasladada de un proceso de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n del demandante, esa prueba viol\u00f3 el art\u00edculo 185 del C.P.C.\u201d. <\/p>\n

1.6.\tEse comportamiento por s\u00ed reprobable del Tribunal, se ve agravado por el momento en el que esa Corporaci\u00f3n, por una parte, tuvo en cuenta las pruebas ilegalmente producidas y, por otra, con base en ellas, le rest\u00f3 toda eficacia probatoria a la confesi\u00f3n del actor, toda vez que ello aconteci\u00f3 en el fallo de segunda instancia, cuando la parte demandada nada pod\u00eda hacer frente a semejantes desafueros. <\/p>\n

1.8.\tCon la decisi\u00f3n de no conceder m\u00e9rito demostrativo a la prueba de confesi\u00f3n, el Tribunal, adicionalmente, desconoci\u00f3 la presunci\u00f3n de capacidad consagrada en el art\u00edculo 1503 del C\u00f3digo Civil y, por lo mismo, viol\u00f3 los art\u00edculos 176, 194 y 195 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, am\u00e9n que pas\u00f3 por alto las previsiones de las Leyes 1306 y 1346 de 2009, en particular los art\u00edculos 17 y 50 de la primera, sin que, conforme el segundo, su declaraci\u00f3n pudiera simplemente desaparecer, por concluirse que era incapaz absoluto, cuando fue vertida en un asunto de familia, m\u00e1s si se tiene en cuenta que la preceptiva fijada en esa reciente legislaci\u00f3n, parte del supuesto de que quienes sean calificados de tales, \u201cconservan algunas habilidades y funciones b\u00e1sicas\u201d y \u201ctienen competencias distintas a la ordinarias o regulares\u201d. <\/p>\n

1.9.\tMirada la prueba, se nota que \u201cen el curso de la audiencia el demandante ejerci\u00f3 y mantuvo niveles razonables de comunicaci\u00f3n directa, de modo que el Juez pudo consultar el mundo interior del declarante a trav\u00e9s de su propia conciencia mediante el di\u00e1logo\u201d, sin desconocer, claro est\u00e1, las dificultades que se presentaron, fruto de la edad y las enfermedades.
\nDel mismo modo, se percibe que el actor \u201ccomprend[i\u00f3] su rol en la audiencia, ent[endi\u00f3] el papel del juez, su autoridad, indentific[\u00f3] que lo estaban investigando, s[upo] qu\u00e9 es un[a] indagaci\u00f3n, reconoc[i\u00f3] sujetos y desde luego respond[i\u00f3] con mayor claridad conceptos b\u00e1sicos de lugar, de afecto, de voluntad, querer o no querer y conoc[i\u00f3] el objetivo del proceso. Inclusive, cuando es inquirido por actividades de pareja con la se\u00f1ora Mar\u00eda Nubia a quien identific[\u00f3] plenamente, protest[\u00f3] por la violaci\u00f3n de su intimidad, lo que muestra el grado de comprensi\u00f3n que ten\u00eda de las preguntas que absolv\u00eda. Igualmente, el confesante tiene plena conciencia cuando expresa su deseo de liberar a Mar\u00eda Nubia como ella quiere, con plena identificaci\u00f3n del sujeto de quien habla. Por supuesto que la indagaci\u00f3n por datos complejos invitaba al declarante a la evasi\u00f3n, a\u00fan inconsciente, pero de ah\u00ed no se puede inferir la inhabilitaci\u00f3n absoluta para declarar\u201d. <\/p>\n

Fuera de eso, el Tribunal ignor\u00f3 que \u201chay ciertos datos e informaciones primarias de las personas, que son constituyentes b\u00e1sicos de su propia identidad, que no se deterioran al mismo ritmo que la informaci\u00f3n suplementaria\u201d, como \u201cla identidad de la pareja\u201d, y no se percat\u00f3 que las preguntas fueron explicadas repetidamente. <\/p>\n

1.10.\tPor todo lo anterior, forzoso era, y es, concluir, que confesi\u00f3n s\u00ed hubo y que debi\u00f3 ser tenida en cuenta en procura de definir las resultas del proceso. <\/p>\n

1.11.\tAhora bien, esa confesi\u00f3n no fue desvirtuada, pues versando sobre la uni\u00f3n marital de hecho aqu\u00ed reclamada, para su infirmaci\u00f3n deb\u00eda privilegiarse la informaci\u00f3n suministrada por las personas directamente relacionadas con el entorno familiar de las partes, en este caso, su hija com\u00fan, Karen Catalina Gonz\u00e1lez Pati\u00f1o, quien, en s\u00edntesis, neg\u00f3 la convivencia de sus padres durante el lapso de tiempo indicado en la demanda; y el sobrino de la demandada, Iv\u00e1n Leonardo Torres Pati\u00f1o, quien vivi\u00f3 en la casa de aqu\u00e9lla ubicada en la barri\u00f3 \u201cGaler\u00edas\u201d de esta ciudad, testigo que neg\u00f3 la vida conjunta de los se\u00f1ores Gonz\u00e1lez y Pati\u00f1o, por lo menos desde el a\u00f1o 2009. <\/p>\n

En refuerzo de lo anterior, el recurrente trajo a colaci\u00f3n aqu\u00ed lo que en los otros cargos adujo respecto de las declaraciones de las se\u00f1oras Mar\u00eda Oliva M\u00e9ndez Boh\u00f3rquez, Aura Cecilia Higuera Dur\u00e1n, Resfatulia Bedoya, as\u00ed como de la prueba documental aportada, fundamentalmente, el contrato de arrendamiento del inmueble de la autopista norte con calle 178 de Bogot\u00e1. <\/p>\n

Sobre el punto de que se trata, el censor reiter\u00f3 que deb\u00edan descartarse las declaraciones rendidas por los hijos del actor, se\u00f1ores Carlos Alfonso y Carolina del Pilar Gonz\u00e1lez Pach\u00f3n, habida cuenta el inter\u00e9s que tienen en los resultados del presente litigio, por ser quienes administran los bienes de aqu\u00e9l, debido a su interdicci\u00f3n, y lo suceder\u00e1n una vez fallezca. <\/p>\n

Y agreg\u00f3 que nada indicativas resultaron las versiones juramentadas suministradas por los deponentes en los que se fund\u00f3 el ad quem para reconocer la existencia de la uni\u00f3n marital, se\u00f1ores Luis Alonso Velasco Gallo, Jairo Antonio Vela Roncancio, Belarmino D\u00edaz Granados y los hermanos Roa Qui\u00f1onez. <\/p>\n

2.\tLa otra vertiente por la que opt\u00f3 el recurrente, se concentr\u00f3 en la violaci\u00f3n del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u201cen tanto el Tribunal no analiz\u00f3 las pruebas en su conjunto, estableciendo entre ellas la debida correspondencia y armon\u00eda, sino que agudiz\u00f3 penetrantemente el sentido en detalles min\u00fasculos de las pruebas testimoniales, hasta hacer desaparecer el contexto en que ellas fueron rendidas, dicho metaf\u00f3ricamente las hojas ca\u00eddas de los \u00e1rboles le permitieron al Tribunal negar la existencia del bosque\u201d, tem\u00e1tica en relaci\u00f3n con la cual el recurrente expuso: <\/p>\n

2.1.\tTras advertir que el quid del asunto est\u00e1 en \u201cdefinir si el demandante Gonz\u00e1lez efectivamente vivi\u00f3 en la casa del barrio Galer\u00edas en el per\u00edodo en que se dice existi\u00f3 la comunidad de vida\u201d, cuesti\u00f3n que aqu\u00e9l afirm\u00f3 y que neg\u00f3 la demandada, clarific\u00f3 que con la presente acusaci\u00f3n reprocha que el Tribunal hubiese tenido por probada dicha convivencia, \u201cluego de haber fracturado el sentido que arrojan las pruebas existentes en el proceso, mediante una laboriosa y equivocada disecci\u00f3n de las probanzas, para hacer desaparecer el sentido y racionalidad que ellas transmiten, con clar\u00edsima violaci\u00f3n del art\u00edculo 187 del C.P.C.\u201d. <\/p>\n

2.2.\tRepiti\u00f3 las apreciaciones que plasm\u00f3 en los otros cargos respecto de la declaraci\u00f3n de Karen Catalina Gonz\u00e1lez Pati\u00f1o, resaltando nuevamente los hechos a que ella se refiri\u00f3 y las restantes pruebas corroborantes de los mismos. Tambi\u00e9n reiter\u00f3 la cr\u00edtica a la descalificaci\u00f3n de este testimonio, por parte del ad quem. <\/p>\n

2.3.\tIgualmente se ocup\u00f3 de la declaraci\u00f3n de Mar\u00eda Oliva M\u00e9ndez Boh\u00f3rquez, recordando que el sentenciador de segunda instancia lo utiliz\u00f3 para desechar el testimonio de la precitada hija de las partes y luego lo descart\u00f3, por contradictorio. <\/p>\n

2.4.\t Llegado a este punto, el impugnante observ\u00f3 que \u201c[h]ay una trilog\u00eda de testigos cuyas versiones se apoyan de modo consistente, grupo conformado por la hija de la pareja, el se\u00f1or Iv\u00e1n Leonardo Torres Pati\u00f1o quien vive con la demandada y su hija en la casa del barrio Galer\u00edas y la se\u00f1ora Mar\u00eda Oliva M\u00e9ndez Boh\u00f3rquez vecina del demandante en apartamentos contiguos del edificio de la calle 178. Declaran ellos al un\u00edsono que por lo menos desde el a\u00f1o 2008, el demandante Alfonso Gonz\u00e1lez no vive en la casa del barrio Galer\u00edas sino en el tercer piso del edificio de la calle 178, apartamento 301\u201d. <\/p>\n

2.5.\tA esas declaraciones, el censor agreg\u00f3 la versi\u00f3n suministrada por la se\u00f1ora Aura Cecilia Higuera Dur\u00e1n, sobre la que puso de presente observaciones similares a las que ya hab\u00eda consignado en la demanda de casaci\u00f3n, cuando se refiri\u00f3 sobre ella. <\/p>\n

2.6.\tEnseguida, el casacionista manifest\u00f3 que \u201c[e]n suma, el Tribunal disloc\u00f3 los testimonios de Karen Catalina Gonz\u00e1lez Pati\u00f1o, Mar\u00eda Oliva M\u00e9ndez Boh\u00f3rquez, Iv\u00e1n Leonardo Torres Pati\u00f1o, Resfa Tulia Bedoya y Aura Cecilia Higuera, minimiz\u00f3 hasta aniquilar abundantes y consistentes coincidencias en el aspecto fundamental de la controversia, como que el demandante Alfonso Gonz\u00e1lez no viv\u00eda en la casa de la barrio Galer\u00edas sino en el edificio de la calle 178, por lo menos desde el a\u00f1o 2008. Por el contrario, el Tribunal sobrepuj\u00f3 en grado superlativo algunas discordias puramente marginales, agit\u00f3 otras apenas aparentes, fractur\u00f3 la unidad de sentido que marcaban las pruebas antes aludidas, para negar la fuerza irrebatible que transmite su contenido: que no hubo comunidad de vida permanente entre las partes en el barrio Galer\u00edas, como lo confes\u00f3 el propio demandante\u201d. <\/p>\n

2.7.\tPero el desatino del Tribunal tambi\u00e9n se deriv\u00f3 porque \u201cdej\u00f3 de integrar en su an\u00e1lisis la prueba documental que de modo natural y fluido respaldaba las versiones de los testigos\u201d. <\/p>\n

Precis\u00f3 que tal omisi\u00f3n consisti\u00f3 en que esa autoridad, no valor\u00f3 conjunta y arm\u00f3nicamente los testimonios atr\u00e1s especificados con el contrato de arrendamiento celebrado por la demandada, como arrendadora, y el actor, como arrendatario, del edificio ubicado en la carrera 45 No. 178-37 de esta capital; las copias del proceso de restituci\u00f3n de ese bien; las fotograf\u00edas del mal estado de la vivienda que ocupaba el actor en dicho lugar; la carta de folios 66 y 67; el contrato de subarriendo ajustado entre Alfonso Gonz\u00e1lez y Marta Nohora Aza Ram\u00edrez, respecto del segundo piso de la misma construcci\u00f3n; y el certificado de C\u00e1mara de Comercio del establecimiento de comercio que el accionante coloc\u00f3 en el mencionado inmueble, medios de convicci\u00f3n en relaci\u00f3n con los cuales el recurrente reiter\u00f3 sus apreciaciones anteriores. <\/p>\n

2.8.\tY para terminar, el censor destac\u00f3 la falta de armonizaci\u00f3n de todas las pruebas ya referidas con los testimonios de Antonio Vela Roncancio y Catalina del Pilar Gonz\u00e1lez Pach\u00f3n, en tanto que el primero visit\u00f3 al actor en el local del edificio de la calle 178 y la segunda declar\u00f3 el estado de abandono en que se encontraba la habitaci\u00f3n que su padre ocupaba all\u00ed. <\/p>\n

2.9.\tAl cierre, el recurrente reliev\u00f3 que \u201c[s]i el Tribunal hubiera hecho un examen panor\u00e1mico de conjunto, sin penetrar en detalles intrascendentes hasta perder la visi\u00f3n total de la prueba, si no hubiera exacerbado la minucia hasta ocultar el fondo del asunto, si no hubiera visto puntos aislados donde hay una red de significaci\u00f3n, no hubiera podido concluir que estaba probada la convivencia entre demandante y demandada\u201d. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

I.\tIncompatibilidad de las acusaciones. <\/p>\n

1.\tEl compendio conjuntado de la totalidad de los cargos propuestos en desarrollo del recurso extraordinario cuyo estudio emprende la Sala, a m\u00e1s de que sirve para dar claridad sobre ellos, como ya se indic\u00f3, tiene el prop\u00f3sito espec\u00edfico de comparar su contenido, en procura de establecer si son incompatibles entre s\u00ed y, en ese caso, de definir los que son atendibles por la Corte. <\/p>\n

3.\tMirada la tem\u00e1tica de los reproches formulados, se detectan las siguientes incompatibilidades: <\/p>\n

3.1.\tCargos primero, quinto y sexto, apreciados en conjunto, frente a la octava acusaci\u00f3n. <\/p>\n

3.1.1. Las censuras agrupadas, tienen la misma base factual, como es que entre las partes existi\u00f3 una \u00fanica uni\u00f3n marital de hecho, iniciada en 1990 y que se extendi\u00f3 en el tiempo m\u00e1s all\u00e1 de cuando, mediante sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve de Familia de esta capital el 2 de agosto de 2000, se reconoci\u00f3 su existencia, sin disponer su terminaci\u00f3n. <\/p>\n

Con otras palabras, en los referidos cuestionamientos, la demandada recurrente afirm\u00f3 la continuidad de la uni\u00f3n marital despu\u00e9s de la expedici\u00f3n del memorado fallo, en tanto que \u00e9l no le puso fin, porque no pod\u00eda hacerlo, debido a que en la demanda con la que se apertur\u00f3 tal controversia, no se formul\u00f3 pretensi\u00f3n alguna dirigida a obtener un pronunciamiento de ese calibre. <\/p>\n

Apoyado en tal aserci\u00f3n, el impugnante le reproch\u00f3 al ad quem, en el cargo inicial, la preterici\u00f3n de la cl\u00e1usula sexta de la escritura p\u00fablica No 1892 del 26 de julio de 2002, otorgada en la Notar\u00eda Quince de Bogot\u00e1, en la que las partes, de mutuo acuerdo, liquidaron la sociedad patrimonial que surgi\u00f3 entre ellos con ocasi\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho declarada en el memorado fallo judicial, toda vez que en la referida estipulaci\u00f3n, los ex compa\u00f1eros Gonz\u00e1lez y Pati\u00f1o se\u00f1alaron que \u201clos bienes de cualquier naturaleza o clase que adquieran a partir de la firma\u201d de dicho instrumento, \u201cser\u00e1n bienes propios, no sujetos a comunidad de bienes entre ellos\u201d. <\/p>\n

En el cargo quinto, haber derivado de esa situaci\u00f3n, la continuidad de la \u00fanica uni\u00f3n marital de hecho que vincul\u00f3 a los litigantes, un efecto jur\u00eddico imposible, como fue el surgimiento de una segunda sociedad patrimonial. <\/p>\n

Y en el cargo sexto, el desconocimiento del genuino alcance de las pretensiones que en dicho proceso anterior elev\u00f3 la ahora demandada, as\u00ed como de la sentencia que lo defini\u00f3, puesto que la gesti\u00f3n procesal de la promotora de ese asunto, no estuvo dirigida a poner fin al v\u00ednculo marital que entonces ten\u00eda con el se\u00f1or Alfonso Gonz\u00e1lez y, por ende, el fallo judicial que se emiti\u00f3, no tuvo tal alcance, inadvertencia probatoria que llev\u00f3 al ad quem a reconocer una sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes no contemplada por la ley. <\/p>\n

3.1.2.\tEn abierta contradicci\u00f3n con lo anterior, la accionada, en el cargo octavo, neg\u00f3 que el nexo marital que inici\u00f3 con el actor en 1990, hubiese continuado luego de 1999, pues afirm\u00f3, en esencia, que a partir de entonces, ellos no hicieron vida en com\u00fan y que residieron en lugares separados, incluso, en distintos municipios. <\/p>\n

En tal virtud, fue que el recurrente le reproch\u00f3 al Tribunal la desestimaci\u00f3n que hizo de las pruebas demostrativas de la inexistencia de la convivencia o, desde la otra perspectiva, de que los litigantes vivieron por aparte, en particular, de la confesi\u00f3n que, en el primero de tales sentidos, efectu\u00f3 el accionante en el interrogatorio de parte que absolvi\u00f3; del testimonio de su hija Karen Catalina Gonz\u00e1lez Pati\u00f1o, quien igualmente neg\u00f3 que ellos, desde entonces, hubiesen compartido su existencia; de las declaraciones de Mar\u00eda Oliva M\u00e9ndez Boh\u00f3rquez, Aura Cecilia Higuera Durante e Iv\u00e1n Leonardo Torres Pati\u00f1o, que ubicaron al actor residiendo en lugar diferente al de la accionada, las dos primeras, desde el a\u00f1o 2008 y, el \u00faltimo, desde el 2009; y de la prueba documental, sobre todo, los contratos de arrendamiento que se encuentran entre ella, que ratifican lo expuesto por los nombrados declarantes. <\/p>\n

3.1.3.\tComo una misma cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, es patente la incompatibilidad de las advertidas posturas de la accionada, pues parti\u00e9ndose de un mismo momento, en este caso, la definici\u00f3n del proceso que con anterioridad a \u00e9ste ella adelant\u00f3 en contra del aqu\u00ed demandante, no es admisible que predicara, por una parte, que el v\u00ednculo de marido y mujer que ten\u00edan de antes, continu\u00f3; y, por otra, que se extingui\u00f3, porque desde entonces no hicieron vida en com\u00fan, habida cuenta que residieron en sitios distintos e, incluso, en diversos municipios. <\/p>\n

3.1.4.\tA ese respecto, debe destacarse que en la contestaci\u00f3n demanda, el apoderado judicial de la se\u00f1ora Pati\u00f1o Zambrano fue enf\u00e1tico en sostener que \u201cluego de haberse decretado la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho que existi\u00f3 entre ellos, durante el periodo comprendido entre el 31 de [d]iciembre de 1990 hasta el 20 de noviembre de 1999, por parte del JUZGADO 19 DE FAMIMILIA de esta ciudad, mediante providencia calendada el 02 de [a]gosto de 2000; el se\u00f1or ALFONSO GONZ\u00c1LEZ, nunca volvi\u00f3 a hacer vida en com\u00fan con la se\u00f1ora MAR\u00cdA NUBIA PATI\u00d1O ZAMBRANO\u201d (respuesta al hecho primero). <\/p>\n

En respaldo de lo anterior, afirm\u00f3 m\u00e1s adelante que \u201c[e]l demandante, luego de la separaci\u00f3n f[\u00ed]sica con mi representada, como consecuencia de la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la \u00fanica uni\u00f3n marital de hecho que existi\u00f3 entre los mismos, permaneci\u00f3 por un prolongado periodo en la ciudad de C\u00facuta\u201d y, posteriormente, en otros municipios, como Sogamoso, Sasaima y Agua de Dios, tras lo cual retorn\u00f3 a Bogot\u00e1, donde residi\u00f3, desde el 1\u00ba de septiembre de 2008, en el apartamento 301 del edificio ubicado en la autopista norte No. 178-37, que le arrend\u00f3 la demandada, tiempo en el que fue a la casa de \u00e9sta, pero solamente a visitar a su hija com\u00fan, Karen Catalina Gonz\u00e1lez Pati\u00f1o. <\/p>\n

Y coligi\u00f3 que \u201c[e]n ese orden de ideas, es claro y sin lugar a dudas, que el se\u00f1or ALFONSO GONZ\u00c1LEZ, una vez disuelta y liquidada la \u00fanica sociedad marital de hecho que existi\u00f3 desde 1990 hasta 1999, NUNCA volvi\u00f3 a hacer vida en com\u00fan con mi poderdante MAR\u00cdA NUBIA PATI\u00d1O ZAMBRANO, mucho menos a compartir techo, lecho y mesa, como de mala fe, el demandante pretende(\u2026) hacer creer al Despacho, ya que la misma tiene su residencia en la [c]arrera 25 No. 45 C 71, [b]arrio Galer\u00edas de esta ciudad, mientras que el demandante ha permanecido fuera de Bogot\u00e1, en diferentes lugares\u201d. <\/p>\n

Posteriormente, insisti\u00f3 en que \u201c[t]ampoco es cierto que, con posterioridad a la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho aludida (1990 a 1999), tanto el demandante como mi representada hayan continuado haciendo vida en com\u00fan a t\u00edtulo de compa\u00f1eros permanentes, ya que el se\u00f1or ALFONSO GONZ\u00c1LEZ, escasamente visitaba a su entonces menor hija KAREN CATALINA GONZ\u00c1LEZ PATI\u00d1O, en el lugar donde ella siempre ha residido junto con su progenitora\u201d (respuesta al hecho tercero). <\/p>\n

Esos planteamientos, fueron el sustento de la excepci\u00f3n de \u201cINEXISTENCIA DE LA CONVIVENCIA\u201d. <\/p>\n

M\u00e1s a\u00fan: en respaldo del segundo mecanismo defensivo propuesto (\u201cINEXISTENCIA DE LA DISOLUCI\u00d3N Y LIQUIDACI\u00d3N DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO ENTRE MAR\u00cdA NUBIA PATI\u00d1O Y ALFONSO GONZ\u00c1LEZ\u201d), se asever\u00f3 que \u201cla separaci\u00f3n f\u00edsica y definitiva entre las partes, se produjo a partir del 2 de agosto de 2000, conforme a la sentencia proferida por el Juzgado 19 de Familia de esta ciudad, y despu\u00e9s de esa fecha los ex compa\u00f1eros no han hecho vida en com\u00fan (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y en desarrollo de la excepci\u00f3n de \u201cINCONGRUENCIA Y CONTRADICCI\u00d3N POR PARTE DEL DEMANDANTE, RESPECTO DEL SUPUESTO TIEMPO DE CONVIVENCIA Y LA FECHA DE LIQUIDACI\u00d3N DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO, QUE DISOLVI\u00d3 EL JUZGADO 19 DE FAMILIA MEDIANTE SENTENCIA DE FECHA DOS (02) DE AGOSTO DE DOS MIL\u201d, se se\u00f1al\u00f3 que \u201c[s]i se liquid\u00f3 la sociedad patrimonial de hecho de la \u00fanica uni\u00f3n marital de hecho que existi\u00f3 entre las partes, fue precisamente porque la convivencia se hab\u00eda acabado dos a\u00f1os atr\u00e1s, como consecuencia de ello el se\u00f1or ALFONSO GONZ\u00c1LEZ y la se\u00f1ora MAR\u00cdA NUBIA PATI\u00d1O, fijaron su lugar de residencia en lugares separados a partir del momento en que se finiquit\u00f3 la relaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

Dicha l\u00ednea defensiva la mantuvo la demandada al alegar de conclusi\u00f3n en primera instancia, oportunidad en la que, con similares expresiones, refrend\u00f3 su negativa a admitir que con posterioridad a cuando se profiri\u00f3 la sentencia con la que se dirimi\u00f3 el proceso anterior seguido a ruego de ella en contra de quien aqu\u00ed funge como demandante, continu\u00f3 haciendo vida marital con \u00e9l (fls. 7 a 16, cd. 4). <\/p>\n

Como quiera que el fallo de primer grado fue desestimatorio de las pretensiones, precisamente, porque no se prob\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho reclamada, la accionada, en los alegatos que present\u00f3 durante el tr\u00e1mite de la alzada propuesta por el gestor de la controversia, solicit\u00f3 la confirmaci\u00f3n de ese prove\u00eddo, pedimento que sustent\u00f3 en la validez de la confesi\u00f3n que al respecto el \u00faltimo efectu\u00f3 en el interrogatorio de parte que absolvi\u00f3 y en el contenido de la restante prueba recaudada, que analiz\u00f3, planteamientos que, por ende, en nada alteraron la postura que asumi\u00f3 desde el inicio de su intervenci\u00f3n, esto es, que luego del 2 de agosto de 2000, no existi\u00f3 convivencia entre las partes (fls. 11 a 23, cd. 5). <\/p>\n

3.1.5.\tEl Tribunal, fruto de la ponderaci\u00f3n que hizo de material probatorio, estim\u00f3 que era \u201cclaro que contrario a lo que argument[\u00f3] el extremo pasivo, las partes s\u00ed conformaron una nueva uni\u00f3n marital de hecho\u201d; y que su inicio, no pudo darse en 1990, como lo predicaron algunos de los testigos, en raz\u00f3n a que \u201centre la pareja fue declarada ya la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho y la consecuente sociedad patrimonial, desde el 31 de diciembre de 1990 y hasta el 20 de noviembre de 1999\u201d, por lo que interpret\u00f3 que los deponentes estaban refiri\u00e9ndose \u201ca la primera uni\u00f3n que tuvo la pareja en contienda\u201d.
\nSignifica lo anterior, que el sentenciador de segunda instancia, obligado como estaba a respetar los linderos que las partes fijaron al litigio en la demanda y en la contestaci\u00f3n, acogi\u00f3 la postura que en esos escritos se explicit\u00f3 sobre la uni\u00f3n marital cuyo reconocimiento aqu\u00ed se solicit\u00f3, esto que, que se trataba de una distinta a la que constituy\u00f3 el objeto del primer ligio gestionado entre las partes. <\/p>\n

3.1.6.\tAs\u00ed las cosas, la Corte, frente a la incompatibilidad atr\u00e1s detectada, siguiendo las pautas legislativas consagradas en la norma atr\u00e1s reproducida y con miramiento en el advertido fundamento del fallo combatido, as\u00ed como en la posici\u00f3n que la propia demandada adopt\u00f3 en las instancias, optar\u00e1 por tomar en consideraci\u00f3n el cargo octavo y, correlativamente, por desechar los cargos primero, quinto y sexto, que por ende no est\u00e1n llamados a abrirse paso. <\/p>\n

3.2.\tCargo segundo en relaci\u00f3n con el tercero y el cuarto. <\/p>\n

3.2.1.\tEn la primera de tales acusaciones, su proponente adujo, en s\u00edntesis, que el demandante, durante el a\u00f1o 2008, residi\u00f3 en el municipio de Agua de Dios y que, en ese tiempo, sostuvo \u201cuna relaci\u00f3n marital con la se\u00f1ora Cecilia Salazar\u201d, v\u00ednculo que, por ende, desvirtu\u00f3 la singularidad del nexo que el Tribunal declar\u00f3 existente entre las partes, afirmaciones que sustent\u00f3 en los testimonios de los se\u00f1ores Sandra Milena Londo\u00f1o Villamil y Jairo Hern\u00e1ndez Palomino, que consider\u00f3 indebidamente cercenados por el ad quem. <\/p>\n

3.2.2.\tA su turno, en los cargos tercero y cuarto, el casacionista se\u00f1al\u00f3 que el se\u00f1or Alfonso Gonz\u00e1lez, desde el 1\u00ba de septiembre de 2008, residi\u00f3 s\u00f3lo en el apartamento 301 del edificio ubicado en la carrera 45 No. 178-37 de Bogot\u00e1, que le fue arrendado por la demandada, como se comprob\u00f3, principalmente, con los testimonios de Mar\u00eda Oliva M\u00e9ndez Boh\u00f3rquez y Aura Cecilia Higuera Guzm\u00e1n, demostraci\u00f3n confirmada con los documentos que aport\u00f3 la propia accionada y con las declaraciones de Antonio Vela Roncancio y Carolina del Pilar Gonz\u00e1lez Pach\u00f3n. <\/p>\n

3.2.3.\tEs inadmisible, por lo tanto, que el recurrente, para una misma \u00e9poca, haya ubicado al gestor de esta controversia viviendo en el municipio de Agua de Dios en uni\u00f3n marital con la se\u00f1ora Cecilia Salazar y, paralelamente, residiendo s\u00f3lo en Bogot\u00e1. <\/p>\n

3.2.4.\tComo en las instancias, la demandada \u00fanicamente esgrimi\u00f3 en su defensa, la permanencia del se\u00f1or Gonz\u00e1lez en el referido apartamento durante el indicado a\u00f1o, situaci\u00f3n que fue de la que se ocup\u00f3 el Tribunal en su sentencia, la Corte solamente admitir\u00e1 para estudio los cargos tercero y cuarto, prescindiendo del segundo, que en consecuencia naufraga. <\/p>\n

4.\tNo obstante que las incompatibilidades analizadas son suficientes para desestimar los cargos primero, quinto y sexto, vistos en bloque, y segundo, no est\u00e1 dem\u00e1s advertir que ellos, de escrutarse m\u00e1s al fondo, no son de todas maneras merecedores de acogerse, pues el fundamento cardinal en que descansan, corresponde a un medio nuevo que, como tal, es inatendible en casaci\u00f3n. <\/p>\n

En efecto, seg\u00fan ya se acot\u00f3, la supuesta continuidad de la uni\u00f3n marital de hecho que los integrantes de los extremos procesales conformaron a partir de 1990, hasta luego de que la sociedad patrimonial derivada de ella se disolvi\u00f3 por sentencia judicial, aducida como soporte de los cargos primero, quinto y sexto, fue una cuesti\u00f3n f\u00e1ctica que s\u00f3lo vino a plantearse en casaci\u00f3n, toda vez que a lo largo de las instancias, la postura que esgrimi\u00f3 la demandada fue exactamente la contraria, esto es, que ese v\u00ednculo t\u00e9rmino el 2 de agosto del 2000. <\/p>\n

Igual acontece con el planteamiento relativo a que en el a\u00f1o 2008, el se\u00f1or Gonz\u00e1lez hizo vida marital con la se\u00f1ora Cecilia Salazar. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, propio es colegir que uno y otro planteamiento es novedoso y que, por lo mismo, no era factible en casaci\u00f3n, estructurar ninguno de los ataques planteados con base en ellos, toda vez que, como con insistencia y sin modificaciones, lo ha sostenido la Corporaci\u00f3n, una sentencia no puede ser juzgada a la luz de hechos que no pudieron ser considerados por quien la profiri\u00f3, pues el silencio guardado sobre ellos traduce para \u00e9ste la imposibilidad de conocerlos, de constatar su comprobaci\u00f3n y, sobre todo, de evaluar los efectos jur\u00eddicos derivados de los mismos, am\u00e9n que habilitar reproches en esa forma sustentados, provocar\u00eda la vulneraci\u00f3n del derecho de la contraparte de controvertir, dentro del respectivo proceso, la plataforma f\u00e1ctica aducida en su contra y de pedir pruebas para desvirtuarla, labor\u00edo que como es l\u00f3gico entenderlo, no puede realizarse en casaci\u00f3n. <\/p>\n

La Corte, en reciente fallo, refiri\u00e9ndose a un \u201cmedio nuevo\u201d, es decir, aqu\u00e9l que \u201cno fue debatido en las instancias y que s\u00f3lo se alega en desarrollo del recurso extraordinario\u201d, reiter\u00f3, de un lado, que es \u201cinadmisible en casaci\u00f3n, toda vez que \u2018la sentencia del ad quem no puede enjuiciarse \u2018sino con los materiales que sirvieron para estructurarla; no con materiales distintos, extra\u00f1os y desconocidos\u2019. Ser\u00eda de lo contrario, un hecho desleal, no s\u00f3lo entre las partes, sino tambi\u00e9n respecto del tribunal fallador, a quien se le emplazar\u00eda a responder en relaci\u00f3n con hechos o planteamientos que no tuvo ante sus ojos, y a\u00fan respecto del fallo mismo, que tendr\u00eda que defenderse de armas para \u00e9l hasta entonces ignoradas\u2019 (Sent. 006 de 1999 Exp: 5111), al fin y al cabo, a manera de m\u00e1xima, debe tenerse en cuenta que \u2018lo que no se alega en instancia, no existe en casaci\u00f3n\u2019 (LXXXIII p\u00e1g. 57)\u2019 (CSJ, SC del 21 de agosto de 2001, Rad. N.\u00b0 6108)\u201d. <\/p>\n

Y, de otro, que \u201cel recurso extraordinario de casaci\u00f3n \u2018no puede basarse ni erigirse exitosamente en elementos novedosos\u2019, porque \u00e9l, \u2018cual lo expuso la Corte en sentencia de 30 mayo de 1996, expediente 4676, \u2018no es propici[o] para repentizar con debates f\u00e1cticos y probatorios de \u00faltima hora; semejante irrupci\u00f3n constituye medio nuevo y es entonces repulsado (\u2026)\u2019, sobre la base de considerarse, entre otras razones, que \u2018se violar\u00eda el derecho de defensa si uno de los litigantes pudiese echar mano en casaci\u00f3n de hechos, extremos o planteamientos no alegados o formulados en instancia, respecto de los cuales, si lo hubiesen sido entonces, la contraparte habr\u00eda podido defender su causa. Pero promovidos ya cerrado el proceso, la infirmaci\u00f3n de la sentencia con apoyo en ellos, equivaldr\u00eda a la pretermisi\u00f3n de las instancias, de las formas propias del tr\u00e1mite requerido, con quebranto de la garant\u00eda institucional de no ser condenado sin haber sido o\u00eddo y vencido en juicio\u2019 (LXXXIII 2169, p\u00e1gina 76) (CSJ, SC del 9 de septiembre de 2010, Rad. n.\u00b0 2005-00103-01)\u201d (CSJ, SC – 18500 del 9 de noviembre de 2017, Rad. n.\u00b0 2002-00006-01). <\/p>\n

La circunstancia de que el cargo quinto hubiese sido propuesto por violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, no es \u00f3bice para hacer actuar la teor\u00eda del medio nuevo, por el car\u00e1cter mixto de la acusaci\u00f3n, eventualidad en relaci\u00f3n con el cual la Corte ha explicado: <\/p>\n

(\u2026) Ahora bien, el hecho de que el cargo auscultado est\u00e9 sustentado en la violaci\u00f3n directa de las normas precisadas en la acusaci\u00f3n, no es obst\u00e1culo para predicar la inadmisibilidad del medio nuevo, pues como se extracta de todo lo hasta aqu\u00ed analizado, la acusaci\u00f3n no es puramente jur\u00eddica, sino h\u00edbrida, en tanto que en relaci\u00f3n con el hecho de la autorizaci\u00f3n, que como queda dicho, fue parte importante del debate procesal en los t\u00e9rminos ya delineados, el recurrente sobrepuso el argumento de no ser un requisito necesario de cuya insatisfacci\u00f3n pudiera inferirse el incumplimiento contractual reprochado en el libelo introductorio. <\/p>\n

En reciente fallo, la Sala, sobre el particular, acot\u00f3: <\/p>\n

\u2018As\u00ed las cosas, es forzoso colegir que el advertido hecho corresponde a un medio nuevo, inadmisible en casaci\u00f3n, sin que para su reconocimiento como tal, sea \u00f3bice que el cargo auscultado hubiese sido propuesto por la senda de la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, pues como se vio, mirado su contenido, la acusaci\u00f3n es mixta. <\/p>\n

\u2018En torno de la alegaci\u00f3n de circunstancias f\u00e1cticas que no fueron debatidas en el respectivo proceso, la Corte ha expresado lo siguiente: <\/p>\n

\u2018(\u2026) Descartados los argumentos de puro derecho y los medios de orden p\u00fablico, que nunca ser\u00e1n materia nueva en casaci\u00f3n, lo dem\u00e1s, esto es, los planteamientos legales o extremos no formulados o alegados en instancia, son campo vedado al recurso extraordinario\u2026 \u2018\u2026Esto no implica que no se pueda aducir en casaci\u00f3n argumentos que no se hicieron en instancia, a condici\u00f3n que ellos tengan un car\u00e1cter puramente jur\u00eddico, que no se mezcle ning\u00fan elemento de hecho, lo que vale decir que los medios mixtos en que se mezclan elementos de hecho y de derecho no son aceptados en casaci\u00f3n\u2019 (XLI bis. Subraya la Sala)\u2026 Por consiguiente, en toda esta materia de las alegaciones jur\u00eddicas y de los planteamientos legales relacionados con los hechos y distintos de las razones de puro derecho y de orden p\u00fablico, se da el medio nuevo, pero \u00fanicamente cuando tales alegaciones no fueron formuladas en instancia (CSJ SC, 22 Jun. 1956, G.J. T. LXXXIII \u2013se destaca) (CSJ, SC 5798 del 9 de marzo de 2014, Rad. n.\u00b0 2009-00978-01)\u2019 (CSJ, SC 15222 del 26 de septiembre de 2017, Rad. n.\u00b0 2009-00299-01). <\/p>\n

5.\tSiendo inatendibles los hechos fundantes de los cargos referidos, mal podr\u00eda reconocerse su prosperidad. <\/p>\n

II.\tLas restantes acusaciones. <\/p>\n

1.\tGeneralidades. <\/p>\n

De las cuatro censuras que quedan por examinarse, los cargos s\u00e9ptimo y octavo son los \u00fanicos que tratan sobre la uni\u00f3n marital de hecho declarada por el ad quem; los otros dos (tercero y cuarto), fueron dirigidos a fustigar la desestimaci\u00f3n de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, en lo que ata\u00f1e con el reconocimiento, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial que se predic\u00f3 constituida entre los compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n

2.\tCargo octavo. <\/p>\n

2.1.\tComo se extracta del compendi\u00f3 que de \u00e9l se hizo, dicho reproche se encamin\u00f3 a dos objetivos esenciales: de un lado, desvirtuar la descalificaci\u00f3n que el Tribunal hizo de la prueba que denomin\u00f3 de \u201cdescargo\u201d, particularmente, a desvanecer las contradicciones, o el significado de ellas, con base en las cuales el Tribunal rest\u00f3 credibilidad a los testimonios practicados a solicitud de la demandada, fundamentalmente, los de su hija Karen Catalina Gonz\u00e1lez Pati\u00f1o, su sobrino Iv\u00e1n Leonardo Torres Pati\u00f1o y el de la se\u00f1ora Mar\u00eda Oliva M\u00e9ndez Boh\u00f3rquez; y de otro, a establecer que de la ponderaci\u00f3n panor\u00e1mica o de conjunto de esos testimonios, unidos a la confesi\u00f3n del demandante, a las declaraciones de Aura Cecilia Higuera Dur\u00e1n, Antonio Vela Roncancio y Catalina del Pilar Gonz\u00e1lez Pach\u00f3n y a la prueba documental, principalmente, los contratos de arrendamiento aportados, pod\u00eda colegirse la inexistencia de la convivencia de las partes luego del a\u00f1o 2000 o, por lo menos, desde el 2008. <\/p>\n

En suma, el censor le imput\u00f3 al Tribunal los siguientes errores de derecho: <\/p>\n

2.1.1.\tHaberle quitado toda eficacia probatoria a la confesi\u00f3n del actor, relativa a que \u00e9l no convivi\u00f3 con la accionada en el periodo de tiempo precisado en la demandada, fundado en documentos irregularmente allegados al proceso, que no fueron tenidos en cuenta como prueba y, respecto de los cuales, la \u00faltima no tuvo oportunidad de controvertirlos. <\/p>\n

2.1.2.\tNo haber valorado conjuntamente, las siguientes pruebas: <\/p>\n

a)\tLos testimonios de Karen Catalina Gonz\u00e1lez Pati\u00f1o, Iv\u00e1n Leonardo Torres Pati\u00f1o, Mar\u00eda Olivia M\u00e9ndez Boh\u00f3rquez que, en concepto del censor, son, de un lado, los m\u00e1s id\u00f3neos para establecer la realidad del v\u00ednculo que at\u00f3 a las partes y, de otro, claramente demostrativos de que los se\u00f1ores Gonz\u00e1lez y Pati\u00f1o no hicieron vida en com\u00fan a partir del a\u00f1o 2000. <\/p>\n

b)\tLa declaraci\u00f3n de Aura Cecilia Higuera Dur\u00e1n, que predic\u00f3 lo mismo, pero en su condici\u00f3n de empleada del actor. <\/p>\n

c)\tLos documentos aportados por la accionada, especialmente, los contratos de arrendamiento de los inmuebles en los que el promotor del litigio residi\u00f3. <\/p>\n

d)\tY las versiones juramentadas suministradas por los se\u00f1ores Antonio Vela Roncancio y Catalina del Pilar Gonz\u00e1lez Pach\u00f3n, en tanto que aqu\u00e9l relat\u00f3 la visita que le hizo al gestor del litigio, en el inmueble de la autopista norte con calle 178 de esta ciudad y \u00e9sta, describi\u00f3 las deplorables condiciones de la habitaci\u00f3n que su padre ten\u00eda en ese edificio. <\/p>\n

2.2.\tTeniendo en mente el delineado alcance del referido reproche, es del caso se\u00f1alar que el ad quem, a efecto de declarar la uni\u00f3n marital que le fue solicitada, parti\u00f3 de la presencia en el proceso de dos grupos de pruebas: uno, integrado por las pedidas por el actor, que llam\u00f3 de \u201ccargo\u201d, demostrativas de su existencia; y otro, conformado por las solicitadas por la accionada, o de \u201cdescargo\u201d, que contrariamente la negaban.
\nEn ese orden de ideas, el Tribunal, fincado en las primeras, principalmente, en los testimonios rendidos por los se\u00f1ores Luis Alonso Velasco Gallo, Carlos Alfonso Gonz\u00e1lez Pach\u00f3n, Jairo Antonio Vela Roncancio, Belarmino D\u00edaz Granados, Carolina de Pilar Gonz\u00e1lez Pach\u00f3n, Alberto Roa Qui\u00f1onez y William Florentino Roa Qui\u00f1onez, as\u00ed como en los documentos allegados con el libelo introductorio y en la historia cl\u00ednica del actor que, de oficio, solicit\u00f3 a la \u201cCl\u00ednica Nueva\u201d de esta ciudad, coligi\u00f3, en definitiva, que \u201cqueda claro que contrario a lo que argument\u00f3 el extremo pasivo, las partes s\u00ed conformaron una nueva uni\u00f3n marital de hecho, la que se desarroll\u00f3 en esta oportunidad en el inmueble ubicado en la carrera 25 No. 48-31 (sic)\u201d de esta ciudad. <\/p>\n

De modo complementario, se ocup\u00f3 de la prueba de \u201cdescargo\u201d, en relaci\u00f3n con la cual no apreci\u00f3 la confesi\u00f3n del demandado, puesto concluy\u00f3 su incapacidad mental al momento de absolver el interrogatorio de parte que la contiene; infiri\u00f3 la falta de credibilidad de los testimonios que la integran, por las contradicciones que avizor\u00f3 en ellos mismos y con otras probanzas; y estim\u00f3 que los contratos de arrendamiento aportados por la convocada, no desvirtuaron la existencia de la uni\u00f3n marital, como quiera que ellos \u201cquiz\u00e1 (\u2026) obedec[ieron] simplemente a la organizaci\u00f3n patrimonial que ten\u00eda la pareja\u201d. <\/p>\n

2.3.\tDel cotejo de esos argumentos, los que el censor explicit\u00f3 en el cargo ahora examinado, de un lado, y los del Tribunal, del otro, se extracta que el impugnante no combati\u00f3 la conclusi\u00f3n toral del fallo de segunda instancia, esto es, que \u201clas partes s\u00ed conformaron una nueva uni\u00f3n marital de hecho\u201d, ni la ponderaci\u00f3n probatoria en que dicha autoridad soport\u00f3 la misma. <\/p>\n

Su actividad se limit\u00f3 a lo accesorio: protestar la valoraci\u00f3n que el ad quem hizo de las pruebas de \u201cdescargo\u201d. <\/p>\n

Y es que no constituyen ataque, las menciones tangenciales que sobre las pruebas de \u201ccargo\u201d el censor hizo al sustentar el primero de los comentados errores, en la parte donde afirm\u00f3 que la confesi\u00f3n del actor no fue desvirtuada, pues como se ve, con ellas, lo \u00fanico que pretendi\u00f3 mostrar fue la mayor fuerza que ten\u00eda el dicho del propio demandante, y no destruir la ponderaci\u00f3n que el ad quem hizo de esos otros elementos de juicio. <\/p>\n

Por consiguiente, cabe colegir, que la labor del censor consisti\u00f3 en sobreponerle a la comentada decisi\u00f3n y a sus fundamentos, sin desvirtuar una y otros, la tesis de la inexistencia del referido v\u00ednculo, soportado en unas pruebas diferentes. <\/p>\n

2.4.\tAs\u00ed las cosas, es patente que el cargo, en la forma como fue dise\u00f1ado, envuelve su propio fracaso, pues al no remover primero la postura que sobre los hechos del litigio adopt\u00f3 el Tribunal, dej\u00f3 cerrada la puerta para que la Corte pudiera contemplar una posibilidad distinta, como ser\u00eda que el v\u00ednculo investigado no fue tal. <\/p>\n

Es que, manteni\u00e9ndose en pie el reconocimiento que se hizo de la uni\u00f3n marital, por no haber sido controvertido en casaci\u00f3n, afirmar con apoyo en pruebas diversas a las que el ad quem apreci\u00f3 para arribar a tal inferencia, que esa situaci\u00f3n no se consolid\u00f3, no pasa de ser m\u00e1s que una disputa de pareceres que, como se sabe, no habilita el quiebre del fallo confutado, pues una interpretaci\u00f3n diversa de los hechos por parte del recurrente, por m\u00e1s apropiada que parezca, no deja al descubierto, por s\u00ed sola, que la ponderaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n efectuada por el sentenciador, envuelva yerros may\u00fasculos capaces de ocasionar el quiebre de su fallo. <\/p>\n

2.5.\tDesde otra perspectiva, cabe a\u00f1adir que, siendo intocables en casaci\u00f3n la comentada inferencia -existencia de la uni\u00f3n marital de hecho- y la valoraci\u00f3n probatoria en que se soporta, hay que admitir, siguiendo en eso al ad quem, que existe en el proceso un grupo de pruebas que acreditan suficientemente dicha relaci\u00f3n de pareja, durante el tiempo que el ad quem fij\u00f3. <\/p>\n

De ese corolario se desprende, entonces, que la acusaci\u00f3n analizada carece por completo de trascendencia, pues as\u00ed se admitiera que el sentenciador de segunda instancia incurri\u00f3 en los errores de derecho que se le imputaron y que, por lo tanto, se equivoc\u00f3 al apreciar las pruebas de \u201cdescargo\u201d, pues \u00e9stas s\u00ed acreditan con suficiencia la inexistencia del anotado nexo familiar, cual lo predic\u00f3 el recurrente, no habr\u00eda c\u00f3mo casar el fallo impugnado, porque lo que corresponder\u00eda entender, es que la prevalencia que el Tribunal le dio a las pruebas que denomin\u00f3 de \u201ccargo\u201d, est\u00e1 amparada por la discreta autonom\u00eda que ten\u00eda de escrutar los elementos de juicio disponibles en el proceso, pues la antag\u00f3nica posici\u00f3n de los dos grupos de pruebas que avizor\u00f3 en su interior, lo obligaba a optar por lo que uno de ellos contemplaba, sin que la selecci\u00f3n que ante tal circunstancia efectu\u00f3, hubiese comportado la comisi\u00f3n de un error de juicio, con causa en la apreciaci\u00f3n material y\/o jur\u00eddica de las pruebas. <\/p>\n

Al respecto, debe memorarse que \u201ccuando se est\u00e1 frente a dos grupos de pruebas, el juzgador de instancia no incurre en error evidente de hecho al dar prevalencia y apoyar su decisi\u00f3n en uno de ellos con desestimaci\u00f3n del restante, pues en tal caso su decisi\u00f3n no estar\u00eda alejada de la realidad del proceso\u201d (CSJ, SC del 18 septiembre de 1998, Rad. n.\u00b0 5058; se subraya). <\/p>\n

Y que, como lo resolvi\u00f3 la Sala en un asunto apuntado tambi\u00e9n al reconocimiento de una uni\u00f3n marital de hecho, \u201csi en el proceso, como el propio recurrente lo advirti\u00f3, existen dos grupos de pruebas, uno que avala la posici\u00f3n que asumi\u00f3 el ad quem, esto es, que las relaciones amorosas que vincularon a (\u2026) con la actora y con la se\u00f1ora (\u2026), supusieron la cohabitaci\u00f3n de los miembros de cada una de las parejas as\u00ed formadas, y otro que se contrapone a esa conclusi\u00f3n, en la medida en que desvirtu\u00f3 que aqu\u00e9l y la \u00faltima hubiesen llevado su relaci\u00f3n hasta la convivencia, no es admisible que el Tribunal, al optar por uno de ellos, hubiese cometido el error de derecho all\u00ed denunciado, toda vez que, en criterio de esta Corporaci\u00f3n, \u2018[l]a selecci\u00f3n de un grupo de pruebas respecto de otro, tampoco constituye per se un error de derecho por ausencia de apreciaci\u00f3n conjunta\u2019, en la medida que tal \u2018escogencia es, en l\u00ednea de principio, fruto de la apreciaci\u00f3n, an\u00e1lisis y confrontaci\u00f3n integral de los elementos probatorios, lo cual excluye la conculcaci\u00f3n del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (Cas. Civ., sentencia de 2 de diciembre de 2011, expediente No. 25899-3103-001-2005-00050-01)\u201d (CSJ, SC del 19 de diciembre de 2012, Rad. n.\u00b0 2008-00444-01; se subraya). <\/p>\n

De suyo, pues, que el acogimiento que el Tribunal hizo de las pruebas de \u201ccargo\u201d por encima de las pruebas de \u201cdescargo\u201d, as\u00ed se admita que en relaci\u00f3n con estas \u00faltimas no media ninguna circunstancia que las descalifique o que impida reconocerles eficacia demostrativa, no es un comportamiento que engendre la comisi\u00f3n de errores de hecho o de derecho, menos, por falta de apreciaci\u00f3n conjunta, pues lo que se deduce del labor\u00edo del ad quem es que \u00e9l, tras percatarse de la presencia de los dos grupos de pruebas obrantes en el informativo y de advertir que mientras uno acreditaba la uni\u00f3n marital de hecho reclamada, el otro preconizaba su inexistencia, los valor\u00f3 aunada y globalmente para, fruto de ello, acoger el primero. <\/p>\n

Con otras palabras, no se trat\u00f3 aqu\u00ed de que el ad quem no viera que de las pruebas de \u201cdescargo\u201d, apreciadas individualmente y en conjunto, pod\u00eda deducirse que los se\u00f1ores Gonz\u00e1lez y Pati\u00f1o residieron por separado a partir del a\u00f1o 2000, sino de que, pese a reconocer que ese era el sentido de tales medios de convicci\u00f3n, opt\u00f3 por preferir el sentido que dedujo del otro grupo de pruebas, del que infiri\u00f3 la comprobaci\u00f3n de la uni\u00f3n marital, entendimiento que, se reitera, como no fue controvertido a trav\u00e9s del recurso extraordinario en estudio, conserva plena vigencia y, por lo tanto, continua irradiando todos los efectos que le son propios, al fallo cuestionado. <\/p>\n

2.6.\tEs tambi\u00e9n consecuencia de la firmeza del referido raciocinio del Tribunal, que la confesi\u00f3n del demandante, de tenerse por eficaz, estar\u00eda infirmada por el c\u00famulo de pruebas que respaldan la postura del ad quem, en tanto que no fueron blanco de ataque por el censor y que dicha autoridad dedujo de ellas la comprobaci\u00f3n de la convivencia de las partes durante todo el per\u00edodo de tiempo que determin\u00f3 en su fallo, entendimiento que contradice abiertamente lo que el accionante admiti\u00f3 en perjuicio suyo, dentro del interrogatorio de parte que absolvi\u00f3. <\/p>\n

2.7.\tEn definitiva, se concluye que el cargo octavo no se abre paso. <\/p>\n

3.1.\tComo ya se registr\u00f3, con su proposici\u00f3n se endilg\u00f3 al Tribunal la comisi\u00f3n de error de derecho, por haber fijado la fecha de inicio de la uni\u00f3n marital con base en la declaraci\u00f3n del se\u00f1or Carlos Alfonso Gonz\u00e1lez Pach\u00f3n, en tanto que al ponderarla no aplic\u00f3 la sana cr\u00edtica, toda vez que admiti\u00f3 la absurda asociaci\u00f3n que el deponente hizo entre la compra de la casa del barrio \u201cGaler\u00edas\u201d, realizada \u00fanicamente por la demandada, y el inicio de la convivencia de las partes. <\/p>\n

3.2.\tEn punto de la \u201csana cr\u00edtica\u201d, es del caso reproducir aqu\u00ed, en lo que resulta pertinente, las apreciaciones que recientemente hizo la Sala, con amplitud y profundidad. <\/p>\n

El t\u00e9rmino \u2018sana cr\u00edtica\u2019 fue introducido a la teor\u00eda probatoria luego de su consagraci\u00f3n en la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola de mediados del siglo XIX (art\u00edculo 317 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855) para referirse \u2018al recto juicio de los jueces y tribunales en la apreciaci\u00f3n de la prueba testifical. El concepto fue adoptado por el C\u00f3digo Judicial colombiano bajo las expresiones \u2018principios generales de la sana cr\u00edtica\u2019 y \u2018reglas de la sana cr\u00edtica\u2019 (Ley 105 de 1931, art\u00edculos 702 y 723) para referirse a la fuerza probatoria de los testimonios y el dictamen pericial, respectivamente. <\/p>\n

Hoy en d\u00eda la sana cr\u00edtica constituye el par\u00e1metro de valoraci\u00f3n racional de todas las pruebas (arts. 187 C.P.C. y 176 C.G.P.) y alude a las reglas de la l\u00f3gica (formal y no formal); las m\u00e1ximas de la experiencia; las leyes, teor\u00edas y conceptos cient\u00edficos afianzados; y los procedimientos, protocolos gu\u00edas y reglas admitidos por los distintos \u00e1mbitos profesionales o t\u00e9cnicos, a las que est\u00e1 sujeta la actividad probatoria de los jueces y sus respectivas conclusiones sobre los hechos que interesan al proceso. <\/p>\n

La demostraci\u00f3n l\u00f3gica requiere axiomas y reglas de inferencia. Los axiomas son proposiciones b\u00e1sicas tan obvias que pueden afirmarse sin demostraci\u00f3n. Las reglas de inferencia son los principios l\u00f3gicos que justifican la obtenci\u00f3n de verdades a partir de otras verdades. Entre las reglas de inferencia m\u00e1s comunes est\u00e1 el principio de identidad, que asegura que una cosa s\u00f3lo puede ser lo que es y no otra. De \u00e9ste deriva el principio de no contradicci\u00f3n, seg\u00fan el cual una cosa no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo y en el mismo sentido, como cuando un testigo declara haber visto a una persona en un lugar y tiempo determinados, entonces del mismo testimonio no se puede inferir que esta persona se encontraba en otro lugar al mismo tiempo. El principio de tercero excluido afirma que entre dos enunciados contradictorios uno de ellos tiene que ser verdadero, necesariamente; como cuando un experto afirma que un procedimiento m\u00e9dico sigui\u00f3 la lex artis y otro sostiene que la trasgredi\u00f3, entre cuyas opciones una tiene que ser valorada como verdadera y la otra falsa. La otra gran regla de inferencia involucra la relaci\u00f3n l\u00f3gica de implicaci\u00f3n (si\u2026entonces), y est\u00e1 sustentada en el principio de raz\u00f3n suficiente, que indica que toda afirmaci\u00f3n referida a la ocurrencia de un hecho tiene que estar sustentada en una hip\u00f3tesis que la explique de manera consistente. <\/p>\n

Estas son algunas de las reglas de la l\u00f3gica que se estiman necesarias para elaborar argumentos probatorios de tipo deductivo, inductivo, o abductivo (hip\u00f3tesis). <\/p>\n

Las \u2018m\u00e1ximas de la experiencia\u2019 son postulados obtenidos de la regularidad de los acontecimientos cotidianos, es decir que se inducen a partir de lo que generalmente ocurre en un contexto social espec\u00edfico. <\/p>\n

El conocimiento cient\u00edfico afianzado, por su parte, son las teor\u00edas, hip\u00f3tesis o explicaciones formuladas por la comunidad cient\u00edfica o ilustrada, respaldadas por la evidencia de sus investigaciones o experimentos. Generalmente se encuentran publicadas en textos acad\u00e9micos, revistas indexadas, art\u00edculos especializados, memorias de conferencias o simposios, etc. <\/p>\n

Tambi\u00e9n conforman las reglas de la sana cr\u00edtica los conocimientos de humanistas, eruditos, expertos o t\u00e9cnicos (aunque no sean titulados) de reconocida solvencia art\u00edstica, cultural, intelectual o pr\u00e1ctica. <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

La apreciaci\u00f3n individual y conjunta de las pruebas seg\u00fan las reglas de la sana cr\u00edtica no es un concepto vac\u00edo, ni una v\u00e1lvula de escape de la que el juez puede echar mano para dar la apariencia de racionalidad y juridicidad a sus intuiciones, tab\u00faes, posturas ideol\u00f3gicas, emociones, prejuicios culturales, pol\u00edticos, sociales o religiosos, o a sus sesgos cognitivos o de \u2018sentido com\u00fan\u2019. Es, por el contrario, un m\u00e9todo de valoraci\u00f3n de las pruebas que impone a los jueces reglas claras y concretas para elaborar sus hip\u00f3tesis sobre los hechos a partir del uso de razonamientos l\u00f3gicos, anal\u00f3gicos, t\u00f3picos, probabil\u00edsticos y de c\u00e1nones interpretativos adecuados, que constituyen el presupuesto efectivo de la decisi\u00f3n. <\/p>\n

La valoraci\u00f3n del significado individual de la prueba es un proceso hermen\u00e9utico, pues consiste en interpretar la informaci\u00f3n suministrada por el medio de prueba a la luz del contexto dado por las reglas de la experiencia, las teor\u00edas e hip\u00f3tesis cient\u00edficas y los postulados de la t\u00e9cnica. Para realizar tal labor, el juez debe contrastar la consistencia del contenido de la prueba, es decir su adecuaci\u00f3n o correspondencia con la realidad, mediante el an\u00e1lisis de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, a partir de las cuales infiere la coherencia del relato, es decir su ausencia de contradicciones y su m\u00e9rito objetivo. <\/p>\n

La apreciaci\u00f3n racional de la prueba en su singularidad se establece a partir de su consistencia y coherencia: una prueba es valiosa si la informaci\u00f3n que suministra explica la realidad a la que se refiere y no contiene contradicciones. <\/p>\n

La suficiencia o plenitud de la prueba es siempre relativa al thema probandum, por un lado, y al contexto de referencia, por el otro, pues no existe una prueba completa en s\u00ed misma (a menos que la ley lo disponga expresamente), sino unos medios que proveen el conocimiento con la aptitud o eficacia para explicar las circunstancias en que se basa la controversia, a la luz de un an\u00e1lisis contextual de la realidad social, profesional o t\u00e9cnica en que se dan los hechos que se investigan.
\nUna vez asignado el m\u00e9rito individual a cada prueba, se procede a su an\u00e1lisis conjunto mediante el contraste de la informaci\u00f3n suministrada por cada una de ellas, de suerte que sirvan de base para la construcci\u00f3n de hip\u00f3tesis con gran probabilidad, es decir sin contradicciones, con alto poder explicativo y concordantes con el contexto experiencial. Finalmente, todas las hip\u00f3tesis probatorias comparecen ante el tribunal de la experiencia, tanto de las circunstancias por ellas referidas como del marco de significado que las hace objetivamente consistentes y valiosas, de manera que encajen f\u00e1cilmente como si se tratase de piezas de un rompecabezas, quedando por fuera todas aquellas hip\u00f3tesis explicativas que no concuerdan con los enunciados probados por ser inconsistentes, incompletas o incoherentes (m\u00e9todo de falsaci\u00f3n). <\/p>\n

La valoraci\u00f3n racional de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, en suma, trasciende las reglas estrictamente procesales porque la obligaci\u00f3n legal de motivar razonadamente las decisiones no se satisface con el simple cumplimiento de las formalidades, sino que los instrumentos legales son un medio para alcanzar la verdad de los hechos que interesan al proceso, y esta funci\u00f3n s\u00f3lo se materializa mediante procesos l\u00f3gicos, epistemol\u00f3gicos, sem\u00e1nticos y hermen\u00e9uticos que no est\u00e1n ni pueden estar completamente reglados por ser extrajur\u00eddicos y pertenecer a \u00abun plano bien distinto al del tecnicismo dogm\u00e1tico tan querido por los ex\u00e9getas de las reglas procesales ordinarias\u00bb. <\/p>\n

Estos criterios objetivos garantizan el cumplimiento de la obligaci\u00f3n que tiene el juez de motivar las sentencias como garant\u00eda del derecho constitucional a la prueba que asiste a las partes. <\/p>\n

Los patrones formales para establecer el valor material de las hip\u00f3tesis probatorias generalmente son implementados de manera natural por los jueces, quienes no necesitan tener profundos conocimientos te\u00f3ricos de tales asuntos para elaborar razonadamente sus inferencias sobre los hechos, pues su ingenio, preparaci\u00f3n jur\u00eddica y experiencia les bastan para darse cuenta de si una conclusi\u00f3n de esa naturaleza es concluyente o, por el contrario, poco probable o contraevidente. Por ello se ha dicho de esa construcci\u00f3n racional (abducci\u00f3n) que \u2018el jurista versado la completa, sin excepci\u00f3n, tan r\u00e1pido y tan alejado de toda reflexi\u00f3n que no le resulta consciente\u2019. <\/p>\n

No obstante, la valoraci\u00f3n probatoria por parte del juez puede producir mejores resultados, evitando caer en errores, si su entrenamiento pr\u00e1ctico se gu\u00eda por el conocimiento formal de los asuntos te\u00f3ricos, teniendo en cuenta que la decisi\u00f3n judicial es, finalmente, la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica de los conceptos jur\u00eddicos. El correcto entendimiento del significado de \u2018las reglas de la sana cr\u00edtica es, entonces, la pauta objetiva que permite detectar los errores en que incurren los jueces cuando aprecian los hechos a la luz de sus sesgos cognitivos, tab\u00faes psicol\u00f3gicos o prejuicios sociales, y no a partir de la racionalidad que impone la ley para establecer la correspondencia que debe haber entre sus enunciados f\u00e1cticos y la realidad que dio origen al litigio (CSJ, SC 9193 del 28 de junio de 2017, Rad. n.\u00b0 2011-00108-01; se subraya). <\/p>\n

3.3.\tA decir del recurrente, la apreciaci\u00f3n que el Tribunal hizo del testimonio del se\u00f1or Carlos Alfonso Gonz\u00e1lez Pach\u00f3n, hijo del actor y quien, por ende, ten\u00eda inter\u00e9s en las resultas del proceso, para deducir, con base exclusivamente en \u00e9l, la fecha de inicio de la uni\u00f3n marital de hecho que reconoci\u00f3, ri\u00f1e con la l\u00f3gica, pues la asociaci\u00f3n que el deponente efectu\u00f3 entre la adquisici\u00f3n de la casa del barrio \u201cGaler\u00edas\u201d, verificada solamente por la aqu\u00ed demandada, y el surgimiento de ese v\u00ednculo de pareja, no luce consistente, sino descabellada, am\u00e9n que aparece desmentida con la escritura contentiva de la compra, puesto que all\u00ed la se\u00f1ora Pati\u00f1o Zambrano dej\u00f3 expresa constancia de la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes que previamente hab\u00eda sido declarada por el Juzgado Diecinueve de Familia de esta capital. <\/p>\n

3.4.\tEscudri\u00f1ado el genuino sentido de la sentencia del Tribunal, en lo tocante con el punto sobre el que vers\u00f3 la censura, se encuentra que esa Corporaci\u00f3n estim\u00f3 que los testigos, en general, no precisaron el momento en el que comenz\u00f3 el referido v\u00ednculo familiar; que la menci\u00f3n que algunos hicieron al a\u00f1o 1990 era inadmisible, porque estaban aludiendo a la formaci\u00f3n de la primera uni\u00f3n que existi\u00f3 entre las partes, y no a la segunda, que es el objeto de este asunto; que el nombrado descendiente del accionante fij\u00f3 su inicio en el a\u00f1o 2002, porque relacion\u00f3 la misma con la casa del barrio \u201cGaler\u00edas\u201d, en tanto que era all\u00ed donde visitaba a su padre, la cual fue comprada en ese a\u00f1o; y que la tambi\u00e9n declarante e hija de Alfonso Gonz\u00e1lez, Carolina del Pilar Gonz\u00e1lez Pach\u00f3n, manifest\u00f3 haber visto el veh\u00edculo que utilizaba su progenitor parqueado en las afueras de ese inmueble, desde el mismo a\u00f1o. <\/p>\n

3.5.\tEn cuanto hace al testimonio del Carlos Alfonso, pertinente es memorar que \u00e9l, respecto del inicio de la convivencia de su padre con la aqu\u00ed demandada, manifest\u00f3: <\/p>\n

JUEZ. Haber se\u00f1or, diga al Despacho, desde qu\u00e9 \u00e9poca y hasta cu\u00e1ndo convivieron como marido y mujer Alfonso Gonz\u00e1lez y Mar\u00eda Nubia Pati\u00f1o? CONTEST\u00d3: Yo tuve conocimiento hasta el, hasta, hasta, 2010. JUEZ: Por qu\u00e9 tuvo conocimiento, cu\u00e9ntenos por qu\u00e9 sabe Usted este hecho? CONTEST\u00d3: Por qu\u00e9, porque haber, en el a\u00f1o 2010, porque en el a\u00f1o 2010 ellos hicieron un viaje a Chile, Argentina, algo as\u00ed, y ellos, yo fui antesitos (sic), ellos estaban, fui a la casa, cerca a la casa de ellos\u2026 Pero o sea narro los per\u00edodos antes que la vez que fui all\u00e1, a esa casa o\u2026? JUEZ: S\u00ed, por qu\u00e9 le consta a Usted esa convivencia, cu\u00e9ntenos. CONTEST\u00d3: Ah, por qu\u00e9 me consta? Porque mi pap\u00e1, en el a\u00f1o 2002, ellos compraron la casa, esa casa. JUEZ. Cu\u00e1l casa? CONTEST\u00d3: La que queda en la carrera, en Galer\u00edas le dec\u00edan ellos, que la casa de Galer\u00edas, la direcci\u00f3n no me la,\u2026 JUEZ: Si?. CONTEST\u00d3: Eso es como la 45 o 48. JUEZ: Si?. CONTEST\u00d3: En el a\u00f1o 2002 ellos compraron una casa estaba abandonada, ellos la arreglaron, ellos vivieron primero, mi pap\u00e1 y ella, vivieron en la, en la habitaci\u00f3n que queda ac\u00e1, hacia la calle; despu\u00e9s con el tiempo ellos remodelaron la casa, al remodelar la casa, ellos en la habitaci\u00f3n de ellos le pusieron yacusi, le pusieron un sauna y un vestier, entonces la ni\u00f1a Catalina le gust\u00f3 esa habitaci\u00f3n, se la dejaron a ellos, y ellos se pasaron a vivir a una, a la habitaci\u00f3n que baja a la, a la sala, y yo siempre los vi cuando las veces que yo fui, ellos, mi papa se quedaba con Nubia. JUEZ: Cada cu\u00e1nto visitaba Usted esa casa? CONTEST\u00d3: En el a\u00f1o unas cuarto, cinco veces, no era frecuente porque yo no, no, yo vivo en Duitama, yo no vivo aqu\u00ed en Bogot\u00e1. JUEZ: Cu\u00e1ndo fue la \u00faltima vez que Usted visit\u00f3 esa casa? CONTEST\u00d3: Exactamente yo fui, no entr\u00e9 en la casa, fue en diciembre de 2009, que estaban cambiando unas puertas de la, y mi pap\u00e1 estaba pendiente del maestro que estaban cambiando las puertas del garaje, yo estuve ah\u00ed en una tienda hasta, porque queda en la esquina, hasta la se\u00f1ora me manifest\u00f3 que a ella no le gustaba que vinieran, porque siempre eran peleas y disgustos entre ellos dos. Eso fue en diciembre de 2009, fue la \u00faltima vez que yo estuve, no estuve en la casa, pero mi pap\u00e1 estaba all\u00e1, y yo lo esper\u00e9 en la, en la tienda, que queda a una cuadra de la casa de ellos. <\/p>\n

M\u00e1s adelante, al ser preguntado por uno de los apoderados sobre el tiempo que perdur\u00f3 la convivencia de los se\u00f1ores Gonz\u00e1lez y Pati\u00f1o, respondi\u00f3: \u201cDesde 1990 cuando ellos se, o sea, cuando mi mam\u00e1 se separ\u00f3, mi pap\u00e1 se vino a vivir con Nubia. Cuando mi mam\u00e1, se separaron de, de cuerpos, con mi pap\u00e1, ella, \u00e9l se vino a vivir con Nubia, en 1990\u201d. <\/p>\n

3.6.\tSi esas fueron las manifestaciones del testigo, ninguna raz\u00f3n le asiste al recurrente cuando afirm\u00f3 que el declarante deriv\u00f3 el inicio de la convivencia del aqu\u00ed accionante con la se\u00f1ora Pati\u00f1o Zambrano, del hecho mismo de la compra del inmueble a que aludi\u00f3 en su versi\u00f3n. <\/p>\n

Lo que se extrae de la declaraci\u00f3n es que todos los recuerdos del testigo sobre la vida en com\u00fan de quienes integran los extremos de este litigio, estuvieron asociados con esa casa, porque fue en ella donde los vio convivir como marido y mujer, primero, cuando llegaron a ocuparla, en una habitaci\u00f3n, y luego, tras remodelar el inmueble, en otra. <\/p>\n

Si ello es as\u00ed, no es il\u00f3gico y, menos a\u00fan, absurdo, que el deponente refiriera el a\u00f1o en que el bien ra\u00edz fue comprado, para fijar la \u00e9poca de la que part\u00edan sus remembranzas, sin que ello signifique, como equivocadamente lo interpret\u00f3 el recurrente, que aqu\u00e9l hubiese manifestado que el acto de adquisici\u00f3n, como tal, marc\u00f3 el comienzo de la vida familiar de su progenitor con la aqu\u00ed convocada. <\/p>\n

3.7.\tPor contera, es inexacta la acusaci\u00f3n cuando le enrostr\u00f3 al ad quem haber tomado la fecha de realizaci\u00f3n del indicado negocio jur\u00eddico, como la del comienzo de la vida conjunta de las partes. <\/p>\n

La l\u00f3gica del Tribunal fue otra. En tanto que el citado declarante expuso la ocurrencia de actos maritales cuya realizaci\u00f3n tuvieron lugar en la casa del barrio \u201cGaler\u00edas\u201d y, adicionalmente, observ\u00f3 que la misma fue adquirida en el a\u00f1o 2002, propio era pensar que la uni\u00f3n de los litigantes principi\u00f3 en ese a\u00f1o, sobre todo cuando el relato del testigo estuvo relacionado, precisamente, con la forma c\u00f3mo ellos empezaron a habitar el inmueble, una vez se pasaron a vivir en \u00e9l. <\/p>\n

M\u00e1s a\u00fan: el ad quem, debido a que el testigo no indic\u00f3 una fecha exacta en el transcurso de 2002, opt\u00f3 por fijar el \u00faltimo d\u00eda de ese a\u00f1o como inicio del nexo marital, que es muy posterior al de otorgamiento de la escritura de compra de la casa ya tantas veces mencionada (26 de julio de 2002). <\/p>\n

3.8.\tLo dicho descarta el error de derecho denunciado, pues el Tribunal, apoyado en la l\u00f3gica m\u00e1s elemental y en las reglas de la experiencia, fue que dedujo de lo expuesto por el se\u00f1or Gonz\u00e1lez Pach\u00f3n que la uni\u00f3n marital arranc\u00f3 en el citado a\u00f1o. <\/p>\n

3.9.\tQueda por puntualizar, que ning\u00fan aporte hicieron al cargo, los argumentos consistentes en el inter\u00e9s del citado deponente en los resultados del pleito y en que la postura explicitada por \u00e9ste, aparece desmentida con lo expresado en el memorado instrumento p\u00fablico, pues tales quejas no guardan relaci\u00f3n con el error de derecho denunciado, esto es, it\u00e9rase, que la valoraci\u00f3n del testimonio de Gonz\u00e1lez Pach\u00f3n, no se ajust\u00f3 a las reglas de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n

4.\tCargos tercero y cuarto. <\/p>\n

4.1.\tComo ya se sabe, las dos acusaciones en que ahora centra su atenci\u00f3n la Sala, propugnan por el reconocimiento de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n, en cuanto hace al reconocimiento de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes pedida en la demanda y a la ordenaci\u00f3n de su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n, igualmente all\u00ed impetradas. <\/p>\n

Esa circunstancia, sumada al hecho de que el cargo cuarto, en buena medida comprende el tercero, justifica su conjunci\u00f3n. <\/p>\n

4.2.\tPara el logro del objetivo buscado por el recurrente, \u00e9ste plante\u00f3, en esencia, dos hip\u00f3tesis: <\/p>\n

De un lado, que los se\u00f1ores Gonz\u00e1lez y Pati\u00f1o desde el a\u00f1o 2000, inclusive, no han vivido juntos, tiempo en el que el primero residi\u00f3 en distintos municipios, como se desprende del testimonio de la hija com\u00fan de las partes, Karen Catalina Gonz\u00e1lez Pati\u00f1o, mutilado por el Tribunal, que fue corroborado con la prueba documental aportada y con buena parte de la testimonial recepcionada, que a su turno, el Tribunal dej\u00f3 de apreciar o valor\u00f3 indebidamente. <\/p>\n

Y de otro, que as\u00ed se admita la convivencia de los litigantes, la misma se extendi\u00f3, por mucho, hasta el 1\u00ba de septiembre o hasta finales de 2008, pues obran en el proceso pruebas que acreditan que el actor, desde la indicada fecha, residi\u00f3 en el apartamento 301 del edificio ubicado en la carrera 45 No. 178-37 de esta ciudad y\/o que no vivi\u00f3 en la casa de habitaci\u00f3n de la accionada, ubicada en el barrio \u201cGaler\u00edas\u201d de esta capital, ning\u00fan d\u00eda del a\u00f1o 2009, ni despu\u00e9s de \u00e9l, circunstancias que el Tribunal desconoci\u00f3 como consecuencia del error de derecho en que incurri\u00f3, al no haber valorado en conjunto las pruebas que daban cuenta de ello, especificadas por el censor. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con ese dos supuestos, el recurrente coligi\u00f3 la configuraci\u00f3n de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, por haber transcurrido el t\u00e9rmino de un a\u00f1o consagrado en el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 54 de 1990, sin haberse formulado demanda encaminada al reconocimiento de la sociedad patrimonial y a que se dispusiera su disoluci\u00f3n y posterior liquidaci\u00f3n. <\/p>\n

4.3.\tEn torno del primero de los planteamientos atr\u00e1s advertidos, la Corte reitera las apreciaciones que consign\u00f3 al desatar el cargo octavo, habida cuenta que all\u00ed explic\u00f3 las razones en virtud de las cuales, la tesis de la inexistencia de la uni\u00f3n marital, no est\u00e1 llamada a prosperar en casaci\u00f3n. <\/p>\n

En consonancia con lo all\u00ed dilucidado, cabe observar aqu\u00ed que as\u00ed se concediera al testimonio de la hija com\u00fan de la partes, se\u00f1orita Karen Catalina Gonz\u00e1lez Pati\u00f1o, y a la totalidad de las pruebas corroborantes de su versi\u00f3n, el valor demostrativo que en efecto tienen, y se coligiera que ese plexo de medios de convicci\u00f3n, es indicativo de que los se\u00f1ores Gonz\u00e1lez y Pati\u00f1o, desde el a\u00f1o 2000, vivieron por separado, tal inferencia no alcanzar\u00eda para derrumbar el fallo del ad quem, pues las decisiones del mismo se encuentran fundadas en el otro grupo de pruebas que esa autoridad valor\u00f3, sin que tales determinaciones, ni el examen de los elementos de juicio que las respaldan, hubiesen sido blanco de ataque en casaci\u00f3n. <\/p>\n

4.4.1. El Tribunal consider\u00f3 que las aseveraciones de las testigos Mar\u00eda Oliva M\u00e9ndez Boh\u00f3rquez y Aura Cecilia Higuera Duran, relativas a que el demandante desde el a\u00f1o 2008 residi\u00f3 en el apartamento 301 del edificio ubicado en la carrera 45 No. 178-37 de Bogot\u00e1, son \u201cpoco cre\u00edbles (\u2026), pues (\u2026) no se explica por qu\u00e9 entonces, conforme con la prueba documental allegada en esta instancia, el demandante ingres\u00f3 a la Cl\u00ednica Nueva, ubicada en la calle 45 F No. 16 A 11 el d\u00eda catorce (14) de enero de 2010 (fl. 161 de cuaderno de la instancia) oportunidad en la que fue acompa\u00f1ado por un \u2018familiar esposa\u2019, quien refiri\u00f3 que los s\u00edntomas por los que acud\u00edan a dicho servicio, se hab\u00edan intensificado en las \u00faltimas 24 horas; documento en el que se indica como direcci\u00f3n, la Cra. 25 No. 48-31; dicho en otros t\u00e9rminos, si ciertamente el demandante viv\u00eda en el inmueble donde funciona el citado establecimiento, no existe ninguna raz\u00f3n por la que acudiera a un centro cl\u00ednico bastante retirado y para el servicio de urgencias, el cual queda ubicado muy cerca de la vivienda de la demandada y adem\u00e1s, acompa\u00f1ado por una persona que dijo ser la esposa y en estas diligencias, no qued\u00f3 probado que el demandante tuviera alguna relaci\u00f3n que persona diferente a la aqu\u00ed demandada\u201d. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que \u201cvecinos del sector dieron cuenta de la residencia del demandante en la casa ubicada en Galer\u00edas\u201d, en pro de lo cual invoc\u00f3 las declaraciones de los se\u00f1ores Alberto y William Florentino Roa Qui\u00f1onez, quienes informaron haberlo visto all\u00ed en los a\u00f1os 2008 y 2009. <\/p>\n

4.4.2.\tSignifica lo anterior, que el ad quem s\u00ed se percat\u00f3 de que un sector de las pruebas de \u201cdescargo\u201d, apuntaba a demostrar que el promotor de esta controversia no vivi\u00f3 en la casa del barrio \u201cGaler\u00edas\u201d desde el a\u00f1o 2008, lo que descarta que dicho sentenciador hubiese pretermitido o cercenado esos medios de convicci\u00f3n, como se denunci\u00f3 en el cargo tercero, o que no los valor\u00f3 en conjunto, cual lo reproch\u00f3 el impugnante en la cuarta acusaci\u00f3n. <\/p>\n

4.4.3.\tDel referido raciocinio del Tribunal, igualmente se extracta que lo que en verdad ocurri\u00f3 fue que esa Corporaci\u00f3n, pese a que contempl\u00f3 el supuesto estado de separaci\u00f3n de las partes desde el a\u00f1o 2000, no admiti\u00f3 en \u00faltimas el mismo, como quiera que hall\u00f3 pruebas que acreditaron que el actor s\u00ed residi\u00f3 en la casa del barrio \u201cGaler\u00edas\u201d de Bogot\u00e1 hasta finales del a\u00f1o 2010, en concreto, la indicar\u00eda que estructur\u00f3 a partir de la informaci\u00f3n que sobre la atenci\u00f3n brindada al se\u00f1or Gonz\u00e1lez y la ubicaci\u00f3n del establecimiento, figura en la historia cl\u00ednica de \u00e9ste, remitida por la \u201cCl\u00ednica Nueva\u201d de la ciudad, en asocio con las declaraciones de los hermanos Roa Qui\u00f1onez, vecinos del sector. <\/p>\n

4.4.4.\tAs\u00ed las cosas, deviene contundente el fracaso del ataque auscultado, en tanto que, como ya se registr\u00f3, ninguno de los errores imputados en las censuras que se analizan, ni los de hecho, ni el de derecho, tuvieron ocurrencia, y porque el fundamento probatorio que condujo al Tribunal a fijar, en definitiva, el 1\u00ba de octubre de 2010 como la fecha de terminaci\u00f3n de la uni\u00f3n marital, no fue desvirtuado. <\/p>\n

5.\tEl cargo s\u00e9ptimo, por consiguiente, tampoco est\u00e1 llamado a buen suceso. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 30 de mayo de 2014, proferida por Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala de Familia, en el proceso que se dej\u00f3 plenamente identificado en los comienzos de este prove\u00eddo. <\/p>\n

Costas en casaci\u00f3n, a cargo de la recurrente. Como la demanda presentada para sustentar dicho recurso, fue replicada en tiempo por el extremo actor, se se\u00f1ala, por concepto de agencias en derecho, la suma de $6.000.000. La Secretar\u00eda de la Sala, efect\u00fae la correspondiente liquidaci\u00f3n. <\/p>\n

C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-10-008-2011-00568-01 <\/p>\n

Aunque comparto los argumentos y el fallo aprobado por mayor\u00eda, con el mayor respeto discrepo de la citaci\u00f3n que se hizo de la providencia SC9193 de 28 de junio de 2017 (rad. n.\u00b0 2011-00108-01), porque \u00e9sta es completamente ajena a la materia que ahora se discute y en ella se propugna por un entendimiento de la sana cr\u00edtica disonante con su contenido. <\/p>\n

1. LOS PRECEDENTES Y SU INVOCACI\u00d3N <\/p>\n

1.1. Acorde con el art\u00edculo 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la jurisprudencia es un criterio auxiliar de la actividad judicial, por cuanto los jueces est\u00e1n sometidos, preeminentemente, al imperio de la ley. <\/p>\n

Sin embargo, en aplicaci\u00f3n de las garant\u00edas de igualdad, buena fe, confianza leg\u00edtima y seguridad jur\u00eddica1, aqu\u00e9lla se torna preceptiva, en el sentido de que los administradores de justicia deben tenerla en cuenta para decidir y, de ser dable, aplicarla, salvo que se justifique la necesidad de su apartamiento o modificaci\u00f3n. <\/p>\n

No cualquier decisi\u00f3n vincula al juez para resolver casos futuros, sino aquella que, siendo proferida por \u00e9l o por su superior funcional, establezca claramente una subregla decisoria que es susceptible de ser acogida en casos posteriores. <\/p>\n

Para tal fin debe diferenciarse entre los dichos al pasar (obiter dicta) y las razones de la decisi\u00f3n (ratio decidendi), pues s\u00f3lo las \u00faltimas tienen car\u00e1cter imperioso por corresponder al fundamento que sirvi\u00f3 de apoyadura al fallo. Tambi\u00e9n es menester distinguir entre sentencia, precedente y doctrina probable, para develar que una \u00fanica providencia carece de vocaci\u00f3n obligatoria, salvo que haya identidad f\u00e1ctica entre los casos; en los dem\u00e1s eventos se requiere que exista pluralidad en torno a la interpretaci\u00f3n de una norma en concreto. Ha dicho este \u00f3rgano de cierre: <\/p>\n

La expresi\u00f3n precedente se deriva\u2026 del verbo preceder, esto es, aquello que es anterior y primero en el orden o en el tiempo; por ello es sin\u00f3nimo de antecedente. Aplicada entonces, la categor\u00eda en cuesti\u00f3n frente al concepto a la jurisprudencia, podemos se\u00f1alar que precedente es una decisi\u00f3n relativa a un caso particular que es anterior y primera frente a otras decisiones y que fija reglas utilizables para otros casos sucesivos o posteriores, en forma persuasiva o vinculante; y como tales, susceptibles de ser universalizada para ser aplicada como criterio de decisi\u00f3n, dando identidad jur\u00eddica y unidad conceptual al ordenamiento jur\u00eddico\u2026 Al margen de los antecedentes hist\u00f3ricos, esta Corte, ha prohijado y desarrollado una ardua y consistente tarea en su funci\u00f3n casacional de unificar la jurisprudencia -funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica-, con fundamento en la doctrina probable, prevista expresa y l\u00edmpidamente en un precepto con m\u00e1s de un siglo de vigencia, que inclusive en \u00e9poca no muy reciente, resisti\u00f3 los embates de inconstitucionalidad (SC10304, 5 ag. 2014, rad. n.\u00b0 2006-00936-01). <\/p>\n

La Corte Constitucional, al precisar el valor normativo de la jurisprudencia, acot\u00f3 que \u00abla doctrina probable establece una regla de interpretaci\u00f3n de las normas vigentes, que afecta la parte considerativa de la decisi\u00f3n judicial, el precedente judicial establece reglas sobre la aplicaci\u00f3n de las normas en casos precisos, afecta por lo tanto aquellos casos cuyos hechos se subsuman en la hip\u00f3tesis y est\u00e1n dirigidos a la parte resolutiva de la decisi\u00f3n\u00bb (C-621, 30 sept. 2015). <\/p>\n

Tal val\u00eda no es sin\u00f3nimo de inamovilidad, por cuanto es posible separarse de \u00e9sta siempre que haya una argumentaci\u00f3n suficiente para justificar el porqu\u00e9 de su separaci\u00f3n o las razones para su variaci\u00f3n. Es cierto que \u00abel \u00f3rgano judicial est\u00e1 vinculado a su propia jurisprudencia, pero si decide apartarse de la misma (por no estimarla ya correcta o por estimar que las circunstancias sociales han cambiado y reclaman una nueva interpretaci\u00f3n) tiene la carga de justificarlo, justificaci\u00f3n que se entender cumplida si es capaz de mostrar que la nueva interpretaci\u00f3n constituye un criterio universalizable; esto es, un criterio que, por considerarlo correcto, est\u00e1 dispuesto a aplicar en todos los casos futuros iguales\u00bb2. <\/p>\n

Carga que se aumenta en los casos en que exista una doctrina probable, esto es, \u00ab[t]res decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema, como tribunal de casaci\u00f3n, sobre un mismo punto de derecho\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed lo reconoci\u00f3 de forma expresa el art\u00edculo 7 del C\u00f3digo General del Proceso, a saber: \u00ab[c]uando el juez se aparte de la doctrina probable, estar\u00e1 obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jur\u00eddicos que justifican su decisi\u00f3n. De la misma manera proceder\u00e1 cuando cambie de criterio en relaci\u00f3n con sus decisiones en casos an\u00e1logos\u00bb. <\/p>\n

Por tanto, un precedente ser\u00e1 vinculante cuando entre las controversias -la decidida y la sub judice- exista afinidad f\u00e1ctica, con lo cual se evita que la ratio decidendi de un fallo se extienda a hip\u00f3tesis que no fueron consideradas por el juez y que se rompa la unidad sist\u00e9mica de la decisi\u00f3n. Por esto, de existir una plataforma f\u00e1ctica diversa, las conclusiones del fallo no pueden extenderse al nuevo (cfr. CSJ, SC451, 26 en. 2017, rad. n.\u00b0 2011-00605-01), salvo que se demuestre la existencia de una doctrina probable sobre un determinado punto de derecho. <\/p>\n

1.2. No obstante lo anterior, en la sentencia de la cual me separo, se trajo un extenso ac\u00e1pite del prove\u00eddo SC9193-2017, relativo a la responsabilidad de las entidades prestadoras de salud por la atenci\u00f3n defectuosa de un paciente, sin que guardara relaci\u00f3n con el asunto sub judice, ni demostrara que consiste en una doctrina probable. <\/p>\n

Y es que en el pronunciamiento del a\u00f1o pasado se analiz\u00f3 la demora en la atenci\u00f3n de un parto, para lo cual mayoritariamente se sostuvo que corresponde al juez analizar la historia cl\u00ednica con base en la literatura cient\u00edfica disponible, por cuanto esta \u00faltima integra la sana cr\u00edtica. Materia desconectada con la que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, relativa a la comunidad de vida entre compa\u00f1eros permanentes, en la hip\u00f3tesis de que previamente se hab\u00eda extinguido una relaci\u00f3n entre las mismas partes. <\/p>\n

Transcribir quince (15) p\u00e1rrafos de un fallo, que sirvieron a la Corte para reconstruir las nociones \u00abactividad uterina irregular\u00bb y \u00abfactores de riesgo en la gestaci\u00f3n\u00bb, con el fin de valorar un testimonio que da cuenta de la cohabitaci\u00f3n de dos (2) compa\u00f1eros permanentes en una casa ubicada en la ciudad de Bogot\u00e1, devela una equ\u00edvoca invocaci\u00f3n de los precedentes, que no puede ser tenida en cuenta para alcanzar una doctrina probable. <\/p>\n

2. SANA CR\u00cdTICA Y CONOCIMIENTO CIENT\u00cdFICO <\/p>\n

2.1. En la sentencia SC9193-2017, citada en la presente, se propugn\u00f3 por incluir dentro de las reglas de la sana cr\u00edtica \u00ablas leyes, teor\u00edas y conceptos cient\u00edficos afianzados; y los procedimientos, protocolos gu\u00edas y reglas admitidos por los distintos \u00e1mbitos profesionales o t\u00e9cnicos\u00bb (p\u00e1g. 61). <\/p>\n

2.2. Al respecto, en la aclaraci\u00f3n de voto que se realiz\u00f3 en aqu\u00e9lla oportunidad, se dijo: <\/p>\n

[L]a sana cr\u00edtica es un \u2018sistema de valoraci\u00f3n estructurado sobre la libertad y autonom\u00eda del juzgador para ponderarlas y obtener su propio convencimiento, bajo el \u00fanico apremio de enjuiciarlas con soporte en el sentido com\u00fan, la l\u00f3gica y las reglas de la experiencia\u2019 (SC, 24 mar. 1998, exp. n.\u00b0 4658, reiterada en SC, 12 feb. 2008, rad. n.\u00b0 2002-00217-01). <\/p>\n

La doctrina sostiene que \u2018es el arte de juzgar atendiendo a la bondad y verdad de los hechos, sin vicios ni error; mediante la l\u00f3gica, la dial\u00e9ctica, la experiencia, la equidad y las ciencias y artes afines y auxiliares y la moral, para alcanzar y establecer, con expresi\u00f3n motivada, la certeza sobre la prueba que se produce en el proceso\u2019 (Boris Barrios Gonz\u00e1lez, Teor\u00eda de la sana cr\u00edtica, SAE, p. 9-10). <\/p>\n

Eduardo J. Couture expres\u00f3 que \u2018son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la l\u00f3gica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba\u2026 con arreglo a la sana raz\u00f3n y a un conocimiento experimental de las cosas\u2019 (Eduardo J. Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Roque-Depalma Editor, 1958, p. 270-271). <\/p>\n

Infi\u00e9rase que, como sistema de valoraci\u00f3n probatoria, la sana cr\u00edtica no comprende nociones altamente tecnificadas o especializadas, ya que \u00e9stas dif\u00edcilmente pueden incorporarse al sentido com\u00fan, la experiencia o la l\u00f3gica, por estar reservadas para expertos o profesionales en el campo respecto. <\/p>\n

Por tanto, no puede exigirse al juez que, para adoptar una resoluci\u00f3n, conozca los topos que rigen las materias cient\u00edficas, pues ser\u00eda tanto como imponerle que est\u00e9 preparado en todos los \u00e1mbitos del conocimiento, con el fin de identificar los puntos comunes en cada uno de ellos, conocer cu\u00e1les teor\u00edas han sido falseadas o cayeron en desuso, y aplicarlas para contrastar los conceptos u opiniones de expertos. Esta carga, sin duda alguna, excede lo que se espera de cualquiera profesional en derecho y obliga a traer el conocimiento privado del juez al proceso. <\/p>\n

Bastar\u00e1, entonces, que aprehenda las nociones b\u00e1sicas, de uso com\u00fan o decantadas en los diversos campos, siempre que est\u00e9n al alcance de cualquier persona; en lo dem\u00e1s, deber\u00e1 acudir al sentido com\u00fan y la l\u00f3gica para establecer la capacidad demostrativa de los medios de convicci\u00f3n. Bien se advierte que \u2018el juez no tiene necesidad de poseer todas las nociones y las t\u00e9cnicas que necesita el cient\u00edfico para producir la prueba, sino que le basta, m\u00e1s bien, con disponer de los esquemas racionales que le permitan establecer el valor de la prueba cient\u00edfica a los efectos de la determinaci\u00f3n del hecho\u2019 (Michele Taruffo, La prueba de los hechos, Trotta, 2005, p. 334). <\/p>\n

En caso que se requieran m\u00e1ximas biol\u00f3gicas, m\u00e9dicas, f\u00edsicas, qu\u00edmicas, etc., ajenas al conocimiento general, no ser\u00e1 posible que el juez pretenda indagarlas y obtener conclusiones por su propia cuenta, pues al ser desconocidas \u2018deben ser objeto de prueba, de una prueba pericial en casi todos los supuestos\u2019 (V\u00edctor Fair\u00e9n Guill\u00e9n, Teor\u00eda General del Derecho Procesal, Universidad Nacional Aut\u00f3noma de M\u00e9xico, 1992, p. 441). <\/p>\n

De darse cabida a la tesis reiterada en el pronunciamiento actual, el principio de necesidad de la prueba pasar\u00eda a segundo plano, porque el juez no requerir\u00eda de medios suasorios para resolver las controversias t\u00e9cnicas sometidas a su conocimiento, sino que bastar\u00eda que de manera intuitiva, realizara indagaciones o investigaciones documentales con base en escritos que, seg\u00fan su leal saber y entender, tengan un adecuado nivel de cientificidad y actualidad. <\/p>\n

Tales averiguaciones, por efectuarse unilateralmente, imposibilitar\u00e1n su contradicci\u00f3n, en tanto las partes se ver\u00e1n sorprendidas con ellas al momento de proferirse la sentencia de instancia, sin que puedan confutar sus premisas te\u00f3ricas o las conclusiones extra\u00eddas. <\/p>\n

Y es que los sujetos procesales no conocer\u00e1n oportunamente las leyes, teor\u00edas y conceptos cient\u00edficos que el juez estim\u00f3 como afianzados, as\u00ed como las fuentes que le permitieron arribar a esa conclusi\u00f3n, lo que cercenar\u00e1 su debido proceso. Menos a\u00fan, los procedimientos, protocolos gu\u00edas y reglas admitidos por los distintos \u00e1mbitos profesionales o t\u00e9cnicos, ya que antes del fallo ser\u00e1 oculto la forma en que fueron determinados. <\/p>\n

De all\u00ed que en la aclaraci\u00f3n de voto de marras se afirmara que: <\/p>\n

Fecha ut supra. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nMAGISTRADA MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-31-10-008-2011-00568-01 <\/p>\n

Una puntual aclaraci\u00f3n debo hacer, referida a las consideraciones destinadas al despacho del cargo s\u00e9ptimo, por supuesto con la debida consideraci\u00f3n que me merece la Sala. Es esta: <\/p>\n

1.\tEn ese embate el censor arguye que el Tribunal infringi\u00f3 de manera indirecta preceptos sustanciales por error de derecho con violaci\u00f3n medio del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en tanto que cuando fij\u00f3 el momento a partir del cual comen0z\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho declarada, no consult\u00f3 las reglas de la sana cr\u00edtica, particularmente en la apreciaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n de Carlos Alfonso Gonz\u00e1lez Pach\u00f3n. <\/p>\n

La Corte, para dar respuesta a tal aserto del impugnante, echa mano de un precedente jurisprudencial, pr\u00f3digamente transcrito, atinente a la valoraci\u00f3n de las pruebas seg\u00fan las reglas de la sana cr\u00edtica, en el cual se dice, entre muchas otras cosas, que \u201cla valoraci\u00f3n racional de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, en suma, trasciende es reglas estrictamente procesales\u201d.
\n2.\tY es claro que as\u00ed sea, pues estas reglas o preceptos van dirigidas a regular la solicitud, decreto, incorporaci\u00f3n y contradicci\u00f3n de la prueba as\u00ed como su m\u00e9rito demostrativo de cara a lo que la ley sobre el particular establece, por lo que no tienen cabida asuntos de persuasi\u00f3n o convencimiento. El yerro de derecho presupone la existencia y apreciaci\u00f3n en el proceso de la prueba y el quebranto del juzgador a las normas legales que disciplinan su m\u00e9rito probatorio. Pero no la transgresi\u00f3n de las reglas de la sana cr\u00edtica, de suyo metajur\u00eddicas. <\/p>\n

No en vano se ha insistido en que <\/p>\n

\u201cel error probatorio de hecho acaece cuando el Tribunal cree equivocadamente en la existencia o inexistencia de un medio probatorio en el proceso o cuando al existente le da una interpretaci\u00f3n ostensiblemente contraria a su contenido real, es decir, cuando desacierta en la contemplaci\u00f3n objetiva de la prueba\u2026En cambio el error de derecho, esto es, la equivocada contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de la prueba, tiene lugar cuando el juez interpreta erradamente las normas que regulan su producci\u00f3n o eficacia, o su evaluaci\u00f3n\u2026De manera que si, como se dijo, el juez cumple la funci\u00f3n apreciativa de la prueba en dos etapas distintas, aunque complementarias, es l\u00f3gico que la comisi\u00f3n de los errores de hecho solo pueden tener lugar en la primera fase, en tanto que los de derecho en la \u00faltima. Por esta raz\u00f3n resulta bien claro que respecto de un mismo medio de convicci\u00f3n no puede denunciarse a la vez la comisi\u00f3n de errores de hecho y de derecho, porque ello implicar\u00eda desconocer el principio de identidad, en cuanto una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo\u201d (Sent. de 10 de agosto de 1999, Exp. 4979. N.P.). <\/p>\n

3.\tAl examinar el fondo de la acusaci\u00f3n, la mayor\u00eda se desentendi\u00f3 de esas directrices jurisprudenciales, y procedi\u00f3 a verificar si aparec\u00eda demostrado el yerro denunciado, como si fuese de hecho pues, en efecto, se lee en la providencia que \u201cel Tribunal, apoyado en la l\u00f3gica m\u00e1s elemental y en las reglas de la experiencia, fue que dedujo de lo expuesto por el se\u00f1or Gonz\u00e1lez Pach\u00f3n que la uni\u00f3n marital arranc\u00f3 en el citado a\u00f1o\u201d. Una cuesti\u00f3n f\u00e1ctica de persuasi\u00f3n y no una eventual transgresi\u00f3n de normas probatorias. <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada <\/p>\n

1 \tCfr. Robert Alexy, Teor\u00eda \tde la Argumentaci\u00f3n Jur\u00eddica, \tCentro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, p. 264.
\n2 \tMarina Gasc\u00f3n Abell\u00e1n y Alfonso Garc\u00eda \tFigueroa, Interpretaci\u00f3n \ty Argumentaci\u00f3n Jur\u00eddica, \tConsejo Nacional de la Judicatura, Espa\u00f1a, p. 116.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO SC3404-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-10-008-2011-00568-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de once de abril de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil diecinueve (2019).- Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n que interpuso la demandada MAR\u00cdA NUBIA PATI\u00d1O ZAMBRANO, frente a la sentencia del 30 de mayo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102527","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102527","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102527"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102527\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102527"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102527"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102527"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}